B.IA.LEGAL

SCP 0670/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49634-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa, al Juez natural y al principio de legalidad, debido a que: a) Planteó apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares personales emitidas en su contra, la que una vez remitida a la Sala Penal Cuarta respectiva, fue sorteada para ser conocida y resuelta por el Vocal Félix Orlando Rojas Alcón ahora demandado; no obstante, de manera irregular fue resuelta por otra Vocal Claudia Marcela Castro Dorado autoridad codemandada, aspecto que a criterio del accionante, debe ser explicado por el Vocal y la Secretaria de Cámara demandados; y, b) La aludida Vocal: 1) Vulneró el principio de celeridad, pues si bien señaló audiencia para considerar su apelación incidental, suspendió dicho verificativo difiriéndolo desde el 15 de junio de 2022 de manera sucesiva, hasta el 3 de agosto de igual mes y año; y, 2) Al emitir la Resolución 527/2022, incurrió en incongruencia omisiva, pues soslayó pronunciarse con relación a su derecho de salidas, confundiendo dicho aspecto con la probabilidad de autoría, que nunca cuestionó; sumado a ello, con argumentos confusos sostuvo que no contaba con domicilio, sin explicar cuál sería el contradictorio evidente ni consideró la prueba aportada consistente en Folio Real y facturas de servicios básicos, que debieron ser valorados integralmente; y, para colmo no señaló el lugar donde cumpliría detención preventiva ni que actuados procesales quedaban pendientes de realizar. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evide…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 402/2022 de 7 de agosto, cursante de fs. 311 a 316 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en cuanto a la incongruencia omisiva advertida, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo su situación jurídica hubiera cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. El principio de congruencia como elemento del debido proceso
  5. III.5. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0670/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49634-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 402/2022 de 7 de agosto, cursante de fs. 311 a 316 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés La Hera Fuentes contra Félix Orlando Rojas Alcón y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales; y, Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara, todos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de agosto de 2022, cursantes de fs. 282 a 285 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se inició en su contra un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por un hecho denunciado por su ex pareja Daniela Fernanda Salas Chávez, cuyo control jurisdiccional estuvo a cargo del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. Después de más de un año y medio de supuesta investigación se emitió en su contra imputación formal, la misma que dio lugar a la imposición de medidas cautelares a través de la Resolución 187/2022 de 9 de junio, consistentes en detención domiciliaria con salida para jornada laboral, arraigo, presentación cada quince días ante el Ministerio Público, y fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) determinación asumida en virtud a la concurrencia de los arts. 234 incs. 2) y 7) y 235 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), disposición contra la cual, tanto la presunta víctima como su persona interpusieron recurso de apelación, remitido el 14 de junio de 2022 a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El 15 de junio de 2022, se señaló audiencia para el día siguiente a las 12:00, verificativo que debió llevarse a cabo por Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, después de varias horas fue suspendido, fijándose otra para el 1 de julio del citado año, a las 09:40, la cual fue celebrada por Claudia Marcela Castro Dorado, pese que el primer sorteo radicó donde el Vocal precitado, aspecto que no fue justificado; por lo que, debe ser explicado por la Secretaria de Cámara ahora codemandada. Llegada la fecha establecida, la audiencia también fue suspendida, ante la notificación tardía que se le practico, teniendo su previsto otro verificativo presencial; por lo que, se justificó su inasistencia, disponiéndose el acto para el sábado, 2 de julio de igual año, a las 15:00, a la que no se conectó la autoridad ahora demandada, señalándose que serían notificados con nueva audiencia. La cual fue programada para el 14 de julio de 2022 a las 10:30; es decir, con una diferencia de doce días calendario entre uno y otro señalamiento, que también fue suspendida por falta de remisión de un Auto complementario emitido por el Juez de origen, suspendiéndola para el 16 del citado mes y año (feriado departamental) a las 10:00, que pese a la remisión de la documentación extrañada nuevamente fue suspendida para el 19 del mismo mes y año. Siendo llevada a cabo el 29 de julio de 2022 a las 10:30, en pleno desconocimiento del art. 251 del CPP, ya que después de la fundamentación de la apelación de la víctima, su abogado respondió a la misma; no obstante, la Vocal solicitó el documento en base al cual se estaba peticionando la ampliación del horario de salidas para el día sábado de 09:00 a 18:00; dado que, contaba únicamente con autorización por el Juez Cautelar de las 09:00 a 16:00; por lo que nuevamente suspendió la audiencia porque no contaba con la Sentencia 856/2021 de 25 de noviembre, (que sí constaba en el expediente), siendo señalada para el 2 de agosto del indicado año a las 08:30. Finalmente de sustanció la audiencia de medidas cautelares emitiéndose la Resolución 527/2022 de 3 de agosto, sin escuchar a sus abogados, olvidando fundamentar su reclamo sobre el derecho de salidas y confundiendo las mismas, revocó la resolución venida en apelación, disponiendo su detención preventiva por el plazo de treinta días, sin señalar donde debía ser cumplida, sin tomar en cuenta el plazo que ya había transcurrido y qué actuados quedaban pendientes de realización como exige el Código Adjetivo Penal. Además incluyó como consecuencia de la concurrencia del art. 234 inc. 1) del CPP, el numeral 2 del mismo artículo, cuando este ya había sido incluido por el Juez a quo en la resolución apelada, aspecto que no fue advertido por la Vocal demandada ocurriendo lo mismo con el art. 234 inc. 7) del CPP “que según la vocal se incluye”

