B.IA.LEGAL

SCP 0669/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
52905-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y celeridad; toda vez que, Cesar Wenceslao Portocarrero –Vocal hoy demandado– emitió el Auto de vista 870/2022 de 8 de diciembre, revocando la detención preventiva dispuesta por el Auto Interlocutorio 543/2022-P, ordenando que el Juzgado de turno, libre el mandamiento de libertad; sin embargo, la autoridad demandada no remitió los antecedentes al Juzgado de origen, restringiendo el derecho a la libertad de Marisol Ticona Clavijo, ocasionando dilación innecesaria en la tramitación de su referido derecho. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 24 a fs. 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho e innovativa, exhortando, a la autoridad demandada que en adelante evite incurrir en dilaciones que afecten a los derechos de una persona privada de su libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Respecto a la devolución de los antecedentes al Juzgado de Origen en el trámite de apelación incidental
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2025-S4 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52905-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 27/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Apolinar Mariscal Palle por si y en representación sin mandato de Marisol Ticona Clavijo contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 11 a 13 vta.; la parte accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Marisol Ticona Clavijo –ahora impetrante de tutela–, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Domestica, tipificado en el art. 272 bis del Código Penal (CP), participó de una audiencia de apelación incidental llevada a cabo el 8 de diciembre de 2022, contra el Auto Interlocutorio 543/2022-P de 29 de noviembre, en dicho actuado Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas –autoridad ahora demandada– emitió Auto de Vista 870/2022 de 8 de diciembre, disponiendo revocar su detención preventiva, ordenando se libre mandamiento de libertad por el Juzgado de Turno, no obstante lo decidido, el demandado no remitió antecedentes procesales al Juzgado de origen, para tramitar el mandamiento de libertad. En fecha 12 de diciembre de 2022, el solicitante de tutela se apersonó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el seguimiento y reclamo por la dilación en la remisión de antecedentes procesales y la emisión del mandamiento de libertad, quien alegó, que sin justificativo alguno fue multado por el Vocal ahora demandado ante el reclamo expuesto, con la suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), con copia al Colegio de Abogados y al Ministerio de Justicia. En merito a ello alegó que, el Vocal hoy demandado al no haber remitido el Auto de Vista 870/2022, al Juzgado de origen, incurrió en un acto procesal indebido, dilatando el cumplimiento de la misma y restringiendo y vulnerando el derecho a la libertad de Marisol Ticona Clavijo –ahora accionante–.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y celeridad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la remisión de los antecedentes y el Auto de Vista 870/2022 de 8 diciembre emitiéndose el mandamiento de libertad a favor de Marisol Ticona Clavijo – impetrante de tutela–.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., presente la parte solicitante de tutela; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutelas, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de forma íntegra su demanda de acción tutelar; y ampliándola, manifestó que: a) En fecha 8 de diciembre de 2022, se llevó a cabo audiencia de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 543/2022-P, dentro del proceso penal a instancia del Ministerio Público contra Marisol Ticona Clavijo, por la presunta comisión de delito de Violencia Familiar; por la cual, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 870/2022, disponiendo medidas sustitutivas; empero, hasta el día de la interposición de la presente acción tutelar, la autoridad hoy demandada, no remitió antecedentes al Juzgado de origen, para tramitar el correspondiente Mandamiento de Libertad, b) Freddy Apolinar Mariscal Palle –se entienden como representante sin mandato de la hoy accionante– ante la dilación y demora, da a conocer que se apersonó en fecha 12 de diciembre de 2022, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde señaló que habría sido amenazado, amedrentado y sancionado ante el reclamo siendo multado con el monto de Bs2 000.-, por el Vocal hoy demandado, y con copia al Colegio de Abogados y al Ministerio de Justicia, “bajo la amenaza que si no pagaba los dos mil bolivianos no se iba hacer el trámite para el mandamiento de libertad” (sic); y, c) Concluyendo que, este acto extra procesal emerge de un acto de arbitrariedad y no se estaría considerando la libertad de una persona, incumplimiento un deber que es la remisión de antecedentes para efectuar el Mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 21 y vta., expresó que: 1) Respecto a la presente acción de libertad, ya se habría interpuesto otra acción tutelar con anterioridad y que en razón a ello el “cuaderno caratulado MP contra Ticona, fue devuelto al juzgado de turno por la vacación judicial en fecha 14 de diciembre del año en curso” (sic); y, 2) Asimismo, afirmó que se habría multado al abogado Freddy Apolinar Mariscal Palle con la suma de Bs2 000.-, por la falta de respeto incurrida a su persona, tratando de hacer ingresar en error a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, exigiendo el Mandamiento de libertad, cuando en la audiencia de apelación no se dispuso la emisión de ningún mandamiento.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 27/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, se tiene que la accionante a través de un proceso penal ha sido detenida preventivamente; empero, por apelación correspondiente se dispuso medidas sustitutivas por el –Vocal ahora demandado–; sin embargo, no pudo efectivizarse el mandamiento de libertad; puesto que, el mismo no habría remitido al Juez de origen, afectando de sobre manera el derecho a la libertad de Marisol Ticona Clavijo; ii) De la revisión de antecedentes se estableció que el 9 de diciembre de 2022, ya se habría interpuesto una primera acción de libertad, bajo los mismos fundamentos; misma que, fue denegada, en la que, la impetrante de tutela solicitó que sea el Vocal demandado quien emita el mandamiento de libertad, cuando se ha dispuesto que lo haga el Juez competente por vacación, existiendo una total identidad de ambas solicitudes; iii) En relación a Freddy Apolinar Mariscal Palle, no tiene legitimación activa para interponer la presente acción de libertad; pues, no ha señalado en que forma su libertad o su vida este siendo amenazada; sin embargo, refiere haber sido multado por la autoridad ahora demandada, al respecto corresponde presentar una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos presuntamente delictivos; por lo que, este Juzgado no se constituye en un órgano investigador de delitos ordinarios; y, iv) En cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes, se recomienda al Vocal Cesar Wenceslao Portocarrero –Vocal hoy demandado– dar cumplimiento y remisión del Auto de Vista 870/2022, para que el Juez de origen emita el mandamiento de libertad reclamado, sea sin costas por ser excusable al no tener legitimación activa para dictar determinación alguna.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 9 de diciembre de 2022; por el que, Marisol Ticona Clavijo –accionante representada sin mandato–, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, se emita mandamiento de libertad, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 870/2022 de 8 de diciembre que revoca la medida extrema de detención preventiva dispuesta en su contra (fs. 10). II.2. A través de oficio de 14 de diciembre de 2022, la autoridad demandada, dispuso la “DEVOLUCIÓN DE OBRADOS” (sic), “dando estricto cumplimiento a la Resolución N° 870/2022 de fecha 8 de Diciembre de 2022, del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÙBLICO contra MARISOL TICONA CLAVIJO por el supuesto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA” (sic [fs.17]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y celeridad; toda vez que, Cesar Wenceslao Portocarrero –Vocal hoy demandado– emitió el Auto de vista 870/2022 de 8 de diciembre, revocando la detención preventiva dispuesta por el Auto Interlocutorio 543/2022-P, ordenando que el Juzgado de turno, libre el mandamiento de libertad; sin embargo, la autoridad demandada no remitió los antecedentes al Juzgado de origen, restringiendo el derecho a la libertad de Marisol Ticona Clavijo, ocasionando dilación innecesaria en la tramitación de su referido derecho. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

