Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 1 de agosto de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso; toda vez que, habiendo sido destituida de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, emitiéndose a su favor la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, disponiendo su reincorporación en el plazo máximo de tres días; determinación que habiendo sido confirmada en revocatoria, no ha sido cumplida hasta la fecha de interposición de la acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si los extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 044/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 68 a 71; pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el SEDCAM-PANDO, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, en los términos dispuestos en la misma, debiendo proceder a la reincorporación de Sussy Ramallo Endara, al mismo puesto que ocupaba e igual nivel salarial que percibía desde el momento de la desvinculación laboral; así como, al pago de salarios devengados y demás derechos laborales que le fueron restringidos, desde su destitución a la fecha de su reincorporación. Sea en el plazo tres días computables a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2023-S4 Sucre, 1 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 47910-2022-96-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 044/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 68 a 71; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sussy Ramallo Endara contra William Abad Choque Canaviri, Director del Servicio Departamental de Caminos Pando (SEDCAM-PANDO).
La accionante, por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, 28 a 29; manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 27 de febrero de 2020, ingresó a trabajar al SEDCAM-PANDO en el cargo de Técnico Almacén B, con vigencia hasta el 25 de mayo de igual año, habiendo sido sometida a los noventa días de su ingreso a un examen administrativo que fue aprobado; continuando en consecuencia, con el ejercicio de sus funciones con toda normalidad; sin embargo, el 18 de agosto de 2021, se apertura en su contra el proceso administrativo interno 01/2021, por presuntamente haber colocado en el inventario tres folders amarillos a objeto de completar el mismo; por lo que, temporalmente fue cambiada de cargo. El referido proceso administrativo concluyó mediante Resolución Definitiva 02/2021 de 27 de septiembre, determinándose por el Sumariante la existencia de responsabilidad administrativo e imponiéndole como sanción el descuento del 15% de su salario equivalente al mes de la ejecutoria de dicha resolución; posteriormente, mediante Memorando de 25 de octubre de2021, suscrito por el ahora demandado, fue restituida a su cargo de Técnico Almacén B, en el que permaneció hasta el 9 de marzo de 2022, cuando, mediante Resolución Administrativa de la fecha, se determinó su destitución. La referida determinación fue denunciada de ilegal y arbitraria ante la Jefatura Departamental de Trabajo del departamento de Pando; instancia que emitió la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, disponiendo su reincorporación en el plazo máximo de tres días; decisión que fue impugnada por la parte empleadora y que generó la emisión de la Resolución Administrativa (RA) de 3 de mayo de idéntica gestión; por la que, se confirmó la determinación objetada; no obstante, el demandado, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no ha dado cumplimiento a la referida conminatoria. Añade que, la Resolución Definitiva 02/2021, por que se estableció la responsabilidad administrativa en su contra, en su punto quinto establece que, en aplicación del art. 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Manual de Funciones y de conformidad al informe emitido por la unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), su persona debía presentar su título de bachiller y/o título académico o de técnico a nivel medio ante dicha repartición en el plazo de diez días, bajo sanción de destitución, al ser requisito para el ejercicio del cargo; sin embargo, es recién el 9 de marzo de 2022; es decir, seis meses después, que se dispone su remoción, sin tomar en cuenta que contaba con dos años de antigüedad en sus funciones, que es madre de dos hijos, uno de ellos menor de edad, a los que mantiene y que, en el marco del art. 1 de la Ley 3613 de 12 de marzo de 2027, todos los trabajadores de los Servicios Departamentales de Caminos, fueron reinsertados al régimen laboral de la Ley General del Trabajo; por lo que, su desvinculación debió obedecer a causales establecidas en la referida normativa, lo que no ocurrió.
La impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso, sin citar la norma constitucional que los contiene.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga la nulidad del Memorando 002/2022 de 9 de marzo y la inmediata reincorporación a su cargo de Técnico Almacén B; así como, el pago de salarios devengados hasta el presente, por no existir causa legal para su despido.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de mayo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 65 a 67, presentes la accionante asistida de su abogado y los representantes legales del demandado; se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada, recalcando que existe dos resoluciones que ordenan su reincorporación que no han sido cumplidas; por lo que, reiteró su solicitud de nulidad de la decisión de destitución y su inmediata reincorporación, más el pago de salarios devengados, al no existir causa legal para su despido, salvo que se tratase del proceso penal que interpuso la accionante por acoso sexual contra Jacinto Condori Torrez, hoy representante del demandado.
