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SCP 0674/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51776-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación, a la defensa y presunción de inocencia; toda vez que, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, admitiendo su recurso y declarando su improcedencia, fallo que no es proporcional ni razonado, careciendo de una correcta motivación y fundamentación, por cuanto la autoridad judicial accionada se avocó a copiar en su integridad los fundamentos del Juez a quo, sin tomar en cuenta aspectos como su edad o los antecedentes médicos presentados en el mencionado recurso, dejando de lado la presunción de inocencia y la necesidad procesal de mantener la extrema medida de la detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR, la Resolución 288/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 166 a 173, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance del art. 398 del CPP y su limitación
  2. III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0674/2024-S3 Sucre, 19 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51776-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 288/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 166 a 173, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Graciela Enriqueta Minaya Ramos contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de agosto y 16 de septiembre ambos de 2022, cursantes de fs. 60 a 69 y 72 a 80; respectivamente la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Viceministerio de Transparencia, Procuraduría General del Estado y Ministerio de Salud y Deportes en su contra el 1 de abril de 2022, fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y atentado a la salud pública, disponiendo su detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 335/2022 de 24 de junio, por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, determinación que apeló mediante memorial de 29 de junio de 2022, y fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, emitiendo Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, admitiendo el recurso y declarando su improcedencia, fallo que no es proporcional ni razonado, careciendo de una correcta motivación y fundamentación; por cuanto, la autoridad accionada se avocó a copiar en su integridad los fundamentos del Juez a quo, sin tomar en cuenta aspectos como su edad o los antecedentes médicos, dejando de lado la presunción de inocencia y la necesidad procesal de mantener la extrema medida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación, a la defensa y presunción de inocencia, señalando los arts. 115.II, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1, 7.1, 8,2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 5, 13 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, en la que se declara improcedente la revocatoria del Auto Interlocutorio 335/2022 de 24 de junio, que determinó la medida extrema de la detención preventiva en su contra, debiendo sustituirse por otras menos gravosas; y, b) Restituir sus derechos en su condición de adulta mayor y poder asumir defensa conforme a ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 158 a 165, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 94 y vta., solicitó se deniegue la tutela, argumentando: 1) La Sala Penal Primera en audiencia emitió el Auto de Vista 456/2022, resolviendo también otras apelaciones de los coimputados; 2) La acción de amparo constitucional, protege todos los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Política del Estado a excepción del derecho a la libertad física; 3) De acuerdo al art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los agravios planteados se circunscribieron a los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, en audiencia se absolvieron cada uno de los agravios, en base los argumentos planteados, no presento prueba a efectos de enervar los riesgos subsistentes, simplemente la impetrante hizo mención a la “S.C.No. 185/2019”, presentando su certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), elemento no vinculantes ni análogos al presente caso sin incidencia en los riesgos verificados; y, 4) Con relación a su situación de adulto mayor, cabe informar que en el Auto Interlocutorio apelado no se mencionó este aspecto, por ende la Sala de apelación contrastó solo el razonamiento del Juez en torno al objeto de la Resolución del Juez a quo; así mismo, las víctimas y querellantes manifestaron que Graciela Enriqueta Minaya Ramos, no obstante que se libró mandamiento de detención preventiva, no lo estaba cumpliendo.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Daniel Juniors Mollo Figueroa; en su calidad de representante legal del Viceministerio de Transparencia, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada bajo los siguientes argumentos: i) No existió ninguna fundamentación por parte de la impetrante de tutela, no especificó cuál es el derecho o la garantía constitucional vulnerados a momento de emitir el Auto de Vista 456/2022; y, ii) La accionante señaló que se dispuso su detención preventiva sin considerar su condición de persona adulta mayor vulnerando el art. 67 de la CPE, en ese sentido mediante el Auto Interlocutorio 335/2022 de 24 de junio, el Juez a quo dispuso la medida cautelar de última ratio toda vez que, cumplían los tres requisitos del art. 233 del CPP, esta resolución fue apelada y resuelta mediante el mencionado Auto de Vista, confirmando la determinación primigenia, al respecto las medidas cautelares no causan estado pueden modificarse en cualquier momento de oficio o a petición de parte; la accionante no activó los mecanismos en la vía ordinaria, promoviendo esta acción tutelar que deviene en improcedente, toda vez que el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que la acción de amparo constitucional no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso. Ángela Grecia Magueño Díaz, representante legal del Ministerio de Salud y Deportes, en su calidad de tercero interesado, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela peticionada bajo los siguientes argumentos: a) La parte accionante no cumplió lo previsto en el art. 33.4,5 y 8 del CPCo, resultando impreciso el nexo de causalidad entre la causa petendi y la solicitud vertiendo argumentos referentes al cumplimiento y vulneración de derechos por parte del Ministerio Público, haciendo referencia al Juez de control jurisdiccional indicando que realizó una errada valoración de la prueba vulnerada sus derechos, por hechos que no fueron objeto de debate; b) Con relación al demandado la parte accionante no dejó establecidos cuáles son los derechos vulnerados y cuál es el agravio que ocasionó la resolución que se cuestiona, tampoco el elemento del debido proceso lesionado, no señaló que prueba no fue valorada o lo fue de forma errónea; y, c) La Resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada y fundamentada, refiriéndose a la edad de Ángela Graciela Enriqueta Minaya Ramos ahora impetrante de tutela, tomado en cuenta también la previsión legal prevista en el art. 232.3.4 del CPP, en el cual se establece la improcedencia de detención preventiva para personas mayores de sesenta y cinco años, en aquellos delitos de corrupción con afectación al Estado; por tanto, no existió ninguna vulneración de derechos para dar lugar a conceder la tutela. Juan Roberto Velásquez Rojas representante legal de la Procuraduría General del Estado en su calidad de tercero interesado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela peticionada bajo los siguientes argumentos: 1) La acción de amparo constitucional no fue debidamente fundamentada no indica qué derechos y garantías deben restituirse; 2) La mencionada acción tutelar está diseñada para proteger derechos y garantías jurisdiccionales, abriendo un parámetro para revisar también las resoluciones judiciales, la demandante de tutela afirmó que se vulneraron sus derechos sin establecer el nexo causal, no señaló cuál fue ese elemento probatorio que no valoró la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 3) La indefensión es un elemento “supraconstitucional”, ya que debe ser entendido desde muchos ámbitos incluso fuera de la Constitución Política del Estado, sobre este punto no demostró la impetrante de tutela en qué momento se le puso en esa situación, más por el contrario desde la declaración hasta la audiencia de medidas cautelares seguida por la apelación ella fue asistida por un abogado; y, 4) La acción de amparo constitucional cuenta con un elemento esencial que es la subsidiariedad y la supletoriedad que significa que esta procederá cuando se agotaron todos los medios o remedios legales para la protección de estos derechos y garantías supuestamente restringidos, la ahora accionante no utilizó los medios a su alcance ejerciendo su derecho a la defensa, mismo que no precluyó más, por el contrario, quedó latente.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela peticionada bajo los siguientes argumentos: i) La defensa técnica de la accionante no pudo establecer el derecho o garantía constitucional vulnerada, debiendo observar necesariamente lo que establecen los arts. 128 y siguientes de la CPE, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero en el caso en particular señala que se vulneró el debido proceso, pero no en cuál de sus vertientes; ii) El derecho a la defensa tampoco está individualizado no se identifica cuál de sus elementos fue conculcado mediante la resolución emitida por el Vocal accionado, señala la demandante de tutela que se le dejó en indefensión, en fase de investigación no se puede aducir indefensión cuando ni siquiera estableció dónde se generó; y, iii) Sobre la falta de valoración de los elementos de convicción la acción de amparo constitucional no identificó cuales fueron esos elementos que el Juez no valoró, limitándose a realizar una copia del auto interlocutorio donde se le impone la medida cautelar de detención preventiva por ende no se puede considerar ni establecer la vulneración de algún derecho y menos que se haya dejado en indefensión a la impetrante de tutela.

