B.IA.LEGAL

SCP 0676/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53183-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que: i) Los Fiscales de Materia hoy codemandados, reaperturaron el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, sin notificarle con ese actuado fiscal; para después, imputarlo formalmente por ser presunto autor de la comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, inobservando el principio de legalidad y lo preceptuado por el art. 302.1, 4 y su parte in fine del CPP; además, solicitaron la aplicación de medidas cautelares personales en su contra, sosteniendo la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 45/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 164 a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber lesionado los derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación, del impetrante de tutela; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, únicamente en lo referente al análisis de la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP; debiendo dicha autoridad judicial, emitir una nueva resolución judicial, en atención a los fundamentos jurídicos y motivos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada referente al Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y los Fiscales de Materia; con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identifica; y, 3° En un ámbito previsor y a efectos de dimensionar los alcances del presente fallo constitucional; lo dispuesto a razón de la concesión parcial de la tutela solicitada deberá hacerse efectivo, salvo si la situación jurídica del accionante hubiera cambiado en mérito al transcurso del tiempo y avance del proceso penal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.
  3. III.3. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares personales en meras suposiciones
  4. III.4. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53183-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 45/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 164 a 181 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paula Valeria Zambrana Obando en representación sin mandato de Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento; Iván Cernadas Miranda, Miguel Ángel Cardozo Ramírez y Heisman Favio Maldonado Parada, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 143 a 146 vta.; el accionante por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal que le sigue Ministerio Público, fue reaperturado sin haber sido notificado con ese actuado fiscal; para después, ser imputado formalmente por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, en inobservancia del principio de legalidad y de lo preceptuado por el art. 302.1, 4 y parte in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP). Además, se solicitó la aplicación de medidas cautelares personales en su contra, sosteniéndose la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo, pese a la inexistencia de prueba que lo demuestre y la prohibición de presunciones.

Todas aquellas irregularidades incurridas por los Fiscales de Materia -codemandados-, las puso a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -codemandado-; empero, a través del Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, dicha autoridad judicial le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro; sin valorar la prueba que presentó a fin de desvirtuar la imputación formal expedida en su contra o señalar aquella que demostraría con especificación de modo, tiempo y lugar, su grado de intervención en el hecho investigado y que acreditaría la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización (art. 233.1 y 2 del CPP). Motivo por el que, planteó apelación incidental de medidas cautelares. El merituado medio de impugnación lo resolvió el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, a través del Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio 445/2022; empero, de forma incongruente, con falta de fundamentación y motivación, puesto que, no examinó la resolución judicial emitida por el Juez a quo, incumplió lo preceptuado por el art. 233. 1 y 2 del CPP, y no explicó, con base en prueba, cómo es que llegó a la conclusión de que es autor del hecho investigado y que concurre el riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo; haciendo entrever que, solo desarrolló criterios subjetivos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la imputación formal expedida por los Fiscales de Materia, el Auto Interlocutorio 445/2022 y el Auto de Vista 744/2022; y, b) Su inmediata libertad irrestricta.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 154 a 162, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción de defensa y ampliándolos expresó que: 1) Con la imputación formal se solicitó la apelación de medidas cautelares personales, pero en contra de una persona diferente, “Miguel Eduardo Santiesteban Estroven”; por otro lado, en dicho actuado fiscal, se describió el hecho investigado, pero de forma genérica, sin individualizar el grado de intervención que se tendría, lo que demuestra que, los Fiscales de Materia -codemandados- incumplieron lo preceptuado por el art. 302.1, 4 y parte in fine del CPP; 2) Los actos sindicados, como estar al mando de un contingente militar, con relación al hecho investigado, no constituyen ilícitos penales. Sin embargo, las autoridades judiciales dispusieron se restrinja su derecho a la libertad; 3) Las irregularidades incurridas por los Fiscales de Materia -hoy codemandados-, no fueron corregidas por el Juez de control jurisdiccional -codemandado-; quien, por el contrario, a través del Auto Interlocutorio 445/2022, estableció el grado de intervención que se tendría con relación al hecho investigado pese a su carácter genérico, dando por cumplido lo preceptuado por el art. 233. 1 del CPP; 4) Se presentó prueba ante el Juez de control jurisdiccional -hoy codemandado- que desvirtúa la imputación formal, pero fue valorada; lo que también lesiona el derecho a la defensa; 5) Se dio por concurrente el riesgo procesal de obstaculización, por no haber sido entregada la información y documentación por parte de unidades militares y no por actos propios; lo que demuestra que, se restringió el derecho a la libertad con base a criterios subjetivos; 6) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado- no efectuó una revisión integral del Auto Interlocutorio 445/2022; además que, al emitir el Auto de Vista 744/2022, tampoco explicó cuál es el valor que le dio a la prueba de cargo y descargo; 7) La jurisprudencia constitucional sentó el entendimiento de que, no puede darse por concurrente ningún riesgo procesal, para imponer una medida cautelar personal, con base en meras presunciones. Sin embargo, las autoridades judiciales procedieron de forma contraria a esa noción, generando así, un estado de inseguridad jurídica; y, 8) La incongruencia, falta de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales emitidas por el Vocal y Juez hoy demandados, impiden a que a la postre pueda solicitarse una cesación a la detención preventiva; ya que se desconoce concretamente, con especificación de modo, tiempo y lugar, el hecho investigado sobre el que debe ejercerse derecho a la defensa.

I.2.2. Informe de los demandados

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de noviembre de 2022, cursante a fs. 163, señaló que: i) De la sustanciación del proceso penal, la acción de defensa que se analiza se constituye en el único actuado genérico; puesto que, el impetrante de tutela solo se limitó en expresar que fue lesionado su derecho al debido proceso -en sus elementos fundamentación y motivación-, cuando en todo momento se procedió conforme a lo dispuesto por el art. 279 del CPP; y, ii) En apelación de medidas cautelares, el accionante pretendió que se establezca su grado de intervención en el hecho investigado, cuando esta instancia no tiene ese fin; ya que solo le corresponde al Ministerio Público en la etapa preparatoria del proceso penal, demostrar tal circunstancia en observancia del principio de objetividad, de lo contrario se ejercerían funciones que no encuentran respaldo en la ley. Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: a) El impetrante de tutela no expresó de forma precisa, como es que con la emisión del Auto Interlocutorio 445/2022 fueron lesionados sus derechos; lo que demuestra que, la acción de defensa que se analiza es genérica e imposibilita todo control de constitucionalidad; b) No se incurrió en ninguna irregularidad al imponer detención preventiva al accionante, puesto que, existe prueba que demuestra que el mismo es presunto autor del hecho investigado y que concurre el riesgo procesal de obstaculización; aspectos que fueron fundamentados y motivados en el referido Auto Interlocutorio, el cual fue revisado y confirmado por un Tribunal de alzada a través del Auto de Vista 744/2022; c) A la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se analiza- es otra autoridad judicial la que ejerce control jurisdiccional del proceso penal, por lo que se desconoce si el impetrante de tutela promovió algún medio de defensa contra la imputación formal; si no lo hizo, debe hacerlo si estima que con ese actuado fiscal fueron lesionados sus derechos antes de acudir a la jurisdicción constitucional; y, d) El proceso penal aún se encuentra en etapa preparatoria, donde todos los actuados se basan en probabilidades; es en la etapa del juicio oral donde se determinará la culpabilidad o inocencia del accionante, con relación al hecho investigado, y no en otra, mucho menos en la jurisdicción constitucional; por lo que, corresponde se deniegue la tutela solicitada. Iván Cernadas Miranda, Miguel Ángel Cardozo Ramírez y Heisman Favio Maldonado Parada, Fiscales de Materia; en audiencia de garantías señalaron que: 1) En audiencia de aplicación de medidas cautelares personales ante el Juez de control jurisdiccional -hoy codemandado-, se especificó, con base en prueba, quienes eran los que intervinieron en el hecho investigado, estando entre estos, el impetrante de tutela. Se procedió en igual sentido, al momento de darse por acreditada la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización; motivos por los que, se impuso detención preventiva a los entonces imputados. Lo que demuestra que, la imputación formal se expidió en observancia del principio de legalidad; 2) La acción de defensa que se analiza, hace entrever que el accionante sólo cuestiona el hecho investigado en el proceso penal, pues solo se dedica a hacer alusión al mismo de forma reiterada; empero, no expresa nada con relación a la autoría mediata, que es la manera en la que ejecutó los ilícitos penales que se le sindican; 3) Si el impetrante de tutela estimaba que, con la imputación formal fueron lesionados sus derechos, en su momento debió promover en su contra algún medio de defensa; sin embargo, no lo hizo, pese a las regulaciones de tiempo y forma del Código de Procedimiento Penal; 4) El accionante no presentó una sola prueba que demuestre la supuesta lesión de sus derechos, cuando ello era su obligación; solo se limitó en transcribir el hecho investigado plasmado en la imputación formal. Por otro lado, tampoco expresó a cuál de los supuestos de procedencia de la acción de libertad se adecuaría los hechos denunciados en este proceso constitucional; 5) Lo que pretende el impetrante de tutela es que se efectué control de constitucionalidad de la legalidad ordinaria, sin siquiera cumplir con los prepuestos mínimos exigidos por la jurisprudencia, para que así, la jurisdicción constitucional proceda en consecuencia; 6) No se toma en cuenta por parte del accionante, que se investiga un hecho donde existen diez personas fallecidas y más de treinta y un heridos. Hecho investigado que has sido sometido a dos controles de legalidad, tanto por el Juez de control jurisdiccional, como por un Tribunal de alzada. Lo que demuestra que, la imputación formal cumplió lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP; 7) A la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se analiza- el impetrante de tutela se encuentra privado de su derecho a la libertad como consecuencia de que se le impuso una medida cautelar personal por una autoridad judicial competente; por lo que, mal podría expresar que se encuentra indebidamente procesado; y, 8) Siendo que el Auto Interlocutorio 445/2022 y el Auto de Vista 744/2022 son congruentes y se encuentran fundamentados y motivados, corresponde mantenerlas incólumes, más aún, cuando las autoridades judiciales que las emitieron, a su turno, valoraron toda la prueba que demuestra que el accionante es presunto autor del hecho investigado y que concurre el riesgo procesal de obstaculización.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 45/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 164 a 181 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela se encuentra restringido de su derecho a la libertad de forma legal, puesto que, se le impuso detención preventiva por disposición de una autoridad judicial competente que ejerce control jurisdiccional del proceso penal seguido en su contra; ii) Si el accionante estimaba que con la imputación formal expedida por los Fiscales de Materia codemandados, se lesionaron sus derechos por no haber cumplido lo preceptuado por el art. 302 del CPP o no estar fundamentada y motivada, debió promover en contra de ese actuado fiscal algún medio de defensa, como ser un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de control jurisdiccional -codemandado-, al no haberse conducido en ese sentido, se hace aplicable el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, puesto que, acudió de forma directa a la jurisdicción constitucional, denunciando hechos que debieron ser dilucidados previamente por las autoridades judiciales ordinarias, en el marco de las normas del Código de Procedimiento Penal; iii) Revisado el Auto Interlocutorio 445/2022, se evidencia que el Juez codemandado fundamentó y motivó lo concerniente a la probabilidad de autoría del impetrante de tutela en el hecho investigado, valorando toda la prueba colectada en la etapa preparatoria del proceso penal; lo que demuestra que, dicha autoridad judicial cumplió lo preceptuado por el art. 233.1 del CPP, más aún cuando en este proceso constitucional ni siquiera se describió la prueba de descargo que supuestamente no habría sido valorada; iv) El Juez hoy codemandado, también fundamentó y motivó la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 235. 