B.IA.LEGAL

SCP 0669/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49643-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre circulación, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, tanto el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 533/2022 de 28 de junio, confirmada por “Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio” emitida por la Vocal hoy demandada, dispusieron la continuidad de su detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y los riesgos procesales persistentes, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación solicitada por el Ministerio Público o la parte querellante, correspondía disponer su cese aplicándose medidas menos gravosas.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 033/2022 de 2 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresos, en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la cesación a la detención preventiva en etapa preparatoria y de juicio oral
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49643-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 033/2022 de 2 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Helmer Antonio Villena Medrano en representación sin mandato de Jhonathan Germán Felipez Baldivieso contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, del señalado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 18 a 22 vta. el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Karen Milenka Lara Cruz por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 8 de febrero de 2022 se llevó a cabo audiencia de consideración de medidas cautelares; la cual, a través de Resolución 76/2022 de igual fecha, dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses; mandamiento de detención preventiva que, fue ejecutado, recién el 12 de abril del mismo año, siendo remitido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Por lo que, transcurridos los dos meses, presentó certificación de 22 de junio del igual año, expedida por el Director del precitado Centro Penitenciario, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, del departamento de La Paz, -hoy codemandado-, en el que se pudo constatar que llevaba dos meses y diez días en el citado Centro Penitenciario, solicitando con ello la cesación a la detención preventiva –13 de junio del mismo año–; empero, la misma fue rechazada a través del Auto Interlocutorio 533/2022 de 28 de junio, –diez días después de peticionada–, bajo el fútil argumento de que los riesgos procesales persistían y que ya existía acusación formal, determinación asumida sin que el Ministerio Público o la parte querellante hayan solicitado la señalada ampliación de la detención preventiva, omitiendo además toda la prueba aportada, entre ellas la acusación formal presentada por medio de ciudadanía digital el 30 de mayo de 2022 y en forma física el 1 de junio de 2022, la cual estaba fuera del plazo establecido por el Juez demandado, ya que conminó a la Fiscal de Materia, a presentar el requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días a partir del 24 de mayo del mismo año; en virtud a ese incumplimiento, el 2 de junio solicitó a través de memorial se declare la extinción de la acción penal, resolución que hasta la fecha de la presentación de esta acción de libertad, no fue notificada con un determinación positiva o negativa; en razón a ello, se reiteró por escrito de 23 de junio de 2022, por el cual, se adjuntó más prueba para su consideración en audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue resuelto a través del Auto Interlocutorio 533/2022 antes citada, en la que no se consideraron dichos argumentos. En tal razón, se apeló en audiencia esa injusta determinación, remitiéndose el expediente recién el 11 de julio de 2022, radicándose la apelación incidental en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la Vocal Rosmery Lourdes Pabón Chávez –ahora demandada–, que en primera instancia ordenó la devolución de la apelación, pidiendo que se remita la resolución de apelación incidental dictada por la Sala Penal Cuarta de igual distrito judicial, que determinó se realice la audiencia de situación jurídica por haberse percatado del vencimiento de los plazos de la detención. Dicha devolución se efectuó el 14 de julio, para que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del señalado departamento, recién procediera a la devolución de los antecedentes observados, el 26 de igual mes y año, después de haberse reclamado en incumplimiento en la remisión del expediente por memorial de 25 de julio de 2022; por lo que, se realizó la audiencia de fundamentación el 29 de mismo mes y año, en donde la Vocal hoy demandada escuchó los argumentos esgrimidos por la defensa y la Fiscal de Materia, quien reiteró la presentación de la acusación formal y a pesar de la claridad de la normativa establecida en el art. 239.2 Código de Procedimiento Penal (CPP) y la línea jurisprudencial, dicha autoridad a través del Auto de Vista 554/2022, denegó el recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 533/2022 de 28 de junio, ignorando lo establecido por el art. 232 del código adjetivo penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre circulación, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 21.7; 22; y, 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual, el 2 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 54 a 56 vta., presente el accionante a través de su representante sin mandato; y, ausentes las autoridades demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su demanda de la presente acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 52 a 53 señaló lo siguiente: a) Respecto al retraso de un mes en la resolución de la apelación a la solicitud de la cesación a la detención preventiva denunciada por el impetrante de tutela, cabe señalar que la apelación fue remitida a su despacho recién el 26 de julio de 2022, indicando audiencia de fundamentación para el 29 del mismo mes y año, dando cumplimiento con lo establecido por el art. 251 del CPP –dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones–; hace notar que la parte solicitante de tutela, solo se limitó a hacer una relación de los hechos sin mencionar de qué manera el Auto de Vista 554/2022, le causaría agravio; b) La determinación del plazo de duración de aplicación de la medida cautelar de carácter personal de 8 de febrero de 2022, interpuesta en contra del ahora impetrante de tutela, –de dos meses de investigación–, recién fue cumplida un mes después de la determinación primigenia; es decir, a partir del 12 de abril de igual año, feneciendo así el 14 de junio de 2022; sin embargo, el 30 de mayo del mencionado año, antes del cumplimiento del plazo de la detención preventiva, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, debiendo desarrollarse para ello el juicio oral público, fundamento fáctico emitido por la autoridad jurisdiccional ad quem a los fines de establecer el rechazo a la detención preventiva; c) La parte solicitante de tutela, tenía la obligación de haber solicitado una explicación, complementación y enmienda como instancia para poder entender de mejor manera la resolución de apelación; por lo que, al no hacerlo significó que estaba plenamente de acuerdo con la Resolución 554/2022, ya que es clara y coherente, en tal razón debió agotar esta instancia en apego al principio de subsidiariedad; d) Es necesario tomar en cuenta y reiterar que una de las características de la medida cautelar es la temporalidad y viabilidad de las medidas cautelares; de tal forma que, la resoluciones dictadas tanto por el Juez a quo y los Tribunales de Alzada, no causen estado y que pueden variar conforme las circunstancias; y, e) El impetrante de tutela, efectuó una relación escueta y sintetizada de las actuaciones efectuadas en la audiencia de consideración de apelación y medida cautelar; por lo que, no se estableció de manera cierta y concreta cómo se habrían vulnerado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; toda vez que, la resolución pronunciada por la referida Sala, consta de la debida fundamentación conforme a los arts. 124 y 173 del CPP. Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, por medio de informe escrito de 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 28, mencionó lo siguiente: 1) El referido interés procesal ya se encuentra en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; consecuentemente, pese a la apelación de la decisión en audiencia, no existe materia y o derecho a tutelar en el presente caso. La acción de libertad no subsana mecanismos que la propia parte no las hubiera realizado; y, 2) El Auto Interlocutorio 533/2022; estableció que, existe acusación formal; en cuya virtud, se debe desarrollar el juicio oral público y contradictorio, por cuanto el plazo de detención preventiva estaba intrínsecamente vinculado a los actos investigativos en una etapa preparatoria y que al presentarse acusación formal por el Ministerio Público la situación jurídica del procesado hubiere variado en negativo; ya que, una medida cautelar no es una condena anticipada si es que no hay el lineamiento en lo establecido en el art. 221 del CPP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 033/2022 de 2 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., denegó la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez hoy demandado ya respondió a la solicitud de cesación a la detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 533/2022, siendo la misma apelada por el ahora impetrante de tutela, la cual se resolvió por Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio; y, ii) Respecto a los agravios señalados por el hoy solicitante de tutela dirigidos al Tribunal de alzada en su apelación señalada, mediante el precitado auto de vista fueron respondidos por la Vocal de la Sala Penal Segunda del referido departamento –hoy demandada–, no se evidenció la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, se debe tener presente que la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba es atribución de la jurisdicción ordinaria, y no así de la constitucional, dada su naturaleza y fin, ésta se encuentra impedida de revisar o sustituir actuados, excepto en los casos en que medie una indudable lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que de la revisión de los antecedentes remitidos, no se evidencia estar dentro de los alcances de lo previsto por el art. 125 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 76/2022 de 8 de febrero; por la que, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, –hoy demandado–, dispuso la detención preventiva de Jhonatan Germán Felipez Baldivieso del –ahora solicitante de tutela–, por el lapso de dos meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 40 a 44 vta.). II.2. Por Informe de 12 de abril de 2022, Omar Caparicona Laruta, funcionario policial pone en conocimiento de la Fiscal de Materia que dio cumplimiento con el Mandamiento de detención preventiva, procediendo al traslado del imputado –ahora solicitante de tutela– al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 7). II.3. Consta requerimiento Conclusivo de Acusación de 30 de mayo de 2022; a través del cual, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, tras las investigaciones respectivas, concluyó que Jhonatan Germán Felipez Baldivieso –ahora accionante– es responsable del delito atribuido; por lo que, se lo acusó formalmente (fs. 45 a 48). II.4. A través de Resolución 533/2022 de 28 de junio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del citado departamento, determinó rechazar la solicitud a la cesación a la detención preventiva solicitada por el hoy impetrante de tutela (fs. 31 a 33 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre circulación, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, tanto el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 533/2022 de 28 de junio, confirmada por “Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio” emitida por la Vocal hoy demandada, dispusieron la continuidad de su detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y los riesgos procesales persistentes, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación solicitada por el Ministerio Público o la parte querellante, correspondía disponer su cese aplicándose medidas menos gravosas.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la cesación a la detención preventiva en etapa preparatoria y de juicio oral

La SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, al respecto precisó: “Una de las medidas cautelares establecidas en el ordenamiento jurídico y destinadas a asegurar la averiguación de la verdad de los hechos es la detención preventiva, la cual, conforme ha reiterado la jurisprudencia constitucional, involucra la privación temporal del derecho a la libertad, es decir que no tiene por finalidad la condena anticipada del imputado; en tal sentido, su aplicación se encuentra sometida a reglas específicas que determinan los requisitos para su imposición y, del mismo modo, las formas en que esta medida puede ser suspendida o modificada. Al respecto, el art. 22 de la CPE, concordante con los arts. 23.I y 180.I de la Ley Fundamental, dispone que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese mismo sentido, el art. 8.II de la Norma Suprema, determina a la dignidad y la libertad como valores supremos del Estado Plurinacional. Así, se puede establecer que cualquier restricción, lesión o límite al ejercicio del derecho a la libertad en materia penal, a través de la detención preventiva, debe ser aplicada con carácter provisional o cautelar; toda vez que la misma tiene una naturaleza instrumental destinada a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, de manera que también es plenamente modificable a través de los mecanismos intraprocesales, entre ellos, mediante la solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme a lo descrito en el art. 239 del CPP, que enumera los casos en los cuales procede. Conforme a lo indicado, el art. 239 de la norma procesal penal, establece causales específicas de, cesación de las medidas cautelares personales, siendo una de ellas, el vencimiento del, plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. Cabe señalar que, por disposición del art. 235 ter. del CPP, cuando el Juez de Instrucción Penal resuelve la aplicación de la detención preventiva debe fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento, estableciendo además día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, en el entendido que este no puede permanecer indefinidamente como detenido preventivo; empero, debe tomarse en cuenta que el plazo fijado para la detención preventiva durante la fase investigativa, está relacionado con el tiempo que se considera que el Ministerio Público requiere razonablemente para realizar las labores investigativas del caso concreto o la necesidad de realizar una actuación o diligencia concreta (art. 233 último párrafo del adjetivo penal). En ese sentido, cuando el plazo de la detención preventiva dispuesta por el Juez Cautelar hubiera vencido y no se hubiere solicitado su ampliación en la etapa preparatoria, la autoridad a cargo del control jurisdiccional no debe más que dar aplicación a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, disponiendo la libertad del cautelado y aplicando en su caso medidas sustitutivas a la detención preventiva; a ello obedece precisamente la obligación del juez de instrucción penal, que al establecer el tiempo de duración de la detención preventiva, tenga que fijar día y hora de audiencia para resolver la situación jurídica del cautelado. En cambio, sí a la culminación del plazo otorgado para la detención preventiva el querellante o el Ministerio Público hubieran presentado acusación formal por la comisión de uno o más delitos que hacen viable la detención preventiva y la causa hubiera sido radicada, el juez o el tribunal de sentencia no tienen facultad para resolver de oficio la situación jurídica del detenido preventivo, aun el plazo de la detención preventiva fijado por el Juez hubiera vencido; toda vez que, por disposición del art. 233 en su penúltimo párrafo, para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio y recursos se deben acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo; es decir, ‘a existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’; y tomando en cuenta que para disponer la detención preventiva la autoridad jurisdiccional ya estableció la concurrencia de determinados riesgos procesales, corresponde a la parte acusada y con detención preventiva, desvirtuar la concurrencia de los riesgos que motivaron tal decisión, acompañando para ello los elementos que demuestren aquello o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida de menor rigor, conforme a la causal prevista en el art. 239.1 del CPP. Lo señalado anteriormente guarda absoluta relación con lo dispuesto en el art. 239 de la norma procesal penal (Cesación de las Medidas Cautelares Personales), cuando, luego de enumerar las causales que hacen procedente la cesación de la detención preventiva, refiere que: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1; 2; 5 y 6, la Jueza, el Juez o Tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; disposición que bajo una interpretación literal, exige la presentación de una solicitud para resolver la cesación a la detención preventiva”.