(sic); empero, el mismo ya concurría desde la Resolución del Juez a quo, siendo lo único que se incluyó erróneamente como nuevo riesgo procesal el elemento domicilio del art. 234 inc. 1) del CPP, que no tiene fundamento lógico ni valedero. La resolución ahora confutada no consideró su apelación, ya que únicamente resolvió la apelación de contrario, por lo cual dejó de lado, el análisis y valoración integral de los documentos presentados ante el Juez cautelar y los presentados en alzada, por lo que la resolución resulta inmotivada y parcializada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa, vinculados con el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 22, 109.I, 115.II, 116.I, 119.I y II, 120.I y 180 de la Constitución Política el Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11.11 de la Declaración de los Derechos Humanos.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conde la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto las audiencias de 29 de julio, 2 y 3 de agosto, todas del 2022; así como la Resolución 527/2022, y sus Autos Complementarios, y como efecto lógico cualquier mandamiento de aprehensión y/o detención preventiva, emitidos en su contra; y, b) Se ordene la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, y se reestablezcan las formalidades legales, con condenación de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 302 a 310, presente el solicitante de tutela acompañado de su abogado y ausente las autoridades y funcionaria demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de demanda de acción tutelar, además adujo que: 1) El sindicado se encuentra siendo objeto de un proceso investigativo por el presunto delito de violencia familiar y/o doméstica, por una lesión física que ameritó tres días de impedimento, hecho que data del 27 de octubre de 2020; es decir, hace dos años atrás, por lo que emitida la imputación formal luego de dos rechazos se impuso en su contra medidas cautelares personales mediante Resolución 187/2022, asumiendo como riesgos procesales el “ 234 num. 2 y 7 y 235 num.2”; es decir, tres riesgos procesales que dieron lugar a que se disponga su detención domiciliaria con salidas laborales, arraigo y fianza entre otros, determinación contra la cual formuló apelación al igual que la presunta víctima; 2) Recurso que debió ser tramitado y resuelto por Félix Orlando Rojas Alcón, respecto al que si bien se justificó su inasistencia dado que por Decreto presidencial fue declarado en comisión para trasladarse a la ciudad de Sucre del 23 al 25 de junio de 2022, la causa nunca fue sorteada a Claudia Marcela Castro Dorado, vulnerando con ello, el debido proceso en su elemento al Juez natural; 3) La referida Vocal demandada, desde el 14 de junio hasta el 29 de julio, ambos de 2022, suspendió las audiencias más de cuarenta y cinco días, vulnerando el art. 251 del CPP; 4) El 29 de julio de 2022 se instaló la audiencia y después de escuchar la fundamentación de la parte contraria, cuando el abogado de la defensa hacia la exposición, fue interrumpido por la aludida Vocal, quien preguntó si existía resolución de autoridad familiar donde se hubiera dispuesto la guarda y las visitas, informándole que sí existía y que era parte del expediente, pese a ello decidió suspender la audiencia para el 2 de agosto de 2022; 5) El 3 de agosto de igual año, la Vocal ahora demandada, emitió la Resolución 527/2022, vulnerando el principio de legalidad respecto al cumplimiento del art. 251 del CPP, que refiere que bajo responsabilidad en audiencia y sin más trámite se emitirá resolución, por cuanto era imposible llevar adelante audiencia solo para dictar resolución, desconociendo con ello el principio de concentración; además que la misma fue firmada solo por ella; 6) La autoridad demandada hizo valoración únicamente a los elementos de prueba de la supuesta víctima, quien según habría adjuntado documentación para acreditar que el ahora accionante no cuenta con domicilio, lo que resulta falso por que se adjuntó un informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) “pasados”, cuando existe un informe actual obtenido por la fiscalía, mismo que fue presentado en calidad de prueba, que acredita su cédula de identidad, además se presentó Folio Real, facturas de agua, gas del domicilio donde habita el ahora solicitante de tutela; sin embargo, la resolución de apelación ahora confutada, refiere a un bien inmueble ubicado en la zona de Achumani bajo registro de titularidad de Elizabeth La Hera Fuentes que según la Vocal no se encontraba aparejado, cuando cursa a “fs. 147” de la acción de libertad que no fue toma en cuenta por la Vocal demandada; tampoco se tuvo presente la certificación de Servicio de Registro Cívico (SERECI), copia de una cédula de identidad donde refiere como domicilio la Avenida Velódromo número 72 con Folio Real 20104927530, respecto al cual la Vocal demandada alude que existe un contradictorio evidente sin señalar exactamente a que se refiere, cuando la ubicación de la casa dice número 72 que coincide con la dirección establecida en su cédula de identidad, por lo cual el Folio Real ratifica que tiene su domicilio en la Zona Koani número 72 Avenida Velódromo, de modo que se desconoció el deber que se tiene de realizar una valoración integral, conforme la jurisprudencia constitucional; así mismo, en cuanto a la valoración de las facturas de gas, luz y agua, las tres señalan como dirección Avenida Velódromo 72, de la Zona Koani, por lo que no existe contradicción, vulnerando el deber de motivación, dando lugar a la apelación de la presunta víctima y consiguientemente se entiende que no tiene domicilio sin explicar la presunta contradicción existente en los documentos antes señalados; 7) No dio lugar al elemento trabajo, sin embargo, hizo mención al art. 234 inc. 4 del CPP relativo a la conducta del imputado, en la media en que incida de no someterse al proceso, realiza una fundamentación para introducir el art. 234 inc. 2) del citado cuerpo legal, cuando ya estaba introducido inicialmente por lo que existe vulneración del principio de congruencia de los actos procesales; 8) La Vocal señaló que por jurisprudencia se ingresa el 234 inc. 1) y automáticamente el 234 inc. 2) ambos del CPP, indicando que son más riesgos procesales, por lo que declaró la procedencia de la apelación planteada por la víctima y revoco en parte la resolución apelada disponiendo su detención preventiva, sin señalar donde será cumplida, vulnerando el principio de congruencia; y, 9) En cuanto al derecho a visitas su defensa observó que se le había otorgado salidas laborales de 09:00 a 16:00 cuando tiene derecho de visitas de 09:00 a 18:00, reclamo respecto al cual se obtuvo una respuesta sin sentido, dado que se reclamó régimen de visitas y no probabilidad de autoría, por lo que la resolución resulta inmotivada y lesiona el principio de congruencia, además de omisiva al no resolver lo reclamado por el apelante.

I.2.2. Informe de las autoridades y funcionaria demandados

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 7 de agosto de 2022, cursante de fs. 291 a 292, expresó que: i) El Auto de Vista 527/2022, fue emitido en los plazos establecidos por norma y dentro de los parámetros y competencias establecidas en los arts. 396 y ss del CPP; ii) El accionante no puede pretender alegar conculcación de derechos, con base en un acto que la misma defensa ha generado por su omisión, debido a que no presentó reclamo en cuanto a las presuntas suspensiones injustificadas, por lo que no se demanda acción de libertad traslativa o de pronto despacho, dado que la audiencia ya fue desarrollada, no pudiendo buscar la nulidad de actos que no fueron oportunamente reclamados; iii) A tiempo de emitir el Auto de Vista confutado, consideró los parámetros establecidos en los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, advirtiéndose la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, en tal sentido conforme el art. 233 incs. 1) y 2) del CPP, se procedió a disponer la aplicación del art. 231 num. 10 de la Ley 1173, por lo cual conforme la jurisprudencia constitucional el Juez de garantías no puede ingresar a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria como lo pretende el solicitante de tutela dado que la probabilidad de autoría fue considera por una autoridad jurisdiccional competente en base a los elementos de prueba colectados por el Ministerio Público; iv) La autoridad constituida en contralora de derecho constitucionales no tiene la facultad de revalorizar la prueba que hubiera sido promovida en audiencia de apelación incidental de medias cautelares, más cuando, la parte accionante no fundamento de manera adecuada cual hubiera sido la valoración arbitraria que daña sus derechos; y, v) En audiencia de 3 de agosto de 2022, el impetrante de tutela, al solicitar la complementación y enmienda no hizo referencia a los extremos ahora manifestados, con relación a incongruencias respecto a la concurrencia de riesgos procesales, únicamente hizo referencia a la imposibilidad de aplicación de medidas cautelares reales y personales de forma paralela, por lo cual solicitó se deniegue la tutela impetrada por el ahora accionante. Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 7 de agosto de 2022, cursante de fs. 295 a 296, expresó: a) No existe vulneración de derechos de su parte, dado que quien emitió el Auto de Vista que resuelve la apelación de medidas cautelares fue Claudia Marcela Castro Dorado, no habiendo su persona participado de su suscripción; b) Ante la Sala Penal fueron remitidos dos legajos de apelaciones, uno de apelación incidental de medida cautelar contra la Resolución 187/2022, y una segunda apelación contra la Resolución 105/2022, es decir que la primera, fue sorteada de inicio a la Vocal ahora demandada, por lo que no participó en ninguna audiencia de apelación de media cautelar ni en la emisión de resolución de apelación; y, c) Su persona es relator de la resolución de apelación incidental en contra la resolución 105/2022, que resuelve el incidente de nulidad de imputación formal, que debe ser resuelto por ambos vocales, conforme el art. 404 del CPP. Al haberse emitido dos resoluciones el solicitante de tutela confundió los trámites, habiéndose accionado de manera incorrecta en su contra, por lo que carece de legitimidad pasiva, mérito por el cual impetro se deniegue la tutela solicitada. Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según informe presentado el 7 de agosto de 2022, cursante de fs. 300 a 301 vta., señaló: 1) En cuanto a, que el primer sorteo fue radicado ante Félix Orlando Rojas Alcón; no obstante, se hubiera hecho cargo inicialmente la Vocal, Claudia Marcela Castro Dorado, el ahora accionante no argumentó como es que su persona, hubiera incurrido en conculcación de derechos, pues no existe memorial alguno que haya presentado a efectos de solicitar algún informe o certificación respecto al sorteo efectuado para resolución de apelación de media cautelar, por lo que no puede generarse acciones tutelares sobre cuestiones que no hubieran sido observadas oportunamente; 2) Según sorteo del Sistema Integrado de registro Judicial (SIREJ) se remitieron dos tipos de apelación a su Sala, el 14 de junio de 2022, apelación de medida cautelar, que conforme el art. 251 del CPP, debe ser resuelta por un solo vocal, recayendo a conocimiento de la Vocal ahora demandada; 3) El 16 de mayo de 2022, se remitió a la Sala apelación incidental contra la Resolución 105/2022, que resuelve el incidente de nulidad de imputación formal, que conforme el art. 402 y 404 del CPP, por su tipología, debe ser resuelta por el tribunal; es decir, por ambos vocales, habiéndose señalado audiencia y emitido Auto de Vista 149/2022 de 15 de junio, cuyo relator fue el Vocal relator Félix Orlando Roja Alcón; y, 4) Realizó todos los trámites para la resolución de ambas apelaciones, y analizando la acción se tiene que la misma tiene por objeto la revisión del Auto de Vista 527/2022, que resuelve la media cautelar lleva a cabo por la Vocal demandada. El accionante confundió el trámite de ambas apelaciones, advirtiendo falta de legitimación pasiva de la misma. En tal virtud pidió se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 402/2022 de 7 de agosto, cursante de fs. 311 a 316 vta., concedió en parte la tutela solicitada por el accionante; contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 527/2022, ordenando que en el plazo de 48 horas, sin necesidad de convocar a audiencia la autoridad accionada emita nuevo fallo y aplique medidas cautelares personales previstas en el art. 231 Bis del CPP, que le permite medidas personales que puedan ser cumplidas por el ahora imputado con la finalidad que se respete su derecho a la libertad; y, denegó en parte la tutela impetrada en relación a Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal y Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara, ambos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con base en los siguientes fundamentos: i) En mérito al art. 251 del CPP, el Auto de Vista 527/2022, no es recurrible por ningún medio por lo cual se tiene por cumplido al principio de subsidiariedad; ii) El recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 187/2022 junio, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de El Alto del prenombrado departamento, que dispuso la aplicación de medidas cautelares personales contra el ahora accionante, fue radicado desde el principio a Claudia Marcela Castro Dorado, por lo que no son atendibles los argumentos vertidos por el abogado del solicitante de tutela; iii) En el Auto de Vista 527/2022, Claudia Marcela Castro Dorado, admitió el recurso de apelación planteado por Daniela Fernanda Salas Chávez en calidad de víctima y el ahora impetrante de tutela en calidad de imputado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, disponiendo su detención preventiva por un periodo de 30 días, pero efectivamente no señala en qué lugar tendría que guardar detención preventiva, conforme prevé el art. 236.4 del CPP, siendo el mismo un requisito sine quanon; de igual manera no tiene una adecuada fundamentación, porque no se explica de forma coherente por que la Vocal demandada, consideró se aplique la detención preventiva dentro del proceso penal antes señalado, dado que debió establecerse cuál es la finalidad de esa medida cautelar conforme los arts. 221 y 222 del CPP; así como, establecer si concurren los presupuestos procesales establecidos en el art. 233 incs. 1), 2) y 3) del CPP, de igual manera el art. 235 ter y el art. 236 del CPP, que establece cual debe ser el contenido de una resolución judicial en estos casos. En la presenta causa, revisada la imputación formal presentada por el Ministerio Público contra el ahora accionante, gira en torno a un agresión que sufrió su ex pareja a la que le otorgaron tres días de incapacidad, que dio lugar a la solicitud de aplicación de medidas cautelares personales, no habiendo el Ministerio Público pedido la detención preventiva del ahora imputado, existen antes de la resolución de imputación formal dos resoluciones de rechazo por lo que la Vocal demandada debió realizar una valoración integral y el test de proporcionalidad, cuáles son los riesgos procesales y cuál la necesidad proporcionalidad, pertinencia y legalidad de aplicación de una medida extrema como la detención preventiva; iv) La Ley 1173, estableció que la libertad es la regla y la detención preventiva es la excepción, en el presente caso no existe proporcionalidad en la Resolución 527/2022, entre el hecho que generó la investigación por parte del Ministerio Público y los riesgos procesales que se han resuelto en audiencia de aplicación de medidas cautelares personales y la motivación que haya generado la Vocal para disponer la procedencia de la detención preventiva, sin establecer –se reitera– el lugar donde debería guardar dicha medida, por lo que el Auto cuestionado carece de motivación y fundamentación; y, v) Concurre falta de legitimación activa en relación a Félix Orlando Rojas Alcón, ya que esa autoridad no emitió el Auto de Vista 527/2022, de igual manera en cuanto a Ximena Jiménez Chura, que carece de legitimada pasiva ya que no intervino en la emisión del Auto de Vista cuestionado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 7 de marzo de 2022, Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Justicia Juvenil de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, dentro del proceso que sigue el Ministerio Público a denuncia de Daniela Fernanda Salas Chávez contra Andrés La Hera Fuentes, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó imputación formal; en la que, solicitó la aplicación de medidas cautelares personales como: obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que designe; prohibición de concurrir a lugares donde frecuente la mujer en situación de violencia; prohibición de comunicarse con la víctima, prohibición de salir del país o del ámbito territorial disponiendo su arraigo y detención domiciliaria a cumplirse en un domicilio real distinto al de la víctima (fs. 7 a 12). II.2. A través de Auto Interlocutorio 187/2022 de 9 de junio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal citado en el parágrafo que precede, ordenó la detención domiciliaria de Andrés La Hera Fuente y otras medidas personales, interponiendo recurso de apelación incidental tanto la víctima como el encausado (fs. 176 a 178), que fue remitida al día siguiente a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 188), recibida el 14 de igual mes y año (fs. 188 vta.).

II.3. El 9 de junio de 2022, el ahora accionante interpuso ante el Juez Penal de la causa, memorial de aclaración solicitando que se disponga además sus salida de 08:00 a 19:00 incluso el día sábado a efecto de cumplir con el ejercicio de su derecho a visitas a su hija menor de edad (fs. 203 y vta.) resuelto mediante Auto Interlocutorio de 24 de junio de 2022, disponiendo que la detención domiciliaria con salidas laborales sea además los sábados de las 09:00 a 16:00 (fs. 207) remitido y recibido en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 24 de junio de 2022 (fs. 208 y vta.); no obstante, dicha determinación mereció memorial de enmienda planteado por el hoy impetrante de tutela dado que solicitó la orden de salida hasta de 09:00 a 18:00 (fs. 216) resuelta por Auto de 30 de junio de 2022, declarando el Juez de instancia no ha lugar a la misma (fs.217). II.4. El 7 de julio de 2022, el ahora accionante presentó ante el Juez de instancia, ratificación del recurso de apelación haciendo extensible al Auto de 24 de junio de 2022 y Auto de 30 de igual mes y año, solicitando se disponga la complementación del recurso de apelación con los referidos autos más los memoriales presentados al efecto (fs. 218), pedido diferido por Decreto de 8 de julio de 2022 (fs. 219), que fue remitido y recibido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 9 de julio de mismo año (fs. 223 y 224).

II.5. El 15 de junio de 2022, Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara, señaló en audiencia de apelación de la medida cautelar pre citada para el 23 de igual mes y año a las 12:00 pm (fs. 189); sin embargo, la cual fue suspendida dado que los Vocales fueron notificados a efecto de constituirse en Sala Plena el mismo día; por lo que, mediante Decreto de 24 de junio de 2022, fue reprogramada para el 1 de julio del citado año a las 9:40 (fs. 192) la que fue suspendida por la inasistencia del abogado de Andrés La Hera Fuente, por lo cual se difirió la celebración de la audiencia para el 2 de igual data a las15:00 (fs. 211), instalada la audiencia ese día, se informó por la Secretaria de Cámara que no se cumplieron las formalidades de ley, y que existían problemas de conexión que imposibilitaban la verificación de la presencia de las partes, por lo que Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribual Departamental de Justicia de La Paz –ahora codemandada–, fijó el actuado procesal para el 14 de julio de igual año a las 10:30 ( fs. 213). II.6. Instalada la audiencia el 14 de julio de 2022 a las 10:30, el abogado del hoy impetrante de tutela, ordenó a la Vocal demandada, que por Secretaria de Cámara se oficie al Juez de origen a afecto que remita una copia legible del Auto de 30 de junio de 2022, por lo cual difirió la audiencia para el sábado 16 de igual data a las 10:00 (fs.226 y vta.). II.7. El sábado 16 de julio de 2022 a las 10:00, instalada la audiencia el abogado de la parte querellante adujo “ voy a presentar en esta audiencia el auto que se está extrañando, de 24 de junio, donde claramente dispone el rechazo de la solicitud por parte del imputado, yo no veo cual es el problema de que se pueda llevar a cabo la audiencia maxime tomando en cuenta que el imputado también es apelante, eso es lo que llama la atención, el afán de querer suspender de manera constante la apelación a la resolución…” (sic.) no obstante la Vocal ahora accionada re programo audiencia para el 19 de julio de 2022 a las 09:30, ordenando se conmine a la autoridad de origen remita la documentación requerida (fs. 235 a 236), la fecha indicada la audiencia también fue suspendida para el 29 de mismo mes y año a las 10:30 toda vez que la Vocal Relatora se encontraba con permiso autorizado por presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs.237). II.8. En la audiencia de 29 de julio de 2002 pre citada, la Vocal accionada adujo que, siendo indispensable poder compulsar el documento donde se dispuso la guarda y horario de visitas de la hija menor de edad del ahora accionante decreto un cuarto intermedio hasta el martes 2 de agosto de igual año a las 08:30 (fs. 272 a 275 vta.). II.9. El 1 de agosto de 2022, Andrés La Hera Fuentes, presentó memorial ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la documentación extrañada en la audiencia de 29 de julio de igual año (fs. 239 y vta.) lo mismo Daniela Fernanda Salas Chávez, quien por memorial de 1 de agosto de 2022 remitió el Auto de Vista 10/2022 de 13 de enero, extrañado por la Vocal hoy demandada (fs. 270). II.10. Finalmente mediante Auto de Vista 527/2022 de 3 de agosto en audiencia de apelación incidental de consideración de media cautelar se dispuso entre otros la detención preventiva del ahora solicitante de tutela, por el periodo de 30 días (fs. 276 a 280).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa, al Juez natural y al principio de legalidad, debido a que: a) Planteó apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares personales emitidas en su contra, la que una vez remitida a la Sala Penal Cuarta respectiva, fue sorteada para ser conocida y resuelta por el Vocal Félix Orlando Rojas Alcón ahora demandado; no obstante, de manera irregular fue resuelta por otra Vocal Claudia Marcela Castro Dorado autoridad codemandada, aspecto que a criterio del accionante, debe ser explicado por el Vocal y la Secretaria de Cámara demandados; y, b) La aludida Vocal: 1) Vulneró el principio de celeridad, pues si bien señaló audiencia para considerar su apelación incidental, suspendió dicho verificativo difiriéndolo desde el 15 de junio de 2022 de manera sucesiva, hasta el 3 de agosto de igual mes y año; y, 2) Al emitir la Resolución 527/2022, incurrió en incongruencia omisiva, pues soslayó pronunciarse con relación a su derecho de salidas, confundiendo dicho aspecto con la probabilidad de autoría, que nunca cuestionó; sumado a ello, con argumentos confusos sostuvo que no contaba con domicilio, sin explicar cuál sería el contradictorio evidente ni consideró la prueba aportada consistente en Folio Real y facturas de servicios básicos, que debieron ser valorados integralmente; y, para colmo no señaló el lugar donde cumpliría detención preventiva ni que actuados procesales quedaban pendientes de realizar. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

Sobre el particular, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, remarco que: “Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.

III.2. Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad

Las dilaciones injustificadas que tengan una repercusión directa en la libertad de la persona, constituyen actos lesivos al ejercicio del derecho a la libertad física y de locomoción; en efecto, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, es la garantía jurisdiccional destinado a contrarrestar las retardaciones; así, el entonces Tribunal Constitucional, en los entendimientos de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, declaró lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. Sobre el particular, la SC 0570/2006-R de 19 de junio, sostuvo que: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”.

En el marco del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, que: “Por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la libertad física en una especie de condena anticipada.

En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: 'Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes'. La jurisprudencia constitucional ha sido contundente al sostener que: '…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionad’ (SC 0224/2004-R de 16 de febrero).

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”.

III.3. La acción de libertad innovativa

Respecto a la acción de libertad innovativa y su ámbito de protección la jurisdicción constitucional se ha pronunciado, entre otras en la SCP 0448/21018-S2 de 27 de agosto, remitiéndose y siguiendo la orientación de su similar 2491/2012 de 3 de diciembre, en la cual se indicó, en lo pertinente que: ‘“…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…) De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades”. Criterio seguido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0142/2014-S3 de 10 de noviembre, 0633/2015-S1 de 15 de junio, 0680/2016-S1 de 15 de junio, entre otras. Sobre el razonamiento antecedido y haciendo referencia a la antes citada SCP 2491/2012, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. Criterio seguido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0439/2017-S3 de 26 de mayo, 0676/2017-S2 de 3 de julio y 0688/2017-S2 de 3 de julio entre otras. De lo que se colige que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando estos hayan cesado, es la acción de libertad innovativa, que tiene como propósito evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea de parte de agentes públicos como de personas particulares”.

De la jurisprudencia glosada precedentemente, se extrae que la acción de libertad innovativa, es el mecanismo idóneo para reparar la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad, no obstante de haber ésta cesado a efectos de determinar la responsabilidad del caso.

III.4. El principio de congruencia como elemento del debido proceso

La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa.

