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SCP 0671/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46186-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad; toda vez que, la Autoridad demandada, no remitió oportunamente la certificación en psiquiatría y/o neurología correspondiente a la evaluación de su persona, quedando en estado de indefensión; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada remita el informe solicitado a la brevedad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2023-S1 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46186-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Erika Fanny Tolin Aguilera en representación sin mandato de CACG contra Teresa Waira Colle Valenzuela, Directora del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2021, cursante de fs. 11 a 14 vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violación a Niña Niño y Adolescente, en su condición de adolescente con responsabilidad penal, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Varones, y al ser previsible que pueda tener un lugar de acogida en un Centro Especializado para adolescentes, el 19 de abril de 2021, la autoridad de control jurisdiccional solicitó a la Directora del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, informe de psiquiatría neurológica infanto-juvenil respecto a su estado de salud; sin embargo hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no se cuenta con el referido informe. La Directora Médico del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, incurrió en dilación indebida al no haber emitido el informe de forma oportuna, quedando de esa manera en estado de indefensión, tomando en cuenta que dicha documentación es requerida para asumir defensa dentro del proceso que se le sigue a objeto de lograr la cesación de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como vulnerados su derecho al debido proceso y a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad; citando al efecto, los arts. 23.I, 115.II, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada remita el informe solicitado a la brevedad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 8 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su representante sin mandato ratificó el memorial de acción de libertad y refirió que: a) Se encuentra con detención preventiva hasta la fecha, situación en la que acreditó que sufre una deficiencia psiquiátrica hasta cierto punto, por lo cual la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que se solicite los informes correspondientes, el IDIF, deslindó responsabilidad debido a que no cuenta con psiquiatra infanto-juvenil para que realice el informe, lo que motivó que la Juez de la Niñez y Adolescencia Segundo, disponga que el Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Juan de Dios sea quien realice una evaluación psiquiátrica, sin que el mismo a la fecha hubiera sido remitido; b) Citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 418/2016-S1 de 13 de abril, 863/2016 de 19 de febrero y señaló que la celeridad que debe primar en procesos contra adolescentes; y, c) Solicitó se conceda la tutela y se disponga la remisión del informe para una reinserción a un Centro Especializado y a la sociedad, por tratarse de un menor con escasos recursos económicos. Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, parte del Tribunal de garantías, consultó a la abogada de Defensa Pública representante sin mandato del accionante: 1) Si tiene conocimiento sobre la solicitud de la autoridad demandada quien habría pedido a la autoridad jurisdiccional el levantamiento del secreto profesional para emitir el informe médico psiquiátrico; y, que el Juez de la causa, mediante Auto de 06 de octubre de 2021 arguyendo falta de remisión del informe por el especialista en psiquiatría, levantó el secreto profesional del médico tratante al adolescente, a objeto que se remita en sobre cerrado el informe o certificación del psiquiatra y/o neurología en 24 horas de su notificación; y si conoce si la autoridad accionada fue notificada con el referido Auto; la abogada de la defensa, refirió que desconoce el último Auto y que justamente por ello interpuso la presente acción de libertad; y, 2) La referida Vocal añadió que la autoridad jurisdiccional, ya se pronunció sobre el levantamiento del secreto profesional y lo que corresponde es la notificación a la Directora demandada, con el Auto de 06 de octubre de 2021, para que informe en el plazo de 24 horas a partir de esa notificación, conforme lo solicitado por la Directora del Centro de Salud Mental San Juan de Dios, con lo cual el Tribunal de garantías procedió a deliberar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Teresa Waira Colle Valenzuela, Directora del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, no presentó informe escrito ni asistió a audiencia de la presente acción de defensa; no obstante a su legal citación cursante a fs.19.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) Se establece que el Juez a quo emitió el Auto de 6 de octubre de 2021 ordenando el levantamiento del secreto profesional al Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, a objeto que se remita el informe correspondiente sobre la salud del adolescente accionante, Auto que no ha sido notificado a la parte accionada; y, la parte accionante desconoce también la emisión del referido Auto; empero, conforme a la SCP 019/2020-S3 se debe privilegiar los derechos de los menores de edad, o adolescentes, evitando formalidades que violen estos derechos y entre las formalidades es que no se habría notificado aún al Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios con el Auto de 6 de octubre de 2021, por el ello se dispone que en el día la autoridad jurisdiccional aunque no sea demandada dentro de la presente acción, disponga se notifique al referido Centro, con el Auto indicado; y, ii) El Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios en el plazo de 24 horas de su notificación remita informe al Juez a quo destacando los derechos de la parte accionante ya descritos líneas arriba.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa certificado de Permanencia y conducta emitido por el Equipo Interdisciplinario y la Administración del Centro de Reintegración Social Varones de 10 de marzo de 2021, en partes salientes refiere que: el Adolescente ahora accionante ingresó al Centro de Reintegración Social Varones, el 22 de octubre de 2020, con mandamiento de detención preventiva, emitido por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de La Paz, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo el tiempo de permanencia en el referido Centro al 10 de marzo de 2021 de tres meses y 16 días. Asimismo refiere que desde su ingreso presentó algunas dificultades de adaptación al nuevo ambiente, presenta a nivel cognitivo un posible deterioro y se sospecha de un posible retraso mental/cognitivo moderado, lo que le dificulta establecer relaciones sociales e interactuar de manera fluida con sus compañeros. (fs. 1). II.2. El 16 de septiembre de 2021, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital de La Paz, conminó al Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Juan de Dios para que remita en 24 horas al Juzgado Certificación por especialista en psiquiatría y/o neurología del adolescente Carlos Andrés Carballo Gutiérrez, en atención al dictamen pericial y Psicológico realizado por la por la Psicóloga Forense del IDIF (fs. 2 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad; toda vez que, la Autoridad demandada, no remitió oportunamente la certificación en psiquiatría y/o neurología correspondiente a la evaluación de su persona, quedando en estado de indefensión; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada remita el informe solicitado a la brevedad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2, antes mencionada, asumió el siguiente entendimiento:

