B.IA.LEGAL

SCP 0673/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
52970-2023-106-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral “…como tutor de una persona con discapacidad…” (sic), a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa, sin discriminación y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, ejerciendo funciones desde agosto de 2018 hasta junio de 2022, como Responsable de Programas y Proyectos IV, dependiente de la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, merced a la suscripción de diversos contratos administrativos de consultoría individual de línea, y habiendo sido designado con el Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero, en el cargo de Responsable de Programas IV -vigente hasta el 31 de diciembre de ese año-, desde de enero del citado año, sufre por parte de los funcionarios del referido ente departamental, un acoso laboral permanente, donde incluso le obligaron a firmar un Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia a partir de dicha data hasta el 29 de abril de ese año, para que en mérito al referido pueda cobrar sus sueldos adeudados con la promesa de que a su culminación se realizaría la ampliación del plazo del mismo; sin embargo, ello no aconteció; puesto que, el 23 de junio de 2022, sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico, a pesar de que en su debido momento solicitó su recontratación y permanencia laboral en virtud a que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad mental psíquica, con un porcentaje de …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 124/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 254 a 260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por la lesión de los derechos laborales invocados por el accionante, disponiendo su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que le correspondan, desde el momento de su retiro; y, 2° Exhortar a Charles Fernando Mejía Cardozo y Marco Antonio Justiniano Mejía, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a casos que involucren a personas con discapacidad
  2. III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad y la acreditación de su condición Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0673/2024-S2 Sucre, 3 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52970-2023-106-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 124/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 254 a 260 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Henry Suárez Coímbra contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; Rita Marcela Apurani Vaca, Secretaria Departamental Administrativa y Financiera; y, Julio Cesar Gómez Añez, Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, todos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursantes a fs. 2 y 145 a 158 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde agosto de 2018 hasta junio de 2022, desempeñó funciones como Responsable de Programas y Proyectos IV, dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad ahora demandada- merced a los Contratos Administrativos de Consultoría Individual de Línea S.D.D.P.E.P. 0194/2018 de 21 de agosto y S.D.D.P.E.P. 0224/2018 de 1 de noviembre, Memorándums de Designación SDPEP/RR.HH. 047/2019 de 7 de enero, SDPEP/RR.HH. 024/2020 de 2 de igual mes, SDPyEP/26 AD/2021 de 4 de ese mes y GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de idéntico mes. Asimismo, refirió ser padre de un hijo con discapacidad -Julio Cesar Suárez Álvarez, quien es mayor edad-; extremo que acreditó a través de los carnets de discapacidad emitidos tanto por el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad “SIPRUNPCD” con Código 08-19940525JSA; así como, la Dirección Ejecutiva del Comité Departamental de las Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), documentación que evidenció que el nombrado tiene una discapacidad mental psíquica, con un porcentaje de 50%. No obstante de ello, desde enero de 2022, viene sufriendo por parte de los funcionarios con niveles jerárquicos del referido Gobierno Autónomo Departamental, un acoso laboral permanente, donde le exigieron y a su vez obligaron a firmar el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia a partir de la señalada data hasta el 29 de abril de ese año -que fue suscrito el 24 de mayo del citado año-, para que en mérito al mismo su persona pueda cobrar sus sueldos adeudados con la promesa de que culminando el término del mismo se realizaría uno nuevo de ampliación del plazo, donde no se consideró que “…la doctrina del derecho establece que un contrato es un acuerdo de voluntades, si una de las personas no está de acuerdo con el contenido de dicho contrato, no puede existir acuerdo y cualquier forma de presión, dolo, fuerza o vicio del consentimiento para firmar invalidan el acuerdo y contrato por lesión en la voluntad” (sic); sin embargo, al no haberse cumplido lo acordado precedentemente, se vulneró su derecho a la inamovilidad laboral; puesto que, los demandados no consideraron que al ser padre de una persona con discapacidad, este requiere percibir un salario digno que asegure la seguridad alimentaria de su persona y en especial su familia; dado que, por la condición de salud de su hijo, éste se encontraría sujeto a tratamiento médico; situación que conllevaría a la erogación de gastos que deben ser imperiosamente cubiertos. Sin embargo, en mérito a lo sucedido y cumpliendo el mencionado contrato administrativo pactado, continuó asistiendo a su fuente laboral desempeñando sus funciones asignadas y coordinando lo encomendado dentro del horario laboral respectivo, hasta que el 23 de junio de 2022, sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico; aquello a pesar de que en su debido momento solicitó su recontratación y permanencia laboral en virtud a lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley General para Personas con Discapacidad – Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- y la Ley