B.IA.LEGAL

SCP 0671/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47937-2022-96-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la vulneración al debido proceso; así como, los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad; puesto que, las autoridades demandadas emitieron la RM RJH 127/2021, rechazando el recurso jerárquico planteado en contra de la RA RARR-ANH-UPSR 0008/2021; avalando de esa forma, un procedimiento administrativo viciado, producto de una labor interpretativa arbitraria, errónea y descontextualizada del art. 79 de la Ley 2341; puesto que, no consideraron que en el caso, operó el instituto de la prescripción. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 046/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 314 a 319 vta., pronunciada por la Sala constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial RJH 127/2021 de 18 de noviembre, debiendo emitirse una nueva en base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Procedencia de la acción de amparo constitucional en materia administrativa aun cuando no se haya agotado el recurso
  2. III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas con el principio de congruencia
  3. III.3. Jurisprudencia norma y doctrina sobre la prescripción en procedimientos sancionatorios administrativos
  4. III.4. El silencio administrativo y las resoluciones tardías
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 47937-2022-96-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 046/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 314 a 319 vta.; pronunciada, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erwin Héctor Mendoza Roldán en representación legal de la Planta Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Garrafas “CBA GAS S.A.” contra Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energías; y, Eber Chambi Chambi, Director General de Control y Fiscalización de la referida cartera de Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de mayo de 2022, cursantes de fs. 62 a 71; y, de subsanación de 13 del mismo mes y año (fs. 198 a 199), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de julio de 2015, funcionarios de la Dirección Distrital Cochabamba de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), realizaron una inspección preventiva en la empresa a su cargo, elevando como resultado de ello, la planilla de control de Seguridad y verificación de Peso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas, en la Planta de distribución 00628; posteriormente, el 7 de septiembre de 2015, la aludida instancia emitió el Informe Técnico DCB 0636/2015. A consecuencia del referido informe, el 3 de noviembre de 2015 se emitió el Auto de Formulación de Cargos en su contra, por ser presunto responsable de no operar el sistema de acuerdo a normas de seguridad, vulnerando supuestamente lo previsto en el art. 73 inc. a) del Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas, aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 24721 de 23 de julio de 1997; determinación que, fue notificada el 3 de noviembre de 2015. El 16 de enero de 2020, la ANH procedió a notificarle la Resolución Administrativa (RA) RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019 de 20 de diciembre de 2019; por la que, determinó declarar probado el Auto de Formulación de Cargos de 3 de noviembre de 2015, imponiéndole una multa pecuniaria de Bs4 171, 25.- (cuatro mil ciento setenta y un con 25/100 bolivianos). Habiendo interpuesto recurso de revocatoria contra la Resolución mencionada, alegando prescripción; la ANH emitió la RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020 de 2 de marzo, rechazando el mismo. Dentro de los plazos establecidos, interpuso recurso jerárquico contra la decisión antes descrita ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energías; dicha instancia, definió devolver antecedentes a la ANH, para la emisión de una nueva Resolución que absuelva el recurso de revocatoria planteado. Es así que, a través de la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021, la ANH nuevamente rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, “arguyendo que el plazo de los dos años computables desde la comisión de la infracción es para hacer conocer al administrado el inicio de un proceso administrativo sancionador en su contra y no así para emitir resolución de primera instancia, por lo que no habría operado la prescripción, toda vez que no ha transcurrido los dos años entre la comisión de la infracción y la notificación con el Auto de Cargo” (sic). Consecuentemente, interpuso recurso jerárquico contra la nueva Resolución emitida; que fue resuelto a través de la Resolución Ministerial (RM) RJH 127/2021 de 18 de noviembre; sin embargo, la instancia ahora demandada, rechazó el mismo, argumentando que al haberse notificado el Auto de Cargo, de 3 de noviembre de 2015, operó la interrupción de la prescripción, nada más alejado de la verdad, considerando lo dispuesto por la “SCP 0137/2017 de 18 de abril”. La ANH erró en su procedimiento, al emitir actos administrativos carentes de legalidad y legitimidad, por haberse operado la prescripción de su acción y derecho de proseguir con el proceso administrativo sancionador. En el presente caso, mediante Auto de Formulación de Cargo DCB-C 016/2018 de 1 de agosto de 2018 y notificado el 3 de diciembre de 2015, se produjo la interrupción de la prescripción, “lo cual conlleva a efectuar un nuevo computo de la prescripción de los 2 años establecidos por el art. 79 de la norma tantas veces referida, es decir, desde el 03 de diciembre de 2015 (inicio del nuevo computo por notificación del Auto de Formulación de Cargo) hasta el 03 de diciembre de 2017 la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenía el plazo para CONCLUIR e IMPONER LA SANCIÓN PECUNIARIA correspondiente del proceso administrativo sancionador” (sic). Han transcurrido cuatro años, once meses y trece días, hasta la emisión de la RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859, de 20 de diciembre de 2019, notificada el 16 de enero de 2020; es decir, cuando la ANH ya había perdido sus facultades para proseguir, emitir y sancionar por la supuesta infracción cometida; aspecto sobre el cual, la parte demandada no se pronunció. La ANH y la instancia ahora demandada, mediante una interpretación caprichosa del art. 79 de la Ley 2341 –Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 2002–; consideraron que, con el hecho de haberse producido