Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la igualdad de las partes, al juez natural, a la impugnación, a la legalidad de la prueba, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba, al acceso a la justicia, a un proceso público y la garantía del non bis in ídem; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado- y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, aceptaron la recusación interpuesta por el prenombrado contra el Juez codemandado, disponiendo su separación definitiva del conocimiento de la causa penal; sin embargo, el citado fallo carece de fundamentación y motivación, siendo incongruente y arbitrario; debido a que, no observó el trámite previsto para los incidentes, establecido en los arts. 314 y 315 del CPP respecto a la citación a las partes, no habiendo sido resuelto en audiencia pública, oral y contradictoria, lesionando su derecho como víctima a verter su posición, quedando en indefensión técnica y material de todo lo ocurrido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución S-41 de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expresados por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Denegar en cuanto a la supuesta errónea sustanciación de la recusación, previsto en los arts. 314 y 315 del CPP, al haber sido modificado a partir de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; y, 3° Denegar respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del mismo departamento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2025-S3 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55389-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-41 de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Américo Enriquez Cuellar contra Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 25 de abril de 2023, cursante de fs. 11 a 28, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luís Fernando Camacho Vaca -ahora tercero interesado- y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, el 11 de abril de 2023 Marco Antonio Machaca Surano escuchó que el Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandado-, comentaba con sus funcionarios subalternos, que en el proceso bajo su control jurisdiccional, ya existía una decisión tomada y que dispondría la detención preventiva del imputado, adelantando criterios sobre su situación jurídica; además, que habría un conocimiento público de la enemistad que tenía la citada autoridad judicial con los abogados patrocinantes del tercero interesado, quien interpuso incidente de recusación, conforme a las causales previstas en el art. 316.2 y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En virtud a ello, la autoridad de instancia emitió el Auto Interlocutorio de 14 de abril de 2023, argumentando que la causal de recusación debía estar debidamente acreditada de manera objetiva, sobre el criterio anticipado que pudiera haber vertido y estar documentada, no habiendo demostrado la supuesta enemistad existente y que sólo aplicó el poder ordenador y disciplinario descrito en los arts. 315 y 339 del CPP, que son exclusivos del juez para desarrollar las audiencias sin incidencias de indisciplina que pudieran ejercer los sujetos procesales, con el fin de que las mismas se efectúen de forma ordenada, en este caso, para garantizar la realización continua de la audiencia de medidas cautelares, lo cual no podía ser considerado como un odio o enemistad del juez hacia las partes, concluyendo que no se adecuaba a la causal invocada; por lo que, resolvió rechazar in límine la recusación planteada. En revisión del incidente de recusación, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -hoy demandados-, mediante Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, aceptaron la misma; en consecuencia, dispusieron la separación definitiva de la autoridad recusada del conocimiento de la presente causa penal, debiendo el expediente ser sorteado entre los juzgados de instrucción especializados en delitos de corrupción; sin embargo, en ningún momento le notificaron con la recusación, la Resolución de rechazo y el citado Auto de Vista, lesionando su derecho como víctima de acceso a la justicia, a poder verter su posición, y en su caso, oponerse a la recusación, quedando en indefensión técnica y material de todo lo ocurrido; por cuanto, no se dio cumplimiento al trámite establecido en los arts. 314 y 315 del CPP respecto a la citación a las partes con el referido incidente, no habiendo sido resuelto en audiencia pública, oral y contradictoria.
Denunció la lesión de sus derechos a la igualdad de las partes, al juez natural, a la impugnación, a la legalidad de la prueba, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba, al acceso a la justicia, a un proceso público y la garantía del non bis in ídem, citando al efecto los arts. 14.I y II, 115.II, 116, 119.II, 180, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 3, 8.1 y 2 inc. h), 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se declaren nulos todos los actos realizados a través del “Auto de Vista 52 de 27 de febrero de 2019” -siendo lo correcto Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023-; b) La sanción con pago de costas, daños y perjuicios; y, c) Acepte la prueba jurídica y material ofrecida.
Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 121 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándolo manifestó que: 1) Los Vocales demandados emitieron una Resolución incongruente y arbitraria, porque va en contra de lo que ellos mismos afirmaron, habiendo vulnerado el debido proceso porque no le permitieron emitir su voz respecto al incidente de recusación al ser parte del proceso en su calidad de víctima, tampoco tuvo derecho a la defensa, ya que el mismo no observó los requisitos y formalidades establecidas; asimismo, el citado fallo que admite la recusación del Juez de la causa, carece de fundamentación y motivación; 2) La indicada resolución fue extemporánea, porque Luís Fernando Camacho declaró el 31 de agosto de 2022, la denuncia fue presentada el 16 del mismo mes y año, y el 5 de abril de 2023 se presentó la imputación; habiendo transcurrido casi un año desde la citada denuncia, su defensa técnica jamás presentó la recusación; y, 3) Por lo que solicitó que el Auto de Vista cuestionado sea declarado nulo y se emita uno nuevo, en el cual se manifieste las pruebas que se tienen respecto a la existencia o no de la enemistad manifiesta que indicaron los Vocales demandados; asimismo, se anule la solicitud de recusación que se hizo con base en el indicado fallo, al transgredir sus derechos invocados en esta acción de defensa, aplicando los principios de proporcionalidad y razonabilidad que debe existir cuando se limitan los derechos fundamentales de las personas.
Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 28 de abril de 2023, presentó informe escrito, cursante a fs. 48 y vta., señalando que: i) La decisión asumida por los Vocales demandados, de revocar su Resolución y aceptar la recusación planteada por el accionante, no condice con la realidad y los parámetros descritos en el art. 316.11 del CPP; ya que, para que proceda esta causal debía existir una enemistad manifiesta, exteriorizada de manera objetiva y frecuente, no habiendo considerado la aplicación del poder moderador y disciplinario previsto en el art. 339 del citado Código; ii) El recusante -ahora peticionante de tutela- se funda en el Acuerdo de Sala Plena 12/2019, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, referido a la Aprobación del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencias en Materia Penal, deduciendo los referidos Vocales que hubiera enemistad con el abogado; situación contraria a lo dispuesto en la normativa de la materia; y, iii) El art. 316.11 del CPP, en su parte final dispone que: “En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidas al juez después que haya comenzado a conocer el proceso” (sic); o sea que el recusante, no puede basar su recusación con base a sus propias faltas o conductas negativas que fueron objeto de sanción en una audiencia, en aplicación de ese poder ordenador y disciplinario; medidas que son disciplinarias del cual la ley le faculta a un juez o vocales de la materia;
por lo que, solicitó se conceda la tutela y disponga la nulidad del Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023 que concedió la recusación. Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de garantías, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 31 y 32.
Luís Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el 28 de abril de 2023, presentó escrito cursante de fs. 45 a 46 vta., solicitando la suspensión de la audiencia de garantías, fijada para la indicada fecha, alegando que su persona reside actualmente en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, al encontrarse cumpliendo detención preventiva, no teniendo los medios necesarios para comparecer a dicho actuado procesal, tampoco sus abogados por razones de viaje; por tal motivo, no asistió al presente actuado judicial. Jean Paolo García Clavijo, en representación del Ministerio de Gobierno, en audiencia de garantías a través de su abogada, a tiempo de adherirse al fundamento de hecho y derecho expresado por el accionante y los terceros interesados, señaló que: a) Ningún Juez debe ser separado del conocimiento de una causa, sino es por un motivo legal; en el presente caso, el Auto de Vista 06 emitido por los Vocales demandados, es arbitrario al incumplir lo establecido en el art. 124 -no señala la norma-, solicitando se tome en cuenta el test de razonabilidad y proporcionalidad para la resolución de esta causa, considerando que se vulneraron los principios de la jurisdicción ordinaria, en cuanto a la publicidad, igualdad, eficacia, eficiencia y transparencia; b) El fallo cuestionado no fue debidamente fundamentado, porque no hizo referencia a la causal por el que se necesitaba apartar al Juez codemandado; por cuanto, la recusación comenzó con un simple comentario efectuado por Marco Antonio Machaca, no constando en el expediente su declaración que acredite que la citada autoridad judicial haya emitido un criterio anticipado; c) Si bien el 14 y 15 de febrero de 2022, posiblemente se hubieran suscitado impases entre las partes, el Juez a quo dio cumplimiento al Reglamento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, que en su art. 34 establece cuáles son las medidas disciplinarias en audiencia de medidas cautelares, que en su numeral 1 indica, cuando alguno de los abogados incurrieren en conductas ofensivas contra las partes, el Ministerio Público, otros abogados o la autoridad judicial, determinando que son posibles amonestaciones, llamadas de atención y otras, los cuales no pueden constituir una causal para recusar al Juez demandado; puesto que, no se evidencia una enemistad manifiesta, simplemente acató dicha normativa; y, d) Los Vocales demandados no efectuaron una valoración adecuada respecto a lo manifestado, para determinar apartar al Juez del conocimiento de la causa; por lo que solicitó que se declare la nulidad del Auto de Vista objetado y que los nombrados pronuncien una nueva resolución.
El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a través de su abogada, en audiencia de garantías se ratificó en los fundamentos expuestos por el peticionante de tutela y los terceros interesados, solicitando se declare probada la presente acción tutelar, de conformidad al art. 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Hernán Hinojosa Rojas, no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 37.
Alberto Zeballos Flores, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías a tiempo de adherirse a los fundamentos expuestos por el accionante, refirió que: 1) El Auto de Vista cuestionado, no cumple con los puntos exigidos por el art. 124 del CPP, en cuanto a la exigencia de una debida fundamentación que debe contener toda resolución judicial; ya que, la misma no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; 2) Los Vocales demandados, debieron basar su decisión en fundamentos de hecho y de derecho, más allá de las normas jurídicas aplicables al caso concreto, emitiendo un fallo infundado, vulnerando el principio de congruencia; ya que, la Resolución consideró solamente los argumentos referidos en el escrito de recusación, pero no los elementos probatorios cursantes en el expediente, identificando claramente que el Juez de la causa lo único que hizo es aplicar el poder ordenador y disciplinario previsto en el art. 339 con relación al art. 113, ambos del CPP, con el fin de que las audiencias se realicen de manera ordenada; 3) El referido fallo simplemente se basó en la mención de los requerimientos de las partes; puesto que, el hecho de considerar a un abogado como interesado, si bien está previsto en el art. 317 del citado Código; sin embargo, en ninguna parte de la Resolución otorgó una valoración ya se positiva o negativa para realizar una interpretación de la legalidad ordinaria; 4) Tampoco existe una razonabilidad, equidad y legalidad en el Auto de Vista objetado, por cuanto no se está investigando a Rómulo Calvo, sino a otros sujetos procesales que no tienen ninguna relación o vínculo con el mismo por quien se decidió apartar definitivamente a uno de los jueces; en tal sentido, el referido fallo carece de la debida fundamentación, motivación y congruencia, debiendo pronunciarse sobre los aspectos cuestionados en el Auto emitido por el Juez de la causa; y, 5) Si bien el instituto de la recusación está previsto en la normativa procesal; empero, debe estar dentro de alguna de las dieciséis causales establecidas en el art. 316 del CPP, lo cual no acontece en el caso de autos; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad del Auto de Vista confutado y los Vocales demandados emitan una nueva resolución.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-41 de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 06/2023 de 19 de abril, ordenando a los Vocales demandados, resguarden lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, respecto al trámite de incidentes, y emita una nueva resolución, en el marco de los fundamentos expresados en este fallo, con base en los siguientes fundamentos: i) El fallo cuestionado carece de la suficiente motivación y fundamentación, porque los Vocales demandados no explicaron por qué no se tramitó en la vía incidental el procedimiento de la recusación, según establecen los arts. 314 y 315 del CPP; por lo que, no se le dio la oportunidad a las partes de enervar sus alegatos, a efectos de que el Juez de la causa en última instancia disponga lo que correspondiere en derecho; en consecuencia, se evidencia la vulneración del debido proceso en los elementos citados; ii) El accionante señaló que nunca asumió conocimiento de la recusación planteada por Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado- contra la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional; asimismo, los Vocales demandados tampoco habrían hecho conocer sobre la misma, la cual se tramita como incidente, transgrediendo el derecho a la igualdad de las partes, así como a la defensa, consagrado en el art. 119.II de la CPE, al no haber permitido que éstas se pronuncien sobre la problemática planteada y solicitada en el proceso; y, iii) Los prenombrados no cumplieron de manera procesal con la debida notificación con la recusación, ni observaron esa omisión a la autoridad de primera instancia, para que se haga conocer dicho acto procesal a todos los sujetos procesales que forman parte de la demanda principal, dando cumplimiento a lo establecido en la norma procesal especial, previamente a emitir resolución, resguardando el debido proceso en su triple dimensión; por lo que corresponde, conceder la tutela impetrada. Luego de emitida la referida Resolución supra, el accionante a través de su abogado solicitó enmienda y complementación de la misma; en ese mérito, la aludida Sala Constitucional determinó no ha lugar respecto a dejar sin efecto los actos que estén generándose en otros procesos, en razón a la emisión el Auto de Vista cuestionado, al no tener conocimiento de los mismos de manera fehaciente y documentada. Asimismo, declaró ha lugar con relación al lapsus que existió en la exposición de antecedentes, rectificando a que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, pidieron se conceda la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado- y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, el prenombrado mediante memorial de 12 de abril de 2023, interpuso incidente de recusación contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora codemandado-, conforme a las causales previstas en el art. 316.2 y 11 del CPP, y art. 317 de la misma norma legal (fs. 4 a 5 vta.).
II.2. Por Auto 93/23 de 14 de abril de igual año, la citada autoridad jurisdiccional rechazó in límine la recusación planteada, disponiendo la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno, para que revise la indicada Resolución, conforme establece la SCP 0328/2016-S2 de 8 de abril (fs. 6 a 7). II.3. A través del Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -hoy demandados-, en aplicación de los arts. 316.2 y 11, 317, 320 y 321 del Código Adjetivo Penal, ACEPTARON la recusación interpuesta contra el Juez codemandado; en consecuencia, dispusieron la separación definitiva de la autoridad recusada del conocimiento de la presente causa penal, debiendo el expediente ser sorteado entre los otros juzgados de instrucción especializados en delitos de corrupción (fs. 8 a 9).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la igualdad de las partes, al juez natural, a la impugnación, a la legalidad de la prueba, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba, al acceso a la justicia, a un proceso público y la garantía del non bis in ídem; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado- y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, aceptaron la recusación interpuesta por el prenombrado contra el Juez codemandado, disponiendo su separación definitiva del conocimiento de la causa penal; sin embargo, el citado fallo carece de fundamentación y motivación, siendo incongruente y arbitrario; debido a que, no observó el trámite previsto para los incidentes, establecido en los arts. 314 y 315 del CPP respecto a la citación a las partes, no habiendo sido resuelto en audiencia pública, oral y contradictoria, lesionando su derecho como víctima a verter su posición, quedando en indefensión técnica y material de todo lo ocurrido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (las negrillas corresponden al texto original). Ahora bien, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativo o cualquier otro, expresada en un fallo en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. Sobre el segundo contenido, es decir lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012 desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada” (el resaltado nos corresponde).
En lo referente al procedimiento a seguir respecto a la recusación, el art. 320 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, establece lo siguiente: “Artículo 320.- (Trámite y resolución de la recusación).
I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales. 2. Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior.
3. La recusación deberá ser rechazada cuando no se funde en causal sobreviniente o no se haya indicado la fecha y circunstancias de la causal invocada, sea manifiestamente improcedente o se presente sin prueba. III. Cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el Tribunal se completará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas” (el resaltado es propio) Sobre el particular, la SCP 0115/2021-S3 de 26 de abril, precisó lo siguiente: “Del desglose realizado, se advierte que uno de los cambios establecidos en relación a la anterior regulación, se encuentra en el hecho de que el Tribunal Superior una vez remitida la recusación para su revisión, debe emitir su resolución sin mayor trámite dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de recibidos los actuados; es decir, sin necesidad de fijar audiencia para recibir prueba, como anteriormente estaba previsto, pues corresponde que los antecedentes ya se encuentran incorporados junto al memorial de la recusación y el informe de la autoridad recusada enviada, restando simplemente pronunciar el correspondiente pronunciamiento” (las negrillas son añadidas).