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que la Directora del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, no obstante a las reiteradas solicitudes, no remitió el informe médico en Psiquiatría infanto-juvenil, en cuanto al estado de salud en el que se encuentra en calidad de detenido preventivo. Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el adolescente ahora accionante por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, la Jueza de control jurisdiccional, solicitó a la Directora del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, emita informe médico en psiquiatría infanto-juvenil en cuanto al estado de salud del adolescente. Asimismo, de lo referido en audiencia por la Vocal de la Sala Penal Primera que compone el Tribunal de garantías, quien tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que la Directora demandada solicitó a la Juez de la causa, se levante el secreto profesional, a efectos de emitir el informe médico psiquiátrico solicitado, ante ello la Jueza de la causa ordenó mediante el Auto de 6 de octubre de 2021, se levante el secreto profesional y dispuso que la referida Directora remita el informe en el plazo de 24 horas de su notificación con el referido Auto. Motivo por el cual el Tribunal de garantías al considerar que dicha resolución no fue notificada a la parte accionada, privilegió el derecho del menor accionante y dispuso la notificación a la demandada con el Auto de 6 de octubre de 2021. Por otro lado, se tiene que la defensa y representante sin mandato del impetrante de tutela no tenía conocimiento de los últimos actuados referidos por la Vocal que compone el Tribunal de garantías; por lo cual, al desconocer si el Auto de 6 de octubre de 2021 fue notificado a la Dirección del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, no es posible señalar que hubiera incumplido la remisión oportuna del informe solicitado, cuando aún no se habría realizado la notificación con el Auto que dispuso el levantamiento del secreto profesional y que le otorgaba el plazo de 24 horas después de su notificación para remitir el informe.

Desde esa óptica, la Directora demandada aún se encontraba con la posibilidad de remitir el informe requerido por el accionante dentro del plazo de veinticuatro horas que se le dio en el Auto de 6 de octubre de 2021; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada por el impetrante de tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

FDO. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

FDO. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0671_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4cfff35f7bc4bf5ac7dcc5fb5c9d144064d4f0de090433bf9a5c4f7e3b8ff89f

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