la interrupción de la prescripción, es suficiente para emitir una Resolución en el tiempo que ellos crean conveniente; acto jurídico que se encuentra viciado de nulidad, en el marco de lo dispuesto en el art. 35 inc. c) de la norma citada. La naturaleza de los plazos previstos son de carácter perentorio; lo que significa que, de no emitirse la Resolución Administrativa correspondiente dentro el plazo de dos años, caduca automáticamente esa instancia y/o procedimiento administrativo sancionador; correspondiendo, “simplemente y de manera directa dictar la Resolución Administrativa declarando improbado el mismo y su correspondiente archivo de obrados” (sic). La incongruencia y el error de la labor interpretativa realizada por los ahora demandados se ponen de manifiesto a través de la resolución ahora impugnada; toda vez que, la misma de forma incomprensible utilizó una fundamentación y/o motivación dirigida a la aplicación de la prescripción del acto administrativo impugnado y resolvió rechazar el recurso jerárquico planteado. La labor interpretativa efectuada por las ahora autoridades ahora demandadas, no responde a un método específico, porque no es literal, no es histórico, no es teleológico, tampoco analógico ni mucho menos, desde y conforme a la Constitución Política del Estado; sino más bien, una labor interpretativa altamente subjetiva y desigual en la medida que las normas de la Ley 2341 son de orden público y de cumplimiento obligatorio; en otras palabras, al haberse operado la prescripción de la supuesta infracción, el proceso administrativo incurrió en la ilegalidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, alegó lesión al debido proceso; así como, los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la RM RHJ 127/2021 y ordenando la emisión de una nueva, a la autoridad demandada, “en base a una interpretación correcta de la normativa administrativa, observando y cumpliendo con los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico administrativo, denunciados como conculcados, en el marco de una exegética sistemática y/o contextualizada del Art. 79 de la Ley N°2341, desde y conforme la Constitución Política del Estado; para que en el fondo, declare probado el Recurso de Revocatoria por haberse operado la PRESCRIPCIÓN y en consecuencia ordene el archivo de obrados del proceso administrativo sancionador iniciado mediante Auto de Formulación de Cargos de fecha 03 de noviembre de 2015”(sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 311 a 313; presentes, el accionante acompañado de su abogado y las autoridades demandadas a través de su representante legal, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional; señaló que en el caso analizado, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en la “SCP 0137/2013”, respecto a las consideraciones que deben hacerse con relación a la prescripción en el proceso administrativo sancionador; puesto que en el mismo, transcurrió más de los dos años previstos en el art. 79 de la Ley 2341.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Franklin Molina Ortiz y Eber Chambi Chambi; Ministro; y, Director General de Control y Fiscalización, respectivamente; ambos, del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, mediante informe cursante de fs. 213 a 220; y en audiencia, a través de su representante legal, manifestaron lo que sigue: a) El impetrante de tutela no precisó el nexo causal de los derechos o garantías, supuestamente lesionados con la interpretación impugnada, obviando establecer en qué medida la ausencia de motivación o arbitrariedad en la misma, tiene relevancia constitucional; b) Resuelto el recurso jerárquico, el solicitante de tutela podía acudir a la impugnación judicial, a través del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia; a fin de que, se proceda a la revisión de la legalidad ordinaria de la Resolución ahora impugnada; sin embargo, se evidencia que el plazo para demandar ante dicha instancia ya venció; toda vez que, la RM RJH 127/2021 fue notificada el 25 de noviembre de 2021 “…y CBA GAS –la parte accionante– presenta su acción de amparo el 6 de mayo de 2022, es decir se presenta después de casi 6 meses, (…) el plazo para interponer demanda contencioso administrativa es de 90 días computable a partir de la fecha de notificación de la resolución administrativa (…) la ahora accionante de manera negligente está utilizando esta vía de manera incorrecta…” (sic); c) El ordenamiento jurídico administrativo establece la prescripción de infracciones administrativa en dos años; los cuales, son computables desde el día en que se cometió la acción u omisión; sin embargo, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, dicho plazo puede ser interrumpido a través del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, materializado en la notificación al presunto infractor con el Auto de formulación de Cargo; d) Se advierte un considerable lapso de tiempo, desde la emisión del Auto indicado hasta la emisión de la Resolución Administrativa que definió la situación jurídica de la empresa procesada; al respecto, en el marco de los arts. 17 y 52 de la Ley 2341, la administración pública está obligada a pronunciarse sobre todo asunto sometido a su conocimiento, gozando de presunción de legitimidad; aún a pesar del manifiesto retraso; toda vez que, no afecta a la validez del acto; y por tanto, el debido proceso, “…ya que si el plazo para dictar la resolución hubiese fenecido, el administrado tenía la opción de invocar el Silencio Administrativo negativo, interponiendo la acción que corresponda…”(sic); empero, en el caso no lo hizo; e) De manera totalmente equivocada la parte solicitante de tutela, hace referencia a que una vez interrumpida la prescripción con el Auto de Formulación de Cargos, se efectuaría un nuevo cómputo, “esta figura no existe, es un invento, no puede haber un nuevo cómputo porque ya se encontraba en curso el proceso administrativo sancionador, pues ante la inacción en la emisión de la resolución por parte de la ANH el ahora accionante tenía la posibilidad de plantear el siguiente recurso por silencio administrativo” (sic); y, f) Precisando que los argumentos del accionante, se encontrarían dirigidos a cuestionar la supuesta errónea aplicación e interpretación de la normativa administrativa, dicha situación no alcanza al objeto de la presente acción tutelar; puesto que, no se desglosaron los requisitos para la procedencia de la revisión de la legalidad ordinaria.