En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso en concreto

El accionante alegó la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, debido a que: i) Planteó apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares personales emitidas en su contra, la que una vez remitida a la Sala Penal Cuarta respectiva, fue sorteada para ser conocida y resuelta por Félix Orlando Rojas Alcón Vocal ahora demandado; no obstante, de manera irregular fue resuelta por Claudia Marcela Castro Dorado Vocal codemandada, aspecto que a criterio del solicitante de tutela, debe ser explicado por el Vocal y la Secretaria de Cámara demandados; y, ii) La aludida Vocal: a) Vulneró el principio de celeridad, pues si bien señaló audiencia para considerar su apelación incidental, suspendió dicho verificativo difiriéndolo desde el 15 de junio de 2022 de manera sucesiva, hasta el 3 de agosto de igual mes y año; y, b) Al emitir la Resolución 527/2022, incurrió en incongruencia omisiva, ya que soslayó pronunciarse con relación a su derecho de salidas, confundiendo dicho aspecto con la probabilidad de autoría, que nunca cuestionó; sumado a ello, con argumentos confusos sostuvo que no contaba con domicilio, sin explicar cuál sería el contradictorio evidente ni consideró la prueba aportada consistente en Folio Real y facturas de servicios básicos, que debieron ser valorados integralmente; y, para colmo no indicó el lugar donde cumpliría detención preventiva ni que actuados procesales quedaban pendientes de realizar. En la especie, con relación a la primera problemática, debe señalarse que de acuerdo con lo expresado por el Vocal demandado en su informe escrito, no desvirtuado por el ahora accionante, sino más bien corroborado por la Secretaria de Cámara también demandada en esta acción tutelar, dicha autoridad en ningún momento conoció la apelación realizada contra la Resolución 527/2022 de 9 de junio, de medidas cautelares. En ese mérito, y toda vez que la presente acción fue planteada pidiendo se deje sin efecto la Resolución 527/2022, Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal hoy demandado, carece de legitimación pasiva, conforme prevé el Fundamento Jurídico III.1., dado que la presente acción fue dirigida contra una autoridad que no causo ninguna lesión, al no haber suscrito dicho fallo, ocurriendo lo mismo en cuanto a Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo que las suspensiones de las audiencias reclamadas no son atribuibles a su persona y menos la emisión de la Resolución 527/2022, motivo por corresponder denegar la tutela impetrada con relación a los prenombrados, al carecer de legitimación pasiva. Ahora bien, con relación a la segunda problemática, a través de la cual se cuestiona en una primera parte, una presunta dilación generada por la Vocal Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la prenombrada Sala Penal; se tiene de obrados que, según la Conclusión II.2. dentro del proceso que sigue el Ministerio Público a denuncia de Daniela Fernanda Salas Chávez contra Andrés La Hera Fuentes, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por medio de Auto Interlocutorio 187/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, ordenó la detención domiciliaria del encausado y otras medidas personales, por lo que plantearon recurso de apelación incidental tanto la víctima como el interesado, que fue remitida al día siguiente a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recibida en esa Sala el 14 de junio de 2022. El 15 de junio de 2022, Ximena Jiménez Chura, Secretaria de Cámara, señalo audiencia de apelación de la medida cautelar pre citada para el 23 de junio de igual año a las 12:00; sin embargo, la misma fue suspendida dado que los Vocales, hoy demandados fueron notificados a efecto de constituirse en Sala Plena para el mismo día de la audiencia, por lo que mediante Decreto de 24 de junio de 2022, fue reprogramada para el 1 de julio de igual año a las 09:40, una vez instalada fue suspendida por la inasistencia del abogado de Andrés La Hera Fuente, por lo que se difirió la celebración de la audiencia para el 2 de julio de mismo año a las 15:00. Instalada la audiencia ese día, la Secretaria de Cámara, informó que no se cumplieron las formalidades de ley, y que existían problemas de conexión que imposibilitaban la verificación de la presencia de las partes, por lo Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal demandada, fijó el actuado procesal para el 14 de julio de igual año a las 10:30 (Conclusión II.5.).

