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SCP 0672/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
1 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55463-2023-111-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación, a la propiedad privada; alegando que, en el proceso civil de mejor derecho propietario, reivindicación y negatoria, nulidad y anulabilidad de título y cancelación de matrículas en DD.RR. interpuesto contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; los entonces Magistrados -hoy demandados- emitieron Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre que anuló lo obrado y casó en parte el Auto de Vista 21/2022, lesionando sus garantías desde el momento de su admisión, sin valorar la prueba producida, restringiendo y suprimiendo su derecho debidamente acreditado e inscrito en DD.RR. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 86 a 88, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada conforme al Fundamento Jurídico expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2025-S3 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55463-2023-111-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución de 031/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 86 a 88, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manuel Joaquín Olivera Flores contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursantes a fs. 1 y 54 a 61, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la vía civil, el 18 de noviembre de 2019, planteó demanda de reconocimiento de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria, nulidad y anulabilidad de título y consiguiente cancelación de matrículas computarizadas en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, por ordenar mediante Resolución Administrativa Municipal DOCT 103/2019 de 9 de septiembre la anulación y cancelación de su registro predial, proceso en el cual se emitió la Sentencia 19/2021 de 14 de junio, declarando probada la pretensión de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y la nulidad, e improbada la demanda de anulabilidad, disponiendo la cancelación de la matrícula computarizada en DD.RR.; que fue recurrida en apelación y resuelta por el superior en grado mediante Auto de Vista (AV) 21/2022 de “16 de agosto de 2021” -siendo lo correcto 3 de mayo-, que confirmó el fallo.

Por lo que, la parte demanda formuló recurso de casación en el fondo, incumpliendo el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC), sin mencionar los agravios del acto recurrido, a lo que el Tribunal Supremo de Justicia sin tener competencia emitió el Auto Supremo (AS) 676/2022 de 7 de septiembre, que anuló lo obrado y casó en parte el Auto de Vista 21/2022, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales desde su admisión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; a la propiedad privada, valoración de la prueba, principio de congruencia, principio de verdad material, citando al efecto los arts. 56.I y II y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 84 a 85 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar; y, solicitó que se conceda la tutela en función y en virtud a lo expuesto.

I.2.2. Informe de los demandados

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 72 a 77, señalaron lo siguiente: a) De la revisión de obrados se estableció que el accionante fue notificado con el Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre, el 4 de octubre de 2022 y según la fecha del memorial de la acción de amparo constitucional este data del 17 de abril del 2023, habiendo vencido superabundantemente, el plazo establecido en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), con catorce días, incumpliendo con el principio de inmediatez; b) La acción tutelar carece de orden y exposición sistemática, incurriendo en falta de relación de causalidad entre los hechos, derechos y garantías presuntamente vulneradas; c) No argumentó sobre la falta de fundamentación o motivación del citado Auto Supremo, más al contrario, de la revisión a este, se cumplió a cabalidad con la fundamentación fáctica y jurídica; d) El impetrante de tutela señaló que no se analizó el supuesto derecho propietario, pero el Auto Supremo impugnado realizó una descripción minuciosa de los títulos de propiedad, citando las normas de derecho sustantivo aplicados; y, e) Se examinó la prueba presentada por ambas partes, exponiendo la normativa aplicable por lo que carece de mérito la denuncia.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, a través de su abogado en audiencia manifestó: 1) El Auto Supremo 676/2022 es claro, no expresó que se acuda a la vía contenciosa; y, 2) Respecto a la subsidiariedad, cuando no hay medio de impugnación se acude a la acción de amparo constitucional y en el presente caso correspondiente a un proceso civil, aún queda pendiente la revisión extraordinaria de sentencia.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 031/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 86 a 88, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 128 de la CPE concordante con el art. 51 del CPCo establece a la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que “…tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”. (sic); ii) El artículo 129.II de la CPE, especifica el plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; iii) El accionante en la vía civil demandó mejor derecho propietario, reivindicación y anulabilidad contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, emitiéndose Sentencia 19/2021, que fue apelada y resuelta según Auto de Vista 21/2022 que confirmó la Sentencia antes referida; por lo que, el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija interpuso recurso de casación emitiéndose Auto Supremo 676/2022 que resolvió anular todo lo obrado respecto de la pretensión de nulidad y anulabilidad y casó en parte el Auto de Vista, declarando improbada la demanda; y, iv) De la revisión de la documental, el impetrante de tutela fue notificado mediante cédula el 4 de octubre de 2022 con el Auto Supremo 676/2022 y la acción tutelar fue planteada el 19 de abril de 2023, transcurriendo superabundantemente el plazo de seis meses previsto por ley e incumpliendo con el principio de inmediatez. Por memorial cursante a fs. 93, la parte accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación, respecto al cómputo del plazo realizado desde la notificación de 4 de octubre de 2022 con el Auto Supremo 676/2022, al entender que “Para sus efectos se entiende por días hábiles de lunes a viernes, salvando los días feriados” (sic) debiendo descontar días feriados, los días de la vacación judicial del mes de diciembre por suspensión de plazos procesales y días por distancia, expresando que la acción fue presentada en plazo, debiendo ingresarse al fondo de la acción de amparo constitucional y disponer las medidas cautelares solicitadas; en mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías por Auto de 12 de mayo de 2023 (fs.

