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SCP 0672/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54175-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, la Vocal demandada declaró inadmisible su apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio 1158/2022, que rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, bajo el único argumento de no haberse interpuesto en el acto, por lo que no se cumplió lo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 57/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por El Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Dejar sin efecto el Auto de Vista 162/2023 de 3 de marzo, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ordenar que en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con el presente fallo constitucional, se admita el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 1158/2022 de 21 de diciembre, y se convoque a audiencia de consideración de los agravios que vaya a fundamentar el accionante, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP, siempre y cuando el accionante no hubiere presentado otra solicitud de cesación de su detención preventiva o su situación jurídica no haya cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54175-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 57/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maguy Eliane Barba Suárez, contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 y 8 a 10 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, la autoridad judicial -ahora demandada- dictó la Resolución 162/2023 de 3 de marzo, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 1158/2022 de 21 de diciembre, que había rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva. La autoridad justificó esta decisión bajo el único argumento de que el recurso fue formulado mediante la expresión “vamos a interponer”; según la juzgadora, dicho fraseo denotó un tiempo futuro sujeto a confirmación y no una voluntad presente y cierta, lo que vulneró de manera directa sus derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se otorgue la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial demandada que señale día y hora de audiencia, para resolver su recurso de apelación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante, ampliando sus argumentos, señaló: a) Tras el rechazo de la cesación a la detención preventiva, interpuso el recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), remitiéndose las actuaciones correspondientes ante el tribunal de alzada; b) La Vocal demandada, omitió el señalamiento de audiencia pública, dictó directamente la Resolución 162/2023, declaró la inadmisibilidad del recurso bajo un criterio formalista, arguyendo que la expresión “vamos a interponer” denotaba una intención futura y no un acto procesal consolidado; ello, a pesar de que el recurso cumplía con la debida fundamentación de agravios; y, c) Denunció la lesión al debido proceso en su triple dimensión y al derecho a la libertad, invocando la SCP 0855/2019-S2 de 17 de septiembre, que establece la obligación del Estado de actuar como garante de los derechos fundamentales, por lo cual solicitó se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., señaló: 1) A partir de la vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fue modificado en concordancia con el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal 12/2019. El recurso debe interponerse en un plazo de setenta y dos horas, ya sea de forma oral en la misma audiencia o por escrito tras la notificación de la resolución; 2) La apelación interpuesta por el accionante contra la Resolución 1158/2022 fue devuelta al juzgado de origen el 1 de marzo de 2023. El recurso fue declarado inadmisible debido al incumplimiento de las formalidades legales, prevaleciendo lo dispuesto en el art. 396.3 del CPP, al no haberse satisfecho los requisitos exigidos por la norma; 3) El impetrante de tutela tenía la obligación de solicitar explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, debiendo agotar dicha instancia en apego al principio de subsidiariedad; y, 4) La justicia con|stitucional carece de competencia para revisar en grado de apelación las decisiones de las autoridades ordinarias, considerando que la resolución cuestionada goza de la debida fundamentación, solicitó que se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 57/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento que, de la revisión de las Resoluciones 1158/2022 y 162/2023, advirtió que la decisión de la autoridad demandada es racional y coherente; pues, declaró como inadmisible la apelación de la hoy accionante, en virtud a que esta no concretó en el tiempo si apelaría la decisión del Juez inferior o cuando lo haría, de acuerdo a la expresión "vamos a interponer" y de esa frase no se comprendió si lo harían o cuando lo iban a hacer, por lo que no se encontró vulneración al debido proceso vinculado al derecho a la libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de cinco magistraturas, cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa en obrados el Auto Interlocutorio 1158/2022 de 21 de diciembre, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz;

mediante el cual se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de la peticionante de tutela, manteniendo firme y subsistentes las medidas cautelares impuestas, en consecuencia ante la Resolución dictada interpuso recurso de apelación incidental de acuerdo al art. 251 del CPP, solicitando que en efecto se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada correspondiente (fs. 3 a 5 vta.) II.2. Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada-, por Auto de Vista 162/2023 de 3 de marzo, declaró inadmisible del recurso de apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio 1158/2022, fundamentando que la expresión “vamos a interponer” (sic) denotaría una intención futura y no un acto presente y cierto (fs. 6 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, la Vocal demandada declaró inadmisible su apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio 1158/2022, que rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, bajo el único argumento de no haberse interpuesto en el acto, por lo que no se cumplió lo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral

La SCP 0387/2025-S3 de 20 de mayo, sobre esta temática en particular señala que: El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:

La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación “puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito”. Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las sub-reglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:

1El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”.