General del Trabajo, por tener bajo su dependencia a una persona con discapacidad -su hijo-; no obstante de ello, siguió asistiendo a la entidad demandada todos los días laborales hasta el “30” de junio de 2022. Asimismo, no se tomó en cuenta que través del Memorándum de Continuidad de Funciones GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero, extendido por la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del mencionado Gobierno Autónomo Departamental, se acreditó que su persona era parte de dicha entidad, ya que a través del mismo procedieron a cancelarle los salarios adeudados; por ello, consideró que existió continuidad en sus funciones de forma tácita; toda vez que, el señalado memorándum, indicó que su contratación finalizó el 31 de diciembre del citado año, y al no haber sido notificado con ningún otro memorándum o resolución que dé por concluida su relación laboral, este se encontraría vigente; empero, desconociendo ese aspecto, la administración del citado ente departamental, manifestó que el mismo no tiene validez, alegando que su persona no contaría con los requisitos exigidos en la normativa respecto a la discapacidad de su hijo, quien es mayor de edad y que por ende debía tener una declaración definitiva de tutoría de interdicción, no considerando que la discapacidad de su hijo sea grave e irreversible, y que el 27 de mayo de 2022, cuando aún desempeñaba funciones en la citada entidad departamental, ingresó una demanda de interdicción de su hijo con discapacidad, donde se pidió se declare tutor; producto de lo cual, en proceso judicial el 15 de junio del mismo año, en audiencia pública desarrollada ante el Juez Púbico de Familia Tercero de Trinidad del departamento de Beni, fue declarado tutor interino del mismo. Finalmente, a pesar de haber solicitado de forma oportuna la inamovilidad laboral y por ende la permanencia en el cargo, a su vez infirió que fue retenido su sueldo correspondiente de dos días de abril y de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2022, los cuales le corresponden por el tiempo trabajado, mismos que si no son honrados en su totalidad, se traducirían en la manifestación de actos de discriminación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral “…como tutor de una persona con discapacidad…” (sic), a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa, sin discriminación y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 14, 45, 49.III, 70, 71, 72, 115, y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La regularización de su situación laboral o contratación como funcionario de la entidad accionada; b) El cese inmediato del acoso laboral y se habilite la marcación biométrica, ordenándose el pago de sus salarios adeudados desde el 29 de abril de 2022, hasta la interposición de la presente acción tutelar; y, c) Quede firme y subsistente el Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de continuidad de funciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 241 a 253 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró la demanda tutelar y ampliándolo en audiencia de garantías, señaló que: 1) Fue designado en el cargo de Responsable de Programas y Proyectos IV del Programa Departamental de Cacao Nativo Amazónico de Beni, pero no como asesor especializado, tal como la entidad demandada pretendió hacer ver; al contrario, lo que la mencionada institución ha pretendido en este caso, fue hacerle que con la suscripción de un contrato realizado a fines de mayo, se le cancelaría los cuatro meses de salario adeudado y se procedería con su renovación laboral; 2) La SCP 0843/2021-S4 de 12 de noviembre, estableció que cuando un progenitor se encuentre a cargo de una persona con discapacidad permanente e irreversible, este debe continuar con el ejercicio de su representación, aquello a pesar de que la mencionada -persona con discapacidad- cuente con la mayoría de edad; toda vez que, la misma así sea mayor de edad, no puede valerse por sí sola; 3) La entidad departamental demandada dentro de su informe presentado en audiencia de garantías no mencionó que su designación como Responsable de Proyectos y Programas IV realizada por el Memorándum de Designación de 3 de enero de 2022 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del citado año; 4) El proceso de interdicción tramitado en la jurisdicción ordinaria familiar se encuentra a la espera de una sentencia definitiva; no obstante, “a la fecha” fue designado como tutor interino de su hijo; 5) El Memorándum de Designación 01/2022- ABP CACAO/2022 como asesor especializado era de 1 de julio de 2022; el cual, fue corroborado con la representación emitida por la Asociación Beniana de Productores de Cacao; sin embargo, los accionados, manifestaron que su persona ejerció dicho cargo en junio de 2022, pretendiendo de esa manera confundir la verdad de los hechos; 6) Las firmas y sellos fueron estampadas en calidad de dependiente de la entidad demandada y no como asesor externo; dado que, las funciones realizadas dentro la citada Asociación fueron ad honorem; 7) El representante de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, sobre el doble trabajo desempeñado en la indicada entidad, informó que uno de los cargos fue en calidad de asesor especializado y el otro como funcionario dependiente de la Gobernación; 8) Los memorándums de llamadas de atención y de deudas en activos fijos, fueron emitidos luego de su desvinculación laboral; aspecto por el que, en las cuales al no contar su firma, se infiere que estas no fueron de su pleno conocimiento; y, 9) La documentación presentada demostró que el trabajo desempeñado en la señalada entidad fue de manera continua; pues, recién el “23 de agosto” fue desvinculado de la marcación biométrica; y, si bien a la conclusión de su contrato -29 de abril del referido año- hubiese tenido que dejar de presentarse a su fuente laboral, el nombrado permaneció en la referida entidad departamental con la promesa de que su contrato sería renovado.