I.2.3. Intervención del tercer interesado

Juan Ramón Jiménez Jiménez, abogado profesional legal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en audiencia señaló que; 1) El impetrante de tutela realizó una mala interpretación del art. 79 de la Ley 2341; sin que a su vez, hubiese en la demanda de acción tutelar, argumentos respecto a qué garantía o derecho se hubiera vulnerado; y, 2) Es cuestionable la no interposición de la acción de defensa en tiempo oportuno; es decir, a partir de la notificación de la Resolución ahora observada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 046/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 314 a 319 vta. denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) El solicitante de tutela no cumplió con presupuestos establecidos en los lineamientos jurisprudenciales precisados, respecto de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional en relación a la legalidad ordinaria; es decir, realizar la carga argumentativa en la que se exprese cuáles los derechos y garantías que habrían sido lesionados por la parte demandada, en relación a la interpretación del art. 79 de la Ley 2341, explicando su relevancia constitucional; puesto que, si bien refiere el debido proceso, no mencionó qué vertientes o elementos fueron agraviados; ii) De la revisión realizada a lo resuelto mediante la Resolución ahora impugnada, la misma, en sus fundamentos se remite a responder a cada uno de los cuestionamientos realizados en el memorial del recurso jerárquico planteado; “por cuanto se advierte asimismo que el accionante realiza un análisis difuso y contradictorio respecto al propio instituto de la prescripción en relación a la emisión tardía de una resolución administrativa”(sic); y iii) La Ley indicada establece los mecanismos o medios, a efecto de cuestionar la falta de emisión de resolución en los plazos determinados, a través del instituto del silencio administrativo; el cual, no puede ser confundido con la prescripción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Formulación de Cargo de 3 de noviembre de 2015 emitida por la Dirección Distrital de la ANH Cochabamba, contra la Planta Distribuidora de GLP en Garrafas “CBA GAS S.A.”, por ser presuntamente responsable, de no operar el sistema de acuerdo a las normas de seguridad, en contravención del art. 73 inc. a) del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas, aprobado mediante DS 24721 de 23 de julio de 1997; el cual, fue notificado a la parte ahora solicitante de tutela en la misma fecha (fs. 225 vta. a 227). II.2. Mediante RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019 de 20 de diciembre, el Director Jurídico de la ANH, resolvió declarar probado el cargo formulado contra la ahora parte accionante, imponiéndole la sanción consistente en una multa equivalente a Bs4171 25.- (fs. 149 a 150). II.3. A través de memorial presentado el 24 de enero de 2020 ante el Director Ejecutivo de la ANH, el ahora impetrante de tutela solicitó que se emita Resolución Administrativa, declarando la prescripción de la infracción; y en consecuencia, extinguida la acción y el derecho de la instancia administrativa indicada, ordenando el correspondiente archivo de obrados (fs. 151 a 153 vta.). II.4. Por RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020 de 2 de marzo, el Director Ejecutivo de la ANH, resolvió rechazar la prescripción de la infracción establecida en la RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019 (fs. 154 a 156). II.5. Mediante memorial de 11 de septiembre de 2020, presentado ante el Ministro de Hidrocarburos y Energías, el ahora solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020; sin embargo, a través de Decreto de 13 de enero de 2021, el Director General de Control y Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos y Energías –ahora codemandado– señaló que:

“Habiendo tomado conocimiento del memorial presentado (…) mediante el cual erróneamente interpone Recurso Jerárquico señalando que le habrían notificado con la Resolución Administrativa RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020 de 2 de marzo 2020, la cual habría resuelto su Recurso de Revocatoria, sin embargo se evidencia que la mencionada resolución resolvió únicamente la prescripción de la infracción invocada. De la revisión de obrados, no cursa ningún trámite de Recurso de Revocatoria, ni resolución que lo resuelva. En ese entendido, siendo que aún queda una instancia por ser resuelta y a fin de que no se vean conculcados los derechos del administrado, se reconduce el presente trámite” (sic) (fs. 248 vta. a 252). II.6. A través de la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021 de 16 de marzo, el Director Ejecutivo de la ANH, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el ahora accionante, confirmando en todas sus partes la RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020 (fs. 254 a 255 vta.). II.7. Por memorial presentado el 18 de mayo de 2021 ante el Ministro de Hidrocarburos y Energías –ahora codemandado–, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021; consecuentemente, el mismo fue resuelto a través de la RM RJH 127/2021 de 18 de noviembre, rechazando la impugnación indicada y confirmando la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021 (fs. 49 a 60; y, 257 a 266)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la vulneración al debido proceso; así como, los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad; puesto que, las autoridades demandadas emitieron la RM RJH 127/2021, rechazando el recurso jerárquico planteado en contra de la RA RARR-ANH-UPSR 0008/2021; avalando de esa forma, un procedimiento administrativo viciado, producto de una labor interpretativa arbitraria, errónea y descontextualizada del art. 79 de la Ley 2341; puesto que, no consideraron que en el caso, operó el instituto de la prescripción. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Procedencia de la acción de amparo constitucional en materia administrativa aun cuando no se haya agotado el recurso

