Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante considera que el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, autoridad ahora demandada, vulneró sus derechos al debido proceso por errónea aplicación de la legalidad ordinaria del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 137 de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 205 a 213 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, dictada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, así como la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril;
b) La inmediata restitución del accionante al mismo cargo que ocupaba antes de su desvinculación laboral o su equivalente, sin afectar su nivel salarial; salvo que, el ahora impetrante de tutela haya asumido otras funciones en una entidad pública o privada, percibiendo salario o haber mensual;
c) El pago de sus haberes devengados desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación, y los derechos laborales y sociales que le corresponden; siempre y cuando, no haya asumido cargo en una entidad pública o privada conforme, se expresó anteriormente, en cuyo caso solo le corresponderá el pago de sus haberes hasta que asumió las nuevas funciones, aspecto que deberá determinarse en ejecución de fallos; y, d) En caso que, a la fecha, el cargo haya sido sometido a convocatoria pública en virtud al proceso de selección conforme al Reglamento específico; sólo corresponderá, en favor del ahora accionante el pago de los haberes devengados y derechos laborales y sociales, desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha de nombramiento del funcionario de carrera en el referido cargo, debiendo para el efecto tomarse en cuenta lo determinado en los puntos descritos anteriormente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2023-S1 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 42782-2021-86-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 137 de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 205 a 213 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristian Oscar Iraola Rodríguez contra Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV).
Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2021, cursantes de fs. 119 a 139, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Desde la gestión 2013, ejerció funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), mediante contratos administrativos de Consultor Individual de Línea -Profesional Abogado para la Gerencia Regional Chuquisaca-, luego a partir del 16 de abril de 2014, mediante diferentes Memorándum, fue designado en el cargo de abogado correspondiente a la categoría Técnico 1 y mediante Memorándum MEN/GNA/SAA/ARH/2019-0089 de 28 de febrero de 2019, se le comunicó que a partir del 1 de marzo de 2019, quedó designado en el cargo de Abogado Senior, correspondiente a la categoría Profesional 5, Ítem 183, hasta que se inicie proceso de institucionalización; sin embargo, mediante Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio de 2020 de Agradecimiento de Servicios, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ABC, se le comunicó la determinación de prescindir de sus servicios en las funciones que desempeñaba. Ante el despido injustificado del que fue objeto, a través del cual se vulneraron sus derechos laborales, el solicitante de tutela impugnó dicha determinación en sede administrativa, buscando que la máxima autoridad administrativa, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, subsane el error cometido y lo reincorpore a su cargo, puesto que desde el inicio de la relación laboral, con ítem en el año 2014 y los varios memorándums de designación o confirmación del cargo, establecieron que su designación se encontraba sujeta a una condición o requisito “se otorga el cargo hasta que se inicie el proceso de institucionalización”, el cual nunca se ha realizado, asimismo el referido Memorándum de Agradecimiento de Servicios, no establece justificativo alguno para la determinación asumida. Es así que en la vía administrativa, impugnó el Memorándum de Agradecimiento de Servicio, solicitando se revoque el mismo y se disponga su reincorporación al mismo cargo, más el pago de sueldos devengados; sin embargo, por dos veces se emitió Resolución Administrativa por parte de la ABC, por las cuales en la primera se desestimó su petición y en la segunda confirmó el memorándum impugnado, hecho que provocó que acuda ante el superior jerárquico, quien ante la exposición de motivos y evidenciar la violación al debido proceso, por falta de fundamentación y motivación, emitió también dos resoluciones, en la primera anuló la resolución de desestimación y en la segunda la revocó, indicándose en ambas que debe emitirse una resolución fundamentada y motivada. La ABC pese a tener una instrucción expresa, siguió vulnerando sus derechos y dilatando emitir resolución a fin de que la autoridad jerárquica pueda ingresar al fondo del petitorio de reincorporación, existiendo un nuevo recurso jerárquico planteado el 21 de abril de 2021 contra la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril, que fue resuelto por la autoridad ahora demandada a través de la Resolución Ministerial 199/2021, que determinó rechazar el mismo. Dicha decisión de rechazo, se basó en los siguientes argumentos: a) Que no estaba bajo los alcances de la Ley que Coadyuva a Regular la Emergencia por el COVID-19-Ley 1309 de 30 de junio de 2020- al ser un servidor público provisorio; b) Que, los servidores públicos provisorios no gozan de la estabilidad funcionaria, que se encuentra establecida en el art. 27.II inciso a) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 y por ello no resulta aplicable lo previsto en el art. 32 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 (proceso de retiro), ya que por tal condición no se requiere alegar una causal para proceder a su desvinculación laboral, no siendo evidente la supuesta vulneración de los arts. 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE); c) No se habría especificado el impetrante de tutela qué parte de los arts. 46, 48 y 49 constitucionales habría sido infringida con la determinación de desvinculación laboral a través del agradecimiento de servicios; d) Que no se ha demostrado cuál es la disposición legal que respalde algún derecho que se haya adquirido antes de la promulgación de la Ley 2027, toda vez que estos nacen siempre cobijados al amparo de una legislación que posteriormente contraviene con un nuevo derecho cuando se introduce una disposición legal que suprime o modifica la situación precedente donde los derechos adquiridos deben ser respetados por la nueva legislación; y, e) Que no se puede aducir un proceso de institucionalización como una condición a cumplirse para hacer efectiva la desvinculación laboral. Al no existir otro mecanismo en la vía administrativa para la reparación del hecho que afecta sus derechos, se abre la vía constitucional mediante la acción de amparo constitucional, al existir groseras actuaciones por parte de la administración que le generan una serie de afectaciones en sus derechos y los de su familia al verse despojado de su fuente de trabajo sin que se cumpla el requisito previo como resulta ser el inicio de un proceso de institucionalización para el cargo que venía ejerciendo hasta el mes de junio de la gestión 2020; más aún si se toma en cuenta los difíciles tiempos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19.
El solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso por errónea aplicación de la legalidad ordinaria del art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, así como en sus elementos de fundamentación, motivación y derecho a la defensa; derecho al trabajo y justa remuneración; a la vida; a la salud y a la seguridad social; citando al efecto, los arts. 15.I, 18.I, 45, 46, 48, 49 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 6.1, 12 y 24.I del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El accionante solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, que dispuso confirmar la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril, que confirmó a su vez, el Memorándum de Agradecimiento de Servicios; 2) Se deje sin efecto el Memorándum de Agradecimiento de Servicios MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio y las demás resoluciones administrativas; 3) Se ordene la inmediata restitución al puesto de trabajo que ocupaba al momento de su desvinculación, con el mismo nivel salarial, sea con el pago de salarios devengados; así como la afiliación al seguro social y demás derechos sociales inherentes a su reincorporación, como ser la continuidad en el cómputo de su antigüedad dentro de la institución a efectos del goce de vacaciones y otros derechos; y, 4) Ordenar a la autoridad demandada, se abstenga de asumir medidas administrativas como el acoso laboral o la destitución que contravengan el mandato de reincorporación, pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 26 de octubre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 174 a 199, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda de acción de tutela.
Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por intermedio de sus representantes legales y abogado, presento informe escrito cursante de fs. 155 a 170 vta.; y, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) No se evidenció que el ahora accionante haya logrado demostrar que como funcionario provisorio, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la ABC, tenía la obligatoriedad de señalar en el Memorándum de Agradecimiento de Servicios alguna causal para su desvinculación; ii) No se evidenció que el recurrente sea funcionario de carrera o aspirante a la carrera administrativa al momento de su desvinculación, por lo que no se advirtió la necesidad de la prosecución de un proceso administrativo previo para su desvinculación; iii) No se evidenció la vulneración de ningún derecho o garantía constitucional; toda vez que, la ABC actuó bajo el principio de legalidad previsto en el art. 4. inciso g) de la Ley 2341; iv) El recurrente no se encuentra dentro de la aplicación de la Ley 1309; por lo expuesto, pide se deniegue la tutela.
Silvia Eugenia Pacheco Soliz, como tercera interesada, mediante memorial cursante a fs. 172 y vta., expresó que jamás ocupó el cargo que el accionante menciona, desconoce la fuente de información, pero la misma está equivocada pues al ingreso a la Institución de la ABC ocupó el cargo de abogada (Técnico 3) conforme consta en su Memorándum de designación emitido por el Presidente Ejecutivo de la ABC, aclarando que en ningún momento ocupó el cargo de Abogado Senior, aspecto que pide sea considerado previamente a dictar resolución.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 137 de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 205 a 213 vta., denegó la tutela solicitada, debido a que la parte accionante no cumplió con el principio de la inmediatez; Dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Se debe precisar que la institucionalización es una atribución de la entidad, como puede iniciarla o no, lo que no reata a la misma a que pueda hacer depender a un servidor público en la entidad hasta algún proceso de institucionalización, eso en una primera circunstancia, en cuanto a la segunda circunstancia, es decir al memorándum de agradecimiento de servicios sin mencionar ninguna causal, se acomoda a lo que establece el art. 71 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público en razón que al considerarse funcionarios provisorios no es necesario indicar cuál es la razón del despido, sino simplemente comunicarles que se prescinde de sus servicios, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y en concordancia con lo que establece la Ley del Estatuto del Funcionario Público, es que bajo la disposición del art. 129 del CPE refiere que; la acción de amparo constitucional debe presentarse dentro de los seis (6) meses de ocurrido los actos denunciados, es decir a partir del acto considerado como vulnerador de los derechos, que en el caso presente, se identifica el 15 de junio de 2020 que es la emisión del memorándum de agradecimiento de servicios, y que al haberse interpuesto un recurso de revocatoria en dos oportunidades en el que el primer recurso de revocatoria fue anulado, pero que se le señala respecto a la circunstancia que evidencia el ingreso como consultor individual en línea y después como abogado de planta de forma interina, al igual que los demás cargos ocupados hasta que se inicie el proceso de institucionalización, aspecto que no llegó a concretarse, no siendo aplicable en consecuencia para el mismo, el derecho establecido en el inc. c) numeral II del art. 7 de la Ley 2027, referido a la impugnación de decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro; en ese contexto en lo referente a la utilización de medios idóneos ha señalado que debe accionarse a partir de los derechos establecidos en el marco de la Ley 2027, por ello cuando se utiliza medios inidóneos no se interrumpe el plazo de caducidad en las