B.IA.LEGAL

SCP 0668/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52938-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la petición; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad el 3 de enero de 2023: i) La Jueza ahora accionada no resolvió sus reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva, como tampoco respondió al memorial presentado el 27 de diciembre de 2022; y, ii) La Secretaria hoy coaccionada no notificó con los decretos emitidos en el proceso penal que se sigue contra su persona; generándose de esta manera dilaciones injustificadas, que impiden que su situación jurídica mejore. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/23 de 4 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a los derechos al debido proceso en su elemento de celeridad y acceso a la justicia en vinculación con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Maribel Jiménez Claure, Jueza y Lizeth Inocente Gonzáles, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, a que en futuras actuaciones obren con la debida celeridad y en cumplimiento de las funciones que les fueron conferidas. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho de petición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52938-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/23 de 4 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Díaz Bernal, José Eduardo Macheis Almendras y Yony “Erlad” Cojtire Solíz en representación sin mandato de Gregorio Gutiérrez Torrez contra Maribel Jiménez Claure, Jueza y Lizeth Inocente Gonzáles, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial de 3 de enero de 2023, cursante de fs. 10 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP); encontrándose con detención preventiva desde el 9 de julio de 2022, por memorial presentado el 12 de septiembre de igual año, pidió se señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, reiterando esa solicitud el 1 de diciembre del mismo año; sin embargo, la misma no fue atendida debido a que se dispuso vacación judicial y los antecedentes fueron remitidos ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz; asimismo, el 9 de dicho mes y año, nuevamente solicitó se programe día y hora de audiencia, no obstante ese acto procesal no fue celebrado, debido a que el personal de apoyo jurisdiccional se encontraba almorzando.

Finalmente, el 27 de diciembre de 2022, mediante memorial solicitó el señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva; empero, hasta la interposición de esta acción de libertad de 3 de enero de 2023, no obtuvo respuesta alguna; en ese sentido, se vulneraron sus derechos; ya que, su situación jurídica no se encuentra definida debido a esas dilaciones, manteniéndose su privación de libertad.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la petición; citando al efecto los arts. 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que la Jueza ahora accionada decrete su solicitud en el plazo de veinticuatro horas; b) Que dicha Jueza instale y celebre la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; y, c) Que la Secretaria hoy coaccionada proceda a notificar a todos los sujetos procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) No se vio ninguna prueba que demuestre que las suspensiones de audiencias fueron debido a la excesiva recarga laboral que alegan la Jueza y la Secretaria ahora accionadas; 2) No obstante a la insistencia mediante la presentación de solicitudes para la cesación de su detención preventiva, no se obtuvo ningún tipo de respuesta; 3) En cuanto al memorial presentado el 27 de diciembre -de 2022-, recién se tomó conocimiento de que el mismo contaba con un decreto; 4) Es el Juzgado de turno el que debe atender su petición de cesación de la detención preventiva, más aun tomando en cuenta que los antecedentes no fueron remitidos al Juzgado de origen; y, 5) Considerando que el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, no cuenta con Oficial de Diligencias, pidió que se ordene a la Secretaria del referido Juzgado a gestionar las notificaciones en colaboración con su persona.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas

Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado 4 de enero de 2023, cursante de fs. 65 a 67, manifestó lo siguiente: i) El proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 702102272201561 caso FELCV-SAT-WARNES 209/2022, seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente, tiene como Juzgado de origen el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del citado departamento, habiéndose remitido el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado que se encuentra a su cargo el 8 de diciembre de 2022, por vacación judicial, la cual culminaba el 2 de enero de 2023; ii) El 9 de diciembre de 2022, el accionante presentó un memorial solicitando la cesación de su detención preventiva, mereciendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año; por el que, se