Al respecto la SCP 0023/2019-S4 de 20 de marzo, señaló que : “…el habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R); enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos entendimiento reiterado en las (SC 0224/2004-R de 16 de febrero)(SC 0862/2005-R de 27 de julio) y (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho entendimiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente”.

III.2. Respecto a la devolución de los antecedentes al Juzgado de Origen en el trámite de apelación incidental

Sobre este tema, tomando en cuenta que el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada devuelva el expediente ante el juez de origen, es perfectamente aplicable el entendimiento expresado en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, que moduló dicho aspecto, ante la existencia de este vacío legal, a fin de no dejar en incertidumbre al imputado; a tal efecto, determinó que: “…respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas y subrayado son del texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y celeridad; toda vez que, se tiene que por memorial de demanda de 14 de diciembre de 2022, se dispuso detención preventiva de la ahora accionante; sin embargo, en audiencia de apelación incidental, el –Vocal hoy demandado– emitió Auto de vista 870/2022, revocando las medidas cautelares, disponiendo que el Juzgado de turno emita el mandamiento de libertad en favor de la impetrante de tutela; empero, dicha determinación no fue efectivizada por no haberse remitido antecedentes dentro de plazo al Juzgado de origen. Cursa oficio –sin fecha– con cargo de recepción del Juzgado de instrucción en lo penal octavo de 14 de diciembre de 2022, la autoridad demandada, dispuso la “DEVOLUCIÒN DE OBRADOS” (sic), “dando cumplimiento estricto cumplimiento a la Resolución N° 870/2022 de 8 de Diciembre de 2022, del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO contra MARISOL TICONA CLAVIJO por el supuesto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA” (sic [Conclusión II.2]). Previo a ingresar al análisis de la causa; se aclara que si bien se alega la existencia de otra acción de libertad interpuesta, conforme lo señala además el Juez de garantías refiriendo que, de acuerdo al memorial de 9 de diciembre de 2022, se advertiría que la ahora accionante ya habría interpuesto una primera acción de libertad, bajo los mismos fundamentos misma que fue denegada; toda vez que, la impetrante de tutela solicitó que sea el Vocal demandado quien emita el mandamiento de libertad, cuando se dispuso que lo haga el Juez competente por vacación, “existiendo una total identidad de ambas solicitudes”, dicha conclusión no resulta correcta; pues, fue emitida en base a una incorrecta apreciación del referido memorial; pues, conforme a la Conclusión II.1. del presente fallo constitucional se advierte que en el citado escrito no se formula una acción de libertad si no que, se solicita al Juzgado de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, se emita mandamiento de libertad, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 870/2012. En consecuencia al no existir óbice legal que impida la consideración de fondo, corresponde ingresar al fondo del agravio denunciado. Asimismo, en cuanto a lo alegado por el Juez de garantías, respecto a que Freddy Apolinar Mariscal Palle no tiene legitimación para activar la presente acción tutelar, debe considerarse que bajo el marco de verdad material, de la lectura del memorial de acción de libertad con meridiana claridad se puede advertir que la tutela solicitada es respecto de su patrocinada quien se encontraba detenida, en consecuencia bajo dicho marco no podía asumirse la denegatoria de tutela con la aplicación de tanto rigorismo y formalidad generando con ello indudablemente solo un perjuicio a una persona que se encontraba privada de su libertad; por lo que, corresponde ingresar a verificar si resulta evidente la lesión incurrida por la autoridad demandada en la remisión del legajo de apelación. Con base a dichas aclaraciones, con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, se debe considerar, que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se establece que, la acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R); enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad. Concordante con ello el Fundamento Jurídico III.2, sobre la problemática planteada –demora en la devolución de antecedentes–, señala que, si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, establece un trámite sumario a efectos de considerar los recursos de apelación de medida cautelar; empero, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el Juez de origen, la jurisprudencia constitucional ante dicho vacío legal –que se mantuvo incluso con la modificación anotada–, y siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, sostuvo que, una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; debe remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. Bajo dicho presupuesto jurisprudencial corresponde señalar que, la apelación incidental fue resuelta el 8 de diciembre, por Auto de Vista 870/2025, en el que, se revocó las medidas sustitutivas y disponiéndose la remisión al Juzgado de origen, para la emisión del mandamiento de libertad, sin embargo dicha decisión no fue efectivizada sino recién el 14 de diciembre de 2022, (Conclusiones II.1), pese a que el abogado de la solicitante de tutela se apersono a impetrar tal situación, lo que incluso hubiere generado que sea multado, ocasionando con ello una dilación indebida, de seis días, vulnerando su derecho a la libertad. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada, en aplicación de la acción de libertad de pronto despacho e innovativa –por ya haberse remitido el legajo–, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; así como, evitar que en lo sucesivo se vuelva a incurrir en la misma conducta. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta, verificando los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 24 a fs. 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho e innovativa, exhortando, a la autoridad demandada que en adelante evite incurrir en dilaciones que afecten a los derechos de una persona privada de su libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0669_2025-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2d3be854a939b23517dcbf711b629a4d29510b8fa7e4470e5887145551a9f947

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