B.IA.LEGAL

SCP 0672/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52959-2023-106-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia -en su dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio, infiriéndose del sustento argumentativo también a la interna-; y, los principios de “control difuso de convencionalidad”, “ponderación”, reserva de ley; y, de oralidad, en razón a que, la Vocal accionada al dictar la Resolución -Auto de Vista 524/“2021”, que declaró inadmisible la apelación incidental formulada contra la Resolución 340/2022, que otorgó medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva al imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual de su hija menor de edad AA, indebidamente: i) Sin convocar a audiencia, se limitó a realizar citas y argumentos reiterativos e invocar el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no obstante ello, sin efectuar la mención de normas legales correctas, puesto que, la premisa normativa no fue la adecuada, dado que la arquitectura normativa no admite que se aplique un reglamento restrictivo antes que un derecho fundamental, al ser un criterio discordante con la CADH y el bloque de constitucionalidad, cuando el ejercicio difuso del control de convencionalidad exige que sobre dicho cuerpo reglamentario se use la pauta no solo pro homine, sino también el principio de reserva legal, conforme lo cual no puede modificarse de forma tácita el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 249/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, al evidenciarse la conculcación del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia en la dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio, fundamentación y motivación con incidencia en el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente -asumido bajo la concepción procesal del iura novit curia-, en estricta implicancia con la limitación al derecho a la impugnación; así como a los principios de oralidad y reserva de ley de la parte accionante; bajo los fundamentos desarrollados precedentemente;

2° Disponer dejar sin efecto la Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” de 18 de julio de 2022, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- convocando a la audiencia respectiva, emitir uno nuevo conociendo y resolviendo en el fondo, en todos los puntos de agravio y sus emergencias la apelación incidental formulada contra la Resolución 340/2022 de 27 de junio; evidenciada en su limitación recursiva dentro de esta acción de defensa, siempre y cuando este despliegue jurisdiccional no hubiese sido ya desarrollado como efecto de la concesión de la tutela dispuesta por la precitada Sala Constitucional.

3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al debido proceso en su elemento de congruencia, en la dimensión de incongruencia interna; así como la alegada lesión a los principios de “ponderación” y “control difuso de convencionalidad”, conforme a los razonamientos desarrollados supra.

4° Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales; Mónica Quispe Fernández, Secretaría de Sala; y, Kevin Mauricio Aduviri Nacho, Oficial de Diligencias, todos de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Trámite procesal del recurso de apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares: Prevalencia del derecho material
  3. III.3. Alcance y dimensión sustantiva del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2024-S2 Sucre, 3 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52959-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 249/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por BB y adhesión de Gloria Choque Tarqui, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 15, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedentes refiere que, bajo el Código Único de Denuncia (CUD) 201102032200586 el Ministerio Público tiene a su cargo el proceso investigativo penal contra CC -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual a su hija menor de edad AA de seis años, habiendo ocurrido el hecho el 26 de marzo de 2022.

Refiere que, el Ministerio Público colectó los indicios suficientes para establecer la probabilidad de autoría, por lo que, emitió la Resolución de Imputación Formal 3/2022 de 30 de mayo, ante lo cual, el 27 de junio de 2022, instalada y desarrollada la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares -personales- el “Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer” -Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz- dictó la Resolución 340/2022 de 27 de junio, en la que dispuso: “...1) Detención Domiciliara, 2) Arraigo, 3) Fianza de Bs. 12.000.--, 4) Prohibición de comunicarse con la víctima, testigos, participes del presente hecho, su progenitora, 5) Prohibición de concurrir a lugares que frecuente rutina dela víctima y su progenitora en un radio de 2 kilómetros en relación la colegio en el que la misma cumplirá sus actividades educativas y al domicilio que a constituido la propia víctima, 6) Prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sustancias controladas en bares cantinas, lenocinios, restaurantes, fiestas, sociales y patronales y, 7) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los días viernes a horas 08:00 a 12:00 del mediodía . Conforme dispone el Art. 589 [389] bis numeral 5 de la Ley 1173 determina que la guarda es única y exclusiva de mi persona, suspende vivistas del padre debiendo cumplir con los deberes de asistencia familiar” (sic); contra cuya determinación judicial la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -Especializada del GAM de La Paz, hoy coaccionante adherida- señaló: ‘“La palabra señor juez la Defensoría de la Niñez y Adolescencia nos reservamos el derecho a recurso de apelación incidental”’ (sic), conforme a lo cual, el 30 de igual mes y año, se presentó dicha impugnación haciendo conocer los agravios.

Así, siendo cumplidas las formalidades procesales, el indicado recurso de apelación incidental fue sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz siendo resuelto a través de Resolución -Auto de Vista- 524/ “2021” de 18 de julio de 2022, -emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la indicada Sala -ahora accionada-, que declaró: “...INADMISIBLE la apelación, por no haberse interpuesto oralmente, en consecuencia, CONFIRMA la Resolución N° 340/2022 de 27 de junio de 2022...” (sic), sin observar que, el derecho a la impugnación, así como la motivación, fundamentación y congruencia -no- pueden ser limitados por formalismos.

Citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0015/2021-S3 de 23 de febrero y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, refiere que, la Vocal accionada aplicó normas infra constitucionales y desconociendo el valor de la doble instancia rechazó -la apelación incidental formulada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz- sin convocar a audiencia ni escuchar sus fundamentos, puesto que como madre -se entiende la accionante- tiene la posibilidad de adherirse y ampliar el contenido en tal impugnación.

Continúa señalando que, en el fallo cuestionado se realizaron citas y argumentos reiterativos sin ingresar al fondo de la causa -se comprende de la apelación incidental-, citando el art. 33 del Reglamento -de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, aprobado por Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia- 12/2019 -de 10 de junio-, pero sin efectuar fundamentación y cita de normas correctas; de esta manera, la premisa normativa sustentada en el precitado Reglamento, limitó el ejercicio del derecho a recurrir, cuando la arquitectura normativa no admite que se aplique un reglamento restrictivo antes que un derecho fundamental.

Respecto a la motivación -premisa fáctica-, la Vocal accionada al aplicar el art. 33 del antes referido Reglamento, omitió ponderar entre sus razonamientos los motivos por los que restringió el derecho a recurrir, sin observar la obligación -de ejercicio- del control difuso -de convencionalidad-; es decir, realizar el examen de compatibilidad entre dicho Reglamento con la norma nacional y el corpus iuris de derechos humanos, a través de lo cual se reconoce la fuerza normativa de tipo convencional que se materializa en los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la congruencia, la referida autoridad judicial omitió pronunciarse respecto a los puntos objeto de impugnación, buscando una salida formal sin ingresar al fondo del asunto con la aplicación de una norma que por criterio de ponderación y control difuso de convencionalidad no puede ser considerada como parte de la arquitectura normativa, incurriendo en incongruencia omisiva o ex silencio; y, respecto a la parte dispositiva no tiene coherencia con la parte motivada -considerativa-.

Finalmente, refiere que, si bien la acción de amparo constitucional no es el medio para denunciar la inconstitucionalidad de una o más normas, lo que se denuncia es la inaplicabilidad del antes señalado Reglamento, bajo criterios de -control de-convencionalidad difusa, reserva de ley y ponderación; al establecer que el recurso de apelación incidental en el caso de medidas cautelares -personales- debe ser planteado de forma oral y no escrita en el plazo de setenta y dos horas conforme prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, cuando de acuerdo al principio pro homine toda interpretación debe buscar no limitar el goce ni ejercicio de ningún derecho o libertad en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero, aplicar un Reglamento que limita el derecho a recurrir es un criterio discordante con dicho cuerpo convencional y el bloque de constitucionalidad, en este sentido, siendo el ejercicio difuso de control de convencionalidad de aplicación obligatoria para las autoridades judiciales y administrativas, exige que con relación al citado Reglamento se aplique la pauta no solo pro homine, sino también el principio de reserva legal, que hace a la validez de la norma, conforme a lo cual, no pueden modificarse de forma tácita normas procesales como el citado art. 251 del CPP, que establece la forma de promover un recurso, toda vez que, las leyes y normas procesales deben originarse en el Órgano Legislativo.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia -en su dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio, infiriéndose del sustento argumentativo también a la interna-; y, a los principios de “control difuso de convencionalidad”, “ponderación” y reserva de ley, citando al efecto los arts. 180.II, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En audiencia invocó la infracción al principio de oralidad y citó el art. 25 de la CADH.

I.1.3. Petitorio

Solicita se “otorgue” -lo correcto es conceda- la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución -Auto de Visita- 524/ “2021”, ordenando la autoridad judicial accionada señale día y hora de audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental, debiendo tener presente que el caso se trata de violencia a una menor de edad que merece protección reforzada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 105 a 109 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Actuación previa

Gloria Choque Tarqui, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, refirió expresamente: “Con carácter previo, la palabra Sr. Vocal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se va adherir al Amparo Constitucional presentado por la parte víctima...” (sic) -aspecto que será analizado infra-.

Ante lo cual el Vocal integrante de la Sala Constitucional sostuvo “...veámoslo en fondos...” (sic).

I.2.2. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, por intermedio su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia, señaló que: a) La Vocal accionada al emitir la Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” sin haber convocado a audiencia oral infringió el principio de oralidad que debe regir en materia penal; b) La apelación incidental regulada por el art. 403 y siguientes del CPP no es aplicable, porque con base en la especialidad debe aplicarse el art. 251 de dicho adjetivo penal; c) Invocó el art. 25 de la CADH; y, d) “...tampoco la defensa ha realizado el recurso de apelación, pero bueno no tenemos algunos, la mejor perspectiva de quién es el grupo mujeres creando...” (sic).

En respuesta a la pregunta, pertinente, realizada por uno de los Vocales integrantes de la Sala Constitucional, refirió que, no puede hablar sobre los motivos por los cuales no se interpuso el recurso de apelación incidental en audiencia, pero los recursos pueden tener efecto extensivo; es decir, que habiéndose formulado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se puede adherir -como parte víctima- a los lineamientos del mismo y beneficiarse con su resolución.

La entidad coaccionante adherida manifestó que: 1) La Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” les cierra el derecho fundamental a la impugnación, que no solamente tiene la apelante sino también la víctima de agresión sexual y que es menor de edad; por lo que, debió considerarse su integridad, el principio de interés superior -de la niña, niño y adolescente- y que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece el principio de informalidad, por lo que, lo que correspondía era remitir a la Sala Penal respectiva, para que en audiencia se resuelva la apelación incidental, lo que no ocurrió; y, 2) Se adhirió a la fundamentación realizada en esta acción de defensa.

I.2.3. Informe de la parte accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 27 a 28 vta., sostuvo que: i) El Auto de Vista 524/“2021” al declarar la inadmisibilidad de la apelación incidental planteada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, por no haberla interpuesto en acto oralmente y conforme señalan las normas legales, no incurrió en falta de fundamentación ni motivación, debiendo considerarse que el Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado que no necesariamente -una resolución- es infundamentada cuando es suscinta, toda vez que, si no contiene una amplia exposición, no puede ser tachada como carente de tales componentes; ii) Respecto a la vulneración a la congruencia como vertiente del debido proceso, la accionante hizo copia de fallos constitucionales, más no mencionó cómo el referido Auto de Vista carecería de dicho componente, siendo que se declaró la inadmisibilidad en el marco del principio de legalidad y estricto cumplimiento del art. 251 del CPP y el antes referido Reglamento; iii) Con relación a la supuesta inaplicabilidad del citado Reglamento, se debe considerar que aplicando integralmente los arts. 251 del adjetivo penal y 33 del indicado Reglamento, ambas normas jurídicas en plena vigencia, establecen que la persona agraviada con una resolución de medida cautelar personal, debe interponer el recurso de apelación -incidental- en el acto de manera oral, es decir, inmediatamente de concluida la dictación de la misma en audiencia; y, iv) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Participación del tercero interesado

