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SCP 0675/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
52345-2022-105-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, la prohibición de reforma en perjuicio, mencionando también el derecho a la defensa y los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad; en razón a que, la Autoridad hoy demandada al pronunciar la RA 41/2019; por la que, resolvió el Recurso Jerárquico planteado en contra de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, que ratificó la existencia de responsabilidad administrativa de la impetrante de tutela y otros, a través de la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, a la ahora solicitante de tutela le fue vulnerado el debido proceso en su componente de prohibición de reforma en perjuicio, pues; concluyó de forma arbitraria que habría incurrido con su conducta en lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT; cuando en el proceso, jamás se le permitió asumir defensa en relación a un incumplimiento de convenio de trabajo; además de ello, no se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso; y tampoco, prestó atención alguna a la prueba acompañada al mismo. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0103/2022 de 29 de noviembre, cursante de fs. 680 a 687, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Administrativa 41/2019 de 11 de septiembre, disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente, en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La solicitud de aclaración, complementación y enmienda y el cómputo del plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Principio de informalismo no rige para la administración sino en favor del administrado
  3. III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0675/2024-S4 Sucre, 8 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52345-2022-105-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 0103/2022 de 29 de noviembre, cursante de fs. 680 a 687 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paulina Sayhua Churqui contra José Luis Martínez Callahuanca, Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 1; y, 480 a 492 vta. la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2013, ingresó como funcionaria pública a la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional-Cochabamba; desde entonces viene desempeñando diferentes funciones, cumpliendo a cabalidad las obligaciones inherentes a cada cargo designado, sin que se tenga observación alguna respecto a su conducta, y menos aún sanción por alguna irregularidad. Empero, por Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018, se inició un proceso sancionatorio en su contra, por la presunta comisión del delito de hurto de carnes, víveres y jabón líquido de la cocina del Hospital Obrero 2, en contravención de los arts. 81 inc. e), f) y n) y 61 inc. a) y b) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la Caja Nacional de Salud; y, art. 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo (LGT). Señaló que, en fase sumarial, mediante memorial de 18 de junio de 2018, reiterado por escrito de 19 del mismo mes y año, solicitó ampliación del plazo de prueba; sin embargo, por Resoluciones de 19 y 20 de junio de 2018, le fue negado dicho requerimiento; agravándose dicha situación al negársele la posibilidad de solicitar documental inherente a su defensa. Es así, que se dictó la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018 de 22 de junio; mediante la cual, se estableció responsabilidad administrativa, disponiendo en consecuencia, la imposición de sanción de destitución sin goce de beneficios sociales, sólo quinquenios consolidados. Indicó que, en tiempo oportuno planteó recurso de revocatoria, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018 de 23 de julio, que dispuso ratificar la sanción antes descrita; decisión que impugnó, interponiendo recurso jerárquico. Una vez recibidos los antecedentes, el Gerente General de la CNS Regional-Cochabamba –hoy autoridad demandada–, pronunció decreto de radicatoria de recurso jerárquico de 7 de febrero de 2019; el cual, le fue notificado y en ejercicio de su derecho a la defensa en juicio, al amparo del art. 15 del Reglamento de Procesos Administrativos Internos de la referida Caja Nacional, mediante memorial de 2 de septiembre de 2019, acompañó prueba consistente en antecedentes del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de hurto; por lo que, fue objeto de rechazo, determinación que no fue objetada por la citada Caja Nacional en su condición de denunciante; empero, dicho aspecto no fue valorado. Consecuentemente, se emitió la Resolución Administrativa (RA) 41/2019 de 11 de septiembre, manteniendo la sanción impuesta en su contra. Todas las Resoluciones emitidas, que ilegalmente justifican el inicio de un proceso y establecen finalmente la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, sancionándola y confirmando su destitución, conculcan en conjunto el principio de taxatividad. En efecto, el art. 61 inc. a) y b del mencionado Reglamento interno, se ocupa de establecer genéricamente las obligaciones de las servidoras y servidores públicos; así como, de quienes desarrollan actividad laboral en la Caja Nacional de Salud; empero, de modo alguno tipifican conducta alguna como falta. Manifestó que, consta el memorial de recurso de revocatoria; tal como, en el memorial de recurso jerárquico que, de manera expresa y textual, cuestionó la negativa de concederle la ampliación del plazo de prueba; dado que, la naturaleza del hecho que se le incriminó, era necesario desarrollar e investigar los actos que esgrimió con precisión. Invocando el derecho a la defensa, en su componente de ofrecimiento, producción y presentación de prueba, en dos oportunidades y antes del vencimiento del plazo, solicitó se ordene los siguientes actos: Copia de la grabación de las cámaras de seguridad; informe de auditoría interna; informe del daño económico; y, hoja de vida debidamente documentada de los servidores públicos implicados en el caso.

Si bien la solicitud de ampliación del plazo de investigación se encontraba sustentada en el ejercicio de su derecho a la defensa; la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, en un acto arbitrario; señaló que, el Reglamento Interno ya indicado y el Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, no determinan de manera expresa la ampliación o complementación del término de prueba; y, que la referida Autoridad Sumariante no realiza actos investigativos. Indicó que, agravando más su estado de indefensión, la Resolución de 20 de junio de 2018; por la que, se negó su solicitud de ampliación de plazo de prueba, refirió que debía acudir directamente ante las autoridades respectivas a fin de recabar la documentación solicitada; y, si bien, de manera independiente logró obtener su hoja de vida; no pudo obtener el informe de auditoría interna ni el Informe de daño económico. Mencionó que, la citada Autoridad Sumariante, de manera alguna desarrolló actividad que permita esclarecer la verdad en el caso; aspecto que, fue cuestionado en el recurso revocatorio, no existiendo respuesta precisa en relación a ello, como tampoco una debida atención de todos los argumentos expuestos en el indicado recurso. El Gerente General de la CNS, al pronunciar la RA 41/2019, vulneró el debido proceso en su componente de prohibición de reforma en perjuicio; pues, tanto el Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo, como la Resolución Sumarial Final, hicieron referencia al art. 16 inc. g) de la LGT; empero, la Resolución Administrativa antes citada, concluye de forma arbitraria que también habría incurrido con su conducta en lo previsto por el inc. e) de la indicada norma; cuando en el proceso, jamás se le permitió asumir defensa en relación a un incumplimiento de convenio de trabajo. La Resolución Administrativa ahora demandada, tampoco se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso, específicamente el agravio referido a la vulneración del debido proceso por ausencia de actividad probatoria y valoración idónea y pertinente para justificar la destitución sin goce de beneficios sociales; tampoco, responde a la denuncia de imposición de destitución, contrariamente incluye infracciones por las que no fue procesada. Asimismo, no se prestó atención alguna a la prueba acompañada en la tramitación del recuso jerárquico, cuando dicha prueba necesariamente debió analizarse y valorarse a fin de establecer la inexistencia de proporcionalidad de la sanción respecto a la conducta de la funcionaria demostrada fehacientemente. Finalmente, manifestó que fue notificada con la RA 41/2019, el 2 de diciembre de 2019; consecuentemente, presentó solicitud de aclaración y complementación el 3 del mismo mes y año indicados; empero, su respuesta le fue notificada el 19 de octubre de 2022, encontrándose por ello en plazo para la presentación de la presente acción tutelar; esto, en el marco de lo dispuesto por la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, la prohibición de reforma en perjuicio, mencionando también el derecho a la defensa y los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad; citando al efecto, los arts. 16.II, 115.II, 116.II, 117.I, 119.II, 123, 210 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 41/2019 de 11 de septiembre, y se ordene al Gerente General de la CNS hoy demandado, la emisión de una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 29 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 678 a 679 vta. presente la accionante acompañada por su abogado, la autoridad demandada a través de sus representantes legales; y, Celsa Arancibia Veramendi, Isabel Marcela Navia Rodríguez; y, Aquilina Orellana Meneces, terceras interesadas; y, ausentes Limberth Cartagena Vásquez, Angélica Flores Terrazas y Alejandrina Valencia, terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que, habiendo acudido a las autoridades administrativas a efecto de recabar prueba, dicho pedido no fue concedido; cuando los informes requeridos hubieran servido de sustento de la Resolución primigenia; pues, en el caso no existe siquiera daño económico.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Luis Martínez Callahuanca, Gerente General de la CNS, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 509 a 517 y en audiencia, manifestó lo que sigue: a) Se incumplió el principio de inmediatez establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para la viabilidad de la presente acción tutelar; puesto que, no se observó el plazo de seis meses previstos a partir de la notificación con la solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa; ya que, si bien el proceso interno cuenta con una diligencia de notificación de 19 de octubre de 2022, con el Auto que se pronuncia sobre esta; este es de 13 de diciembre de 2019; posterior a dicha fecha, el expediente fue devuelto al sumariante, quien recepcionó nota de 14 de julio de 2020; por la que, la accionante solicitó fotocopias legalizadas de todo el proceso seguido en su contra, quien en septiembre del mismo año indicado, asumió conocimiento de todo el contenido de este; b) Una vez más, el 10 de noviembre de 2021, conforme consta en Acta de entrega de fotocopias simples del proceso, el abogado patrocinante de la solicitante de tutela, toma conocimiento del Auto; por el que, se atendió la solicitud de aclaración y enmienda; motivo por el cual “en estos 3 años aproximadamente la procesada JAMÁS RECLAMÓ SE OTORGUE RESPUESTA A MEMORIAL DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y COMPEMENTACIÓN, es más, fue beneficiada con la continuidad de su relación laboral por aspectos que desconocemos (…), puesto que NO SE EJECUTÓ LA SANCIÓN” (sic); c) La accionante tuvo conocimiento del Auto de 13 de diciembre de 2019, ya el 25 de septiembre de 2020, tras su última solicitud de fotocopias legalizadas; por lo que, su plazo para interponer una acción de amparo constitucional feneció en marzo de 2021; d) Ante la declaratoria de No ha lugar a la complementación y enmienda, correspondía que la impetrante de tutela acuda a la vía contenciosa administrativa; e) En ningún momento se incorporó nueva normativa en la Resolución impugnada, sino y correctamente se hizo referencia a que una vez identificada la existencia de responsabilidad administrativa por la función pública, la sanción de destitución conlleva además el no pago de beneficios sociales y alcanza al último quinquenio que se estuviere generando; f) Todos los puntos de agravio fueron respondidos y toda la prueba fue valorada; g) En ninguno de los recursos de impugnación presentados se detalló que acciones en particular hubieran vulnerado el derecho a la defensa; y, h) La Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, si bien dentro de sus competencias tiene la acumulación de pruebas de cargo y descargo, esta facultad no refiere solicitar o viabilizar aquellas que están a cargo de la procesada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Isabel Marcela Navia Rodríguez, Celsa Arancibia Veramendi y Aquilina Orellana Meneces, mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, cursante a fs. 583 y vta. informaron que; presentaron otra acción de amparo constitucional contra la RA 41/2019, el 24 del mismo mes y año indicados; por lo que, sus argumentos y fundamentos serán escuchados y debatidos en la audiencia a señalarse para tal efecto. Celsa Arancibia Veramendi e Isabel Marcela Navia Rodríguez a través de su abogado, en audiencia indicaron que; no se consideró que existe una Resolución de Rechazo Fiscal de 20 de noviembre de 2018, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de hurto. Limberth Cartagena Vásquez, Angélica Flores Terrazas y Alejandrina Valencia, no remitieron informe escrito alguno y tampoco asistieron a la presente audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 500, 501 y 505.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 0103/2022 de 29 de noviembre, cursante de fs. 680 a 687, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme la normativa aplicada en el proceso administrativo interno disciplinario, no se contempla la solicitud de complementación y enmienda, siendo el último recurso el jerárquico a efecto de impugnar las resoluciones administrativas; por lo que, en función a dicha consideración, la accionante fue notificada con la Resolución ahora objetada en la gestión 2019; consecuentemente, la interposición de la presente acción tutelar se encontraría fuera de plazo; y, 2) De los memoriales de solicitud de fotocopias legalizadas realizadas de todo el proceso administrativo disciplinario durante los años 2020 y 2021; se tiene que, la solicitante de tutela obtuvo la Resolución Complementaria, teniendo conocimiento de la consolidación efectiva de lo determinado en la causa; por lo que, a partir de ahí dejo precluir el plazo, para recurrir a la vía constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018, emitido por la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba; por la que, determinó iniciar proceso interno administrativo en contra Rosmery Nelly Agostopa, Limberth Cartagena Vásquez, Angélica Flores Terrazas, Celsa Arancibia Veramendi, Alejandrina Valencia, Elena Veizaga Rodríguez, Isabel Navia Rodríguez, Paulina Sayhua Churqui –ahora impetrante de tutela–; y, Aquilina Orellana Meneces, por la presunta comisión del delito de hurto de carnes, víveres y jabón líquido de la cocina del Hospital Obrero 2, en contravención de los arts. 61 inc. a) y b), 81 inc. e), f), y n) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS; y, art. 16 inc. g) de la LGT (fs. 159 a 162). II.2. Por la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018 de 22 de junio, la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, estableció la existencia de responsabilidad administrativa de la solicitante de tutela y otros, por la presunta comisión del delito de hurto de carnes, víveres, comida cocida, de la cocina del Hospital Obrero 2, imponiéndole la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales solo quinquenios consolidados (fs. 91 a 100 vta.) II.3. Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2018, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional–Cochabamba, la accionante interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018 (fs. 68 a 72 vta.). II.4. Cursa Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018 de 23 de julio, pronunciada por la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, resolvió ratificar la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018 (fs. 419 a 423).

II.5. Mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2018, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, la solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018 (fs. 609 a 618). II.6. A través de RA 41/2019 de 11 de septiembre, el Gerente General de la CNS, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, ratificando en consecuencia, la sanción impuesta a la ahora accionante; dicha determinación, le fue notificada el 2 de diciembre de 2019 (fs. 620 a 630 y 649). II.7. Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2019, ante el Gerente General de la CNS, la impetrante de tutela solicitó aclaración y complementación de la RA 41/2019; no obstante, fue declarado no ha lugar a través del Auto de la misma fecha; el cual, fue notificado el 19 de octubre de 2022 (fs. 652 y vta, 653 a 654; y, 656). II.8. Consta por nota presentada el 14 de julio de 2020, ante la CNS, que la accionante solicitó fotocopias legalizadas del proceso sumario administrativo; pedido que, le fue entregado el 25 de septiembre de 2020, indicándole que: “Las mismas concuerdan con los originales de su referencia es cuanto puedo certificar referente al Segundo Cuerpo cursante a Fs. 445 (Cuatrocientos cuarenta y cinco)” (sic [fs. 661 a 662]). II.9. Mediante nota presentada el 19 de octubre de 2022, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, Celsa Arancibia Veramendi – ahora tercera interesada–, solicitó fotocopias legalizadas del proceso interno administrativo ya mencionado; las cuales, le fueron entregadas el 15 de noviembre de 2022 (Si bien el acta señala el año 2021, al indicar la fecha de la solicitud referida, se entiende que el año correcto es 2022 [fs. 666 y 675]). II.10. A través de nota presentada el 1 de noviembre de 2022, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, la solicitante de tutela requirió copias simples y legalizadas del proceso administrativo seguido en su contra; las cuales, le fueron entregadas en la misma fecha indicada (Del contenido del acta se tiene que, el mismo indica cómo año de entrega, el 2021; no obstante, de la correlación de fojas insertas en legajo del proceso, la misma se encuentra a continuación de lo solicitado de fs. 469 a 470 [fs. 672 a 673]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, la prohibición de reforma en perjuicio, mencionando también el derecho a la defensa y los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad; en razón a que, la Autoridad hoy demandada al pronunciar la RA 41/2019; por la que, resolvió el Recurso Jerárquico planteado en contra de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, que ratificó la existencia de responsabilidad administrativa de la impetrante de tutela y otros, a través de la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, a la ahora solicitante de tutela le fue vulnerado el debido proceso en su componente de prohibición de reforma en perjuicio, pues; concluyó de forma arbitraria que habría incurrido con su conducta en lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT; cuando en el proceso, jamás se le permitió asumir defensa en relación a un incumplimiento de convenio de trabajo; además de ello, no se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso; y tampoco, prestó atención alguna a la prueba acompañada al mismo. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La solicitud de aclaración, complementación y enmienda y el cómputo del plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional

Al respecto, el art. 55.II del CPCo, determinó que: “Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (las negrillas nos corresponden).

