Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y seguridad personal; al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades demandadas a través del Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, dispusieron mantener su detención preventiva, cuando la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, establece que no procede la detención preventiva con un solo riesgo del art. 235 del CPP, sino debe además existir necesariamente peligro de fuga. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; b) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2023-S1 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46260-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jamil Saúl Conde García contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de marzo de 2022, cursante de fs. 41 a 43 vta, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, mediante el Auto de Vista 687/2021 de 19 de noviembre se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el término de tres meses, revocando el Auto Interlocutorio 364/2021 de 9 de noviembre. El 1 de febrero de 2022 mediante memorial presentado por el accionante solicitó la cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 42/2022 de 7 de febrero, por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz que estableció como enervado el elemento domicilio y trabajo, no así el riesgo de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP con el fundamento que no se argumentó y presentó documento respaldatorio de la no concurrencia de este riesgo, sin embargo, en la grabación de la audiencia de 7 de febrero en el minuto 15:35 su defensa técnica hace referencia a este riesgo.
Ante tal decisión, interpuso recurso de apelación mereciendo el Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, mediante el cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz estableció que el art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se encontraría desvirtuado, y latente el art. 235 del CPP, disponiendo mantener su detención preventiva, conforme la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, establece que no procede la detención preventiva basado únicamente en aplicación de alguno de los riesgos del art. 235 del CPP debiendo existir necesariamente riesgos del art. 234 del referido cuerpo normativo, es decir riesgo de fuga y peligro de obstaculización para que proceda la detención preventiva, al no existir riesgo de peligro de fuga y quedando vigente el riesgo de peligro de obstaculización, no puede mantenerse subsistente la detención preventiva.
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad y seguridad personal; al debido proceso; al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, emita mandamiento de libertad a su favor.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 4 de marzo de 2022; según consta en acta cursante de fs. 70 a 74, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los términos del memorial de la acción, ampliando refirió que: a) El Auto de Vista 166/2022 no se encuentra fundamentado ni motivado; b) En la solicitud de cesación a la detención preventiva, con claridad se señaló que debe aplicarse “los alcances de la sentencia constitucional 252/2018” (sic), reiterado también en el recurso de apelación, por cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido los requisitos esenciales para la detención preventiva considerando necesariamente la existencia de uno de los riesgos de peligro del art. 234 del CPP y de obstaculización conforme el art. 235 del CPP; se enervaron todos los riesgos del art. 234 del CPP, persistiendo solo el riesgo de obstaculización, no procede la detención preventiva únicamente en aplicación de alguno de los numerales del art. 235 del CPP debiendo necesariamente existir riesgos del art. 234 del CPP, caso contrario debe aplicarse una medida cautelar menos gravosa; y, c) Es evidente la vulneración al debido proceso cuando las autoridades demandadas disponen mantener la detención preventiva, pese a la prohibición antes referida, lo que tiene como consecuencia que se mantenga ilegalmente detenido, realizando una mala aplicación de la norma.
Félix Orlando Rojas Alcón y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito que cursa a fs. 49, señalando lo siguiente: 1) El Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero fue emitido dentro de los parámetros de legalidad, fundamentación y congruencia, conforme el art. 115.II de la CPE, 124 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 -Código de Procedimiento Penal- de, en consecuencia, no existe vulneración a los derechos y garantías constitucionales del demandante de tutela, la misma fue emitida en audiencia y ya se encuentra radicando en el juzgado de origen; 2) El Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los Vocales, advirtiéndose una causal de improcedencia de la acción de libertad; y, 3) Conforme se evidencia, el “Auto de Vista” objeto de la presente acción de libertad, al tratarse de una apelación de medida cautelar fue resuelto por uno de los Vocales, en mérito a la conformación del quorum de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en ese contexto, Claudia Marcela Castro Dorado carece de legitimidad pasiva; por lo que, solicitan se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 72 a 74, denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) De la lectura de los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0252/2018-52 no se evidencia que exista prohibición expresa para disponer detención preventiva cuando no existen circunstancias de peligro de fuga previstos en el art. 234 y solo se mantiene subsistente el art. 235.2 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres-; ii) El Auto de Vista emitido por el Vocal demandado ha sido debidamente fundamentada determinando incluso que el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, ingreso en errores lo que le favorece al imputado, es por ello que da por desvirtuado el riesgo de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP; iii) Ante la decisión asumida por la Sala Penal Cuarta en el Auto de Vista 166/2022 la parte solicitante de tutela no hizo uso del art. 125 del CPP al que debió recurrir, en procura de reparar la presunta violación denunciada en la acción de libertad; iv) De los antecedentes se tiene que el Auto de Vista extrañado, se encuentra en físico en el expediente original, también otro memorial de nueva solicitud de cesación a la detención preventiva presentado por la parte accionante el 21 de febrero de 2022 ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, sin que todavía se resuelva la apelación, a sabiendas de que el caso se hallaba en apelación, sin saber el resultado el demandante de tutela ya solicitó nueva cesación, ello implica que estaba conforme con la decisión de los Vocales de la Sala Penal Cuarta y acude por este motivo con una nueva solicitud, acude tanto a la vía ordinaria como a la vía constitucional para obtener un resultado favorable, lo que puede ocasionar una duplicidad de resoluciones incluso contradictorios, proceder que agrava la carga procesal de los tribunales; y, v) No siendo suficiente ello, el solicitante de tutela el 3 de marzo de 2022 presenta nuevamente escrito ampliando fundamentos y acompañando la SCP 0252/2018-S2 argumentando similares fundamentos a los expuestos en la acción de libertad. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó se señale cual el criterio de la Jueza de garantías respecto a la SCP 0252/2018-52 de manera clara y precisa la construcción de la premisa normativa, que no se realizó; no se consideró que la solicitud de cesación que se efectuó se refiere a que ya se venció el plazo de la detención preventiva de tres meses, los motivos son diferentes. En respuesta, la Jueza de garantías refirió que conforme lo señalado, a través de esta acción de libertad, se pretende discutir el tema de la interpretación que realiza cada autoridad jurisdiccional respecto a la jurisprudencia constitucional, se ha tenido el cuidado de dar lectura integra de la Sentencia Constitucional Plurinacional y no se ha encontrado lo que se alega en la acción de libertad, no hay definitivamente el termino prohibición, la jurisprudencia constitucional puede interpretar, determinar, establecer parámetros pero no prohibir, su criterio es diferente al del accionante. Con relación al uso excesivo de planteamientos, ha señalado de manera clara las fechas en las que se solicitó nuevamente la cesación a la detención preventiva y lo hizo inclusive antes de que el pronuncie el Auto de Vista que se observa, eso es uso excesivo no siendo posible utilizar dos vías alternativas en las mismas fechas, sin saber el resultado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 687/2021 de 19 de noviembre, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la víctima, en su mérito revocó la Resolución 364/2021 estableciendo la concurrencia de los presupuestos de los arts. 233.1 y 2; 234.1 -elemento domicilio y trabajo- y 2 y 235.2 todos del CPP, disponiendo la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por el plazo de tres meses (fs. 19 a 22).
II.2. Cursa escrito presentado por el peticionante de tutela el 1 de febrero de 2022, solicitando la cesación a la detención preventiva (fs. 23 a 25). II.3. Consta Auto Interlocutorio 42/2022 de 7 de febrero, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva, declarando enervado el elemento domicilio y trabajo, manteniendo concurrente el art. 234.2 y 235.2 del CPP, en la parte in fine, ante la decisión emitida, el solicitante de tutela interpone recurso de apelación oral (fs. 27 a 30). II.4. A través del Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, emitido por Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró procedente en parte el recurso de apelación interpuesto, determinando por desvirtuado el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.2 del CPP y subsistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 de la Ley 1173, manteniendo la medida de detención preventiva (fs. 59 a 60). II.5. Cursa escrito presentado por el accionante el 21 de febrero de 2022 que solicita la cesación a la detención preventiva y se apliquen medidas sustitutivas, mereciendo el decreto de 4 de marzo de 2022 que señala audiencia a efectos de su resolución para el 8 de marzo (fs. 62 y 64). II.6. Consta memorial presentado por el peticionante de tutela el 3 de marzo de 2022, reiterando se señale audiencia de cesación a la detención preventiva ampliando fundamentos, hace conocer que a través del Auto de Vista 42/2022 se enervo el riesgo procesal dispuesto en el art. 234.2 de la Ley 1173 señalando que conforme a la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, no procede la detención preventiva solo por peligro de obstaculización (fs. 68).
El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y seguridad personal; al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades demandadas a través del Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, dispusieron mantener su detención preventiva, cuando la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, establece que no procede la detención preventiva con un solo riesgo del art. 235 del CPP, sino debe además existir necesariamente peligro de fuga. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; b) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0381/2018-52 de 24 de julio y 0528/2018-52 de 14 de septiembre, entre otras, asumieron el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede 4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.
Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los 9El FJ III.2, establece que: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 10El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos” 11El FJ III.4, expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”. 12El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro).
supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento 13El FJ III.2, establece que: “…empero, ante una evidente y manifiesta vulneración del derecho a la libertad, de personas que no son naturales de nuestro país, como en el caso presente, y demostrado como está que el recurrente es extranjero habiendo acreditado ser ciudadano de la República del Congo, o en su defecto tratándose también de indígenas, quienes no tienen conocimiento del derecho positivo, ni de los medios para acceder a una buena defensa, se hace imperioso se otorgue la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, por cuanto la formalidad observada no puede ser exigible a quienes se encuentran en una situación desventajosa, entendimiento que viene a constituir otra subregla, a la excepción de la legitimación pasiva, y que debe aplicarse en el caso presente, en el cual la demanda debió dirigirse contra la autoridad jurisdiccional, y no obstante esta omisión se debe declarar la procedencia del recurso, sin responsabilidad para la autoridad erróneamente recurrida, quien es representante del Ministerio Público, órgano distinto y de funciones diferentes a la autoridad jurisdiccional como es la Jueza Segunda de Instrucción Mixta cautelar de Villa Tunari”. 14El FJ III.3, precisa que: “La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas”. 15El FJ III.1, señala que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente”.
de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre- excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene 16El FJ III.3.1, manifiesta que: “Por lo señalado, prima facie, debe establecerse que en mérito a la organización del Estado, el orden constitucional y el bloque de legalidad imperante, disciplinan para los diferentes órganos públicos, competencias, atribuciones y potestades públicas que deberán ser ejercidas por los servidores públicos, por lo que en virtud al ejercicio de estos roles, todos los actos u omisiones lesivas a derechos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública”. 17El FJ III.1, indica que: “Por consiguiente, no sería correcto sostener que la reparación de los actos lesivos denunciados por el accionante, sean reclamados ante una autoridad judicial que perdió competencia por inhibitoria; más aún cuando existe una autoridad judicial que ejerce plena competencia actual sobre la causa y con suficiente legitimación pasiva para conocer, sustanciar y resolver los recursos ordinarios que correspondan en derecho. En este sentido, no es posible sustentar la falta de legitimación pasiva de la autoridad accionada como causa para neutralizar la presente acción tutelar”. 18El FJ III.5, expresa que: “…se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa.
En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal”. 19El FJ III.2, establece que: “Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.
En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema ordinario o indígena la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.
El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y seguridad personal; al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades demandadas a través del Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, dispusieron mantener su detención preventiva, cuando la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, establece que no procede la detención preventiva con un solo riesgo del art. 235 del CPP, sino debe además existir necesariamente peligro de fuga. Analizados los antecedentes, se tiene que mediante Auto de Vista 687/2021 de 19 de noviembre, se dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por el plazo de tres meses por concurrir los presupuestos de los arts. 233.1 y 2; 234.1 -elemento domicilio y trabajo y 2; y 235.2 todos del CPP (Conclusión II.1) el 1 de febrero de 2022, el impetrante de tutela solicitó cesación a la detención que fue resuelto por el Auto Interlocutorio 42/2022 de 7 de febrero, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, declarando enervado los elementos domicilio y trabajo, concurrente el art. 234.2 y 235.2 del CPP; ante tal decisión, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación (Conclusión II.3) que mereció el Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, emitido únicamente por el Vocal Félix Orlando Rojas Alcón que declaró procedente en parte el recurso de apelación estableciendo por desvirtuado el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.2 del CPP y subsistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 de la Ley 1173, manteniendo la medida de detención preventiva (Conclusión II.4).
Sin embargo, también cursa escrito presentado por el demandante de tutela el 21 de febrero de 2022 solicitando nuevamente cesación a la detención preventiva, así como el memorial de 03 de marzo de 2022 en el cual se reitera se señale audiencia de cesación a la detención preventiva donde amplia fundamentos, haciendo conocer que a través del Auto de Vista 42/2022 se enervo el riesgo procesal dispuesto en el art. 234.2 de la Ley 1173 señalando que conforme a la SCP 0252/2018-52 de 12 de junio no procede la detención preventiva solo por peligro de obstaculización (Conclusiones II.5 y 6). Con relación a la codemandada Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma, esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva a los derechos, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad e ingresar al análisis del fondo de la problemática. En el caso que se examina, conforme se advierte del Auto de Vista 166/2022, dicha resolución fue emitida por Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado- (Conclusión II.4), en cuya emisión no intervino la Vocal codemandada Claudia Marcela Castro Dorado. Toda vez que, del conocimiento y resolución de las apelaciones incidentales en medidas cautelares son de competencia del Vocal de turno de la Sala penal correspondiente, conforme establece el párrafo tercero del art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173; resultando evidente que la nombrada Vocal, no emitió la resolución ahora denunciada; por lo que, carece de legitimación pasiva para ser demandada por las razones expuestas y porque la ejecución de la decisión que se adopte en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional le corresponderá a la autoridad que emitió el fallo, o a quien se encuentra asumiendo esas atribuciones; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a la codemandada Claudia Marcela Castro Dorado por falta de legitimación pasiva. Con relación al Vocal demandado Félix Orlando Rojas Alcón. De los antecedentes cursantes en la presente acción de libertad, se tiene que, el ahora accionante cuestiona la determinación adoptada por el Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero, dictado por el Vocal demandado Félix Orlando Rojas Alcón que declaró parcialmente procedente el recurso de apelación, dando por desvirtuado el riesgo de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP y subsistente el riesgo de obstaculización del art. 235.2 de la Ley 1173, manteniendo la medida de detención preventiva del imputado; sin embargo, antes que el Tribunal de alzada se pronuncie al recurso de apelación interpuesto, se advierte que el ahora impetrante de tutela, el 21 de febrero de 2022 solicitó nuevamente cesación a la detención preventiva y se apliquen medidas sustitutivas, mereciendo el decreto de 4 de marzo de 2022 que señala audiencia a efectos de su resolución para el 8 de marzo (Conclusión II.5), reiterando a través del memorial de 3 de marzo de 2022 a la autoridad jurisdiccional, señalamiento de día y hora de audiencia de consideración para la cesación de la detención preventiva (Conclusión 11.6). En ese contexto se advierte, que antes del planteamiento de la presente acción de libertad, el ahora impetrante de tutela a través del memorial de 21 de febrero de 2022, ya había decidido voluntariamente solicitar al juez de control jurisdiccional una nueva petición de cesación a la detención preventiva, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, que al momento de resolverse la acción de libertad, ya se encontraba en trámite, razón por la que, hace inviable acudir a la jurisdicción constitucional impugnando el Auto de Vista 166/2022 de 24 de febrero que deviene de la primera solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta el 1 de febrero del 2022, por cuanto se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar, lo que conforme al Fundamento Jurídico III.1 impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a analizar el fondo de la acción de libertad por subsidiaridad, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, la Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
7 El cuarto Considerando, señala que: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 8El FJ III.5, indica que: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional”. 20El FJ III.5.1, precisa que: “Es pertinente aclarar que el Director de un Hospital, sea privado o público, tiene el deber de verificar que en la Institución a su cargo no se susciten situaciones irregulares, restrictivas de los derechos de sus pacientes, responsabilidad que emerge de sus funciones y atribuciones propias de máxima autoridad de un Centro hospitalario, aún cuando no hubiese sido dicha autoridad quien dispuso o impidió la salida del Hospital de un paciente por razones estrictamente económicas, pues corresponde a dicha autoridad asumir la responsabilidad por los hechos que se susciten bajo su Dirección por parte del personal, y en su caso, al conocer una situación irregular lesiva de derechos, está en la obligación de corregirlos o subsanarlos, lo que no ocurrió en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0677_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): efdf763dadff66278a83ba7cc9617ef4c7e388e5afa8ebbc92772d200038fb8a
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