Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de octubre de 2024
Deniega la tutela
La accionante denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones y el derecho de acceso a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que, las autoridades demandadas al declarar infundado su recurso de casación, no consideraron que la entidad municipal demandada no negó que su derecho propietario es posterior al suyo, de manera que interpretaron erróneamente la norma civil. Corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 319 a 323 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada todo conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2024-S4 Sucre, 8 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52355-2022-105-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 161/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 319 a 323 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vicenta Gonzales Bayo contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 280 a 294 vta., la accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Conforme sale del testimonio de propiedad y folio real vigente, refrendado por el certificado de propiedad y alodial extendido por Derechos Reales (DD.RR.), acreditó que es propietaria de un bien inmueble de 325 m de superficie, ubicado en la zona de Ckara Punku, marcado como lote 1 y con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0011610, Asiento A-1 de titularidad de dominio de 9 de noviembre de 1999; derecho que fue adquirido a título oneroso de su anterior propietario Asilo Belisario Boeto. A partir de la fecha en que compró el inmueble, además de inscribir su derecho propietario en DD.RR y empadronar el mismo en el Gobierno Municipal de Sucre; pagar impuestos desde 1999 y efectuar, una serie de trámites municipales, tales como la introducción en el pago impositivo anual, construyó prácticamente en forma inmediata a la compra y especialmente, constituyó domicilio en ese lugar junto a su familia que tiene acceso a energía eléctrica, alcantarillado y agua potable desde hace diez años y gas domiciliario desde hace cuatro aproximadamente. De acuerdo al recibo de pago del Impuesto Anual Municipal de la gestión 2004, la superficie construida alcanza a 61,18 m, la cual se incrementó en 2014, a 147,14 m y finalmente, en la gestión 2015, refleja la superficie actual de 270,31 mconstruidos. No obstante de lo anterior, fue sorprendida por servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, quienes señalando que debía regularizar el derecho propietario de la zona con fundamento en la Ley 247 de 5 de junio de 2012 –Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda– le informaron que parte de su inmueble se encuentra en área municipal motivo por el que tendría que retroceder, ceder o perder un total aproximado de 145 m, afectando la fachada del inmueble donde se encuentra la construcción más antigua y la parte trasera del mismo que también tiene una construcción y un sembradío, lo que lógicamente causaría una reducción de su derecho propietario en una superficie considerable, razón por la cual, tuvo el propósito de contrastar sus documentos de propiedad con los del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; no obstante, no fue posible hacerlo porque la indicada entidad aparentemente no cuenta con documentos de propiedad, pese a que señalan que ya aprobaron el plano que afecta su derecho propietario, por lo que se pregunta ¿Sobre qué documentación propietaria aprobaron la afectación de su terreno?; sin embargo, pese a ello, continuaron insistiendo en que parte de su derecho propietario estaría en área municipal y por ello, debe ser afectado, olvidando que su inmueble se halla en simetría con el resto de los inmuebles que cuenta con una acera consolidada de más de dos metros de ancho en la parte más angosta y más de tres metros en la parte más ancha. Con esos antecedentes, interpuso demanda de mejor derecho contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la que fue declarada probada por el Juez Público Civil y Comercial del departamento de Chuquisaca quien consideró que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no demostró derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, situación que no podía servir de base para que, en apelación, el Tribunal de apelación revocara el fallo de primera instancia cuando pronunció el Auto de Vista SCCI 42/2022 de 15 de febrero, introduciendo un aspecto que no fue discutido en el proceso, como es que no se hubiera demostrado el derecho propietario de la citada entidad y su registro, puesto que ninguna de las partes presentó un documento que acredite el mismo, por lo que se señaló que su demanda es inviable y que por eso, debe ser declarada improbada. De esa forma, entendiendo la vulneración del principio de congruencia y que la no acreditación del derecho propietario del municipio y su registro, no resulta óbice para declarar su mejor derecho propietario, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo; empero, los Magistrados demandados, declararon infundada su pretensión a través del Auto Supremo 307/2022 de 9 de mayo, sin considerar que el municipio no negó que su derecho propietario es posterior al suyo, por lo que dicho silencio, es una admisión de esos dos hechos lo cual es relevante para demostrar la existencia de un mejor derecho.
Tampoco consideraron la confesión espontánea efectuada por el propio Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en su recurso de apelación, en el que reconoció tener un derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, aspecto que deja por descontado y desvirtuado que no se hubiera demostrado y alegado ese derecho propietario del citado ente municipal confesión judicial espontánea que en el marco de la previsión contenida en el art. 156 del Código Procesal Civil (CPC), debió ser suficiente para tener por sentado y demostrado el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, de esa forma, interpretación erróneamente el art. 1545 del Código Civil (CC); así como, sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La accionante denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones y el derecho de acceso a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Supremo 307/2022 de 9 de mayo y se ordene a los Magistrados demandados pronunciar nueva Resolución que respete y garantice sus derechos constitucionales.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 309 a 318, presentes la solicitante de tutela y su abogado, el representante legal de la tercera interesada; y, ausentes las autoridades demandadas se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su demanda de acción tutelar.
Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú; Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por informe escrito presentado el 9 de diciembre de 2022 que cursa de fs. 303 a 305, refirieron lo siguiente: a) En relación a la denunciada vulneración del debido proceso en su vertiente valoración probatoria y aplicación indebida e incorrecta del art. 1544 del Código Civil, la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, orientó cuáles son los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario de bienes sujetos a registro, evidenciándose que la accionante no acreditó la existencia de dos derechos propietarios debidamente registrados en DD.RR. sobre el mismo inmueble y por cuya prelación de registro deba pronunciarse una decisión de fondo, debido a que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al responder la demanda, señaló que no ostenta derecho propietario alguno sobre el predio objeto de la litis y menos aún, con registro propietario en la citada institución sobre el mismo, situación que fue acreditada por el informe pericial de fs. 136 a 146, datos por los que se estableció con absoluta precisión que en la causa no existen dos derechos propietarios registrados que puedan ser confrontados en cuanto a la prelación de su inscripción, lo que hace improcedente la acción; b) Se cuestiona también, que el Tribunal de alzada al revocar la Sentencia, consideró agravios que no fueron expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la municipalidad, lo cual no es evidente, porque en el Auto de Vista pronunciado, se estableció que el recurso de apelación estuvo orientado a acusar el incumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de mejor derecho propietario; lo que, derivó en la comprobación de la ausencia de registro de la parte demandada; lo cual, no puede ser considerado como incongruente o ultra petita; y, c) La acción de amparo constitucional, no es una instancia procesal ni de casación supletoria, de manera que no sustituye recursos legales.
Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su abogado-apoderado, señaló que no fueron cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de mejor derecho propietario porque la entidad nunca indico que tuviese algún derecho propietario sobre el inmueble de propiedad de la accionante; de manera que, no existía ninguna confrontación, oposición o cuestionamiento de parte de la entidad al respecto.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 161/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 319 a 323 vta, denegó la tutela solicitada, exponiendo los siguientes fundamentos: 1) El Auto Supremo 307/2022 de 9 de mayo, efectuando una relación de los antecedentes del proceso sustanciado en la vía ordinaria, desarrolla el contenido del recurso de casación, describe la doctrina aplicable al caso y refiriéndose concretamente al mejor derecho propietario y a la jurisprudencia emitida al respecto, expone los fundamentos de la resolución, pronunciándose inicialmente sobre el recurso de casación en la forma y en cuanto al fondo; en ese sentido, respecto a la vulneración del debido proceso por ser el Auto de Vista incongruente y ultra petita, señala que la resolución de apelación debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de impugnación y fundamentación, contexto en el que señala que el Auto de Vista 42/2022 de 15 de febrero, identificó los agravios expuestos en la apelación, en relación a dos aspectos, que la sentencia apelada no cumple con los tres presupuestos establecidos por la jurisprudencia; así el Auto Supremo (AS) 648/2013 y lo prescrito por el art. 1545 del CC, como lo relativo a que ambos títulos de la demandante y de la entidad demandada, provengan de un mismo origen y que no existe antecedente dominial de títulos ni un vendedor común en atención a que el predio se encuentra en estado rústico; en ese sentido, las autoridades demandadas indican que el Tribunal de segunda instancia, entendió correctamente que los dos reclamos formulados por la hoy impetrante de tutela, estaban orientados a cuestionar la errónea interpretación de normativa legal y doctrinal relativa al instituto de mejor derecho propietario que devino en una errónea valoración probatoria, lo que motivó que los Vocales analicen la prueba aportada por las partes al proceso en función a los fundamentos de la demanda, estableciendo a partir de ello, que en la causa no existían dos títulos de propiedad registrados en DD.RR. que deban ser confrontados, requisito sin el cual, no resulta procedente dicha demanda conforme establece el art. 1545 del CC, concluyendo que al revocarse la sentencia, no existió error; y, 2) En cuanto al segundo motivo recursivo de apelación respecto a la errónea interpretación de la norma señalada, las autoridades demandadas consideraron que la pretensión de la hoy accionante, no cumple con el primer requisito; es decir, la existencia de dos derechos propietarios debidamente registrados por cuya prelación de registro, se deba determinar a través de una decisión de fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante demanda ordinaria de declaración de mejor derecho propietario, Vicenta Gonzales Bayo de Quispe, hoy accionante solicitó a la jurisdicción ordinaria pronunciar sentencia que declare que el registro de su derecho propietario es anterior al que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (44 a 48). II.2. Por Sentencia 083/2021 de 28 de septiembre, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Chuquisaca, declaró probada la demanda y en consecuencia, el mejor derecho propietario de la hoy solicitante de tutela (fs. 168 a 171). II.3. Apelado el fallo de primera instancia, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista SCCI 42/2022 de 15 de febrero, revocó la Sentencia 083/2021 (fs. 211 a 212). II.4. La impetrante de tutela interpuso recurso de casación que fue declarado infundado por Auto Supremo 307/2022 de 9 de mayo. Pronunciado por los Magistrados ahora demandados (fs. 261 a 265).
La accionante denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones y el derecho de acceso a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que, las autoridades demandadas al declarar infundado su recurso de casación, no consideraron que la entidad municipal demandada no negó que su derecho propietario es posterior al suyo, de manera que interpretaron erróneamente la norma civil. Corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0726/2020-S4 de 12 de noviembre, citando la SCP 0411/2019-S4, en lo concerniente al tema, argumentó: “El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, que conforme al entendimiento asumido en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, ´..consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa´. En cuanto a los elementos que constituyen el señalado derecho, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció los siguientes componentes: “1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”. Corresponde también señalar que, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, estableció que, en el ámbito procesal, tal derecho debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o de favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales, siempre de la manera más favorable, de manera que se asegure una justicia material, por encima de una formal “(las negritas son nuestras).
La acción de mejor derecho materializa la previsión contenida en el art. 1545 del CC que, al referirse a la preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble, señala que si por actos distintos, ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título. El Tribunal Supremo de Justicia, señala que en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, “el presupuesto esencial radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”. La línea jurisprudencial asumida por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, orientó que para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujetos a registro, existen tres condiciones o requisitos:
i. Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; ii. Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, criterio que fue ampliado en interpretación extensiva que considera que no puede negarse una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, pues dicho criterio restringido de la norma, no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes que es fin esencial del Estado, motivo por el cual, en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, sino que un mismo bien haya sido transferido a varias personas por diferentes vendedores, la dilucidación del mejor derecho propietario requiere efectuar un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos para establecer si existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario; y, iii. La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad.