La jurisprudencia constitucional, mediante la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo, con relación a dicha solicitud, estableció que: “ʽ…no es necesario, ni exigible, verificar si la solicitud presentada, fue concedida o rechazada, para establecer si el plazo procesal se suspende o no, debiendo por ello, computarse por el mismo, desde el momento en el que se notificó a las partes con la resolución de explicación y enmienda; razonamiento, que a su vez llega a ser extensible, tanto para la interposición de los recursos ordinarios, como para la interposición de la acción de amparo constitucional, en virtud a lo dispuesto por el art. 55.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que se encuentra desarrollado en el mismo sentido que el art. 221 del CPC; ya no siendo por ende aplicable -como precedente vinculante- el razonamiento establecido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio…

(…)

Razonamiento constitucional que si bien, fue desarrollado por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, en relación al cómputo del plazo de los seis meses establecidos para la interposición de la acción de amparo constitucional; en momentos en los que, la normativa constitucional y legal, no establecía con claridad, el momento desde el cual se computaban los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, cuando se solicitaba aclaración, complementación o enmienda; merece en la actualidad, ser uniformado -tanto en el ámbito ordinario y constitucional- más aún si el vacío legal existente en el ámbito constitucional, ya fue subsanado mediante lo dispuesto por el art. 55.II del CPCo…ʼ (las negrillas nos corresponden).

Finalmente, el citado fallo constitucional expresó el siguiente entendimiento: ʽLos plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivoʼ (las negrillas son nuetras).

Razonamiento que a su vez fue ratificado por la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, al señalar que la SC 0113/2013-L: “…estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Asimismo, la SCP 0795/2020-S4 de 1 de diciembre, concluyó que: “…en los casos en que se rechace la solicitud de aclaración, complementación y enmienda por haberla presentado fuera del plazo previsto por ley, el plazo se computa desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo la notificación con la resolución, puesto que la simple la solicitud y su rechazo nos interrumpen el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda”.

III.2. Principio de informalismo no rige para la administración sino en favor del administrado

La jurisprudencia de este Tribunal señaló categóricamente que el principio de informalismo, rige para los administrados, más no así, para la administración, en tal sentido, la SC 0755/2007-R de 24 de septiembre, refiriéndose al entendimiento asumido por la SC 1206/2006-R de 30 de noviembre, determinó: "…es necesario también dejar establecido que éste rige a favor del administrado, por la condición técnica de ciertas agencias, órganos y labores que cumple la administración pública, lo que lo sitúa en inferioridad de condiciones en su relación con el Estado, por ello no rige a favor de la administración, estando más bien ésta obligada al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas aplicables a su relación con las personas”(las negrillas son nuestras).

De tal forma que al regir el principio de informalismo solo para el administrado y no así para la administración; debiendo por ello, plasmar todas sus decisiones administrativas con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, observando las reglas del debido proceso y respetando el derecho a la defensa, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa, que rige en dicha organización; por lo que, deben actuar en sujeción a la Constitución Política del Estado, a la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0723/2023-S4 de 14 de agosto, basándose en la SCP 0282/2023-S4 de 15 de mayo, manifestó los siguiente: “La exigencia de que una resolución sea debidamente fundamentada y motivada, y sea congruente entre lo peticionado, lo discutido y lo resuelto, forma parte de la garantía del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y principio en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 de la CADH y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, sobre el debido proceso; señaló que, entre sus presupuestos exige que toda autoridad que debe pronunciar una resolución debe exponer imprescindiblemente los hechos y la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la decisión, cuya omisión, además de alterar la estructura de la resolución, afecta al debido proceso, porque la decisión será arbitraria debido a que impide a las partes saber el porqué de la decisión asumida por la autoridad correspondiente.

Entre las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva se encuentra también el ejercicio del derecho a la defensa, siendo uno de sus componentes el de recurrir de las resoluciones y obtener de los jueces o tribunales correspondientes una respuesta sobre lo planteado en los recursos o escritos. Pues para impugnar una resolución es necesario conocer las razones que condujeron al juez o tribunal a dictar la resolución que se controvierte, las cuales deben estar referidas a los hechos (pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión, cuya omisión limitará a la parte afectada a presentar un adecuado recurso; dado que, este no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente, entre los fines del deber de motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle a la parte afectada la posibilidad de impugnar una resolución judicial que es adversa a sus intereses.

En ese sentido, se establece la exigencia de que toda resolución tiene que exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal que sustenta la decisión, cuya omisión conlleva la lesión al debido proceso; garantía que no sólo resulta aplicable a las resoluciones judiciales, sino también a las resoluciones administrativas, u otras en las que se afectan o se tiene el riesgo de afectar los derechos de las personas, conforme fue razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio y las SSCCPP 0910/2021-S4 de 25 de noviembre y 0545/2022-S4 de 14 de junio, entre otras.

Bajo ese razonamiento, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución judicial o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso, como: Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa o judicial en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

La SC 0802/2007-R de 2 de octubre, precisó ciertos supuestos en los cuales una resolución es considerada arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada; señalando que, el mismo está dado por sus finalidades implícitas que son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–.

En cuanto se refiere a la segunda finalidad, es decir, lograr el convencimiento a las partes de que la resolución no es arbitraria, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, manifestaron que, la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. En ese sentido, ilustrando al respecto, señalaron que: la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se presenta, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, al establecerse que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. A su vez, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo; indicó que, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Si bien el razonamiento antes expuesto está enfocado a las resoluciones de primera instancia, dicha exigencia no resulta ajena a los ámbitos de apelación y casación en procesos ordinarios, que en el marco de su competencia también están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones; así, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en apelación, señaló la importancia que tiene el Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior; de manera que, al pronunciar sus fallos están igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos fácticos y normativos que la norma legal prevé al respecto; cabe aclarar que no obstante que la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, fue pronunciada en una acción de libertad derivada de un proceso penal, el razonamiento allí expuesto resulta aplicable a todas las materias, tomando en cuenta que el debido proceso no solo aplica a materia penal.

Bajo el mismo razonamiento, el tribunal de casación tampoco se encuentra exento de la obligación de fundamentar y motivar su resolución al analizar los motivos expuestos por el o los recurrentes en el recurso de casación, pues aunque este recurso es una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores, de modo que solo es posible su formulación en los supuestos expresamente previstos en la ley, ello no implica que al resolver los motivos expuestos por las partes no deba dar las razones tanto jurídicas como fácticas sobre lo decidido, cuya exigencia es aún mayor cuando se toma la decisión de casar el fallo recurrido, caso en el cual no solo está en la obligación de pronunciarse sobre los motivos expuestos; sino también, sobre las pretensiones expuestas por las partes en el proceso, igualmente de manera fundamentada y motivada, en respeto a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Ambas comprensiones también son aplicables al ámbito administrativo en fase recursiva.

Es importante anotar que la exigencia de motivación de las resoluciones no exige que estas sean extensas en cuanto a las razones de la decisión, tanto jurídicas como fácticas, sino que exige una estructura tanto de forma como de fondo, en cuyo caso, una motivación concisa pero clara en cuanto a cada uno de los puntos demandados o reclamados por las partes en el proceso y que exprese las convicciones determinativas del juzgador en cuanto a la decisión que se asume, es suficiente para entender que la exigencia de motivación fue cumplida, caso contrario, si el fallo aun siendo extenso o ampuloso en argumentaciones no expresa las razones o motivos que formaron la convicción de la autoridad judicial o administrativa en cada caso, es claro que dicha garantía se entenderá que no fue cumplida. En ese sentido se tiene razonado en la SC 0632/2010-R de 19 de julio.

Sobre la base de la indicada jurisprudencia constitucional es posible concluir que, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, la prohibición de reforma en perjuicio, mencionando también el derecho a la defensa y los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad; en razón a que, la Autoridad demandada al pronunciar la RA 41/2019; por la que, resolvió el Recurso Jerárquico planteado en contra de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, que ratificó la existencia de responsabilidad administrativa de la impetarante de tutela y otros, a través de la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, a la ahora accionante vulneró el debido proceso en su componente de prohibición de reforma en perjuicio; pues, concluyó de forma arbitraria que habría incurrido con su conducta en lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT; cuando en el proceso, jamás se le permitió asumir defensa en relación a un incumplimiento de convenio de trabajo; además de ello, no se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso y tampoco prestó atención alguna a la prueba acompañada al mismo.

Identificada la problemática planteada por la parte solicitante de tutela, y previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado; corresponde revisar los antecedentes del proceso que dieron lugar a la presente acción de defensa.

