Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de junio de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a tener una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica; y, a la vida; toda vez que, la codemandada junto a Carlos Fernando Tavares, la amedrentan –insultándola, amenazándola y acusándola falsamente de la comisión de hechos delictivos-; por otro lado, tras presentar una nueva denuncia sobre un hecho de hostigamiento suscitado el 8 de diciembre de 2022 ante la Fiscal demandada, esta última omitió emitir pronunciamiento. La Fiscal demandada señala que la impetrante de tutela puso en su conocimiento el cumplimiento de las medidas de protección por la codemandada respecto a hechos acontecidos el 28 de octubre de 2022, ante lo cual se emitieron las “medidas de protección correspondientes…” (sic); sin embargo, no hizo conocer los nuevos acontecimientos del 8 de diciembre de igual año, que es objeto de la presente acción tutelar; por otro lado, la accionante no establece cuál es el acto u omisión que hubiese vulnerado sus derechos. Lorena Borda Montaño, manifestó que: i) No hostigó a la peticionante de tutela el 8 de diciembre de 2022; por lo que, no incumplió las medidas de protección dispuestas a su favor; ii) La accionante no presentó prueba que acredite su denuncia; iii) debió acudir a la vía ordinaria al considerar que se transgredieron las medidas de protección; y, iv) Tiene abierto un proceso penal contra la accionante respecto a los hechos suscitados el 28 de octubre del citado año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciado por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la accionante conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente sentencia constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0673/2025-S2 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53017-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexandra Carolina Valdez Puma contra Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia y Lorena Borda Montaño.
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 13 a 15 vta.; la accionante manifiesta lo siguiente:
Cuenta con medidas de protección dentro del proceso penal a instancia de su persona contra Carlos Fernando Tavares, entre las cuales se le otorgó un botón de pánico; sin embargo, las mismas fueron infringidas ya que el prenombrado y su esposa Lorena Borda Montaño -demandada-, la amedrentan y hostigan “…llegando a filmar este aspecto…” (sic), suscitándose estos hechos “…EN JUZGADOS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA Y EN OTROS LUGARES…” (sic). En este sentido, presentó videos en los que la codemandada la insulta y amenaza de muerte, y cuando logra “sacar” su celular la acusa falsamente de la comisión de hechos delictivos. En la última agresión, “…personal de BOL 110…” (sic) tuvo que trasladarla al médico por las descompensaciones que sufrió. Dicho incumplimiento de las medidas de protección por la particular demandada fue denunciado; sin embargo, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia -codemandada- hizo caso omiso.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a tener una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica; y, a la vida, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Que la Fiscal demandada conceda medidas de protección respecto a las agresiones de la particular codemandada; y, b) Mantener las medidas de protección, sin dejarla en indefensión, mientras el proceso ordinario no tenga calidad de cosa juzgada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de la acción de defensa; y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) El 8 de diciembre de 2022 se produjeron actos de hostigamiento hacia su persona; por lo que, hizo uso del botón de pánico entregado por el Ministerio Público, ya que, fue informada por el portero del edificio de su domicilio que la estaban buscando, en ese entendido, al tener medidas de protección impuestas a causa de un proceso penal vigente y que “…cualquier acto intento o presentación de los mismos o de cualquier tercero que venga nombre de ellos, le permite a la víctima en situación de violencia activar el botón de pánico…” (sic), se presentaron los efectivos policiales pertenecientes a “pol 110”, trasladándola a un centro médico; 2) Las referidas medidas de protección fueron determinadas respecto a Carlos Tabares Arteaga y la codemandada, lo cual, es de conocimiento de la fiscal demandada; 3) No pudo obtener el informe y el extracto de la llamada con los efectivos policiales de manera directa, ya que, se requiere una orden judicial, es por ello que presentó un memorial el día de la audiencia, aproximadamente a las ocho de la mañana; y, 4) Respecto a la Fiscal demandada, mencionó que tiene el “poder” del Estado para evitar los actos realizados contra su persona, por lo que, solicitó incrementar las medidas de protección a su favor.
Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: i) Existe una denuncia de incumplimiento de las medidas de protección de 28 de octubre de 2022, a raíz de ello, el Ministerio Público emitió “…las medidas de protección correspondientes…” (sic); sin embargo, la accionante no puso en conocimiento del Ministerio Público respecto a esta nueva transgresión de las medidas de protección suscitada el 8 de diciembre de mismo año; y, ii) La impetrante de tutela no mencionó cuál sería el incumplimiento, transgresión, u omisión en la que hubiese incurrido su persona.
Lorena Borda Montaño, en audiencia de la acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) El 8 de diciembre de 2022 se dirigió a los juzgados para solicitar fotocopias legalizadas respecto al proceso penal vigente, a la vez, la accionante fue notificada para declarar como testigo en juzgados, es por ello que se habrían encontrado y al proceder a grabarse por el celular “….no hay mas que filmaciones de ida y de vuelta…” (sic); b) La peticionante de tutela no especifica el lugar donde hubiese ocurrido el hecho y si fueron los efectivos policiales a su domicilio, es un hecho distinto a lo supuestamente ocurrido -se entiende en juzgados-, tampoco menciona los nombres de los efectivos policiales, ni el modo, o el lugar de la vulneración a la medida de protección; c) Mediante Resolución “38/2022” se negó la tutela respecto al incumplimiento de medidas de protección; y, d) No demostró una afectación directa a su vida y no acudió previamente a la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a los presupuestos de activación de la acción de libertad.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 34/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La accionante no cumple los presupuestos de activación de la acción de libertad, ya que, no se puede pretender suplir la jurisdicción ordinaria, considerando que, existe un Juez controlador de garantías; 2) Se desconocen los datos del proceso penal ordinario, tampoco existe prueba específica respecto al incumplimiento de las medidas de protección de 8 de diciembre de 2022, ante tal eventualidad, debió ponerse en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Público que conocen el proceso, aspecto no demostrado; y, 3) Bajo el argumento de la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- no se puede suplir la justicia ordinaria con la constitucional; no obstante, recomendó que, si existen medidas de protección deben protegerse y cumplirse.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial de 28 de noviembre de 2022, Alexandra Carolina Valdez Puma -hoy accionante- solicitó a Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia -ahora demandada-, se extiendan “…fotocopias legalizadas de los actuados desde septiembre de 2022 a la fecha, sea a doble ejemplar y fotocopias simples de todo lo obrado” (sic) dentro del proceso penal Ministerio Público contra Carlos Fenando Tavares Arteaga, por el presunto delito de violencia política, asimismo “…requiera al investigador asignado al caso, la transcripción de la audiencia de medidas de protección en la que se le otorgó el botón de pánico” (sic [fs. 3 a 4]). II.2. Se tiene Disco Compacto (CD) con un Archivo de Video en el que, desde un método descriptivo: dos personas de sexo femenino se filman mutuamente. (fs. 2).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a tener una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica; y, a la vida; toda vez que, la codemandada junto a Carlos Fernando Tavares, la amedrentan –insultándola, amenazándola y acusándola falsamente de la comisión de hechos delictivos-; por otro lado, tras presentar una nueva denuncia sobre un hecho de hostigamiento suscitado el 8 de diciembre de 2022 ante la Fiscal demandada, esta última omitió emitir pronunciamiento. La Fiscal demandada señala que la impetrante de tutela puso en su conocimiento el cumplimiento de las medidas de protección por la codemandada respecto a hechos acontecidos el 28 de octubre de 2022, ante lo cual se emitieron las “medidas de protección correspondientes…” (sic); sin embargo, no hizo conocer los nuevos acontecimientos del 8 de diciembre de igual año, que es objeto de la presente acción tutelar; por otro lado, la accionante no establece cuál es el acto u omisión que hubiese vulnerado sus derechos. Lorena Borda Montaño, manifestó que: i) No hostigó a la peticionante de tutela el 8 de diciembre de 2022; por lo que, no incumplió las medidas de protección dispuestas a su favor; ii) La accionante no presentó prueba que acredite su denuncia; iii) debió acudir a la vía ordinaria al considerar que se transgredieron las medidas de protección; y, iv) Tiene abierto un proceso penal contra la accionante respecto a los hechos suscitados el 28 de octubre del citado año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto es necesario referirse a la tutela del derecho a la vida, en casos de violencia de género, establecida en la SCP 0261/2023-S3 de 17 de abril, la cual establece que: “…el derecho a la vida no adquiere una conceptualización de manera unívoca, lo cual obliga a que ante denuncias sobre presuntas afectaciones o peligro de lesión de este derecho primordial las mismas deben ser resueltas realizando una exhaustividad analítica-valorativa, considerando que sobre cualquier otro aspecto prima la protección de la vida del ser humano, cuya protección no se agota con el compromiso de velar por la mera subsistencia de la persona, sino que involucra a todos los componentes imprescindibles para permitir el goce efectivo de una vida digna; interrelacionando con estos razonamientos, a partir de la normativa constitucional y convencional se debe garantizar que las mujeres vivan sin violencia de ninguna naturaleza, permitiéndoles el goce o ejercicio pleno de sus derechos en cualquier esfera de actuación, restringiendo el menoscabo de estos bajo la concepción de género, lo cual impele por parte del Estado y la sociedad adoptar las medidas necesarias e idóneas para satisfacer su vigencia y prevalecer su ejercicio real y material” (las negrillas corresponden al texto original). Es decir, en casos de tutela del derecho a la vida, en materia de género y que involucren presuntos casos de violencia contra las mujeres, se debe garantizar a cada mujer, una vida libre de violencia; no obstante, esto no simplemente descansa en la enunciación de la lesión del derecho a la vida por parte del accionante, sino que la solicitud de tutela en la medida en la que puede restringir derechos de los demandados, al menos implica la carga procesal de explicar con claridad los hechos y la amenaza en concreto que permita al juzgador un mínimo de conocimiento de los hechos denunciados, además de la carga probatoria que respalde el hecho denunciado y le permita encontrar el mismo, al menos como probable, de forma que pueda deducirse la lesión del derecho fundamental del hecho denunciado. Entonces, la sola enunciación de la afectación al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia no activa el análisis de fondo; debido a que, sin conocerse con precisión los hechos denunciados, no puede conocerse la amenaza al derecho, pero además es menester contar con elementos concretos que puedan dar cierta probabilidad de una amenaza a la vida en la medida en la que por el carácter sumario de la acción de libertad -la cual no cuenta con etapa probatoria amplia-, no se puede producir prueba.
La demandante alega el incumplimiento de las medidas de protección por parte de la codemandada; al respecto, corresponde observar que en el caso concreto la legitimación pasiva recae contra Lorena Borda Montaño, abogada dentro del proceso penal seguido contra Carlos Fernando Tavares, quien es el denunciado; en dicho proceso se habrían establecido medidas de protección a favor de la accionante; es decir, que las mismas no fueron otorgadas contra la particular demandada, quien incluso señaló que inició y tiene pendiente un proceso penal contra la ahora impetrante de tutela; por lo que, no pudo acudir ante la autoridad jurisdiccional a cargo de este último caso.
Conforme lo desarrollado en el fundamento jurídico III.1, no bastaba la simple enunciación de un riesgo hacia la vida de una mujer, ya que es necesario identificar el acto y omisión que vulnera su derecho a la vida y acreditarlo, es decir, se tiene la carga procesal de determinar los actos y omisiones que afectan su derecho a la vida y cuál es el marco probatorio que presenta para acreditar aquello; al respecto, en el caso concreto, se tiene que la accionante alega que la demandada “…junto a su esposo y patrocinado, me amedrentan, humillan y hostigan llegando a filmar este aspecto…” (sic), de lo cual se deduciría que el acto denunciado sería que la demandada procedió a filmarla pues no hace referencia a las fechas de otros actos y luego precisa: “…ELLA SE ACERCA DIRECTAMENTE A MI PERSONA, PRIMERO ME INSULTA Y ME AMENZA DE MUERTE Y POSTERIOR A ESTO CUANDO LOGRO SACAR MI CELULAR ME INDICA 'MIREN COMO SE ESCONCE' ETC, ETC Y ME ACUSA FALSAMENTE DE LA COMISIÓN DE HEHCOS DELICTIVOS…” (sic), después de describir de manera confusa ambos hechos se limitó a mencionar que al cumplir la medida de protección resultaría en la lesión de sus derechos a tener una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica; y, a la vida y, para acreditar ello presentó dos grabaciones, una en la que en tribunales ambas se filman mutuamente, y la segunda de un pub en la que se encontrarían presentes; por lo que, de dichos videos tampoco se precisan los hechos concretos que implican la amenaza, sino hechos controvertidos que en su caso para su acreditación requieren actividad procesal amplia; en consecuencia, al no haberse precisado los hechos, ni acreditado la amenaza a la vida de la accionante tampoco es posible otorgar la tutela jurídica. En lo concerniente a la fiscal demandada, no se presentó ningún memorial ante el Ministerio Público respecto a los hechos denunciados en la presente acción tutelar que, habrían acontecido el 8 de diciembre de 2022, por lo que, no queda probado que la accionante habría puesto en conocimiento el incumplimiento de las medidas de protección, ante la fiscal demandada; por consiguiente, tampoco puede recriminarse a la misma inacción que haya amenazado la vida de la impetrante de tutela considerando que la amenaza no se demostró objetivamente en la acción de libertad, máxime cuando la peticionante de tutela no argumentó ni probó alguna omisión en la que hubiese incurrido, ya que, simplemente señaló que solicita “medidas más efectivas” sin precisar cuáles y sin mencionar por qué no acudió ante la autoridad ordinaria competente, aspectos por los cuales no corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciado por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la accionante conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente sentencia constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0673_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): a7121b9648847bf1b09e894962ca842790c7620995a85d60b3978edfecd798ee
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →