B.IA.LEGAL

SCP 0669/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 23 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
73292-2025-147-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la salud y al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación; puesto que, fue removido de su cargo como Gerente de Operaciones de YPFB Transporte S.A. por Resolución de Directorio 18/2023 debido a una presunta pérdida de confianza, sin justificación alguna ni seguir un procedimiento previo y mientras se encontraba con baja médica. Solicitó la reconsideración de la decisión, invocando su trayectoria laboral y el hecho de tener a una menor de edad a su cargo que padece una grave enfermedad; sin embargo, dicha solicitud fue rechazada porque no adjuntó carnet de discapacidad, pese a que presentó un informe médico que acreditaba el referido cuadro diagnóstico. Asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo rechazó su denuncia de reincorporación sin entrar al fondo del asunto, limitándose a señalar la existencia de hechos controvertidos y remitiéndolo a la vía ordinaria; decisión que fue confirmada por la Ministra demandada mediante RM 368/24. Ante ello, la parte demandada negó la existencia de un contexto de lesividad; por una parte, el Gerente General de YPFB Transporte S.A. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/25 de 10 de abril de 2025, cursante de fs. 632 a 636, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La inamovilidad de trabajadores y empleados que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad
  2. III.2. Sobre los trabajadores de confianza en la Ley General del Trabajo y en la Administración Pública
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2025-S2 Sucre, 23 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 73292-2025-147-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 31/25 de 10 de abril de 2025, cursante de fs. 632 a 636, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio David Infante Cordero contra Oscar César Guzmán Velarde, Gerente General de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte Sociedad Anónima (S.A.); y, Verónica Patricia Navia Tejada y Erland Julio Rodríguez Lafuente, ex y actual Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2024, cursantes a fs. 1 y 61 a 68 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de diciembre de 2020 inició su relación laboral, desempeñando funciones como Gerente de Operaciones en YPFB Transporte S.A., y siendo desvinculado el 6 de junio de 2023. Su despido fue arbitrario e injustificado, ya que se produjo, mientras se encontraba con baja médica y en condición de padre de una menor con discapacidad, situación que, le otorgaba protección constitucional en virtud del principio de inamovilidad laboral por razones humanitarias. La remoción del cargo se dispuso mediante la Resolución de Directorio 18/2023 de 6 de junio y, al tener conocimiento de esta decisión, solicitó su reconsideración y reasignación laboral el 12 de junio de 2023 conforme al: “…PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE PERSONAL, PH 022…” (sic), el cual contemplaba la reubicación de ejecutivos removidos; no obstante, la Gerencia General de YPFB Transporte S.A. rechazó su solicitud por, exigiendo para ello la presentación del carnet de discapacidad de su hija, documento que no obraba en su expediente personal, aunque se adjuntó el historial clínico y parte médico correspondiente. Esta negativa constituye una vulneración al procedimiento interno de la Empresa y un acto de discriminación hacia él y su hija AA, quien padece de Hemimelia Peronera Izquierda, una condición médica grave que requiere tratamiento constante. Esta decisión ignoró la SC 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, que reconoce la validez del parte médico como medio de acreditación en estos casos. Además, se encontraba amparado por la Carrera Administrativa, ya que había ingresado a la Empresa mediante concurso público en 1999 y había desempeñado de forma continua diversos cargos, incluyendo funciones de alto nivel. El 12 de septiembre de 2023 presentó su denuncia de despido injustificado ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz; empero, esta fue rechazada por dicha instancia y, posteriormente, por Verónica Patricia Navia Tejada, -entonces- Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -codemandada-a través de la Resolución Ministerial (RM) 368/24 de 3 de abril de 2024, bajo el argumento de que, al tratarse de un cargo de confianza y jerarquía, no gozaba del derecho a la inamovilidad laboral; ello sin demostrar ruptura de dicha confianza, reestructuración ni proceso administrativo previo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la salud y al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación; citando al efecto los arts. 18, 46.I y II, 48, 49.III., 60, 70, 71.I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.I. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponer: a) La inmediata reincorporación de su persona al cargo que ocupaba al momento de la vinculación laboral, o en su defecto, a un cargo de similar categoría y nivel salarial, dejándose sin efecto la Resolución de Directorio 18/2023; b) El pago retroactivo de los sueldos devengados desde la fecha de desvinculación; y, c) Se anule la RM 368/24.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 626 a 632; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Oscar César Guzmán Velarde, Gerente General de YPFB Transporte S.A., por informe escrito cursante de fs. 243 a 255 y 617 a 624 vta., y en audiencia de garantías, sostuvo que: 1) No tiene legitimación pasiva, porque se impugna, por un lado, una Resolución de Directorio y, por otro, una Resolución Ministerial, actos que no firmó; 2) No se cumplió el principio de subsidiariedad, puesto que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por Resolución Administrativa (RA) de 10 de noviembre de 2023 y RM 368/24, rechazó la denuncia por despido y declinó competencia al existir hechos controvertidos, remitiendo el caso a la jurisdicción laboral; 3) Se alega la lesión al derecho al debido proceso; sin embargo, se solicita la reincorporación laboral, por lo que no existe un nexo de causalidad entre la relación fáctica y el petitorio; 4) El accionante fue removido del cargo de Gerente de Operaciones por decisión del Directorio de YPFB Transporte S.A. adoptada el 6 de junio de igual año, conforme a sus atribuciones legales y estatutarias -arts. 327 del Código de Comercio (CM) y 58.I.5 de sus Estatutos-, por lo que, no constituyó un despido sin causa, sino un acto corporativo; 5) El impetrante de tutela no tenía estabilidad laboral por ocupar un cargo de confianza y alta dirección en YPFB Transporte S.A. (como ejecutivos y gerentes); según el Decreto Supremo (DS) 4469 de 3 de marzo de 2021 y la RM 127/2023 de 25 de enero, YPFB Transporte S.A. se rige por la Ley General del Trabajo, no por la carrera administrativa; 6) El demandante denunció despido injustificado por la condición médica de su hija, quien tiene una discapacidad moderada (Hemimelia Peronera Izquierda); sin embargo, según el DS 3462 de 18 de enero de 2018 y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, la inamovilidad laboral solo se aplica si la discapacidad es grave o muy grave, lo cual no se acredita en este caso; y, 7) El accionante fue desvinculado laboralmente el 22 de junio de 2023 y recibió el pago de sus beneficios sociales de Bs281 892,44.- (doscientos ochenta y un mil ochocientos noventa y dos 44/100 bolivianos) y una prima posterior de Bs18 829,69.- (dieciocho mil ochocientos veintinueve 69/100 bolivianos), lo cual consta en finiquitos, depósitos y documentos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por consiguiente, conforme al art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, al aceptar el pago de beneficios sociales, el trabajador consiente la desvinculación y no puede solicitar su reincorporación, ya que ambas opciones son excluyentes. Erland Julio Rodríguez Lafuente, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante legal, en audiencia de garantías, señaló que: i) No se convocó como terceros interesados a los miembros del Directorio que, por Acta 4/2023 de 6 de junio de 2023, decidieron la desvinculación del accionante por pérdida de confianza; esta omisión vulneró el art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y la SCP 0874/2017 de 21 de agosto, que exigen la citación a terceros en acciones de defensa; ii) El accionante ya recibió su finiquito por Bs128 709 (ciento veintiocho mil setecientos nueve bolivianos), cuyo desglose incluye una prima por Bs42,000 (cuarenta y dos mil bolivianos), firmó los documentos respectivos y solicitó el desembolso de fondos en custodia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconociendo así la validez de su desvinculación. La nota fue firmada y acompañada de su cédula de identidad y se adjuntó documentación relativa al seguro y la gestora de pensiones, configurándose un acto plenamente consentido, en virtud de la SCP 952/2022-S1 de 16 de septiembre y conforme al art. 53.2 del CPCo; iii) En cuanto a la inamovilidad laboral por tener una hija menor con discapacidad, el carnet de discapacidad de la menor fue presentado tardíamente el 26 de febrero de “2026” -siendo lo correcto 2025- y solo acredita una discapacidad moderada del 30% con vigencia hasta el año 2031, sin cumplir con el requisito legal de gravedad exigido por la Ley 977 y el Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008; y, iv) El peticionante de tutela no impugnó ni solicitó complementación a la RM 368/24, incurriendo en omisión procesal que implica aceptación tácita del contenido de dicha resolución.

I.2.4. Intervención de tercer interesado

Paola Alcira Velásquez Sánchez, en representación de la menor AA, por memorial, cursante de fs. 574 a 575 y en audiencia de garantías, manifestó que: a) La desvinculación laboral injustificada del progenitor afectó gravemente los derechos fundamentales de su hija, especialmente su derecho a la salud y rehabilitación; b) La menor, diagnosticada con Hemimelia Peronera Izquierda, no pudo continuar su tratamiento médico por la pérdida del seguro de salud; c) Los arts. 14, 15, 35, 70 y 108.9 de la CPE; y, la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, garantizan una protección reforzada por parte del Estado a personas con discapacidad, razonamiento respaldado por la jurisprudencia constitucional, específicamente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0321/2021-S1 de 2 de agosto y 0463/2019-S2 de 9 de julio y la SC 0235/2007-R de 10 de abril; y, d) Debe considerarse el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la Norma Suprema y en el Código Niña, Niño y Adolescente, que obliga al Estado a priorizar la protección integral de niñas y niños, especialmente cuando se encuentran en situación de discapacidad.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 31/25 de 10 de abril de 2025, cursante de fs. 632 a 636, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Tras acudir inicialmente a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz y luego al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -que confirmó la resolución desfavorable-, interpuso una acción de amparo constitucional no directamente para solicitar su reincorporación laboral, sino contra la Resolución Administrativa final; en consecuencia, el petitorio no estableció un vínculo claro entre los hechos del proceso administrativo y la solicitud de reincorporación, evidenciando la falta de nexo causal necesario; y, 2) Se advirtió que el accionante incurrió en actos que denotaron consentimiento respecto de su desvinculación laboral: en primer lugar, procedió a cobrar una parte de sus beneficios sociales y, en segundo, solicitó expresamente el desembolso total del finiquito, tal como fue demostrado por la parte demandada, puesto que, el cheque correspondiente ya se encontraba disponible para su retiro; estos actos se interpretan como manifestaciones claras de aceptación de la desvinculación, lo que inhibe al impetrante de tutela de pretender una posterior reincorporación laboral a través de una acción de amparo constitucional, de ahí la improcedencia de la acción de amparo constitucional.

El demandante, en la vía de complementación y enmienda, solicitó se aclare: i) Por qué se menciona la inexistencia de nexo causal en su petitorio, si claramente pidió la anulación de la RM 368/24 por ser el acto lesivo; y, ii) No puede hablarse de "acto consentido", ya que, aunque hubo una solicitud de pago, el cheque no fue cobrado ni materializado, por lo que no se concretó dicho consentimiento. Ante ello, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz aclaró que: a) El trabajador despedido injustificadamente tiene dos opciones: presentar una acción de amparo constitucional pidiendo su reincorporación o seguir la vía administrativa ante la Jefatura Departamental del Trabajo; si elige esta última, como en el caso analizado, no puede luego solicitar reincorporación en la vía constitucional, ya que se sometió voluntariamente a un proceso administrativo; por consiguiente, la acción tutelar debe centrarse en la vulneración de derechos por la resolución final del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no en el despido en sí; además, debe dirigirse contra la última Resolución, agotando las vías previas; y, b) Se considera que el trabajador consintió el despido al solicitar el cobro de beneficios sociales, aunque no haya recibido el dinero, lo cual impide reclamar la reincorporación. Por su parte, la tercera interesada solicitó se complemente la Resolución respecto a la menor AA. En respuesta, la Sala Constitucional señaló que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, esperando “…sea de comprensión de todos los sujetos procesales” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Acta 12/GESTIÓN 2020, correspondiente a la 12va. Reunión del Directorio celebrada el 8 de diciembre de 2020, el Directorio de YPFB Transporte S.A. procede a designar a Julio David Infante Cordero -ahora accionante- como Gerente General a partir de la referida fecha, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 327 del CC y 58.I.5) de su Estatuto (fs. 193 a 199). II.2. Consta contrato de trabajo por tiempo indefinido suscrito por el impetrante de tutela y los titulares del Directorio de YPFB Transporte S.A. el 8 de diciembre de 2020 para desempeñar funciones de Gerente General, en virtud de la Resolución 57/2020 del Directorio de la Sociedad emitida en 12va. Reunión de Directorio sin Convocatoria Previa Acta 12/2020 de 8 de diciembre de 2020. En su cláusula séptima expresa que la vigencia del contrato será indefinida hasta que se emita una nueva resolución del Directorio de la Sociedad mediante la cual se designe a un nuevo personal o disponga su remoción (fs. 4 a 8). II.3. Cursa manual de funciones del puesto de Gerente de Operaciones de 20 de diciembre de 2021 firmada por el peticionante de tutela en el que se detalla el perfil requerido, su dependencia, la supervisión sectorial, la misión del cargo, sus responsabilidades y competencias, entre otros. (fs. 238 a 242). II.4. Por Acta 21/GESTIÓN 2021, correspondiente a la 21va. Reunión del Directorio -9na. Realizada sin convocatoria previa-, celebrada el 23 de diciembre de 2021, el Directorio de YPFB Transporte S.A. procede a designar al peticionante de tutela como Gerente de Operaciones a partir de la señalada fecha; designación efectuada en cumplimiento de lo establecido en los arts. 327 del CC y 58 del Estatuto de la Sociedad (fs. 201 a 205). II.5. Por Acta 4/GESTIÓN 2023, correspondiente a la 4ta. Reunión del Directorio -1ra. Realizada sin convocatoria previa-, celebrada el 6 de junio de 2023, el Directorio de de YPFB Transporte S.A. procede a designar como Gerente de Operaciones a Miguel Ángel Colque Pacheco, en lugar del accionante (fs. 207 a 211). II.6. Cursa Nota YPFBTR.GG.251.2023 de 6 de junio de 2023 emitida por Oscar César Guzmán Velarde, Gerente General de YPFB Transporte S.A. -demandado-, mediante la cual se notifica con Resolución de Directorio 18/2023 y desvinculación al impetrante de tutela, por su remoción del cargo de Gerente de Operaciones en sujeción del art. 327 del CC a partir de 7 de junio de 2023 (fs. 9 y vta.). II.7. Mediante Formulario de Finiquito de 9 de junio de 2023 emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se realiza un importe de un monto total de Bs281 892,44, correspondiente al pago de beneficios sociales por parte de Kathia Ferrufino Rivera, Directora de Talento Humano de YPFB Transporte S.A.; además, consta que el peticionante de tutela no suscribió el mismo (fs. 611 vta. a 612). II.8. Se tiene nota presentada el 12 de junio de 2023 por el accionante, mediante la cual solicitó su reconsideración y reasignación laboral de acuerdo a las necesidades de la Empresa y su experiencia de más de veinte años de servicio; además, hizo conocer que tenía a su cargo una menor que padece de Hemimelia Peronera Izquierda y considere su continuidad laboral conforme el art. 5 del DS 29608 (fs. 19). II.9. Cursa certificado de nacimiento de la menor AA, nacida el 8 de agosto de 2017, el cual evidencia su relación filial con el peticionante de tutela (fs. 11). II.10. Consta placa de rayos X realizada por Eduardo Aliaga Valenzuela, Ortopedista y Traumatólogo Pediátrico de 25 de agosto de 2023, a nombre de menor AA que efectuó el estudio de Rx Panorámica de MMII-AP C/R de 5cm-Izq (fs. 60). II.11. Por informes médicos de 1 de septiembre de 2023 y 26 de enero de 2024, Eduardo Aliaga Valenzuela, Ortopedista y Traumatólogo Pediátrico, diagnosticó a la menor AA con un cuadro de Hemimelia Peronera Izquierda (fs. 12 a 13 y 17 a 18). II.12. Mediante memorial de 12 de septiembre de 2023, el impetrante de tutela presentó ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, su solicitud de reincorporación laboral por inamovilidad laboral por tener una hija menor de edad con enfermedad grave en contra de YPFB Transporte S.A. (fs. 21 a 24). II.13. Se tiene RA de 10 de noviembre de 2023 emitida por Miguel Justiniano Camacho, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que adoptó la decisión de rechazar la denuncia de estabilidad laboral–despido sin causa justificada incoada por el peticionante de tutela contra YPFB Transporte S.A. por existir hechos controvertidos (fs. 26 a 30). II.14. Por memorial de 29 de enero de 2024, el accionante interpuso recurso de revisión contra la RA de 10 de noviembre de 2023, solicitando su revocatoria (fs. 31 a 34). II.15. Cursa RM 368/24 de 3 de abril de 2024 emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual confirmó totalmente la RA de 10 de noviembre de 2023, por existir hechos controvertidos (fs. 35 a 38 vta.).