programó audiencia para el 16 del referido mes y año, a las 14:30 horas; sin embargo, en esa fecha tuvo que constituirse a Warnes del departamento de Santa Cruz, junto a la Secretaria de su despacho, a efectos de celebrar tres audiencias de aplicación de medidas cautelares con aprehendidos, mismas que duraron hasta las 17:00 horas; por lo que, no se pudo llevar adelante ese verificativo; iii) El 16 de igual mes y año, nuevamente el accionante pidió señalamiento de día y hora de audiencia, a tal efecto dicho actuado procesal fue programado para el 23 de igual mes y año, a las 11:30 horas; empero, en esa fecha nuevamente tuvo audiencias en el municipio de Warnes del citado departamento, hasta las 17:00 horas; posteriormente, el 27 de igual mes y año, el accionante una vez más solicitó programación de día y hora de audiencia; fijándose la misma para el 4 de enero de “2022” -siendo lo correcto 2023-, indicándose que dicho actuado procesal deberá ser realizado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; puesto que, la vacación judicial concluyó el 2 del referido mes y año, ordenándose a la Secretaria del Juzgado que se encuentra a su cargo, que en cuanto concluya la vacación judicial se remitan los antecedentes al Juzgado de origen; sin embargo, por los conflictos sociales que atravesaba el mencionado departamento, la “Casa Judicial” de Montero fue “tomada” el 3 de dicho mes y año; por lo que, no se pudieron remitir en la mencionada fecha los actuados procesales; no obstante, la Secretaria ahora coaccionada se estaba trasladando al mencionado municipio de Warnes el “día de hoy” -se entiende 4 de enero de 2023-, a efecto de remitir ese cuaderno procesal y otros; iv) Los Juzgados de Instrucción de Montero de dicho departamento, no cuentan con auxiliares y oficiales de diligencias; en consecuencia, esas funciones recaen sobre la Secretaria del despacho; v) En los veinticinco días de las vacaciones judiciales el Juzgado que se encuentra a su cargo celebró setenta audiencias, las cuales fueron en un noventa y cinco por ciento (95%) de aplicación de medidas cautelares con aprehendidos, siendo únicamente del señalado municipio de Warnes treinta y cinco casos; demostrando con ello la recarga laboral; por la que, se atravesó y la imposibilidad de realizar la mayoría de las audiencias que programó no siendo atribuible a la voluntad de su autoridad y mucho menos a la negligencia de parte del citado Juzgado; y, vi) El accionante no se encuentra ilegalmente aprehendido; ya que, su detención preventiva se debe a la formulación de la imputación formal, que fue dispuesta por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del indicado departamento, mediante Auto Interlocutorio de 9 de julio de 2022; por lo que, no se puede alegar que su autoridad hubiese vulnerado el derecho a la libertad del nombrado; en ese sentido, el accionante tuvo desde esa fecha hasta el 7 de diciembre de igual año, para solicitar la cesación de su detención preventiva en el Juzgado de origen y que cuenta con el control jurisdiccional para que sea quien resuelva su situación jurídica; por todo lo mencionado se demostró que los derechos del accionante no fueron vulnerados. Lizeth Inocente Gonzáles, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 63 a 64, manifestó lo siguiente: a) Encontrándose en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, el 9 de diciembre de 2022, -el accionante- presentó memorial solicitando la cesación de la detención preventiva; sin embargo, debido a la carga laboral que tiene; ya que, el Juzgado en el que desarrolla sus funciones no cuenta con Auxiliar ni Oficial de Diligencias, el referido memorial ingresó a despacho el 13 de igual mes y año, señalándose audiencia para el 16 de dicho mes y año, no obstante, el 15 del citado mes y año, el Fiscal de Materia, remitió dos imputaciones con aprehensiones motivo por el que junto a la Jueza ahora accionada se constituyeron en la Fiscalía de Warnes; por lo que, no se pudo celebrar la audiencia señalada; b) La suscrita no contaba con Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), y en ese sentido es que las notificaciones no se lograron realizar mediante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento; c) El 16 de diciembre de 2022, el accionante nuevamente pidió día y hora de audiencia, ingresando ese memorial el 21 del mismo mes y año, y señalándose ese acto procesal para la misma fecha, no obstante en esa fecha nuevamente tuvieron que constituirse en el municipio de Warnes del citado departamento a efecto de celebrar audiencias de aplicación de medidas cautelares con aprehendidos, en ese sentido, tampoco se pudo instalar la audiencia programada para esa fecha; d) El 27 del referido mes y año, el nombrado reiteró su solicitud, es así que por decreto de 29 de ese mes y año, se fijó audiencia para el 4 de enero de 2023, indicándose que esa audiencia debía realizarse en el Juzgado de Instrucción Primero de Warnes del citado departamento; puesto que, la vacación judicial, concluía el 2 de enero de “2022” -siendo lo correcto 2023-; y, e) Debido a los conflictos sociales que atravesaba ese departamento, la “Casa Judicial” de Montero fue “tomada”, razón por la cual no se remitió el respectivo cuaderno procesal; por lo que, el “día de hoy” -se entiende 4 de enero de 2023-, remitiría dicho cuaderno.