Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de junio de 2025
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes a la defensa, igualdad, tutela judicial efectiva y de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; toda vez que, emitida la Resolución de Sobreseimiento 07/2022 a su favor, esta no fue notificada a los sujetos procesales, cuya dilación fue justificada por la Fiscal de Materia demandada, que argumentó la falta de personal en su despacho. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, no existe lesión de tales derechos alegados, porque la Jueza de la causa le otorgó un plazo de diez días hábiles para efectuar las notificaciones a los sujetos procesales, mismo que aún no venció. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2025-S2 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53034-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de Gladys Yujra Condori contra Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, cursante a fs. 1; y, 4 y vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia -ahora demandada- mediante Resolución de Sobreseimiento 07/2022 de 22 de diciembre dispuso el sobreseimiento -se entiende a su favor- a destiempo. Además, remitió la Resolución ante la Jueza contralora de garantías sin haber notificado previamente a todos los sujetos procesales. Ante el requerimiento de notificación, dicha autoridad fiscal justificó su omisión alegando la falta de tiempo y carencia de personal, lo que provocó dilación procesal y vulneración al debido proceso, particularmente en su dimensión de acceso a una justicia pronta y oportuna. Esta irregularidad tiene como consecuencia que continúe injustamente privada de su libertad.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes a la defensa, igualdad, tutela judicial efectiva y de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, citando al efecto los arts. 8.I, 22, 23, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) La autoridad demandada notifique en el día -se entiende con el sobreseimiento- a todos los sujetos procesales sin dilación alguna; y, b) Se aplique el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la responsabilidad y la repetición. La resolución que conceda la acción podrá además, determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad civil. En caso de responsabilidad civil, se podrá estimar el monto a indemnizar por daños y perjuicios; mientras que, ante indicios de responsabilidad penal, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado, cuando corresponda. Si la responsabilidad recae en un servidor público, se remitirá la resolución a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de su entidad para el inicio del proceso disciplinario, si corresponde.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
En audiencia no se formuló la ratificación de la acción por la ausencia de la abogada de la accionante, razón por la que el Juez de garantías dispuso la lectura íntegra de la acción de libertad formulada.
Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías sostuvo que: 1) Se emitió la Resolución de Sobreseimiento 07/2022, y que estuvo de vacaciones el 26 y 27 de enero de 2023; 2) La Jueza de la causa concedió un plazo de diez días hábiles para la presentación de las notificaciones correspondientes con la Resolución de Sobreseimiento. Al computar dicho plazo, se evidencia que aún se encuentra dentro de término otorgado; y, 3) Existe el principio de subsidiariedad y no se cumple con lo dispuesto en el art. 125 de la CPE; por lo que, solicitó se deniegue la acción de libertad interpuesta.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto Interlocutorio 772/2022 de 19 de diciembre, sobre la consideración de la situación jurídica de la accionante, dispuso mantener su detención preventiva; Resolución que fue apelada y está pendiente su consideración por el superior en grado; ii) La Resolución de Sobreseimiento 07/2022, fue observada por la Jueza de la causa concediendo al Ministerio Público el plazo de diez días hábiles para que presente las notificaciones; y, iii) No cursa ningún reclamo ni representación ante la mencionada Jueza respecto a la demora en las notificaciones, razón por la cual resulta imposible considerar aspectos de fondo, en aplicación del principio de subsidiariedad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 772/2022 de 19 de diciembre, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gladys Yujra Condori -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de violación en grado de complicidad y pornografía, al momento de considerar su situación jurídica, dispuso mantener la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz. Asimismo, concedió al Ministerio Público un plazo de cinco días hábiles para la presentación del requerimiento conclusivo, Resolución que fue apelada, motivando la concesión del recurso y la correspondiente remisión de obrados ante el superior en grado, mediante Nota CITE OF.: 1842/2022 de 22 de diciembre (fs. 9 a 12). II.2. Cursa Resolución de Sobreseimiento 07/2022 de 22 de diciembre, emitida por Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia -ahora demandada-, en favor de la accionante, al no existir suficientes elementos probatorios que sustenten una acusación con relación al delito de pornografía y violación en grado de complicidad. La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante providencia de 27 de diciembre de 2022, dispuso que la representante del Ministerio Público presente las notificaciones practicadas a las partes, concediéndole el plazo de diez días hábiles (fs. 13 a 23).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes a la defensa, igualdad, tutela judicial efectiva y de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; toda vez que, emitida la Resolución de Sobreseimiento 07/2022 a su favor, esta no fue notificada a los sujetos procesales, cuya dilación fue justificada por la Fiscal de Materia demandada, que argumentó la falta de personal en su despacho. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, no existe lesión de tales derechos alegados, porque la Jueza de la causa le otorgó un plazo de diez días hábiles para efectuar las notificaciones a los sujetos procesales, mismo que aún no venció. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al tópico, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad".
Asimismo, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas fueron añadidas).
De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gladys Yujra Condori -ahora accionante-, la Jueza de control jurisdiccional dispuso su detención preventiva (Conclusión II.1). Posteriormente, la Fiscal de Materia -ahora demandada- asignada a la investigación, emitió la Resolución de Sobreseimiento 07/2022 de 22 de diciembre, que fue presentada ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, el 23 del mismo mes y año (Conclusión II.2). Por regla general, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las lesiones al debido proceso deben ser reparadas a través de la acción de amparo constitucional, existiendo una salvedad; a) Cuando el acto o conducta ilegal es el motivo directo y específico por el cual una persona está detenida, privada o amenazada en su libertad personal; y, b) Cuando la persona haya sido puesta en absoluto estado de indefensión. Estas dos situaciones deben concurrir de manera simultánea para que por la acción de libertad se dilucide la tutela impetrada. Es preciso señalar que la presunta falta de notificación con la Resolución de Sobreseimiento 07/2022 no opera como causa directa de la privación de libertad; puesto que, conforme refiere la accionante, ésta se encuentra privada de libertad en virtud de una medida cautelar impuesta con anterioridad; de ahí que, la falta de notificación reclamada como un procesamiento indebido, no tiene vinculación directa con el derecho a la libertad personal; por ende, no concurre este primer presupuesto. En la línea de lo fundamentado, se establece que no existe un vínculo inmediato entre el supuesto acto lesivo (ausencia de notificaciones con la Resolución de Sobreseimiento), con la afectación a la libertad personal. Ahora bien, se advierte que, conforme la impetrante de tutela refirió, el proceso penal del cual deviene la presente acción de libertad, se encuentra con control jurisdiccional conforme el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a cargo de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz, por ende, no se evidencia que la precitada se encontrare en estado absoluto de indefensión, motivo por el cual tampoco concurre el segundo presupuesto. De hecho, la peticionante de tutela debió plantear el reclamo traído en esta acción de defensa ante la referida autoridad judicial y, una vez agotados los mecanismos intraprocesales, recién acudir a esta jurisdicción a través de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, del análisis de ambos aspectos, se concluye que no concurren de manera simultánea los presupuestos exigidos para la procedencia de la acción de libertad por procesamiento indebido. En tal virtud, este Tribunal se encuentra impelido a denegar la tutela impetrada sin haber ingresado al análisis de fondo de lo planteado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0677_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): cb8358df3742403f514f211ea52961fb707739963c02e902ba915f2af2cccd41
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