II.16. Por Formulario de Finiquito de 8 de mayo de 2024 emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se registró el importe de Bs18 829,69.- por concepto de pago de prima por parte de Kathia Ferrufino Rivera, Gerente de Talento Humano de YPFB Transporte S.A.; además, consta la firma del accionante como constancia de su recepción (fs. 613 y vta.). II.17. Mediante certificación de 19 de junio de 2024, Kathia Ferrufino Rivera, Gerente de Talento Humano de YPFB Transporte S.A., informó que el impetrante de tutela trabajó en la referida Empresa en dos ocasiones: la primera, de 10 de mayo de 1999 hasta 4 de diciembre de 2019 y, la segunda, de 8 de diciembre de 2020 hasta 8 de junio de 2023 (fs. 233). II.18. Consta carnet de discapacidad perteneciente a la menor AA con discapacidad física motor del 30% (fs. 306).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la salud y al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación; puesto que, fue removido de su cargo como Gerente de Operaciones de YPFB Transporte S.A. por Resolución de Directorio 18/2023 debido a una presunta pérdida de confianza, sin justificación alguna ni seguir un procedimiento previo y mientras se encontraba con baja médica. Solicitó la reconsideración de la decisión, invocando su trayectoria laboral y el hecho de tener a una menor de edad a su cargo que padece una grave enfermedad; sin embargo, dicha solicitud fue rechazada porque no adjuntó carnet de discapacidad, pese a que presentó un informe médico que acreditaba el referido cuadro diagnóstico. Asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo rechazó su denuncia de reincorporación sin entrar al fondo del asunto, limitándose a señalar la existencia de hechos controvertidos y remitiéndolo a la vía ordinaria; decisión que fue confirmada por la Ministra demandada mediante RM 368/24. Ante ello, la parte demandada negó la existencia de un contexto de lesividad; por una parte, el Gerente General de YPFB Transporte S.A. sostuvo que: 1) Existe falta de legitimación pasiva, ya que no firmó las resoluciones impugnadas; 2) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, toda vez que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social rechazó la denuncia por la existencia de hechos controvertidos, por lo que el caso debe tramitarse en la vía laboral ordinaria; 3) Se alega la lesión al derecho al debido proceso; sin embargo, se solicita la reincorporación laboral, por lo que no existe un nexo de causalidad entre la relación fáctica y el petitorio; 4) El accionante no tiene estabilidad laboral, ya que ostentaba un cargo de confianza y alta dirección, lo que permitía su remoción sin necesidad de una causal específica; 5) No corresponde la aplicación de la inamovilidad laboral, pues la discapacidad de su hija no fue debidamente acreditada ni calificada como grave; y 6) Al recibir los beneficios sociales, el impetrante de tutela convalidó la desvinculación y renunció implícitamente a la posibilidad de conseguir su reincorporación. Por otra parte, Erland Julio Rodríguez Lafuente, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, argumentó que: i) No se citó como terceros interesados a los miembros del Directorio de YPFB Transporte S.A., que decidieron la desvinculación, con lo cual se vulneró el art. 31 del CPCo; ii) El peticionante de tutela firmó su finiquito por la suma de Bs128 709.-, y solicitó el desembolso ante la mencionada Cartera de Estado, reconociendo la validez del despido, por lo que la acción tutelar resulta improcedente; iii) La inamovilidad laboral por discapacidad de su hija no resulta aplicable, ya que el carnet fue presentado de manera extemporánea, acreditando solo una discapacidad moderada del 30% y sin cumplir el requisito de gravedad exigido por la Ley 977 y el DS 29608; y iv) No cuestionó los fundamentos de la RM 368/24, incurriendo así en una omisión procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La inamovilidad de trabajadores y empleados que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad

El DS 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el art. 2.II del DS 29608, en su art. 5 establece que: "Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley". Asimismo, aclara que esta protección también alcanza a padres o tutores de personas con discapacidad, "…sólo (...) cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años…"; o, en caso de discapacidad permanente debidamente acreditada. Sobre este último caso, debe existir constancia acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, conforme al DS 28521 de 16 de diciembre de 2005, cuyo art. 3 sostiene: “El Certificado Único de Discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los Establecimientos de Salud reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se actualizará cada tres años”. En ese entendido, la Ley 223 establece en su art. 34.II, que: "El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido" (las negrillas nos corresponden). Esta disposición consagra un principio de inamovilidad laboral para este grupo vulnerable, siempre que no existan razones jurídicas fundadas para su desvinculación. Así, la frase “…siempre y cuando cumplan con la normativa vigente…” implica que la inamovilidad está supeditada al cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del beneficiario, por lo que es jurídicamente admisible que el interés institucional, frente a situaciones como faltas disciplinarias debidamente acreditadas, prevalezca sobre el interés individual (SC 2312/2010-R de 19 de noviembre). Respecto a este punto, la SCP 1137/2022-S2 de 12 de septiembre, entendió que se flexibiliza la presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido por el Comité de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) sólo y únicamente en aquellos casos en los que la: “…situación de discapacidad sea notoria, evidente y verificable a través de otros medios de prueba…”; sin embargo, de manera contradictoria, en la misma decisión se sostiene que: “…este Tribunal no puede actuar como una instancia administrativa o judicial de conocimiento verificando el grado de discapacidad de estas personas, resolviendo los derechos controvertidos, o superando la desidia de las partes, que con la finalidad de mantener el orden del estado de derecho están obligados a observar este marco normativo”. En consecuencia, se concluye que, el órgano competente para calificar la discapacidad y su grado no es el órgano de control constitucional, ya que sus magistrados no cuentan con la especialización médica necesaria; además, asumir dicha función implicaría una usurpación de competencias que no le corresponden, conforme a lo establecido en el art. 122 de la CPE. De ello se desprende que, para hacer valer la inamovilidad laboral, como consecuencia de una discapacidad -ya sea del trabajador o de su dependiente-, resulta indispensable la oportuna presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido por el CODEPEDIS. De tal manera, si los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional no están facultados para valorar directamente la existencia de una discapacidad, tampoco pueden delegar dicha atribución a empleadores o funcionarios públicos que carecen de competencia para ello. En ese sentido, exigir el carnet de discapacidad no implica un simple formalismo, sino el cumplimiento de un requisito razonable, enmarcado en una política pública orientada a garantizar la seguridad jurídica y permitir al Estado identificar con precisión a las personas beneficiarias de medidas de protección especial. Por tanto, en ausencia de una discapacidad evidente y tratándose de un tercero como sujeto afectado, la presentación del certificado idóneo que acredite la discapacidad se configura como un requisito necesario para acceder a dicha garantía.

III.2. Sobre los trabajadores de confianza en la Ley General del Trabajo y en la Administración Pública

La jurisprudencia constitucional entendió que, la aplicación irrestricta de la inamovilidad laboral en determinados cargos podría distorsionar la naturaleza propia de las funciones que estos implican. Por ejemplo, no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro pretenda justificar su permanencia en el cargo apelando a dicha garantía, con el objetivo de prolongar su mandato. Este criterio fue recogido por la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, que estableció lo siguiente: “…se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas. Así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. En esta misma línea, la SCP 0776/2016-S3 de 4 de julio, negó la tutela de inamovilidad solicitada por una servidora pública con cargo de confianza, señalando que: “…si bien la hoy accionante sostiene que le asistía el derecho a conservar su puesto de trabajo, en razón a tener a su cargo a un familiar con discapacidad -que en el caso concreto resulta ser su padre-; sin embargo, conforme se anotó en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2., del presente fallo constitucional, al tener la misma la condición de ser una servidora pública de libre nombramiento, no le asiste el derecho a reclamar el respeto del derecho a la inamovilidad y consiguiente estabilidad laboral, pues sea que la misma se encuentre bajo el cuidado de una persona con discapacidad, ello no importa la permanencia en el cargo de Coordinadora Regional de Tarija, Sucre y Potosí, al ser el mismo de confianza y de libre nombramiento” (las negrillas son añadidas). En este contexto, es importante precisar que, dentro del grupo de funcionarios de libre nombramiento, se encuentran los denominados trabajadores de confianza, quienes se distinguen por ocupar una posición jerárquica diferenciada, con mayores responsabilidades en la estructura organizativa, en virtud de la naturaleza específica y delicada de sus funciones. Esta condición se determina por el nivel de información al que acceden, así como por el correspondiente deber de confidencialidad y la capacidad requerida para el logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de la credibilidad de la entidad, criterio que también es aplicable en materia laboral. En esa línea, el Auto Supremo (AS) 251 de 28 de julio de 2014 sostiene lo siguiente: “El elemento confianza adquiere entidad mayor cuando a los elementos de lealtad, honradez, aptitud, confidencialidad y otros que constituyen exigencias vinculadas a la confianza depositada en todo trabajador, se agregan otras que por su naturaleza comprometen los intereses morales o materiales, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos, el orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores del patrono”, características por las que, precisamente, no gozan de inamovilidad laboral. En efecto, una garantía básica del derecho laboral es la diferenciación entre empleador y trabajador; sin embargo, el trabajador de confianza asume un rol estratégico al representar los intereses estructurales y organizativos del empleador, actuando como una extensión directa de su voluntad en áreas clave de la gestión institucional. Esta condición le otorga un grado de autonomía derivado de la confianza conferida, al asumir funciones críticas como el manejo de información confidencial, la participación en decisiones técnicas relevantes, el ejercicio de poder de mando sobre otros trabajadores, la supervisión de procesos fundamentales para el funcionamiento institucional e, incluso, la facultad de incidir en la contratación o desvinculación de personal. Por ello, al trabajador de confianza se lo concibe como la personificación del empleador dentro de la estructura organizativa. De esta manera, si bien el art. 48 de la CPE consagra el principio protector en favor de las trabajadoras y trabajadores, este no excluye la posibilidad de establecer diferenciaciones razonables, siempre que respondan a la naturaleza específica del cargo. En esa línea, el art. 11.I del DS 28699 establece que: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias” (las negrillas son añadidas); criterio que es adecuado a la jornada laboral en el segundo párrafo del art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), al determinar que: “Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza”, lo que implica su exclusión del régimen general de jornada máxima, precisamente por la especial naturaleza de las funciones que desempeñan. Incluso esta diferenciación se encuentra enmarcada en el Convenio sobre las horas de trabajo (industria) de 29 de octubre de 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableciendo en su art. 2, inc. (a), que las disposiciones relativas a la jornada laboral "…no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza", lo cual reafirma que estos trabajadores deben recibir un trato diferenciado, en razón del nivel de responsabilidad y representatividad que conllevan sus funciones.

De esta manera, tanto el marco normativo nacional como los estándares internacionales, admiten un tratamiento específico para los trabajadores de confianza, fundado en su posición jerárquica, funciones estratégicas y nivel de responsabilidad y compromiso dentro de la entidad empleadora. Esto implica que, en ciertos casos, el interés institucional debe prevalecer sobre el interés individual.

III.3. Análisis del caso concreto

En los casos en que una persona interpone una acción de amparo constitucional en calidad de progenitor de un hijo o hija con discapacidad, corresponde aplicar en el análisis la excepción al principio de subsidiariedad conforme establece la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, que señaló: “Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada”. Ahora bien, en el caso concreto, el Gerente General demandado alega que existe un pago efectivizado de la prima (Conclusión II.16) y que ésta constituiría como una causal de terminación de la relación laboral. Sobre el particular, cabe precisar que, el cobro de la prima, como sucedió en el presente caso, no implica un acto libremente consentido, pues no implica un pago propio de la conclusión de una relación laboral, como sucede, por ejemplo, con el desahucio, por lo que no corresponde atender este argumento. Asimismo, se tiene que la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- en su disposición final primera, establece que no se considerará cumplida la obligación de pago de beneficios sociales cuando el empleador deposite fondos en custodia o realice un abono en la cuenta bancaria del trabajador “sin su autorización”. En el caso, en la vía de aclaración y complementación, el accionante precisó que, el cheque no fue cobrado ni materializado; de ahí que, tampoco puede considerarse que, al respecto, existieron actos consentidos. Ahora bien, respecto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se tiene que, por memorial presentado el 12 de septiembre de 2023, el ahora impetrante de tutela solicitó su reincorporación laboral, amparado en la garantía de la inamovilidad laboral, debido a que tiene una hija menor de edad con “enfermedad grave” y la dirigió contra YPFB Transporte S.A. (Conclusión II.12). Posteriormente, Miguel Justiniano Camacho, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, emitió la RA de 10 de noviembre de 2023, por la cual rechazó la denuncia presentada, argumentando la existencia de hechos controvertidos (Conclusión II.13). Ante esta decisión, interpuso recurso de revisión mediante memorial de 29 de enero de 2024, manteniendo su pretensión de reincorporación laboral (Conclusión II.14). En ese orden, en respuesta al recurso de revisión presentado, el Ministerio de Trabajo, a través de RM 368/24 (Conclusión II.15), confirmó totalmente la RA de 10 de noviembre de 2023, indicando que el peticionante de tutela presentó un informe médico de 26 de enero de 2024, elaborado por Eduardo Aliaga Valenzuela, Ortopedista y Traumatólogo Pediátrico, que diagnostica a la menor de edad a su cargo AA con Hemimelia Peronera Izquierda (Conclusión II.11). Por esta razón, si bien a este tipo de personas le corresponde la protección de la inamovilidad laboral conforme al DS 3462 y otras normas relacionadas, al analizar la normativa, se concluye que dicho diagnóstico no se encuentra incluido entre las condiciones médicas críticas previstas en el art. 4 del señalado Decreto para otorgar inamovilidad laboral, ya que no se acreditó que la enfermedad requiera tratamiento quirúrgico o rehabilitación en los términos exigidos por la norma; aspecto que este Tribunal no puede analizar, ya que otorgar el carnet de discapacidad es competencia del CODEPEDIS, entidad que no fue demandada en la presente acción constitucional; además, no se presentó certificado o carnet de discapacidad, lo que impide aplicar el régimen de protección previsto en la Ley 977 y en el DS 27477. Por tanto, a criterio del referido Ministerio no existían elementos jurídicos ni probatorios suficientes para considerar que se haya vulnerado el derecho a la inamovilidad laboral del recurrente en este sentido y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional no podía otorgarse la razón al accionante, pues, a tiempo de la desvinculación, el mismo no contaba con el carnet vigente, por lo que, no puede otorgarse tutela respecto a la inamovilidad laboral ,atendiendo a que el accionante tiene a su cargo una persona con discapacidad. Otro aspecto a considerar es que el accionante alegó haber trabajado en “Transredes” desde 1999 y que se encuentra amparado por la carrera administrativa, argumentando que ingresó a la Empresa mediante concurso público y que desempeñó continuamente diversos cargos; no obstante, mediante certificación de 19 de junio de 2024 emitida por Kathia Ferrufino Rivera, Gerente de Talento Humano, se tiene que trabajó en YPFB Transporte S.A. en dos periodos: el primero, desde el 10 de mayo de 1999 hasta el 4 de diciembre de 2019 y, el segundo, desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de junio de 2023 (Conclusión II.17); vale decir, no hubo una continuidad laboral, por tanto, existiendo una interrupción laboral y que su última relación laboral la inició desde el 8 del citado mes y año último, aquel es el cargo que corresponde considerar.

