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SCP 0672/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47512-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente “derecho a un proceso público”, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, pese a que solicitó cesación de la detención preventiva el 3 de enero de 2022, no se fijó la audiencia correspondiente, al respecto el personal de apoyo del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, le indicó que su expediente fue remitido producto de la acusación formal de 1 de diciembre de 2021, dejando en suspenso la reconsideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/22 de 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, ordenando a la autoridad jurisdiccional titular de la causa signada con Código Único de Denuncia 701102012003101, lleve a cabo de manera inmediata la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante el 8 de febrero de 2022; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera celebrado. Sin responsabilidad al no haber sido demandado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La actuación de un juez que se considere incompetente frente a una solicitud de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2023-S2 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47512-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/22 de 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Adolfo Rojas Romero contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2022, cursante a fs. 1 y 19 a 21 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 3 de enero de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva, la cual no fue programada; puesto que, en secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, le indicaron que producto de una acusación formal su causa fue remitida ante el juez de sentencia de turno; empero, aseguró tener la convicción de que en tanto no curse auto de radicatoria corresponde al juzgado de origen atender su petición.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente “derecho a un proceso público”, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 23, 115, 117 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el “…señalamiento de audiencia para considerar la Cesación a la detención preventiva” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 30 a 34, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en el memorial de acción de libertad, y ampliándolos señaló que: a) No se emitió el auto de radicatoria conforme prevé el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por ello, era aplicable lo dispuesto en la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, en un caso similar, siendo previsible que la solicitud de cesación de la detención preventiva sea dilucidada por el juzgado de origen, pese a que, exista acusación formal; siempre y cuando, dicho auto aún no hubiera sido pronunciado; b) Debió considerarse también los alcances de la SCP 1896/2014 de 25 de septiembre, respecto a la abstracción del principio de subsidiariedad, y la SCP 0087/2016-S2 de 15 de febrero, en lo relativo al principio iura novit curia; y, c) “…el juez de ejecución penal remitió también un informe al juez de instrucción penal indicando de que se le habría soprepasado superabunda mente el tiempo de la detención preventiva solicitada de 100 días…” (sic). En atención a la pregunta de la Jueza de garantías respecto a la fecha en qué presentó su solicitud de cesación de la detención preventiva contestó que el 3 de enero de 2022.

I.2.2. Informe de la demandada

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 15 de febrero de 2022, cursante a fs. 29, y en audiencia de garantías sostuvo que, se encontraba suspendida de sus funciones desde el 9 del señalado mes al 9 de marzo del indicado año; por ello, no tenía ninguna participación en los hechos que motivaron esta acción de defensa.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/22 de 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 34 a 37, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Por Oficio 314/2022 de 7 de ese mes, se designó como suplente de la autoridad demandada a Luis Esteban Loza Guaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la indicada Capital y departamento; y, 2) De una revisión al expediente, advirtió que la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela era de 8 de febrero y no así, del 3 de enero del mismo año, como indicó el prenombrado, no cursando otra petición análoga con fecha anterior, ni algún decreto de suspensión o actuado similar; asimismo, la Jueza demandada no estaba en funciones en dicha fecha, por estar suspendida, existiendo otro similar en suplencia legal en su lugar.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Oficio 314/2022 de 7 de febrero, Edil Robles Lijeron, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instruyó a Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del referido departamento, asumir la suplencia legal de Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la indicada Capital y departamento, del 9 del señalado mes al 9 de marzo de 2022 (fs. 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente “derecho a un proceso público”, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, pese a que solicitó cesación de la detención preventiva el 3 de enero de 2022, no se fijó la audiencia correspondiente, al respecto el personal de apoyo del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, le indicó que su expediente fue remitido producto de la acusación formal de 1 de diciembre de 2021, dejando en suspenso la reconsideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La actuación de un juez que se considere incompetente frente a una solicitud de cesación de la detención preventiva

La SCP 0283/2017-S3 de 10 de abril, reiterando el razonamiento de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, sostuvo que: «…“Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice: ʽ(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado (…)’. El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y la resolver solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en esta acción de defensa; se tiene que, por Oficio 314/2022 de 7 de febrero, se designó suplente a Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, de la Jueza demandada del 9 del indicado mes al 9 de marzo de 2022 (Conclusión II.1). La problemática planteada radica en que el peticionante de tutela asegura que solicitó el 3 de enero del mencionado año, audiencia de cesación de la detención preventiva; no obstante, el personal de apoyo judicial de la autoridad demandada le explicó que su expediente fue remitido a raíz de la acusación formal de 1 de diciembre de 2021; alegando por ello que se hubiera lesionado sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente “derecho a un proceso público”, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva,. Al respecto y de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…” (las negrillas son nuestras [SC 1584/2005-R]); llegándose a inferir que, la competencia para celebrar la referida audiencia está sujeta al momento en que se pronunció la providencia de radicatoria. Bajo ese contexto, y de una compulsa a los elementos que componen esta acción tutelar, así como, lo expresado por los sujetos involucrados y lo resuelto por la Jueza de garantías, no se advierte la existencia de solicitud de cesación de la detención preventiva de 3 de enero sino del 8 de febrero de 2022; lo que, se corrobora de lo determinado por la citada autoridad: “…dicha fecha mencionada por la parte accionante de la solicitud de cesación a la detención preventiva con la solicitud del expediente para considerar la misma no guarda relación porque esta sería el 08 de febrero de 2022…” (sic); y siendo que, Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Decima de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, fue suspendida de sus funciones desde el 9 de febrero al 9 de marzo del mencionado año, se concluye que del 8 al 9 de febrero de idéntico año, estaba en plazo para contestar a tal solicitud; empero, al interrumpirse el normal desempeño de sus labores por una sanción impuesta a raíz de la comisión de una falta disciplinaria, se designó a Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del referido departamento, como suplente, quien asumió por ese lapso de tiempo el control jurisdiccional sobre la causa del accionante, en ese entendido la prenombrada se encontraba impedida de dar una respuesta a la merituada petición; empero, al no tener certeza sí se expidió o no el auto de radicatoria como consecuencia de la acusación formal, se infiere que el aludido Juez suplente estaba constreñido a responder a la solicitud de cesación de la detención preventiva que formuló el accionante el 8 de febrero de 2022, lo cual no aconteció; y si bien, es cierto que el prenombrado no fue demandado, resulta inviable analizar su responsabilidad a fin de no causarle indefensión; no obstante, del estado de la causa penal y al constatarse que la situación jurídica del peticionante de tutela se encontraba irresuelta, corresponde en ese escenario que este Tribunal disponga se repare la misma, máxime si se considera que: “…lo importante no es determinar la autoría del acto ilegal -lo cual es accesorio- sino la existencia de la ilegal privación de libertad o de su amenaza para la restitución inmediata del derecho” (SCP 1602/2011-R de 17 de octubre); en virtud a ello, amerita ordenar al titular del Juzgado en el que se encuentre la causa penal del impetrante de tutela, celebrar de manera inmediata audiencia de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/22 de 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, ordenando a la autoridad jurisdiccional titular de la causa signada con Código Único de Denuncia 701102012003101, lleve a cabo de manera inmediata la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante el 8 de febrero de 2022; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera celebrado. Sin responsabilidad al no haber sido demandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0672_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): aecbc03fee9e65645be6739a1a871a9f90c4cd4c279788a583793d13df781b02

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