Examinados los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado- y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros; el prenombrado, mediante memorial de 12 de abril de 2023, interpuso incidente de recusación contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora codemandado-, conforme a las causales previstas en el art. 316.2 y 11 del CPP, y art. 317 de la misma norma legal. En mérito a ello, la citada autoridad judicial por Auto Interlocutorio 93/23 de 14 de abril de igual año, rechazó in límine la recusación planteada, disponiendo la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno, para que revise la indicada Resolución, conforme establece la SCP 0328/2016-S2 de 8 de abril. Una vez elevada la recusación, Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -hoy demandados-, a través del Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, en aplicación de los arts. 316.2 y 11, 317, 320 y 321 del Código Adjetivo Penal, aceptaron la recusación interpuesta contra el Juez codemandado; en consecuencia, dispusieron la separación definitiva de la autoridad recusada del conocimiento de la presente causa penal, debiendo el expediente ser sorteado entre los otros juzgados de instrucción especializados en delitos de corrupción. Previamente, es necesario puntualizar que, en cuanto concierne al Juez codemandado en la presente causa, tomando en cuenta que la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, revisa y analiza únicamente la resolución emitida en última instancia por el Tribunal de cierre en sede ordinaria, ello en observancia del principio de subsidiariedad; en tal sentido, corresponde denegar la tutela impetrada con relación a la citada autoridad judicial. Ahora bien, Rolando Américo Enriquez Cuellar, Diputado Nacional -ahora accionante-, interpuso esta acción tutelar en su calidad de denunciante y víctima en representación de la sociedad, dentro el proceso penal descrito en líneas precedentes, alegando la vulneración, entre otros, del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación en el aludido Auto de Vista 06, pronunciado por los Vocales demandados, arguyendo que el mismo no habría observado el trámite previsto para los incidentes, previsto en los arts. 314 y 315 del CPP respecto a la citación a las partes, no habiendo sido resuelto en audiencia pública, oral y contradictoria. En ese marco, a efectos de analizar si el citado fallo contiene los elementos del debido proceso señalados, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que sustentan su decisión: a) El ofrecimiento del testigo Marco Antonio Machaca Surano, cuya declaración no se halla plasmada en una prueba documental, incumple la exigencia prevista en el art. 316.2 del CPP; fuera de ello, no se acreditó con suficiente prueba que el Juez recusado -hoy codemandado- hubiese emitido un criterio adelantado sobre la imputación formal de Luís Fernando Camacho Vaca -tercero interesado-; por ello, la indicada causal no fue demostrada por el recusante; b) Conforme al art. 317 del citado Código, los abogados se constituyen en interesados; por ello, es posible invocar la causal establecida en el art. 316.11 del CPP. En el presente caso, se demostró que existe una enemistad manifiesta entre el Juez demandado y Carlos Martín Camacho Chávez, abogado el imputado -tercero interesado-; puesto que, la autoridad judicial, “…–movido por el tono desafiante del abogado- se extralimitó en la imposición de las sanciones y medidas disciplinarias, que debieron ser paulatinas y no sobrepasar la multa – por ejemplo- del 20% del salario mínimo nacional, así como el apartamiento del proceso como abogado defensor, los cuales no están previstos en el art. 339 del CPP…” (sic);
c) Entre las pruebas documentales aparejadas por el recusante, se tienen las actas de audiencia dentro del caso en el cual Carlos Martín Camacho Chávez, fungió como abogado de Rómulo Calvo Bravo -imputado-, habiendo cruzado una serie de palabras con el referido Juez, derivando en la imposición de una multa y apartamiento del nombrado abogado; determinaciones que sin embargo, fueron revocadas posteriormente, mediante Auto de Vista 87 de 6 de mayo de 2022;
d) Por ello, resulta entendible la susceptibilidad de la defensa en esta oportunidad, de que las mismas circunstancias u otras peores, se susciten en el trámite de la presente causa penal; pudiendo la autoridad jurisdiccional, disponer alguna medida que pueda perjudicar no solo al citado abogado, sino también a su patrocinado, lo que podría ocasionar una vulneración al juez natural, en su componente de juez imparcial; y, e) Un evento anterior como el relatado, no es fácil de superar tanto para el Juez codemandado, como para el abogado de la defensa, “…quienes deben manejarse en el marco del debido respeto, lo cual sería difícil de obtener en futuras audiencias con la autoridad recusada, por lo que este tribunal de alzada está en la obligación de resguardar ese derecho al juez imparcial que tiene el imputado y evitar susceptibilidades que deriven en situaciones extremas, que impliquen además la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia. Por lo referido anteriormente, se tiene por probada la causal de recusación prevista en el art. 316.11 del CPP, en cuanto a la vertiente “enemistad manifiesta” entre el Juez recusado y el abogado de la defensa Dr. Carlos Martín Camacho Chávez” (sic).
Conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la tramitación de la recusación en materia penal, tiene su propio procedimiento, siendo claro al establecer que, una vez elevados los antecedentes por parte del Juez unipersonal, el Tribunal Superior debe emitir su resolución correspondiente, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho horas, sin que al afecto sea permitido señalar ningún otro actuado procesal, gestionarlos en la vía incidental en aplicación del procedimiento previsto en los arts. 314 y 315 de CPP, menos fijar audiencia para recibir prueba alguna -conforme razonó erradamente el peticionante de tutela en esta acción de defensa-, como anteriormente estaba previsto; puesto que, ese aspecto fue justamente modificado a partir de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal. En ese marco, y de acuerdo al desarrollo jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como fundamentar y motivar a través de la manifestación de las razones que le llevaron a tomar determinada decisión, expuestas de forma clara y concisa; citando a su vez, las disposiciones legales que sustentan la misma, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones, tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo que permita la comprensión del recurrente o afectado.
Bajo el entendimiento jurisprudencial anotado supra, y del examen de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista cuestionado, se advierte que si bien los Vocales demandados observaron el procedimiento previsto en la normativa legal, para la tramitación de la recusación, exponiendo los antecedentes de este instituto jurídico y estableciendo su alcance conceptual; sin embargo, dicha Resolución transgrede el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, porque no cumple con los lineamientos descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al contener una motivación insuficiente y arbitraria. Debido a que, a efectos de declarar probada la causal de recusación prevista en el art. 316.11 del CPP, basaron su decisión exclusivamente en un evento ocurrido con anterioridad entre el abogado del tercero interesado que fungió como defensor de Rómulo Calvo Bravo -imputado- con el Juez codemandado, dentro del caso con Código FUD 401102012106762, en el cual la autoridad judicial determinó la imposición de una multa y el apartamiento del causídico; pese a que posteriormente, dichas medidas fueron revocadas, mediante Auto de Vista 87 de 6 de mayo de 2022, pronunciado por los mismos Vocales ahora demandados. Únicamente con esa referencia circunstancial, los prenombrados alegaron que se habría demostrado la existencia de una enemistad manifiesta entre la autoridad jurisdiccional y el abogado defensor de Luís Fernando Camacho Vaca, tercero interesado en la presente causa penal, afirmando que el Juez codemandado se había extralimitado en la imposición de las sanciones y medidas disciplinarias; manifestando entre otros aspectos que: “…resulta entendible la susceptibilidad de la defensa en esta oportunidad, de que las mismas circunstancias –u otras peores- se susciten en el trámite de la presente causa penal, pudiendo la autoridad jurisdiccional disponer alguna medida que pueda perjudicar no solo al abogado Carlos Martín Camacho Chávez, sino también a su patrocinado…” (sic); empero, sin expresar mayores argumentos al respecto, que justifiquen su decisión de aceptar la recusación interpuesta por el imputado y como consecuencia de ello disponer la separación definitiva de la autoridad recusada, ya que la misma no se encuentra enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, al no haber explicado en términos claros y precisos sustentados en derecho, razones suficientes para asumir dicha determinación; por el contrario, hicieron alusión a presunciones o conjeturas que carecen de todo fundamento probatorio o jurídico; extremo que no puede ser soslayado y hace necesaria la protección constitucional. Consecuentemente, advirtiendo que el Auto de Vista 06 de 19 de abril de 2023, emitido por los Vocales demandados no contiene una debida y adecuada motivación y fundamentación, traducida en una decisión insuficiente y arbitraria, la justicia constitucional puede disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra nueva, correspondiendo en ese marco conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el merituado fallo al constituirse el mismo en el acto lesivo respecto a los intereses del impetrante de tutela. Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación alegados por el accionante, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda este mecanismo constitucional.
Finalmente, en lo concerniente a la transgresión de los derechos a la igualdad de las partes, al juez natural, a la impugnación, a la legalidad de la prueba, al debido proceso en su componente congruencia, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba, al acceso a la justicia, a un proceso público y la garantía del non bis in ídem, este Tribunal no estableció su lesión por falta de carga argumentativa, a efectos de su consideración y tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró parcialmente de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución S-41 de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expresados por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Denegar en cuanto a la supuesta errónea sustanciación de la recusación, previsto en los arts. 314 y 315 del CPP, al haber sido modificado a partir de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; y, 3° Denegar respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del mismo departamento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0666_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31d1329c8d8dad9b71601f7511ac6643958e4f38b9935a5c301e138e34df8b46
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