B.IA.LEGAL

SCP 0677/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53230-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la vida e integridad física, al trabajo, a la salud y a la vivienda; toda vez que, su padre -demandado- de manera arbitraria cambió la chapa de ingreso a la casa que también es de su propiedad, impidiendo de esa manera el ingreso y salida por la puerta de calle principal al bien inmueble, imposibilitando a Mirka Liliam Flores Jesús poder trabajar libremente en el Salón de Belleza que funciona en el mismo y que el hijo menor de edad AA de Gisela Sandra Flores Jesús, diagnosticado con autismo moderado, reciba sus fisioterapias en el cuarto que dejó acondicionado para tal fin antes de trasladarse a otro lugar; agrediéndoles constantemente de manera verbal y denigrándolas como mujeres, no siendo posible una conciliación, por cuanto el demandado no quiere escucharlas bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 68 a 71, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la reconducción o reconversión de acciones constitucionales
  2. III.2. El derecho a la libertad de locomoción y su ámbito de tutela a través de la acción de libertad
  3. III.3. Sobre los hechos denunciados y los elementos probatorios que generan convicción del acto ilegal
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53230-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 21/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 68 a 71, dentro de la acción de libertad interpuesta por Mirka Liliam y Gisela Sandra ambas de apellidos Flores Jesús contra Francisco Cirilo Flores Pereira.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de enero de 2023, cursante de fs. 47 a 52 vta., las accionantes, a su turno, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Al fallecer su madre se declararon herederas conjuntamente sus hermanos y su padre Francisco Cirilo Flores Pereira -ahora demandado- mediante Testimonio 062/2021 de 4 de marzo; es así que, Mirka Liliam Flores Jesús -accionante-, el 28 de diciembre de 2022, fue a trabajar a la tienda que funciona como salón de belleza y se encuentra en el domicilio donde habita su padre y hermanos. Sin embargo, la puerta de ingreso a la casa estaba cerrada y con la chapa cambiada, impidiéndole que pueda acceder a su negocio que es su único sustento para ayudar a su familia y a sus hijos. Por lo que se vio en la necesidad de entrar por la ventana para poder abrir la tienda y trabajar; empero, al finalizar la tarde y ya disponiéndose a retornar a su domicilio, tampoco pudo salir por la puerta de calle de la casa (puerta principal) pues estaba echada llave y con cerrojo. Al tocar la puerta insistentemente para poder salir, luego de una hora de encierro, llamó a su hermana para que le ayude; posteriormente, su padre salió de su cuarto y por la parte de arriba la amenazó diciéndole “‘que no debo golpear la puerta y que salga como pueda y por donde había entrado’” (sic), y que no abriría la puerta de calle. Aclaró que debido a la influencia negativa de sus hermanos Lourdes y Milton ambos de apellidos Flores Jesús y los hijos de éstos, su padre tomó una actitud radical y un tanto violenta agresiva; por cuanto, de manera posterior a la muerte de su madre echó de la casa a su hermana Gisela Sandra Flores Jesús, quien para evitar el cruce constante trasladó sus pertenencias y solo dejó algunas cosas para las fisioterapias de su hijo, quien tiene discapacidad; pretendiendo desalojarla autonombrándose como dueño único del inmueble, desconociendo todos sus derechos como herederas legítimas de su madre ya fallecida. Gisela Sandra Flores Jesús refirió que vivía con su madre y sus hijos mellizos; sin embargo, posterior al fallecimiento de su progenitora, su padre cambió de actitud con ella y su hermana Mirka Liliam Flores Jesús producto de la influencia negativa de su hermana mayor y sus hijos. Sin embargo, como vivía con sus pequeños tuvo que aguantar todo ese maltrato, ya que él le cerraba la puerta de manera constante cuando tenía que salir a trabajar o llevar a sus hijos a sus controles de salud, ya que uno de ellos tiene un grado de discapacidad. Motivo por el cual, tuvo que dejar de trabajar y preparar un espacio conocido para que una especialista pueda tratarlo; es así que, decidió acondicionar el cuarto que tenía en su domicilio para que él pueda recibir su fisioterapia, y con el fin de evitar discusiones decidió trasladar sus cosas, dejando solo el espacio que su hijo necesita. No obstante, un día a momento de tratar de ingresar notó que su llave ya no abría la puerta principal motivo por el que golpeó en reiteradas oportunidades, por lo que su padre le dijo que abra una puerta hacia la calle para ingresar y que esa ya no era su casa. Pese a que anteriormente presentó una acción de libertad por vulnerar el derecho a la salud de sus hijos, ya que el mismo -hoy demandado- cerró la cocina que usaba prohibiéndole incluso subir a la terraza; acción de defensa, en la cual se le concedió la tutela para poder ingresar a su domicilio de manera irrestricta; es decir que, su padre incumple con lo dispuesto en la Resolución 036/2021 de 18 de mayo. El 28 de diciembre de 2022, su hermana le llamó por teléfono refiriéndole que la habían encerrado, motivo por el cual se dirigió al salón que ella tiene y en el cual también tiene mercadería en productos, los cuales más el emprendimiento, les ayudan a sustentarse. Al llegar al lugar observó que evidentemente la puerta estaba asegurada; por lo que pidió a su padre de buena manera que abriera la puerta, ya que él se encontraba en el balcón. Al no conseguirlo, producto de la desesperación procedió a intentar abrirla con un fierro que se encontraba en el piso para que su hermana pudiese salir, siendo agredidas echándoles con agua fría y sucia reiteradas veces y con insultos. En tal sentido, como no querían abrir la puerta de calle su hermana tuvo que cerrar su peluquería por dentro y salir por la ventana sin considerar que pudo tener un accidente.

Finalmente indicaron que su padre de manera arbitraria cambió la chapa de ingreso a la casa y de esta forma les impide el ingreso y salida por la puerta de calle principal, imposibilitando a Mirka Liliam Flores Jesús poder trabajar libremente, agrediéndoles constantemente de manera verbal y denigrándolas como mujeres, no siendo posible una conciliación, por cuanto el demandado no quiere escucharlas bajo ninguna circunstancia.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Las impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la vida e integridad física, al trabajo, a la salud y a la vivienda; citando al efecto los arts. 15.I, 18, 19, 21.7, 35 y 46.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la inmediata tutela y resguardo de los derechos vulnerados subsumidos al derecho a la vida en integridad personal conforme a la SC 0044/2010-R de 20 de abril.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 63 a 67; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las peticionantes de tutela, a través de su abogada reiteraron in extenso los extremos vertidos en su demanda tutelar, añadiendo que: a) El 3 de enero de 2023, el Fiscal de Materia emitió medidas de protección por maltrato psicológico y físico a favor de Mirka Liliam Flores Jesús, las cuales son incumplidas por el demandado; y, b) No pueden acceder a su bien inmueble y perjudica el estado de salud del hijo menor de Gisela Sandra Flores Jesús, quien padece autismo en grado moderado y trastorno de sueño secundario, por cuanto no puede ingresar al espacio acondicionado para sus terapias dentro de la vivienda.

