B.IA.LEGAL

SCP 0676/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46962-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, petición y seguridad jurídica, así como los principios de igualdad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y otros; puesto que: a) El Juez ahora accionado suspendió la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al indicar que no era aplicable la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, por encontrarse en provincia y que su proceso penal al contar con acusación formal ya no era de su competencia; y, b) El Fiscal de Materia ahora coaccionado no dio prioridad a un caso con detenido y realizó todos los actos investigativos a sus espaldas, dejándolo en un estado total de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 46/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 195 a 202, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad como elemento del debido proceso, con relación al Juez y el Fiscal de Materia ahora accionados.

a) Disponer que el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, o el que se encuentre en suplencia o titularidad del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del citado departamento, o en su caso de haberse consolidado la radicatoria de la causa penal dispuesta por Auto de 7 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del referido departamento, proceda de manera inmediata a señalar audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de la situación jurídica del accionante, siempre y cuando dicho actuado procesal no se hubiese realizado o modificado la situación jurídica del accionante; y, b) Disponer que el Fiscal de Materia asignado al caso, sin ninguna excusa participe en la audiencia a señalarse o en su defecto, por el principio de unidad del Ministerio Público se materialice la presencia de otro representante fiscal. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, de petición y a la “seguridad jurídica”, a los principios de igualdad, presunción de inocencia e in dubio pro reo, así como a la imposición de costas, además con referencia al Fiscal de Materia ahora coaccionado con relación a la denuncia de omisión de alta de su abogado defensor en el portafolio digital del Ministerio Público, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad que rige en la solicitud de consideración de la cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Sobre la competencia del Juez cautelar en la tramitación de la solicitud de cesación o modificación de medidas cautelares cuando se presenta acusación formal
  3. III.3. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2023-S3 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46962-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 195 a 202, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Marcelo Alanes Flores en representación sin mandato de Pablo Renán Espinoza Winkelmann contra Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana, ambos del departamento de La Paz; y, Richar Juvenal Ticona Paye, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de marzo de 2022, cursante de fs. 27 a 29, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), el 23 de febrero de “2023” solicitó audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, que mereció el decreto de 25 igual mes de 2022 señalando audiencia al efecto para el 4 de marzo de dicho año, actuado procesal donde el Fiscal de Materia ahora coaccionado presentó memorial solicitando la suspensión de la audiencia porque tenía otra audiencia de inspección técnica ocular, y al haber cedido la palabra a su abogado este alegó la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, y solicitó que se prosiga con la referida audiencia, disponiendo el Juez hoy accionado que por estar en provincia no era aplicable la ratio decidendi de la indicada Sentencia Constitucional y que además el proceso penal ya tenía acusación formal, por lo que ya no era de su competencia resolver la solicitud de cesación de su detención preventiva. Ahora bien, el Fiscal de Materia ahora coaccionado tenía pleno conocimiento de su situación jurídica -detenido preventivo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz- pero prefirió asistir a otra audiencia, sin dar prioridad a un caso con detenido; asimismo realizó todos los actos investigativos a sus espaldas dejándolo en un estado total de indefensión.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, petición y seguridad jurídica, así como los principios de igualdad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y otros, citando al efecto los arts. 23, 24, 115.II, 116.I, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Que el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, a la brevedad posible devuelva obrados al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del citado departamento, para que resuelva la solicitud de consideración de cesación de su detención preventiva; b) El Fiscal de Materia hoy coaccionado en el día de alta en el portafolio digital del Ministerio Público a su abogado, sea con la finalidad de que no continúe en total estado de indefensión; y, c) Se imponga costas al Juez y al Fiscal de Materia ahora accionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 16 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 188 a 194 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Fue sometido a una audiencia de medidas cautelares el 1 de noviembre de 2021, donde se dispuso la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; 2) Su abogado a través de varios memoriales se apersonó al Ministerio Público haciendo conocer que su abogado se hacía cago de su persona, y solicitó se le de alta en el portafolio digital del Ministerio Público para una defensa más idónea y para que los actos investigativos no se realicen a sus espaldas; por lo que, solicita que el Fiscal de Materia ahora coaccionado dé de alta a su abogado en el portafolio digital para así tener acceso a la información, habiendo transcurrido varios meses desde que realizó dicho pedido, es más en audiencia de 4 de marzo de 2022 también hizo conocer que no se dio de alta a su defensa en el portafolio digital; y, 3) La ratio decidendi de la SCP 0257/2019-S1 de 15 de mayo, hace referencia a la competencia del Juez de Instrucción Penal frente a una solicitud de modificación de medidas cautelares ante la presentación de la acusación formal y la ausencia del correspondiente decreto de radicatoria, que dicha solicitud puede ser resuelta por el referido Juez siempre que no hubiese radicado la causa en un determinado tribunal, incluso los antecedentes seguían en el “Juzgado de Instrucción Penal” al no haberse remitido.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana, ambos del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 185 a 186 vta., manifestó que: i) El 24 de febrero de 2022 el Fiscal de Materia hoy coaccionado presentó en Secretaría del Juzgado a su cargo la Resolución 039/2022 de 24 de febrero de acusación formal contra el accionante; ii) Por decreto de 25 de igual mes, se señaló audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado para el 4 de marzo de 2022; iii) Mediante Auto de 25 de febrero de dicho año se dispuso la remisión de la acusación formal y sus antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, en cumplimiento al art. 325.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, se ordenó que por Secretaría se proceda a legalizar actuados pertinentes del cuaderno procesal a efectos de realizar la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante en caso de ser radicada la presente causa ante el señalado Tribunal, pese a existir acusación formal; iv) Por Oficio con CITE OF. 16/2022 de 25 de febrero, se remitió obrados originales ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del referido departamento; v) El citado Tribunal mediante decreto de la señalada fecha ordenó que se devuelvan obrados originales ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, por existir audiencia señalada en el decreto de fs. “96”; es decir de manera anticipada, efectivizándose dicho decreto mediante Oficio de 2 de marzo de 2022; vi) Por memorial de 3 de igual mes y año, el Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó la suspensión de audiencia por tener otro actuado procesal, (inspección ocular seguida de reconstrucción), el cual debía ser llevado en la comunidad de Kollasuyo del municipio de Copacabana, para lo cual adjuntó el requerimiento a convocatoria de inspección técnica ocular seguido de reconstrucción; asimismo, señaló que se presentó acusación formal contra el accionante el 24 de febrero del indicado año y el suscrito Juez en suplencia legal ya no sería competente para poder determinar la situación jurídica del accionante, debido que le corresponde al “Juez de Sentencia” determinar lo que corresponda en derecho; vii) El 4 de marzo del indicado año su autoridad y la Secretaria del Juzgado a su cargo se constituyeron en audiencia pública donde estuvieron presentes la denunciante sin su abogado y el accionante, y ausente el representante del Ministerio Público, informándose por Secretaría que se presentó un memorial de solicitud de suspensión de audiencia por parte del Fiscal de Materia hoy coaccionado, es así que el abogado del accionante señaló que si el Ministerio Público no asiste al llamado de la autoridad conforme a la ratio decidendi de la SC 0487/2005-R, ha marcado dos situaciones; la primera conforme al art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) rige el principio de unidad y que la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva no puede ser suspendida bajo ningún fundamento, y tomando en cuenta que el Ministerio Público fue notificado y no se hizo presente debe desarrollarse indefectiblemente puesto que su ausencia importa su aceptación a la solicitud, más aun cuando la asistencia a una audiencia no siempre debe ser por el Fiscal de Materia asignado sino a través de otros, ante lo cual se señaló que el Fiscal de Materia hoy coaccionado no está inasistiendo si no que solicitó mediante memorial la suspensión de la audiencia y que el principio de unidad mencionado no puede aplicarse en provincia; es así que suspendió la audiencia al haberse acreditado fehacientemente su imposibilidad de concurrir a la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del accionante; viii) Dispuso la remisión del cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz por la existencia del requerimiento conclusivo de acusación formal, Resolución 39/2022, situación que ordenó anteriormente en aplicación del art. 325.I del CPP, al haber perdido competencia; y, ix) A la fecha los antecedentes originales se encuentran en el indicado Tribunal; puesto que, fueron remitidos en plazo. Richar Juvenal Ticona Paye, Fiscal de Materia, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: a) El actual abogado defensor del accionante se apersonó ante el Ministerio Público mediante memorial de 9 de diciembre de 2021, fecha desde la cual se dio de alta en el portafolio digital del Ministerio Público y al presente se encuentra registrado en el sistema informático; por lo que, puede visualizar todos los actos investigativos que se encuentran registrados, es más desde la fecha de presentación del memorial no se presentó para revisar de forma física los antecedentes; b) Se puso a su conocimiento el decreto de 25 de febrero de 2022 de señalamiento de audiencia de situación jurídica y no de cesación de la detención preventiva; c) Es evidente que presentó memorial el 3 de marzo de igual año solicitando que se pueda suspender la audiencia en razón a que tenía programado otro acto procesal con anticipación y también porque el 24 de febrero de dicho año ya se presentó la acusación formal contra el accionante; siendo que, ya no correspondía llevar adelante la audiencia; y, d) La inasistencia del Ministerio Público no se constituye en una aceptación tácita, es así que pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 46/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 195 a 202, concedió la tutela solicitada y dispuso que el Juez ahora accionado en suplencia legal cumpla con lo señalado en la presente Resolución -46/2022-, debiendo señalar audiencia y llevar adelante la misma, sea sobre el establecimiento de la situación procesal o la cesación de la detención preventiva en el plazo máximo de dos días hábiles; así también se concede la tutela con relación al Fiscal de Materia hoy coaccionado, debiendo en el día proceder a dar de alta en el portafolio digital del Ministerio Público a la parte accionante a efectos que se restablezca el acceso a la comunicación y el seguimiento del caso; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) En audiencia de medidas cautelares personales se hubiese dispuesto la detención preventiva del accionante por el plazo de cuatro meses, determinación que fue recurrida en apelación, emitiéndose el Auto de Vista 728/2021 de 16 de diciembre, que declaró procedente en parte y confirmó en parte la resolución apelada -177/2021 de 1 de noviembre-, estableciendo que se dispuso la detención del accionante por el plazo de cuatro meses y cumplido el plazo el Juez de oficio debería convocar a audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado sin necesidad de solicitud expresa; pero el accionante también señaló que el 22 de febrero de 2022 solicitó mediante memorial se señale día y hora de audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva y en respuesta a ese memorial el Juez ahora accionado en suplencia legal emitió el decreto de 25 de febrero de 2022 refiriendo que: ‘“En cumplimiento a la Resolución Nº 728/2021 de fecha 16 de diciembre de año 2021, (…) se señala audiencia para la consideración de la situación Jurídica del imputado (…), para el día viernes 04 de marzo de 2022…”’ (sic) el cual es notificado el 3 de marzo de 2022 y como refiere el accionante fue suspendida por solicitud del Ministerio Público y por la existencia de una acusación formal; 2) Conforme a los antecedentes, existe una aparente confusión en el manejo de los actos que señala el accionante, los que entiende el “Juez” y los que dispone la “autoridad”, sobre la consideración de la situación jurídica, porque existe una imposición que debió ser realizada de oficio y una solicitud de cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP, dando en respuesta a ese memorial el Juez ahora accionado, señalando que no es en virtud al principio dispositivo del accionante, sino que en cumplimiento al Auto de Vista 728/2021, lo que demuestra que existió una confusión de las autoridades ahora accionadas y del accionante en relación a la naturaleza, al tipo de acto que se debió desarrollar, asimismo, pese a que el accionante señaló que hizo constar en audiencia que dicho actuado procesal no era para considerar la situación jurídica sino para tratar una solicitud de cesación de la detención preventiva, no existe carga probatoria alguna al respecto; 3) Cuando el Juez ahora accionado emitió la disposición -decreto de 25 de febrero de 2022-, en ningún momento el accionante observó, pidió aclaración o rectificación; 4) El 25 de febrero de 2022, mediante Oficio con CITE OF. 16/2022 de 25 de febrero se remitió obrados originales ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz; sin embargo, por decreto de igual fecha dicho Tribunal devolvió obrados al Juzgado de origen por existir audiencia señalada con anterioridad, es así que mediante Oficio de 2 de marzo de 2022 fueron devueltos los obrados originales; 5) No se entiende cómo es posible transferir la obligación de realizar una audiencia a otro tribunal o realizar una remisión de antecedentes sin completar los actos jurisdiccionales que le corresponde a la autoridad, hecho que vulnera el derecho al debido proceso y además genera incertidumbre y caos procesal; y, 6) Sobre la denuncia del alta en el portafolio digital del Ministerio Público, el accionante demostró que no tendría acceso, pero también se tiene la palabra del Fiscal de Materia hoy coaccionado, aunque sin mayor carga probatoria; por lo que, no se podría establecer si es o no cierto; no obstante, a ningún abogado que se encuentre inmerso en un proceso se le debe restringir el derecho a la defensa, por tener un interés legal y legítimo, siendo viable la otorgación de la tutela. En vía de complementación y enmienda el accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional que: i) Se le concedan fotocopias legalizadas de todo lo actuado, particularmente de la Resolución 46/2022 que se acaba de emitir; ii) De conformidad al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se puede establecer responsabilidad tanto administrativa como penal; puesto que, se incumplió las funciones que tienen como administradores de justicia; y, iii) Se determine el pago de costas, daños y perjuicios, conforme solicitó. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional a través del Auto de igual fecha cursante de fs. 201 vta. a 202, declaró no ha lugar la solicitud de complementación y enmienda, manifestando que, si bien se señaló la condenación de costas, es una petición absolutamente diferente a lo que es una responsabilidad de daños y perjuicios, siendo que costas y costos procesales tiene otra naturaleza, además no fue objeto de debate en esa acción de defensa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 728/2021 de 16 de diciembre, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó declarar procedente en parte las cuestiones planteadas y dispuso confirmar en parte a Resolución 177/2021 de 1 de noviembre, estableciendo que se dispondrá la detención de Pablo Renán Espinoza Winkelmann -ahora accionante- por el plazo de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cumplido ese plazo el Juez de la causa de oficio deberá convocar a audiencia de consideración de la situación jurídica (fs. 11 a 12 y vta.). II.2. A través de memorial de 22 de febrero de 2022, dirigido al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, el accionante solicitó día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al amparo del art. 239.1 del CPP (fs. 18). II.3. Cursa decreto de 25 de febrero de 2022, emitido por Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana, ambos del departamento de La Paz -hoy accionado-, refiriendo que en cumplimiento del Auto de Vista 728/2021 y memorial de 22 de igual mes y año, se señala audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante para el 4 de marzo de 2022 (fs. 20). II.4. Consta “Requerimiento de acusación formal, Resolución 39/2022”

presentado el 24 de febrero de 2022, por Richar Juvenal Ticona Paye, Fiscal de Materia -ahora coaccionado- contra el accionante (fs. 161 vta. a 170), que mereció el decreto de 25 de febrero de 2022, por la cual, el Juez hoy accionado dispuso entre otras cosas que se proceda a legalizar actuados del cuaderno procesal a efectos de la posible realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, pese a existir acusación formal, debiendo remitirse obrados originales en el día ante la autoridad -se entiende Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz; puesto que, no es óbice alguno para la radicatoria de la presente causa ante dicho Tribunal (fs. 170 vta.), es así que mediante Oficio con CITE OF. 16/2022 de 25 de igual mes, dirigido a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, se remitieron las piezas originales del proceso penal seguido contra el accionante (fs. 171), donde se emitió el decreto de 25 de febrero de 2022, indicando que previamente a disponer la radicatoria del proceso, se advierte que se encuentra pendiente la realización de la audiencia dispuesta por decreto de fs. “96” señalada con anterioridad a la presentación de la acusación formal; por consiguiente, con el fin de no generar defectos procesales por secretaria “devuélvase” obrados en el día (fs. 172 vta.). Cursa notificación realizada el 3 de marzo de 2022 al Fiscal de Materia ahora coaccionado con memorial de 23 de febrero de igual año y decreto de 25 de ese mes y año (fs. 174 vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó suspensión de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante (fs. 175 vta. a 176). II.6. Cursa acta de audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva de 4 de marzo de 2022 (fs. 176 a 178). II.7. Por Oficio con CITE OF. 18/2022 de 7 de marzo el Juez hoy accionado remitió las piezas originales del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual (fs. 179 y vta.). II.8. Mediante Auto de 7 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, dispuso la radicatoria de la causa seguida contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual (fs.180).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, petición y seguridad jurídica, así como los principios de igualdad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y otros; puesto que: a) El Juez ahora accionado suspendió la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al indicar que no era aplicable la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, por encontrarse en provincia y que su proceso penal al contar con acusación formal ya no era de su competencia; y, b) El Fiscal de Materia ahora coaccionado no dio prioridad a un caso con detenido y realizó todos los actos investigativos a sus espaldas, dejándolo en un estado total de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad que rige en la solicitud de consideración de la cesación de la detención preventiva

La SCP 0208/2020-S3 de 13 de julio, señaló que: «Al respecto, la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, estableció que: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse al instituto procesal de cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite de cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial… c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la competencia del Juez cautelar en la tramitación de la solicitud de cesación o modificación de medidas cautelares cuando se presenta acusación formal

La SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, aplicando el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, estableció que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’”» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señaló que: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, petición y seguridad jurídica, así como los principios de igualdad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y otros; puesto que: 1) El Juez ahora accionado suspendió la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al indicar que no era aplicable la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, por encontrarse en provincia y que su causa al contar con acusación formal ya no era de su competencia; y, 2) El Fiscal de Materia ahora coaccionado no dio prioridad a un caso con detenido y realizó todos los actos investigativos a sus espaldas, dejándolo en un estado total de indefensión. De la revisión de antecedentes, se tiene que por Auto de Vista 728/2021 de 16 de diciembre, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó declarar procedente en parte las cuestiones planteadas y dispuso confirmar en parte a Resolución 177/2021 de 1 de noviembre, estableciendo que se dispondrá la detención del accionante por el plazo de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cumplido ese plazo el Juez de la causa de oficio deberá convocar a audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante (Conclusión II.1.). Posteriormente, a través de memorial de 22 de febrero de 2022 el accionante solicitó día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al amparo del art. 239.1 del CPP (Conclusión II.2.), que mereció el decreto de 25 de febrero de 2022, emitido por el Juez ahora accionado señalando que en cumplimiento al Auto de Vista 728/2021 y el memorial que antecede se señala audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante para el 4 de marzo de 2022 (Conclusión II.3.). Por otra parte, el 24 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia ahora coaccionado presentó “Requerimiento de acusación formal, Resolución 39/2022 contra el accionante, que mereció el decreto de 25 de igual mes y año, disponiéndose entre otras cosa que se proceda a legalizar actuados del cuaderno procesal a efectos de la posible realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, pese a existir acusación formal, debiendo remitirse obrado originales en el día ante el Tribunal correspondiente; puesto que, no es óbice alguno para la radicatoria de la presente causa ante dicho Tribunal, es así que mediante Oficio con CITE OF. 16/2022 de 25 de febrero, se remitieron las piezas originales del proceso penal contra el accionante ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, donde se emitió el decreto de la misma fecha, indicando que previamente a disponer la radicatoria del proceso penal, se advierte que se encuentra pendiente la realización de la audiencia dispuesta por decreto de fs. “96” señalada con anterioridad a la presentación de la acusación formal; por lo que, con el fin de no generar defectos procesales por secretaría debiendo devolverse obrados en el día. Cursa notificación realizada el 3 de marzo de 2022 al Fiscal de Materia ahora coaccionado con memorial de 23 de febrero de igual año y decreto de 25 de ese mes y año (Conclusión II.4.). Mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia hoy coaccionado solicitó suspensión de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante (Conclusión II.5.); asimismo, cursa acta de audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva de 4 de marzo de 2022 (Conclusión II.6.); de igual manera mediante Oficio con CITE OF. 18/2022 de 7 de marzo, el Juez ahora accionado remitió las piezas originales del proceso seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual al Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz (Conclusión II.7.), Tribunal que emitió el Auto de 7 de marzo de 2022, disponiendo la radicatoria del citado proceso penal (Conclusión II.8.). Previamente, se debe aclarar que la audiencia de 4 de marzo de 2022, fue señalada, como la parte inicial del decreto de 25 de febrero de dicho año; es decir, como efecto del cumplimiento del Auto de Vista 728/2021 -que dispuso cuatro meses de detención preventiva- y del memorial de 23 de febrero de 2022 presentado por el accionante, donde solicitó se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, al amparo del art. 239.1 del CPP; es decir, que el Juez ahora accionado señaló dicha audiencia para considerar dos aspectos, la situación jurídica del accionante por el cumplimiento del plazo de la detención preventiva y el pedido de cesación de la detención preventiva realizada por el nombrado. En ese contexto, se ingresará a analizar el accionar de cada uno de las autoridades ahora accionadas: Respecto al Juez ahora accionado Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud de un privado de libertad debe tramitarla con la mayor celeridad posible, constituyéndose en un acto dilatorio respecto a esa situación, la inasistencia del representante del Fiscal de Materia cuando fuera notificado legalmente y no comparece a la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; puesto que, dicha instancia se encuentra regida por el principio de unidad; por lo que, puede asistir otro Fiscal de Materia al mencionado actuado procesal. Bajo el marco expuesto, se advierte que el Juez ahora accionado a momento de emitir el decreto de 25 de febrero de 2022; si bien al inicio del mismo refirió que se señalaba audiencia para tratar la situación jurídica del accionante por el cumplimiento del plazo de la detención y en atención al memorial “que antecede” de pedido de audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; sin embargo, no consignó dichos actuados a ser considerados en audiencia de forma completa, al referir únicamente en su decreto que se señalaba audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante; no obstante, el acta de audiencia fue consignada como una de consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 176 vta.). En ese sentido, el Juez ahora accionado tenía conocimiento pleno del doble objeto del actuado procesal que suspendió, mismos que tenían que ver con la definición de la situación jurídica del accionante, pero ante la presentación del memorial del Fiscal de Materia hoy accionado, solicitando la suspensión de la audiencia programada, no consideró la jurisprudencia antes citada que fue tantas veces reiterada por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual no establece excepción, como que, el proceso se encuentre sustanciándose en provincia; puesto que, claramente determina que, si el Ministerio Público fue legalmente notificado a una audiencia donde se definirá la situación jurídica de un privado de libertad, y no asiste, dicho actuado procesal no puede ser diferido de ninguna forma, más aun cuando dicha instancia por el principio de unidad que lo rige, pudo hacerse presente a través de cualquiera de sus miembros y no necesariamente mediante el Fiscal de Materia encargado del proceso penal, no constituyéndose un memorial donde justifica indudablemente su imposibilidad de concurrir a la audiencia fijada, un descargo válido al respecto, por lo antes señalado, que incluso fue hecho notar por el abogado del accionante en audiencia; es por ello, que existió dilación indebida en el trámite de cesación de la detención preventiva del accionante ya que debió llevarse adelante la audiencia programada. Asimismo, respecto a que, en el proceso penal que se sigue contra accionante ya existiría una acusación, que también se encuentra consignado como uno de los motivos que alegó el Juez ahora accionado en la audiencia de 4 de marzo de 2022, para suspender dicho actuado procesal, ante una presunta pérdida de la competencia en la causa, se tiene que, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, el juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver una solicitud de modificación de medidas cautelares a pesar que ya se hubiese presentado acusación formal, siempre y cuando no esté radicado el proceso ante el juez o tribunal que llevará adelante el juicio oral, más aun cuando ya existiera fijada una audiencia al efecto. En ese entendido, en el caso presente se evidencia que, por decreto de 25 de febrero de 2022, el Juez hoy accionado señaló audiencia de consideración de la situación jurídica y de cesación de la detención preventiva del accionante -solicitada el 23 de febrero de 2022-, para el 4 de marzo de ese año, y la acusación formal emitida contra el accionante fue presentada el 24 de febrero de 2022, siendo decretada el 25 de dicho mes y año, disponiéndose entre otras cosas que, se remitan obrados originales ante el Tribunal correspondiente, realizándose dicha remisión en el día; por lo que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, emitió el decreto de 25 de febrero de 2022, señalando que previamente a disponer la radicatoria del proceso penal, se advirtió que se encuentra pendiente la realización de la audiencia anteriormente programada, por cuanto devolvió obrados. Es así que, se llevó adelante la audiencia de 4 de marzo de 2022, donde el Juez ahora accionado manifestó que: “…cursa el requerimiento conclusivo de acusación formal Resolución 39/2022 de 24 de febrero de 2022 en contra del imputado Pablo Renán Espinoza Winkelmann por la comisión del delito de abuso sexual, misma que por providencia de 25 de febrero de 2022, se ha ordenado la remisión de obrados originales ante el Tribunal de Sentencia de esta localidad de Copacabana en aplicación estricta al art. 325-I del Código de Procedimiento Penal, motivo por el cual se suspende la presente audiencia debiendo remitirse en el día antecedentes ante dicho tribunal por haber concluido la etapa preparatoria y haber perdido competencia dentro del presente caso...” (sic); cuando la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante presentada el 23 de febrero de 2022, debió ser resuelta por el Juez ahora accionado al haberse realizado antes de presentada la acusación formal -24 de igual mes y año-siendo incluso que para ese objeto fueron devueltos los antecedentes originales del proceso por el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz; por lo tanto, no fue radicada la causa ante dicho Tribunal que conocería el juicio oral, extremo que era de pleno conocimiento del Juez hoy accionado, quien luego de la devolución dispuesta por ese Tribunal, procedió a notificar a las partes procesales con el señalamiento de audiencia fijada para el 4 de marzo de 2022, y posteriormente a dicho actuado procesal dispuso nuevamente la remisión del proceso penal ante el citado Tribunal, para ser radicado recién por decreto de 7 del citado mes y año. Lo expuesto demuestra que el Juez hoy accionado inobservó la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, situación que fue agravada con la falta de competencia alegada erróneamente por el nombrado; por cuanto, se evidencia que existió dilación en la definición de la situación jurídica del accionante al momento de suspender la audiencia de 4 de marzo de 2022, en razón a que el Juez hoy accionado provocó una demora injustificada en la tramitación de la situación jurídica del accionante; en consecuencia, el Juez ahora accionado con su actuar negligente vulneró el derecho a la libertad del accionante vinculado al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad; correspondiendo, conceder la tutela solicitada respecto a dicho Juez. Con relación al Fiscal de Materia ahora coaccionado En el marco descrito, el Fiscal de Materia ahora coaccionado asumió que la audiencia señalada para el 4 de marzo de 2022, era para considerar la situación jurídica del accionante por el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, al estar así consignado en el decreto de 25 de febrero de 2022 emitido por el Juez hoy accionado; sin embargo, si bien es cierto que existió dicho error del nombrado Juez, se tiene que el Fiscal de Materia ahora coaccionado al haber sido notificado con el memorial de 23 y decreto de 25 ambos de febrero de 2022, donde el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, debió colegir del mismo y de lo expresamente señalado en la parte inicial del referido decreto, que esa audiencia no únicamente era para considerar la situación jurídica del accionante por el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, sino también para tratar el pedido de cesación de la detención preventiva del nombrado; por lo que, correspondía, mayor diligencia a momento de efectivizar la presencia del Ministerio Público en un actuado procesal donde se iba a definir la situación jurídica de una persona privada de libertad, que en ese caso es el accionante, por cuanto corresponde conceder la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia ahora coaccionado con relación a ese aspecto. Ahora bien, la denuncia realizada por el accionante referida a que el Fiscal de Materia hoy coaccionado realizó actos investigativos a espaldas del accionante, debido a que no dio de alta a su abogado defensor en el portafolio digital del Ministerio Público, para así tener acceso a los actuados desarrollados en el proceso, pese haber solicitado en varias ocasiones, no se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad del accionante; en razón que la subsanación de lo denunciado no implica que el nombrado recobre inmediatamente dicho derecho, al encontrarse con detención preventiva como efecto de una decisión judicial emitida por autoridad competente; asimismo, se tiene que el accionante tiene pleno conocimiento del proceso penal seguido contra su persona y encontrarse ejerciendo una participación activa; puesto que, presentó memorial de solicitud de cesación de su detención preventiva, por lo que no concurren los dos presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, para la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Por otro lado, con relación a la solicitud de imposición de costas esta no puede ser acogida en relación al alcance de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. Finalmente, en cuanto a los derechos a la defensa, petición y “seguridad jurídica”, además de los principios de igualdad, presunción de inocencia e in dubio pro reo, no corresponde ser considerados, debido a que no ingresan al ámbito de protección de este tipo de acción de defensa, ni se logra establecer la vinculación con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro de su campo de acción. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 46/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 195 a 202, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad como elemento del debido proceso, con relación al Juez y el Fiscal de Materia ahora accionados.

a) Disponer que el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, o el que se encuentre en suplencia o titularidad del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del citado departamento, o en su caso de haberse consolidado la radicatoria de la causa penal dispuesta por Auto de 7 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del referido departamento, proceda de manera inmediata a señalar audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de la situación jurídica del accionante, siempre y cuando dicho actuado procesal no se hubiese realizado o modificado la situación jurídica del accionante; y, b) Disponer que el Fiscal de Materia asignado al caso, sin ninguna excusa participe en la audiencia a señalarse o en su defecto, por el principio de unidad del Ministerio Público se materialice la presencia de otro representante fiscal. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, de petición y a la “seguridad jurídica”, a los principios de igualdad, presunción de inocencia e in dubio pro reo, así como a la imposición de costas, además con referencia al Fiscal de Materia ahora coaccionado con relación a la denuncia de omisión de alta de su abogado defensor en el portafolio digital del Ministerio Público, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0676_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5bb9d5d86a342049d5a916e6bdbaa5b3665e485852c978513fcbf6d0ab6ae068

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