B.IA.LEGAL

SCP 0670/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 1 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
1 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
43541-2021-88-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso; señalando que el Vocal de la Sala Penal −ahora demandado−, mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental, y confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2021, señalando que la parte apelante no enervo los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, declarando así la improcedencia de su recurso, ello en base a un razonamiento sin la debida fundamentación necesaria que justifique se mantenga la imposición de las referidas medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 14 de octubre, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinceavo de departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.
  2. III.2. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Protección de los derechos de los niños y del interés superior.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0670/2023-S4 Sucre, 1 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 43541-2021-88-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/2021 14 de octubre, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay, en representación sin mandato de Ali Ribera Julio contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2021, cursante de fs. 1; y, 4 a 6 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70182971; en audiencia de medidas cautelares le impusieron detención preventiva, alegando la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Presentada la solicitud de cesación de medidas cautelares, a través del Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2021, se denegó la misma; no obstante que cumplió con demostrar a través de documental idónea y suficiente –a decir de él− que correspondía dar curso a lo impetrado; vulnerando de esta forma su derecho a la libertad, debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Apelada que fue la determinación del Juez a quo, mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, se declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 27 de septiembre del mismo año; señalando que la parte apelante no enervo los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, decisión asumida sin la debida fundamentación que justifique se mantenga la imposición de las referidas medidas cautelares personales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, por medio de su representante sin mandato denunció vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.1, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene al Vocal – hoy demandado− dictar una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 24 y vta., presente la parte solicitante de tuitela; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de libertad en todas sus partes.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación, cursante a fs. 17.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinceavo del Departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2021 de 14 de octubre, cursante de fs. 25 a 27 vta., denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) Pudo resultar conveniente que el accionante haya logrado establecer con claridad porqué la labor interpretativa impugnada resultó insuficientemente motivada, arbitraria o incongruente; en ese marco debió identificar las reglas de interpretación que hubiesen sido omitidas por la instancia judicial, debiendo precisar los derechos fundamentales o garantías constitucionales que hubiesen sido trastocadas, estableciendo el nexo de causalidad que propicio este aspecto y con ese resultado determinar la relevancia constitucional que poseía; b) Si se pretendía que la jurisdicción constitucional revisase la valoración de la prueba, la parte accionante debió señalar que pruebas concretamente fueron erróneamente valoradas y señalar además en qué medida esta falta de valoración tuvo incidencia en la emisión de la Resolución final, al no cumplir con estos presupuestos o requisitos, la justicia constitucional se vio impedida de analizar y establecer una presunta falta de motivación o congruencia; c) La parte solicitante de tutela no estableció por qué la labor interpretativa de la autoridad hoy demandada resultó insuficiente, inmotivada o arbitraria y que con esta situación se hubieran lesionado derechos y/o garantías, restando demostrar si fruto de ello el fallo hubiera resultado diferente; d) Al no haberse cumplido con estas circunstancias que son exigidas por la justicia constitucional, no es posible que –el Juez de garantías− se integrase a la revisión de la labor interpretativa de la legalidad ordinaria, no pudiendo ingresar al fondo de la problemática planteada; decantándose en consecuencia, por denegar la tutela impetrada.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 24 de noviembre de 2022 cursante a fs. 31, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; y, en fecha 10 de febrero de 2023, se conminó para que se remita la documentación extrañada; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de julio de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, dispuso rechazar y declarar improcedente la solicitud de cesación de las medidas cautelares, impetrada por Ali Ribera Julio –ahora accionante–, manteniendo vigente la Resolución que dispuso tal medida (fs. 53 a 57). II.2. Consta acta de apelación de medida cautelar de 11 de octubre de 2021, en el cual el accionante, planteó los argumentos de su apelación incidental (fs. 63 a 65).

II.3. A través del Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, Julio Nelson Alba Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por la parte acusada y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 27 de septiembre del año precitado apelado (fs. 65 a 67).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso; señalando que el Vocal de la Sala Penal −ahora demandado−, mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental, y confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2021, señalando que la parte apelante no enervo los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, declarando así la improcedencia de su recurso, ello en base a un razonamiento sin la debida fundamentación necesaria que justifique se mantenga la imposición de las referidas medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R.

(…)

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas son añadidas).

III.2. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización. Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: ‘…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático». En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial. En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado. (…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...‴ (las negrillas son nuestras). Así, la SCP 0405/2018-S4 de 13 de agosto, concluyó señalando que: “La ponderación es el método de resolución de los conflictos entre los principios y, por tanto, no se opone a la subsunción sino a los criterios de solución de antinomías; es más antes de ponderar entre dos principios en pugna, es preciso un ejercicio de subsunción, formulando un juicio de relevancia respecto de cada uno de ellos. Y, luego, la propia ponderación se endereza a la construcción de una regla apta para la subsunción, pues ponderar consiste en atribuir un peso relativo a los principios relevantes a la luz de las circunstancias del caso, esto, consiste en precisar la condición de aplicación (en los principios en sentido estricto) o la consecuencia jurídica (en las directrices) que en el enunciado constitucional aparecen indeterminadas. En pocas palabras, la ponderación trata de dar respuesta a esta pregunta: a la luz de las propiedades que presenta un caso en el que resultan relevantes dos principios, cuál de ellos debe triunfar y cuál debe ceder; de ahí el resultado de la ponderación sea el establecimiento de una ‘jerarquía móvil’ puesto que un cambio en las circunstancias determina un cambio en la prioridad de los principios.

De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Protección de los derechos de los niños y del interés superior.

Jurisprudencia reiterada Respecto de los derechos de los niños, la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, señaló que: “El principio del interés superior del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, cuya entrada en vigor en Bolivia se produjo mediante la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, que fue aprobada por la mayoría de los países miembros de la ONU, justamente por su importancia en la protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, la misma dispuso en su art. 3.1 y 2 lo siguiente: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas‛. Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.

Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es ‘el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar‛, asimismo, para Gatica y Chaimovic ‘debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña‛, por otra Zermatten señala que ‘el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia‛. En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño. En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado‛, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses…” (las negrillas son añadidas). Los instrumentos internacionales al igual que la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia citada, de manera uniforme privilegian el tratamiento de los menores y sus derechos tanto en los procesos penales en los que pudieran ser motivo de juzgamiento, como en los que pudiesen ser víctimas de delitos, debiendo imponerse en su caso las medidas necesarias que permitan garantizar su cumplimiento y protección.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció vulneración de su derecho a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso; señalando que la autoridad ahora demandada, mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, declaró improcedente su recurso de apelación incidental, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2021 que rechazo su solicitud de cesación a la detención preventiva; señalando que la parte apelante no enervó los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, decisión asumida sin la debida fundamentación. Ahora bien, considerando que el problema jurídico planteado converge en una presunta falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado, corresponde remitirnos a su contenido a efectos de corroborar si lo alegado por el accionante resulta ser o no evidente.

Al respecto, en el primer Considerando el Vocal demandado consignó los agravios identificados por la defensa, señalando que con relación al art. 239.1 del CPP, se otorga la permisión a los imputados de recurrir ante la autoridad jurisdiccional, a pedir se deje sin efecto la medida extrema (detención preventiva), señalando que para ello deben existir “nuevos requisitos” o nuevos elementos que permitan enervar los motivos legales −riesgos procesales− que originaron la detención preventiva, dichos motivos deben ser presentados necesariamente por el imputado, quien tiene la carga probatoria a este efecto, sin el cumplimiento de ello, no resulta posible ingresar al análisis solicitado, debiendo remitirse al Auto de detención preventiva donde ya se analizó este aspecto.