La accionante denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones y el derecho de acceso a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, debido a que las autoridades demandadas al declarar infundado su recurso de casación, no consideraron que la entidad municipal demandada no negó que su derecho propietario es posterior al suyo, de manera que interpretaron erróneamente la norma civil. La revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, evidencian que Vicenta Gonzales Bayo ahora accionante, a través de la demanda ordinaria de declaración de mejor derecho propietario, solicitó a la jurisdicción ordinaria pronunciar sentencia que declare que el registro de su derecho propietario es anterior al que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; y así obtuvo a su favor, la Sentencia 083/2021 de 28 de septiembre, por la que la Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Chuquisaca, declaró probada la demanda y en consecuencia, su mejor derecho propietario sobre el inmueble ubicado en el área urbana de la ciudad de Sucre, sito en la zona de Quirpinchaca, calle sin denominación y sin número que fue adquirido a título oneroso de su anterior propietario, el Asilo Belisario Boeto, frente al no acreditado registro del derecho propietario de la parte demandada. Apelado el fallo de primera instancia, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista SCCI 42/2022, revocó la Sentencia 083/2021 señalando que era evidente la errónea aplicación e interpretación por la A quo de la norma contenida en el art. 1545 del CC y la doctrinal legal invocada en el recurso de apelación, pues en el caso no se acreditó que existan dos títulos de propiedad que hubiesen sido inscritos en DD.RR. respecto de la transferencia del bien inmueble motivo del proceso y conforme da cuenta el informe pericial cursante en el expediente, habiéndose acreditado únicamente el registro a nombre de la demandante más no así el del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, requisito sin el cual no es procedente acoger el instituto procesal demandado.
La impetrante de tutela interpuso recurso de casación denunciando interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1545 del CC con relación al art. 125 num. 2) del CPC porque la falta de presentación del registro propietario de la parte demandada no es óbice para la procedencia de su pretensión; así como, la vulneración del debido proceso porque el Auto de Vista es incongruente y ultra petita; toda vez que, el argumento de la improcedencia de la demanda por falta de registro de la otra parte, no fue motivo del recurso de apelación deducido por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; sin embargo, el Tribunal recovó la Sentencia con base a un reclamo no efectuado. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, entonces integrada por ambas autoridades demandadas, a través del Auto Supremo 307/2022 declaró infundado el recurso interpuesto por la hoy impetrante de tutela; señalando que, el Tribunal de segunda instancia entendió correctamente que los reclamos de la apelante estaban orientados a cuestionar la errónea interpretación de la normativa legal y doctrinal relativa al instituto de mejor derecho propietario, de esa forma, previo análisis de la prueba aportada por las partes al estableció que no existían dos títulos de propiedad registrados en DD.RR. que deban ser confrontados en cuanto a la prelación de su registro, pues únicamente se acreditó y demostró el registro de la demandante en DD.RR. respecto al inmueble motivo del proceso, mas no así del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, requisito sin el cual no resulta procedente el mejor derecho propietario conforme lo establece el art. 1545 del Código CC, por lo que de forma correcta, concluyó que la Juez de la causa incurrió en errónea aplicación e interpretación de la citada norma y la doctrina legal invocada en el recurso de apelación.
Precisados los antecedentes que dieron origen a la acción de defensa venida en revisión, en la que la accionante denuncia lesión del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones y el derecho de acceso a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, puesto que considera que no correspondía que las autoridades demandadas declaren infundado su recurso de casación porque no tomaron en consideraron que la entidad municipal demandada no negó que su derecho propietario es posterior al suyo, de manera que interpretaron erróneamente la norma civil. Ahora bien, en relación a la acción civil planteada por la accionante, se tiene que adjuntando sus documentos de propiedad sobre un lote de terreno sito en la zona Ckara Punku de la ciudad de Sucre, el cual adquirió de su anterior propietario; es decir del Asilo Belisario Boeto, en una superficie de 325 m transferida sin urbanizar y a través de la demanda interpuesta ante la autoridad jurisdiccional en material civil, solicitó se declare su mejor derecho propietario en relación al que presumiblemente ostentaría el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, entidad que al responder negativamente la pretensión de la actora, señaló que no discute el derecho propietario de la misma y que lo que se busca es la regularización de su derecho propietario que es un trámite técnico administrativo que es de competencia exclusiva del Gobierno Municipal. De esa forma, el pronunciamiento de los Magistrados integrantes de la Sala Civil, contenida en el Auto Supremo 307/2022, al efectuar el contraste entre los presupuestos de la demanda interpuesta por la hoy solicitante de tutela con los lineamientos establecidos tanto por el art. 1545 del citado codigo como por su jurisprudencia, concluyó que fue acertada la revocatoria de la Sentencia dispuesta por el Tribunal de segunda instancia, puesto que es correcto declarar improbada la demanda debido a que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre no alegó mejor derecho propietario que suponga registro propietario anterior al de la demandante Vicenta Gonzales Bayo; de manera que no se cumplieron los presupuestos para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario, en la que es necesario que ambos títulos se encuentren debidamente inscritos en Derechos Reales; más aún, si el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en su respuesta a la demanda indicó que la única finalidad de que funcionarios de su dependencia se apersonaran al domicilio de la actora, fue que la misma regularice su derecho propietario sobre el inmueble mediante trámite administrativo que corresponde exclusivamente al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; es decir, que el municipio en ningún momento alegó derecho propietario sobre el predio objeto de la litis, de ahí que no resulta evidente la errónea interpretación y aplicación del art. 1545 del CC, con relación al art. 125 num. 2) del CPC. En el contexto planteado, no se encuentra en el razonamiento expuesto por las autoridades demandadas error o incongruencia puesto que, se emitió pronunciamiento previo análisis fáctico y normativo en relación a la pretensión expuesta por la entonces demandante, hoy impetrante de tutela, quien evidentemente pretende que la jurisdicción ordinaria declare la preferencia en el registro de la inscripción de su derecho propietario; empero, no existe otra persona o persona jurídica que reclame similar derecho sobre el mismo inmueble, incumpliéndose el presupuesto esencial que hace viable la acción de mejor derecho propietario que concluye con una resolución que declara a quien corresponde el mismo; es decir, que no existen como mínimo dos adquirentes de la misma cosa que reclamen derecho propietario para que se pueda exigir al Tribunal Supremo de Justicia, un pronunciamiento expreso al respecto en el momento de resolver el recurso de casación puesto a su conocimiento; consecuentemente, lo resuelto es correcto y no es evidente la vulneración del debido proceso en sus vertientes valoración de la prueba, pertinencia y congruencia de las resoluciones. En cuanto a la denuncia vulneración del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma que garantice el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa. En ese contexto, para que el derecho invocado como vulnerado sea objeto de protección por la justicia constitucional; es decir, que se emita un pronunciamiento judicial, deben cumplirse los requisitos establecidos en la norma, lo que no ocurre en el caso motivo de la solicitud de tutela constitucional, en la que la acción de mejor derecho propietario deducida por la accionante no cumple los presupuestos para su activación; debido a que, no existe controversia respecto a la titularidad del inmueble adquirido por Vicenta Gonzales Bayo mediante compraventa del anterior propietario; porque, no existe otra persona que hubiesen adquirido el mismo y reclame algún derecho de preferencia en la inscripción; consecuentemente, no resulta evidente que los Magistrados demandados hubiese vulnerado el mismo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aplicó correctamente los alcances de la presente acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 319 a 323 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada todo conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
1 Auto Supremo 89/2012 de 25 de abril
2 Auto Supremo 683/2019 de 16 de julio.
3 Auto Supremo 618/2014 de 30 de octubre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0676_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f6ee1b8e2193dd230bc122531c75d9ac5e4c8d5e5d76a0f79347f3d9c376a550
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