Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a la “…falta de valoración integral de las pruebas (…) falta de aplicación del régimen de medidas cautelares…” (sic); puesto que, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 15 de diciembre de 2022 por el que mantuvo incólume su detención preventiva, sin motivar ni fundamentar respecto a: 1) La coparticipación de otras personas respecto a quienes la denuncia fue rechazada -y por ende, no podría influir en ellos-; y, 2) La consideración de la minoría de edad de la víctima al momento del hecho para determinar la detención preventiva -que a tiempo de efectuar su solicitud de cesación ya era mayor de edad- además de que ello nunca fue un motivo en sí al momento de imponer tal medida. Ante ello, la parte demandada refirió que respondió a cada uno de los agravios formulados en el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 001/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 66 a 70, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada en atención al art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 2º Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la modificación de la normativa penitenciaria y al Ministerio de Gobierno, por intermedio de la Dirección General de Régimen Penitenciario para implementar mecanismos de control social participativo conforme a la Ley de Participación y Control Social, que permitan la vigilancia ciudadana externa sobre el cumplimiento del régimen de visitas, como medida institucional de prevención; debiendo notificarse el presente fallo constitucional a las mencionadas instituciones a través de Secretaría General de este Tribunal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2025-S2 Sucre, 23 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53013-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 66 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michel Maicol Fuentes Cruz contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 9 de enero de 2023, cursante a fs. 1, y 27 a 32 vta., el accionante manifiesta lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación -hecho que aconteció por un ingreso ilegal de la presunta víctima al Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba-, se le impuso la medida restrictiva de la detención preventiva, misma que apeló y fue confirmada por Auto de Vista de 13 de septiembre de 2022, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; posteriormente, el 2 de diciembre de 2022 solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva, argumentando enervar el riesgo de obstaculización contenido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que, el mismo se basó en el hecho de que su persona podría influir contra quienes se amplió la investigación -es decir, sobre Mario Maldonado Coria, José Luis Condori Gaspar, Jesús Rivera Calle y José Luis Álvarez-, no obstante, la solicitud fue rechazada, razón por la cual apeló tal determinación, siendo ésta resuelta mediante Auto de Vista de 15 de diciembre de 2022 pronunciado por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba -ahora demandada-, señalando que: a) Se mantendría vigente el riesgo de obstaculización, -sin considerar que sería incongruente señalar ese extremo después de casi cuatro años del hecho, ya habiéndose tergiversado los motivos que llevaron a esa conclusión-; y, b) Se debe considerar la minoría de edad de la víctima al momento del hecho -razonamiento incongruente, puesto que la presunta víctima actualmente cuenta con diecinueve años de edad, y se estaría desvirtuando por completo el carácter provisional de las medidas cautelares-; en consecuencia, se agravó su situación jurídica, y vulneró su derecho al debido proceso por falta de motivación, fundamentación, y congruencia, puesto que se consideró la versión de la víctima respecto a la participación de otras personas sobre el hecho, pese a que existe una resolución de rechazo a favor de los otros presuntos “copartícipes”, por lo que no podría influir sobre otras personas aún no identificadas, incurriendo de esa manera en una incongruencia; asimismo, considera lesivo el razonamiento de que la vulnerabilidad de la víctima sería motivación suficiente para rechazar su cesación a la detención preventiva, dado que la misma nunca fue un motivo en sí de su actual medida cautelar; no obstante, para la autoridad ahora demandada esta afirmación no sería evidente, puesto que el Tribunal de origen ya razonó en ese sentido, basando su motivación en la forma en la que el delito fue cometido -en referencia a la participación colectiva-, desvirtuando así el recurso de apelación planteado. A esto añade, que el 23 de septiembre de 2019 el Ministerio Público presentó acusación formal solo en su contra por la presunta comisión del delito de violación, dejando de lado a las otras personas contra las cuales en un primer momento se amplió la investigación, misma que mereció la Sentencia de 17 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, donde se le declaró autor y culpable de la comisión del presunto ilícito, aspecto que no fue considerado en el análisis de su caso; asimismo, tampoco fue considerada la SCP 0276/2018-S3 de 25 de junio, por la cual se estableció la prohibición de fundar el riesgo procesal de obstaculización bajo criterio y argumentos abstractos, respecto a la influencia en personas no identificadas o bajo el supuesto de que “podría o podrá”. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a la “…falta de valoración integral de las pruebas (…) falta de aplicación del régimen de medidas cautelares…” (sic), citando para tal efecto los arts. 21.7, 22, 23, 115, 116, 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Vocal demandada, que emita resolución conforme a los motivos que fundaron su detención preventiva, y los nuevos elementos que presentó con el objetivo de enervar el riesgo procesal de fuga contenido en el art. 235.2 del CPP. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 65, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los términos contenidos en su memorial de acción de libertad, añadiendo lo siguiente: La Vocal demandada se apartó de la normativa que rige la aplicación de medidas cautelares, sin tomar en cuenta el principio de favorabilidad, que establece que cuando exista duda sobre la persistencia del riesgo, debe favorecerse al imputado, aspecto que incluso está inmerso en la normativa internacional de derechos humanos. I.2.2. Informe de la parte demandada Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 43 a 45, solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) Existen ciertos requisitos de admisibilidad que deben cumplirse para entrar a revisar la legalidad ordinaria y la competencia de la jurisdicción constitucional; 2) Las acciones de defensa no se constituyen en un recurso casacional, ni en una instancia de impugnación a lo resuelto por otras jurisdicciones; y, 3) No es evidente lo afirmado por el accionante, en sentido de que se agravó su situación jurídica, o lesionado su derecho al debido proceso, aspecto que puede corroborarse del Auto de Vista de 15 de diciembre, donde respondió cada uno de los agravios formulados, razón por la cual determinó declarar la improcedencia del recurso, basándose en lo dispuesto por la jurisprudencia y preceptos legales pertinentes de acuerdo a los arts. 124 y 173 del CPP. I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia La representación de la institución de referencia no se hizo presente a la audiencia pública virtual ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 39 I.2.4. Participación del Ministerio Público Ysbieta Guzmán Totola, autoridad fiscal, en audiencia señaló lo siguiente: i) El Auto de Vista en cuestión está debidamente motivado y fundamentado; y, ii) Respecto al estado actual de la causa, la misma tiene ya una sentencia condenatoria y la decisión cuenta con un recurso de apelación restringida a resolverse; razones por las que debe denegarse la tutela impetrada. I.2.5. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 001/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 66 a 70, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista de 15 de diciembre de 2022 es claro respecto a los argumentos de agravio expresados por el accionante; b) No se tiene establecida la existencia del vínculo de causalidad entre la supuesta irregularidad y consiguiente restricción o supresión de la libertad física del accionante, como tampoco el vínculo de causalidad de una supuesta irregularidad que pudiere atribuirse a la autoridad judicial ahora demandada, aspecto que no permite entrar a analizar el fondo del asunto; c) El Auto de Vista está debidamente fundamentado, puesto que responde todos los agravios y a todas las partes, expuso los fundamentos jurídicos sustentatorios, inmersos en los arts. 239 y 398 del CPP, citando jurisprudencia, sus competencias y la carga de la prueba que correspondía; d) La Resolución impugnada fue correcta, porque no se desvirtuó respecto al peligro procesal, ni tampoco se agravó la situación jurídica del acusado, y más bien se confirmó la situación de vulnerabilidad de la víctima por la forma en la que hubiesen acontecido los hechos como la participación de otras personas además del sentenciado recurrente; y, e) De lo señalado no se tiene verificado estado de indefensión alguno, procesamiento indebido, ni causa directa de la privación o restricción a la libertad física. En vía de complementación y enmienda, el accionante invocó el art. 13 del CPCo -siendo correcto el art. 36.9 de la misma normativa- para solicitar que se aclare la existencia o los nombres sobre quienes podría influir, ante lo cual la Sala Constitucional refirió que no advirtió ningún elemento que amerite aclaración y complementación, máxime cuando la solicitud de la misma incumbe a temas exclusivos de la jurisdicción ordinaria, por lo que determinó no ha lugar a la solicitud realizada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia virtual y Auto de Vista de 15 de diciembre de 2022 emitido por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, por el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por Michel Maicol Fuentes Cruz -hoy accionante-, y en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio de 2 de diciembre de 2022 (fs. 59 a 62 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a la “…falta de valoración integral de las pruebas (…) falta de aplicación del régimen de medidas cautelares…” (sic); puesto que, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 15 de diciembre de 2022 por el que mantuvo incólume su detención preventiva, sin motivar ni fundamentar respecto a: 1) La coparticipación de otras personas respecto a quienes la denuncia fue rechazada -y por ende, no podría influir en ellos-; y, 2) La consideración de la minoría de edad de la víctima al momento del hecho para determinar la detención preventiva -que a tiempo de efectuar su solicitud de cesación ya era mayor de edad- además de que ello nunca fue un motivo en sí al momento de imponer tal medida. Ante ello, la parte demandada refirió que respondió a cada uno de los agravios formulados en el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que, los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva. ” (el resaltado y subrayado nos pertenece).