contencioso administrativo

Con relación a la procedencia de la acción de amparo constitucional, una vez agotada la vía administrativa, la jurisprudencia constitucional a partir del Tribunal Constitucional y replicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha razonado bajo el entendimiento de que no es necesario interponer demanda contencioso administrativa a objeto de agotar la vía que posibilite la interposición de la referida acción constitucional, en ese razonamiento se ha pronunciado la SC 1800/2003-R de 5 de diciembre, al señalar lo siguiente: “Finalmente, cabe aclarar que la instancia administrativa concluye con la resolución del Recurso Jerárquico, mientras que el proceso contencioso Administrativo, es una vía judicial, no administrativa, diferente a la primera, no siendo necesario agotar ésta, para luego recién interponer el amparo constitucional, puesto que si se constata la infracción de derechos fundamentales, una vez concluida la vía administrativa, se abre la posibilidad de su tutela mediante el recurso de amparo constitucional, siendo la impugnación judicial mediante el proceso contencioso una vía diferente y no un prerrequisito para interponer el amparo solicitado, constatándose que el fundamento de la resolución del Tribunal de amparo, cuando declaró improcedente el recurso, sobre la base del principio de subsidiariedad por no haberse agotado el proceso contencioso administrativo, se encontraba errado”.

Consiguientemente, de la jurisprudencia anteriormente expuesta se tiene que, una vez concluida la fase administrativa, previa al control de legalidad, es posible la interposición de la acción de amparo constitucional, asumiendo que la instancia administrativa concluye con la resolución del recurso jerárquico, y por lo mismo, no es necesario agotar el recurso del contencioso administrativo para el resguardo de derechos fundamentales, ya que éste es una vía judicial, en la que se revisará, en su caso, la aplicación e interpretación de las normas administrativas.

III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas con el principio de congruencia

Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo.

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: ʽ…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’. Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: ʽ…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa’; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume” (las negrillas nos pertenecen). De lo señalado se concluye que, la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución; por el cual, toda autoridad jurisdiccional, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que tiene que existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la concerniente coherencia y armonía. Con relación a la motivación como elemento del debido proceso, implica que la autoridad que pronuncie una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico individualizándolos de forma motivada, estableciendo el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes indicado; empero, la motivación de una resolución que dirime cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, en la cual, la autoridad jurisdiccional o en su caso, administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y refiriendo para ello las normas que sustentan la parte dispositiva del fallo.

III.3. Jurisprudencia norma y doctrina sobre la prescripción en procedimientos sancionatorios administrativos

Sobre la prescripción de las infracciones, el art. 79 de la LPA, establece lo siguiente: “las infracciones prescribirán en el término de dos años… La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro, conforme a la reglamentación especial…”, siendo su fundamento, la seguridad jurídica que implica un límite al ejercicio del ius puniendi de la administración, puesto que, aunque la administración tiene potestad sancionadora, dicha facultad debe ejercerse en un determinado plazo. Al respecto, la Sentencia SE/0137/2013 de 18 de abril, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el siguiente entendimiento: “…el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia en análisis, prevé expresamente que ‘Las infracciones prescribirán en el término de dos años’; sin embargo, la norma no es expresa en cuanto al señalamiento del momento desde el que se computa el término de la prescripción y de cuáles serían las causas de interrupción y de suspensión, motivo por el cual, resulta necesario - en ejercicio de la facultad de interpretación de la legalidad ordinaria, y en análisis sistemático de las normas que rigen los procedimientos administrativos, efectuar el análisis siguiente: Que la prescripción extintiva o liberatoria es producto de la inacción, en este caso de la Administración, por el plazo establecido por cada legislación la cual también prevé las causas de interrupción y suspensión del término de la prescripción. En el caso de la interrupción, ese instituto provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día y por tanto, se inicia un nuevo cómputo desde que se considera paralizado el procedimiento. En el caso de la suspensión de la prescripción, al finalizar el tiempo de la suspensión, el reloj vuelve a contar desde donde se encontraba cuando se suspendió; en consecuencia, los plazos de la interrupción y suspensión son distintos”. Asimismo, la Sentencia 29/2020 de 12 de febrero, emitida por la Sala Social Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, refirió “…si una vez iniciado el procedimiento sancionatorio; es decir, interrumpido el término de la prescripción, la Administración incurre en inactividad, se entiende que este se reinicia y vuelve a transcurrir hasta su vencimiento, caso en el cual, una vez más, el administrativo, opondrá dicho medio de extinción de la acción sancionatoria (el resaltado es nuestro). Resumiendo, el fundamento de la interrupción de la prescripción, se encuentra en la actividad de las partes. Una vez interrumpido el término de la prescripción, vuelve a iniciarse el cómputo mientras dure la inactividad del titular de la facultad sancionatoria”.

En el marco de lo descrito, conforme establece el art. 79 de la LPA, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, es decir, la notificación con el procedimiento de cobro, interrumpe el plazo de la prescripción, y éste se reanudará si el expediente se mantiene paralizado por causa no imputable al administrado. Dicha interrupción implica que el plazo vuelve a contarse desde el principio; es decir, si antes del vencimiento del plazo de prescripción de la infracción, se inicia un procedimiento sancionador, aquél se interrumpe y vuelve a cero; si el procedimiento sancionador se paraliza, se vuelve a empezar a contar el plazo prescriptorio; y, se declarará la prescripción de la infracción si en el plazo establecido para ésta, no se dicta una resolución definitiva.