I.2.2. Informe de los demandados

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales, por informe escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 222 a 226 vta. y en audiencia de garantías, señaló que: i) El accionante acreditó la condición de su hijo con discapacidad a través del carnet respectivo; sin embargo, el mismo no contaba con la resolución de interdicción, demanda que fue planteada por la hermana del impetrante de tutela de forma posterior a su desvinculación laboral; ii) Asimismo, el nombrado cuando suscribió el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 tenía conocimiento del inicio y la conclusión del mismo; iii) Por otra parte, no corresponde que en la presente causa se considere al peticionarte de tutela con inamovilidad laboral; puesto que, el mismo al no cumplir con los requisitos establecidos por ley, no puede tener dicha calidad; iv) El Informe SOCIOFAMILIAR 20/2022 de 3 de noviembre, emitido por el Área de Trabajo Social de CODEPEDIS de Beni, señaló que el hijo del accionante se encuentra bajo el cuidado de su madre en el municipio de Magdalena del departamento de Beni, aspecto que a su vez fue corroborado por el Informe Social CITE: U.A.S.F./T.S. 028/2022 de 28 de julio, emitido por SEDEGES; v) Al presente la entidad demandada no tiene adeudo de sueldos de ningún mes; toda vez que, la misma concluyó el 29 de abril de 2022; y, en caso de persistir el cobro de salarios, el ahora accionante tiene la oportunidad de acudir a la vía llamada por ley a efectos de reivindicar sus presuntos derecho vulnerados; vi) Respecto a las funciones que supuestamente venía cumpliendo en mayo a junio de 2022, la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que el impetrante de tutela hizo uso de las oficinas como personal externo; dado que, el mismo prestaba apoyo a la Asociación Beniana de Productores de Cacao; pues, en la citada data, fue designado como Asesor Especializado en materia Cacaotera; por ello, consideraron que las reuniones y eventos en los que participó a nombre de la Gobernación, fue realizado haciendo uso de la confianza que en algún momento tuvo; y, vii) Con respecto a la vigencia del Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022, señalaron que este fue dejado sin efecto a través de la Resolución Administrativa (RA) 01/2022 de 4 de enero, quedando firmes y subsistentes los contratos que suplieron a dichos memorándums; circunstancia por la cual, al no existir lesión alguna de derechos y garantías, se solicitó se deniegue la tutela peticionada. Rita Marcela Apurani Vaca, Secretaria Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante en audiencia de garantías señaló adherirse al informe presentado por el Gobernador demandado, solicitando al efecto se deniegue la tutela impetrada. Julio Cesar Gómez Añez, Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la mencionada entidad demandada, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la presente a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 161 vta.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Elvis Álvarez Gutiérrez no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, no constando en obrados notificación alguna.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 124/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 254 a 260 vta., concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En virtud al principio de verdad material, se advierte que el accionante es padre de una persona con discapacidad mental con un grado equivalente al 50%; siendo ese aspecto de entero conocimiento por parte de la entidad demandada; b) La autoridad jurisdiccional familiar designó al prenombrado como tutor interino de su hijo; merced a ello, en la presente casusa no puede desconocerse ese aspecto, más aun tomando en cuenta que por la calidad que tienen ese tipo de personas -personas con discapacidad-, por ser estas integrantes de un grupo vulnerable, las mismas cuentan con protección especial por parte del Estado boliviano, así como también, de sus autoridades; c) Fue evidente que la desvinculación laboral se realizó de acuerdo al contrato suscrito entre partes el 29 de abril de 2022; empero, se constató según la prueba aportada por el accionante -Comunicación Interna de 5 de mayo del citado año, recepcionada un día después por las Secretarías Departamentales de Administración y Finanzas, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para la compra de repuestos y accesorios para computadoras-, que el nombrado continuaba prestando funciones con posterioridad a la fecha señalada; d) Asimismo, de acuerdo al Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-Beni-C.E-414/2022 recepcionado por el impetrante de tutela 24 de mayo de ese año; así como, las solicitudes del registro de asistencia del control biométrico -de 24 de junio, reiterada el 23 de septiembre de 2022- que no fueron atendidas por las autoridades accionadas a través de la sección correspondiente, evidencian que el mencionado continuaba prestando funciones en la institución demandada en el mismo cargo que ejercía respectivamente; y, e) Respecto al cargo que se estaría desempeñado en la Asociación Beniana de Productores de Cacao, de acuerdo a las documentales adjuntadas se establece que la misma fue ejercida ad honorem desde julio de 2022, además de no ser una institución pública para que exista la prohibición, pues tampoco indica que fue en igual horario de la entidad demandada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Gobernador demandado a través de su representante solicitó que: 1) Se explique las razones por las cuales no se consideró el informe que acreditó que el peticionante de tutela no vive con su hijo, tomando en cuenta que la tutoría se otorga a quien se haga cargo y esté bajo su custodia; y, 2) Se aclare sobre los sueldos devengados considerando que como institución pública no puede cancelar estos de un día para otro; pues, para ello requieren un tiempo prudente a efectos de realizar los trámites administrativos. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, con respecto al primer punto señaló que al evidenciarse la existencia de una declaratoria judicial de tutoría, la cual emanó de una autoridad competente y al encontrarse la misma vigente, esta otorgó la calidad de responsable y tutor al accionante; por otra parte, en relación al segundo punto, se estableció el plazo de diez días hábiles a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 124/2022.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Carnet de Discapacidad 131342 correspondiente a Julio Cesar Suárez Álvarez -hijo de Henry Suárez Coímbra impetrante de tutela-, otorgado por el CODEPEDIS del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; el cual, señala que el nombrado posee discapacidad mental, con deficiencia psicológica con un porcentaje de 50% (fs. 4). II.2. A través de los Contratos Administrativos de Consultoría Individual de Línea S.D.D.P.E.P. 0194/2018 de 21 de agosto y S.D.D.P.E.P 0224/2018 de 1 de noviembre, el solicitante de tutela fue contratado para asumir el cargo de Analista II de la Dirección de Desarrollo Agrícola del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a partir del 21 de agosto hasta el 31 de octubre de dicho año; y, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de igual año, respectivamente (fs. 14 a 17 vta.) II.3. Por Memorándum SDPEP/RR.HH. 047/2019 de 7 de enero, suscrito por el entonces Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se designó al peticionante de tutela en el cargo de Responsable de Proyectos IV, recepcionado por el prenombrado en la misma data (fs. 18). II.4. Cursa Nota CITE/.D.D.D.A/. 324/2019 presentada el 22 de noviembre del citado año, por el accionante ante el entonces Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; en la cual, solicitó se tome en cuenta su inamovilidad laboral en su condición de padre de un hijo con discapacidad (fs. 20 a 23). II.5. A través de Memorándums SDPEP/RR.HH. 024/2020 de 2 de enero y SDPyEP/26 AD/2021 de 4 de enero, el entonces Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, designó al impetrante de tutela con el cargo de Responsable de Proyecto IV (fs. 39 y 41). II.6. Mediante Nota de Comunicación Interna PROG. PYTOS. 282/2021 de 29 de noviembre, el peticionante de tutela remitió ante José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy codemandado-, el “CITE N° 96”, solicitando inamovilidad laboral y permanencia en el cargo por su condición de progenitor de una persona con discapacidad que se encuentra bajo su dependencia, siendo recepcionado el 17 de diciembre del mismo año (fs. 43). II.7. Por Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero, el entonces Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, designó al accionante en el cargo de Responsable de Programas IV, a partir de la referida fecha hasta el 31 de diciembre de ese año, siendo este recepcionado por el prenombrado el 3 de enero del citado año (fs. 45). II.8. Cursa Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia a partir de la misma fecha hasta el 29 de abril de dicho año. Recepcionado por el impetrante de tutela el 24 de mayo del citado año (fs. 46 a 47 vta.). II.9. Por RA 01/2022 de 4 de enero, el ex Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, resolvió declarar sin efecto los memorándums de designación entregados el 3 de enero del mismo año, a funcionarios de dicha entidad, quedando al efecto vigente el contrato administrativo del personal eventual correspondientes a la Partida 12100 (fs. 220 a 221). II.10. Mediante Comunicación Interna I-NCI-PROG-CACA-59/2022 de 5 de mayo, el peticionante de tutela solicitó a la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del supra mencionado Gobierno Autónomo Departamental, la compra de repuestos y accesorios para computadora con cargo al Programa Departamental del Cacao Nativo Amazónico de Beni, recepcionado por dicha Secretaría el 6 del citado mes y año (fs. 51). II.11. Consta Nota CITE HSC 01/2022 de 31 de mayo, por la que el accionante solicitó al Gobernador demandado, “…INAMOVILIDAD LABORAL – PERMANENCIA EN EL CARGO Y CONTRATACIÓN LABORAL” (sic), por su condición de padre de una persona con discapacidad (fs. 68 a 72). II.12. A través de la Comunicación Interna PROG. CACAO. 86/2022 de 6 de junio, el impetrante de tutela informó a Julio Cesar Gómez Añez Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del señalado Gobierno Autónomo Departamental -codemandado-, acerca su asistencia diaria a su fuente laboral y cumplimiento de sus funciones, y solicitó que el mismo sea corroborado por la Dirección Departamental de RR.HH. de la mencionada entidad, para fines consiguientes (fs. 74).