William Abad Choque Canaviri, Director del SEDCAM-PANDO, legalmente representado por Jacinto Condori Torrez y Gladys Luna Estrada, mediante informe escrito cursante de fs. 61 a 64 y en audiencia de forma oral, manifestó que: a) La accionante sustenta la demanda tutelar en afirmaciones falsa, pues no es evidente que el demandado hubiera emitido Resolución Administrativa de desvinculación alguna; aspecto que no fue probado; b) Ningún funcionario del SEDCA-PANDO destituyó a la impetrante de tutela mediante Resolución Administrativa, debido a que las mismas únicamente se aplican y suscriben, conforme determina el procedimiento administrativo, en caso de designaciones de personal de libre nombramiento –Directores y Jefes- y no para el resto del personal inferior, menos aún para el cargo de Técnico Almacén, quedando evidenciado que lo pretende la solicitante de tutela es sorprender la buena fe de la justicia constitucional; c) La peticionaria de tutela indica que formuló apelación contra la Resolución Administrativa de su destitución; sin embargo, en materia administrativa no existe tal recurso, siendo que la única Resolución Administrativa es la de 3 de mayo de 2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, mediante la cual ratificó la Conminatorio METPS-JDTP 09/22; d) Contra dicha determinación se interpuso recurso jerárquico, mismo que conjuntamente los antecedentes del caso fue remitido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efectos de su resolución, encontrándose al presente en revisión; e) La accionante solicita la nulidad del Memorandum 002/2022 de 9 de marzo; pretensión que no puede ser deferida al encontrarse aún en trámite un proceso administrativo en vía de impugnación a través de recurso jerárquico que no cuenta con resolución, debido a que el memorando de desvinculación resultó una consecuencia del cumplimiento de la Resolución Definitiva Sancionatoria emitida por la autoridad Sumariante, dentro del proceso interno que se siguió con la hoy accionante; f) La solicitud de pago de salarios devengados es prematura, siendo que además, cuando una persona es retirada de su fuente laboral a través de un proceso administrativo interno, no goza del derecho a su reclamo; g) Respecto a la estabilidad laboral y supuesta lesión al debido proceso, debe dejarse claro que nadie la privó de tal derecho y tampoco fueron vulnerados sus derechos constitucionales, debido a que todas las actuaciones del proceso administrativo, le fueron notificadas personalmente, en cumplimiento de los arts. 115 y 119 de la CPE, referidos al derecho a la igualdad de partes, a la defensa amplia, pronta y justa; debiendo considerarse asimismo, que el derecho a la estabilidad laboral no es general; sino, que tiene algunas excepciones; y, h) La impetrante de tutela fue sometida a un proceso administrativo sumario interno, en cuyo efecto se dictó la Resolución Definitiva 002/2022, imponiéndose la sanción administrativa en el quinto numeral de presentar su título de bachiller y título académico o título a nivel medio a la unidad de RR.HH. en el plazo de diez días.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 044/2022, cursante de fs. 68 a 71; concedió provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el demandado, cumpla de forma integral lo dispuesto en al Conminatoria MTEPS-JDTP 09/2022 de 29 de marzo, sea en el plazo de máximo de 24 horas; decisión asumida bajo el argumento de que: 1) Si bien la parte demandada pretende justificar el incumplimiento de la referida conminatoria; así como, de la Resolución METPS-JDRP 098/2022 que en revocatoria confirma el fallo objetado y que contra esta última determinación se habría formulado recurso jerárquico que se encuentra pendiente de resolución ante el Ministerio de ramo, no menos cierto es que, de conformidad a lo establecido en la SCP0001/202 de 16 de junio, de unificación de la doctrina constitucional respecto al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, dicho argumento no es valedero para incumplir lo dispuesto en la conminatoria, debido a que la misma debe ser acatada aún cuento se hubieran planteado los recursos de revocatoria y jerárquico; esto en el contexto normativo del Decreto Supremo (DS) 28669 de 1 de mayo de 2006 modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; 2) De la revisión de antecedentes se arriba a la convicción y certeza de que la autoridad demandada no dio cumplimiento a lo determinado en la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/2022, vulnerando el derecho al trabajo de la peticionaria de tutela; y, 3) El hoy demandado tiene la potestad de impugnar dicha conminatoria en la vía administrativa o en su defecto en la jurisdicción laboral, en tal contexto, siendo que en el presente caso si bien se formuló recurso jerárquico que se encuentra pendiente de resolución, es que dicha conminatoria no constituye una decisión definitiva sobre la situación laboral de la trabajadora. Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2022, la parte demandada solicitó aclaración, complementación y enmienda, del fallo antes glosado, pidiendo se aclare: i) La decisión asumida no cumplió con la dispuesto por los arts. 51 y 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y tampoco se aplicó el art. 129 de la CPE; ii) No se emitió pronunciamiento respecto a lo impetrado por la accionante sobre la nulidad del Memorándum 002/22; iii) No se tomó en cuenta la Resolución Definitiva emitida por la autoridad sumariante; decisión que ya había causado estado y era inamovible conforme a lo previsto por los arts. 30 y 32 del DS 23318-A; y, iv) “…El pago de salarios devengados a un servidor público o trabajador sin que haya trabajado y que ha prestado sus servicios personales con DOCUMENTOS FALSOS, será correcto, no será un daño económico al Estado y él quien dispuso y dispone pago de salarios devengados responderá; por eso, la entidad recurrida lo destituyó de la entidad por tener documentos falsos y las mismas tienen certificación de la falsedad” (sic).