acciones de ampao constitucional, puesto que solo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de los seis (6) meses; b) La Resolución Ministerial impugnada, concluyó que, en consideración con los antecedentes, en el marco del inc. c) del art. 124 del Reglamento de la Ley 2341 aprobado por el DS 27113, corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Administrativa de 15 de abril emitida por la ABC, confirmándose en todas sus partes; de cuya determinación se deduce que el recurso jerárquico también fue una medida inidónea para la reclamación del derecho o la vulneración de los mismos, que se señala en esta acción tutelar respecto a que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso por errónea aplicación de legalidad del art. 71 de la Ley 2027; por lo que, no era el medio idóneo para reclamar, debido a que no está en las mismas circunstancias o condiciones que se requiere para hacer uso de los medios de impugnación que están establecidos en el art. 7.II de la misma normativa, referido a los servidores o funcionarios de carrera, al no ser un funcionario de carrera el medio para la presentación del recurso de revocatoria y posterior recurso jerárquico no le era admitido; por lo que, ha sido rechazado, y conforme a la jurisprudencia constitucional que establece que los seis (6) meses se computan desde la comisión de los actos que se consideran como vulneratorios; es decir, en el presente caso desde el memorándum de agradecimiento de servicios; por lo que, no se dio cumplimiento al principio de inmediatez.
Mediante Decreto Constitucional de 29 de julio de 2022, cursante a fs. 330, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, reanudándose el cómputo del mismo, a partir del día siguiente de su notificación con el Decreto Constitucional de 12 de junio de 2023 a fs. 440; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta el Contrato Administrativo de Consultoría Individual de Línea-Consultor Abogado para la Gerencia Regional de Chuquisaca ABC 458/13 GCH-CON-OTPRO, desde el 24 de julio de 2013 hasta el 23 de diciembre de igual año (fs. 3 a 6). Asimismo, el Contrato Administrativo de Consultoría Individual de Línea-Consultor Abogado para la Gerencia Regional de Chuquisaca ABC 3/14 GCH-CON-OTPRO desde el 2 de enero de 2014 hasta el 1 de julio del mismo año (fs. 7 a 10). II.2. Cursa el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2014-0037 de 16 de abril de 2014 de designación en el cargo de Abogado correspondiente a la categoría Técnico 1, Ítem 100, hasta que se inicie proceso de institucionalización (fs. 11). También se tiene el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2015-0305 I/2015-07291 de 1 de abril, en que se le comunicó al ahora accionante que, a partir del 1 de abril del citado año, queda designado en el cargo de abogado, correspondiente a la categoría Técnico 1, Ítem 279, dependiente de la Gerencia Regional Chuquisaca, hasta que se inicie proceso de institucionalización (fs.12). Asimismo, Mediante Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2019-0089 de 28 de febrero, se le comunicó al ahora impetrante de tutela que, a partir del 1 de marzo del referido año, queda designado en el cargo de Abogado Senior, correspondiente a la categoría Profesional 5, con Ítem 183, hasta que se inicie proceso de institucionalización (fs. 13). II.3. Por Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ABC, comunicó al ahora accionante, la determinación de prescindir de los servicios que desempeñaba en el cargo de Abogado Senior con Ítem 183 (fs.14). II.4. Mediante recurso de revocatoria de 15 de junio de 2020, el ahora accionante impugnó el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de Agradecimiento de Servicios (fs. 15 a 17 vta.); resuelto mediante Auto Administrativo ABC/PRE/002/2020 de 26 de junio de 2020, por el cual la Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC determinó desestimar la solicitud planteada, con el fundamento de no tratarse de un caso de carrera Administrativa (fs. 18 a 19). II.5. Cursa el memorial del Recurso Jerárquico de fs. 20 a 24, planteado por el ahora impetrante de tutela contra el Auto Administrativo ABC/PRE/002/2020, al que le correspondió la Resolución Ministerial Jerárquica MOPSV/DGAJ/URJ 195 de 6 de octubre, por la cual el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda -autoridad ahora demandada-, resolvió anular el Auto Administrativo impugnado, disponiendo que se emita uno nuevo debidamente fundamentado y motivado (fs. 26 a 43). II.6. Consta Resolución Administrativa ABC/PRE/0126/2020 de 29 de octubre, dictada por la Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC; a través de la cual, resolvió confirmar el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de Agradecimiento de Servicios en consecuencia mantiene firme y subsistente el aludido Memorándum, al haber sido emitido en el marco de la disposición contenida en el inc. p) del art. 16 del DS 28946 y en función de la calidad de funcionario provisorio (fs. 44 a 50 vta.). II.7. A través del Recurso Jerárquico de fs. 51 a 53 vta. el ahora solicitante de tutela impugnó la resolución antes señalada, recurso al que le correspondió la Resolución Ministerial 072 de 16 de marzo de 2021, pronunciada por la autoridad ahora demandada, que determinó revocar la Resolución Administrativa de Revocatoria ABC/PRE/126/2020 de 29 de octubre, disponiendo se emita una nueva resolución (fs. 55 a 73). II.8. Por Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril, el Presidente Ejecutivo de la ABC resolvió confirmar el Memorándum de Agradecimiento de Servicios, por consiguiente, lo mantiene vigente y subsistente, al haber sido emitido en el marco de la normativa de la materia, en su calidad de funcionario provisorio (fs. 101 a 118). II.9. El 21 de abril de 2021, planteó recurso jerárquico contra la referida Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 (fs. 74 a 78 vta. II.10. Mediante Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, dictada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, determinó rechazar el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021l, resolución que fue notificada al interesado el 19 de igual mes y año (fs. 100 a 118).
El accionante considera que el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, autoridad ahora demandada, vulneró sus derechos al debido proceso por errónea aplicación de la legalidad ordinaria del art. 71 de la Ley 2341, así como en sus elementos de fundamentación, motivación y derecho a la defensa; al trabajo y justa remuneración, a la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que el ahora accionante fue destituido de su cargo, sin que exista causal alguna, no obstante que el Memorándum de designación señalaba que debía ejercer el cargo hasta que se realice el correspondiente proceso de institucionalización, hecho que no sucedió; afirma además que sus derechos que también fueron afectados al haber sido despedido sin considerar lo dispuesto en la Ley 1309, que prohibió los despidos por la situación pandémica; con esta desvinculación ilegal se le impidió ejercer sus funciones y recibir una justa remuneración, por lo que solicitó se le conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: 1) Se deje sin efecto la Resolución Ministerial 199/2021, que dispuso confirmar la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021, que a su vez confirmó el memorándum de agradecimiento de servicios; 2) Se deje sin efecto el Memorándum de Agradecimiento de Servicios MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 y las demás resoluciones administrativas; 3) Se ordene la inmediata restitución al puesto de trabajo que ocupaba al momento de su desvinculación, con el mismo nivel salarial, sea con el pago de salarios devengados; así como la afiliación al seguro social y demás derechos sociales inherentes a su reincorporación, como ser la continuidad en el cómputo de su antigüedad dentro de la institución a efectos del goce de vacaciones y otros derechos; y, 4) Ordenar a la autoridad demandada, se abstenga de asumir medidas administrativas como el acoso laboral o la destitución que contravengan el mandato de reincorporación, pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Del derecho al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas; ii) El derecho a la estabilidad laboral en el nuevo orden constitucional; iii) La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0013/2021-S1 de 20 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo, que en nuestro caso se encuentra reconocido en el art. 46.I.1 de la CPE; en ese marco resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como “…la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia económica” (las negrillas son nuestras). Es preciso agregar además que la norma fundamental impone al Estado, el deber de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas -art.46.II de la CPE-. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador establece en su art. 6:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo (el resaltado es nuestro). De las normas internas e internacionales citadas, puede concluirse que por una parte, existe un reconocimiento expreso del derecho al trabajo, y por otra, un deber impuesto al Estado para la protección del trabajo como actividad lícita libremente escogida y aceptada, tanto para el acceso como para la estabilidad laboral, de tal modo, que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de este derecho, en todas sus formas, observando el principio de progresividad.
En el nuevo orden constitucional, la protección de la estabilidad laboral se constituye en un deber impuesto al Estado, estableciendo la prohibición del despido injustificado, previsto en el art. 49.III de la CPE. Además, la Ley Fundamental impone que las normas laborales se interpreten conforme a los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, consagrados en el art. 48.II de la CPE.
A partir de ese marco constitucional referido a la estabilidad laboral, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:
…en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente . La jurisprudencia constitucional, respecto al derecho fundamental a la estabilidad laboral, también establece su alcance y contenido en los siguientes términos:
…en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral . Sobre el derecho a la estabilidad laboral, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Lagos del Campo VS. Perú, a través de la Sentencia de 31 de agosto de 2017 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, expresó que:
149. (…) las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180). 150. Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho (las negrillas son añadidas). Glosadas las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y de la Corte IDH, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; conllevando para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral, en estricta observancia de los principios constitucionales de protección de los trabajadores, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, inversión probatoria a favor del trabajador, el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la ineficacia de los convenios que tiendan a burlar derechos laborales, entre otros.