Así mismo, se instaló audiencia el indicado día, donde el abogado del ahora accionante, expreso que con carácter previo la secretaria informe sobre la remisión de una apelación complementaria que planteo en relación al Auto de 24 de junio de 2022 que emitió el Juez de la causa (conforme se tiene en la Conclusión II.4.), dado que en audiencia de medidas cautelares solicito la complementación de la misma respecto a horario de salida en su favor, ya que cuenta con derecho a visitas para poder ver a su hija menor de edad, que habiendo sido apelada debería ser conforme el criterio del Juez de la causa, resuelta junto con la apelación principal. Al respecto la Vocal demandada, adujo que de la revisión del legajo de apelación el Juez aquo remitió el Auto de 24 de junio de 2022, así mismo el Auto de 30 de junio de igual año, “evidenciando con relación al primer documento de referencia contraria con las firmas respectivas, empero con relación al segundo auto complementario, resultare no ser muy legible en cuanto a la copia faccionada,” (sic.) por lo que ordenó que por Secretaria de Cámara se oficie al Juez de origen a afecto que remita una copia legible del Auto de 30 de junio de 2022, por lo que difirió la audiencia habilitando horario extraordinario para el sábado 16 de julio a las 10:00 de idéntica gestión (Conclusión II.6.). El sábado 16 de julio a las 10:00 de igual año, instalada la audiencia el abogado de la parte querellante alegó “voy a presentar en esta audiencia el auto que es está extrañando, de 24 de junio, donde claramente dispone el rechazo de la solicitud por parte del imputado, yo no veo cual es el problema de que se pueda llevar a cabo la audiencia maxime tomando en cuenta que el imputado también es apelante, eso es lo que llama la atención, el afán de querer suspender de manera constante la apelación a la resolución…” (sic.) no obstante la Vocal accionada re programo audiencia para el 19 de julio a las 09:30, ordenando se conmine a la autoridad de origen remita la documentación requerida. Así en dicha fecha la audiencia también fue suspendida para el 29 de julio de 2022 a las 10:30; toda vez que, la Vocal Relatora se encontraba con permiso autorizado por presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.7.). En audiencia de 29 de julio de 2002, la Vocal demandada profirió que, siendo indispensable poder compulsar el documento donde que dispuso la guardas y horario de visitas de la hija del ahora impetrante de tutela correspondía disponer un cuarto intermedio hasta el martes 2 de agosto de mismo año a las 8:30 (Conclusión II.8.), presentada por las partes la documentación extrañada, se llevó adelante audiencia de apelación de medidas cautelares emitiéndose el Auto de Vista 527/2022 de 3 de agosto cautelar se dispuso entre otros la detención preventiva por el periodo de 30 días respecto al ahora accionante (Conclusión II.10.). En ese marco, resulta imperante considerar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0965/2022-S4 de 1 de agosto, que respecto al señalamiento de audiencia para la consideración de la apelación incidental del fallo que impone una medida cautelar, concluyó: “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en lo que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado” (las negrillas son nuestras). Bajo ese entendido, de los actuados procesales desglosados, se tiene que la apelación deducida por el impetrante de tutela, fue recibida el 14 de junio de 2022; por lo que, correspondía según la jurisprudencia de referencia, que dicho recurso sea resuelto dentro de los tres días de dicha recepción, lo que no aconteció en el caso de autos; sumado a ello, se suspendieron en reiteradas oportunidades las audiencias en su mayoría de manera injustificada y se realizaron señalamientos para la sustanciación de las mismas, con varios días para su realización, constatándose que la autoridad demandada inobservó el principio de celeridad conforme el Fundamento Jurídico III.2., dilatando la audiencia de medidas cautelares indebidamente, sin que pudiera resolverse la situación jurídica del encausado, desconociendo los principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, conforme se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; y si bien, no puede soslayarse que la audiencia de apelación a la fecha de interposición de la presente acción tutelar ya fue sustanciada, corresponde ante la evidente dilación advertida conceder la tutela impetrada, en la modalidad innovativa conforme el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, con la finalidad de evitar que en lo sucesivo se reiteren esas conductas reñidas con el orden constitucional, exhortando a la autoridad demandada vele por el efectivo cumplimiento de la norma adjetiva penal y jurisprudencia constitucional. En cuanto a la segunda parte de la problemática planteada, cuyos actos denunciados se encuentran vinculados directamente con el fondo de lo resuelto en el fallo confutado, corresponde ingresar a desglosar su contenido, con la finalidad de verificar si lo denunciado a través de esta acción de defensa, resulta ser o no evidente. En ese mérito, el precitado Auto de Vista, resumió los argumentos de la víctima, manifestando que: 1) En cuanto al riesgo de fuga de acuerdo al art. 234 inc.1) del CPP, en su vertiente de domicilio, este no fue acreditado, en mérito a la compulsa del certificado del SERECI y SEGIP, y así también el certificado de titularidad de propiedad que se encuentra a nombre de la madre del sindicado; por lo que, se hubiera aportado aproximadamente tres domicilios, uno ubicado en la calle Los Alamos 18, otro ubicado en la Calle Guerrilleros Lanza y otro en la av. Velódromo 72; por lo cual, dicha contradicción no demuestra habitualidad, por lo que el Juez de instancia, no debió tener por desvirtuado el riesgo procesal aludido; 2) La actividad lícita, tampoco se hubiera acreditado por cuanto el contrato no estuviera refrendado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y se encuentra sin identificación tributaria; 3) En cuanto al art. 234 inc. 4) del CPP, se hubiera demostrando en audiencia cautelar la actitud reticente del sindicado, que no acudió al llamado del Ministerio Público en más de tres ocasiones, logrando suspender su declaración informativa, en cuyo mérito se emitieron dos resoluciones de rechazo, extremo que no fue considerado por el Juez a quo; y, 4) En relación al art. 234 inc. 7) del CPP, relativo al peligro efectivo para la víctima, el Juez de instancia no se pronunció ni valoró la revictimización de la víctima, solicitando se revoque la resolución inicial y se disponga la detención preventiva del ahora accionante por el periodo de cinco meses. En cuanto al recurso de apelación, del hoy impetrante de tutela, refirió que: i) Invocó el art. 232 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 209 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Laucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–, en cuanto a la imposibilidad de imponer una detención preventiva en cuyo mérito se dispuso medida cautelar de carácter personal, indicando que el hecho se hubiera suscitado hace más de un año y tres meses donde no se pudo contar con suficientes testigos respecto al hecho atribuido, como que la víctima no se presentó a la respectiva pericia ni a las actuaciones solicitadas por la sindicada. En relación al domicilio hubiera aportado Folio Real actualizado, más la facturación de consumo de servicios básicos que acreditan su domicilio, y en relación a la actividad laboral, presentó certificado que acredita su actividad laboral; y, ii) Refirió que, mediante resolución familiar cuenta con horario de visitas en razón a una menor la cual se encuentra bajo la guarda de su ex pareja, ocurriendo que el sindicado no se constituyó en el domicilio de la víctima sino a la escuela de padres, debiendo cumplirse el horario de visitas de 09:00 a 18:00, los días sábados por lo que pidió se tenga presente la resolución emitida por el Juez familiar. Respecto a lo expuesto, la autoridad judicial arribo en el Auto de Vista confutado a las siguientes conclusiones: a) En relación al art. 234 inc. 1) del CPP, sostuvo que el Folio Real actualizado presentado por el imputado, aludía a un bien inmueble ubicado en la “Z Achumani” bajo registro de titularidad de Elizabeth La Hera Fuentes, dirección que no concordaba con la copia de la cédula de identidad que señalaba como domicilio Av. Velódromo 72 Koani, cuya contradicción era evidente; por lo que, no se acreditaba cual fuere la habitualidad en cuanto al domicilio de la parte sindicada, efecto para el cual resultaba pertinente contar con el registro domiciliario policial, que no fue efectivizado en etapa preliminar, mérito por el cual tuvo por concurrente el agravio deducido; b) En cuanto a la actividad lícita, reclamada por la víctima, aludió que hubiera aportado un contrato de trabajo, y otro posterior, suscrito entre Rita Guerrero Tejada y el ahora accionante en la Empresa Comercial con Número de Identificación Tributaria (NIT) y licencia de funcionamiento, dentro del contenido del contrato refiere que el sindicado trabaja como empleado en bodega existiendo una contrariedad respecto a la cédula de identidad donde refiere que tiene como ocupación abogado; sin embargo, entendiendo que a pesar de su profesión es libre de realizar otras actividades, se tiene en el Juez aquo, valoró correctamente la actividad lícita a tiempo de manifestar que no subsiste el referido riesgo procesal; c) En cuanto al art. 234 inc.4) del CPP, respecto al accionar reticente del ahora solicitante de tutela, evidenció que efectivamente el Juez de instancia, no motivó con relación al riesgo de declaración de rebeldía o el acta de incomparecencia en “tal sentido se tiene por adecuada la motivación y fundamentación efectuada por la autoridad a quo” (sic.); d) En relación al art. 234 inc. 7) del CPP, peligro efectivo para la víctima, el Juez a quo detalló las agresiones físicas sufridas por la presunta víctima, informe psicológico y otro, empero no realizó una fundamentación precisa en torno al cumplimiento o no de las medidas de protección, contenidas en el art. 35 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 – Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia–; sin embargo, pudo advertir que ni la parte sindicada ni el Ministerio Público demostraron el cumplimento de esas medidas, ya que la víctima no podía ser sujeta a revictimización por el agresor, ello en cumplimiento del art. 115.II de la CPE, y la Convención Sobre la Eliminación de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), por lo que no habiéndose demostrado dicho extremo y teniendo presente que la víctima pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad, el peligro efectivo para la víctima se encontraba debidamente motivado, aclarando que si bien el Juez a quo no realizó una amplia fundamentación al respecto, tuvo por concurrente dicho riesgo manteniendo subsistente dicho peligro; e) Asimismo, se funda como parte de agravio en torno a la inexistencia del presunto hecho denunciado advirtiendo existir una autorización de visita al menor de edad hijo de la víctima y el sindicado, realizado ante la Escuela de Padres por determinación de autoridad familia, refiriendo el apelante hoy accionante no existir sustento con relación al art. 233 núm. 1) de la Ley 1173; en ese contexto, manifestó que dentro del Interlocutorio recurrido la autoridad a quo, detalló el modo, tiempo y lugar donde presuntamente se suscitó el hecho aludiendo incluso la Certificación forense que cursa en el cuaderno de investigación, dando cumplimiento al art. 302 núm. 4) de la citada Ley, aclarando que es el Representante del Ministerio Público quien de acuerdo a norma y potestativa constitucional arroga la calificación provisional del ilícito, emergente de la subsunción del presunto hecho suscitado, en observancia del art. 40 de la Ley 260 de 11 de julio de 2012 –Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)–, “en cuyo efecto, no se puede verter sustento de agravio con relación a este extremo” (sic); f) En consecuencia al no haberse demostrado arraigo natural en el marco del art. 234.1 del CPP, conforme a la jurisprudencia constitucional también concurre el inc. 2 del mismo cuerpo legal, así como el peligro efectivo para la víctima; y, g) En cuyo mérito el Juez a quo no dio cumplimiento al art. 124 del CPP, en torno a la debida fundamentación y motivación; argumentos en torno a los cuales declaró la improcedencia del recurso planteado por el impetrante de tutela y la procedencia en parte del recurso formulado por la víctima, en cuyo efecto revocó en parte la Resolución 187/2022, disponiendo su detención preventiva por un periodo de 30 días, que una vez cumplidos el Juez a quo, de oficio convocará a audiencia de consideración de situación jurídica de acuerdo al respectivo cómputo a realizarse el día 3 de septiembre del 2022. Ahora bien, de la contrastación realizada, se tiene en cuanto a la presunta denuncia de incongruencia omisiva, ya que la autoridad demandada soslayó pronunciarse con relación a su derecho de salidas para cumplir con el horario de visitas a su hija los días sábados de 09:00 a 18:00, confundiendo dicho aspecto con la probabilidad de autoría, que nunca cuestionó; al respecto, de acuerdo a la ilustración precedente, es evidente que la autoridad demandada confundió la solicitud realizada por el accionante, quien pidió expresamente que al momento de emitir el fallo correspondiente, se tome en cuenta la resolución emitida por el Juez de Familia, respecto al régimen de vistas otorgada a su favor, no existiendo consideración positiva ni negativa, pese a que dicho extremo constituyó conforme puede advertirse del contenido de su apelación, un aspecto expresamente solicitado, incurriendo con dicho accionar en un defecto de incongruencia omisiva, entendida por la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, cuando la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa. Mérito por el cual debe concederse la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 527/2022, ordenando a la autoridad demandada emita nuevo fallo en el que deberá pronunciarse en torno a la falta de respuesta advertida, con la debida fundamentación y motivación. Con relación a la denuncia concerniente al art. 234.1 relativa al domicilio, y la omisión valorativa de la prueba que fue aparejada para su acreditación consistente en Folio Real y facturas de servicios básicos, que debieron ser valorados integralmente; debe señalarse que de acuerdo al contenido del fallo en cuestión, la autoridad demandada centro su análisis precisamente en el Folio Real extrañado, el cual contrastó con la copia del carnet de identidad del imputado, verificando la existencia de contradicción entre ambos, pues el primero consignaba un bien inmueble ubicado en la “Z Achumani”, y la cédula reflejaba como domicilio “Av Velódromo Nº 72, Koani” (sic), sin que pueda por ello acreditarse la habitualidad del domicilio, ya que tampoco se contaba con registro domiciliario policial; en cuyo marco, si bien es evidente que no consideró las facturas de servicios básicos –gas, luz y agua–, que según el accionante corroboraban la dirección de su domicilio en “Avenida Velódromo número 72 de la Zona Koani”, debe considerarse que no todo defecto procesal probatorio causa per se una indefensión material con relevancia constitucional, sino solo aquella que repercutirá en el fondo de la decisión asumida, situación que no concurre en el caso presente, pues aún de disponerse su compulsa, la contradicción advertida siempre será evidente, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada en este punto. En el marco de la compulsa efectuada, corresponde además que la autoridad demandada, subsane las omisiones formales, como el recinto penitenciario donde el imputado guardará detención preventiva, en la que incurrió al emitir el Auto de Vista 527/2022, dejado sin efecto en virtud a la concesión precedente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 402/2022 de 7 de agosto, cursante de fs. 311 a 316 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en cuanto a la incongruencia omisiva advertida, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo su situación jurídica hubiera cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0670_2024-S4.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8da79b53dbc5efd434164fe1eae16b433d0511482e73ef22b76bd76265b76f50

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