CC a través de su abogado en audiencia manifestó que: a) Conforme al antes mencionado Reglamento la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz -hoy coaccionante adherida- debió haber interpuesto el recurso de apelación incidental de forma oral e inmediatamente, exponiendo los agravios que correspondían; b) La impetrante de tutela -principal- también pudo ejercer el derecho a la impugnación que invoca en esta acción tutelar; y, c) No se vulneró ningún derecho ni garantía -constitucional-, por lo que impetró se deniegue la tutela.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 249/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 110 a 113 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, “...la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, observe el procedimiento y tome en consideración los argumentos expuestos por esta Sala, amén de conocer la apelación suscitada por la Defensoría de la Niñez hoy accionante en la presente audiencia” (sic).

Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se debe aclarar que en la presente acción de defensa la legitimación activa ha sido ampliada, independientemente de que la accionante BB, al haberse en audiencia adherido la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a la acción tutelar presentada, esto significa que, al ser el derecho de una acción subjetivo, implica que su manipularidad depende de la voluntad de quien acciona, por lo que, se admite esa adhesión; 2) En cuanto a la aplicación normativa, se tiene por un lado el art. 251 del CPP, respecto específicamente a la determinación de una situación jurídica producto de medidas cautelares personales, que establece efectivamente que se podrá recurrir a estas resoluciones en el plazo de setenta y dos horas de emitida, frente a la disposición normativa del art. 404 del mismo cuerpo legal, que prevé que, las resoluciones que se emitan en audiencia deben ser impugnadas en audiencia; en este caso, la jerarquía normativa no es la vía por la que deba ser resuelto, porque ambas son disposiciones normativas del mismo texto; la temporalidad no puede ser usada, toda vez que, integran el mismo sistema normativo siendo promulgadas en la misma fecha; pero en esta causa existe una circunstancia mayor no solo por lo establecido en la SCP 015/2021-S3 sino también en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1021/2022-S3” y “1042/2022-S4”, debiéndose considerar que la interpretación correcta debiera ser en función de la especialidad; es decir, la norma que regula la situación jurídica especial de apelación a resoluciones de medidas cautelares -personales- de la difracción del art. 251 del citado Código; 3) Se adopta el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que deja entrever que existen dos posibilidades para quien se considere afectado por la decisión de un tribunal o juez penal; es decir, que podrá hacerlo de forma oral o escrita, si lo hace de manera oral es en audiencia y si es escrito dentro de las setenta y dos horas, siendo una interpretación válida; sin embargo, se debe ir además por la aplicación de las normas para garantizar un sistema coherente; 4) En cuanto a la aparente colisión normativa, existe un debate porque el Reglamento invocado tiene vocación normativa, no obstante, la aplicación del principio de norma especial desplaza a la general, no pudiendo ser adoptada, en razón a una circunstancia especial que es el objeto del proceso penal tramitado, que tiene que ver con una menor de edad, quien goza de tutela reforzada que le presta el Estado, debiéndose para el desplazamiento de la norma especial considerar que debe aplicarse la norma superior frente a la inferior, en consecuencia, el art. 251 del CPP, queda indemne ante cualquier impugnación; 5) Respecto a las potestades de los Órganos del Estado, se pretende que además de la revisión que haga el Tribunal Constitucional Plurinacional, sea considerado por el mismo y se promueva la acción que corresponda, al respecto se debe señalar que el referido Reglamento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia tiene un serio sesgo de las aptitudes competenciales, no pudiendo ser sostenible en un Estado de Derecho, cuando por mandato de la Norma Suprema la definición de situaciones jurídicas que tengan que ver con derecho, única y exclusivamente pueden ser desarrollados por la ley; 6) La Sala Constitucional conoce de sus restricciones y mal podría promover una acción de inconstitucionalidad, respecto al indicado Reglamento, que si fuese simplemente ordenador no tiene por qué inmiscuirse en el procedimiento; 7) No se está de acuerdo con el argumento de la parte impetrante de tutela del control de convencionalidad, en razón a que, la autoridad jurisdiccional cuando encuentra que una norma interna, está en flagrante contradicción con el sistema interamericano, tiene la obligación de aplicarlo, convirtiéndose los jueces en convencionales, sin embargo “...en nuestro criterio que los Jueces Ordinarios o las Salas Constitucionales pueda hacer control de convencionalidad, porque implicaría inaplicar una norma y la técnica de inaplicación normativa obedece a un sistema constitucional especial del control de constitucionalidad del recurso” (sic); 8) Se tiene -se entiende en Bolivia- un control de constitucionalidad concentrado; 9) Los Tribunales de garantías realizan una interpretación de los fallos conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos; 10) Se está frente a un caso donde lo que se debate es -la presunta- agresión sexual a una niña y este hecho debe merecer una especial evaluación, evitando el excesivo formalismo e interpretaciones erróneas que limiten o restrinjan los derechos al acceso a la justicia y a la impugnación, que también es una garantía y principio ordenador del sistema jurídico; y, 11) La Sala Penal Segunda -a través de la Vocal accionada- del antes referido Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, realizó una errónea interpretación de la norma, omitió observar la jurisprudencia constitucional y en consecuencia merece que su decisión sea anulada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de BB -hoy accionante- contra CC -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual de la menor AA, por Resolución 340/2022 de 27 de junio, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, resolvió, entre otros aspectos, que el referido imputado asuma defensa con la aplicación de medidas cautelares personales -diferentes a la detención preventiva- contenidas en el art. 231 del CPP -incorporado por el art. 11 de la Ley 1173-; ante la cual, la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -Especializada del GAM de La Paz, ahora coaccionante adherida- expresó: “...nos reservamos el derecho al recurso de apelación incidental.” (sic), que se tuvo por anunciado por la indicada autoridad judicial (fs. 7 a 10 vta.).