En ese orden, de la revisión de los antecedentes; se tiene que, por Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018, emitido por la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, se determinó iniciar proceso interno administrativo en contra Rosmery Nelly Agostopa, Limberth Cartagena Vásquez, Angélica Flores Terrazas, Celsa Arancibia Veramendi, Alejandrina Valencia, Elena Veizaga Rodríguez, Isabel Navia Rodriguez, Paulina Sayhua Churqui –ahora accionante– y Aquilina Orellana Meneces, por la presunta comisión del delito de hurto de carnes, víveres y jabón líquido de la cocina del Hospital Obrero 2 en contravención de los arts. 61 inc. a) y b), 81 inc. e), f); y, n) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS; y, art. 16 inc. g) de la LGT.

Seguidamente, por Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, estableció la existencia de responsabilidad administrativa de la solicitante de tutela y otros, imponiéndoles la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales solo quinquenios consolidados; es así que, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2018, la accionante interpuso recurso de revocatoria contra la misma.

Consecuentemente, a través de Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, resolvió ratificar la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018; de tal forma que, mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2018, la impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico.

Por RA 41/2019, el Gerente General de la CNS hoy demandado, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, ratificando en consecuencia, la sanción impuesta a la ahora accionante; determinación que, le fue notificada el 2 de diciembre de 2019.

Así, por memorial presentado el 3 de diciembre de 2019, ante el Gerente General de la CNS, la solicitante de tutela requirió aclaración y complementación de la RA 41/2019; no obstante, fue declarado no ha lugar a través del Auto de 13 de diciembre de igual año.

Posterior a ello, consta por nota presentada el 14 de julio de 2020, ante la CNS, la accionante solicitó fotocopias legalizadas del proceso sumario administrativo; pedido que, le fue entregado el 25 de septiembre del mismo año, indicándole que: “Las mismas concuerdan con los originales de su referencia es cuanto puedo certificar referente al Segundo Cuerpo cursante a Fjs. 445 (Cuatrocientos cuarenta y cinco)” (sic).

Asimismo, mediante nota presentada el 19 de octubre de 2022, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, Celsa Arancibia Veramendi –ahora tercera interesada–, solicitó fotocopias legalizadas del proceso interno administrativo ya mencionado; las cuales, le fueron entregadas el 15 de noviembre de 2022 (Si bien el acta señala el año 2021, al indicar la fecha de la solicitud referida, se entiende que el año correcto es 2022).

De igual manera, a través de nota presentada el 1 de noviembre de 2022, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, la impetrante de tutela solicitó fotocopias simples y legalizadas del proceso administrativo seguido en su contra; las cuales, le fueron entregadas en la misma fecha indicada (Del contenido del acta se tiene que, el mismo indica cómo año de entrega, el 2021; no obstante, de la correlación de fojas insertas en legajo del proceso, la misma se encuentra a continuación de lo solicitado de fs. 469 a 470).

Finalmente, cursa notificación del Auto de 13 de diciembre de 2019; por el que, se declaró no ha lugar la solicitud efectuada por la solicitante de tutela, realizada el 19 de octubre de 2022.

Ahora conforme a los datos del proceso, corresponde referirse previamente al tema de la inmediatez; motivo por el que, el Tribunal de garantía denegó la tutela solicitada, y posteriormente, se dilucidará sobre el derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y principio de congruencia en las resoluciones.

III.4.1. Sobre la supuesta falta de cumplimiento del principio de inmediatez dentro del presente caso

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada en la presente acción tutelar, se hace necesario considerar y aclarar sobre el cómputo de la inmediatez tomando en cuenta la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los plazos para la interposición de las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la hubiera presentado dentro de las veinticuatro horas siguientes; ya que, si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma hubiese sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento; puesto que, se entenderá que esta solicitud fue realizada con la intención de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la Sentencia o resolución de carácter definitivo.

En el presente caso, la accionante apenas fue notificada el 2 de diciembre de 2019, con la RA 41/2019; por lo que, solicitó por memorial de 3 de diciembre del mismo año, aclaración y complementación de la referida Resolución; es decir, dentro las veinticuatro horas siguientes a su notificación cumpliéndose así la sub regla establecida por la citada jurisprudencia; de modo que, al haber sido notificada con el Auto de 13 de diciembre de 2019; el cual, fue notificado el 19 de octubre de 2022, a partir de la cual se realiza el computo de los seis meses, teniendo que la presente acción tutelar fue impetrada el 21 de noviembre de 2022, se concluye en consecuencia se cumplió con el principio de inmediatez; por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Cabe aclarar que si bien, consta por nota presentada el 14 de julio de 2020, ante la CNS Regional-Cochabamba, que la impetrante de tutela solicitó fotocopias legalizadas del proceso sumario administrativo; es decir, de forma posterior a la emisión del Auto de 13 de diciembre de 2019; y que por ello, según la parte demandada y el Tribunal de garantías, debiera considerarse como fecha computable para la viabilidad del análisis de fondo la presente acción tutelar, el momento en el que le fueron entregadas las mismas –25 de septiembre de 2020–; sin embargo, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la administración tiene el deber formal de comunicar su decisiones, primero porque se rige por una actividad reglada y segundo para permitir que el afectado, en este caso la accionante, haga uso de su derecho a la defensa y pueda impugnar las determinaciones asumidas, lo que ocurrió en el caso recién el 19 de octubre de 2022, momento en el que se notificó formalmente la respuesta a la solicitud de aclaración y complementación de la RA 41/2019 ahora objetada.

De igual manera, la autoridad demandada señaló que el 1 de noviembre de 2021, habrían sido entregadas fotocopias de la causa al representante legal de la solicitante de tutela; al respecto cabe explicar que, por la correlación de fojas insertas en legajo del proceso, el acta que evidencia dicha entrega se encuentra a continuación de la solicitud impetrada (fs. 469 a 470) a través de nota presentada el 1 de noviembre de 2022, ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional-Cochabamba, siendo ese el año correcto.

Puesto que, dicho error se configura de igual manera con el acta que atendió la solicitud de fotocopias de 19 de octubre de 2022, impetrada por Celsa Arancibia Veramendi –ahora tercera interesada–; las cuales, le fueron entregadas el 15 de noviembre de 2022; pues, si bien el acta señala año 2021, al describir la fecha de la solicitud referida, se entiende que el año correcto es 2022.

Es decir, que las mencionadas fotocopias fueron otorgadas de forma posterior a la notificación del Auto de 13 de diciembre de 2019, realizada el 19 de octubre de 2022; por lo que, de ninguna manera incide en el caso.

III.4.2. Análisis del fondo

Ahora bien, a los fines de dilucidar si en la RA 41/2019, en efecto, se incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciadas, debe tenerse presente que toda resolución dictada, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente. Y siendo que, el accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, además de razonable, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene entre sus componentes la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, indicando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.

En mérito a ello, a efectos de establecer si es evidente o no, lo señalado por la impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional; es necesario realizar la contrastación de cada uno de los puntos impugnados por esta, mediante el recurso jerárquico planteado contra la Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, con los fundamentos que empleó la Autoridad demandada a tiempo de emitir la RA 41/2019.

III.4.2.1. Argumentos del recurso jerárquico

Los argumentos expuestos en el recurso jerárquico interpuesto por la ahora impetrante de tutela, responden al siguiente detalle:

i) Vulneración del derecho a la defensa. Mediante memorial de 18 de junio de 2018, solicitó se amplíe y/o complemente el término de prueba, amparado en los arts. 115.II, 119.II y 410 de la CPE; empero, se impuso lo dispuesto en el Reglamento de Procesos Internos Administrativos de la CNS; así como, el DS 23318-A modificado por el DS 26237, para establecer que los mismos no disponen de forma expresa la ampliación y/o complementación del término de prueba; declarando por ello no ha lugar lo solicitado.

La complejidad del caso, inherente a la averiguación y demostración del presunto daño ocasionado a la CNS, por la existencia de una bolsa –en el caso suyo- con “cáscaras de zanahoria cebolla (3.360Kg.); Bolsa de sobra de comida (4.620 KG.), 4 (cuatro) tomates; bolsa de carne cruda de res y cerdo (1.740 Kg.)) (sic); imponía, de acuerdo a la razón y lógica inherentes a la sana crítica, la necesidad de ampliar mínimamente el plazo de prueba, pues debía aclararse si lo encontrado que en realidad constituía desechos o basura, podía ser considerado “bien” institucional o “víveres” utilizables;

ii) Vulneración del debido proceso por ausencia de actividad probatoria y valoración idónea y pertinente para justificar la destitución sin goce de beneficios sociales. La Autoridad Sumariante omitió realizar investigación particular e independiente respecto a los hechos denunciados, limitándose a reproducir los argumentos de un informe policial y sin valorar que, no se demostró que el contenido de la bolsa que le fue “arrebatada” pertenecía a la CNS y si existió daño económico alguno; pues, tratándose de bienes, la institución debía demostrar que se había sufrido un menoscabo en su patrimonio; requiriendo por ello, una auditoría o certificación que acredite ello.