En resolución de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto 9/2022 de 23 de mayo, declaró ha lugar la misma estableciendo lo que sigue: a) Al punto uno: En el marco de lo argumentado en el fallo constitucional, si bien de manera general la acción de amparo constitucional cuenta con una naturaleza subsidiariedad, no obstante, al tratarse de la protección de un derecho constitucional como el de la estabilidad laboral, debe actuarse de manera inmediata y protegerse el mismo, haciendo abstracción del señalado principio, tal como previene el art. 10 del DS 28669.IV y V; b) Al punto dos: Si bien es evidente que en la acción de amparo constitucional se solicitó la nulidad del Memorándum 002/22, no menos cierto que dicha nulidad, ya fue, dispuesta por la Resolución de Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, ratificada mediante la decisión que resolvió el recurso de revocatoria; por lo que, a la accionante únicamente le correspondía en esta instancia solicitar el cumplimiento de la conminatoria; empero, no por impericia de su asistencia jurídica, la impetrante de tutela puede ser perjudicada, siendo que, en virtud al principio de verdad material, la solicitante de tutela ya debió ser reincorporada a su fuente laboral en mérito a la decisión asumida por la Jefatura Departamental de Trabajo que no fue debidamente cumplida por el empleador; extremos que impelen a juzgador constitucional a la aplicación correcta del derecho sustantivo; c) Al punto tres: Conforme se tiene del DS 28669 modificado por el DS 0495; así como, de la Resolución de Doctrina Constitucional, bajo el principio de subsidiariedad, la Sala Constitucional no cuenta con la competencia para analizar las causas de la destitución laboral; dado que se entiende que dicha compulsa fue realizada por la Jefatura Departamental de Trabajo; consecuentemente, no corresponde revisar la Resolución Definitiva emitida por la autoridad sumariante del SEDCAM-PANDO; toda vez que, dicha determinación no fue cuestionada en la presente acción tutelar; d) Al punto cuarto: La Conminatoria METPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, dispuso textualmente: “…que Willian Abada Choque Canaviri, cumpla de forma íntegra con lo dispuesto en la conminatoria METPS-JDTP N° 09/22 de 29 de marzo sea en el plazo máximo de 24 horas” (sic), y acorde a lo dispuesto por la Resolución de Doctrina Constitucional 001/”2020” (lo correcto es 2021) “…vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas”; en tal sentido, para mejor entender de los Asesores del SEDCAM-PANDO, los antecedentes de la conminatorio no fueron analizados y tampoco se efectuó una revisión de dicha conminatoria para establecer si esta se encuentra dentro de los marcos de la legalidad, debido a que tal labor corresponde a la vías administrativa a través de la Jefatura Departamental del Trabajo y a la vía ordinaria en los juzgados laborales, habiéndose limitado la Sala Constitucional a verificar el cumplimiento o incumplimiento de la indicada conminatoria, en la marco de las competencias establecidas en la ley y jurisprudencia expuestas.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. La accionante, el 27 de febrero de 2020, ingresó a trabajar al SEDCAM-PANDO en el cargo de Técnico Almacén B, con vigencia hasta el 25 de mayo de igual año, habiendo sido sometida a los noventa días de su ingreso a un examen administrativo que fue aprobado; continuando en consecuencia, con el ejercicio de sus funciones con toda normalidad (fs. 28 a 29). II.2. Cursa Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Interno 01/2021 de 18 de agosto; por la que, Jacinto Condori Torrez, Autoridad Sumariante, resolvió instaurar proceso administrativo interno a efectos de determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de la funcionaria Sussy Ramallo Endara, disponiendo asimismo, la apertura del término de prueba de diez días, implantando como medida precautoria de carácter provisional, el cambio temporal de funciones de la procesada a otra sección del mismo rango; decisión que se efectivizó por Memorandum MEMO URRHH y BSCT 001/2022 de 13 de septiembre; por el que, se comunicó a la trabajadora que debía prestar apoyo en la Jefatura de Dirección de la Planta de Asfalto, con su mismo nivel salarial(fs. 2 a 5). II.3. Por Resolución Definitiva 02/2022 de 27 de septiembre, la Autoridad Sumariante resolvió establecer responsabilidad administrativa respecto a la hoy peticionante de tutela, disponiendo el descuento del 15 % de su salario equivalente al mes de la ejecutoria de la presente resolución; asimismo, determinó en numeral quinto que, en aplicación del art. 235.1 de la CPE y el Manual de Funciones; así como, en el marco del Informe emitido por la unidad de RRHH, la procesada debe presentar su Título de Bachiller y Título Académico o Título Técnico a nivel medio a dicha repartición, en el plazo de diez días hábiles, bajo pena de destitución, por ser uno de los requisitos esenciales para ocupar ese cargo público (fs. 6 a 8 vta.). II.3. A través de Memorándum MEMO URRHH y BSCT 001/2021 de 25 de octubre, el Director del SEDCAM-PANDO y el Jefe de la Unidad de RRHH y Bienestar Social, comunicaron a la accionante que se levantaba la medida provisional impuesta en su contra, restituyéndola en consecuencia al mismo lugar donde cumplía sus funciones como Técnico Almacén B (fs. 9). II.4. Por Memorándum DSC 002/2022 de 9 de marzo, se hizo saber a Sussy Ramallo Endara, que a partir de la fecha, quedaba destituida del cargo de Técnico Almacén B del SEDCAM-PANDO, en virtud a que la Resolución Definitiva 02/2021 de 27 de septiembre, alcanzó ejecutoria mediante Auto de 25 de febrero de 2022; siendo que, la procesada no presentó Título de bachiller o Título Académico o Título Técnico a nivel medio para ejercicio del cargo, siendo este uno de los requisitos esenciales para ocupar el mismo (fs. 10). II.5. Mediante Conminatoria METPD-JDTP 09/22 de 29 de marzo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, conminó a Willian Abad Choque Canaviri, en su condición de Director del SEDCAM-PANDO, a proceder a la reincorporación en el plazo máximo de tres días hábiles, de Sussy Ramallo Endara, al mismo puesto que ocupaba y rango salarial que percibía desde el momento de la desvinculación laboral; así como, al pago de salarios devengados y demás derechos laborales que le fueron restringidos, desde su destitución a la fecha de su reincorporación; determinación notificada al empleador en la misma fecha (fs. 11 a 15 vta.). II.6. Cursa RA de 3 de mayo de 2022; por la que, en resolución del recurso de revocatoria formulado por el SEDCAM-PANDO contra la Conminatoria METPD-JDTP 09/22 de 29 de marzo, el Jefe Departamental de Trabajo del mismo departamento, confirmó la decisión impugnada; decisión notificada al empleador el 4 de igual mes y año (fs. 16 a 19). II.7. Por memorial presentado el 9 de mayo de 2022, el SEDCAM-PANDO, formuló recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa de 3 de mayo de 2022. No consta resolución alguna (fs. 40 a 43). II.8. A través de memorial presentado el 22 de julio de 2022 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el ahora demandado, realizó observaciones a la resolución emitida por la Sala Constitucional, manifestando que debió declararse la improcedencia de la acción de amparo constitucional, reiteró los argumentos expuestos en su informe, señalando que: 1) La accionante solicita la nulidad del Memorándum 002/2022 de 9 de marzo; pretensión que no puede ser deferida al encontrarse aún en trámite un proceso administrativo en vía de impugnación a través de recurso jerárquico que no cuenta con resolución, debido a que el memorando de desvinculación resultó una consecuencia del cumplimiento de la Resolución Definitiva Sancionatoria emitida por la autoridad Sumariante, dentro del proceso interno que se siguió con la hoy solicitante de tutela; 2) La solicitud de pago de salarios devengados es prematura, siendo que además, cuando una persona es retirada de su fuente laboral a través de un proceso administrativo interno, no goza del derecho a su reclamo; 3) Respecto a la estabilidad laboral y supuesta lesión al debido proceso, debe dejarse claro que nadie la privó de tal derecho y tampoco fueron vulnerados sus derechos constitucionales, debido a que todas las actuaciones del proceso administrativo, le fueron notificadas personalmente, en cumplimiento de los arts. 115 y 119 de la CPE, referidos al derecho a la igualdad de partes, a la defensa amplia, pronta y justa; debiendo considerarse asimismo, que el derecho a la estabilidad laboral no es general; sino que, tiene algunas excepciones; y, 4) La impetrante de tutela fue sometida a un proceso administrativo sumario interno, en cuyo efecto se dictó la Resolución Definitiva 002/2022 de 9 de marzo, imponiéndose la sanción administrativa en el quinto numeral de presentar su título de bachiller y título académico o título a nivel medio a la unidad de RR.HH. en el plazo de diez días (fs. 81 a 86).
La impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso; toda vez que, habiendo sido destituida de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, emitiéndose a su favor la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, disponiendo su reincorporación en el plazo máximo de tres días; determinación que habiendo sido confirmada en revocatoria, no ha sido cumplida hasta la fecha de interposición de la acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si los extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada.
Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales-, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el DS 0495 al DS 28699, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria.
No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) 868/10. Es en base dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir: i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”.
Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 constitucional, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3).
En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose:
“I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia.
II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”.
Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente:
“I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión.
II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.
III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimado.
IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes.
VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley.
VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia.
VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”.
Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que:
“I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales.
III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador.
IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo.
V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador.
VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba preconstituida.
VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar.
VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad.
X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, preveyéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”.
En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”.
Finalmente, la Ley 1468 en comento, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el DS 0495 y derogó los Parágrafos III, IV y V de los Arts. 10 y 13 del DS 28699.
Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción; siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional.
No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”.
En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como, los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer que la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del CPCo, deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede.
Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.
La impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso; toda vez que, habiendo sido destituida de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, emitiéndose a su favor la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, disponiendo su reincorporación en el plazo máximo de tres días; determinación que habiendo sido confirmada en revocatoria, no ha sido cumplida hasta la fecha de interposición de la acción tutelar. Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Unificación Jurisprudencial 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22, fue emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de pando, el 29 de marzo de 2022; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468; la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva. Ante dicha aclaración, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo, por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas;sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte SEDCAM-PANDO, resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. De los antecedentes anotados, se tiene que la institución ahora demandada, fue notificada con la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando; sin embargo, dicha determinación ha sido incumplida por la mencionada institución; por lo que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 45, 46.I.2; 48.I, II, IV, VI; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los DS 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consecuentemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada fueron denunciados como vulnerados y que han sido previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los mencionados decretos supremos. Por lo expuesto, se verifica que la citada entidad ahora demandada, al no haber dado cumplimiento estricto a la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22; emitida por la Jefatura de Departamental de Trabajo de Pando, efectivamente ha vulnerado los derechos de la accionante; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada.
No obstante, corresponde resaltar que la tutela a ser concedida posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa han sido activas por la parte empleadora a través de los medios recursivos de aquella jurisdicción, encontrándose a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional que se revisa, pendiente de resolución el recurso jerárquico, siendo además que, una vez concluida dicha vía, se halla abierta la posibilidad de que el SEDCAM-PANDO, pueda acudir a la jurisdicción laboral, ante la cual deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 044/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 68 a 71; pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el SEDCAM-PANDO, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDTP 09/22 de 29 de marzo de 2022, en los términos dispuestos en la misma, debiendo proceder a la reincorporación de Sussy Ramallo Endara, al mismo puesto que ocupaba e igual nivel salarial que percibía desde el momento de la desvinculación laboral; así como, al pago de salarios devengados y demás derechos laborales que le fueron restringidos, desde su destitución a la fecha de su reincorporación. Sea en el plazo tres días computables a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0668_2023-S4.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): c55248f0c6d800b813bf0870da95ac0c3d3a828fd97724e24a2e2ab49e4ede87
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →