B.IA.LEGAL

SCP 0671/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47509-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la legalidad, a la defensa y al acceso a la justicia; toda vez que, el 23 de diciembre de 2021, el Juez demandado rechazó instalar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, con base en el argumento de que no se realizaron las diligencias correspondientes, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, por escrito indicó que ya no serían competentes para intervenir en lo pedido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19.21 de 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición, así como las incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, deben ser presentadas ante el Tribunal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2023-S2 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47509-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19.21 de 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto -en suplencia legal de su similar Decimosegundo- de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido de manera preventiva con fines de extradición; a lo que, el 23 de diciembre de 2021, aproximadamente a horas 9:00, el Juez demandado rechazó la instalación de la audiencia de cesación de la referida medida extrema y por ende no resolvió la misma, indicando que no se habría cumplido con las diligencias para su desarrollo; sin embargo, se efectuaron aquellas; teniéndose de ello, una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se puso a conocimiento de esa autoridad judicial, que a las partes que se pretende notificar no son competentes para conocer más actos procesales; debido a que, la solicitud deriva de una extradición con la República de Argentina que fue observada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la legalidad, a la defensa y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se repongan sus derechos conculcados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 8 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante sus abogados, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) Si bien el Juez demandado instaló la audiencia de cesación de la detención preventiva -se entiende de 23 de diciembre de 2021- no ingresó al análisis de fondo, argumentando de que no se efectuaron las diligencias correspondientes; b) Tomó conocimiento de la nota remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se indicó que: 1) El exhorto suplicatorio debió enviarse mediante una carta formal; 2) Dicho exhorto tuvo que ser notificado al “juez de provincia” que pidió la detención preventiva con fines de extradición; 3) Ese pedido debió enmarcarse en un instrumento internacional vigente entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina; y, 4) Para solicitar la citación o notificación, se debe adjuntar la información sobre el domicilio y el actuado procesal que se pondrá bajo conocimiento, en el marco del convenio suscrito; c) El Convenio de 22 de agosto de 2013, firmado entre los citados países y ratificado por la Ley 723 del 24 de agosto d 2015, debe ser cumplido; d) El art. 184.3 de la CPE precisa que el Tribunal Supremo de Justicia es la única instancia que conoce y resuelve los procesos de extradición; en el caso por Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo, concedió ese proceso correspondiente a Wilson Maldonado Balderrama con ejecución diferida; lo que, significa que sería hasta el cumplimiento de la pena impuesta en el Estado Plurinacional de Bolivia; en esa decisión no se aclaró sobre el tiempo de la medida extrema; por ello, adjuntando la certificación de permanencia y de conducta emitida por el Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, demostró que se encuentra observando esa medida cautelar aproximadamente por un año, cuando el citado Convenio refirió ser por cuarenta y cinco días; además, en ese Auto Supremo, se especificó que el juez comisionado es quien atenderá la situación de la persona que está acatando la medida de última ratio, recayendo sobre la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del indicado departamento; empero, resolvió el Juez demandado, porque se encontraba en suplencia legal de la nombrada debido a la vacación judicial; e) Siendo que se le facultó a la jueza comisionada a atender aspectos relativos a la señalada medida cautelar, no incumbe realizar otras notificaciones, y al haberse concluido el proceso de extradición con una resolución, no corresponden las diligencias a otras entidades; y, f) Anteriormente planteó una acción de libertad, la cual ordenó se instale la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, sin aclarar quienes tendrían que ser notificados.

I.2.2. Informe del demandado

Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto -en suplencia legal de su similar Decimosegundo- de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías manifestó que: 1) Conoció la solicitud de la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela en suplencia legal de su similar Decimosegundo; 2) A consecuencia del cumplimiento de una acción de libertad programó audiencia de consideración de cesación de esa medida impuesta solicitada con base en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), misma que ya había señalado en dos oportunidades; empero, fueron suspendidas; y, 3) A efectos de celebrarse el correspondiente verificativo se generaron las notificaciones para el país solicitante de la extradición, realizándose mediante la embajada de la República de Argentina; para ello, sin esperar las veinticuatro horas ordenó se emita el exhorto suplicatorio a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la citada Cancillería le hizo notar que correspondía la diligencia a la Corte Suprema de Argentina, sin que este hecho fuera tomado en cuenta en la anterior acción tutelar ni por el peticionante de tutela. Ante las preguntas realizadas por la Jueza de garantías manifestó que, instaló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva -se entiende el 23 de diciembre de 2021- a horas 9:00, en la que no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; puesto que, no se efectuaron todas las diligencias; decisión que al ser notificada a los sujetos procesales, pudo ser objeto de impugnación a efecto de que sea revisada por el Tribunal de alzada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19.21 de 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 12 a 15 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante “… ha tenido la facultad para hacer la impugnación en referencia a dicho auto emitido por la autoridad accionada a los efectos que pueda restablecerse dichos derechos y garantías constitucionales hoy invocados…” (sic); por ello, el prenombrado no podría invocar simultáneamente el resguardo por la jurisdicción constitucional y la ordinaria; y, ii) Lo reclamado por el aludido respecto a las notificaciones, una vez recurrida la decisión, la autoridad competente ordenará lo que en ley corresponda; por lo que, no se advirtió la lesión de derechos.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de garantías de 24 de diciembre de 2021, en el que intervinieron: José Miguel Islas Rivero en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama -ahora accionante-, y Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto -en suplencia legal de su similar Decimosegundo- de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado- (fs. 8 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la legalidad, a la defensa y al acceso a la justicia; toda vez que, el 23 de diciembre de 2021, el Juez demandado rechazó instalar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, con base en el argumento de que no se realizaron las diligencias correspondientes, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, por escrito indicó que ya no serían competentes para intervenir en lo pedido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sostuvo que: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, precisó que: “…El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas fueron añadidas). En el mismo sentido, la SCP 0168/2020-S2 de 21 de julio, señaló que: “La acción de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos tutelados por este tipo de acción; empero, cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos e inmediatos para restablecer el derecho a la libertad y/o hacer cesar la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser activados previamente por el o los interesados o afectados. En estos casos, la aludida acción operará solamente en caso de no haberse restaurado los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.

III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición, así como las incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, deben ser presentadas ante el Tribunal

Supremo de Justicia, previamente a la interposición de la acción de libertad

La SCP 0462/2022-S2 de 7 de junio, sostuvo que: «La SCP 0403/2020-S2 de 9 de septiembre, precisó que: “El accionante a través de su representante alega la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; puesto que, la Jueza demandada no se pronunció respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva y libertad irrestricta de 20 de noviembre de 2019, encontrándose privado de libertad desde el 3 de julio del mismo año, más allá de los noventa días establecidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 61/2019 de 27 de marzo. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto Supremo 61/2019, pronunciado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Bruno Fernando Limpias Lottersberger -ahora peticionante de tutela- ‘…por el plazo máximo de 90 días y en ejecución del presente Auto Supremo, of[í]ciese al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione al Juez de Turno (…), expida mandamiento de detención preventiva…’ (…); asimismo, ‘La autoridad judicial comisionada (…) deberá informar en forma inmediata al Tribunal Supremo de Justicia sobre la ejecución del mandamiento remitiendo inmediatamente los antecedentes y diligencias practicadas’ (…); el 27 de junio de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del citado departamento -ahora demandada- libró mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España, siendo notificado personalmente por la INTERPOL el 3 de julio del mismo año, con la Resolución y mandamiento supra señalados (…); tales actuados y diligencias fueron comunicados por dicha autoridad al Tribunal mencionado y a la Embajada del Reino de España, así como al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (…). El 20 de noviembre de 2019, el impetrante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva y orden de liberación irrestricta; a lo que, la autoridad demandada el 22 de igual mes y año, providenció que por secretaría, informe si se tiene pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre este caso; el Secretario de su Juzgado el 22 del mismo mes y año, informó que no hubo manifestación del Tribunal aludido ni de la Embajada del Reino de España (…). (…)