Sobre la base del art. 44 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), que establecía que el Estatuto del Funcionario Público contendría las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, se puso en vigencia el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, entre cuyas disposiciones transitorias y finales -art. 71-, asigna la condición de funcionarios provisorios, a quienes desempeñan funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera -art. 70-; estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia, el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional; por lo que, a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal -Decreto Supremo 26115 de 21 de marzo de 2001- y al Estatuto del Funcionario Público. Otras diferencias entre estas categorías de servidores públicos, enfatizan que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción, es decir, no gozan de inamovilidad laboral como los de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones, no sucede lo mismo con los de carrera a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para cesarlos de sus funciones; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, ello conlleva la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respecto de sus derechos a la defensa y a la impugnación; es decir, para la cesación de las funciones de los funcionarios provisorios, no requiere la invocación de algún motivo en particular, pueden ser cesados en cualquier momento y solo por la calidad de ser funcionarios provisorios. Línea jurisprudencial que fue reiterándose de manera sostenida y uniforme, incluso en vigencia de la actual Constitución Política del Estado. Sobre la base de ese criterio, fueron repitiéndose los casos de cesación de servidores públicos, con el solo fundamento de corresponder al carácter provisorio de los mismos, en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental, municipal, etc., convirtiéndose en una práctica habitual que, sometido a conocimiento y control de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se mantuvo en una posición inmutable respecto a los servidores públicos provisorios, convalidando esta práctica que trasciende la inestabilidad laboral de los servidores públicos, la inseguridad jurídica 6Respecto a esta elemental diferencia entre el funcionario de carrera y el funcionario provisorio, la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2004-R de 6 de julio, en su FJ III.1, expresó: “En consecuencia, al no haberse observado en la contratación de la recurrente el proceso de reclutamiento de personal previsto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del funcionario público ésta no puede ser considerada como funcionaria de carrera, siendo por lo tanto como funcionaria provisoria, sin que pueda acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera” (las negrillas son añadidas). 7La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0474/2011-R de 18 de abril, enfatizó las siguientes diferencias en su FJ III.2.1: “Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo” (las negrillas son nuestras). 8La referida línea jurisprudencial sobre el servidor público provisorio fue asumida por la SC 1462/2011-R de 10 de octubre, la cual fue reiterada por la SCP 1038/2014 de 9 de junio y SCP 0209/2018-S3 de 13 de junio; en cuyo FJ III.1, señala:: “…si pese a tener la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se invocare una causal, como en el caso concreto, donde se hizo referencia a una supuesta 'reestructuración administrativa', la institución se obliga a demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o no existirá ese cargo; motivo por el cual, se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, reiterando, cuando se trate de la conclusión de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar una causal para su destitución, de lo contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo a objeto de demostrar la causal y donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso”.
en la que se desenvuelven, afectando todo el sistema de la administración pública; en suma, convirtiéndose esta situación en una regla general, cuando en realidad debería ser una excepción. Sin embargo, es preciso revisar dicho entendimiento a la luz del nuevo orden constitucional; puesto que, no se puede ignorar el mandato que establece la carrera administrativa como regla y la excepcionalidad del funcionario provisorio, en cuyo mérito el art. 233 de la CPE, establece que las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa, con excepción de aquellas que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados, y de libre nombramiento. Mandato que sintoniza con los principios constitucionales que rigen la administración pública como el de compromiso e interés social, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, entre otros; a los cuales, se sujetan los principios fijados por el Estatuto del Funcionario Público, precedentemente citados, entre los que se destaca el de servicio exclusivo a los intereses de la colectividad, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas, para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, entre otros.
En ese sentido, es necesario remarcar que el Estatuto del Funcionario Público dispone la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, como se tiene citado precedentemente; esto implica, la sujeción a la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y a los diferentes sistemas que le conciernen, de tal forma que se cumpla con la finalidad establecida por el mandato constitucional, la vigencia de la carrera administrativa como regla; donde no se encuentran incluidos los funcionarios que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados y de libre nombramiento, a lo que es pertinente sumar los funcionarios provisorios que fueron configurados por el Estatuto del Funcionario Público y la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, que, en sintonía con los razonamientos que anteceden, puede inferirse que alcanzan la categoría de excepcionales; es decir, los funcionarios provisorios ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa; proceso dentro el cual, al funcionario provisorio le asiste el derecho de participarsin restricción alguna que los establecidos por ley, en igualdad de condiciones. Consiguientemente, los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo. Estos razonamientos encuentran correspondencia con el mandato constitucional que establece el deber que impone al Estado, de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas, pues el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad, y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública. Lo contrario implicaría, la inversión de una situación definida por mandato constitucional, como es la carrera administrativa como regla y el funcionario provisorio como excepción; de tal forma que los cargos públicos destinados a ser ocupados por funcionarios de carrera, continúen ocupados por funcionarios provisorios de turno, de manera indefinida y sin restricción o control algún, afectando no solo a los servidores públicos que ocupen dichos cargos, en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, sino, a la colectividad en su conjunto.
El accionante considera que el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, autoridad ahora demandada, vulneró sus derechos al debido proceso por errónea aplicación de la legalidad ordinaria del art. 71 de la Ley 2341, así como en sus elementos de fundamentación, motivación y derecho a la defensa, al trabajo y justa remuneración, a la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que el ahora accionante fue destituido de su cargo, sin que exista causal alguna, no obstante que el Memorándum de designación señalaba que debía ejercer el cargo hasta que se realice el correspondiente proceso de institucionalización, hecho que no sucedió; afirma además que sus derechos que también fueron afectados al haber sido despedido sin considerar lo dispuesto en la Ley 1309, que prohibió los despidos por la situación pandémica; con esta desvinculación ilegal se le impidió ejercer sus funciones y recibir una justa remuneración, por lo que solicitó se le conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: a) Se deje sin efecto la Resolución Ministerial 199/2021 de 15 de julio, que dispuso confirmar la Resolución Administrativa BC/PRE/069/2021 de 15 de abril que a su vez confirmó a su vez el Memorándum de agradecimiento de servicios; b) Se deje sin efecto el Memorándum de Agradecimiento de Servicios MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio y las demás resoluciones administrativas; c) Se ordene la inmediata restitución al puesto de trabajo que ocupaba al momento de su desvinculación, con el mismo nivel salarial, sea con el pago de salarios devengados; así como la afiliación al seguro social y demás derechos sociales inherentes a su reincorporación, como ser la continuidad en el cómputo de su antigüedad dentro de la institución a efectos del goce de vacaciones y otros derechos; y, d) Ordenar a la autoridad demandada, se abstenga de asumir medidas administrativas como el acoso laboral o la destitución que contravengan el mandato de reincorporación, pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales. Revisados los antecedentes que cursan en el cuaderno de la acción tutelar, se evidencia que el accionante, ingresó a trabajar a la ABC mediante Contrato Administrativo de Consultor Individual de Línea, Profesional Abogado para la Gerencia Regional de Chuquisaca, el 24 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre del citado año; asimismo suscribió un segundo Contrato Administrativo de Consultor Individual de Línea, Profesional Abogado desde el 2 de enero de 2014 hasta el 1 de julio del mismo año. Posteriormente, con Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2014-0037 de 16 de abril de 2014, lo designaron en el cargo de Abogado, categoría Técnico 1, Ítem 100, hasta que se inicie proceso de institucionalización; luego por Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2015-0305 I/2015-07291 de 1 de abril, se le comunica que a partir del 1 de abril de 2015, quedaba designado en el cargo de abogado, correspondiente a la categoría Técnico 1, Ítem 279, dependiente de la Gerencia Regional Chuquisaca, hasta que se inicie proceso de institucionalización; y, finalmente por Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2019-0089 de 28 de febrero, se le comunica que a partir del 1 de marzo de 2019, queda designado en el cargo de Abogado Senior, correspondiente a la categoría Profesional 5, con Ítem 183, hasta que se inicie proceso de institucionalización. Sin embargo, a través del Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio, la Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC, comunicó al ahora accionante, la determinación de prescindir de sus servicios, sin que media causal que justificara su despido. Ante esa decisión arbitraria e intempestiva, el ahora impetrante de tutela planteó recurso de revocatoria, impugnando el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de Agradecimiento de Servicios, el cual fue resuelto mediante Auto Administrativo ABC/PRE/002/2020 de 26 de junio, emitido por la referida Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC, que determinó desestimar la solicitud planteada, con el fundamento de no tratarse de un caso de carrera Administrativa; decisión contra la cual interpuso recurso jerárquico, que mereció la Resolución Ministerial Jerárquica MOPSV/DGAJ/URJ 195 de 6 de octubre de 2020, por medio de la cual el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda -autoridad ahora demandada-, resolvió anular el Auto Administrativo impugnado, disponiendo que se emita uno nuevo, debidamente fundamentado y motivado. En cumplimiento de dicha determinación, la Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC pronunció la Resolución Administrativa ABC/PRE/0126/2020 de 29 de octubre, determinando confirmar el Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de Agradecimiento de Servicios en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el aludido Memorándum, al haber sido emitido en el marco de la disposición contenida en el inc. p) del art. 16 del DS 28946 y en función de la calidad de funcionario provisorio. Dicha resolución de revocatoria que nuevamente fue impugnada mediante recurso jerárquico, por el accionante, al que le correspondió la Resolución Ministerial 072 de 16 de marzo de 2021, pronunciada por la autoridad ahora demandada, que revocó la Resolución impugnada, disponiendo de nuevo se emita otra resolución; por ello, el Presidente Ejecutivo de la ABC emite la Resolución ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril, en el cual determina confirmar el memorándum de agradecimiento de servicios, por consiguiente lo mantiene vigente y subsistente, con el fundamento que ha sido manifestado en el marco de la normativa de la materia, en su calidad de funcionario provisorio. Ante esa decisión, el ahora impetrante de tutela, presentó recurso jerárquico el 21 de abril de 2021, resuelto por Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, -resolución ahora cuestionada- que determinó rechazar el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril, con la que fue notificado el 19 de igual mes y año. En ese contexto, el accionante a través de esta acción de defensa, denuncia que el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, vulneró sus derechos al debido proceso, por la errónea aplicación de la legalidad ordinaria del art. 71 de la Ley 2341, así como en sus elementos de fundamentación, motivación y derecho a la defensa, al trabajo y justa remuneración, a la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, fue destituido de su cargo sin causal alguna, no obstante que el Memorándum de designación señalaba que debía ejercer el cargo hasta que se realice el proceso de institucionalización, hecho que no sucedió. Finalmente, sostiene que tal acto también vulneró lo dispuesto en la Ley 1309, que prohibió los despidos, con esta desvinculación ilegal se le impidió ejercer sus funciones y recibir una justa remuneración.
Con carácter previo, cabe precisar que en este caso, se dio cumplimiento al principio de inmediatez, puesto que la Resolución Ministerial ahora cuestionada, fue notificada el 19 de julio de 2021, habiendo el accionante interpuesto la presente acción de defensa el 28 de septiembre del mismo año, es decir dentro del plazo de seis (6) meses que prevé la norma constitucional; por lo que al haber existido recursos administrativos que fueron motivo de pronunciamiento por parte de las autoridades administrativas, se advierte que el último acto vulneratorio de derechos constituye la Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021.
Ahora bien, ingresando al fondo de la problemática, corresponde puntualizar que efectivamente, el cargo que venía desempeñando el accionante en la ABC, entidad pública descentralizada, no fue producto o como consecuencia de un proceso de selección vía convocatoria pública, constituyéndose por consiguiente en funcionario provisorio conforme señalan los diferentes memorándums de designación, así como en las resoluciones administrativas detalladas en las Conclusiones del presente fallo, en cuyos Memorándum se dejó expresamente establecido que se lo designaba en el cargo hasta que se inicie proceso de institucionalización, lo que también significa que no se trata de un puesto de libre nombramiento; empero, ello no significa que el accionante se encuentre desprovisto de protección laboral, considerando que la protección y resguardo del trabajo constituye un deber del Estado. En la especie, el hecho que el ahora impetrante de tutela haya sido designado de manera transitoria o tenga la calidad de provisorio, tampoco faculta a la entidad demandada a realizar actos y asumir medidas discrecionales desconociendo los derechos de estos funcionarios, considerando que la continuidad y estabilidad laboral también les alcanza, mientras no exista el proceso de institucionalización mediante convocatoria al cargo que ocupa, en el cual incluso puede participar en igualdad de condiciones con otros postulantes a fin de adquirir la categoría de funcionario administrativo de carrera.
En ese entendido, se advierte un ejercicio discrecional y arbitrario por parte de la entidad ABC al emitir del memorándum de agradecimiento de servicios, que ha sido confirmado en las resoluciones de revocatoria y posteriormente por la autoridad demandada a través de la resolución jerárquica, disponiendo simple y llanamente la conclusión de su relación laboral, en el entendido que al ser funcionario provisorio se puede prescindir de sus servicios sin necesidad de proceso previo, causal o trámite alguno; criterio y medida que resulta contraria al orden constitucional, que impone previamente un proceso de reclutamiento o selección a través de convocatoria a fin de la institucionalización de los cargos que corresponden a la carrera administrativa; cuya omisión implica un incumplimiento a los mandatos constitucionales precisados en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que conforme a los razonamientos que anteceden, al tener estos servidores públicos la categoría de excepcionales al desempeñar un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el referido proceso, en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo.
Estos razonamientos encuentran correspondencia con el mandato constitucional que establece el deber que impone al Estado, de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas, pues el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad, y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública. Lo contrario implicaría, la inversión de una situación definida por mandato constitucional, como es la carrera administrativa como regla y el funcionario provisorio como excepción; de tal forma que los cargos públicos destinados a ser ocupados por funcionarios de carrera, continúen ocupados por funcionarios provisorios de turno, de manera indefinida y sin restricción o control algún, afectando no solo a los servidores públicos que ocupen dichos cargos, en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, sino, a la colectividad en su conjunto. En ese sentido, mientras no se proceda de esa manera, los servidores públicos designados de forma transitoria o provisoria merecen cierto resguardo, teniendo en cuenta que ocupan cargos que deben ser sometidos a un proceso de selección a través de convocatoria pública, situación que no consta que ocurrió en el presente caso. Corresponde precisar que, si bien es cierto, que el demandante de tutela tenía la calidad de provisorio conforme al memorándum de designación y de acuerdo a lo manifestado en las diferentes resoluciones emitidas; sin embargo, no debió ser desvinculado por Memorándum MEM/GNA/SAA/ARH/2020-0352 de 15 de junio y la autoridad ahora demandada debió dejar sin efecto el referido Memorándum; al contrario, en la resolución jerárquica emitida incumplió con el mandato constitucional de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas, pues como se indicó precedentemente el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad, y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública, en el entendido que no corresponde generar inestabilidad laboral y menos inseguridad jurídica, asumiendo un entendimiento restrictivo respecto al tratamiento de los derechos laborales, al contrario, se debe observar el mandato constitucional contenido en el art. 13.I de la Norma Suprema de propender por su progresividad y favorabilidad; y en los casos donde se sometan a tela de juicio derechos laborales, estos deben ser analizados conforme al principio de progresividad que supone el respeto a las conquistas alcanzadas por las trabajadoras y los trabajadores; considerando el contenido del art. 233 de la CPE, en sentido que las personas que desempeñan funciones públicas, son servidoras y servidores públicos que por regla forman parte de la carrera administrativa, siendo la excepción los funcionarios provisorios -entre otros-, quienes sin embargo, no deben ser destituidos o removidos, salvo se involucre alguna causal para cesarlo de sus funciones, lo que conlleva a la realización de un previo proceso.
En ese marco, no se puede justificar la evidente vulneración de los derechos del ahora accionante; al trabajo, y a la estabilidad laboral; puesto que, conforme se tiene señalado precedentemente, el despedirlo o cesarlo sin llevar adelante o hacer efectivo previamente el anunciado proceso de selección a través de convocatoria, constituye un acto arbitrario. Por lo anteriormente detallado, se concluye que el memorándum de agradecimiento de servicios que fue emitido por la Presidenta Ejecutiva Interina de la ABC; así como la resolución del recurso de revocatoria dictada por la misma autoridad y la Resolución Jerárquica Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, emitida por el Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al resolver el recurso jerárquico presentado por el accionante, que se constituyen en actos arbitrarios, mismos que inobjetablemente afectaron los derechos laborales del ahora accionante; razón por la cual, procede la concesión de la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la aplicación de la Ley 1309, no corresponde su análisis en virtud a los fundamentos señalados precedentemente. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 137 de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 205 a 213 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 199 de 15 de julio de 2021, dictada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, así como la Resolución Administrativa ABC/PRE/069/2021 de 15 de abril;
b) La inmediata restitución del accionante al mismo cargo que ocupaba antes de su desvinculación laboral o su equivalente, sin afectar su nivel salarial; salvo que, el ahora impetrante de tutela haya asumido otras funciones en una entidad pública o privada, percibiendo salario o haber mensual;
c) El pago de sus haberes devengados desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación, y los derechos laborales y sociales que le corresponden; siempre y cuando, no haya asumido cargo en una entidad pública o privada conforme, se expresó anteriormente, en cuyo caso solo le corresponderá el pago de sus haberes hasta que asumió las nuevas funciones, aspecto que deberá determinarse en ejecución de fallos; y, d) En caso que, a la fecha, el cargo haya sido sometido a convocatoria pública en virtud al proceso de selección conforme al Reglamento específico; sólo corresponderá, en favor del ahora accionante el pago de los haberes devengados y derechos laborales y sociales, desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha de nombramiento del funcionario de carrera en el referido cargo, debiendo para el efecto tomarse en cuenta lo determinado en los puntos descritos anteriormente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
1 Entendimiento asumido en el FJ III.4.3 de la SCP 0205/2004-R de 10 de febrero. 2El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San Salvador” entro en vigencia en 1999.
3 Criterio asumido en el FJ III.2.2 de la SCP 0177/2012 de 14 de mayo; el cual fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1262/2013, 1588/2014, 0381/2016-S2, 0096/2018-S3, entre otras. 4Entendimiento asumido en el FJ III.4 de la SCP 1262/2013 de 1 de agosto; el cual fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1588/2014, 0221/2016-S1, 0123/2016-S2, 0354/2017-S1 entre otras. 5La Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al desarrollo progresivo de los derechos derivados de las normas económicas y sociales, expresó en su art. 26: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados” (las negrillas son nuestras).
9 Los criterios respecto a la relación entre la vigencia de la carrera administrativa como regla y el carácter excepción de los funcionarios provisorios, ya se emitieron en la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, en los siguientes términos: “…debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al
Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0668_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 41d3a5cfe401435ea40458b4808bcc673df9d3a6e8499f07fb859688c34992af
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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