Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de julio de 2023
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, en audiencia de consideración de medidas cautelares, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2022; a esa decisión, mediante memorial presentado en la misma fecha, formularon recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar no se remitió el legajo procesal ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, que establece el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONDEDER la tutela impetrada, por la demora injustificada incurrida por el Juez demandado, en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, en el plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal, conforme los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin disponer la libertad de los accionantes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2023-S2 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47397-2022-95-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Ademar Calle Ramos y Fernando Hoyos Aliaga contra Ramón Gerardo Panoso Maldonado, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija.
Por memorial presentado el 28 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 7 vta., los accionantes manifestaron que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento a la evasión e incumplimiento de deberes, el 26 de abril de 2022, en la audiencia de medidas cautelares el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija -ahora demandado-, dispuso mediante Auto Interlocutorio su detención domiciliaria y una fianza de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); contra aquella decisión, en la misma fecha a horas 13:50, por escrito presentaron recurso de apelación incidental; el cual, hasta el 28 del indicado mes y año, no fue remitido al Tribunal de alzada, sobrepasando cuarenta y ocho horas, sin que se tenga el acta de dicho acto procesal, incumpliendo así el art. 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 7, 8, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1, 3 y 6, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 29 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 31 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron y reiteraron el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestaron que, el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que el recurso de apelación incidental, debe ser remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; al no haber cumplido la autoridad demandada con el envío de obrados, lesionó su derecho al debido proceso.
Ramón Gerardo Panoso Maldonado, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, por informe escrito presentado el 29 de abril de 2022, cursante a fs. 30 y vta., refirió que, por memorial interpuesto el 26 del citado mes y año, los accionantes formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año, pronunciado en audiencia de medidas cautelares; en consecuencia, conforme el manejo del Juzgado a su cargo, el referido escrito ingresó a despacho al día siguiente -27 del indicado mes y año-; por lo que, emitió providencia esa fecha; y, el 28 del referido mes y año, dentro de las veinticuatro horas remitió los actuados pertinentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, constando en obrados la guía del courier.
Andrea Yesica Cortez Galarregui, Fiscal de Materia en audiencia de garantías ratificó “…en lo que ha solicitado respecto a la situación de los imputados y se mantenga la detención preventiva…” (sic). 1.2.4. Resolución El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 32 a 34 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Luego de concluida la audiencia, el 26 del citado mes y año, a horas 13:50, mediante escrito los accionantes interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de la referida data, que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; impugnación que ingresó a despacho el 27 de igual mes y año, mereciendo la providencia emitida por el Juez demandado en la misma fecha, ordenando que por secretaría se proceda en el plazo de veinticuatro horas, con la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada según lo establece el art. 251 del CPP; dándose cumplimiento a la misma, el 28 de similar mes y año, se envió el testimonio de apelación incidental, conforme así consta de la guía de courier y oficio pertinente; y, b) La autoridad demandada a través del señalado decreto dictaminó la remisión de antecedentes, acatándose lo requerido dentro de las veinticuatro horas establecidas por la norma procesal invocada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan inicio de investigación e imputación formal, y solicitud de medidas cautelares de carácter personal, presentado el 25 de abril de 2022, por Diego Damián Coro Serrudo, Fiscal de Materia dentro del proceso penal seguido contra Cristian Ademar Calle Ramos y Fernando Hoyos Aliaga -ahora accionantes- por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento a la evasión e incumplimiento de deberes (fs. 11 a 14). II.2. Se tienen acta de audiencia de consideración de medidas cautelares y Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2022, emitido por Ramón Gerardo Panoso Maldonado, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija -hoy demandado-, quien dispuso a favor de los peticionantes de tutela medidas sustitutivas consistentes en su detención domiciliaria, arraigo y fianza económica de Bs10 000.-, entre otras; verificativo en el que los nombrados a través de su defensa técnica, anunciaron la interposición del recurso de apelación incidental contra esa decisión (fs. 16 a 21 vta.). II.3. A través de memorial presentado el 26 de abril de 2022, los solicitantes de tutela, plantearon recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, mereciendo la providencia de 27 de igual mes y año, por el Juez demandado, quien ordenó que por secretaría del Juzgado a su cargo en el término de veinticuatro horas en observancia del art. 251 del CPP, se remita actuados al Tribunal de alzada (fs. 22 a 26 vta.). II.4. Cursa fotocopia simple de la guía del servicio de courier y mensajería 6045114 de 28 de abril de 2022, teniéndose como remitente el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, y destinatario a “…VOCALES SALA PENAL DE TURNO TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA. TARIJA-BOLIVIA” (sic [fs. 28]). II.5. Por nota de 28 de abril de 2022, dirigido a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el Juez demandado remitió antecedentes del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de 26 del mencionado mes y año (fs. 29).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, en audiencia de consideración de medidas cautelares, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2022; a esa decisión, mediante memorial presentado en la misma fecha, formularon recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar no se remitió el legajo procesal ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, que establece el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, sostuvo que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (énfasis y subrayado añadidos). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014, 0017/2016-S1, 0331/2021-S2 y 0530/2023-S2 entre otras. Por su parte, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señaló que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras); jurisprudencia reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0503/2019-S1, 0331/2021-S2, y 0530/2023-S2 entre otras.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son agregadas). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, refirió que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. (…)
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (resaltado agregado). La SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, sostuvo que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad-traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…)
De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (énfasis añadido).
De los antecedentes del presente caso se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los impetrantes de tutela, por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento a la evasión e incumplimiento de deberes, el 25 de abril de 2022, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación presentó el inicio de investigación e imputación formal, y solicitud de medidas cautelares contra los impetrantes de tutela (Conclusión II.1); llevada a cabo la audiencia correspondiente, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año, disponiendo medidas sustitutivas consistentes en la detención domiciliaria, arraigo, fianza económica de Bs10 000.-, entre otras (Conclusión II.2); a esa decisión por escrito desplegado en la indicada fecha, los accionantes interpusieron recurso de apelación incidental; mereciendo la providencia de 27 del mismo mes y año, ordenándose la remisión de obrados al Tribunal de alzada (Conclusión II.3); de la guía del servicio de courier y mensajería 6045114 de 28 de abril de 2022, en la casillera de remitente consta Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, y en el de destinatario “…VOCALES SALA PENAL DE TURNO TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA. TARIJA-BOLIVIA” (sic [Conclusión II.4]); por intermedio de la nota de 28 del citado mes y año, la autoridad demandada envió el legajo procesal de la causa penal en cuestión, a la señalada Sala Penal (Conclusión II.5). En el caso que nos ocupa, los accionantes alegan lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, al haber interpuesto el 26 de abril de 2022 a horas 13:50, por escrito el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de igual data, hasta la presentación de esta acción de defensa no fue remitido al Tribunal de alzada para su consideración. Del informe emitido por el Juez demandado, leído en la audiencia de garantías se tiene que, respecto a la impugnación reclamada manifestó que: “…de manera rutinaria ingres[ó] al día siguiente a despacho, emitiéndose el proveído de fecha 27 de abril de 2022 y en fecha 28 de abril del año en curso dentro de las 24 horas establecidas se remite el testimonio de ley con los actuados correspondientes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia en mérito a la apelación incidental interpuesta…” (sic).
Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad; y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar este mecanismo constitucional en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del trámite judicial impetrado. En el caso concreto, de obrados se puede advertir que en la audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 26 de abril de 2022, contra los impetrantes de tutela se dispuso medidas sustitutivas a favor de los aludidos; por lo que, en la misma data por escrito plantearon apelación incidental, que fue remitida el 28 del señalado mes y año, a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; hecho no controvertido por la autoridad demandada; por el contrario, lo aceptó; puesto que, en su informe indicó que el citado recurso fue tratado conforme el manejo diario del despacho judicial a su cargo; y en consecuencia, se remitió obrados a la referida Sala Penal el 28 de igual mes y año. Es así que, de lo expuesto se puede advertir que la autoridad demandada al haber remitido el 28 de abril de 2022, el recurso de apelación incidental formulada el 26 de ese mes y año, ante el despacho judicial a su cargo desconoció que tanto la jurisprudencia constitucional y el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, precisan que contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, es permisible la interposición de la apelación incidental el cual tiene efecto no suspensivo, y que corresponde ser enviada al Tribunal de alzada en el término improrrogable de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional). Lo que conlleva a concluir, que el Juez demandado al no haber tramitado con la rapidez que se debe tratar las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad del justiciable, dilató innecesariamente la remisión de obrados al Tribunal de alzada, causando incertidumbre en los peticionantes de tutela respecto a la resolución de su situación jurídica; asimismo, dicha autoridad en su rol de administrador de justicia, se apartó del principio de celeridad que funda a la jurisdicción ordinaria, entendiéndose a esta como: “…la celeridad procesal: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata sino existe una norma que establezca un plazo, y si existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente…’” (SC 0544/2010-R de 12 de julio); ocasionando una lesión al debido proceso en su vertiente de celeridad vinculado a su libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela pretendida. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONDEDER la tutela impetrada, por la demora injustificada incurrida por el Juez demandado, en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, en el plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal, conforme los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin disponer la libertad de los accionantes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0668_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc8bfa010686643a7b5c203363fde0ea67909a2c5d53a7ea1136f095fb9d855c
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