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SCP 0671/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52997-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión del debido proceso respecto a los derechos y garantías de la que es acreedor por su condición de adulto mayor y al principio de irretroactividad de la ley penal; toda vez que: i) El Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal por vacación judicial, demandado-, por Auto Interlocutorio 375/2022, dispuso su detención preventiva sin aplicar el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Exhortar a Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, que en futuras actuaciones observe el cumplimiento de lo descrito en el entendimiendo del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La obligación de los jueces y tribunales de garantías de remitir la prueba sobre la que sustentan sus decisiones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2025-S2 Sucre, 23 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52997-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Virginia Mejía Martínez y Javier Gonzalo Barrera Gutiérrez en representación sin mandato de Toribio Quito Quenallata contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 20 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Justo Pari Huanca y Leonarda Quito de Pari -terceros intervinientes- en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito de avasallamiento de tierras, por Auto Interlocutorio 85/2022 de 5 de octubre, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, dispuso su detención domiciliaria. Posteriormente, antes del inicio de la vacación judicial -no indica fecha- solicitó la modificación de la referida medida cautelar personal impuesta; en consecuencia, la supra citada autoridad judicial remitió los antecedentes al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, quien por Auto Interlocutorio 375/2022 de 23 de diciembre, dispuso su detención preventiva sin considerar su condición de adulto mayor que impedía su privación de libertad; por lo que, solicitó complementación y enmienda respecto a la razón por la cual no se aplicó el art. “232.4” -siendo lo correcto y en adelante 232.I.4- del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada a su vez por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019; empero, el nombrado Juez le exigió que acredite su edad con el respectivo certificado de nacimiento; instrucción a la que dio observancia “ese mismo día”. El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -codemandado- retuvo maliciosamente el último cuerpo del expediente durante la vacación judicial; lo cual, le impidió conocer la emisión del mandamiento de detención preventiva -se entiende de 27 de diciembre de 2022-, el mismo que fue recepcionado de manera oficiosa por Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia -codemandado-, quien ni siquiera participó en la audiencia -no indica cual-. El 3 de enero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria en la que se dispuso “...la Modificación de estas Medidas con la sola presentación de garantes solventes...” (sic). Existiendo dos resoluciones totalmente contradictorias que vulneran el debido proceso inherente a su condición de adulto mayor y el principio de irretroactividad de la ley penal, activa la presente acción tutelar.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandado, denuncia la lesión del debido proceso respecto a los “derechos y garantías” por su condición de adulto mayor y al principio de irretroactividad de la ley penal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Se infiere que pretende la revisión de los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 43 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) El Juez demandado a solicitud de los terceros intervinientes, el 23 de diciembre de 2022, llevó a cabo la audiencia para considerar la revocatoria de la detención domiciliaria que le fue impuesta por Auto Interlocutorio 85/2022, acto procesal en el que pese a su condición de persona adulto mayor por Auto Interlocutorio 375/2022, dispuso su detención preventiva alegando que no fue habido en su domicilio para que se le practique una notificación -no indicó con qué actuado-; interpuesta la aclaración complementación y enmienda la autoridad judicial señaló que acredite la calidad alegada; b) Mediante escrito de 23 de diciembre de 2022, presentó al señalado Juez su certificado de nacimiento y la fotocopia de su cédula de identidad; no obstante, esperó un pronunciamiento al que no tuvo acceso; c) El 3 de enero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria que pidió antes de la emisión del Auto Interlocutorio 375/2022; acto en el cual el Juez demandado “...dispuso la modificación de la medida cautelar de todos los imputados (...) incluyendo y dándole preferencia al adulto mayor...” (sic); no obstante, el 5 de enero de 2023, el mandamiento de detención preventiva fue ejecutado por el Fiscal de Materia asignado al caso, en razón a que el Juez demandado no se pronunció respecto al memorial que presentó -se entiende el 23 de diciembre de 2022-; d) Al margen de no considerarse su condición de adulto mayor fue discriminado; pues, los coimputados gozan de libertad; y, e) Habiendo concluido la vacación judicial los antecedentes no fueron devueltos al Juez natural, dejándolo en indefensión para poder acudir a la autoridad judicial competente. A las preguntas del Juez de garantías, contestó que no apeló el Auto Interlocutorio 375/2022; que se encuentra con detención domiciliaria desde el 5 de octubre de 2022, habiéndose agravado su situación jurídica con la detención preventiva de 5 de enero de 2023. La solicitud de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria fue presentada mucho antes a la de contrario que impetró la revocatoria; empero, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, retrasó la fijación de audiencia hasta la vacación judicial remitiendo antecedentes al Juez demandado, quien finalmente la llevó a cabo el 30 de diciembre de 2022; empero, por problemas técnicos decretó cuarto intermedio hasta el 3 de enero de 2023, acto en el cual dio curso a las medidas sustitutivas de todos los procesados -incluída su persona-, reconociendo el derecho que tienen a salir, para trabajar, sustituyó la fianza real por la personal y justamente cuando salía conjuntamente sus garantes para ofrecerlos fue detenido; finalmente sostuvo que no solicitó que se expida mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 36 y vta., y este último en audiencia de garantías, sostuvieron que: 1) Por Auto Interlocutorio 375/2022 se dispuso la detención preventiva del accionante; toda vez que, no cumplió la detención domiciliaria que le fue impuesta mediante Auto Interlocutorio 85/2022; de acuerdo al informe emitido por el investigador asignado al caso, quien trató de notificarlo en su domicilio no siendo habido -no indica con qué actuado procesal-, fallo que fue apelado -se entiende por los terceros intervinientes-; 2) El impetrante de tutela alegó ser persona adulta mayor; empero, del certificado de nacimiento que presentó se constató que nació el 27 de abril de 1958, contando con sesenta y cuatro años de edad; razón por la cual, no se acoge a la previsión contenida en el art. 232.I.4 -se entiende del CPP-; 3) El nombrado Secretario aclaró que las partes procesales de la causa penal presentaron varios escritos los que se atendieron en término, los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023 fueron apelados; siendo “demoroso” prepararlo para su remisión al superior en grado; y, 4) En la audiencia llevada a cabo el 30 de diciembre de 2022, el Juez demandado declaró cuarto intermedio hasta el 3 de enero de 2023, razón por la cual, el cuaderno de control jurisdiccional aun se encontraba en el indicado Juzgado a la vista del solicitante de tutela, negando que lo ocultó maliciosamente, pues todos sus requerimientos fueron atendidos incluso se le facilitó copias. Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías indicó que: i) Sí estuvo presente en la audiencia de 23 de diciembre de 2022, acto procesal en el cual, por Auto Interlocutorio 375/2022, el Juez demandado dispuso la detención preventiva del accionante; asimismo, llamó la atención a su abogada por no haber acreditado la edad del nombrado; y, ii) No concurrió a la audiencia de “5” de enero de 2023.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Justo Pari Huanca y Leonarda Quito de Pari, en audiencia de garantías a través de su abogada, señalaron que: a) Siguen la causa penal contra ocho personas entre ellas el peticionante de tutela; en sustanciación, por Auto Interlocutorio 375/2022, el Juez demandado dispuso la detención preventiva del nombrado; b) El 30 de diciembre de 2022, dicha autoridad inició la audiencia solicitada por el impetrante de tutela para considerar la cesación de su detención domiciliaria -pese a que ya había dispuesto su detención preventiva-, ese acto fue suspendido para el 3 de enero de 2023, por inasistencia de los imputados y porque el solicitante de tutela tenía problemas de conexión; si bien sus personas reclamaron que la citada autoridad judicial carecía de competencia; dado que, las vacaciones fueron desde el 6 al 30 de diciembre de 2022-; pese a ello, prosiguió con el acto y dio curso a las salidas laborales de los imputados que acrediten trabajo, incluido el accionante -quien no demostró aquello-; pero, no modificó la detención domiciliaria; y, c) Apelaron los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 44 a 45 vta., denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: Los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023, emitidos por el Juez demandado se encuentran en sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental; no obstante que las vías recursivas no fueron activadas por el accionante, en aplicación de la SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, la justicia constitucional no puede revisar las mismas; pues, de hacerlo se podría generar una disfunción procesal y/o emitir fallos contradictorios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto Interlocutorio 85/2022 de 5 de octubre, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, dispuso medidas cautelares de carácter personal a favor de Toribio Quito Quenallata -hoy impetrante de tutela- y de otras siete personas, entre ellas la detención domiciliaria (fs. 5 a 17 vta.). II.2. Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, el solicitante de tutela y otros, pidieron la cesación de la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta por Auto Interlocutorio 85/2022; en consecuencia, la citada autoridad judicial por decreto de 22 de igual mes y año, fijó audiencia para el 30 de ese mes y año a horas 13:30 (fs. 29 a 31). II.3. Mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2022, ante el Juez demandado, el accionante adjuntó certificado de nacimiento a efectos de la aplicación del art. 232.I.4 del CPP modificado por la Ley 1173 modificada a su vez por la Ley 1226 (fs. 18). II.4. Cursa mandamiento de detención preventiva de 26 de diciembre de 2022, librado por el Juez demandado contra el impetrante de tutela (fs. 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión del debido proceso respecto a los derechos y garantías de la que es acreedor por su condición de adulto mayor y al principio de irretroactividad de la ley penal; toda vez que: i) El Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal por vacación judicial, demandado-, por Auto Interlocutorio 375/2022, dispuso su detención preventiva sin aplicar el art. 232.I.4 del CPP modificado por Ley 1173 modificada a su vez por la Ley 1226; y, no obstante que por Auto Interlocutorio de 3 de enero de 2023, dio curso a la cesación de su detención domiciliaria por la sola presentación de garantes, el mandamiento de detención preventiva fue ejecutado el 5 del referido mes y año; ii) El Secretario del señalado Juzgado, se demoró en devolver los antecedentes al Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, pasada la vacación judicial impidiéndole acudir a dicha instancia; y, iii) El Fiscal de Materia asignado al caso recepcionó de manera oficiosa el citado mandamiento de aprehensión. Ante ello, el Juez demandado indicó que el accionante no acreditó tener más de sesenta y cinco años; asimismo, los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023, fueron apelados encontrándose en sustanciación ante el superior en grado; el Secretario codemandado; aseveró que, no demoró de manera injustificada en la devolución del expediente al Juez de la causa; sino, que preparó la remisión de antecedentes en razón a la señalada apelación incidental; y, el Fiscal de Materia codemandado sostuvo que, a la única audiencia a la que no asistió fue a la de “5” de enero de 2023; y, que el Juez demandado incluso llamó la atención a la defensa técnica del impetrante de tutela por no acreditar la condición de persona adulto mayor alegada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La jurisprudencia constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que la subsidiariedad en los casos de interposición de la acción de libertad opera de siguiente manera: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son añadidas).

III.2. La obligación de los jueces y tribunales de garantías de remitir la prueba sobre la que sustentan sus decisiones

Al respecto, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, determinó lo siguiente: “De lo anteriormente explicado se establece que todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma”.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de los terceros intervinientes contra el peticionante de tutela y otros, por la presunta comisión del delito de avasallamiento de tierras, por Auto Interlocutorio 85/2022 de 5 de octubre, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, impuso medidas cautelares de carácter personal a favor del nombrado -y otros-; entre estas la detención domiciliaria (Conclusión II.1). De acuerdo a lo indicado de manera coincidente por las partes procesales; en virtud a la vacación judicial la causa fue remitida al Juez de Instrucción Penal, Segundo de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, quien a solicitud -no indica fecha- de los terceros intervinientes -conforme estos explicaron en la audiencia de garantías- llevó a cabo una primera audiencia para considerar la revocatoria de la medida sustitutiva de detención domiciliaria -no solo del impetrante de tutela, sino también de otros