2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las sub-reglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).

[iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…) Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe isponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido] Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:

[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.

En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido]. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente:

[Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…).

En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro]. Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante.

Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del presente fallo constitucional, se corrobora que, mediante el Auto Interlocutorio 1158/2022, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de la parte accionante, ratificando las medidas cautelares impuestas. Contra esta determinación, su defensa interpuso recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP, solicitando la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada. No obstante, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del mismo departamento, ahora demandada, mediante el Auto de Vista 162/2023 de 3 de marzo, declaró inadmisible el recurso de apelación deducido, fundamentando su decisión en que la frase “vamos a interponer” denotaba un tiempo futuro sujeto a confirmación, (Conclusiones II.1 y II.2).

Ahora bien, se advierte que la parte accionante cumplió con el art. 251 del CPP y los entendimientos jurisprudenciales asumidos en el Fundamento Jurídico III.1 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, a la conclusión de la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de detención preventiva, interpuso de forma inmediata el recurso de apelación incidental. Su manifestación textual: “vamos interponer ante la resolución interpuesta por su autoridad recurso de apelación bajo los siguientes agravios que me voy a pasar a fundamentar…” (sic) expresa de forma inequívoca su voluntad de impugnar el Auto Interlocutorio que rechazó la modificación de su situación jurídica. La interposición de la alzada fue tan evidente que el propio juez a quo no albergó duda alguna, respondiendo en la misma audiencia: “Se tiene presente la apelación interpuesta contra la resolución emitida por la suscrita autoridad jurisdiccional; póngase en conocimiento del Tribunal...” (sic). La Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 162/2023, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto, bajo el argumento de que no fue planteado en el acto de manera oral, como lo establece el art. 251 del CPP, y solamente el recurrente se limitó a indicar “vamos a interponer”, que se refiere a un acto a futuro que puede o no ser realizado, además, la interposición del recurso de apelación tiene que ser un acto procesal presente y cierto, por lo que consideró que no realizó de manera correcta la interposición del mismo; incumpliendo con lo establecido por las normas legales y el principio de oralidad previsto por el art. 180.I de la CPE. El criterio expresado por la autoridad demandada incurre en un error al priorizar una interpretación literal y restrictiva del lenguaje utilizado por la defensa, ignorando que la normativa procesal penal no exige el uso de frases sacramentales; más aún cuando el apelante de forma por demás manifiesta dio a entender que estaba apelando la resolución a quo, e incluso fundamentó sus agravios. Como se evidencia en el caso que se examina, la interpretación realizada por la autoridad demandada desconoce el principio pro actione, por el cual los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; de ahí que, este principio obliga al juzgador a desechar todo rigorismo o formalismo excesivo para materializar el derecho a la impugnación y permitir un pronunciamiento sobre el fondo. En ese marco, al haberse impedido la revisión de la decisión de primera instancia, se restringe el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa; y, de forma directa ha resultado vulnerado el derecho a la libertad personal, puesto que ha impedido que se defina la situación jurídica de la parte accionante; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 57/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por El Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Dejar sin efecto el Auto de Vista 162/2023 de 3 de marzo, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ordenar que en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con el presente fallo constitucional, se admita el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 1158/2022 de 21 de diciembre, y se convoque a audiencia de consideración de los agravios que vaya a fundamentar el accionante, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP, siempre y cuando el accionante no hubiere presentado otra solicitud de cesación de su detención preventiva o su situación jurídica no haya cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0672_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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