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación por varias personas de una menor de edad que ingresó de manera irregular al interior del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, se resolvió su detención preventiva y posteriormente se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva a través del Auto Interlocutorio de 2 de diciembre de 2022, razón por la cual planteó recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada- mediante el Auto de Vista 15 de diciembre de 2022, declarando improcedente el referido recurso, y confirmando el Auto Interlocutorio impugnado, manteniendo su detención preventiva, decisión cuestionada a través de la presente acción de libertad. Respecto al primer punto impugnado referido al riesgo de obstaculización, en el sentido de que su persona podría influir de manera negativa en las otras personas que presuntamente participaron del hecho, -aspecto que el impetrante de tutela considera incongruente, puesto que ya pasaron cuatro años y los referidos ni siquiera están imputados, sino eximidos de toda responsabilidad penal, razón por la cual no sería posible influir en estos de manera negativa, máxime considerando la existencia de una sentencia condenatoria en su contra sobre este hecho donde no están consignados los coparticipantes iniciales- la resolución impugnada ratifica la premisa identificada por el Tribunal a quo respecto a que no solo debe tomarse en cuenta a las personas que identificó el accionante como coautores del hecho -cuyo alejamiento del proceso implicaría una enervación del riesgo procesal de obstaculización-, dado que su exoneración no desvirtúa la participación en el hecho de otras personas, por lo que continúa el referido riesgo procesal, razonamiento que implica la existencia de motivación por parte de la Vocal demandada. En cuanto al segundo argumento respecto al agravante en sentido de que la presunta víctima sería menor de edad en el momento del hecho, -aspecto que desvirtuaría el carácter provisional de las medidas cautelares, porque en la actualidad es mayor de edad, lo que amerita una modificación sustancial- la Vocal demandada examinó el razonamiento del Tribunal a quo que estableció que la condición de vulnerabilidad de la víctima, más allá de la edad, fue observada de acuerdo a la forma en la que el delito fue cometido -es decir, de manera colectiva-, por lo que se puede evidenciar la existencia de motivación respecto a este segundo punto y sin incurrir en criterios o argumentos abstractos, no siendo aplicable la SCP 0276/2018-S2 de 25 junio invocado por el peticionante de tutela -sobre la prohibición de fundar el riesgo procesal de obstaculización bajo criterios y argumentos abstractos-, por lo que corresponde denegar la tutela respecto a la Vocal demandada.
En el análisis de los hechos que motivan el presente caso, este Tribunal no puede dejar de mostrar preocupación respecto al ingreso no autorizado de objetos como celulares, armas, cigarrillos, etc., e incluso personas -incluidos de menores de edad como sucedió en el presente caso-a Centros Penitenciarios en contravención de los arts. 3, 103 y 107 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), mismos que establecen los deberes de vigilancia, registro y control de accesos al Centro Penitenciario, así como la obligación de los directores y responsables de garantizar la seguridad interna y externa de los privados de libertad y de las visitas.
La problemática revela un problema estructural e institucional sistémico vinculado con probables actos de corrupción, omisión de deberes y falta de fiscalización efectiva dentro del sistema penitenciario. Este tipo de omisiones estatales pueden constituir violaciones indirectas a los derechos humanos desarrollados bajo los principios de debida diligencia y prevención consagrados por la jurisprudencia internacional Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH, [Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004]). En ese marco, a este Tribunal le corresponde exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectuar una reforma legal a la normativa penitenciaria e instar tanto al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General de Régimen Penitenciario a implementar mecanismos de control social participativo conforme al art. 241 de la CPE y la Ley de Participación y Control Social -Ley 341 de 5 de febrero de 2013-, con el objeto de que la sociedad civil organizada a través de comités ciudadanos de veeduría penitenciaria, integrados por representantes acreditados de plataformas de derechos humanos, defensorías y organizaciones de la sociedad civil pueda ejercer funciones referidas a la fiscalización de: i) La correcta aplicación del régimen de visitas; ii) Alertar sobre hechos de corrupción o ingreso irregular de personas u objetos o productos prohibidos; iii) Proponer medidas de mejora institucional y normativa; y, iv) Canalizar observaciones ante el Defensor del Pueblo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 001/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 66 a 70, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada en atención al art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 2º Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la modificación de la normativa penitenciaria y al Ministerio de Gobierno, por intermedio de la Dirección General de Régimen Penitenciario para implementar mecanismos de control social participativo conforme a la Ley de Participación y Control Social, que permitan la vigilancia ciudadana externa sobre el cumplimiento del régimen de visitas, como medida institucional de prevención; debiendo notificarse el presente fallo constitucional a las mencionadas instituciones a través de Secretaría General de este Tribunal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0672_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 44fd796a59b182fa41c66b88b116bd3728184913abd749a591585d6e56006a9f
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