coimputados-; y, mediante Auto Interlocutorio 375/2022 de 23 de diciembre, dispuso la detención preventiva únicamente del accionante; por lo que, los terceros intervinientes apelaron dicho fallo, respecto al resto de quienes no fue revocada su detención domiciliaria. Por su parte el nombrado, pidió aclaración, complementación y enmienda en cuanto a la razón por la cual el juzgador no aplicó el art. 232.I.4 del CPP modificado por la Ley 1173 modificada a su vez por la Ley 1226, que establece la improcedencia de la detención preventiva de los adultos mayores a sesenta y cinco años, respondiendo dicho Juez que debía acreditar ese extremo. Al respecto, el accionante indicó que por memorial presentado la referida fecha adjuntó su certificado de nacimiento y cédula de identidad; empero, no obtuvo un pronunciamiento. Por otra parte, el Juez demandado en virtud al memorial presentado el 21 de diciembre de 2022 -por el accionante- (Conclusión II.2); el 30 de ese mes y año, llevó a cabo una segunda audiencia, de consideración de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria, la misma que por inasistencia de los coimputados y fallas técnicas inherentes a la conexión del solicitante de tutela, fue diferida para el 3 de enero de 2023; acto en el cual, a decir de los terceros intervinientes, la autoridad judicial habría concedido la salida laboral de los imputados que tenían detención domiciliaria desde las 7:00 a 20:00 horas, previa acreditación de un trabajo; y, sustituyó la fianza real por la personal; por lo que, habrían apelado tal decisión; y, de acuerdo a lo manifestado por el impetrante de tutela, se determinó sustituir su detención domiciliaria por la presentación de garantes personales; sin embargo, el mandamiento de detención preventiva (Conclusión II.3), fue ejecutado sin considerar su condición de adulto mayor que impedía su privación de libertad. Ahora bien, pese a que los hechos relatados por el accionante no son ordenados y su petición no es precisa, se infiere que pretende la revisión de los Autos Interlocutorios 375/2022 y de 3 de enero de 2023, los que a su criterio serían fallos contradictorios, empero tampoco aclara en qué consistiría dicha contradicción Al respecto, conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se activa cuando no existan otros medios de defensa legal que puedan ser invocados por el afectado; empero, de estar previstos en la norma deben ser agotados previamente. En ese entendido, el accionante al considerar que dentro de la causa penal seguida en su contra, correspondía que el Juez demandado aplique el art. 232.I.4 del CPP modificado por la Ley 1173 modificada a su vez por la Ley 1226, que establece la improcedencia de la detención preventiva de los adultos mayores a sesenta y cinco años; debió solicitar dicha consideración a la nombrada autoridad en la audiencia de 23 de diciembre 2022 -antes de determinarse su detención preventiva-; empero, no lo hizo, pues conforme explicó en el memorial de la acción de libertad y en la audiencia de garantías, recién pidió que dicho extremo sea considerado al momento de formular la complementación y enmienda del Auto Interlocutorio 375/2022. Además, -de acuerdo a lo manifestado por el Fiscal de Materia asignado al caso en su intervención en la audiencia de garantías- no presentó prueba que acredite tal extremo, lo que incluso le generó una llamada de atención a su defensa técnica. Por otra parte, una vez dispuesta la medida extrema y si creía que su edad podía considerarse de oficio, pudo interponer contra tal determinación recurso de apelación incidental, para que la Sala Penal respectiva, eventualmente considere la aplicación del citado precepto legal; no obstante, tampoco lo hizo, conforme se tiene de la respuesta que otorgó al Juez de garantías cuando fue interrogado a ese respecto; en consecuencia, queda claro que el impetrante de tutela no reclamó en el momento procesal oportuno el análisis del art. 232.I.4 del CPP, respecto a la condición de adulto mayor que señala ni cuestionó la determinación de la detención preventiva que a su criterio se suscitó por la no aplicación de dicho precepto, supuesto que en el caso concreto requiere de un análisis probatorio por autoridad competente en la medida en la que la autoridad demandada alega que la edad invocada no fue demostrada; situación sobre la cual este Tribunal esta impedido de realizar dicho análisis debido a que no puede sustituir en la decisión a la autoridad competente; por lo que, en el caso concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Exhortar a Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, que en futuras actuaciones observe el cumplimiento de lo descrito en el entendimiendo del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0671_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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