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/23 de 4 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 71 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que la Jueza ahora accionada disponga el señalamiento, instalación y resolución de la audiencia de cesación de la detención preventiva, dentro del plazo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se debe tener presente que el ejercicio pleno del derecho a la defensa incluye la participación durante el procedimiento penal, en el presente caso inherente al régimen de las medidas cautelares que estaría vinculado al referido artículo, en ese sentido, a través de la falta de materialización de las diligencias de notificaciones se hubiese impedido al accionante que pueda considerarse su situación jurídica respecto a la cesación de la detención preventiva; 2) No obstante a la existencia de los decretos de programación de audiencias de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, de acuerdo a lo informado por la Jueza y la Secretaria hoy accionadas, esos decretos no fueron notificados, como tampoco se instalaron las audiencias, aduciendo una recarga laboral; ya que, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, estaría conociendo el proceso penal de referencia por motivo de vacación judicial, siendo el Juzgado de origen el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del mismo departamento; 3) La Jueza ahora accionada ordenó el traslado del cuaderno de control jurisdiccional correspondiente del proceso penal seguido contra el accionante al municipio de Warnes del mencionado departamento; sin embargo, tal extremo no fue concretado debido a los conflictos sociales; 4) La Circular TDJ-SCZ-SP 093/2022 de 16 de noviembre, que dispuso la vacación judicial establece los roles y turnos de los juzgados a efectos de que los sujetos procesales cuenten con control jurisdiccional y con una autoridad judicial competente; razón por la que, el indicado proceso penal fue de conocimiento de la Jueza y la Secretaria hoy accionadas; en ese sentido, las nombradas debieron cumplir con lo previsto por el art. 239 del CPP, y resolver las solicitudes del accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas, al estar vinculado con el derecho a la libertad, tal como estableció la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en las situaciones jurídicas en la que se encuentre de por medio una persona privada de libertad deben ser resueltas en un plazo razonable; 5) En el presente caso, la Jueza ahora accionada al no remitir los antecedentes al Juzgado de origen, al cumplirse la vacación judicial el 31 de diciembre de 2022, como primer día hábil el 3 de enero de 2023, “…es que tendría el control jurisdiccional del proceso puesto que, estaría dentro de su control jurisdiccional, no pudiendo desconocer su competencia” (sic); 6) De los informes presentados por la Jueza y Secretaria hoy accionadas se evidenció que hubiesen agotado la instancia respecto a comunicar sobre el conflicto -de recarga laboral y la falta de Auxiliar y Oficial de Diligencias- a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, a objeto de poder resolver el mismo y derivar los respectivos procesos; 7) Permitir que la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante sea celebrada por la autoridad judicial del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del citado departamento, desconociendo si las diligencias fueron efectuadas; y, 8) La competencia para la consideración de la solicitud del accionante recae sobre la Jueza ahora accionada; ya que, la misma indicó que aún se encontraba con el cuaderno procesal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, Gregorio Gutiérrez Tórrez -ahora accionante- pidió se señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, de acuerdo a lo previsto por el art. 239 del CPP (fs. 8 y vta.). Solicitud que fue reiterada por memorial presentado el 1 de diciembre de igual año (fs. 9 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, el accionante solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP (fs. 3 a 4). II.3. Mediante decretos de 16 de diciembre de 2022, emitidos por la Jueza hoy accionada, dentro del proceso penal seguido por el Fiscal de Materia contra Juan Carlos Rocabado; y, Kevin Tórrez Salinas, ante la presentación de la correspondiente imputación formal, programó audiencia de aplicación de medidas cautelares, para esa fecha a las 14:00 y 15:00 horas, respectivamente, a ser efectuadas en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 34 y 41). II.4. Consta fotocopia del Libro de Audiencias en el que figura programada audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 16 -se entiende de diciembre de 2022-, a las 14:30 horas (fs. 25). II.5. A través de los decretos de 22 y 23 de diciembre de 2022, la Jueza hoy accionada, dentro del proceso penal seguido por el Fiscal de Materia contra James Rigoberto Zambrana Villarroel; y, Julio Enrique Gómez Salvatierra, ante la presentación de la correspondiente imputación formal, programó audiencia de aplicación de medidas cautelares, para esas fechas a las 10:00 horas y 15:00 horas, respectivamente, a ser efectuadas en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz (fs. 48 y 61). II.6. Consta fotocopia del Libro de Audiencias en el que figura programada la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 23 -se entiende de diciembre de 2022-, a las 11:30 horas (fs. 42). II.7. Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante solicitó nuevo señalamiento de día y hora de audiencia de su detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 239.1 del CPP, debido a que hasta esa fecha no se pudo celebrar la misma (fs. 5 a 6). II.8. Cursa fotocopia del Libro de Audiencias en el que figura programada audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 4 -se entiende de enero de 2023-, a las 14:30 horas (fs. 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la petición; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad el 3 de enero de 2023: i) La Jueza ahora accionada no resolvió sus reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva, como tampoco respondió al memorial presentado el 27 de diciembre de 2022; y, ii) La Secretaria hoy coaccionada no notificó con los decretos emitidos en el proceso penal que se sigue contra su persona; generándose de esta manera dilaciones injustificadas, que impiden que su situación jurídica mejore. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, expresa que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, establece que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la petición; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad el 3 de enero de 2023: 1) La Jueza ahora accionada no resolvió sus reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva, como tampoco respondió al memorial presentado el 27 de diciembre de 2022; y, 2) La Secretaria hoy coaccionada no notificó con los decretos emitidos en el proceso penal que se sigue contra su persona; generándose de esta manera dilaciones injustificadas, que impiden que su situación jurídica mejore. Por consiguiente, se procederá a revisar la actuación de la Jueza y de la Secretaria ahora accionadas, a efecto de constatar si incurrieron en la vulneración de derechos del accionante. Respecto a la Jueza hoy accionada De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el nombrado por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239 del CPP (Conclusión II.2.); fijándose audiencia para el 16 de igual mes y año, a las 14:30 horas, tal como se puede advertir de la fotocopia del Libro de Audiencias (Conclusión II.4.); asimismo, en igual fecha la Jueza ahora accionada, mediante decretos de 16 de dicho mes y año, dentro del proceso penal seguido por el Fiscal de Materia contra Juan Carlos Rocabado; y, Kevin Tórrez Salinas, ante la presentación de la correspondiente imputación formal, programó audiencia para ese mismo día, a las 14:00 y 15:00 horas, respectivamente, a ser celebradas en el municipio de Warnes del citado departamento (Conclusión II.3.). De igual manera, de la fotocopia del Libro de Audiencias se constata que se programó audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 23 de diciembre de 2022, a las 11:30 horas (Conclusión II.6.); asimismo, para esa fecha a las 10:00 y 15:00 horas, fijó audiencia de aplicación de medidas cautelares en el proceso penal seguido por el Fiscal de Materia contra James Rigoberto Zambrana Villarroel; y, Julio Enrique Gómez Salvatierra, a ser celebrada en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.5.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, el accionante solicitó nuevo señalamiento de día y hora de audiencia a efecto de considerar la cesación de su detención preventiva conforme con lo previsto por el art. 239.1 del CPP, debido que hasta esa fecha no se pudo celebrar la misma (Conclusión II.7.); programándose audiencia para el 4 de enero de 2023, a las 14:30 horas tal como se puede advertir de la fotocopia del Libro de Audiencias (Conclusión II.8.); sin embargo, esa audiencia no fue celebrada, debido a que los antecedentes aún se encontraban en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz, debido a que la Secretaria hoy coaccionada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Origen en el municipio de Warnes del citado departamento, en razón a los conflictos sociales producidos en el referido municipio de Montero, tal como manifestaron en los correspondientes informes presentados en esta acción de libertad.

En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; puesto que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Por consiguiente, ante las reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva del accionante, la Jueza ahora accionada tenía el plazo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento de la respectiva audiencia y la resolución de la situación jurídica del nombrado, tal como lo establece el art. 239 del CPP; y si bien, se entiende que la indicada autoridad judicial se encontraba con recarga laboral al estar de turno por motivo de vacación judicial y atender Juzgados en distintos municipios -Montero y Warnes del departamento de Santa Cruz-; no obstante, debió procurar organizar las programaciones de audiencias y así ejercer el control jurisdiccional de todas las causas puestas en su conocimiento; más aun si se trataba de una persona privada de libertad, lo cual no sucedió en el presente caso; ya que, la Jueza hoy accionada señaló otras audiencias en las mismas fechas programadas para resolver la situación jurídica del accionante, con pocas horas de diferencia de horario y a ser celebradas en el municipio de Warnes del referido departamento, ocasionando con ello que la cesación de la detención preventiva del nombrado no sea resuelta hasta la interposición de esta acción de libertad; en consecuencia, la Jueza ahora accionada desconoció los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, lo cual conlleva la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y de acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculados a la libertad del accionante. Asimismo, se advierte que, en cuanto a la falta de respuesta del memorial presentado por el accionante el 27 de diciembre de 2022; por el que, reiteró se señale día y hora de audiencia para la consideración de cesación de la detención preventiva, la Jueza hoy accionada, emitió una respuesta programando ese acto procesal para el 4 de enero de 2023; no obstante, se incumplió con el plazo previsto por el art. 239 del CPP; en consecuencia, corresponde la aplicación de lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente, también es pertinente conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa. Respecto a la Secretaria ahora coaccionada Previamente a ingresar al análisis de la actuación de la Secretaria ahora coaccionada con relación a lo denunciado por el accionante en esta acción de libertad, es necesario aclarar que de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico II.3. de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren la legitimación pasiva para ser accionados en las acciones tutelares, cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado…” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, sino que incluye también las omisiones de diligencias administrativas. Consecuentemente, en el marco del entendimiento mencionado, se tiene que el accionante mediante esta acción de libertad denunció que la Secretaria ahora coaccionada no notificó a las partes procesales con los decretos que fijaron las audiencias para la consideración de la cesación de su detención preventiva; ya que, en cuanto a la audiencia programada para el 4 de enero de 2023, no tenía conocimiento hasta el momento de la audiencia de consideración de esta acción de defensa; hecho que fue corroborado por la misma en el respectivo informe, al señalar que no contaba con sistema para realizar las correspondientes notificaciones; además que, se encontraba con sobrecarga laboral al suplir funciones del Auxiliar y del Oficial de Diligencias -de los municipios de Montero y Warnes del departamento de Santa Cruz-, motivos por los cuales se le dificultaba notificar a las partes procesales; situación que también provocó que los memoriales presentados por el accionante ingresen a despacho de la Jueza ahora accionada con cierto retraso para su consideración.

En ese sentido, se tiene que la Secretaria hoy coaccionada, incumplió con las funciones que le fueron encomendadas, provocando con ello la vulneración de los derechos del accionante; ya que, al encontrarse privado de libertad, la tramitación de las solicitudes de cesación de la detención preventiva debieron ser atendidas con la debida celeridad; en consecuencia, adquiere legitimación pasiva y responsabilidad en esta acción de defensa, correspondiendo conceder la tutela solicitada también respecto a esa funcionaria de apoyo jurisdiccional.

Asimismo, es pertinente aclarar que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad de pronto despacho, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del accionante, decisión que concierne ser asumida por la autoridad judicial que conoce la causa penal.

Por otra parte, atinge a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional hacer mención en cuanto a la decisión tomada por la Jueza de garantías, respecto a ordenar a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, sea quien señale la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante y resuelva la situación jurídica del nombrado; ya que, el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba bajo su conocimiento; sin embargo, se entiende que las vacaciones judiciales culminaron el 3 de enero de 2023, conforme lo dispuesto por la Circular TDJ-SCZ-SP 039/2022 de 16 de noviembre; en consecuencia, la indicada Jueza perdió competencia para el conocimiento de las solicitudes del accionante; además que, de la lectura de los informes presentados por la Jueza y Secretaria hoy accionadas se constata que la devolución de los antecedentes estaba en curso, y que el retraso fue debido a los conflictos sociales generados, situación que escapa de la voluntad de las nombradas; razón por la cual, la decisión de la Jueza de garantías fue incorrecta, no obstante que fue en resguardo del derecho a la libertad y la celeridad que amerita su protección; en ese sentido, considerando que esa decisión causó efectos, corresponde la aplicación del principio de seguridad jurídica previsto por el art. 178 de la CPE, y dimensionar esa decisión conforme a lo establecido por las SSCC 0070/2010-R de 3 de mayo y 0595/2010-R de 12 de julio; con la aclaración de que la autoridad judicial que debió fijar la audiencia y resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante debió ser la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del referido departamento, al ser quien ostentaba competencia para tal efecto. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración al derecho a la petición del accionante, no se advierte que se hubiese efectuado ninguna argumentación que vincule este derecho con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito tutelar de la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede analizar tal extremo, correspondiendo denegar la tutela solicitada en cuanto al mencionado derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/23 de 4 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a los derechos al debido proceso en su elemento de celeridad y acceso a la justicia en vinculación con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Maribel Jiménez Claure, Jueza y Lizeth Inocente Gonzáles, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, a que en futuras actuaciones obren con la debida celeridad y en cumplimiento de las funciones que les fueron conferidas. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho de petición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0668_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): f4e3e8bb3161a05f91473d693d775d433b78fbe130b42935950da799c974433c

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