II.13. Mediante Acta de Audiencia Pública de Juramento de Tutor Interino de 15 de junio de 2022, dentro el proceso de Declaración de Interdicción con Número de Registro Judicial (NUREJ) 8055544, el Juez Público de Familia Tercero de Trinidad del departamento de Beni, tomó juramentó al accionante en el cargo de tutor interino de su hijo Julio Cesar Suárez Álvarez (fs. 9). II.14. Cursa Nota CITE HSC 04/2022 de 20 de junio, por la que el impetrante de tutela reiteró al Gobernador demandado, la cancelación del sueldo de mayo del citado año, y la contratación permanente en el mismo cargo en su condición de padre/tutor de una persona con discapacidad (fs. 95 a 97). II.15. Por Nota de “junio” de 2022, la Presidenta de la Confederación de Productores y Recolectores Agroecológicos de Cacao de Bolivia (COPRACAO), designó al peticionante de tutela como Asesor Especializado en Materia Cacaotera; constando de igual forma, el Memorándum 01/2022- ABP CACAO/2022 de 1 de julio, donde el Presidente de la Asociación Beniana de Productores de CACAO, designó al prenombrado para ejercer el cargo de Apoyo Técnico en dicho departamento (fs. 212 a 213). II.16. Mediante Nota CITE HSC 06/2022 de 24 de junio, el accionante solicitó al Secretario hoy codemandado, el detalle del marcado de entradas y salidas según reloj biométrico, del periodo de enero a junio 2022, siendo también la misma peticionada al Director Departamental de RR.HH. de dicha entidad, a través de Nota CITE HSC 07/2022 de la misma data; la cual a su vez fue reiterada mediante Nota CITE HSC 10/2022 de 23 de septiembre (fs. 98 a 101, 104 a 107; y,111 a 114). II.17. A través del Informe Social CITE: U.A.S.F./T.S. 028/2022 de 28 de julio, la Trabajadora Social de la Unidad de Asistencia Social y Familia (U.A.S.F.) del Servicio Departamental de Gestión social (SEDEGES) de Beni, informó al Juzgado Público de Familia Tercero de trinidad del departamento de Beni, respecto a la situación del hijo con discapacidad del accionante, sugiriendo en conclusiones que el proceso de declaratoria judicial de interdicción no sea procedente, ante la situación social, de vivienda, mobiliario e ingreso económico del prenombrado (fs. 215 a 219). II.18. Por Declaración Jurada Voluntaria 51, de 2 de septiembre de 2022, efectuada por Elvis Álvarez Gutiérrez -progenitora de Julio Cesar Suárez Álvarez, hijo del accionante-, ante María del Rosario Clementelli Cuellar, Notaria de Fe Pública 1 del municipio de Magdalena del departamento de Beni, declaró que la contestación de 17 de junio del citado año, dentro la demanda del proceso de declaración de Interdicción, fue de manera afirmativa, y que está de acuerdo que el padre de su hijo sea declarado tutor del mismo por su condición de discapacidad (fs. 233 a 234). II.19. Consta Informe SOCIOFAMILIAR 20/2022 de 3 de noviembre, emitido por el Área de Trabajo Social de CODEPEDIS de Beni, dirigido a la Jefe de Sección I, en el que respecto a la situación actual del hijo con discapacidad del impetrante de tutela, señaló que el mismo se encontraría viviendo solo en un cuarto alquilado por su padre, quien al ausentarse por los viajes que realiza, lo deja abandonado y sin alimentación; motivo por el cual, su madre procedió a trasladarlo al Municipio de Magdalena del departamento de Beni (fs. 192 a 198). II.20. Por certificación de 7 de noviembre de 2022, emitida por COPRACAO, dicha instancia señaló que el peticionante de tutela presta sus servicios profesionales en esa institución de manera ad honorem; de igual forma, la Asociación Beniana de Productores de Cacao certificó que el prenombrado fue designado mediante Memorándum 01/2022 - ABP CACAO/2022 y presta sus servicios profesionales a dicha entidad de forma ad honorem (fs. 236 a 237).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral “…como tutor de una persona con discapacidad…” (sic), a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa, sin discriminación y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, ejerciendo funciones desde agosto de 2018 hasta junio de 2022, como Responsable de Programas y Proyectos IV, dependiente de la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, merced a la suscripción de diversos contratos administrativos de consultoría individual de línea, y habiendo sido designado con el Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero, en el cargo de Responsable de Programas IV -vigente hasta el 31 de diciembre de ese año-, desde de enero del citado año, sufre por parte de los funcionarios del referido ente departamental, un acoso laboral permanente, donde incluso le obligaron a firmar un Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia a partir de dicha data hasta el 29 de abril de ese año, para que en mérito al referido pueda cobrar sus sueldos adeudados con la promesa de que a su culminación se realizaría la ampliación del plazo del mismo; sin embargo, ello no aconteció; puesto que, el 23 de junio de 2022, sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico, a pesar de que en su debido momento solicitó su recontratación y permanencia laboral en virtud a que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad mental psíquica, con un porcentaje de 50% -su hijo-; no obstante, los demandados no tomando en cuenta la continuidad en sus funciones de forma tácita; toda vez que, el precitado Memorándum indica que su contratación finaliza el 31 de diciembre del citado año, y alegando que su persona no contaría con la declaración definitiva de tutoría de interdicción, procedieron a dejarlo sin una fuente laboral; reteniendo a su vez, su sueldo correspondiente de dos días del mes de abril y de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022, los cuales le corresponden por derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a casos que involucren a personas con discapacidad

La SCP 0869/2023-S2 de 28 de agosto, citando a la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, en relación a la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con discapacidad, estableció lo siguiente: […«Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: “…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”. En igual sentido el art. 94 de la LTC, establece que: “…la acción procede siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías”, por su parte, el art. 96.3 de la citada Ley, determina que: “…la acción no procederá contra resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno del mismo”; sin embargo, si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: “…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ‘(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”; Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada»…] (las negrillas son nuestras).

III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad y la acreditación de su condición Jurisprudencia reiterada

La SCP 0329/2023-S2 de 10 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, la cual cita a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, sostuvo que: «…“A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala:

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”» (énfasis agregado). Ahora, con respecto a la acreditación de la condición de las personas con discapacidad, la SCP 0546/2020-S2 de 13 de octubre, manifestó lo siguiente: “Tomando en cuenta que, las personas con discapacidad, se constituyen en un sector de vulnerabilidad de la sociedad, ampliamente protegido por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales, así como por la normativa vigente en el Estado, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, emitió una línea jurisprudencial sólida, de protección de los derechos fundamentales de dicho sector, en el ámbito laboral, protegiendo así, su inamovilidad laboral; se entiende claro, si la persona que alegare tener una capacidad diferente, lo debe acreditar a través del carnet de persona con discapacidad pertinente, expedido por los CODEPEDIS; documento que se constituye en el único que acredita una condición de discapacidad en una persona, conforme a lo establecido en los Decretos Supremos (DDSS) 24807 de 4 de agosto de 1997, 1893 de 12 de febrero de 2014, así como en la Resolución Ministerial (RM) 1127, entre otros. Por lo que, la persona que, alegue una discapacidad, a fin de beneficiarse con la inamovilidad aludida, debe presentar el carnet de discapacidad correspondiente; por cuanto, al establecer el ordenamiento jurídico, que la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, se halla ligada a la necesidad que estos cumplan con el ordenamiento jurídico vigente y la inexistencia de causales que justifiquen su despido, establecidas en un proceso previo; resulta claro que, la condición de persona con discapacidad, debe estar debidamente confirmada y documentada -se reitera- mediante el carnet de discapacidad otorgado por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) o, por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). A dicho efecto, se crearon justamente, el IBC y el CONALPEDIS, y en ese marco, igualmente, los CODEPEDIS, con las mismas funciones y atribuciones del CONALPEDIS, en el campo operativo y circunscritos a su ámbito territorial; a fin -se repite- de otorgar el carnet de persona con discapacidad, con la ayuda de un equipo transdisciplinario de acuerdo a criterios técnicos y unificados, a todas las personas de su jurisdicción, para el ejercicio de todos los derechos establecidos en los diferentes Códigos y Leyes del Estado; en esencial, claramente, de las normas promulgadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a las personas con discapacidad. En ese sentido, los DDSS 24807, 1893, y la RM 1127, establecen que, el Carnet de Discapacidad, es el único documento que confirma dicha condición; resultando de otro lado, evidente que, la Resolución Ministerial nombrada, al aprobar el Reglamento de Operaciones del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUN PCD), estableció expresamente en su art. 28, como restricciones en la carnetización, que: 'De acuerdo a las normativas establecidas no se podrá otorgar el carnet de discapacidad a las personas con un porcentaje de discapacidad inferior al 30% de acuerdo a la resolución ministerial 130, y a personas con discapacidad degenerativa cumplidos los 60 años’ -RM 0130, que establece dicho porcentaje de 30% para otorgar el carnet de discapacidad-. Finalizando, en ese sentido que, las personas con un porcentaje de calificación por debajo del 30%, no son consideradas como personas con discapacidad, sino con una deficiencia física, no sujetas, por ende, a la inamovilidad laboral”» (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar, se tiene que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral “…como tutor de una persona con discapacidad…” (sic), a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa, sin discriminación y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, ejerciendo funciones desde agosto de 2018 hasta junio de 2022, como Responsable de Programas y Proyectos IV, dependiente de la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, y habiendo sido designado con el Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero -vigente hasta el 31 de diciembre de ese año-, desde enero del citado año, sufrió por parte de los funcionarios del referido ente departamental, un acoso laboral permanente, llegando al extremo de obligarle a firmar un contrato administrativo con vigencia desde el 3 de enero hasta el 29 de abril del mencionado año, para que en mérito al mismo pueda cobrar sus sueldos adeudados y posteriormente proceder con la ampliación contractual respectiva; hecho que no aconteció; puesto que, el 23 de junio de 2022 sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico, a pesar de que en su debido momento solicitó su recontratación y permanencia laboral donde a su vez hizo conocer que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad mental psíquica, con un porcentaje de 50% -su hijo-; no obstante de ello, los demandados no tomando en cuenta que de acuerdo a su memorándum de designación, su contratación finalizaba el 31 de diciembre del citado año, y alegando que contaba con la declaración definitiva de tutoría de interdicción, procedieron a dejarlo sin una fuente laboral; reteniendo a su vez su sueldo correspondiente de dos días del mes de abril y de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