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ante la solicitud de extradición presentada por la Embajada del Reino de España, dispuso mediante Auto Supremo 61/2019, la detención preventiva de Bruno Fernando Limpias Lottersberger -ciudadano boliviano-, con fines de extradición, comisionando al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, expida el mandamiento de detención preventiva para que sea ejecutado por la INTERPOL o cualquier organismo policial, en vista a que la documentación anexa, evidenció que el extraditable supuestamente cometió el delito de agresión sexual. La prenombrada autoridad judicial, en atención a la Resolución supra citada, libró el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España el 27 de junio de 2019, siendo debidamente ejecutado por la INTERPOL el 3 de julio del mismo año, actuados que a través de Oficios 1013/2019 de 11 de julio y 1982/2019 de 12 de septiembre, puso a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. De lo expuesto, se evidencia que la Jueza demandada únicamente dio estricto cumplimiento a la disposición de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia plasmada en el Auto Supremo 61/2019, expidiendo el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España; por consiguiente, la aludida autoridad judicial no tiene legitimación pasiva, solo acató una determinación fundada, asumida por dicho Tribunal, quien es el encargado de conocer los pedidos de extradición, y que fue ejecutada por la INTERPOL. Consecuentemente, es necesario que el accionante, acuda a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a que la prenombrada determinó su detención preventiva con fines de extradición, y lo único que hizo la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz fue dar cumplimiento a la orden dispuesta por dicho Tribunal. Con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición y orden de liberación irrestricta presentada por el impetrante de tutela el 20 de noviembre de 2019, ante la Jueza comisionada, esta providenció el 22 de igual mes y año que por secretaría informe si se tiene pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre este caso; a lo que, el Secretario de su Juzgado en el día informó que no hubo ninguna respuesta del Tribunal aludido ni de la Embajada del Reino de España; por lo que, alega que dicha autoridad judicial no profirió nada respecto a su petición; no obstante, quien determinó y ordenó su privación de libertad fue el citado Tribunal, y la prenombrada solo acató una disposición superior. (…)”

Por su parte, la SCP 0855/2019-S4 de 2 de octubre, señaló que: “El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su componente de debida congruencia y fundamentación, presunción de inocencia, libertad de locomoción y a la seguridad jurídica; toda vez que, en el trámite de detención preventiva con fines de extradición, no le informaron el motivo de su detención, lo trasladaron sin audiencia alguna al Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, se emitió y ejecutó directamente su aprehensión sin comunicar al Ministerio Público, no le designaron abogado de oficio o de defensa pública, ello en virtud a que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, libró Mandamiento de Detención 03/2019 el 10 de enero, que fue ejecutado el 6 de febrero del mismo año y, hasta la interposición de la presente acción de libertad, continúa detenido, a pesar que el AS 81/2018, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispuso su detención preventiva solo por cuarenta y cinco días. Denuncia además que solicitó cesación a la detención preventiva a la autoridad jurisdiccional demandada, quien sin instalar audiencia le negó dicha solicitud de manera infundada, manifestando que ella no es la juez natural. …se evidencia que dentro de los antecedentes aparejados al expediente traído en revisión consta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por los Magistrados José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Ríos Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, en conocimiento de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición impetrada por la Embajada de la República Argentina, pronunciaron el AS 81/2018, disponiendo la detención preventiva de Javier Castillo Cruz –hoy impetrante de tutela– por el plazo de cuarenta y cinco días, estableciendo que en ejecución de la misma Resolución, se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para que comisione a un Juez de Instrucción de Turno en lo penal de su jurisdicción, para que asuma conocimiento del Auto Supremo ya mencionado, expidiendo mandamiento de detención con expresa habilitación de días y horas inhábiles, a ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL o cualquier organismo policial. Así, en cumplimiento al Auto Supremo citado precedentemente, Juan Carlos Berrios Albizu; Magistrado tramitador del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio ‘SALA PLENA OF. N° 335/2018 DETENCION PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICION EXPEDIENTE N° 12/2018 de 6 de diciembre’ (…), remitió copia legalizada del AS 81/2018 a Hermes Flores Egüez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a efectos de que comisione al Juez de Instrucción de Turno en lo Penal para el cumplimiento de las diligencias dispuestas en dicho Auto.

Se tiene también que Hermes Flores Egüez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante decreto de 8 de enero de 2019, en atención a la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, dispuso que el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo de dicho departamento, cumpla con lo ordenado en el Auto Supremo prenombrado, en el plazo máximo de diez días; por lo que, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, a través de decreto de 10 de enero de 2019, ordenó librar el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra Javier Castillo Cruz, disponiendo que el mismo sea diligenciado por el Jefe Provincial de la Policía de San Lorenzo con el auxilio de la INTERPOL. No obstante lo precisado, el solicitante de tutela destacó que la autoridad jurisdiccional ahora demandada pese a existir una disposición expresa en el AS 81/2018, en sentido que la detención preventiva con fines de extradición sería por cuarenta y cinco días, dicha autoridad omitió hacer cumplir el referido plazo y lo mantuvo detenido por más de cuatro meses en esa condición. Inclusive pese a haber formulado cesación a su detención preventiva, la Jueza referida de San Lorenzo, mediante decreto negó tal solicitud, manifestando no ser competente para ello, siendo que, la misma, anteriormente fraccionó el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición. (…) De lo señalado, es posible concluir que la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela, al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser presentada ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes pudieron haber analizado la pretensión del impetrante de tutela y responder mediante una resolución fundamentada y motivada; más aún si esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, debe conocer y resolver la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese contexto, se tiene que el ahora accionante al no haber formulado su petición en dicha instancia no obró correctamente; y con relación a su solicitud de su cesación a su detención preventiva, tampoco debió haber sido requerida ante la autoridad jurisdiccional del Juzgado de San Lorenzo, dado que tal como se demostró ésta carecía de competencia para atender dicha solicitud. (…)

Lo mencionado supra, se encuentra además respaldado conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en el AS 48/2017 de 6 de abril, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, habida cuenta que en dicha oportunidad, los Magistrados, conocieron, evaluaron y resolvieron una solicitud de cesación a la detención preventiva con fines de extradición. (…) En ese sentido la SCP 0133/2014-S3 de 10 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: ‘Ahora bien, a toda persona privada de libertad debe garantizársele el derecho de acceso a la justicia, a efectos de que la autoridad judicial competente, en ejercicio del control jurisdiccional, vele por el cumplimiento de los derechos y garantías del privado de libertad, conociendo y resolviendo cualquier hecho que vaya en desmedro de los mismos; así, dentro de un proceso penal el control jurisdiccional es ejercido por los jueces cautelares [arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP]; y, en el marco de un proceso de extradición dicho control jurisdiccional es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia (art. 184.3 de la CPE)’”. De otra parte, la SCP 1210/2016-S3 de 4 de noviembre, refirió: “Ahora bien, bajo estos antecedentes fácticos, y convergiendo el reclamo del accionante en que las solicitudes de cese de su detención preventiva y emisión del mandamiento de libertad fueron resueltas únicamente por la Magistrada Rita Susana Nava Durán -hoy codemandada-, corresponde señalar que de antecedentes se constata que el accionante a través de memoriales dirigidos a los Magistrados ahora demandados presentados el 3, 22 y 28 de junio de 2016, con diferentes argumentos, pidió se libre mandamiento de libertad a su favor, mismos que fueron respondidos por la Magistrada hoy codemandada a través de decretos dictados al efecto; empero, este Tribunal advierte que al emerger de la determinación de detención preventiva con fines de extradición a través del AS 122/2015, pronunciado por los Magistrados ahora demandados, las solicitudes del accionante tendientes a obtener un mandamiento de libertad, que implique dejar sin efecto o el cese de la medida restrictiva de libertad, debían ser consideradas y resueltas por los Magistrados ahora demandados -Sala Plena- que dispuso la detención preventiva cuestionada en su vigencia, al ser conforme el art. 38.2 de la LOJ, atribución de la Sala Plena: `Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición´; consecuentemente, la resolución de la situación jurídica del accionante dentro de la normativa supra mencionada al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser atendido por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes debieron analizar la pretensión del accionante y responder mediante una resolución fundamentada y motivada a las mismas; más aún si se considera que la respuesta emanada de Sala Plena permitiría el contraste de opiniones imparciales tomando en cuenta que dicha Sala constituye una instancia colegiada que desarrolla su función mediante deliberación y conforme a lo ya expuesto, esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, conoce y resuelve la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese marco, al no haber obrado de esta manera los Magistrados ahora demandados vulneraron el derecho al debido proceso con implicancia en la libertad del accionante ante la connotación de requerimiento del mandamiento de libertad; concluyéndose que los decretos de -6, 22 y 28 de junio de 2016- emitidos por la Magistrada Rita Susana Nava Durán -hoy codemandada- resultan ser actos inidóneos en razón de que, como se tiene expuesto las solicitudes referidas no podían ser atendidas ni respondidas unilateralmente por dicha autoridad, al derivar las mismas de una antelada imposición de detención preventiva con fines de extradición dispuesta por el ente colegiado, no pudiéndose asimilar la pretensión de mandamiento de libertad del accionante a una solicitud o requerimiento de mero trámite, mismos que por celeridad y objetividad no necesariamente debe merecer un pronunciamiento de la Sala Plena; lo que no ocurre en el caso concreto, en que la petición -conforme lo ampliamente expuesto-, debió merecer una resolución emanada de Sala Plena”» (las negrillas y el subrayado son añadidos).