A partir del segundo Considerando, manifestó que de la revisión de antecedentes del proceso, se tiene que la apelación versa respecto a la correspondencia del art. 239.1 del CPP al caso concreto, y también en relación al 234.7 del mismo Código, aclarando que se analizaron tres puntos que tuvo el planteamiento de la defensa; siendo el primero respecto a que si aún representaba un peligro para la víctima, el segundo respecto a que si todavía concurría la probabilidad de tener la conducta de agresor sexual; y, finalmente si continuaba latente una personalidad esquizofrénica, sobre la base de un informe emitido por un perito psicológico que señaló: “es muy poco probable que represente el peligro” (sic), en ese marco y realizando un análisis de los términos “muy poco probable”, se infiere que ello no significa que el agresor no represente un peligro –para la víctima-, pues al contrario deja abierta esa posibilidad; ergo, al no ser lo suficientemente claro el informe pericial, deja entrever y significa además que el agresor aún constituye peligro para la víctima, agravando aún más esta situación, pues el agresor resulta ser el padre de la víctima, aspecto que deja abierta otra posibilidad respecto de la posición de garante que este tuvo y tiene, pues siendo su propio hijo –la víctima del hecho−, no brindo esa protección a la cual se hallaba compelido, motivo por el cual y al no ser suficiente la prueba aportada, se mantiene latente el riesgo procesal descrito en el 234.7 del CPP.

En el tercer último considerando, y en relación al riego procesal inmerso en el art. 235.2 del Código prenombrado se tiene que al haberse dictado una sentencia inicial de treinta años y que esta haya merecido impugnación a través de uso del recurso de apelación restringida, deja abierta la posibilidad de anulación de obrados, en ese marco nuevamente tendrán que concurrir (al juicio oral) los testigos, peritos y los menores de edad hermanos de la víctima, a prestar su declaración, situación en la cual el hoy sentenciado puede ejercer influencia para que los mismos cambien la versión inicial declarada, considerando más aún que estos forman parte de su núcleo familiar; consecuentemente, aún se encuentra también latente el riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del mismo Código precitado; por el cual, se confirmó el fallo apelado (Conclusiones II.2 y II.3).

Con base a lo señalado precedentemente se concluye, que el Vocal demandado cumplió con el deber de fundamentar su fallo conforme la exigencia jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que explicó de manera clara, coherente y precisa las razones determinativas del porque correspondía mantener la decisión de detención preventiva; estableciendo que de los datos del legajo procesal se contaba como peligro procesal el riesgo de peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, previsto en el art. 234.7 del CPP (Conclusiones II.2 y II.3) y que al ser la víctima del hecho ilícito su propia hija existía la posibilidad de revictimización, además de considerar que pertenece a un grupo vulnerable que merece una protección reforzada, razonamiento que guarda armonía con los entendimientos establecidos en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 del presente fallo constitucional; señalando en su caso, que a fin de dar correspondencia a su pretensión ameritaba desvirtuar, los riesgos procesales que sirvieron para fundar la aplicación de medidas cautelares pero en base a prueba clara e idónea –y no como erróneamente señala el accionante, que con la presentación de informes pericial psicológico, social y de trabajo de forma automática desparecían los riesgos procesales identificados a momento de determinar su detención preventiva–, mucho más si se trataba de una solicitud de cesación a la referida detención. Por lo expuesto, resulta evidente que el Auto de Vista de 11 de octubre de 2021, ha sido emitido con la debida fundamentación como componente esencial del debido proceso.

Al respecto, además debemos referir que esta jurisdicción constitucional evidencia que en la exposición de agravios consignados en el Auto de Vista motivo de impugnación, la parte accionante solicitó cesación a sus medidas cautelares, pidiendo se revoque la resolución apelada y se disponga su libertad, contexto frente al cual, la autoridad demandada señaló que cuando se pretende la cesación referida, los imputados deben presentar nuevos elementos a los que hace referencia el núm. 1 del art. 239 del CPP, de este modo enervar los riesgos procesales identificados y que en el caso de autos la documental ofrecida no resultaba suficiente para dar curso a la pretensión, siendo claros los argumentos expuestos en cuanto a la decisión asumida, interpretación efectuada por el hoy demandado que no resulta atentatoria a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 14 de octubre, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinceavo de departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0670_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

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