De la compulsa de antecedentes, se tiene Carnet de Discapacidad 131342, otorgado por el CODEPEDIS, correspondiente a Julio Cesar Suárez Álvarez -hijo del impetrante de tutela-, que señala que el nombrado posee discapacidad mental de 50% (Conclusión II.1); así como, los Contratos Administrativos de Consultoría Individual de Línea S.D.D.P.E.P. 0194/2018 de 21 de agosto y S.D.D.P.E.P 0224/2018 de 1 de noviembre, mediante los cuales el solicitante de tutela fue contratado para asumir el cargo de Analista II de la Dirección de Desarrollo Agrícola del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a partir del 21 de agosto hasta el 31 de octubre de dicho año; y, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de igual año respectivamente (Conclusión II.2); cursando a su vez, el Memorándum SDPEP/RR.HH. 047/2019 de 7 de enero, por el que la entidad demandada designó al peticionante de tutela en el cargo de Responsable de Proyectos IV (Conclusión II.3), y la Nota CITE/.D.D.D.A/. 324/2019 presentada el 22 de noviembre, por la cual el accionante solicitó ante el entonces Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, tome en cuenta su inamovilidad laboral en su condición de padre de un hijo con discapacidad (Conclusión II.4). Constando también los Memorándums SDPEP/RR.HH. 024/2020 de 2 de enero y SDPyEP/26 AD/2021 de 4 de enero, mediante los cuales el entonces Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del citado Gobierno Autónomo Departamental, designó al impetrante de tutela con el cargo de Responsable de Proyecto IV (Conclusión II.5), así como, la Nota de Comunicación Interna PROG. PYTOS. 282/2021 de 29 de noviembre, a través de la que el accionante remitió ante José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy demandado-, el “CITE N° 96”, solicitando inamovilidad laboral y permanencia en el cargo por su condición de progenitor de una persona con discapacidad (Conclusión II.6); donde consta el Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero -vigente hasta el 31 de diciembre de ese año-; por el cual, la entidad departamental ahora demandada designó al impetrante de tutela en el cargo de Responsable de Programas IV (Conclusión II.7), y a su vez cursa el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia a partir de la misma fecha hasta el 29 de abril de dicho año (Conclusión II.8).

Asimismo, se tiene la RA 01/2022 de 4 de enero, por la cual el Secretario Departamental de Administración y Finanzas codemandado, resolvió declarar sin efecto los memorándums de designación entregados el 3 de enero del mismo año, quedando al efecto vigente el contrato administrativo del personal eventual correspondientes a la Partida 12100 (Conclusión II.9); así como, la Comunicación Interna I-NCI-PROG-CACA-59/2022 de 5 de mayo, mediante la cual el peticionante de tutela solicitó a la referida Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del indicado Gobierno Autónomo Departamental, la compra de repuestos y accesorios para computadora con cargo al Programa Departamental del Cacao Nativo Amazónico de Beni (Conclusión II.10), donde también constan la Nota CITE HSC 01/2022 de 31 de mayo, por la que el accionante solicitó al Gobernador demandado inamovilidad laboral y permanencia en el cargo (Conclusión II.11); y, la Comunicación Interna PROG. CACAO. 86/2022 de 6 de junio, en la que el impetrante de tutela informó al Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural codemandado, acerca su asistencia diaria a su fuente laboral y el cumplimiento de sus funciones (Conclusión II.12). Por otra parte cursa, el Acta de Audiencia Pública de Juramento de Tutor Interino de 15 de junio de 2022, donde el Juez Público de Familia Tercero de Trinidad del departamento de Beni, tomó juramentó al accionante en el cargo de tutor interino de su hijo Julio Cesar Suárez Álvarez (Conclusión II.13); la Nota CITE HSC 04/2022 de 20 de junio, por la que, el impetrante de tutela reiteró al Gobernador demandado, la cancelación del sueldo de mayo del citado año, y la contratación permanente en el mismo cargo en su condición de padre/tutor de una persona con discapacidad (Conclusión II.14); el oficio de “junio” de 2022, por el que COPRACAO, designó al peticionante de tutela como Asesor Especializado en Materia Cacaotera (Conclusión II.15); y, la Nota CITE HSC 06/2022 de 24 de junio, mediante la cual el prenombrado solicitó al Secretario codemandado, el detalle del marcado de entradas y salidas según reloj biométrico, del periodo de enero a junio 2022, siendo la misma peticionada al Director Departamental de RR.HH. de dicha entidad departamental a través de Nota CITE HSC 07/2022 de la misma data; la cual a su vez fue reiterada mediante Nota CITE HSC 10/2022 de 23 de septiembre (Conclusión II.16).

También consta Informe Social CITE: U.A.S.F./T.S. 028/2022 de 28 de julio, emitido por la Trabajadora Social U.A.S.F. del SEDEGES de Beni, remitido al Juzgado Público de Familia Tercero de Trinidad del citado departamento, mismo que en sus conclusiones sugirió que el proceso de declaratoria judicial de interdicción del hijo de accionante no sea procedente, ante la situación social, de vivienda, mobiliario e ingreso económico del prenombrado (Conclusión II.17), cursando también la Declaración Jurada Voluntaria 51, de 2 de septiembre de 2022, efectuada por Elvis Álvarez Gutiérrez -madre de Julio Cesar Suárez Álvarez, hijo del accionante- ante María del Rosario Clementelli Cuellar, Notaria de Fe Pública 1 del municipio de Magdalena del departamento de Beni, en la que declaró que la contestación de 17 de junio del citado año, dentro la demanda del proceso de declaración de interdicción, fue de manera afirmativa, y que está de acuerdo que el padre de su hijo sea declarado tutor del mismo (Conclusión II.18), así como el Informe SOCIOFAMILIAR 20/2022 de 3 de noviembre, emitido por el Área de Trabajo Social de CODEPEDIS de Beni, dirigido a la Jefe de Sección I, que señaló que el hijo del peticionante de tutela se encontraría viviendo solo en un cuarto alquilado por su padre, quien se ausenta y por ende lo deja abandonado y sin alimentación; motivo por el que, su madre procedió a trasladarlo al prenombrado hasta el municipio de Magdalena del departamento de Beni (Conclusión II.19); cursando finalmente, el certificado de 7 de noviembre de 2022 emitido por COPRACAO y el Memorándum 01/2022 - ABP CACAO/2022 expedido por la Asociación Beniana de Productores de Cacao, documentación que señala el peticionante de tutela presta sus servicios profesionales en dichas instituciones de manera ad honorem (Conclusión II.20). Con carácter previo a ingresar a la resolución de la causa, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene presente que la subsidiariedad se constituye en uno de los principios procesales que hacen a la naturaleza jurídica y procedencia de la acción de amparo constitucional, dado su carácter inmediato y sumario en la protección de derechos y garantías constitucionales; por lo que, merced a este se exige que previa a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, habida cuenta que este mecanismo tutelar es concebido como extraordinario, inmediato y de carácter preventivo y reparador, el cual está destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, circunstancia por la que no puede constituirse en una vía alternativa ni supletoria de otros procedimientos idóneos y eficaces; empero, conforme se tiene desarrollado en la jurisprudencia constitucional, existen situaciones especiales que permiten hacer una abstracción al principio de subsidiariedad, situación que sucede en casos donde se encuentran involucrados personas pertenecientes a grupos vulnerables entre los que se encuentran las personas con discapacidad, oportunidad en la cual, es posible aplicar dicha abstracción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos y garantías; permisión que se hace extensiva a quienes tengan bajo su guarda o custodia a personas con discapacidad.

Bajo ese entendimiento, se debe tomar en cuenta que en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos y garantías de personas con discapacidad o de las que se encuentran a cargo de las primeras, la acción de amparo constitucional se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias; pues, entiende que la problemática planteada adquiere inmediata relevancia al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, respecto a la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia a una persona mayor de dieciocho años con discapacidad, corresponde señalar que en virtud al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la amplia línea jurisprudencial precisó que la pérdida de la fuente laboral de una persona que tiene bajo su dependencia a otra con discapacidad, incide de manera directa en los derechos de esta última; situación que habilita a esta jurisdicción a ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta sin necesidad de verificar la existencia de medios o mecanismos de impugnación que deban ser agotados con carácter previo a la activación de esta acción de defensa, aquello en armonía con las previsiones constitucionales referidas al desarrollo de acciones para la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad, aspecto que se traduce en el reconocimiento de la garantía de la inamovilidad laboral, misma que incide en la protección a las personas con discapacidad debido a que estas se encuentran en situación de vulnerabilidad por las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, las cuales merman determinadas capacidades e impiden que sean ejercidas por sí mismos; circunstancia que demanda acciones por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad; la cual, deberá ser alegada o acreditada a través de la sola presentación del carnet de discapacidad correspondiente, otorgado por el CONALPEDIS.

Ahora bien, conforme a los antecedentes glosados y las Conclusiones arribadas en este fallo constitucional, se advierte que el accionante ejerciendo funciones desde agosto de 2018 hasta junio de 2022, como Responsable de Programas y Proyectos IV, dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, merced a la suscripción de varios contratos administrativos de consultoría, a su vez fue designado mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 en el cargo de Responsable de Programas IV -mismo que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año-; no obstante de ello, pese a sufrir acoso laboral por parte de su entidad empleadora, puesto que a efectos de que cobre sus salarios adeudados fue obligado a suscribir el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero, con vigencia desde dicha fecha hasta el 29 de abril de ese año; sin embargo, el mismo continuó realizando sus labores asignadas hasta que el 23 de junio de 2022, -fecha en la sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico de la referida entidad departamental-, aquello a pesar de que en su momento solicitó su recontratación y permanencia laboral en virtud a que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad mental psíquica, con un porcentaje de 50% -su hijo-; situación que no fue atendida por los demandados, quienes, no tomando en cuenta la continuidad en sus funciones de forma tácita; toda vez que, el precitado Memorándum otorgado en su favor finalizaba el 31 de diciembre del citado año, y alegando que su persona no contaría con la declaración definitiva de tutoría de interdicción, procedieron a dejarlo sin una fuente laboral y sin cancelarle los sueldos adeudados, hecho que no solamente incidió en la lesión de sus derechos, sino también afectó a los derechos de su hijo el cual presenta un cuadro grave de discapacidad mental.

En ese orden, considerando los antecedentes que acompañan a la acción de amparo constitucional, se advierte que las funciones asumidas por el peticionante de tutela en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se dieron desde el 2018 hasta el 2022, en la que le fueron asignadas diferentes funciones y cargos de forma continua, donde a su vez se evidencia la designación mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH 414/2022 de 3 de enero en el cargo de Responsable de Programas IV -el cual tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año-, aquello a pesar de la suscripción del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-414/2022 de 3 de enero de ese año, con vigencia desde dicha fecha hasta el 29 de abril del indicado año; el cual, fue firmado por el prenombrado a efectos de que le cancelen los sueldos adeudados; y, advirtiendo que el mencionado continuó desarrollando sus labores encomendadas hasta el 23 de junio de 2022 -fecha en la que sus huellas digitales fueron borradas del reloj biométrico de la referida entidad departamental, aspecto que no puede ser desconocido ni obviado por parte de este Tribunal, más teniendo incidencia con el derecho fundamental al trabajo protegido por nuestro ordenamiento jurídico constitucional y con mayor razón cuando este se vincula con la inamovilidad laboral de un trabajador que tiene bajo su cargo a una persona con discapacidad como acontece en la presente causa.

Bajo el contexto jurisprudencial desarrollado ut supra, se tiene que la protección a las personas con discapacidad encuentra sustento en la situación de especial de vulnerabilidad de las mismas, aquello en mérito a que las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales merman ciertas capacidades e impiden que estas ejerzan por sí mismas, determinados derechos, como el trabajo; situación por la cual, el Estado debe prestar una protección al trabajador, aspecto que se traduce en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral; circunstancia que a su vez, garantiza la inamovilidad de la o el trabajador que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad; la cual, a efectos de acreditación requiere solamente la presentación del carnet de discapacidad otorgado por el CODEPEDIS; el cual, en virtud a los antecedentes descritos refiere que el hijo del accionante posee discapacidad mental con deficiencia psicológica en un 50%. Asimismo, en relación a lo alegado por los demandados respecto a la acreditación por parte del accionante como tutor legal de su hijo, aquello en virtud a la exigencia de la presentación de la Resolución judicial que evidencia dicho extremo; impele señalar que, si bien esa designación en torno a lo establecido por el art. 59.I y II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), refiere que “I. La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona y la administración de sus bienes. II. El estado de interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial, y conlleva el nombramiento de una o un tutor”; dicha disposición en el caso de autos fue cumplida; habida cuenta, la existencia del Acta de Audiencia Pública de Juramento de Tutor Interino de 15 de junio de 2022; en la cual, dentro del proceso de Declaración de Interdicción con NUREJ 8055544, el Juez Público de Familia Tercero de Trinidad del departamento de Beni, tomó juramentó al accionante en el cargo de tutor interino de su hijo Julio Cesar Suárez Álvarez; debiendo al efecto, la misma ser analizada a partir de la aplicación del principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, aquello a objeto de observar los hechos tal y como se presentaron; vale decir, analizarlos conforme ocurrieron en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier otra situación.

Por lo referido precedentemente, y al haberse constatado que los presupuestos señalados se cumplen para activar la inamovilidad laboral peticionada por el impetrante de tutela, de conformidad a los cánones de favorabilidad y protección especial y preferente, establecidos en la normativa nacional respecto a las personas con discapacidad o aquellas que tengan una a su cargo; es decir, bajo una comprensión de resguardo de la inamovilidad laboral que en este caso particular, no solamente alcanza al trabajador, sino que esencialmente se encuentra destinada a proporcionar los recursos económicos suficientes que permitan a su hijo -calificado con una discapacidad mental, con deficiencia psicológica con un porcentaje de 50%-, llevar una vida digna y acceder no solo a la atención médica requerida, sino también a otros elementos esenciales que precisa para subsistir; en el caso de autos corresponde, bajo dichos argumentos conceder la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

Finalmente, respecto a la actuación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se advierte que celebrada la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional el 22 de noviembre de 2022 -acto procesal en el que se emitió la Resolución 124/2022-, la misma fue recibida por este Tribunal recién el 16 de enero de 2023, como se aprecia en el descargo del courier (fs. 264); es decir, después del plazo de veinticuatro horas dispuesto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para elevar de oficio los antecedentes concernientes de este mecanismo de defensa, denotando al efecto la falta de cuidado y celeridad en relación a la tramitación de la causa y sobre todo, el incumplimiento de plazos respectivo; por tal motivo, corresponde exhortar a los integrantes de la señalada Sala Constitucional, a que en futuras actuaciones observen los plazos establecidos en la normativa procesal constitucional en las causas sometidas a su conocimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 124/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 254 a 260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por la lesión de los derechos laborales invocados por el accionante, disponiendo su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que le correspondan, desde el momento de su retiro; y, 2° Exhortar a Charles Fernando Mejía Cardozo y Marco Antonio Justiniano Mejía, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0673_2024-S2.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 08d029477c0ed2384fdc34796fa7e0b1ff17cf70680044c8cb4a9029a33c9fa3

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