Asimismo debe considerarse lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional en sentido de que, el accionante suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Directorio de la Empresa YPFB Transporte S.A. el 8 de diciembre de 2020, para ejercer funciones como Gerente General, cargo de confianza que, conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, órgano competente para la interpretación de la legalidad laboral, no tiene inamovilidad por constituirse en la personificación de la parte empleadora. Dicho aspecto puede extraerse incluso de la propia forma de contratación, pues la misma se realizó en virtud de la Resolución 57/2020 emitida en 12va. Reunión del Directorio celebrada el 8 de diciembre de 2020, asentada en el Acta 12/2020 de 8 de diciembre de 2020 (Conclusión II.1). En la cláusula séptima de ese Contrato se establece que su vigencia será indefinida, pero sujeta a una nueva Resolución del Directorio que designe a un nuevo funcionario o hasta que se disponga la remoción del cargo, tal como aconteció en el caso de autos (Conclusión II.2) todo ello en virtud a su carácter de trabajador de confianza. En este sentido tomando en cuenta lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución y los antecedentes del caso, el análisis jurídico debe partir de la naturaleza del cargo ejercido por el demandante. Conforme a los documentos aportados, fue designado como Gerente General y, posteriormente, como Gerente de Operaciones en YPFB Transporte S.A. por Acta 21/GESTIÓN 2021, correspondiente a la 21va. Reunión del Directorio -9na. realizada sin convocatoria previa-, celebrada el 23 de diciembre de 2021 (Conclusión II.4); cargos que son considerados de libre nombramiento, con funciones administrativas de confianza, por lo que, tampoco goza de inamovilidad laboral. Este tipo de cargos corresponde a funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para autoridades electas o designadas. Aunque el Gerente de Operaciones no es designado directamente por una autoridad política, su nombramiento emana de la alta dirección de la Empresa -el Directorio- y se basa en criterios de confianza y competencia técnica. Asimismo, dicho cargo implica la gestión estratégica, dirección operativa y responsabilidad sobre recursos públicos en una empresa estratégica nacional, lo que configura como una posición de naturaleza directiva, no sujeta a la estabilidad propia de la carrera administrativa. En coherencia con lo anotado, se encuentra reconocido que los cargos jerárquicos en Empresas Públicas estratégicas, como es YPFB, que operan bajo el régimen del derecho privado, no forman parte de la carrera administrativa. En consecuencia, dada su naturaleza funcional y la forma en que son provistos, los funcionarios que los ocupan no acceden a ellos mediante concurso de méritos y, por la importancia de las labores que desarrollan, igual que sucede con madres y padres progenitores con hijos menores a un año, no gozan de inamovilidad laboral por tener dependientes menores de edad y con discapacidad, sino que su permanencia en el cargo depende de la confianza de las autoridades de dirección institucional. La condición de "personal de confianza" resulta determinante y suficiente para justificar su desvinculación, sin que ello implique, en principio, una vulneración de derechos fundamentales. La remoción, en este contexto, fue ejecutada mediante acto administrativo formal de Resolución de Directorio 18/2023 (Conclusión II.6), conforme a las competencias que la estructura societaria otorga al Directorio de YPFB Transporte S.A., en el marco del derecho corporativo y del régimen laboral especial de este tipo de funcionarios; por consiguiente, en merito a todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/25 de 10 de abril de 2025, cursante de fs. 632 a 636, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0669_2025-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 66e77f3a50332f78ebf911698be26081105dbfe95c635d5381147486e545e7ea

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