I.2.2. Informe del demandado

Francisco Cirilo Flores Pereira, en audiencia manifestó que: 1) Fue notificado con la acción de libertad treinta minutos antes de que se lleve adelante la audiencia de garantías, por lo que se encuentra sin abogado y en desventaja para defenderse; y, 2) “…estas dos malas hijas (…) son un par de mentirosos, calumniadoras, embusteras, me han tratado a mí hasta de ratero, me han tratado de que yo ando con mujeres, me han tratado de que yo me lo he robado sus cosas, sin embargo ellas son las que han robado todo de aquí a la muerte de mi esposa, se están aprovechando de mí en toda forma. ¿Por qué no pueden entrar a la casa? porque ellos han venido con una pata y cabra y lo han destrozado mi puerta, está destrozado ¿porque no arreglan ellas entonces? tienen que arreglar, tienen que cambiar la puerta, ellas han destrozado como dos Hércules, dos mujeres con toda fuerza han destrozado esa puerta señor juez. Entonces cómo voy yo ahorita a justificar que todo lo que dicen es verdad, lógicamente ellos van a mentir, yo también voy a decir la verdad tengo también yo videos, ahorita estamos en dos juicios, ella Mirka Liliam me ha hecho un juicio sobre violencia por lo que le he golpeado en su mano porque he salido a defender estaban golpeando la puerta como salvajes, como rateros, los rateros hacen eso con una pata y cabra entonces con mi nieto hemos bajado a atajarnos la puerta y en ese momento le he dado un pequeño golpe, eso no es para que diga que va a ir a donde el médico y que diga que está fracturado su mano, no es nada señor juez, por eso yo le digo son un par de mentirosos estas dos discúlpeme que me expresé así de dos hijas yo pensé que había criado dos hijas que tenían que verme a mí pero habían sido dos buitres que me están queriendo sacar los ojos quieren que me vaya de esta casa para que ellos se entren, ese es su objetivo y aquí el que más le maneja es ese su marido de esa mi hija Gisela, esa su pareja, ella ya es divorciada. Yo les he ayudado en toda forma a estas dos en forma económica y también en forma moral siempre he estado con ellas, nunca me he retractado como padre pero ahora ya no les doy nada, si ellas quieren entran, la Mirka está agarrando una tienda pues entonces yo no le he privado, hasta ha estado trabajando un año y le dicho que se ponga candados a su puerta de la tienda, la tienda tiene puerta para que entre y salga, ese es su patrimonio pues que se agarre, la otra se ha agarrado un cuarto se lo ha echado llave pues que se abra una puerta al callejón para que entre y salga ¿quién la está privando? yo no les estoy privando nada de acción de libertad yo debo pedir acción de libertad porque meten a toda clase de gentes aquí, yo ya no tengo seguridad por la puerta de calle entran como tenían antes llave ellas se entraban el rato que querían, cuando he cambiado la chapa le he avisado a la Mirka le he dicho inclusive ese día le he regalado el medidor, le he dicho te regalo este medidor ya listo era mío ya, y en ahí le he dicho voy a cambiar la chapa, hazte poner candados inclusive se lo he hecho hacer señor juez, armellas se lo hecho soldar a la puerta y había que introducir solamente debajo en el suelo las aldabas para que pueda salir. Entonces señor juez ¿a dónde voy a ir con esta situación? Vienen a venir con toda clase de mentiras estas señoras, discúlpeme no son hijas, yo estoy haciendo juicio de indignidad ya son 2 años lo que me está pasando esto, está ese juicio ante el juez ahora me ha hecho otro juicio ya he ido donde el fiscal Acarapi creo que es el juez a él ya hemos presentado todas las fotos y videos que ahí corresponde, ahora yo estoy haciendo otro juicio a las dos porque no pueden hacer así cada vez que les da la gana cada vez amenazan ¿por qué no se entra por su tienda? ¿quién le priva? entra y sale por su puerta no hay quien le prive yo no tengo porqué privarle durante todo un año y medio le he dejado trabajar a mí es lo que me han perjudicado esta hija Mirka inclusive me ha robado mi tijera de 20 cm que yo necesito para trabajar como sastre, soy jubilado pero a veces necesito trabajar en horas extras hacerme unos pesitos y en cambio ella se ha entrado a la casa, se han entrado, se roba una garrafa, se ha robado una mesa de madera, se ha robado una tarima, así señor juez. La otra me ha dejado vacío la cocina se lo ha llevado hasta los platos, cucharas, todo me ha robado lo ha dejado el baño igual vacío, lo ha dejado el living igual vacío, diciendo que todo se había comprado de mi esposa, señor juez yo pido justicia, no es justo lo que me están haciendo estas, yo soy el que está dañado, el año pasado estaba con los nervios destrozados casi reviento mis nervios, ¿quién sabe de eso? Tengo yo certificados médicos también, no solamente ella está enferma, yo tengo 75 años, debo estar más enfermo que ellas pero sin embargo tengo que ser fuerte, porque no puedo yo caer como dice el libro de Alejandro Casona ‘los hombres mueren de pie’ así es, así tengo que ser, no puedo dejarlas que ellas hagan, su marido de esa mi hija Gisela me ha amenazado con pegarme aquí en la casa, viviendo gratis ese hombre, se ha entrado a mi casa, esa mi hija lo ha metido sin permiso de mí, lo ha metido a mi casa a vivirse como si fuese el otro dueño, le ha votado a mi hija mayor, le ha votado a esta mi hija Mirka le ha votado de la casa, ellas se habían quejado a mí me ha amenazado con pegarme y de eso le he hecho un juicio que también ya va a terminar ese juicio señor juez, lamentablemente la justicia no obra rápido ya estoy casi dos años con estos juicios, ahorita tenemos cuatro juicios, ellos me han hecho juicios yo también, ahora con esto mas ya son seis juicios lo que están haciéndome ¿qué es lo que quieren? quieren que yo me vaya o me muera, eso es lo que quieren, ¿ese es el deber de los hijos? el deber de los hijos es cuidar a sus padres, no cómo están haciendo estas dos sinvergüenzas, rateras, discúlpeme que les diga así señor juez, son para mí rateras solamente son unas rateras no son hijas para mí no son, el abogado de la Defensorio del Adulto Mayor me ha dicho que yo debo hacer ese juicio de indignidad, está ya para salir. Señor juez yo le pido que por favor deseche todo lo que estas han hecho, pregunté al fiscal Acarapi para que vea si es verdad o no es, o si no yo le mando ahorita una foto donde está, no he tenido tiempo para preparar con media hora ¿qué voy a preparar señor juez? le ruego que por favor que, si usted considera que siga este juicio, no sé qué hará usted, pero yo estoy dejando en claro que yo no estoy con abogado, eso es todo” (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la capital del departamento de La Paz, por Resolución 21/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 68 a 71, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo el cese de los actos vulneratorios de derechos y garantías relativos a la propiedad privada, a una vida digna y la libre circulación vinculado al principio del vivir bien, debiendo el demandado permitir el acceso irrestricto por la puerta principal del domicilio ubicado en la calle final Bolívar 1192, Villa Pabón zona Agua de la Vida a las accionantes, o en su caso proporcionarles de manera inmediata copia de la llave y abstenerse de realizar cualquier actitud tendiente a obstaculizar el ingreso de las mismas a ese domicilio, así como cualquier otra actitud o medida que contravenga el orden constitucional; y denegó la tutela respecto a los derechos a la vida y a la vivienda, bajo los siguientes fundamentos: i) En el caso de autos, si bien no se encuentra evidenciada la vulneración del derecho a la vida que es tutelable vía acción de libertad, de acuerdo al marco fáctico, lo expresado por la parte accionante y el informe dado por el demandado, existen graves vulneraciones de derechos fundamentales, habida cuenta que se puede advertir vías de hecho; ii) El demandado pese al conocimiento que tiene que tanto él como sus hijas -las accionantes- son copropietarias del bien inmueble, de manera arbitraria e ilegal tomó la decisión del cambio de la chapa del ingreso al mismo impidiendo una circulación irrestricta de las impetrantes de tutela, quienes pese a tener el derecho a la propiedad privada, al uso y ejercicio de este inmueble en el alcance de su copropiedad y sin perjudicar a terceros, se ven privadas de este derecho a consecuencia de la actitud reprochable de su progenitor; afectando derechos conexos de trabajo y de sustento en el referido inmueble; iii) De la proforma de actividad económica emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y las certificaciones de la Junta de Vecinos Agua de la Vida Central Parte Alta, se determina que tanto Gisela Sandra Flores Jesús realiza actividades de comercio de cosméticos en la calle final Bolívar 1192 zona Agua de la Vida y Mirka Liliam Flores Jesús actividades de peluquería en el citado inmueble por más de dieciséis años; iv) Las prenombradas se encuentran afectadas ante la imposibilidad de ingreso y salida irrestricto al bien inmueble que es de su propiedad, si bien no única e independiente, sino acompañados de otros copropietarios, pero ante la falta de una división y partición, éstas pueden realizar el ingreso en los ambientes que ocupan y ante todo hacer uso del ingreso principal; v) Corresponderá a las autoridades llamadas por ley establecer cuáles son los porcentajes de copropiedad, acciones y derechos que les corresponden o en su defecto las partes físicamente de las cuales pueden hacer uso, goce y disposición; empero, ante la falta de esta disposición todos los copropietarios pueden hacer uso de los ambientes que ocupan y hacer uso irrestricto de las áreas comunes que representa el ingreso y salida de este inmueble de forma irrestricta, no pudiendo estar al criterio o capricho de un copropietario y que éste con su conducta restrinja el ejercicio del derecho a la propiedad privada; vi) De antecedentes resalta la situación de un menor de edad AA hijo de Gisela Sandra Flores Jesús, nacido el 17 de enero del 2019, que por su corta edad lógicamente depende de sus padres y que de acuerdo a los antecedentes médicos presenta un trastorno del espectro autista grado moderado y un trastorno de sueño secundario, es decir, tiene discapacidad; por lo que, el Estado y los particulares deben procurar el respeto de los derechos de un menor de edad doblemente vulnerable, en principio por su corta edad y en segundo término por su estado de salud, en ese entendido, no encuentro el mínimo de sustento legal de realizar actos tendientes a perjudicar a terceros resaltando que se trata de un conflicto familiar y que existe una marcada animadversión y conflictos entre las accionantes y el demandado; vii) Se verificó también la existencia de un proceso penal por violencia familiar seguido en contra del demandado a denuncia de Mirka Liliam Flores Jesús por una presunta agresión, así como una acción de libertad presentada por Gisela Sandra Flores Jesús en contra del mismo progenitor, que ha sido concedida y confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional que hacía a la protección del derecho a la vida de sus hijos menores, ante la imposibilidad de proporcionar los alimentos que se encontraban en el inmueble a consecuencia del cierre de la puerta de la cocina que ésta utilizaba; estos antecedentes generan convicción de que el demandado Francisco Cirilo Flores Pereira demuestra una conducta intolerante, arbitraria y de asumir decisiones de manera directa sin comprender que los demás -sus hijas-, también tienen derecho sobre ese bien inmueble, advirtiéndose una reincidencia en actitudes y vías de hecho; viii) En ese contexto, si bien se ha formulado una acción de libertad y no se ha podido acreditar una vulneración al derecho a la vida, se reconduce esta acción tutelar a una acción de amparo constitucional a efectos de tutelar los derechos groseramente conculcados por el demandado, en cuanto, al cierre de la puerta principal, la negativa de permitir el acceso a las accionantes y el cambio del dispositivo de la chapa de acceso a ese inmueble por parte del demandado, acciones ejecutadas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia; vulnerando los derechos de las peticionantes de tutela en cuanto al ejercicio de su propiedad privada, por ende, a la libre circulación respecto a este inmueble y a su vez a una vida digna; toda vez que, se encuentra perjudicada su actividad laboral en dicho inmueble, aspectos que se encuentran directamente vinculados también al principio del vivir bien y aún en el caso de que el demandado también se constituye en copropietario del inmueble, esto no le otorga la posibilidad de definir quién ingresa, quién sale, en qué horarios, más allá del respeto que como progenitor merezca no puede asumir decisiones respecto a sus hijas como si estás fuesen menores de edad o si no tuviesen la capacidad de tomar decisiones respecto de su vida, menos cuestionar aspectos que hacen al libre ejercicio y determinación respecto a lo que estas ciudadanas determinan hacer con su existencia; y, ix) En cuanto a la alegada vulneración de los derechos a la vida y a la vivienda, no se evidencia dentro del sustento argumentativo y tampoco probatorio de qué manera se habrían visto lesionados los mismos, por cuanto, respecto a la vivienda estas han reconocido que no habitan como vivienda este inmueble, sino que es un espacio que lo utilizan a efectos del desarrollo de una actividad comercial.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio 062/2021 de 4 de marzo por el que se declara herederos de Donata Jesús Sánchez a su esposo: Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado- y a sus hijos: Lourdes Flores de Fernández, Mirka Liliam -accionante-, Gisela Sandra -accionante- y Milton Guillermo, todos de apellidos Flores Jesús (fs. 5 a 10 vta.). II.2. Consta Formulario de Derechos Reales (DD.RR.) de Servicio de Información Rápida de 25 de agosto de 2021, del cual se extrae que el inmueble registrado bajo la matrícula 2010990169417 ubicado en la zona Agua de la Vida tiene como propietarios vigentes a Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado-, Lourdes Flores de Fernández, Mirka Liliam, Gisela Sandra y Milton Guillermo, todos de apellidos Flores Jesús (fs. 4). II.3. De la Proforma de Actividad Económica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se tiene que Mirka Liliam Flores Jesús -hoy accionante-, tiene la actividad de Salón de Belleza Mirly en la calle final Bolívar 1192, zona Agua de la Vida; asimismo, se tiene un aviso de cobro de la Distribuidora de Electricidad de La Paz (DELAPAZ), que señala como la dirección la calle Bolívar 1192 (fs. 11 a 12). De igual forma, la Junta de Vecinos “Agua de la Vida Central Parte Alta” certificó que Mirka Liliam y Gisela Sandra ambas de apellidos Flores Jesús -accionantes-, son vecinas de esa zona por más de dieciséis años, teniendo su salón y comercio en la calle Bolívar 1192 de esa Zona, cumpliendo sus obligaciones vecinales como buenas vecinas (fs. 13 a 14). II.4. A través de Resolución 036/2021 de 18 de mayo, emitida en la acción de libertad interpuesta por Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert en representación sin mandato de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante- contra Francisco Cirilo Flores Pereira -ahora demandado-, el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, concedió la tutela solicitada disponiendo que el demandado mantenga abierta la cocina del domicilio que habitan y que a su vez, éste se inhiba de realizar cualquier acto o medida de hecho que suponga una restricción indebida de derechos de la accionante y sus hijos (fs. 15 a 17 vta.). De igual forma, revisado el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal se tiene que, venida en revisión la precitada Resolución, a través de la SCP 0852/2022-S4 de 22 de julio, la Sala Cuarta Especializada resolvió: “…CONFIRMAR Resolución 36/2021 de 18 de mayo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías”. II.5. El Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género y violencia sexual de La Paz, a través de Acta de Otorgamiento de Medidas de Protección de 3 de enero de 2023, en el caso con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052203760, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mirka Liliam Flores Jesús -accionante- contra Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 Bis del Código Penal (CP), disponiendo medidas de protección de cumplimiento obligatorio para el denunciado (fs. 18).