III.4. El silencio administrativo y las resoluciones tardías

En torno al tema, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, sostuvo lo siguiente: “Con relación al silencio administrativo, vinculado a la emisión de resoluciones tardías, la SC 0032/2010-R de 20 de septiembre, estableció lo siguiente: ´Uno de los problemas que genera la técnica del silencio administrativo es precisamente el relacionado con las llamadas resoluciones tardías, en ese contexto, es imperante analizar esta temática a partir de los efectos jurídicos tanto del silencio administrativo negativo como del positivo, tarea que será realizada a continuación. En efecto, el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo, no se equipara a un acto administrativo desestimatorio, ya que tiene simplemente efectos procedimentales, en virtud de los cuales se apertura el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugnación de esta presunción desestimativa, por esta razón, se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos puramente procesales, bajo este espectro, se tiene por tanto que la administración pública -sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública-, puede emitir las llamadas resoluciones tardías, sin que este acto implique vulnerar la garantía de la competencia de la autoridad que omitió pronunciarse dentro de los plazos procedimentales establecidos por ley, empero, una vez operado el silencio administrativo negativo y en caso de haberse impugnado la presunción de desestimación a la petición del administrado por mora de la administración, la autoridad administrativa que omitió pronunciarse en plazo hábil pierde competencia, por tanto solamente en este supuesto, ya no podría emitir acto administrativo alguno. Por el contrario, en el caso del silencio administrativo positivo, considerando que sus efectos se equiparan a un acto administrativo estimatorio, la autoridad administrativa que incumplió su obligación de emitir el fallo en el plazo establecido por la normativa vigente, no puede emitir un nuevo acto posteriormente, salvo que esta resolución tardía conceda la petición del administrado, razonamiento por demás lógico si se considera que una de las características del acto administrativo es su firmeza y presunción de legitimidad y más comprensible aun porque la administración pública no puede anular de oficio actos administrativos, sino únicamente a través de los medios administrativos de impugnación o en su caso a través de un control jurisdiccional posterior.

Con relación a la aplicación del silencio administrativo en nuestro país, la precitada Sentencia Constitucional, más adelante agregó lo que sigue: “Una vez desarrollada toda la dogmática del silencio administrativo tanto en su faceta negativa como positiva, corresponde ahora precisar su regulación en el bloque de legalidad administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese contexto, en principio, es imperante invocar el art. 17.III de la LPA, cuyo contenido reza lo siguiente: «Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional»; en consecuencia, a partir del contenido de esta disposición, se establece que en el Estado Plurinacional de Bolivia, se regula como regla general la técnica del silencio administrativo negativo con los efectos y características descritas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia, empero, de acuerdo al contenido del art. 17.V de la LPA y al amparo del principio de taxatividad, se evidencia que el silencio administrativo está disciplinado como excepción a la regla general ya que solamente opera cuando exista normativa expresa que así lo determine. Como consecuencia lógica de lo expuesto, se establece además que en caso de operar el silencio administrativo negativo, las resoluciones tardías no generan incompetencia de la autoridad que omitió resolver la petición en el plazo establecido por ley, sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública; por el contrario, en caso de operar el silencio administrativo positivo cuando así lo establezca la ley, por los efectos de esta institución jurídica, las autoridades administrativas no se encuentran facultadas para modificar los efectos de ese acto presunto estimatorio a la pretensión del administrado. Ahora bien, en caso de los recursos jerárquicos, el art. 67.II de la LPA, de forma expresa señala lo siguiente: 'El plazo se computará a partir de las interposición del recurso, si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por aceptado y en consecuencia revocado el acto recurrido, bajo responsabilidad de la autoridad pertinente', en el marco del contenido de esta disposición, el art. 125 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, de manera expresa señala en su parágrafo segundo que 'el silencio de la administración establecido en el Parágrafo II del art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, será considerado una decisión positiva, exclusivamente previstos en disposiciones reglamentarias específicas, conforme establece el Parágrafo V del art. 17, de la citada ley'. En mérito a las disposiciones antes señaladas, se tiene que en el bloque de legalidad imperante y para el caso específico de los recursos jerárquicos, se encuentra disciplinado el silencio administrativo positivo como excepción y no así como regla general; es decir, únicamente cuando una normativa específica determine expresamente los efectos del acto presunto estimatorio denominado también silencio administrativo positivo, en consecuencia, considerando que en esta instancia procedimental administrativa opera como regla general el silencio administrativo negativo, en concordancia con el Fundamento Jurídico III.4, se establece que en esta etapa, por los efectos procesales propios del silencio administrativo negativo, los actos tardíos pronunciados por una autoridad administrativa, no vulneran la garantía de la competencia”.