II.2. A través de memorial presentado el 30 de junio de 2022, Esteban Mena Alcón, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz -ahora coaccionante adherida - presentó recurso de apelación incidental contra la antes señalada Resolución 340/2022 (fs. 75 y vta.).

II.3. Mediante Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” de 18 de julio de 2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- declaró: “…INADMISIBLE la apelación planteada por la parte apelante que en este caso la Defensoría de la Niñez y Adolescencia especializada del GAMLP, por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales indicadas anteriormente, en consecuencia, se CONFIRMA la Resolución N° 340/2022...” (sic [fs. 3 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia -en su dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio, infiriéndose del sustento argumentativo también a la interna-; y, los principios de “control difuso de convencionalidad”, “ponderación”, reserva de ley; y, de oralidad, en razón a que, la Vocal accionada al dictar la Resolución -Auto de Vista 524/“2021”, que declaró inadmisible la apelación incidental formulada contra la Resolución 340/2022, que otorgó medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva al imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual de su hija menor de edad AA, indebidamente: i) Sin convocar a audiencia, se limitó a realizar citas y argumentos reiterativos e invocar el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no obstante ello, sin efectuar la mención de normas legales correctas, puesto que, la premisa normativa no fue la adecuada, dado que la arquitectura normativa no admite que se aplique un reglamento restrictivo antes que un derecho fundamental, al ser un criterio discordante con la CADH y el bloque de constitucionalidad, cuando el ejercicio difuso del control de convencionalidad exige que sobre dicho cuerpo reglamentario se use la pauta no solo pro homine, sino también el principio de reserva legal, conforme lo cual no puede modificarse de forma tácita el art. 251 del CPP, no siendo tampoco aplicable, por preeminencia de especialidad, el art. 403 y siguientes del precitado Código; así también, sobre la premisa fáctica al considerar dicho instrumento legal omitió ponderar entre sus razonamientos los motivos, por los que restringió el derecho a recurrir, sin observar la obligación del referido ejercicio del control difuso de convencionalidad, vale decir, realizar el examen de compatibilidad entre dicho Reglamento con la norma nacional y el corpus iuris de derechos humanos; y, ii) Omitió pronunciarse respecto a los puntos objeto de impugnación, buscando una salida formal sin ingresar al fondo del asunto, a más de que la parte dispositiva no tiene coherencia con la parte motivada -considerativa-.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

Al respecto, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, invocando a la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, desarrolló los presupuestos de cumplimiento individual de dichos elementos constitutivos del debido proceso, y además su alcance de interrelación, sosteniendo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”» (…). Bajo este mismo tópico constitucional relacionado con la fundamentación y motivación, debe considerarse que estos son elementos que forman parte del derecho al debido proceso anteriormente referido, sobre cuyos componentes la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, acogió los siguientes fundamentos: «La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, refiriéndose a la debida fundamentación que debe cumplir toda resolución judicial o administrativa, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”». En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.

En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita. Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial. Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)” » (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Trámite procesal del recurso de apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares: Prevalencia del derecho material

Sobre este instrumento procesal recursivo y la incidencia de su trámite especial, emergente de su propio procedimiento establecido en la norma procesal penal dentro el régimen de medidas cautelares, la SCP 0149/2024-S2 de 7 de mayo, precisó los siguientes entendimientos a partir de la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto: “El régimen de medidas cautelares está sujeto a un trámite y procedimiento especial previsto en la norma adjetiva penal, dado que es un instrumento procesal que, entre otros aspectos de su finalidad, busca asegurar la presencia del imputado o acusado en el proceso, o evitar la obstaculización del mismo, pero a su vez por sus propias características de instrumentalidad y temporalidad, conlleva plazos procesales cortos y ausencia de rigorismos extremos, dado que de por medio se encuentra la libertad personal; así sobre esta ausencia de rigorismos a momento de hacer uso del recurso de apelación respecto a la imposición de una medida cautelar, la SCP 1329/2022-S3 de 28 de septiembre, desarrolló los siguientes entendimientos: ‘…con base en el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados (…) ello implica la interposición válida del recurso de apelación incidental (…), pues en virtud al señalado principio y en el marco de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, no se halla sujeta a formalismos extremos, más aún cuando su planteamiento puede efectuarse de manera oral en audiencia, bastando únicamente su anuncio, pues la parte apelante tiene la posibilidad de fundamentar su recurso en la audiencia de resolución de alzada’. Entendimiento que, -se reitera- responde a la naturaleza y alcance de las medidas cautelares como medida instrumental procesal regida con la normativa expresa que regula su tramitación y a su vez genera certidumbre sobre la situación jurídica del encausado dentro de la tramitación del proceso penal” (el subrayado nos corresponde).

III.3. Alcance y dimensión sustantiva del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

Con relación a este axioma de prevalencia constitucional y convencional, la SCP 0633/2021-S3 de 17 de septiembre, enfatizó que: [En cuanto a este axioma especializado, la SCP 0818/2018-S1 de 5 de diciembre, sostuvo que: «Sobre el particular y realizando un desarrollo normativo constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, señala: “La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: “Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. “Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la “Convención sobre los Derechos del Niño” Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el “interés superior del niño”, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-: “Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (...) Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando: La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece: “ARTÍCULO 19 Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.» (Las negrillas nos corresponden). Así, conforme este plexo jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- ” (…). En esta misma línea de exegesis constitucional, la SCP 0088/2021-S3 de 20 de abril, sostuvo que: «...otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. (...) Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” »] (el énfasis corresponden al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

Precisado como se tiene precedentemente el objeto procesal que impulsa la activación de esta acción defensa, corresponde contextualizar el mismo, así se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de BB -hoy accionante-contra CC -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Resolución 340/2022 de 27 de junio, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, resolvió, entre otros aspectos, que el referido imputado asuma defensa con la aplicación de medidas cautelares personales -diferentes a la detención preventiva-contenidas en el art. 231 del CPP -incorporado por el art. 11 de la Ley 1173-; ante la cual, la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, ahora coaccionante adherida- expresó que: “...nos reservamos el derecho al recurso de apelación incidental.” (sic), recurso que se tuvo por anunciado por la indicada autoridad judicial (Conclusión II.1), seguidamente, por memorial presentado el 30 del mismo mes y año, presentó recurso de apelación incidental contra la antes señalada Resolución 340/2022 (Conclusión II.2), ante lo cual, a través de Resolución -Auto de Vista-524/“2021” de 18 de julio de 2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- declaró: “…INADMISIBLE la apelación planteada por la parte apelante que en este caso la Defensoría de la Niñez y Adolescencia especializada del GAMLP, por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales indicadas anteriormente, en consecuencia, se CONFIRMA la Resolución N° 340/2022...” (sic [Conclusión II.3]). Consideraciones previas de índole procesal-constitucional Con carácter previo a desarrollar el examen constitucional que corresponda, resulta necesario abordar una consideración de índole procesal-constitucional relacionada con la manifestación de adhesión a esta acción de defensa efectuada en audiencia por la representación del Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz. En este sentido, y conforme se advierte de la relación de antecedentes procesales y jurisdiccionales realizada precedentemente, se tiene que una vez dictada la Resolución 340/2022, la representación de la dependencia municipal administrativa especializada efectuó la reserva de impugnación, misma que fue efectivizada por escrito, y que ahora es extrañada en su resolución en el fondo, a partir de ello, resulta posible reconocerle la capacidad procesal de acudir ante esta jurisdicción constitucional, validándose en consecuencia la adhesión formulada, que si bien tiene un marco de temporalidad coetáneo a la celebración de la audiencia de garantías, ello no inhibe el reconocimiento de dicha intencionalidad de participación en la condición de coactivante de la pretendida tutela, considerando además que en definitiva esa dependencia -coaccionante- se adhirió a la activación de esta vía tutelar en resguardo y asumiendo defensa de los derechos de la menor de edad AA que, conforme a las circunstancia descritas en la imputación formal emitida contra el ahora tercero interesado, hubiese sido presuntamente víctima de hechos relacionados con la presunta comisión del delito de abuso sexual (fs. 4 a 6), lo cual, impele asumir en sede constitucional una amplitud en cuanto a la permisibilidad de la manifestada adhesión, con su consecuente admisión y efectos de intervención activa intra causa tutelar. En igual lógica cabe también aclarar, que se reconoce la capacidad de reclamación procesal-constitucional de la madre de la mencionada menor de edad AA, aun de que no fue quien promovió la apelación incidental -cuya inadmisibilidad, como se tiene referido, es objeto de cuestionamiento constitucional-, ello, en virtud a la protección especial y reforzada que deben primar en toda instancia y actuaciones en las que se encuentren involucradas/os menores de edad. Caso concreto: Delimitada como se tiene precedentemente la denuncia constitucional en sus diferentes componentes de presunta lesividad, a fin de su resolución es pertinente conocer los argumentos expuestos por la Vocal accionada que sostienen el fallo de alzada -hoy cuestionado-, los cuales son los siguientes: a) En el CONSIDERANDO punto 2 sostuvo: es importante señalar que, a partir del mes de noviembre de 2019, ingresó en vigencia la Ley 1173 que modificó el art. 251 del CPP, asimismo la referida Ley en la Disposición Transitoria Décima Tercera estableció la “creación” del Reglamento “12/2019” denominado Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, que debe ser aplicado en los procesos penales. Consecuentemente, para la tramitación y conocimiento de una apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal, es importante tomar en cuenta lo señalado por el precitado art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173 y el art. 33 del referido Reglamento “creado” por la indicada Ley. b) En el acápite 3 refirió: el art. 251 del CPP, refiere expresamente:

“...La Resolución que disponga o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto suspensivo...” (sic); y, el mencionado Reglamento en el art. 33 (IMPUGNACIÓN DE FALLO DE MEDIDAS CAUTELARES EN AUDIENCIA) señala expresamente: ‘“...I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considere agraviada con la Resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el Art. 251 de la Ley 1173...”’ (sic). De esta manera, aplicando integralmente los arts. 251 del CPP y 33 del referido Reglamento, ambas normas jurídicas en plena vigencia, establecen que la persona agraviada con una resolución de medida cautelar personal debe interponer el recurso de apelación -incidental-en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente de concluida la dictación de la resolución cautelar en audiencia, a efectos de que la autoridad a quo disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de Turno en el plazo señalado por el precitado precepto procesal penal, donde el apelante oralmente fundamentará sus agravios ante el Tribunal de alzada; y, c) En el punto 4, señaló que: en el presente caso de la revisión del acta y Resolución de medida cautelar, se tiene que, la parte apelante que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, no interpuso el recurso de apelación -incidental- en el acto de manera oral como indican las citadas normas legales. Consecuentemente, la normas legales referidas establecen que la resolución dictada oralmente en audiencia de medidas cautelares personales se las interponen inmediatamente en el acto y oralmente por la parte agraviada y no por escrito, ya que, se vulneraría el principio de oralidad previsto en el art. 180 de la CPE.

Conocido el contenido del pronunciamiento jurisdiccional ahora confutado, corresponde ingresar a resolver la denuncia constitucional planteada, abordando los aspectos de reclamación identificados ut supra. Sobre el punto i) del objeto procesal La parte accionante denuncia que, la Vocal accionada sin convocar a audiencia, se limitó a realizar citas y argumentos reiterativos e invocar el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no obstante ello, sin efectuar la mención de normas legales correctas, puesto que, la premisa normativa no fue la adecuada, dado que la arquitectura normativa no admite que se aplique un reglamento restrictivo antes que un derecho fundamental, al ser un criterio discordante con la CADH y el bloque de constitucionalidad, cuando el ejercicio difuso del control de convencionalidad exige que sobre dicho cuerpo reglamentario se use la pauta no solo pro homine, sino también el principio de reserva legal, conforme lo cual no puede modificarse de forma tácita el art. 251 del CPP, no siendo tampoco aplicable, por preeminencia de especialidad, el art. 403 y siguientes del precitado Código; así también, sobre la premisa fáctica al considerar dicho instrumento legal omitió ponderar entre sus razonamientos los motivos por los que restringió el derecho a recurrir, sin observar la obligación del referido ejercicio del control difuso de convencionalidad, vale decir, realizar el examen de compatibilidad entre dicho Reglamento con la norma nacional y el corpus iuris de derechos humanos; lo cual repercutiría en la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, a la impugnación, así como a los principios de reserva de ley, de oralidad, “control difuso de convencionalidad” y “ponderación”. En este contexto de presunta lesividad y en el marco sustancial del cuestionamiento, cabe ingresar a efectuar la verificación constitucional respectiva, para lo cual conforme se tiene de la relación de antecedentes efectuada precedentemente, la Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental formulado contra la Resolución 340/2022, partiendo de la modificación del art. 251 del CPP a través de la Ley 1173, enfatizando que de esta última norma jurídica en su Disposición Transitoria Decimotercera devino el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, seguidamente afirmó que, para la tramitación y conocimiento de una apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal, es importante tomar en cuenta lo establecido por los precitados arts. 251 del mencionado Código y 33 del referido Reglamento, efectuando cita textualmente del mismo y resaltando que, el indicado recurso debe interponerse en el acto de manera oral, vale decir, inmediatamente de concluida la emisión de la resolución cautelar en audiencia, a efectos de que la autoridad a quo disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de Turno en el plazo señalado por el precitado precepto procesal penal, donde el apelante oralmente fundamentará sus agravios; con base en lo cual concluyó en que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, no interpuso el recurso de apelación incidental en el acto de manera oral, cuando -reiteró- debió formularlo oralmente en audiencia y no por escrito, puesto que, se vulneraría el principio de oralidad establecido en el art. 180 de la CPE.

Al respecto, de la revisión a los argumentos de sustento resolutorio asumidos por la Vocal accionada, se advierte que, a tiempo de definir la hipótesis jurídica y premisa fáctica se centró en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, entendiendo implícitamente que el mismo al converger de un efecto consecuencial de la Ley 1173 también habría modificado art. 251 del CPP, para con base en ello, aplicando dicho Reglamento extrañar que la interposición del recurso de apelación incidental inherente a la determinación de medidas cautelares personal no se habría efectuado en el acto de manera oral; sin embargo, este criterio jurisdiccional de delimitación normativa aplicable y respaldo motivacional resulta arbitrario, en razón a que, como se tiene razonado el régimen de medidas cautelares personales se rige en cuanto a los parámetros procesales relacionados con la impugnación de resoluciones que disponga, modifique o las rechace, al precitado precepto procesal penal específico, vigente con la modificación de la referida Ley, cuyo texto expresamente establece, en lo pertinente: “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas...” (énfasis añadido). En cuya coherencia la construcción del respaldo jurídico y fáctico en alzada también debió considerar que: “El régimen de medidas cautelares está sujeto a un trámite y procedimiento especial previsto en la norma adjetiva penal, dado que es un instrumento procesal que, entre otros aspectos de su finalidad, busca asegurar la presencia del imputado o acusado en el proceso, o evitar la obstaculización del mismo, pero a su vez por sus propias características de instrumentalidad y temporalidad, conlleva plazos procesales cortos y ausencia de rigorismos extremos, dado que de por medio se encuentra la libertad personal...” (Fundamento Jurídico III.2); lógica que es extensible a cualesquiera de los sujetos procesales que estuviesen siendo afectados y/o agraviados ante una determinación vinculada con medidas cautelares personales, existiendo la ausencia de rigorismos a momento de hacer uso del recurso de apelación incidental bajo la pauta de la prevalencia del derecho material, conforme al cual es permisible -más no exigible (como arbitrariamente asumió la autoridad judicial accionada)- su activación de manera oral en audiencia, parámetro que responde a la naturaleza jurídica y característica instrumental procesal del dicho instituto jurídico, que se encuentra regido bajo normativa específica contenida en el precitado art. 251 del CPP, que además conformó se razonó en la SCP 0015/2021-S3 de 23 de febrero, difiere de la dimensión procesal penal contenida en el art. 404 del CPP con la indicada modificación, puesto que: “...el legislador a concebido la apelación incidental en sus dos vertientes, marcando una singular diferencia entre ambas, que parte esencialmente de la naturaleza del debate procesal del cual emerge, su procedimiento y el alcance y efectos de la resolución de alzada, de modo que en el marco del principio de legalidad, es obligación de las partes que se consideran agraviadas con una resolución de la autoridad de primera instancia, alcanzada por la apelación incidental, encausar su recurso de acuerdo a la naturaleza del fallo a impugnar, -que converge a su vez en la génesis procesal del reclamo- haciendo uso del mecanismo establecido por el art. 251 del CPP, o por el contrario al previsto por el art. 403 y siguientes del citado Código, según corresponda” (las negrillas corresponden al texto original). Por lo que, aún de que en una especie de trasmutación de institutos procesales de índole recursivo el indicado Reglamento en el art. 33, con el nomen juris (IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE MEDIDAS CAUTELARES EN AUDIENCIA), establece que: “I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considere agraviada con la Resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley N° 1173...” (énfasis añadido), bajo el principio de jerarquía normativa no era posible por la autoridad ahora accionada, aplicar simple y llanamente lo dispuesto en dicho precepto reglamentario y como armazón argumentativo exigir una promoción impugnaticia en el acto de manera oral e incluso observando su interposición escrita; puesto que, su aplicación se encontraba inhibida ante la incompatibilidad de esa esfera de regulación con el marco normativo procesal penal específico precitado concatenado a los entendimientos jurisprudenciales que refuerzan las directrices de no formalismos o rigorismos excesivos en el marco de la prevalencia del derecho material. Asimismo se advierte que, ahondando aún más la evidenciada actuación defectuosa, la autoridad judicial accionada en una innegable carencia de fundamentación y motivación, a tiempo de inviabilizar en fase admisibilidad la apelación incidental planteada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz -hoy coaccionante adherida-, obvió efectuar apreciación, criterio y/o pauta jurisdiccional normativa y motivacional alguna, a la circunstancia del presunto hecho punible que tiene en la esfera de posible víctima a una menor de edad, en función a lo cual, impelía a que la labor judicial de alzada requerida en su intervención ante una determinación de instancia inferior que dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva para el imputado CC -hoy tercero interesado-, contemple dentro del despliegue de verificación de correcta aplicación normativa el axioma del interés superior de la niña, niño y adolescente consolidado en su magnitud de prevalencia constitucional y convencional que de forma imperativa debe ser considerado y garantizado por todas las autoridades públicas, al contener un núcleo esencial y básico que tiene como propósito la protección de los derechos de este grupo de vulnerabilidad, que en coherencia con el alcance dogmático y pragmático de dicho principio detentan la calidad de sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo, más aún cuando se encuentran inmersos en investigaciones y prosecuciones procesales en la esfera penal como posibles víctimas de violencia física- psicológica o sexual -como en el caso-, lo cual impele a consolidar mecanismos efectivos y concretos que salvaguarden la vigencia de su tutela legal y judicial, brindándoseles en esta finalidad la seguridad y resguardo en todas las medidas y/o decisiones que se asuman con relación a los mismos y que puedan repercutir de forma directa o indirecta de su desarrollo integral (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional); en sintonía a lo cual la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH, sostuvo: “134. En este sentido, la Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre...” . Por lo expuesto y conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que resalta la exigencia de que toda autoridad judicial a tiempo de emitir un fallo debe cumplir con la debida, adecuada y suficiente fundamentación y motivación, los cuales se tienen por observados cuando una resolución en su contenido efectúa la justificación normativa en un alcance de compresión integral y válido de su aplicación, explica por qué el caso se enmarca o no en los preceptos legales cobijo de la hipótesis normativa; y, de manera clara y concreta expresa los motivos y razones, por los cuales llegó a la conclusión y se asumió determinada decisión, sin que ello signifique que sea una exposición abundante de consideraciones, sino más bien precisa, suficiente y concreta satisfaciendo todos los puntos demandados, que justifiquen razonablemente las convicciones determinativas del pronunciamiento jurisdiccional, con la finalidad de no incurrir en una decisión sin motivación o que esta sea arbitraria o insuficiente; se puede concluir en que la Vocal accionada incurrió en la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación con incidencia en el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente -asumido bajo la concepción procesal del iura novit curia-, en estricta implicancia con la limitación al derecho a la impugnación, de la recurrente Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada del GAM de La Paz, -ahora coaccionante adherida-, empero también dada la situación fáctica concreta extendida a parte procesal relacionada con la madre -accionante- de la menor de edad AA presunta víctima de violencia sexual -en los alcances procesales que pudiere hacer valer-, en virtud a que, en definitiva las actuaciones de dicha instancia municipal administrativa como de la progenitora prima facie se encuentran enfocadas a asumir una dinámica procesal en procura del reclamo y respeto a los derechos y garantías constitucionales de la mencionada niña; concatenado ello además, con la afectación al principio de oralidad, en razón a que, la arbitraria barrera procesal-jurisdiccional de apertura de la vía recursiva aplicada, que habría sido asumida de forma directa sin convocatoria a audiencia -conforme fue alegado dentro de esta acción tutelar y no controvertido objetivamente por la referida autoridad judicial- en su efecto subsecuente limitó el mismo, así como el principio de reserva de ley, que bajo las regulaciones protectivas contenidas en los arts. 14.IV y 109.II de la CPE, implica que las restricciones y/o limites a los derechos fundamentales sólo pueden ser establecidos por la ley en sentido material; debiéndose en consecuencia, conceder la tutela impetrada en este punto de verificación constitucional. Respecto al acápite ii) del objeto procesal La parte impetrante de tutela alega que, la autoridad judicial accionada incurrió en incongruencia omisiva o ex silencio al omitir pronunciarse respecto a los puntos objeto de impugnación, buscando una salida formal sin ingresar al fondo del asunto, a más de que la parte dispositiva no tiene coherencia con la parte motivada -considerativa-. En el marco del identificado componente de reclamación constitucional, la faceta analítica resolutoria que corresponda será abordada bajo dos sub tópicos; así: En cuanto al primero sub tópico que se encuentra relacionado con la denunciada omisión de pronunciamiento sobre los puntos objetos de la impugnación formulada contra la Resolución 340/2022, se debe precisar que, al haberse evidenciado ut supra la existencia de una actuación-omisión jurisdiccional que derivó en la restricción del acceso al conocimiento y resolución de fondo de dicha vía recursiva ante la determinación de su inadmisibilidad, dentro de una secuencia de efecto lógico se puede afirmar que, esa decisión limitante de la apertura de la instancia de alzada conllevó de igual manera, la falta de atención y pronunciamiento sobre los agravios que pudiese contener la impugnación promovida (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional), lo que ciertamente, deriva en la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia en la dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio interconectado con el derecho a la impugnación, por lo que, al respecto es viable atender favorablemente la protección tutelar requerida. En cuanto al segundo sub tópico, en el cual se reclama que la parte dispositiva del fallo de alzada cuestionado no tiene coherencia con la parte motivada -considerativa; de la revisión al mismo se advierte que, se sujeta en la unidad coherente que debe contener a los fines de su validez procesal, puesto que, al margen de la deficiencia jurisdiccional con efecto de afectación a derechos y principios constitucionales identificados en el acápite que precede, mantiene un hilo conductor coincidente entre la parte considerativa y dispositiva; por lo que, no se advierte la lesión al debido proceso en su componente de congruencia -en la dimensión de incongruencia interna-, debiéndose en su efecto denegar la tutela impetrada. En cuanto a la alegada lesión al principio de “ponderación”, se debe señalar que, en sentido estricto constituye una técnica de aplicación en la labor del control de constitucionalidad; sin embargo, no alcanza per se la dimensión de principio constitucional y/o convencional que deba ser objeto de tutela, no siendo posible viabilizar la protección solicitada. Finalmente, respecto a la reclamada vulneración del “control difuso de convencionalidad”, es necesario precisar que en un marco genérico el control de convencionalidad es entendido como: “...la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia”, en consecuencia, tampoco es posible abrir el campo de protección de esta acción tutelar para resguardar tal herramienta convencional; y, en cuanto a la implícita intencionalidad del ejercicio el control difuso de convencionalidad, evidentemente: “128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones” (las negrillas nos corresponden). A partir de ello, si bien se encuentra afianzada la imperatividad del ejercicio del control difuso de convencionalidad incluso ex officio como medio de protección de carácter convencional, en el caso de análisis el mismo no es abordado, en consideración a que como se tiene razonado precedentemente, el defecto jurisdiccional en el que incurrió la Vocal accionada tiene un alcance de inobservancia a los parámetros de regulación procesal penal específica -del ordenamiento jurídico boliviano-contenidos en el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, lo cual enmarca el examen constitucional a esa dimensión de aplicación legal, sin que en el caso sea necesario enfocarlo o extenderlo, con fines de protección constitucional y/o convencional, a la aplicación de la referida herramienta.

III.5. Otras consideraciones

Resuelta la denuncia constitucional planteada y dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera necesario efectuar algunas consideraciones relacionadas con la tramitación de esta acción de defensa. Así, se tiene que, siendo interpuesta la presente acción tutelar el 9 de septiembre de 2022, fue admitida por Auto de 12 del mismo mes y año, señalándose audiencia para el 30 de igual mes y año, por la agenda programada y recargadas labores (fs. 16); sin embargo, la misma fue reprogramada para el “26” -realizada efectivamente el 27-de octubre del mismo año, al no haberse cumplido con los actos de comunicación procesal (fs. 18). Al respecto, la suspensión y consecuente reprogramación por el incumplimiento de las comunicaciones procesales constituyen una omisión injustificable para la demora en la resolución de esta acción de defensa, misma que incluso ya había retrasado ante el inicial señalamiento que fue establecido considerando la agenda programada y recargadas labores de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no obstante y pese que esta situación de demora impelía que el subsiguiente señalamiento sea establecido con la mayor prontitud, el mismo fue fijado para casi un mes después, siendo actuaciones que desconocieron no solo los plazos procesales-constitucionales que rigen la tramitación de las acciones de defensa, sino que también omitieron contemplar en la dinámica rápida y expedita exigida, la situación fáctica que involucraba a una menor de edad presunta víctima de violencia sexual. Finalmente, siendo resuelta esta acción tutelar el 27 de octubre de 2022, la misma recién fue remitida en revisión el 11 de enero de 2023 -constancia de courrier cursante a fs. 114-, vale decir, con excesiva posterioridad al plazo se veinticuatro horas establecido en los arts. 129.IV de la Norma Suprema y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo.). Por lo expuesto, corresponde llamar la atención a los Vocales de la antes referida Sala, por inobservancia de la imperatividad de cumplimiento de los plazos procesales establecidos en la normativa procesal constitucional, debiéndose extender la misma tanto a la Secretaria de Sala como al Oficial de Diligencias, respectivos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró parcialmente de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 249/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, al evidenciarse la conculcación del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia en la dimensión de incongruencia omisiva o ex silencio, fundamentación y motivación con incidencia en el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente -asumido bajo la concepción procesal del iura novit curia-, en estricta implicancia con la limitación al derecho a la impugnación; así como a los principios de oralidad y reserva de ley de la parte accionante; bajo los fundamentos desarrollados precedentemente;

2° Disponer dejar sin efecto la Resolución -Auto de Vista- 524/“2021” de 18 de julio de 2022, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- convocando a la audiencia respectiva, emitir uno nuevo conociendo y resolviendo en el fondo, en todos los puntos de agravio y sus emergencias la apelación incidental formulada contra la Resolución 340/2022 de 27 de junio; evidenciada en su limitación recursiva dentro de esta acción de defensa, siempre y cuando este despliegue jurisdiccional no hubiese sido ya desarrollado como efecto de la concesión de la tutela dispuesta por la precitada Sala Constitucional.

3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al debido proceso en su elemento de congruencia, en la dimensión de incongruencia interna; así como la alegada lesión a los principios de “ponderación” y “control difuso de convencionalidad”, conforme a los razonamientos desarrollados supra.

4° Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales; Mónica Quispe Fernández, Secretaría de Sala; y, Kevin Mauricio Aduviri Nacho, Oficial de Diligencias, todos de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

2 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 7, Control de Convencionalidad.

3 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0672_2024-S2.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): c39ffc34fac3538abdb8619b28e1d5cc9a88c8b46bbafd659bbbce61e50dd105

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