II.6. El Informe Médico de 21 de diciembre de 2022, realizado por Roger Wilfredo Condemayta Soto, Médico Neurólogo Pediatra, diagnostica al menor de edad AA, hijo de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante-con Trastorno del espectro autista grado moderado y trastorno de sueño secundario (insomnio), señalando entre otros que requiere fisioterapia por su bajo tono muscular (fs. 28). II.7. Cursan certificaciones de 8 de noviembre de 2022, que acreditan; una, que dos veces por semana, el menor AA, hijo de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante- asiste a terapia del lenguaje al Centro “OIR Y HABLAR”; y la otra, que asiste al Centro infantil “PEQUELANDIA” también dos veces por semana, junto a su hermana, en el turno de la tarde, para recibir sesiones de estimulación temprana (fs.31 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la vida e integridad física, al trabajo, a la salud y a la vivienda; toda vez que, su padre -demandado- de manera arbitraria cambió la chapa de ingreso a la casa que también es de su propiedad, impidiendo de esa manera el ingreso y salida por la puerta de calle principal al bien inmueble, imposibilitando a Mirka Liliam Flores Jesús poder trabajar libremente en el Salón de Belleza que funciona en el mismo y que el hijo menor de edad AA de Gisela Sandra Flores Jesús, diagnosticado con autismo moderado, reciba sus fisioterapias en el cuarto que dejó acondicionado para tal fin antes de trasladarse a otro lugar; agrediéndoles constantemente de manera verbal y denigrándolas como mujeres, no siendo posible una conciliación, por cuanto el demandado no quiere escucharlas bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la reconducción o reconversión de acciones constitucionales

La SCP 0431/2025-S2 de 15 de mayo, estableció con base en su similar 0092/2020-S3 de 18 de marzo, que: “…‘la reconducción o reconversión procesal de las acciones procederá en dos situaciones: i) Cuando el accionante plantee una acción de defensa equivocada jurídicamente y corresponde denegar la tutela solicitada (…); sin embargo, ello conduzca hacia la postergación sistemática de la justicia en caso de una evidente vulneración de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; debiendo además concurrir simultáneamente los siguientes requisitos: a) La demanda constitucional debe coincidir con la naturaleza de la acción de defensa a la que será reconducida; y, b) Los fundamentos sobre los hechos, derechos supuestamente vulnerados y petitorio deberán ser expuestos de forma clara, precisa y congruente, situación que permitirá ingresar al análisis de la problemática planteada en el caso concreto, con el fin de garantizar una justicia pronta y oportuna de los derechos y garantías constitucionales; y, ii) Por atención prioritaria, cuando las partes accionantes pertenezcan a grupos vulnerables, entre ellos, las personas de las NPIOC y afro descendientes, niña, niño y adolescente, personas adultas mayores, personas con discapacidad, (…); y corresponda la protección constitucional efectiva, inmediata y reforzada’. Al respecto corresponde aclarar que la conversión de acciones es algo que la jurisprudencia tiene como excepcional; en ese sentido, tomando en cuenta el punto ii) de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que la mera pertenencia a un grupo vulnerable es un elemento más entre otros a considerar para la determinación de irreparabilidad, establecido en el inciso i); por lo que, en su consideración, no son independientes, de lo contrario se lesionaría el art. 14 de la CPE, que prohíbe el trato diferenciado sin justificación suficiente. De lo expuesto se tiene que la conversión de una acción de libertad a una de amparo constitucional implica la previa verificación de la no existencia de causales de improcedencia y del cumplimiento de requisitos de admisibilidad establecidos en la norma procesal. Razones por las cuales el precitado Fallo Constitucional, determinó que entre otros factores es menester demostrar un ‘…riesgo de irreparabilidad evidente, en cuanto al estado de vulnerabilidad alegado por la parte accionante; es decir, a la existencia de urgencia para la resolución del caso…’ el incumplimiento de los requisitos esenciales para una posible reconversión…deviene en la imposibilidad de ser realizada, por lo que, corresponde analizar el caso dentro de los alcances de una acción de libertad” (las negrillas son agregadas).

III.2. El derecho a la libertad de locomoción y su ámbito de tutela a través de la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en su art. 21.7, consagra como derecho fundamental de toda persona “…la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la entrada y salida del país”. Este derecho, conocido como libertad de locomoción, es la facultad inherente a todo individuo de desplazarse físicamente de un lugar a otro sin impedimentos arbitrarios. Para la protección específica del derecho a la libertad personal, el constituyente ha previsto una garantía jurisdiccional específica y expedita: la acción de libertad. El art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal...”. En concordancia, el Código Procesal Constitucional, en su art. 46, reitera que el objeto de esta acción de defensa es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento de las formalidades legales. A su vez, el art. 47 del mismo cuerpo normativo precisa que la acción procede cuando una persona considere que se encuentra indebida o ilegalmente privada de su libertad física. De la normativa citada se infiere que, si bien la libertad de locomoción es un derecho fundamental, su tutela a través de la acción de libertad está reservada para las vulneraciones más graves que impliquen una privación o restricción efectiva de la libertad física o ambulatoria de la persona; es decir, cuando se le impide su capacidad de autodeterminación para moverse de un lugar a otro.

III.2.1. El núcleo protectivo del derecho a la libertad de locomoción según la jurisprudencia constitucional

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente al establecer que el núcleo protectivo del derecho a la libertad de locomoción resguarda la facultad de toda persona de transitar, permanecer y desplazarse dentro del territorio del Estado, así como de entrar y salir de él, sin estar sujeta a restricciones ilegítimas o arbitrarias, principalmente por parte de autoridades públicas. En este sentido, al denegar la tutela invocada respecto al derecho a la locomoción, determinando que éste “…no puede interpretarse como el derecho que tengan los accionantes de acceso a determinados espacios de trabajo…”, la SCP 0161/2025-S3 de 31 de marzo -por mencionar alguna-, señaló que: “En cuanto concierne al derecho de locomoción, el art. 21.I de la CPE, establece que las bolivianas y bolivianos, tiene derecho: ‘A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que incluye la salida e ingreso del país, lo que implica el tácito reconocimiento del derecho de locomoción, que comprende la facultad inherente de toda persona a desplazarse por todo el territorio nacional, ingresando y saliendo del país cuando así lo desee. Entonces, la consagración constitucional de los derechos a la libertad física y de locomoción, se erigen como mecanismos fundamentales destinados a evitar que tanto el primero como el segundo, puedan ser restringidos por autoridades estatales o particulares al margen de lo establecido en la ley...” (el resaltado y el subrayado nos corresponden). Así, se ha entendido que la acción de libertad opera frente a actos que, de facto o de jure, confinan, detienen, arrestan o de cualquier otro modo suprimen la libertad física de una persona. La tutela se activa ante la amenaza de un confinamiento o cuando este ya se ha materializado, buscando que la autoridad jurisdiccional verifique la legalidad de dicha restricción y, en su caso, ordene la restitución inmediata de la libertad. En este sentido, el radio de protección de esta garantía constitucional no abarca toda controversia que involucre una limitación de movimiento. La jurisprudencia ha diferenciado claramente entre la privación de la libertad ambulatoria general y la limitación de acceso a un espacio físico específico y privado, cuando esta última no conlleva el confinamiento de la persona.

III.2.2. La distinción entre la privación de libertad y los conflictos sobre el acceso a la propiedad privada

Es imperativo para este Tribunal establecer una distinción clara entre dos escenarios fácticos distintos que a menudo se confunden: a) Privación de la Libertad: Ocurre cuando una persona es encerrada, confinada o de cualquier otra manera se le impide físicamente salir de un perímetro determinado, coartando su libertad ambulatoria general. Por ejemplo, ser encerrado en una habitación, un domicilio o un vehículo contra su voluntad. En estos casos, sin importar si el lugar es público o privado, la acción de libertad es la vía idónea e inmediata para restituir el derecho vulnerado; y, b) Restricción de Acceso a un Inmueble: Sucede cuando a una persona, generalmente un propietario o poseedor, le prohíbe el ingreso a un inmueble específico (un departamento, un lote de terreno, una oficina, o las áreas comunes de un condominio por mencionar algunos ejemplos de forma nominal y no limitativa).

En este segundo supuesto, si bien existe una restricción que le impide a la persona circular dentro de su propiedad o acceder a ella, no existe una privación de su libertad personal en el sentido que tutela la acción de libertad. La persona no está confinada; conserva intacta su libertad de moverse por el resto de la ciudad, del departamento o del país. El conflicto no versa sobre su libertad física, sino sobre el ejercicio de uno de los atributos del derecho de propiedad: el derecho de uso y goce (ius utendi y ius fruendi). Por tanto, un conflicto derivado de la prohibición de ingreso a un inmueble privado, ya sea por una disputa entre copropietarios, por decisiones de la administración de un condominio, por un conflicto de medianería, o por alguna medida asumida judicialmente -por ejemplificar sin ser limitativo- es, por su naturaleza, un conflicto de derecho civil o patrimonial, no una vulneración del derecho a la libertad personal que active la tutela vía acción de libertad.

III.2.3. La acción de libertad como una vía legal NO IDÓNEA para la resolución de conflictos sobre el acceso a inmuebles

Ante la restricción de acceso a un inmueble, el ordenamiento jurídico boliviano prevé vías específicas y adecuadas para la resolución de dichas controversias, lo que demuestra que el afectado no se encuentra en un estado de indefensión. En tal mérito, la vía civil ordinaria conforme al desarrollo en el Código Civil y el Código Procesal Civil establecen los mecanismos para proteger el derecho de propiedad y la posesión. El art. 105 del Código Civil (CC) consagra el derecho de propiedad como un “…poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa”; es decir, que entre dichos “poderes” se encuentra implícito el acceso al bien inmueble. Cuando este derecho es perturbado mediante la prohibición de acceso -valga la redundancia-, el afectado puede recurrir a los interdictos posesorios, específicamente el interdicto de recobrar la posesión, previsto en el art. 369 y ss del Código Procesal Civil (CPC), que tiene por objeto la restitución de la posesión a quien ha sido despojado de ella con violencia o sin ella. Esta es la vía idónea por excelencia para resolver disputas sobre la posesión material de un bien inclusive pudiendo activarse subsidiariamente (y no supletoriamente) de forma excepcional la acción de amparo constitucional, si se demuestra objetivamente y de forma concurrente que: 1) La prohibición de ingreso al inmueble vulnera, de manera conexa, otros derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda (art. 19 de la CPE); y, 2) Esperar el resultado de un proceso civil podría causar un daño irreparable, debiendo el accionante justificar por qué la vía civil no es idónea para el caso concreto. Resulta así evidente que, la elección de la acción de libertad para reclamar un derecho de acceso a un inmueble privado constituye un uso inadecuado de esta garantía, pues desnaturaliza su finalidad, que es la protección urgente y expedita de la libertad física y la vida, y no la resolución de controversias de índole patrimonial para las cuales la ley ha previsto otros cauces procesales.

III.3. Sobre los hechos denunciados y los elementos probatorios que generan convicción del acto ilegal

La SCP 1366/2022-S2 de 10 de octubre, al respecto refirió: “Conviene establecer que no obstante, a las características singulares que conciernen a la acción de libertad, particularmente el principio de informalismo que la rige; ésta acción tutelar no se encuentra exonerada respecto a la carga probatoria que debe cumplir la parte accionante para sustentar los hechos denunciados como vulneratorios; al respecto, debe tomarse en cuenta el contenido del art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que a tiempo de establecer los requisitos para interposición de esta acción tutelar, expresa: ‘Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren’. Bajo tal razonamiento; la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado, estableciendo su relación con el principio de informalismo -que rige esta acción de protección-, así la SC 0320/2010-R de 15 de junio, citada por la SCP 0298/2012 de 8 de junio, establece que: ‘…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada’’” (las negrillas son ilustrativas).

III.4. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la vida e integridad física, al trabajo, a la salud y a la vivienda; toda vez que, su padre -demandado- de manera arbitraria cambió la chapa de ingreso a la casa que también es de su propiedad, impidiendo de esa manera el ingreso y salida por la puerta de calle principal al bien inmueble, imposibilitando a Mirka Liliam Flores Jesús poder trabajar libremente en el Salón de Belleza que funciona en el mismo y que el hijo menor de edad AA de Gisela Sandra Flores Jesús, diagnosticado con autismo moderado, reciba sus fisioterapias en el cuarto que dejó acondicionado para tal fin antes de trasladarse a otro lugar; agrediéndoles constantemente de manera verbal y denigrándolas como mujeres, no siendo posible una conciliación, por cuanto el demandado no quiere escucharlas bajo ninguna circunstancia. Al respecto, de los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, es preciso señalar que, mediante Testimonio 062/2021 de 4 de marzo, se declara herederos de Donata Jesús Sánchez a su esposo: Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado- y a sus hijos: Lourdes Flores de Fernández, Mirka Liliam -accionante-, Gisela Sandra -accionante- y Milton Guillermo, todos de apellidos Flores Jesús. De igual forma, del Formulario de DD.RR. de Servicio de Información Rápida de 25 de agosto de 2021, se extrae que el inmueble registrado bajo la matrícula 2010990169417 ubicado en la zona Agua de la Vida tiene como propietarios vigentes a Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado-, Lourdes Flores de Fernández, Mirka Liliam, Gisela Sandra y Milton Guillermo, todos de apellidos Flores Jesús (Conclusiones II.1 y II.2). Por otra parte, de la Proforma de Actividad Económica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se tiene que Mirka Liliam Flores Jesús -hoy accionante-, tiene la actividad de Salón de Belleza Mirly en la calle final Bolívar 1192, zona Agua de la Vida; asimismo, se tiene un aviso de cobro de la DELAPAZ, que señala como la dirección la calle Bolívar 1192. De igual forma, la Junta de Vecinos “Agua de la Vida Central Parte Alta” certificó que Mirka Liliam y Gisela Sandra ambas de apellidos Flores Jesús -accionantes-, son vecinas de esa zona por más de dieciséis años, teniendo su salón y comercio en la calle Bolívar 1192 de esa Zona, cumpliendo sus obligaciones vecinales como buenas vecinas (Conclusión II.3).

También se tiene que a través de Resolución 036/2021 de 18 de mayo, emitida en una anterior acción de libertad interpuesta por Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert en representación sin mandato de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante- contra Francisco Cirilo Flores Pereira -ahora demandado-, el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, concedió la tutela solicitada disponiendo que el demandado mantenga abierta la cocina del domicilio que habitan y que a su vez, éste se inhiba de realizar cualquier acto o medida de hecho que suponga una restricción indebida de derechos de la accionante y sus hijos. De igual forma, revisado el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal se tiene que, venida en revisión la precitada Resolución, a través de la SCP 0852/2022-S4 de 22 de julio, la Sala Cuarta Especializada resolvió: “…CONFIRMAR Resolución 36/2021 de 18 de mayo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías” (Conclusión II.4). Además de lo señalado, el Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género y violencia sexual de La Paz, a través de Acta de Otorgamiento de Medidas de Protección de 3 de enero de 2023, en el caso con CUD 201103052203760, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mirka Liliam Flores Jesús -accionante- contra Francisco Cirilo Flores Pereira -demandado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 Bis del CP, dispuso medidas de protección de cumplimiento obligatorio para el denunciado (Conclusión II.5). De igual forma, se tiene el Informe Médico de 21 de diciembre de 2022, realizado por Roger Wilfredo Condemayta Soto, Médico Neurólogo Pediatra, que diagnostica al menor de edad AA, hijo de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante- con Trastorno del espectro autista grado moderado y trastorno de sueño secundario (insomnio), señalando entre otros que requiere fisioterapia por su bajo tono muscular. Así también, cursan certificaciones de 8 de noviembre de 2022, que acreditan; una, que dos veces por semana, el menor AA, hijo de Gisela Sandra Flores Jesús -hoy accionante- asiste a terapia del lenguaje al Centro “OIR Y HABLAR”; y la otra, que asiste al Centro infantil “PEQUELANDIA” también dos veces por semana, junto a su hermana, en el turno de la tarde, para recibir sesiones de estimulación temprana (Conclusiones II.6 y II.7). Ahora bien, con carácter previo a analizar la problemática traída en revisión es importante referirnos a la reconducción de acciones efectuada por el Juez de garantías, en virtud a los antecedentes de la presente acción de defensa; en esa línea, cabe señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece los parámetros a cumplirse para determinar una reconducción de acciones; en el caso presente, si bien se acredita que dentro del problema suscitado existe un menor de edad con autismo, que no fue consignado como accionante -sobre quien se reclama el derecho a la salud-, no se demostró objetivamente con elemento probatorio, que la falta de terapias, genere un riesgo tal que amenace su vida, más aun cuando de la Conclusión II.7 se advierte que el menor únicamente recibe dos sesiones semanales de terapias de lenguaje y estimulación temprana en lugares distintos al inmueble del cual tanto la parte accionante como el demandado son copropietarios. Por lo que no se justificó la urgencia o irreparabilidad para la conversión de acciones. Asimismo, se puede advertir que el demandado en el caso concreto, es una persona de la tercera edad -75 años de edad-, que por lo mismo pertenece a un sector poblacional vulnerable de la sociedad, sin que por esa razón y por la falta de prueba y alegatos se pueda entrever que sus hijas están en una situación de desventaja o vulnerabilidad respecto de su padre, ahora demandado, que genere la necesidad de aplicar medidas de discriminación en favor de las accionantes a riesgo de repercutir negativamente en la situación del adulto mayor. En mérito a dichas apreciaciones, no puede procederse a la aplicación de la reconducción o reconversión procesal, debiendo ser revisada la presente acción de defensa bajo el marco normativo y jurisprudencial de la acción de libertad. Ingresando a revisar el fondo de la problemática postulada en la acción de libertad, en la cual las peticionantes de tutela reclaman el ingreso y salida -libre transitabilidad- al bien inmueble del demandado que también es de su propiedad, alegando lesión de los derechos a la libertad de locomoción y a la vivienda, es preciso remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que claramente establece que la acción de libertad no es la vía idónea para la resolución de conflictos sobre el acceso a inmuebles; por cuanto, el ordenamiento jurídico boliviano prevé vías específicas y adecuadas para la resolución de dichas controversias; lo que quiere decir que, la elección de la acción de libertad para reclamar un derecho de acceso a un inmueble privado constituye un uso inadecuado de esta garantía, pues desnaturaliza su finalidad, que es la protección urgente y expedita de la libertad física y la vida, y no la resolución de controversias de índole patrimonial, para lo cual se tiene vías específicas establecidas por ley. En tal circunstancia, desde la óptica constitucional y naturaleza jurídica de la acción de libertad, cuyo objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento de las formalidades legales, ésta última entendida como la facultad inherente de toda persona a desplazarse por todo el territorio nacional, ingresando y saliendo del país cuando así lo desee, no es posible la concesión de la tutela; toda vez que, la problemática no versa sobre la libertad física de las accionantes, sino sobre el ejercicio de uno de los atributos del derecho de propiedad, derivado de la prohibición de ingreso a un inmueble privado, por presuntos problemas familiares entre copropietarios, siendo por lo tanto un conflicto patrimonial donde se advierte la existencia de derechos en controversia, tanto es así que -como se advierte de los antecedentes y de lo declarado por las partes- existen demandas abiertas en varias vías que interpusieron las hijas -accionantes- contra el padre -demandado- y viceversa. Lo que pone en evidencia, que los hechos traídos a colación, constituyen una muestra de las pretensiones controvertidas de las partes; es decir, de problemas de índole civil y patrimonial y no una vulneración del derecho a la libertad de locomoción que active la tutela vía acción de libertad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada bajo el marco jurisprudencial precedentemente señalado. En lo concerniente al derecho a la vida las peticionantes de tutela, hacen simple mención de dicho derecho; sin que, de la fundamentación de la acción tutelar y de los documentos presentados, resulte posible advertir cuál es la acción concreta del demandado que hubiera provocado la lesión o amenaza a su vida, pues sus alegatos exponen hechos que no se vinculan al derecho invocado. Mas bien, se relacionan con presuntos actos de violencia que ejercería el demandado sobre ambas accionantes cuya existencia o no está siendo dilucidada en la jurisdicción ordinaria conforme evidencian los documentos que corresponden a la denuncia penal por violencia (Conclusión II.5); no ameritando por ende que la jurisdicción constitucional invada competencias y se pronuncie directamente al respecto. Por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la denunciada vulneración del derecho a la vida debe venir acompañada con prueba así sea mínima sobre tal afectación y de la participación del demandado en los hechos acusados como lesivos, que le permitan a la justicia constitucional, de forma objetiva, adquirir certeza sobre la lesión o restricción del derecho a la vida o una amenaza que ponga en riesgo la existencia de las accionantes; en razón a que, la concesión de la protección no puede basarse en presunciones de haberse afectado dicho derecho, por cuanto, este Tribunal se encuentra supeditado a los principios de certeza y verdad material; lo que, en el presente caso no pudo alcanzarse al no haberse evidenciado la lesión acusada por la inexistencia de prueba respecto a la amenaza o puesta en peligro de la vida de las accionantes; consecuentemente, no es posible la concesión de la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 68 a 71, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0677_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1a2099f64de6b7bae21f5244c81285043702e2d020f03ed89ac4430cb97bcae3

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