I.2.5. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 288/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 166 a 173, denegó la tutela peticionada, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Las resoluciones que resuelven una apelación que dispone, mantiene o modifica una medida cautelar, debe circunscribirse a los elementos previstos en el art. 233 del CPP, b) Sobre los requisitos para la detención preventiva su concepción refiere que únicamente será impuesta cuando las demás medidas sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y la averiguación del hecho; en conclusión, la apelación de medida cautelar solo debe verificar lo establecido en el marco de las normas previstas y señaladas en los arts. 231, 232, 233, 234 y 235 del CPP, el fallo que aplique una restricción, module o rechace una medida debe estar debidamente fundamentada y motivada; c) Por un lado el Auto de Vista confutado desarrolló todo lo que la parte accionante solicitó; por el otro, en relación con la falta de valoración probatoria el accionado manifestó que la impetrante de tutela presentó sus certificados del REJAP y Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE); no registrando antecedentes penales; por ello, no se considera un peligro para la sociedad afirmando que estableció la vigencia de ese riesgo en relación con los demás imputados y que la decisión asumida no resulta análoga al razonamiento de la SCP 0185/2018-S2 de 14 de mayo, adjunta como precedente además de tratarse de una acción de libertad, estableciendo que el caso concreto sobre delitos contra la salud pública y otros; d) En relación con el art. 235.1.2 del CPP, hizo mención de una sentencia constitucional precisando que los riesgos no deben sustentarse en una presunción sino en elementos objetivos, al respecto el demandado fundamentó que la resolución de rechazo sobre uno de los imputados no impide que el fiscal pueda convocar a estas personas para que aclaren las situaciones de la investigación, no existiendo forma de desvirtuar lo señalado en el art. 235.2 del CPP y en relación a su situación de adulto mayor, conforme la Sentencia Constitucional “1018”, se debe dejar claro que el Juez no se pronunció al respecto, entonces no le corresponde a la autoridad ad quem debatir sobre un tema que no fue elemento de observación ante el Juez a quo; e) Todos los agravios planteados en la apelación fueron respondidos, que estos se encuentren de acuerdo al interés del accionante o en contra son un aspecto que no puede ser objeto de una acción tutelar; el Vocal trató de hacer entender cuáles fueron sus razones y estas se encuentran detalladas en su Resolución, concluyendo que no existiría vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación o de motivación máxime si ni siquiera la propia parte accionante pudo establecer cuáles serían esos elementos; f) Sobre la falta de valoración de la prueba la parte accionante no identificó cuál no se valoró o fue erróneamente valorada, en este caso al contrario la autoridad judicial si realizó la apreciación otorgándole un valor a cada una; g) Sobre la solicitud de la aplicación de medidas -quiso decir jurisprudencia- detalla que no se trataría del mismo caso; es decir, que existe una excepcionalidad en razón al tipo penal y a su especialidad al tratarse de una investigación por la presunta comisión de un delito de corrupción contra una mujer adulto mayor aspecto que resulta llamativo, relevante y pudo ser reclamado en su oportunidad ante la autoridad competente pero en este caso, si ello no fue parte del debate, si no fue invocado correctamente o de manera clara ante la autoridad jurisdiccional, esta excepcionalidad no podrá debatirse en una instancia de apelación y menos aún traerse esa queja ante un Tribunal de garantías constitucionales; h) No existe falta o vulneración del derecho a la defensa; por cuanto, como señaló la parte accionante jamás se le ha limitado, perjudicado o restringido el mencionado derecho y en relación con la vulneración de otros derechos cómo son la vida y el estado de salud se debe establecer que ese aspecto no fue objeto de debate en audiencia por ende tampoco en apelación; e, i) Las medidas provisionales como lo es en cualquier materia tienen un carácter de instrumentalidad, pero principalmente acompaña la provisionalidad de los mismos; es decir, que estos pueden ser cambiados, modificados, restringidos de manera proporcional con todos los elementos que rigen una medida cautelar y tendrá que ser la autoridad jurisdiccional que analice estos elementos y recién si es que existiera una vulneración de derechos en estas determinaciones podrá ingresar jurisdicción constitucional mientras tanto es posible hacerlo de manera directa para verificar denuncias que no fueron debatidas por las autoridades jurisdiccionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de recurso de apelación de medida cautelar de 28 de junio de 2022, interpuesto por Graciela Enriqueta Minaya Ramos -ahora accionante- contra el Auto Interlocutorio 335/2022 de 24 de junio, que dispuso su detención preventiva (fs. 21 a 28 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, pronunciada por César Wenceslao Portocarrero Cuevas -hoy accionado-, en la cual declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 335/2022 (fs. 51 a 58).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación, a la defensa y presunción de inocencia; toda vez que, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, admitiendo su recurso y declarando su improcedencia, fallo que no es proporcional ni razonado, careciendo de una correcta motivación y fundamentación, por cuanto la autoridad judicial accionada se avocó a copiar en su integridad los fundamentos del Juez a quo, sin tomar en cuenta aspectos como su edad o los antecedentes médicos presentados en el mencionado recurso, dejando de lado la presunción de inocencia y la necesidad procesal de mantener la extrema medida de la detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El alcance del art. 398 del CPP y su limitación

La competencia que tiene el Tribunal de alzada en las resoluciones que emita en grado de apelación, están determinadas por el art. 398 del CPP, que señala: “los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Conforme a dicha norma, la jurisprudencia constitucional en la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que “… toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo…” (las negrillas son nuestras). De acuerdo a lo establecido por la SC 0560/2007-R de 3 de julio, en relación a la limitación del art. 398 del CPP, señaló que eso “…no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, como anota la jurisprudencia glosada precedentemente, los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP”. En esa misma lógica, la Sentencia Constitucional señalada en el párrafo precedente, en relación a la supuesta contravención del art. 398 del CPP y a los límites de la misma disposición legal, manifestó que: “Conforme quedó establecido en el Fundamento Jurídico III.2., en virtud al art. 398 del CPP, los tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, lo que implica, en el caso analizado, que los Vocales recurridos sólo podían resolver los agravios expresados por el Fiscal, sin perjuicio de que, como quedó expresado precedentemente, puedan pronunciarse sobre la existencia de los presupuestos señalados en el art. 233 del CPP, en caso de imponer a los recurrentes la detención preventiva, que es lo que aconteció en el caso de autos. Ahora bien, los recurrentes sostienen que en contravención del art. 398 del CPP, los vocales concluyeron en la concurrencia de los incs. 1) y 7) del art. 234 y 1), 2) y 5) del art. 235 del CPP, apartándose de los puntos apelados, respecto a esta última norma, toda vez que el fiscal sólo refirió las circunstancias previstas en el art. 235 numerales 2 y 5 del CPP, y no así en el numeral 1. Ahora bien, la limitación a que se refiere el art. 398 del CPP está referida a los aspectos cuestionados de la Resolución, que en el caso analizado estaban referidos a los supuestos de fuga y de obstaculización de la verdad; toda vez que el fiscal señaló que los imputados, luego de cometer el hecho, prohibieron al denunciante y sus parientes a ocurrir ante las instancias legales, y que actualmente están realizando amenazas de aplicárseles una multa comunal a las personas que testifiquen contra sus dirigentes, que son los imputados; aspectos que si bien fueron encuadrados en el art. 235 incs. 2) y 5) del CPP por el Fiscal de Materia, no es menos cierto que los Vocales recurridos, analizando los mismos aspectos cuestionados, concluyeron que también se presentó la circunstancia prevista en el art. 235 inc. 1) del CPP, sin que ello implique que los recurridos se hubieran apartado de los aspectos impugnados, ya que en base a ellos emitieron la resolución que ahora se cuestiona, máxime si, como lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SC 1401/2005-R, glosada en el Fundamento Jurídico III.1., el sistema procesal penal le otorga al juez, y en su caso a los vocales, facultades para que pueda efectuar una valoración de los elementos concurrentes al caso concreto y si los mismos se adecuan a los requisitos exigidos para imponer una u otra medida cautelar…”.