96 y vta.), determinó no ha lugar a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre, pronunciado por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, entonces Magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados- que dispone “1. ANULA TODO LO OBRADO con relación a las pretensiones de Nulidad y Anulabilidad contra los actos administrativos descritos en el contenido del presente fallo; manteniendo subsistente todos los demás actos procesales sobre las acciones de mejor derecho, acción de reivindicación y pago de daños y perjuicios. 2. CASA en parte el Auto de Vista N° 21/2022 de 03 de mayo, y en consecuencia declara IMPROBADA la demanda de mejor derecho de propiedad y acción reivindicatoria…” (sic [fs. 26 a 40]). II.2. Consta notificación mediante cédula de 4 de octubre de 2022, practicada a Manuel Joaquín Olivera Flores -ahora accionante- con el Auto Supremo 676/2022 (fs. 92). II.3. Según acta de audiencia pública virtual efectuada el 8 de mayo de 2023, de la presente acción de amparo constitucional, al revisar el expediente en aplicación del principio de verdad material en la última parte se expresó: “…nos percatamos que el Auto Supremo 676/2022 mismo que se pretende dejar sin efecto a través de esta acción de amparo constitucional, el mismo fue notificado al accionante el 8 de septiembre de 2022 y la acción de amparo constitucional fue presentada el 19 de abril de 2023, es decir, sobrepasa el plazo establecido tanto en la CPE como en el CPCo y la jurisprudencia establecida para estos casos,… “ (sic [fs. 84 a 85 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación, a la propiedad privada; alegando que, en el proceso civil de mejor derecho propietario, reivindicación y negatoria, nulidad y anulabilidad de título y cancelación de matrículas en DD.RR. interpuesto contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; los entonces Magistrados -hoy demandados- emitieron Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre que anuló lo obrado y casó en parte el Auto de Vista 21/2022, lesionando sus garantías desde el momento de su admisión, sin valorar la prueba producida, restringiendo y suprimiendo su derecho debidamente acreditado e inscrito en DD.RR. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del principio de inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en armonía con ello, el art. 55.I del CPCo, establece con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son propias). Bajo ese marco, resulta menester recurrir además al criterio emitido por la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, que señaló: ”…La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.

Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'.

Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada”’ (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alegó la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación, a la propiedad privada; alegando que, en el proceso civil de mejor derecho propietario, reivindicación y negatoria, nulidad y anulabilidad de título y cancelación de matrículas en DD.RR. interpuesto contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; los entonces Magistrados -hoy demandados- emitieron Auto Supremo 676/2022 de 7 de septiembre que anuló lo obrado y casó en parte el Auto de Vista 21/2022, lesionando sus garantías desde el momento de su admisión, sin valorar la prueba producida, restringiendo y suprimiendo su derecho debidamente acreditado e inscrito en DD.RR.

Ahora bien, según se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, uno de los principios que rige la referida acción de tutela, es el de inmediatez, que obliga a que dicho mecanismo debe ser interpuesto de forma inmediata o dentro del plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida alegada o de la notificación con la última decisión, ya sea administrativa o judicial. Por lo que, de lo expuesto por los demandados en su informe respecto a que la acción tutelar fue presentada extemporáneamente y del cómputo realizado en audiencia por el Tribunal de garantías (Conclusión II.3.) se estableció que desde la notificación con el Auto Supremo 672/2022 efectuado el 4 de octubre de 2022 al impetrante de tutela (Conclusión II.2.) en contraste con el formulario de recepción de esta acción de defensa (fs. 1) que data de 19 de abril de 2023 transcurrieron más de seis meses y equivocadamente el accionante computó el plazo desde la notificación de 21 de octubre de 2022 (fs. 41) con el decreto de “cúmplase” de 18 del mismo mes y año, emitido por el juzgado de origen, después de devuelto y radicado el expediente.

En ese contexto, esta acción tutelar fue interpuesta fuera del plazo establecido en la normativa procesal constitucional vigente, cuya observancia y cumplimiento eran responsabilidad del peticionante de tutela siendo inviable que este Tribunal pueda superar tal aspecto, infringiéndose el principio de inmediatez que deviene de la naturaleza de este mecanismo constitucional, siendo una de sus principales características la prontitud y efectividad para brindar la tutela debida, reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales presuntamente lesionados, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por consiguiente corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 86 a 88, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada conforme al Fundamento Jurídico expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0672_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a06b5adc4c81aa1331982079f49a5eb483b64f081f65c7083cdd1ede1f72ea1

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