Se omitió la labor de desarrollar un análisis de actuaciones como la Nota SN-194/2018 de 1 de junio, suscrita por la Jefe de Servicio de Nutrición del Hospital, que en lo central advirtiendo que, la cantidad pedida a economato fue destinada a la alimentación de pacientes y personal; circunstancia que, corrobora el hecho de que el contenido de las bolsas objeto de “secuestro” se hallaba compuesto por desechos y residuos no utilizables en la cocina de la CNS.

También, precisó la relevancia de aclarar que, el Informe OR-TILCC/CBBA-013/2018 de 4 de junio, emitido por la Oficina Regional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; refirió que, en el caso se debía estar a la espera del informe a ser emitido por auditoría interna.

Asimismo, resaltó que las notas JRRHH-I-636/2018 y JMR-0717/2018, ambas de 1 de junio, que refieren un presunto daño económico y “daño ocasionado con la Institución y nuestros pacientes asegurados que son los que están afectados por las dietas que reciben” (sic); empero, es precisamente ese daño el que no fue demostrado con prueba alguna. Sin embargo, de ello la boleta de depósito bancario que acompañó, demostró que, cualquier presunta lesión ha sido objeto de reparación;

iii) Vulneración del debido proceso por ausencia de motivación. La Resolución objetada de modo alguno efectuó una descripción individualizada de las circunstancias –medios de prueba– que justifiquen la decisión de destituirla de sus funciones; tampoco, valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos; pues, no explicitan de manera razonada de qué manera y cual el sustento circunstancial o probatorio que explique y evidencie la necesidad de apartarla de su cargo;

iv) Ausencia de valoración de la prueba acompañada al recurso de revocatoria. La Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 6/2018, aun cuando en el Considerando III, textualmente hace referencia a la prueba presentada por ella, omite valorar de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos;

v) Vulneración del derecho al Trabajo. Las resoluciones emitidas en el caso, no cuenta con la existencia material de un acto motivado; de tal forma que, al imponerle una sanción arbitraria vulnera el derecho referido; vi) Vulneración del derecho y garantía de presunción de inocencia y su vinculatoriedad con el debido proceso administrativo. La Resolución objetada, en un manifiesto rasgo de inconstitucionalidad, indicó que de forma inverosímil durante el plazo establecido no presentó prueba alguna y que implícitamente se habría reconocido haber causado perjuicio a la institución, por los depósitos efectuados en favor de la CNS; afirmaciones que, vulneran el derecho indicado; ya que, presume su culpabilidad y le impone la obligación de demostrar su inocencia, cuando la carga de la prueba está a cargo del acusador; y, vii) Vulneración al principio de proporcionalidad por ausencia de motivación a tiempo de imponer la sanción. No se consideró en absoluto algún criterio de evaluación para finalmente determinar en base a ello la sanción de destitución; la Resolución impugnada omitió efectuar un análisis de proporcionalidad respecto a la presunta falta cometida y la aplicación de la máxima sanción de índole administrativo; es decir, en absoluto efectúa un análisis razonado respecto a la gravedad de la presunta infracción.

III.4.2.2. Fundamentos de la Resolución Administrativa

41/2019 de 11 de septiembre

Señalando que, los recursos jerárquicos interpuestos por Limberth Cartagena Vásquez, Angélica Flores Terrazas, Celsa Arancibia Veramendi, Elena Veizaga Rodríguez, Isabel Marcela Navia Rodríguez, Paulina Sayhua Churqui –hoy accionante– y Aquilina Orellana Meneces, cuentan con una similitud en los seis puntos de agravio expuestos, la Autoridad demandada procedió a realizar un análisis conjunto, identificando los siguientes:

a) Al punto primero. De la revisión de las solicitudes de ampliación de término probatorio en primera instancia, es necesario esclarecer que, el mismo no fue requerido por todos los procesados; y dicha solicitud fue atendida por decreto de 19 de junio de 2018, a través del cual, se respondió y fundamentó el por qué no se dio lugar a lo pedido; cierto es que, se reiteró lo solicitado; empero, se mantuvo la negativa por decreto de 20 de junio de 2018; el cual, si bien resulta restringido en cuanto a su fundamentación, no es menos cierto que en los hechos generados en el proceso interno, el petitorio ya mereció argumentación valida de forma anterior; y, una vez notificados con el último actuado mencionado, las partes no plantearon objeción alguna, sino hasta el recurso de revocatoria, etapa en la que es permisible la presentación de prueba de descargo.

“Es necesario referir también, que huesos de pollo, cascaras de verdura, sobras de comida, se consideran desechos, el proceso no está cimentado únicamente en ello, si no también, y lo más importante, ALIMENTOS SIN PROCESAR como CARNE, ACEITE, MAICENA, AZUCAR, etc., los cuales si se consideran en objeto de observación, por tratarse de bienes perecederos de propiedad de la Caja Nacional de Salud” (sic).

El Informe presentado por la Unidad de Transparencia Regional OR-TILCC/CBBA-013/2018 de 4 de junio, estableció recomendaciones claras; así en el punto 5 sugirió la instauración de un proceso interno administrativo; y, en el punto 6 indicó que se debía estar a la emisión de un informe de auditoría interna, con un examen más amplio en relación a los hechos observados por el personal policial; empero, en ningún momento se recomendó se espere el resultado de la misma para iniciar el proceso; debe entenderse que, si las jefaturas “MÉDICA y de NUTRICIÓN” (sic) solicitaron la verificación del daño económico, la misma debe atenderse a través de una auditoría realizada de forma independiente a las faltas administrativas; en ese sentido, las boletas de depósito bancarias deberán ser valoradas en esa instancia; pues la finalidad del proceso administrativo se limita a establecer la existencia de contravenciones y no a recuperar daños;

b) Al punto tercero. De la revisión de la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, se observa que los CONSIDERANDOS III, IV y V detallan claramente las pruebas presentadas y su respectiva valoración.

Indicando además que, las pruebas aportadas a tiempo de interponer recurso de revocatoria, por Angélica Flores Terrazas, Limbert Cartagena Vásquez y Aquilina Orellana Meneces (Informe de antecedentes penales y solvencias fiscales) no serían pertinentes y no podrían constituirse en calidad de prueba de descargo;

c) Al punto cuarto. Teniendo en cuenta los conceptos de infracción, obligación, obligado y obligatorio; el Reglamento Interno de Trabajo de la CNS, establece obligaciones, prohibiciones y tipos de sanción; de este modo se estableció como obligación de cada trabajador, independientemente de su jerarquía, al actuar ético y profesional, demostrando lealtad, cautela y responsabilidad a la hora de desarrollar sus funciones.

El art. 29 de la, Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) –Ley 1178 de 20 de julio de 1990–, determina que la responsabilidad administrativa se establece ante una acción u omisión que contraviene las normas de carácter administrativo; situación que, debe ser analizada por la Autoridad Sumariante, quien de acuerdo a la gravedad de la falta, impone una sanción; en ese sentido, la resolución objetada fue clara al determinar la infracción a las obligaciones funcionarias establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS.

El art. 81 inc. n) de la norma antes citada, tiene como causal de destitución “cualquier otra falta contemplada en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo en concordancia con su Reglamento u otra que pudiera considerarse de igual gravedad”; así, el mencionado art. 16 en su inc. e), señala que no habrá lugar a desahucio e indemnización cuando exista incumplimiento parcial o total del convenio de trabajo; determinación expuesta también y de forma más clara en el art. 9 inc. c) del Reglamento de la LGT, del DS 224 de 23 de agosto de 1943; en ese marco, la Autoridad Sumariante estableció la existencia de incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS, en su acápite de obligaciones; manifestándose por ello, responsabilidad administrativa, correspondiendo en consecuencia, la imposición de una sanción por la gravedad de la falta;

d) Al punto quinto. El principio de presunción de inocencia es justamente el que generó el inicio del proceso interno administrativo, con el fin de establecer si existe o no responsabilidad por la función pública, aperturando dentro del mismo periodos de presentación de pruebas de descargo, tanto en instancia sumarial y de impugnación; por lo que, no existe justificativo alguno para determinar la vulneración del indicado principio ni mucho menos incumplimiento a la garantía del debido proceso; “a la fecha la funcionaria CONTINÚA PRESTADO SUS FUNCIONES” (sic); y, e) Al punto sexto. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción aducida; debe tenerse en cuenta que, la administración pública se rige por los principios de ética, honestidad y responsabilidad; en ese entendido, la CNS promovió a través de un Código de Ética y un Reglamento Interno de Trabajo, lineamientos en relación al comportamiento de sus trabajadores, regido por valores que no pueden ser medidos por la simple cantidad de los bienes encontrados en poder de los procesados; sino por la actitud con la que obraron.

Bajo el Título de “MEMORIALES PRESENTADOS EN ETAPA DE IMPUGNACIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO” (sic), señaló que; si bien se acompañó rechazo de denuncia de 28 de noviembre de 2018, emitido por el Ministerio Público dentro del proceso penal seguido en contra de los implicados en la causa administrativa, entre ellos la accionante; empero, el mismo no puede ser considerado prueba de descargo, considerando que, existe una diferencia sustancial en las materias que se procesan; además, dicha documental, en ningún momento estableció la inocencia de los procesados, sino únicamente la falta de tramitación de prueba testifical; siendo, necesario solicitar informes pertinentes a la unidad legal encargada del proceso penal.

Asimismo, en un acápite titulado “DEL ACCIONAR DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA” (sic); indicó que la Autoridad Sumariante observó de forma parcial la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa; correspondiendo pronunciarse respecto a las pruebas de descargo presentadas en etapa de revocatoria, por parte de la solicitante de tutela y otros, describiendo específicamente la documental aparejada, para indicar que:

Tanto el Informe de Antecedentes penales como el Certificado de Antecedentes, en todos los casos hacen referencia a la no existencia de procesos en el área penal, aspecto o tema muy diferente al objeto de la causa administrativa, que busca determinar responsabilidad en dicha área.

En cuanto a las solvencias Fiscales emitidas por la Contraloría General del Estado, en las que no figura requerimientos de pago y acciones judiciales; las cuales, obedecen a responsabilidades civiles o penales por la función pública; en ese entendido, tampoco pueden constituirse en calidad de prueba de descargo, en el marco del objeto del proceso administrativo.

La ahora accionante presentó memorándums de designación, cambio de funciones y asignaciones de tareas; los cuales, no tienen nexo con el objeto del proceso; además de, no referir cual el motivo de su presentación o que se quiere demostrar con la misma; puesto que, los movimientos de personal resultan de rutina en relación a la necesidad de servicio que tengan las diferentes unidades que componen la institución; situación que se repite con las certificaciones emitidas por Asesoría Legal de la CNS Regional-Cochabamba, respecto a la inexistencia de procesos pendientes, pues no se explicó el porqué de su añadidura.

Asimismo, se adjuntaron certificados de nacimiento de sus hijos y documentos de deuda bancaria, los cuales no tienen relación con la causa y el objeto del proceso; entendiendo que, las obligaciones económicas y familiares se encuadran en otro campo del derecho.

EN CUANTO A LA SANCIÓN IMPUESTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y PROPORCIONALIDAD; Conforme lo dispuesto en el art. 81 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo del personal de la CNS, es causal de destitución la malversación, defraudación, robo, hurto, sustracción de dineros, valores o bienes pertenecientes a la entidad o a los trabajadores; normativa que fue declara constitucional a través de la SCP 0646/2012 de 23 de julio.

Asimismo, el inc. f) indica que también será causal de destitución, el abuso de confianza cometido con bienes y valores de la entidad o con sueldos pertenecientes a los trabajadores; y, el inc. n) refiere que cualquier otra falta contemplada en el art. 16 de la Ley General del Trabajo; la cual en su inciso g) describe el robo o hurto.

La normativa descrita, lleva en sí misma la conducta y la sanción a ser impuesta, como es la destitución; en ese entendido, el art. 16 inc e) de la LGT, establece que no habrá lugar a desahucio e indemnización cuando exista incumplimiento parcial o total del convenio de trabajo; aspecto que también es considerado en el art. 9 inc. e) de su reglamentación.

De tal forma que, habiéndose establecido en tal sentido que existió incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo en su acápite de obligaciones determinando por tanto la existencia de responsabilidad y la imposición de una sanción por la gravedad de la falta, no se evidencia vulneración de derecho alguno.

Conductas, como el hurto de carnes y víveres de la cocina del Hospital Obrero 2, en la que incurrieron los procesados es merecedora de la sanción de destitución; la cual, es proporcional a la falta.

Los procesados tienen la obligación de sujetar sus actos a las obligaciones descritas en el art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS; siendo que, cuentan con una designación con calidad de funcionarios de planta; por lo tanto, están sujetos a dichas disposiciones normativas.

III.4.2.3. Contraste

En ese orden, una vez glosados los motivos reclamados por la parte ahora impetrante de tutela a través de su recurso jerárquico, y lo resuelto por la Autoridad demandada a través de la RA 41/2019, se evidencia lo siguiente:

a) Vulneración del derecho a la defensa. La solicitante de tutela, señaló que, mediante memorial de 18 de junio de 2018, requirió se amplíe y/o complemente el término de prueba, amparado en los arts. 115.II, 119.II y 410 de la CPE; sin embargo, se impuso lo dispuesto en el Reglamento de Procesos Internos Administrativos de la CNS; así como, el DS 23318-A modificado por el DS 26237; para establecer que, las mismas no establecen de forma expresa la ampliación y/o complementación del término de prueba; declarando por ello no ha lugar lo solicitado; la Autoridad demandada señaló al respecto que, dicha ampliación no habría sido requerida por todos los procesados; y que la misma fue atendida por Decreto de 19 de junio de 2018, a través del cual se respondió y fundamentó el por qué no se dio lugar a lo pedido; cierto es que se reiteró lo solicitado; empero, se mantuvo la negativa por Decreto de 20 de junio de 2018; el cual, si bien resulta restringido en cuanto a su fundamentación, no es menos cierto que en los hechos generados en el proceso interno, el petitorio ya mereció argumentación valida de forma anterior; y, una vez notificados con el último actuado mencionado, las partes no plantearon objeción alguna, sino hasta el recurso de revocatoria, etapa en la que es permisible la presentación de prueba de descargo.

Ahora bien, el presente agravio persigue la revisión del fundamento por el cual se negó la solicitud de ampliación y complementación del término de prueba impetrada; no obstante, la Autoridad demandada se limitó a señalar que dicho pedido fue atendido por los Decretos de 19 y 20 de junio de 2018; y, si bien el último sería restringido en su argumentación, ya se habría dado respuesta mediante el primero; empero, no indicó porque la misma se encontraría debidamente fundamentada y motivada.

Además de ello, indicó que no se habría planteado objeción alguna a la negativa sino hasta el recurso de revocatoria; téngase en cuenta que, de dicho mecanismo de impugnación emergió la Resolución observada en el Jerárquico; debiendo por ello, manifestarse al respecto y no simplemente indicar que en las mencionadas etapas es permisible la presentación de prueba de descargo.

Por lo expuesto, se evidencia que la Autoridad demandada incumplió con su deber de fundamentar y motivar su decisión, atendiendo el agravio planteado por la accionante, recayendo inclusive en incongruencia;

b) Vulneración del debido proceso por ausencia de actividad probatoria y valoración idónea y pertinente para justificar la destitución sin goce de beneficios sociales. La parte impetrante de tutela, indicó que durante el proceso Administrativo se habría omitido realizar investigación particular e independiente respecto a los hechos denunciados; pues, solo se reprodujo los argumentos de un informe policial; además, no se demostró si existió daño económico alguno; y, que no obstante ello, la boleta de depósito bancario que acompañó, demostró que cualquier presunto daño ha sido objeto de reparación.

Se omitió la labor de desarrollar un análisis de la Nota SN-194/2018 de 1 de junio, suscrita por la Jefe de Servicio de Nutrición del Hospital, que advirtió que la cantidad pedida a economato fue destinada a la alimentación de pacientes y personal, circunstancia que corrobora el hecho de que el contenido de las bolsas objeto de “secuestro” se hallaba compuesto por desechos y residuos no utilizables en la cocina de la CNS. Por consiguiente, precisó la relevancia de esclarecer que el Informe OR-TILCC/CBBA-013/2018 de 4 de junio, emitido por la Oficina Regional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; refirió que, en el caso, se debía estar a la espera del informe a ser emitido por auditoría interna.