1 del CPP; ya que explicó con claridad que el accionante, por el nivel militar que ostenta, en libertad podrá materializar alguna de las conductas que alude tal disposición normativa, y así, el Ministerio Público no llegaría a colectar la prueba que busca; tanto es así que, hasta la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales no habría podido concretizar sus propósitos probatorios; v) En lo que respecta al riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 235.2 del CPP, el Juez de control jurisdiccional -ahora codemandado- explicó con claridad que existen testigos militares identificados que aún no prestaron sus declaraciones en el proceso penal, los cuales podrían verse influenciados negativamente por el impetrante de tutela, a razón del nivel militar que ostenta; lo que demuestra que, el Auto Interlocutorio 445/2022 se encuentra fundamentado y motivado; vi) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco de lo dispuesto por el art. 398 del CPP, efectuó una revisión integral del Auto Interlocutorio 445/2022 y se pronunció sobre los agravios denunciados por el accionante a momento de plantear su apelación incidental de medidas cautelares; es así que, valorada toda la prueba, fundamentada y motivadamente, al igual que el Juez a quo, dio por cumplido lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP, por lo que, correctamente confirmó la imposición de la detención preventiva; vii) Por otro lado, el Vocal hoy codemandado, al emitir el Auto de Vista 744/2022, también explicó con claridad que, existe prueba que demuestra la probabilidad de autoría del impetrante de tutela, de los ilícitos penales que se le sindican; y que, en dicha instancia, no correspondía realizar ningún otro análisis, pues su grado de intervención en el hecho investigado, se definiría en otra etapa del proceso penal; criterio que llega a ser correcto; viii) Si el accionante estima que tiene prueba que demuestra que no es autor del hecho investigado, debe presentarla en ejercicio de su derecho a la defensa, ante el Ministerio Público al ser el director funcional de la investigación, y no ante las autoridades judiciales; para que así, los Fiscales de Materia hoy codemandados puedan expedir el requerimiento conclusivo que llegue a corresponder, en observancia del principio de objetividad y en el marco de lo dispuesto por el art. 279 del CPP; y, ix) El Auto de Vista 744/2022 se constituye en una resolución judicial fundamentada y motivada, que explica cuál es el hecho investigado sobre el que, el impetrante de tutela debe defenderse, donde se resalta que fueron identificados fallecidos y heridos; lo que demuestra que, el Vocal ahora demandado no lesionó ninguno de sus derechos. Posteriormente, el accionante solicitó aclaraciones en cuanto: a) A la falta de valoración de la prueba presentada en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, a fin de desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales, por parte del Juez de control jurisdiccional y su incidencia en el Auto Interlocutorio 445/2022; y, b) Sí el Auto de Vista 744/2022 se encuentra o no fundamentado y motivado. A lo que, el Juez de garantías señaló: 1) Es evidente que el impetrante de tutela presentó prueba de descargo ante el Juez de control jurisdiccional -ahora codemandado-, la cual no habría merecido ningún pronunciamiento al emitirse el Auto Interlocutorio 445/2022; sin embargo, en este proceso constitucional no se presentó el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, lo que imposibilita a que se efectué el contraste correspondiente, específicamente en lo concerniente a corroborar si los sujetos procesales realizaron en su momento, los respectivos reclamos sobre el particular; y, 2) Se desarrollaron criterios con los que se concluyó que, el Auto Interlocutorio 445/2022 se encuentra fundamentado y motivado; por lo que, no se incurrió en ninguna contradicción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra Alfredo Mario Irrazabal Guzmán -hoy accionante-; el 7 de octubre de 2022, éste fue imputado formalmente por los Fiscales de Materia -hoy codemandados- por ser presunto autor de la comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves (fs. 112 a 141). II.2. A través del Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, impuso detención preventiva al hoy impetrante de tutela, por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al haberse cumplido lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP y concurrir el riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo. Resolución judicial contra la que, los sujetos procesales plantearon recurso apelación incidental de medidas cautelares (fs. 90 a 95). II.3. Por Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se confirmó el Auto Interlocutorio 445/2022 (fs. 108 a 111).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que: i) Los Fiscales de Materia hoy codemandados, reaperturaron el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, sin notificarle con ese actuado fiscal; para después, imputarlo formalmente por ser presunto autor de la comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, inobservando el principio de legalidad y lo preceptuado por el art. 302.1, 4 y su parte in fine del CPP; además, solicitaron la aplicación de medidas cautelares personales en su contra, sosteniendo la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo, pese a la inexistencia de prueba que lo demuestre y la prohibición de presunciones; ii) El Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, a través del Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin valorar la prueba que presentó a fin de desvirtuar la imputación formal expedida en su contra o señalar aquella que demostraría, con especificación de modo, tiempo y lugar, su grado de intervención en el hecho investigado y que acreditaría la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización; y, iii) A través del Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandando- confirmó el Auto Interlocutorio 445/2022; empero, sin examinar dicha resolución judicial, incumpliendo lo preceptuado por el art.

233.1 y 2 del CPP, y sin explicar, con base en prueba, cómo es que llegó a la conclusión de que es autor del hecho investigado y que concurre el riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo; haciendo entrever que, solo desarrolló criterios subjetivos. En ese sentido, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0424/2019-S4 2 de julio de 2019, desarrolló al respecto, el siguiente entendimiento: “La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’.

No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue reiterado en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la cual determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (el resaltado corresponde al texto original).

III.2. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.

Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, el art. 124 del CPP establece que: “(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación y motivación que realice todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es añadido). Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…” (el resaltado es añadido).

III.3. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares personales en meras suposiciones

Al respecto, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señaló: “Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ‘el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta’ -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras” (el resaltado es añadido).

III.4. Análisis del caso concreto.

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela; el 7 de octubre de 2022, éste fue imputado formalmente por los Fiscales de Materia -ahora codemandados-, por ser presunto autor de la comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves (Conclusión II.1). Motivo por el que, el Juez codemandado, a través del Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses, al haberse cumplido lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP y concurrir el riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo. Resolución judicial que el Vocal demandado confirmó a través del Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, después de resolver la apelación incidental de medidas cautelares planteada en su contra, por el accionante (Conclusiones II.2 y II.3). En ese contexto, la problemática identificada será analizada disgregando los hechos denunciados por el impetrante de tutela en este proceso constitucional, de acuerdo a las irregularidades supuestamente incurridas por cada uno de los demandados.

III.4.1. En cuanto a los Fiscales de Materia codemandados

El impetrante de tutela denuncia ante la jurisdicción constitucional, que los Fiscales de Materia codemandados: a) Reaperturaron el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, sin haberle notificado ese actuado fiscal; y, b) Lo imputaron formalmente por ser presunto autor de la comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves; empero, inobservando el principio de legalidad y lo preceptuado por el art. 302.1, 4 y parte in fine del CPP; además que, solicitaron la aplicación de medidas cautelares personales en su contra, sosteniendo la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo, pese a la inexistencia de prueba que lo demuestre y la prohibición de presunciones. Sin embargo, lo denunciado por el impetrante de tutela no será sometido a control tutelar de constitucionalidad, en vista de que, la prueba presentada en este proceso constitucional demuestra que aquellas irregularidades procesales las puso a consideración para su dilucidación, de forma directa a la jurisdicción constitucional; sin que previamente haya agotado los medios de defensa intra procesales regulados por las normas del Código de Procedimiento Penal, que tienen el mismo propósito, ante la autoridad judicial que ejerce control jurisdiccional del proceso penal que le sigue el Ministerio Público. Circunstancia que hace aplicables los efectos jurídicos del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En ese sentido, si el accionante estimaba que los Fiscales de Materia codemandados con su proceder lesionaron sus derechos, debió promover -en tiempo y forma oportuna- los correspondientes incidentes de actividad procesal defectuosa, en el marco de lo dispuesto por los arts. 167, 169 y 170 del CPP, con el objeto de procurar su corrección, hasta consumar toda instancia ordinaria de ser necesario; antes de interponer la acción de defensa que se analiza. Por ello, siendo que existen medios de defensa intra procesales idóneos que no han sido agotados y que son conducentes para dilucidar las irregularidades procesales identificadas; corresponde denegar la tutela solicitad con relación a los Fiscales de Materia codemandados, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.

III.4.2. En cuanto al Juez codemandado

El impetrante de tutela también denuncia que el Juez codemandado, a través del Auto Interlocutorio 445/2022, le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin valorar la prueba que presentó a fin de desvirtuar la imputación formal expedida en su contra o señalar aquella que demostraría, con especificación de modo, tiempo y lugar, su grado de intervención en el hecho investigado y la que acreditaría la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización. No obstante, al igual que lo manifestado en el apartado anterior, lo denunciado por el impetrante de tutela no será sometido a control tutelar de constitucionalidad; en vista de que, si estimaba que a través del Auto Interlocutorio 445/2022, sus derechos fueron lesionados por parte del Juez codemandado, debió plantear contra esa resolución judicial, recurso de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP, al constituirse en un medio de impugnación idóneo y regulado por ley, orientado a que, un Tribunal de alzada pueda revisar y reparar -de ameritar el caso- lo denunciado de forma directa ante la jurisdicción constitucional. Ahora bien, siendo que la prueba presentada en este proceso constitucional, demuestra que el accionante sí planteó en su momento aquel medio de impugnación, el cual llegó a ser resuelto a través del Auto de Vista 744/2022 (igualmente cuestionado); la jurisdicción constitucional se ve impedida de abrir su competencia y efectuar una evaluación sobre las supuestas irregularidades incurridas por el Juez codemandado al emitir el Auto Interlocutorio 445/2022, siendo que ya fueron sometidas a una revisión de legalidad por otra autoridad judicial con competencia para ello; de lo contrario, se generaría una disfunción procesal traducida en un doble examen sobre un mismo actuado judicial. Circunstancia que hace aplicable los efectos jurídicos del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En ese sentido, el control tutelar de constitucionalidad a efectuarse, se circunscribirá únicamente a lo resuelto a través del Auto de Vista 744/2022, por ser la resolución judicial de cierre emitida en la vía incidental de medidas cautelares personales. Actuado judicial mediante el que se pudieron corregirse, enmendarse y/o anularse -de ameritar el caso- las supuestas irregularidades incurridas por el Juez codemandado. Por ello, en lo que respecta a dicha autoridad judicial, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.

III.4.3. En cuanto al Vocal demandado

El impetrante de tutela de la misma manera denuncia que el Vocal demandando, a través del Auto de Vista 744/2022, confirmó el Auto Interlocutorio 445/2022; empero, sin examinar dicha resolución judicial. Incumpliendo así, lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP, y sin explicar, con base en prueba, cómo es que llegó a la conclusión de que es autor del hecho investigado y que concurre el riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo; haciendo entrever que, solo desarrolló criterios subjetivos. Al respecto, de la lectura del Auto de Vista 744/2022, se tiene que el Vocal demandado, evidentemente confirmó la resolución judicial mediante la que se impuso detención preventiva al accionante; determinación que sustentó en los siguientes criterios (“CONSIDERANDO III”): 1) “Considerando que la apelación planteada por la parte imputada Alfredo Mario Larazabal radica en que la vigencia de los riesgos previsto en el artículo 233 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, la probabilidad de Autoría y peligro de obstaculización, las normas previsto en los artículos 235, numeral 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal, hacen ver que al momento de que el Juez A quo emitido su decisión, no se evidencia una debida fundamentación para que persista estos riesgos. (…) esta Sala establece que esos son los riesgos los agravios que hizo conocer la parte imputada ante esta sala ha objeto de que se viabilice su petitorio…” (sic [el resaltado es añadido]); 2) “…articulo 233 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, el Juez hace mención a elementos sustanciales como es fecha 10 de noviembre de 2019 se vienen incrementado las protestas post electorales en diferentes regiones del país, una de ellas fue en la ciudad del Alto, motivo por cual ante la denuncia del entonces presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado de prensa de 11 de noviembre de 2019, señala que a partir de aquel momento, el mando militar había ordenado el despliegue de unidades militares a efectos de que ejecuten el Plan Sebastián Pagador, más adelante sostiene que se consideró para su ejecución al Ejército de Bolivia, fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana y Policía Boliviana, teniendo como propósito es filtrar cisternas cargadas con combustible gas GLP que se montaban al interior de la planta de Sencata.

En 2019 se desplazaron del Aeropuerto de Yacaiba, personal, instructores y alumnos de la Escuela de Condores de Bolivia Óscar Escobar Miranda al mando del mayor Alfredo Mario Irrazabal Guzman quiénes se desplazaron aviones FAB 65 Hercules, más adelante se menciona, llegando al destino dice finales del Colegio Militar de la zona Sur, señala que acompañado al personal anteriormente referido se encontraban las Fuerzas especiales de la Escuela de Controles Bolivianos ESCONBOL que estaba al mando del mayor Alfredo Irazzabal Guzmán, quien tenía la finalidad de reforzar la planta de Sencata, también sostiene en la resolución el señor Juez que se ve se evidencia la participación de ese personal militar especializado, los tiradores, todos equipados con armamento letal, hicieron uso irracional y tras proporcionado de la fuerza en contra de la población civil desarmada, registrando el saldo de 31 personas heridas y diez personas fallecidas, son antecedentes facticos que motivan el inicio de la investigación y el transcurso y desarrollo de la misma, se puede identificar la probable participación de ciudadano Alfredo Mario Irrazabal Guzman, ya que esta persona como miembro de las Fuerzas Armadas y su condición de el segundo de ESCONBOL había participado en los hechos donde se registran personas heridas y fallecidas. Estos son los elementos que ha tomado en cuenta para la probabilidad de autoria y la parte apelante, en lo sustancial sostiene lo siguiente, no menciona que hubiera ordenado disparar a cargo de la planta de Sencatael imputado Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, es decir, que el sustento de la parte apelante debe verificarse en forma objetiva, si el imputado ha ordenado disparar, en el que se encuentran como fallecidas 10 personas civiles y 31 personas heridas con proyectiles de arma de fuego. Precisamente se está en etapa investigativa y en la audiencia de apelación incidental se pretenda que una sala de apelación sostenga, afirme que el imputado ha ordenado disparar, o en su defecto no ha ordenado disparar, constituiría una conducta de una Autoridad Jurisdiccional que no condice como tal, porque los fiscales investigan y los jueces juzgan y en esta etapa investigativa corresponde que bajo el principio de objetividad al Ministerio Público, verificar si estos fundamentos expuestos en la probabilidad de Autoría ante una resolución que no es definitiva, como es la resolución de imputación formal, corresponde al Ministerio Público investigar y no una sala, verificar y sostener si efectivamente el imputado ha disparado o no ha disparado, o ha ordenado disparar o no ha ordenado disparar, ello sería inmiscuirse en actividades propias del Ministerio Público, por lo que sobre este punto no se evidencia agravio” (sic [el resaltado es añadido]); 3) “El artículo 235 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal establece que el imputado destruya, modifique o suprima al que elementos de prueba y el Juez sostiene que en su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, tiene conocimiento de esta documentación y el lugar donde se encuentra, si es verídica afirmación del Señor Juez o no es verídica, sin embargo, se está en esta etapa y como riesgo procesal que el Juez no ha emitido una decisión sobre suposiciones o presunciones, sino sobre elementos objetivos, sobre la calidad del imputado, a que institución pertenece, qué documentación requiere el Ministerio Público y de que institución está solicitando documentación al respecto para continuar las investigaciones, por ello, el artículo 235 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal establece que el imputado destruya, modifico, oculte, suprima, falsifique documentos o elementos de prueba y por ello el Juez ha adoptado esta decisión en base ha que el imputado tiene una comisión determinada la profesión que tiene, dependientes de qué institución es, de qué institución está solicitando el requerimiento al Ministerio Público que está establecido en esta resolución del Juez, por lo que no se evidencia agravio” (sic [el resaltado es añadido]); y, 4) “Respecto a artículos 235 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal, que el Juez adopta una decisión en forma subjetiva, ello no es evidente, porque en este riesgo ha tomado en cuenta que esta investigando un caso, existen otros ciudadanos que se va a investigar también imputados y es importante resguardar, dice el desarrollo normal de la investigación, sin posibilidad de que el imputado pueda tomar contacto con personas que se encuentran investigadas o testigos que sean convocados por Ministerio Público, pues ellos se encuentran a personal militar que por el grado y rango que ostenta el imputado, es posible que el mismo influya negativamente, se está mencionando a personas como testigos de esta profesión, personal militar, el imputado, es de profesión también militar, en consecuencia sobre este punto, de igual manera no se evidencia agravio” (sic [el resaltado es añadido]). Ahora bien, de los criterios traídos a colación, que sustentan la parte dispositiva del Auto de Vista 744/2022; contrastados con lo denunciado por el impetrante de tutela en este proceso constitucional, se establece que: i) El Vocal demandado identificó los agravios que el accionante acusó frente a la emisión del Auto Interlocutorio 445/2022, que se relacionan con lo preceptuado por el art. 233.1 y 2 del CPP y con el riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo; sobre los cuales se pronunció desarrollando sus respetivos criterios en tópicos separados; lo que demuestra que, dicha autoridad judicial procedió en el marco de lo dispuesto por el art. 398 del CPP , constituyendo así al Auto de Vista 744/2022, en una resolución judicial congruente; puesto que, su contenido manifiesta una clara coincidencia entre lo que fue pedido con lo ha sido resuelto. Por ello, no es evidente lo denunciado por el impetrante de tutela, en lo concerniente a que el Vocal demandando supuestamente no habría efectuado un examen de los considerandos y parte dispositiva del Auto Interlocutorio 445/2022; ya que dicha autoridad judicial, en lo atinente a este acápite, sí dictó el Auto de Vista 744/2022 conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, cumpliendo con su obligación legal y constitucional de dar una respuesta a todas las postulaciones que se le hizo como Tribunal de alzada, encargado de dilucidar una apelación incidental de medidas cautelares. ii) En lo que atañe a lo preceptuado por el art. 233.1 del CPP; el Vocal demandando explicó, a manera de antecedente, cuál es el hecho investigado en el proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el accionante; para después señalar, haciendo referencia a los considerandos y a la valoración probatoria desarrollados en el Auto Interlocutorio 445/2022, el grado de intervención delictiva que tendría como efectivo militar y comandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOMBOL), en lo acaecido el 19 de noviembre de 2019 en la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata de El Alto del departamento de La Paz; donde se habrían suscitado conflictos entre la sociedad civil y miembros de las fuerzas de seguridad (Policía y Ejército), por asuntos preelectorales de los que resultaron personas heridas y fallecidas por armas de fuego. Lo que da cuenta que, el Vocal demandado sí fundamentó y motivó lo preceptuado por el art. 233.1 del CPP, con relación al impetrante de tutela; por lo que, correctamente concluyó que a través del Auto Interlocutorio 445/2022 no se le género ningún agravio, ha momento de ser compulsada esa disposición normativa. En ese sentido, si bien en el Auto de Vista 744/2022 no se desarrollaron sobre el particular criterios ampulosos, los que contiene manifiestan con suficiencia la existencia de un presunto hecho delictivo y distinguen a las personas que llegarían a ser responsables del mismo. Además, dicha autoridad judicial demandada clarificó cuáles son sus competencias como Tribunal de alzada, haciendo una clasificación de las funciones que tiene el Ministerio Público y los juzgadores; a fin de resaltar el carácter provisional y accesorio de las medidas cautelares personales, y enseñar que la definición del objeto de un proceso penal solo depende de los actuados investigativos que se ejecuten en su etapa preparatoria. Por ello, no es evidente lo denunciado por el accionante, en lo concerniente a que el Vocal demandando no habría explicado cómo es que llegó a la conclusión que sería presunto autor del hecho investigado; puesto que, dicha autoridad judicial efectuó un examen de los considerandos y parte dispositiva del Auto Interlocutorio 445/2022, para dar por cumplido lo preceptuado por el art. 233 núm. 1 del CPP; lo que demuestra que, en lo atinente a este acápite, sí dictó el Auto de Vista 744/2022 conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, cumpliendo con su obligación legal y constitucional como Tribunal de alzada, encargado de dilucidar una apelación incidental de medidas cautelares. iii) En lo que incumbe al riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP, el Vocal demandado, después de examinar los considerandos y parte dispositiva del Auto Interlocutorio 445/2022; concluyó que, en el proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, concurre el riesgo procesal de obstaculización por dos razones que buscó explicar de la siguiente manera: a) El accionante, al ser efectivo militar y por el nivel jerárquico que ostenta, tiene conocimiento de la ubicación de las unidades militares donde se encuentra la documentación e información que los Fiscales de Materia codemandados buscan colectar; por ello, existe el riesgo de que destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique la prueba que demostraría el hecho investigado; y, b) Están propuestos como testigos, efectivos militares que aún no prestaron sus declaraciones; sobre los cuales, el impetrante de tutela, por el nivel jerárquico que tiene dentro de las Fuerzas Armadas, igualmente podría influir negativamente a fin de que informen falsamente o muestren una conducta reticente. Lo que demuestra que, los criterios sentados por el Vocal demandado, al momento de pronunciarse respecto a la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP, constituyen conclusiones precedidas de meras suposiciones; puesto que, no explica cómo es que el hecho de que el accionante sea un efectivo militar con un alto nivel jerárquico dentro de las Fuerzas Armadas, provoca sin que se haya evidenciado objetivamente, la tendencia a modificar, ocultar, suprimir y/o falsificar prueba, o a influir negativamente en testigos propuestos a fin de que informen falsamente o muestren una conducta reticente. Proceder con el que dicha autoridad judicial, configuró al Auto de Vista 744/2022, en una resolución judicial infundada e inmotivada; lo que está vedado por la jurisprudencia constitucional en el tratamiento de las medidas cautelares personales, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Si el Vocal demandando comprendió que, con relación al impetrante de tutela concurre el riesgo procesal de obstaculización, debió precisar la conducta obstruccionista que éste desplegó, explicar a cuál de los supuestos fácticos descritos en los núm. 1 y 2 del art. 235 del CPP se adecuo, y principalmente, describir y valorar la prueba que demostraría su concurrencia, a fin de no colocarlo en un estado de incertidumbre jurídica. Empero, siendo evidente que dicha autoridad judicial no procedió aquel sentido, dispuso confirmar la imposición de una medida cautelar personal, como es la detención preventiva, con base en meras presunciones; aspecto que prohíbe la jurisprudencia constitucional, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese sentido, siendo que con la emisión del Auto de Vista 744/2022, específicamente en lo concerniente al establecimiento de la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP; el Vocal demandado sí incurrió en las irregularidades denuncias por el accionante, concierne a la jurisdicción constitucional reparar las misma, al haber desembocado en la lesión de sus derechos fundamentales. Por lo que, en lo que respecta a este acápite, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 45/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 164 a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber lesionado los derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación, del impetrante de tutela; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 744/2022 de 28 de octubre, únicamente en lo referente al análisis de la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP; debiendo dicha autoridad judicial, emitir una nueva resolución judicial, en atención a los fundamentos jurídicos y motivos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada referente al Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y los Fiscales de Materia; con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identifica; y, 3° En un ámbito previsor y a efectos de dimensionar los alcances del presente fallo constitucional; lo dispuesto a razón de la concesión parcial de la tutela solicitada deberá hacerse efectivo, salvo si la situación jurídica del accionante hubiera cambiado en mérito al transcurso del tiempo y avance del proceso penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 (Competencia): “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

2 (Requisitos para la Detención Preventiva): “1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible”.

3 (Peligro de Obstaculización): “1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0676_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7507822885f1c1741205101b55a27cd60bd6a4e5b838fe22b8c37fdd351cf34d

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