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso que nos ocupa, el accionante alega que el 23 de diciembre de 2021, el Juez demandado rechazó instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva; debido a que, no se efectuaron las diligencias que ordenó. Acorde lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien la acción de libertad es el mecanismo de defensa pertinente para la tutela efectiva, pronta y oportuna de los derechos fundamentales a la vida -cuando se encuentra en riesgo por acción u omisión-, a la libertad física y de locomoción, frente al procesamiento indebido, la persecución ilegal o indebida, y la restricción de la libertad o los actos que la amenacen; sin embargo, en caso de existir medios procesales igualmente idóneos e inmediatos para la restitución de los derechos que se consideran lesionados, el justiciable debe agotarlos previamente, antes del planteamiento de esta acción tutelar. En el caso que nos ocupa, el peticionante de tutela alega que el 23 de diciembre de 2021, el Juez demandado rechazó instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva que viene cumpliendo con fines de extradición hace aproximadamente un año en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; debido a que, no se realizaron todas las diligencias que correspondían, sin considerar que en la nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se precisó que no se encontraban facultados para intervenir en la resolución de lo requerido por su persona. Cabe señalar que, el art. 184.3 de la CPE, establece que entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra la de “…Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición”, concordante con el art. 38.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que respecto a una de las atribuciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia indica que le atañe: “…Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición” (las negrillas son añadidas); es decir, que el ordenamiento jurídico faculta al Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sala Plena analizar los procesos de extradición; por ende, todos los incidentes que se encuentren vinculados a la situación jurídica del extraditable, incluyendo la cesación de la detención preventiva con fines de extradición, entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Ahora bien, bajo el entendido que el Tribunal Supremo de Justicia fue quien determinó la detención preventiva con fines de extradición del impetrante de tutela por la República de Argentina, conforme lo señalado por el aludido “…el auto supremo 32/2021 del 31 de marzo de 2021 resuelve conceder la extradición del ciudadano boliviano Wilson Maldonado Balderrama con ejecución diferida es decir hasta el cumplimiento de la pena impuesta en territorio boliviano…” (sic); en tal razón, dicho Tribunal es la instancia competente para conocer la cesación de la detención preventiva con fines de extradición; puesto que, la autoridad judicial declarada como comisionada, se limita a materializar o ejecutar la señalada orden judicial; por consiguiente, el peticionante de tutela debió acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de exponer su pedido -cesación o modificación de la medida impuesta-, para que la Sala Plena de ese Tribunal tome conocimiento de lo impetrado que a decir del impetrante de tutela afectaría sus derechos, para que en caso que corresponda los restituya. En ese sentido, al no acudir el accionante ante la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, no agotó los mecanismos intraprocesales pertinentes para que el Tribunal Supremo de Justicia, tenga la oportunidad de proteger o restablecer los derechos vulnerados; por consiguiente, el nombrado al haber interpuesto directamente la presente acción de defensa, inobservó el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en ese sentido denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con distinto fundamento, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19.21 de 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0671_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 77548bb46de1e4bb6459cbdebeed1629d6557d48387b4978272bcb3e3cbaf86d

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