Al respecto, no existe un acápite que desglose específicamente dicho agravio; empero, en el Punto Primero se hizo mención de lo pedido por el área de Nutrición de la Institución y lo informado por la Unidad de Transparencia, manifestando que:

El Informe presentado por la Unidad de Transparencia Regional OR-TILCC/CBBA-013/2018, habría establecido recomendaciones claras; empero, en ningún momento se recomendó se espere el resultado de una auditoría para iniciar el proceso Administrativo; y que, si las jefaturas “MÉDICA y de NUTRICIÓN” (sic) solicitaron la verificación del daño económico, la misma debe atenderse a través de una auditoría realizada de forma independiente a las faltas administrativas; en ese sentido, las boletas de depósito bancarias deberán ser valoradas en esa instancia; pues la finalidad del proceso administrativo se limita a establecer la existencia de contravenciones y no a recuperar daños.

No obstante ello, la autoridad demandada, no indicó si era evidente la falta de investigación en la causa, tomando en cuenta precisamente las notas e informes elevados por otras instancias del Hospital, los cuales instaron a la elaboración de una auditoria interna; debiendo entonces, justificar por qué no debiera estarse a los resultados de la misma, a fin de llegar a la verdad material de los hechos, aspecto que fue precisamente observado por la accionante; teniéndose por ello, infundado el presente punto.

Téngase en cuenta que, actos como la no realización de un examen concreto y eficaz del material probatorio, puede llevar a una idea distorsionada del contexto de las cosas y de esa forma, considerar responsable a una persona que realmente no lo sea.

Al concluir que un hecho ha sido debidamente corroborado, debe subsumir dicha conducta o adecuarla a una de las figuras administrativas tipificadas en la norma de la materia. No basta con identificar la figura típica administrativa en la que se ha incurrido, sino que se debe demostrar cual el razonamiento para concluir dicha premisa. Así mismo, cuando una autoridad confirma que dicha situación está verificada, es porque cuenta con suficientes medios de prueba para respaldar su afirmación. Este conjunto de elementos debe mostrarse al momento de motivar su resolución;

c) Vulneración del debido proceso por ausencia de motivación. La impetrante de tutela indicó que la Resolución objetada de modo alguno efectuó una descripción individualizada de las circunstancias – medios de prueba– que justifiquen la decisión de destituirla de sus funciones; tampoco valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos; pues, no explicitan de manera razonada de qué manera y cual el sustento circunstancial o probatorio que explique y evidencie la necesidad de apartarla de su cargo.

La Autoridad demandada indicó escuetamente que, de la revisión de la Resolución Sumarial Final RC-AS 10/2018, se observa que los CONSIDERANDOS III, IV y V detallan claramente las pruebas presentadas y su respectiva valoración.

Empero, no indicó por qué debe considerarse que la valoración efectuada en relación a las pruebas se encontraría fundamentada y motivada; siendo dicho aspecto, lo cuestionado por la accionante en el presente punto; razón por la que se determina que el presente acápite también se encuentra infundado; d) Ausencia de valoración de la prueba acompañada al recurso de revocatoria. La Resolución de Recurso de Revocatoria RC-AS 06/2018, aun cuando en el Considerando III, textualmente hace referencia a la prueba presentada por ella, omite valorar de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos.

Al respecto, la Autoridad demandada indicó que, las pruebas aportadas a tiempo de interponer recurso de revocatoria, por Angélica Flores Terrazas, Limbert Cartagena Vásquez y Aquilina Orellana Meneces (Informe de antecedentes penales y solvencias Fiscales) no serían pertinentes y no podrían constituirse en calidad de prueba de descargo.

Asimismo, en el acápite titulado “DEL ACCIONAR DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA” (sic); señaló que la Autoridad Sumariante habría observado de forma parcial el debido proceso y el derecho a la defensa; sin indicar el porqué de dicha conclusión; y procedió a describir la documental aparejada al recurso de revocatoria, para indicar que:

Tanto el Informe de Antecedentes penales como el Certificado de Antecedentes, en todos los casos hacen referencia a la no existencia de procesos en el área penal, aspecto diferente al objeto de la causa administrativa; situación que se repite con las solvencias fiscales emitidas por la Contraloría General del Estado, estas obedecen a responsabilidades civiles o penales por la función pública; en ese entendido, no pueden constituirse en calidad de prueba de descargo.

En cuanto a los memorándums de designación, cambio de funciones y asignaciones de tareas presentados por la ahora accionante, estos no tienen nexo con el objeto del proceso; además de, no referir cual el motivo de su presentación o que se quiere demostrar con la misma; situación que se repite con las certificaciones emitidas por Asesoría Legal de la CNS Regional Cochabamba, respecto a la inexistencia de procesos pendientes.

Asimismo, respecto a los certificados de nacimiento de sus hijos y documentos de deuda bancaria; los cuales, no tienen relación con la causa y el objeto del proceso; estos tampoco pueden ser considerados; puesto que, las obligaciones económicas y familiares se encuadran en otro campo del derecho.

De lo expuesto; se tiene que, si bien se procedió a la descripción textual de toda la documental aportada; la Autoridad demandada, se limitó a indicar que todas estas no tendrían nexo con el proceso administrativo; por tanto, no podrían ser consideradas.

Debe tomarse en cuenta que, el acto valorativo de la prueba consiste en un análisis exhaustivo por parte del órgano competente de las pruebas requeridas o puestas a disposición por las partes intervinientes, con el objetivo de determinar la autenticidad de las alegaciones de las partes que intervienen, lo que finalmente permitirá esclarecer si ha existido o no responsabilidad administrativa.

La prueba debe valorarse y fundamentarse en el análisis de la presunta responsabilidad administrativa del servidor u funcionario público, concluyendo que el trabajador es pasible de ser sancionado o, todo lo contrario, absuelto.

En el caso, la autoridad demandada aferrada al concepto de cuál el objeto del proceso administrativo, omitió desplegar un análisis que permita establecer si las alegaciones vertidas por las partes a tiempo de acompañar la documental, permiten o no el esclarecimiento de la causa; de tal forma que, el presente punto de igual manera se encuentra infundado;

e) Vulneración del derecho al Trabajo. La parte accionante indicó que, las resoluciones emitidas en el caso no cuentan con la existencia material de un acto motivado; de tal forma que, al imponerle una sanción arbitraria vulnera el derecho referido.

Al respecto, no existe un punto que desglose específicamente dicho agravio; empero, en el Punto tercero se manifestó lo siguiente:

Que, la responsabilidad administrativa se establece ante una acción u omisión que contraviene las normas de carácter administrativo, situación que debe ser analizada por la Autoridad Sumariante, quien, en el caso de acuerdo a la gravedad de la falta impone una sanción; en ese sentido, la resolución objetada fue clara al determinar la infracción a las obligaciones funcionarias establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de CNS.

Indicó que, el art. art. 16 en su inc. e) de la LGT, señala que no habrá lugar a desahucio e indemnización cuando exista incumplimiento parcial o total del convenio de trabajo; determinación expuesta también en el art. 9 inc. c) del DS 224; bajo dicho marco legal, es que la Autoridad Sumariante estableció la existencia de incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo en su acápite de obligaciones, manifestándose por ello, responsabilidad administrativa, correspondiendo en consecuencia, la imposición de una sanción por la gravedad de la falta.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes de la causa se tiene que, por Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018, se inició un proceso sancionatorio en contra de la accionante y otros, por presunto hurto de carnes, víveres y jabón líquido de la cocina del Hospital Obrero 2, en contravención de los arts. 81 inc. e), f) y n) y 61 inc. a) y b) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la Caja Nacional de Salud; y, 16 inc. g) de la LGT.

Normativa que debía ser subsumida a los hechos y pruebas aportadas en el proceso, con la finalidad de establecer si corresponde o no la imposición de una determinada sanción; no obstante, la accionante objetó que las resoluciones emitidas en el caso, no cuentan con la existencia material de un acto motivado, que curso a la imposición de una sanción.

Ello, tomando en cuenta que el principio de taxatividad exige que las conductas tipificadas como faltas, sean descritas de forma que generen certeza, sin necesidad de interpretación alguna, sobre el acto o conducta sancionada, así como sobre la sanción impuesta, pues la existencia de un precepto sancionador sin la suficiente claridad del acto que describe como lesivo a un bien jurídico protegido, puede dar lugar a que sean las autoridades encargadas de aplicar dicho precepto quienes creen el tipo para adecuarlo a la conducta procesada lo que no coincide con el principio de legalidad.

Empero, la autoridad demanda al pronunciar la RA 41/2019, procedió a desglosar lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT, justificando su aplicación en la causa; cuando en el proceso, no se hizo mención de dicha norma, omitiendo fundamentar respecto a aquellas que si sustentaron las resoluciones administrativas emitidas y cuestionadas por la accionante; siendo, también el presente punto incongruente; al no existir armonía entre lo pedido por la parte accionante y lo expresado en la Resolución objetada, resolviendo una cuestión que no fue solicitada y menos introducida con anterioridad en el caso, provocando indefensión;

f) Vulneración del derecho y garantía de presunción de inocencia y su vinculatoriedad con el debido proceso administrativo. La impetrante de tutela manifestó que, la Resolución objetada de forma inverosímil estableció que durante el plazo establecido no presentó prueba alguna y que implícitamente se habría reconocido haber causado perjuicio a la institución, por los depósitos efectuados en favor de la CNS; afirmaciones que vulneran el derecho indicado, pues presume su culpabilidad y le impone la obligación de demostrar su inocencia, cuando la carga de la prueba está a cargo del acusador.

Al respecto, la autoridad demandada indicó que, el principio de presunción de inocencia es justamente el que generó el inicio del proceso interno administrativo, con el fin de establecer si existe o no responsabilidad por la función pública, aperturando dentro del mismo periodos de presentación de pruebas de descargo, tanto en instancia sumarial y de impugnación; por lo que, no existe justificativo alguno para determinar la vulneración del indicado principio ni mucho menos incumplimiento a la garantía del debido proceso; “a la fecha la funcionaria CONTINÚA PRESTADO SUS FUNCIONES” (sic).

El presente punto se alegó la vulneración del principio de presunción de inocencia a partir de dos hechos; por un lado, el determinar que la solicitante de tutela no había presentado prueba alguna; y por otro, que la misma habría reconocido el presunto daño causado a la institución, al haber realizado depósitos económicos en favor de la misma; de lo descrito en el párrafo que antecede, no se evidencia respuesta a ninguno de estos; sino más bien una suerte de teorización de lo que implica el mismo; además, no se tiene especificado por qué sería relevante indicar que la accionante seguiría trabajando en la CNS; por lo que, una vez más la autoridad demandada omitió su deber de fundamentar la razón de su decisión;

g) Vulneración al principio de proporcionalidad por ausencia de motivación a tiempo de imponer la sanción; La accionante denunció que la Resolución impugnada omitió efectuar un análisis de proporcionalidad respecto a la presunta falta cometida y la aplicación de la máxima sanción de índole administrativo; es decir, en absoluto efectúa un análisis razonado respecto a la gravedad de la presunta infracción.

La autoridad demandada manifestó que, debe tenerse en cuenta que, la administración pública se rige por los principios de ética, honestidad y responsabilidad; en ese entendido, la CNS promovió a través de un Código de Ética y un Reglamento Interno de Trabajo, lineamientos en relación al comportamiento de sus trabajadores, regido por valores que no pueden ser medidos por la simple cantidad de los bienes encontrados en poder de los procesados; sino por la actitud con la que obraron.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 81 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS, es causal de destitución la malversación, defraudación, robo, hurto, sustracción de dineros, valores o bienes pertenecientes a la entidad o a los trabajadores; por otro lado, el inc. f) indica que también será causal de destitución, el abuso de confianza cometido con bienes y valores de la entidad o con sueldos pertenecientes a los trabajadores; y, el inc. n) refiere que cualquier otra falta contemplada en el art. 16 de la LGT; la cual en su inciso g) describe el robo o hurto.

Teniéndose que la normativa descrita, lleva en sí misma la conducta y la sanción a ser impuesta, como es la destitución; en ese entendido, el art. 16 inc e) de la Ley General del Trabajo, establece que no habrá lugar a desahucio e indemnización cuando exista incumplimiento parcial o total del convenio de trabajo; aspecto que también es considerado en el art. 9 inc. e) de su reglamentación.

De tal forma que, habiéndose establecido que existió incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo en su acápite de obligaciones, determinando por tanto la existencia de responsabilidad y la imposición de una sanción por la gravedad de la falta, no se evidencia vulneración de derecho alguno.

Tomando en cuenta que, en lo descrito, la parte demandada volvió a referir lo dispuesto en el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo, la cual fue cuestionada en el inciso v) del presente contraste; en el que se determinó que la misma no fue introducida con anterioridad en el caso, por lo que su consideración en etapa de impugnación resulta incongruente y provoca la indefensión de la parte impetrante de tutela; corresponde que dicha conclusión sea también asumida en el presente acápite; y, h) Finalmente, la parte impetrante de tutela manifestó en su memorial de demanda de acción de amparo constitucional que, acompañó prueba consistente en antecedentes del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de hurto, el cual fue objeto de rechazo, determinación que no fue objetada por la Caja Nacional de Salud en su condición de denunciante; empero, dicho aspecto no fue valorado. Bajo el Título de “MEMORIALES PRESENTADOS EN ETAPA DE IMPUGNACIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO” (sic), la autoridad demandada señaló que; si bien se acompañó rechazo de denuncia de 28 de noviembre de 2018, emitido por el Ministerio Público dentro del proceso penal seguido en contra de los implicados en la causa administrativa, entre ellos la accionante; empero, el mismo no podría ser considerado como prueba de descargo, considerando que existe una diferencia sustancial en las materias que se procesan; además dicha documental, en ningún momento estableció la inocencia de los procesados, sino únicamente la falta de tramitación de prueba testifical, siendo necesario solicitar informes pertinentes a la unidad legal encargada del proceso penal.

De lo descrito, surge una contradicción al referir de un lado, que la prueba no podría ser valorada; empero, emite criterio sobre la misma, al referir que esta no establece la inocencia de la parte accionante;

concluyendo por ello, que lo denunciado al respecto no fue debidamente atendido ni fundamentado.

En ese sentido, como resultado de la contrastación recientemente realizada, se puede evidenciar que los agravios planteados en el recurso jerárquico no merecieron la atención suficiente y necesaria; puesto que la autoridad demandada, se limitó a señalar que la solicitud de ampliación y complementación del término de prueba impetrada por los procesados, entre ellos la accionante, fue atendido por los Decretos de 19 y 20 de junio de 2018; no obstante, no indicó si el rechazo establecido se encontraría debidamente fundamentado y motivado; cuando dicho aspecto fue lo que precisamente se cuestionó; así mismo, no indicó si sería evidente la falta de investigación en la causa, tomando en cuenta las notas e informes elevados por instancias del Hospital, los cuales instaron a la elaboración de una auditoria interna; de igual manera, omitió desplegar un análisis que permita establecer si las alegaciones vertidas por las partes a tiempo de acompañar prueba documental, permiten o no el esclarecimiento de la causa; también procedió a desglosar lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT, justificando su aplicación en la causa; cuando en el proceso, no se hizo mención de dicha norma, omitiendo fundamentar respecto a aquellas que si sustentaron las resoluciones administrativas emitidas y cuestionadas por la impetrante de tutela; situación que, se repite respecto a lo cuestionado respecto a la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad; recayendo por todo ello, en incongruencia omisiva; evidenciándose así que las autoridades demandadas emitieron una resolución sin considerar la pretensión antes descrita, vulnerando con esta omisión, no sólo el derecho a un debido proceso sino también el derecho a la defensa del accionante.

En el marco del contraste realizado de forma precedente; se advierte que, la RA 41/2019, no cumplió con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el indicado Fundamento Jurídico III.1; careciendo por lo tanto, de la debida fundamentación y motivación requerida en todo fallo, por cuanto se evidenció que la misma, no expuso un criterio argumentativo puntual y fundado sobre todos los agravios denunciados por la parte accionante en su impugnación, evidenciándose un apartamiento de las exigencias requeridas, a fin de que la Resolución cuestionada contenga una clara exposición de los motivos y las razones específicas que sustenten su determinación, correspondiendo conceder la tutela con relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia.

Finalmente, respecto de la denuncia de la lesión de los derechos al trabajo, no corresponde emitir pronunciamiento alguno; toda vez que, deberá ser analizada en la nueva Resolución Jerárquica a emitirse en la causa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0103/2022 de 29 de noviembre, cursante de fs. 680 a 687, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Administrativa 41/2019 de 11 de septiembre, disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente, en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0675_2024-S4.pdf · páginas 1 a 37.

Huella digital del PDF (SHA-256): ba40c9c68301eedc228bce40a873fbb3e3b703317f02edcf9df945c207e0e0af

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