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0450/2012 de 29 de junio, precisó que: “…la jurisprudencia constitucional ha referido que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, refiere que: ‘Al efecto, es necesario recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación, a la defensa y presunción de inocencia; toda vez que, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 456/2022 de 21 de julio, admitiendo su recurso y declarando su improcedencia, fallo que no es proporcional ni razonado, careciendo de una correcta motivación y fundamentación, por cuanto la autoridad demandada se avocó a copiar en su integridad los fundamentos del a quo, sin tomar en cuenta aspectos como su edad o los antecedentes médicos presentados en mencionado recurso, dejando de lado la presunción de inocencia y la necesidad procesal de mantener la extrema medida de la detención preventiva. De lo traído en revisión, tenemos que el Juez de la causa mediante el Auto Interlocutorio 335/2022 de 24 de junio, dispuso la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela, quien en desacuerdo con esa determinación interpuso recurso de apelación incidental el 6 de junio de 2022, (Conclusión II.1), recurso que fue resuelto por el Auto de Vista 456/2022, emitida por la autoridad judicial ahora accionada, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado contra el mencionado Auto Interlocutorio, manteniéndolo incólume (Conclusión II.2). El caso en exegesis demanda la vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, estableciendo la carencia de estos elementos en el Auto de Vista 456/2022, a tal efecto es necesario llevar adelante el cotejo de lo reclamado por la ahora impetrante de tutela y lo resuelto por el Vocal accionado con el fin de establecer los extremos traídos en revisión. La impetrante de tutela en su recurso de apelación incidental argumento: 1) El Juez de la causa vulneró su derecho a la presunción de inocencia porque tan solo en considerandos y sin hacer mención alguna sobre los hechos y el derecho, basó su decisión sin otorgar valor a cada prueba realizando una mención escueta sobre las abundantes Sentencias Constitucionales Plurinacionales citadas en audiencia, sin señalar los hechos que se le atribuyen además de los presupuestos que motivaron su detención preventiva; 2) Sobre el derecho a la defensa el Juez cautelar no valoró correctamente la prueba aportada presentada sin establecer el valor de cada una y no se refirió a las sentencias constitucionales citadas y presentadas en la audiencia cautelar; 3) Se vulneraron, los derechos que le asisten como persona adulto mayor, porque no consideró las afecciones que le aquejan minimizándolas pese a la documentación presentada, apartándose de la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, limitándose a manifestar que la mencionada Resolución no procede por no ser aplicable al caso concreto; 4) El derecho a recurrir ante el Juez o Tribunal superior, fue vulnerado porque teniendo el Juez a quo el expediente en las manos así como el cuaderno de investigación en ningún momento revisó los antecedentes que cursan en el mismo; y, 5) Las determinaciones asumidas cuando se trata de medidas cautelares y la subsistencia de los riesgos procesales deben estar basadas en pruebas objetivas y no solo en simples apreciaciones subjetivas, si bien el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan resumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral no menos evidente resulta que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por ley correspondiendo al acusador probar y demostrar esa circunstancia, pues rige el principio de presunción de inocencia y no solo acoger lo aseverado por el Fiscal de Materia en su imputación, sin otorgar valor a las pruebas de cargo como de descargo, resultando en un fallo incoherente e indebidamente fundamentado.

Por su parte, la autoridad judicial ahora accionada en el Auto de Vista 456/2022, tras delimitar su competencia legal de acuerdo al art. 398 del CPP, en lo pertinente fundamentó: i) Con relación a Graciela Enriqueta Minaya Ramos, al igual que los coimputados señala el art. 234.7 del CPP y destaca la SCP “185/2018”; así mismo, arguyendo que presentó certificados REJAP y SIPPASE, demostrando no tener antecedentes penales y por ello, no es un peligro para la sociedad aspecto que ya se estableció en relación con los demás coimputados y la vigencia de este riesgo, también para la impetrante de tutela por tener similar fundamento; ii) En el fondo la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional “185/2018-S2”, sobre la protección a adultos mayores fue objeto de análisis y se estableció en audiencia que no es aplicable al caso concreto porque no tiene una problemática similar, puesto que resuelve un caso de robo agravado en acción de libertad y al presente se está investigando la presunta comisión de delitos contra la Salud Pública, artículo 216.9 del Código Penal (CP); iii) Sobre el art. 235.1 del CPP, nuevamente se mencionó la SCP “276/2018”, estableciendo que la resolución no debe sustentarse en presunciones, sino con elementos objetivos; también, argumentó sobre la resolución de rechazo de los coimputados, aspecto que también fue objeto de análisis para los demás apelantes, en torno al cual se estableció que la existencia de una resolución de rechazo no impide para que el Fiscal pueda convocar a estas personas para aclarar aspectos en la investigación, porque debe adoptar decisiones sobre el principio de objetividad y con la mayor cantidad de elementos de convicción sobre el presente indicio, no prueba; iv) Respecto a su situación de adulto mayor, como ya se mencionó respecto a los demás imputados la SCP “10/2018”, traída como precedente de este recurso no se encentra mencionada en el Auto Interlocutorio 335/2022 apelado, el Juez de la causa no se pronunció al respecto; empero, en la Sala de apelación las partes pretenden un pronunciamiento sobre el precedente constitucional sobre la vulnerabilidad de los imputados, elemento que no fue objeto de discusión ni siquiera en vía de complementación y enmienda, sin poder evidenciarse un petitorio de esta naturaleza ante la autoridad cautelar; por lo que, en definitiva no existe agravio; y, v) También mencionaron el Ministerio de Salud y el Viceministro de Transparencia que, Graciela Enriqueta Minaya Ramos ahora impetrante de tutela, no se encuentra detenida; es decir, que concurriendo un mandamiento de detención preventiva emitido por autoridad competente, no se cumplió, en consecuencia, no se evidencia agravio. De acuerdo al Fundamento III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que: “…toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo…”, de lo desarrollado tenemos, que la autoridad judicial accionada en primera instancia delimitó su competencia para la resolución de la controversia planteada, respondiendo a todos los puntos apelados de acuerdo al art. 398 del CPP, estableciendo sobre el peligro para la sociedad que este riesgo ya fue desestimado juntamente los demás imputados, sobre la aplicación de la SCP “185/2018-S2” la autoridad explicó que no es aplicable al caso concreto por no contener una problemática similar, en torno a riesgo procesal inserto en el art. 235.1 del CPP, indicó porque su determinación no se basó en meras conjeturas sino en los datos del proceso; así mismo, sobre la potestad del Fiscal de convocar a declarar a quienes fueron favorecidos con un rechazo mencionando que esta situación jurídica no significaba un impedimento para que sean coadyuvantes en el proceso, respecto a la aplicación de la SCP ”10/2018” se le explicó que su aplicación no fue objeto de controversia en la audiencia primigenia y que por ende no podía pronunciarse al respecto, aclarando por último que la impetrante de tutela no se encuentra detenida pues el mandamiento existente no se ejecutó, dictado en consecuencia una resolución que contiene los elementos esenciales para el resguardo del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, realizando el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación es exigible cuando deba revocar, modificar o mantener la resolución del inferior, en lo pertinente llevando adelante una labor intelectiva básica pero suficiente no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo, las razones que llevaron a tomar la decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, dejando claro que la protección a su calidad de adulto mayor no fue objeto de la Resolución primigenia, también fundamentó no podría tomar en cuenta la jurisprudencia señalando que su aplicación no era posible por no contar con una problemática análoga, además de tener una naturaleza diferente; por otro lado, de la lectura del recurso de apelación presentado por la impetrante de tutela esta manifiesta que el Juez a quo, no valoró la prueba, pero no indica cuál sería aquella que no fue valorada o que recibió una equívoca evaluación, situación que impide a cualquier juez o tribunal manifestarse al respecto, encontrando una fundamentación y motivación suficientes pues de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional “…no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…”, debiendo por ende rechazar la tutela impetrada, concluyendo que no existió vulneración de derechos por parte de la autoridad judicial accionada a raíz de la emisión del Auto de Vista 456/2022, ahora bien es pertinente realizar una mención especial en torno a los certificados médicos y el estado de salud de la peticionante de tutela, aspectos que no fueron expuestos en la audiencia cautelar pues de haberlo hecho la autoridad jurisdiccional se encontraba no solo constreñida a su valoración sino a considerar lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional cuando señala que:“…Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada” (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, estableciendo un valor a las pruebas presentadas de conformidad a lo desarrollado, situación que no aconteció en el presente caso y por lo cual el Vocal accionado no pudo expresarse al respecto. Respecto a la defensa y presunción de inocencia, la impetrante de tutela no determinó de qué manera se habrían lesionado estos derechos, tampoco presento prueba que permita establecer que la autoridad judicial accionada mediante la emisión del Auto de Vista 456/2022, debiendo denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR, la Resolución 288/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 166 a 173, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0674_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): c7f1410e6b03f24fc8e19b8be375167d43bb7495a4a5349aa50a383c7062cb2f

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