III.2. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática venida en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, a través de Resolución 76/2022; por el que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz –ahora codemandado–, dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela por el lapso de dos meses en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento (Conclusión II.1); la cual se dio cumplimiento, recién el 12 de abril de 2022 según Informe de la citada fecha, por el que Omar Caparicona Laruta, funcionario policial, pone en conocimiento de la Fiscal de Materia que dio cumplimiento con el Mandamiento de Detención Preventiva, procediendo al traslado del imputado –ahora solicitante de tutela– al referido Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.2). Asimismo, se tiene que mediante requerimiento conclusivo de acusación formal de 30 de mayo de 2022, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, tras la conclusión de la investigación, concluyó que Jonathan Germán Felipez Baldivieso –ahora accionante– es responsable del delito atribuido; por lo que, se emitió la correspondiente acusación formal (Conclusión II.3); posteriormente, por memorial de 13 de junio de 2022, el accionante, solicitó la cesación a la detención preventiva por encontrarse el plazo vencido; razón por la cual, a través del Auto Interlocutorio 533/2022, el Juez –hoy demandado–, determinó rechazar la solicitud a la cesación a la detención preventiva solicitada por el hoy impetrante de tutela (Conclusión II.4), la cual fue apelada en audiencia por el impetrante de tutela, por no estar de acuerdo con los argumento de Juez hoy demandado, que señaló que los riesgos procesales persistían y que ya existía acusación formal, determinación asumida sin que el Ministerio Público o la parte querellante hayan solicitado la ampliación de la detención preventiva, omitiendo además considerar toda la prueba aportada, entre ellas la existencia de una acusación formal presentada por medio de ciudadanía digital el 30 de mayo de 2022 y en forma física el 1 de junio, la cual estaba fuera del plazo establecido en la conminatoria de requerimiento conclusivo de 24 de mayo del mismo año; apelación que fue resuelta a través del Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio, que denegó el recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 533/2022, ignorando lo establecido por el art. 232 del código adjetivo penal (Antecedentes I.1.1 y I.2.1). Bajo ese contexto, el accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre circulación, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, tanto el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 533/2022, confirmada por el Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio emitida por la Vocal –hoy demandada–, dispusieron la continuidad de su detención preventiva ante la existencia de acusación formal y los riesgos procesales persistentes, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación solicitada por el Ministerio Público o la parte querellante, correspondía disponer su cese aplicándose medidas menos gravosas. Antes de ingresar a analizar la problemática planteada, cabe establecer que el análisis se limitará al examen de la Resolución de alzada; ello, debido a que la Vocal hoy demandada, es llamada a revisar de acuerdo a los principios de pertinencia y congruencia las resoluciones emitidas por los jueces en primera instancia, marco dentro del cual corresponde pronunciarse directamente sobre el fallo de segunda instancia, pues ella tiene la facultad de analizar los supuestos de vulneración de derechos fundamentales en los que pudieran haber incurrido los Jueces de menor jerarquía; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto del Juez –hoy demandado– con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del análisis del referido agravio. Ahora bien, conviene puntualizar que conforme se acredita de la revisión del legajo constitucional de esta acción de defensa, no se cuenta con documentación relativa al “Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio” emitida por la Vocal hoy demandada, concerniente a la apelación incidental a la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; sin embargo, los elementos facticos expresados al respecto por la señalada Vocal en el informe presentado en esta acción tutelar y no controvertidos por la parte accionante, corresponde efectuar el control de legalidad en base a dicho antecedente (Antecedentes I.2.2). En tales antecedentes, con la finalidad de dilucidar si lo reclamado por la impetrante de tutela es evidente o no, corresponde inicialmente desglosar el contenido en el Informe remitido por la Vocal demandada respecto del “Auto de Vista 554/2022 de 29 de julio” (Antecedentes I.2.2); observándose en este cuatro “puntos”, donde se plasmó lo siguiente: a) “Corresponde señalar que la presente acción de libertad es dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIAS DE ANAHI CARDONA MALDONADO EN CONTRA DE JHONATAN GERMAN FELIPEZ BALDIVIEZO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, la Sala Penal Segunda efectivamente dictó la Resolución N°554/2022 de fecha de fecha 29 de agosto de 2022” (sic); b) “Respecto a la acción de Libertad interpuesta por la parte ahora accionante del memorial de fecha 01/08/2022 menciona que’... realizándose la audiencia de fundamentación el viernes 29 de julio de 2022, NOTESE EL RETRASO DE UN MES DE RESOLVERSE LA APELACION; la vocal ahora también accionada escucho los argumentos esgrimidos por la defensa, la fiscalía reitero que tenía presentada la acusación al igual que la parte víctima, y a pesar de la claridad de la normativa establecida por el artículo 239 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal y la línea jurisprudencial invocada, la Vocal denegó el recurso y confirmó la Resolución 533/22 emitida por el Juez Ad Quo mediante Resolución 554/2022 de fecha 29 de julio de 2022, misma que causa agravio por violación a las garantías constitucionales vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso, y mucho más omitiendo lo establecido por el artículo 7 del Código Procesal Penal sobre la favorabilidad cuando exista duda de aplicación de medida cautelar, esto también lo ha ignorado’. Al respecto contrastando los fundamentos expuestos cabe señalar que la misma parte accionante menciona que el expediente ha sido remitido ante esta Sala el 26 de julio de 2022 y se ha señalado la audiencia de fundamentación para el 29 de julio del 2022 es decir se ha dado entero cumplimiento con el art 251 del Código de Procedimiento Penal al haberse señalado la audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Debe tomarse en cuenta que la parte accionante solo se limita a hacer una relación de hechos y no menciona de qué manera la Resolución 554/2022 de 29 de julio de 2022 le causaría agravio’(sic); c) “Así también manifiesta que a fs. 20 “IDENTIFICACION DE DERECHOS Y GARANTIAS VULNERADOS: En el marco de lo previsto por el numeral 5 del Artículo 33 del Código Procesal Constitucional, paso a señalar que los derechos y garantías Vulnerados que se identifican son los siguientes: a) Derecho de libertad de circulación (Art. 21.7 CPE) b) Derecho de dignidad y libertad personal (Art. 22 CPE). c) Parágrafo I del Art. 23 de la CPE a su vez en derecho de la libertad personal se encuentra resguardado desde las primigenias normas del Derecho Constitucional moderno como lo son: la Carta Magna de Derechos de Inglaterra de 1215, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 y la Quinta enmienda de la Constitución de los EE. UU. de norte América de 1791, así mismo el derecho de libertad personal se encuentra resguardado por la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU el 10 de Diciembre de 1948 que siendo un instrumento internacional en materia de DDHH tienen plena exigibilidad en Bolivia por mandato del Art. 256 de la CPE además de constituir parte del bloque de constitucionalidad establecida por el Art. 410. II de la CPE que se replica en las determinaciones de la CIDH y en el Pacto de San José de Costa Rica, donde en todas se establece de forma clara y contundente que no se puede detener preventivamente basado en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas, no puede existir presunciones simples y las resoluciones deben estar fundamentadas y con motivación suficiente.’ se debe tomar en cuenta que el plazo de la duración de la Detención Preventiva solicitada y los actos investigativos que debe realizar en dicho término deben ser acreditados únicamente para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, es necesario invocar el artículo 239 ‘II’ que establece...’Que las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de las siguientes medidas: cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la Detención Preventiva siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo’ …, consecuentemente el mismo estaría relacionado al plazo de la duración a la Detención Preventiva que podrá ser ampliada a petición fundada del fiscal y únicamente que el mismo sea también solicitado por la parte querellante cuando existen actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al Ministerio Público y no respondidas por este, en ese contexto es necesario ingresar a contrastar los fundamentos que, hubieran sido objeto de apelación, consiguientemente se tiene que; mediante la aplicación de medida cautelar de carácter personal en contra del imputado, se puede establecer la determinación del plazo de la duración a la Detención Preventiva por el lapso de 2 meses de investigación de fecha 8 de febrero del 2022, sin embargo a ello, el ahora imputado hubiera cumplido referida disposición jurisdiccional un mes después de la determinación primigenia jurisdiccional, habiéndose cumplido tal determinación a partir de fecha 12 de abril del 2022, cumpliéndose el 14 de junio del presente año, el plazo de dos meses de investigación dispuesta por la autoridad jurisdiccional que sin embargo señala que en fecha 30 de mayo del 2022 es decir antes del cumplimiento del plazo de la Detención Preventiva el Ministerio Público presenta requerimiento conclusivo de acusación fiscal emitido por el Ministerio Público, es decir ha sido presentado antes al cumplimiento de la Detención Preventiva del plazo otorgado por la autoridad jurisdiccional, consecuentemente se observa el respecto al plazo otorgado por la autoridad jurisdiccional y el cumplimiento de la restricción de los derechos de locomoción a partir de fecha 12 de abril del 2022, mismo que se puede establecer que en el presente caso si bien hubiera cumplido la Detención Preventiva en el plazo de dos meses dispuesto por autoridad jurisdiccional eso no habría sido cumplido en el momento oportuno por el mismo imputado habiéndose cumplido tal disposición en fecha 12 de abril de 2022, y siendo dicho elemento de fecha 12 de abril del 2022 hubiera cumplido el 12 de junio del 2022 y que el Ministerio Público en fecha 30 de mayo del presente año presenta su requerimiento conclusivo de acusación fiscal, caso por el cual señala que conforme la jurisprudencia y sentencias constitucionales respecto al plazo referido y denunciado por el imputado en audiencia hubiera sido cumplido por el mismo, sin embargo el plazo otorgado por la autoridad jurisdiccional el Ministerio Público habría presentado un requerimiento conclusivo de acusación fiscal debiendo desarrollarse para ello el juicio oral público y contradictorio, entonces bajo ese fundamento es que se establece que los fundamentos fácticos emitidos por la autoridad jurisdiccional ad quem a los fines de establecer el rechazo a la cesación a la Detención Preventiva tiene la suficiente logicidad jurídica. Así también hacer notar que la parte accionante tenía la obligación de haber solicitado una explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, teniendo instancia para poder entender la mencionada resolución por lo que está plenamente de acuerdo con el auto de vista Resolución No. 554/2022, que se emitido ya que el mismo es claro y coherente, debiendo agotar esta instancia todo en apego del principio de subsidiariedad’”(sic); y, d) “Es necesario tomar en cuenta y reiterar que una de las características de la medida cautelar es la TEMPORALIDAD Y VARIABILIDAD de las medidas cautelares, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por el Juez a-quo y los Tribunales de alzada, NO CAUSAN ESTADO pueden variar conforme varían las circunstancias. De la lectura del memorial de acción de libertad, efectúa una relación muy escueta, y síntesis de las actuaciones efectuadas en la audiencia de CONSIDERACION DE APELACION A MEDIDA CAUTELAR, no se establece de manera cierta y concreta como se habría vulnerado sus derechos y garantías. Y la RESOLUCION PRONUNCIADA POR LA SALA PENAL SEGUNDA, TIENE LA DEBIDA FUNDAMENTACION CONFORME al art. 124 del C.P.P., concordante con el Art. 173 del CPP.” “Por lo que en base a los fundamentos señalados solicito que corrido los tramites de Ley se DENIEGUE LA ACCION DE LIBERTAD interpuesta por JHONATAN GERMAN FELIPEZ BALDIVIEZO” (sic). De la contratación de los fundamentos expuestos con la denuncia efectuada por el solicitante de tutela, no se tiene como cierta la reclamación deducida; puesto que, conforme puede advertirse de la exposición que precede, la autoridad demandada emitió pronunciamiento puntual en torno a cada agravio que constituyó materia de apelación, y