III.5. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela, denunció la vulneración al debido proceso; así como, los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad; puesto que, las autoridades demandadas emitieron la RM RJH 127/2021, rechazando el recurso jerárquico planteado en contra de la RA RARR-ANH-UPSR 0008/2021; avalando de esa forma un procedimiento administrativo viciado, producto de una labor interpretativa arbitraria, errónea y descontextualizada del art. 79 de la Ley 2341; puesto que, no consideraron que en el caso, operó el instituto jurídico de la prescripción. Identificada la problemática planteada por la parte accionante, y previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado; corresponde revisar los antecedentes del proceso administrativo, que dieron lugar a la presente acción tutelar. En ese orden, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente; se evidencia que, por Auto de Formulación de Cargo de 3 de noviembre de 2015, la Dirección Distrital de la ANH Cochabamba, inició un proceso administrativo sancionador contra la Planta Distribuidora de GLP en Garrafas “CBA GAS S.A.”; por ser, presuntamente responsable de no operar el sistema de acuerdo a las normas de seguridad, en contravención del art. 73 inc. a) del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas, aprobado mediante DS 24721 de 23 de julio de 1997; acto procesal que, fue notificado a la parte ahora accionante, en la misma fecha. En ese marco, mediante RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019, el Director Jurídico de la ANH, resolvió declarar probado el cargo formulado contra la parte ahora accionante, imponiéndole la sanción consistente en una multa equivalente a Bs4171,25.-. Seguidamente, a través de memorial presentado el 24 de enero de 2020 ante la instancia administrativa antes descrita, el ahora impetrante de tutela solicitó que se emita resolución administrativa declarando la prescripción de la infracción; y en consecuencia, declare extinguida la acción y el derecho de la instancia administrativa indicada, ordenando el correspondiente archivo de obrados; sin embargo, por RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020, el Director Ejecutivo de la ANH, resolvió rechazar la prescripción de la infracción establecida en la RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019.

Consecuentemente, mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2020 ante el Ministro de Hidrocarburos y Energías, el ahora solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020; empero, el Director General de Control y Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos y Energías –ahora codemandado– , a través de Decreto de 13 de enero de 2021, recondujo el recurso planteado, remitiendo el mismo ante la ANH, para su trámite y resolución. De tal forma que, a través de la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021 de 16 de marzo, el Director Ejecutivo de la ANH, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el ahora solicitante de tutela, confirmando en todas sus partes la RA RARR-ANH-DJ-ULSR 0042/2020. Ante ello, el ahora accionante a través de memorial presentado el 18 de mayo de 2021 ante el Ministro de Hidrocarburos y Energías –ahora codemandado–, interpuso recurso jerárquico contra la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021; consecuentemente, el mismo fue resuelto a través de la RM RJH 127/2021, rechazando la impugnación indicada y confirmando la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021.

III.5.1. Respecto a la subsidiariedad observada por las autoridades demandadas

En virtud a que, a tiempo de evacuar su informe, la parte demandada alegó que la solicitud presentada por el impetrante de tutela, no podría ser resuelta en sede constitucional; en razón de, no haber agotado la vía ordinaria una vez emitida la Resolución Jerárquica cuestionada; cabe señalar que, asumiendo que la instancia administrativa concluye con la resolución del recurso jerárquico, no es necesario agotar el recurso del contencioso administrativo para el resguardo de derechos fundamentales; ya que, éste es una vía judicial, en la que se revisará, en su caso, la aplicación e interpretación de las normas administrativas; por lo que, corresponde ingresar al análisis de la presente causa.

III.5.2. De la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación

Ahora, el citado Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sinó la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara; de manera que, se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión; en cuyo caso, las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; asimismo, que en virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implicaría no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva; sino que, su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido; de manera que, no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva; ello, sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso.

Establecidos los contextos fácticos y jurisprudenciales de la problemática a resolver en el presente caso, debemos pasar a continuación a realizar un contraste en los aspectos reclamados por el accionante en su recurso jerárquico y lo resuelto por la parte demandada a tiempo de resolver el mismo, tarea que será desarrollada a continuación.

III.5.2.1. Del recurso jerárquico interpuesto contra la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021

Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2021, ante el Ministro de Hidrocarburos y Energías –ahora codemandado–, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021, bajo los siguientes argumentos:

 Si el término de la prescripción de la infracción empezó a correr el 28 de julio de 2015; por ser ésta, de acuerdo al Informe DCB 0636/2015 de 7 de septiembre de 2015, (fs. 221 a 222 vta.) fecha en la que la ANH tuvo conocimiento de la presunta comisión de la infracción del art. 73 inc. a) del DS 24721; y si además, de conformidad al art. 82 de la Ley 2341, es la notificación con el Auto de Cargo al presunto infractor, la actuación administrativa que formaliza el procedimiento administrativo sancionador; momento a partir del cual, se tiene establecida formal y válidamente la relación jurídico-procedimental; consiguientemente, “SOLO SE TENDRÁ POR INTERRUMPIDO EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN cuando el procedimiento administrativo sancionador haya sido formalmente iniciado dentro del término de los 2 años establecido en el art. 79 de la Ley N° 2341, es decir a partir o desde el momento en que se tiene conocimiento de la infracción hasta antes de que expire el mencionado término…” (sic); en el caso, el plazo de prescripción de la infracción vence el 28 de julio de 2017, impostergablemente.  Producida la interrupción de la prescripción con el Auto de Cargo de 3 de noviembre de 2015, conlleva a efectuar un nuevo cómputo; es decir, desde el 4 de noviembre de 2015 hasta el 4 de noviembre de 2017, en el marco de lo establecido en el art. 79 de la Ley 2341; empero, en el caso, la RA RAPS-ANH-DJ-ULSR 1859/2019; fue emitida, cuatro años, un mes y dieciséis días después; en los cuales, no existió acto administrativo alguno que adquiera calidad de cosa juzgada y pueda iniciarse la segunda fase, que es la ejecución de la sanción impuesta.  El art. 4 de la Ley 2341, consagra el principio de sometimiento pleno a la ley, que asegura a los administrados el debido proceso; principio en virtud al cual, se le garantiza el ejercicio amplio e irrestricto de su derecho a la defensa a fin de lograr una resolución fundada en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable; así como, la presentación de la excepción previa de prescripción en cualquier instancia del proceso; asimismo, en correspondencia con el principio de verdad material, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, tiene como obligación, el de recurrir a todos los medios necesarios que permitan obtener la verdad objetiva, de como acontecieron los hechos; así como, considerar y valorar toda la prueba que permita profundizar la investigación; y en el caso, determinar la prescripción de las infracciones por transcurso del tiempo en trámites, que no fueron concluidos en los plazos establecidos que caen en dicha figura legal; es decir, aquélla que resulte totalmente vinculante a determinar la existencia o no de la infracción, su prescripción y que haga o infiera en el fondo del proceso, pudiendo descartar o apartarse de aquélla, que resulte ajena e irrelevante a lo que se pretende evidenciar; en tal sentido, los amplios precedentes administrativos a lo largo de los años así lo han establecido, mediante Resoluciones Administrativas que se acompañan; ya que, declaran improcedente los cargos por haberse operado la prescripción.

III.5.2.2. Ahora bien, la Resolución Ministerial RJH

127/2021, que resolvió el recurso jerárquico planteado contra la RA RARR-ANH-DJ-UPSR 0008/2021

 En efecto, la prescripción constituye un límite al ejercicio de la potestad sancionadora con dos facetas; por un lado, obliga a la administración pública a actuar en un determinado periodo de tiempo; y por otro, representa una garantía para el administrado; pues, impide que permanezca en una situación de incertidumbre sobre el resultado del procedimiento administrativo sancionador, del cual es parte, por un periodo indeterminado.  Así, el ordenamiento jurídico administrativo, establece la prescripción de infracciones administrativas en dos años; los cuales, son computables desde el día en que se cometió la acción u omisión; sin embargo, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia nacional, “SENTENCIA 137/2013, de 18 de abril de 2013”, dicho plazo puede ser interrumpido a través del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, materializado en la notificación al presunto infractor con el auto de Formulación de Cargos.  De la revisión del caso, la presunta infracción administrativa cometida por “CBA GAS S.A.” se dio en fecha 28 de julio de 2015 y la ANH inició proceso administrativo sancionatorio, a través del Auto de Cargos de 3 de noviembre del año indicado, notificado en la misma fecha; habiendo entonces transcurrido entre el momento de la comisión de la infracción y la notificación señalada, menos de dos años; por tanto, la prescripción no operó.  No obstante a lo afirmado; se advierte, un considerable lapso de tiempo desde la emisión del Auto de Formulación de Cargos y la emisión de la Resolución Administrativa que definió la situación jurídica de la empresa procesada; de tal forma que, asumiendo lo establecido por los arts. 17 y 52 de la Ley 2341, indican que la Administración Pública está obligada a pronunciarse sobre todo asunto sometido a su conocimiento, dentro de los plazos establecidos; y, en caso que la autoridad o funcionario no lo hiciere así, podrá ser sujeto al régimen de responsabilidad por la función pública.  En ese sentido, el tiempo que transcurrió desde la iniciación del proceso con el Auto de Formulación de Cargos, hasta la notificación con la resolución sancionatoria, goza de presunción de legitimidad, “aun a pesar del manifiesto retraso, derivado del cumplimiento a la Ley toda vez que no afecta a la validez del acto, y por tanto el debido proceso, ya que si el plazo para dictar la resolución hubiese fenecido, el administrado tenía la opción de invocar el Silencio Administrativo, interponiendo la acción que corresponda” (sic); pues la demora de la Administración en la emisión de la resolución definitiva no significa que opera la prescripción.  La entidad ahora accionada, hizo referencia al principio de sometimiento pleno a la ley, que asegura el debido proceso; así como, al principio de verdad material, indicando que existirían precedentes administrativos emitidos por la ANH; los cuales, no hubieran sido considerados en la emisión de la resolución que resolvió su recurso de revocatoria; de tal forma que, se solicitó las mismas para su revisión; todas ellas señalaron que, operó la prescripción de la infracción, en mérito al art. 79 de la Ley 2341; puesto que transcurrieron más de dos años antes de que se emitieran los Autos de Formulación de Cargo correspondiente; aspecto que, no sucede en el caso.

III.5.2.3. Contrastando los argumentos del recurso jerárquico, formulado por el hoy accionante con los fundamentos que sustentan la RM RJH 127/2021, se observa lo siguiente:

Considerando que, lo que reclama el accionante, es la aplicación de la prescripción en la causa administrativa; al respecto, la parte demandada indicó que, la presunta infracción administrativa cometida por éste, se dio el 28 de julio de 2015; y, la ANH inició proceso administrativo sancionatorio a través del Auto de Cargos de 3 de noviembre del año mencionado, acto procesal que fue notificado en la misma fecha;

habiendo entonces, transcurrido entre el momento de la comisión de la infracción y la notificación señalada, menos de dos años; por tanto, la prescripción no operó; esto, considerando el plazo estipulado por el art. 79 de la Ley 2341 y su suspensión, en razón del inicio del proceso como tal. Además de ello, la instancia demandada refirió que, la Resolución Administrativa que definió la situación jurídica de la empresa procesada, goza de presunción de legitimidad, aun a pesar del manifiesto retraso en su emisión y que el administrado tenía la opción de invocar el silencio administrativo, interponiendo “la acción que corresponda” (sic); indicando que, la demora de la administración en la emisión de la resolución definitiva no significa que opera la prescripción. Ahora bien, en el marco de lo descrito, se hace necesario considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en el que, se desarrolla el instituto de la prescripción, estableciendo que el inicio del procedimiento administrativo sancionador interrumpe el plazo del mismo; y que éste, se reanuda si el expediente se mantiene paralizado por causa no imputable al administrado; es decir que, si el procedimiento sancionador se paraliza, se vuelve a empezar a contar el plazo prescriptorio; y, se declarará la prescripción de la infracción, si en el plazo establecido para ésta en el art. 79 de la Ley 2341, por la inactividad total de la administración, no hay una resolución definitiva. Entonces, reconocida la demora en la emisión de la Resolución de la causa administrativa, como hecho atribuible al ente regulador; y, siendo precisamente esa la observación principal efectuada por el accionante; se tiene que, la parte demandada, no emitió una Resolución debidamente fundamentada; puesto que en el caso, se solicitó la consideración del instituto jurídico de la prescripción; por lo que, el limitarse a referir que el mismo no se configura en el caso, omitiendo considerar los parámetros establecidos en la misma, fundando su negativa, únicamente en que la notificación con el inicio del procedimiento sancionador interrumpe la prescripción, como si se tratara de una suspensión al comprender las autoridades demandadas que el mismo, nunca se reiniciaría nuevamente; sin importar el tiempo, que se demore la administración en la finalización del proceso, como consecuencia de su inacción indefinida y que supere el plazo otorgado por el precitado art. 79 de la LPA, constituye un razonamiento incompleto, que contraviene la interpretación realizada por la instancia competente para analizar la interpretación de la legalidad ordinaria; y por lo mismo, vulnera los derechos fundamentales de la parte accionante; dado que, mediante una fundamentación errónea se rechazó la pretensión del ahora impetrante de tutela, cuando en realidad, lo que corresponde es analizar los plazos transcurridos, desde la comisión de la infracción hasta la fecha de inicio del proceso de cobro y su notificación; así como, la calidad de tiempo transcurrido con posterioridad, advirtiendo y computando las interrupciones que pudieran haberse suscitado en el mismo; a efectos de arribar a una conclusión, basada en el principio de verdad material, ajustando dicho accionar a las reglas del debido proceso administrativo, lo que involucra la necesidad de otorgar una debida y correcta fundamentación al respecto, realizando un análisis pormenorizado de los plazos correspondientes. Se debe aclarar que la invocación del silencio administrativo al que hace referencia la Resolución impugnada; se produce ante la falta de emisión de una determinación que resuelva el recurso interpuesto; toda vez que, el administrado no puede quedar en incertidumbre de manera indefinida; extremo que, no ocurre en el caso analizado, en el que, según señala el accionante, el fallo administrativo hubiera sido emitido después de su vencimiento; tratándose de una resolución tardía; y si bien, la misma es válida al no haber perdido competencia la autoridad pública que lo emitió, ello claro está, sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública; sin embargo, no resulta razonable pretender, como se señaló en la misma, que dicho plazo no pueda ser considerado para el cómputo de la prescripción; al contrario, su demora excesiva, puede dar lugar a la consolidación de este instituto jurídico, ello dependerá si el tiempo de demora en su emisión, sobrepasa el plazo previsto por el art. 79 de la LPA; y la misma, no fue impugnada por ningún medio legal posterior; tal como se desarrolló, en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. En el marco del análisis realizado de forma precedente; se advierte que, la RM RJH 127/2021, no cumplió con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el indicado Fundamento Jurídico III.1; puesto que, si bien hizo un desglose doctrinal y jurisprudencial respecto a la prescripción, contemplada en el art. 79 de la Ley 2341; sin embargo, omitió considerar con exactitud los lapsos de inactividad administrativa, provocados por el ente regulador con posterioridad al inicio del procesamiento sancionador, hasta la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente; a fin de otorgar certeza, de que la decisión asumida se encuentra dentro de plazo y no hubiese operado la prescripción. En consecuencia, al no advertirse una debida fundamentación en la Resolución Ministerial referida, es posible arribar al convencimiento de que la decisión asumida no cuenta con asidero legal ni argumentativo; situación que, no puede ser convalidada por la jurisdicción constitucional; dado que, solo las decisiones asumidas en base a un correcto y cabal estudio de la normativa legal aplicable al caso y explanadas de manera suficiente, cumplirán con el derecho, garantía y principio del debido proceso y de sus elementos constitutivos; aspectos que, conforme se explicó, no fueron cumplidos en el caso concreto, lesionándose el mismo en sus componentes fundamentación y motivación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 046/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 314 a 319 vta., pronunciada por la Sala constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial RJH 127/2021 de 18 de noviembre, debiendo emitirse una nueva en base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0671_2023-S4.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): f67db6071f546edbfcefdfbb9b68b5a0a07b7d7591d1b47bd3bb2e36bfbd8be1

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