en lo principal, al comprobar que el Juez a quo, no omitió pronunciarse de manera fundamentada con relación al requerimiento de cesación a la detención preventiva, de manera suficiente y clara, a los fines de establecer el rechazo a la cesación de la detención preventiva del hoy accionante, al haber determinado que el plazo de duración de aplicación de la medida cautelar de carácter personal, impuesta mediante Resolución 76/2022 de 8 de febrero, –de dos meses de investigación–, recién fue ejecutada un mes después de la determinación primigenia, es decir, a partir del 12 de abril de igual año, feneciendo así recién el 14 de junio de 2022; sin embargo, el 30 de mayo del mencionado año, catorce días antes del cumplimiento del plazo de la detención preventiva, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación fiscal, habiendo con ello, mutado de etapa procesal; por lo que, declaró la improcedencia de su recurso ante la inexistencia de prueba tendiente a desvirtuar los riesgos procesales latentes; aclarando que, cualquier posterior solicitud de cesación que realice la parte procesada, debía ser enfocada en desvirtuar los aludidos riesgos de acuerdo al art. 239.1 de la norma procesal penal; por lo que, el acciónate al argumentar que no debía seguir detenido preventivamente por el hecho que su plazo de dos meses dispuesto en etapa preparatoria ya habría concluido en aplicación del art. 239.2 del CPP, sin tomar en cuenta la existencia acusación formal presentada por la Fiscal de Materia, ingresando con ello a etapa de juicio oral representa una incorrecta interpretación de la citada norma procesal, resultando en contrario correcto lo argumentado por la autoridad demandada. Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no observa una errónea interpretación o aplicación de la norma procesal, como sostiene el impetrante de tutela; toda vez que, los efectos que genera la existencia del requerimiento conclusivo de acusación formal, que delimita el cambio de mutación de etapa, cuenta a partir del momento de su presentación, lo que representa la culminación de la etapa preparatoria y conclusión de los actos investigativos; razón por la cual, si bien el 12 de junio, habría vencido el plazo de la detención preventiva, solicitando el impetrante de tutela, la cesación a su detención preventiva; sin embargo, la preexistencia del pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público –30 de mayo de 2022– catorce días antes del vencimiento de la detención referencia –12 de junio del mismo año–, recondujo el análisis sobre el cual debía versar su situación jurídica, impidiendo pueda ingresarse al análisis del transcurso del tiempo previsto en el art. 239.2 del CPP; la cual, únicamente se encontraba sujeta a la destrucción de los peligros procesales. Consecuentemente, los razonamientos efectuados por la Vocal ahora demandada, que sustentan su decisión de declarar improcedente el recurso de apelación formulado por el hoy impetrante de tutela y mantener su detención preventiva al no haberse desvirtuado los riesgos procesales, se encuentran enmarcados dentro de los lineamientos jurisprudenciales contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; que establece que, por disposición del art. 233 penúltimo párrafo del CPP modificado por las Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–y posteriormente por la Ley de Modificación de la Ley 1173 –Ley 1226, de 23 de septiembre de 2019– para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio y recursos se deben acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo; es decir, “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”; y tomando en cuenta que, para disponer la detención preventiva la autoridad jurisdiccional ya estableció la concurrencia de determinados riesgos procesales, corresponde a la parte acusada y con detención preventiva, desvirtuar los riesgos que motivaron tal decisión, acompañando para ello los elementos que demuestren aquello o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida de menor rigor, conforme a la previsión contenida en el art. 239.1 del código adjetivo penal. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 033/2022 de 2 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresos, en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0669_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): fcea76e5a38363c7303c042357d8ef4d1eb23d8ec687210f8175811316eaa385

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →