B.IA.LEGAL

SCP 0666/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52862-2023-106-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la posesión, a la propiedad, al acceso a la justicia, a una vivienda digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados, mediante AS 451/2022, declararon infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 05/2022, que confirmó la Sentencia 07/2021, que rechazó su demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, seguido contra el hoy tercero interesado; sin que dichas autoridades hubiesen considerado: a) El art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución “2/20223” de 5 de enero de 2023, cursante de fs. 138 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Diego Valdir Roca Saucedo, por las razones expuestas en el acápite III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales.
  2. III.2. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal o instrumento adicional que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Sobre la actuación de la Sala Constitucional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2024-S2 Sucre, 2 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52862-2023-106-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución “2/20223” de 5 de enero de 2023, cursante de fs. 138 a 140, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Railda Idagua Chuqui contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 y 22 a 28, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En mayo de 2017, presentó demanda de anulabilidad de contrato -de compra venta de un inmueble- contra Magdalena Sosa “Vda. de Balcázar” y Guillermo Federico Torres López -hoy terceros interesados-, luego de tener conocimiento que el predio que ocupó por más de quince años, desde el año 2007, fue vendido por la antes nombrada, en calidad de venta ficticia por pago de honorarios a su abogado, que es el último mencionado “…y Susana Ivonne a López Sosa, lugar donde nunca se me pidió desalojo, y mucho menos se me molesto hasta que me entero que el año 2015 ya tendría dueño, puesto que de antecedentes se demuestra que tengo interés legítimo en el inmueble ubicado en la urbanización Tunari, calle sin nombre del distrito 04, manzana 178, predio 009, con una superficie 321.27 metros cuadrados, con código catastral 0418009 y con matrícula 9011010015340…” (sic); incluso el 15 de octubre de 2015, presentó demanda de regularización de derecho propietario, haciendo constar que no habitaban el predio en cuestión, y menos aún, estaban en posesión del mismo; es decir, nunca tuvieron el elemento principal que es el corpus de la cosa real; por lo que al estar en pacífica posesión de ese inmueble desde el año 2007 hasta la fecha en que presentó su demanda de anulabilidad de contrato de compra venta de un inmueble, se encontraba legitimada para ser parte del proceso, y “…no sacarme directamente…” (sic), pretendiendo despojarla del único bien inmueble que posee “…y del cual hasta la fecha me encuentro ejerciendo mi derecho de dueña, pues mantengo la posesión del mismo” (sic), derecho que en ningún momento fue ejercido por la vendedora, más aún si ella es “…es conocedora de los pagos que realice a su esposo quien en vida fue MARCO ANTONIO BALCARZAR…” (sic) -se entiende por concepto del bien inmueble en cuestión-. Refiere que “…en el Auto Supremo 451/2022, de fecha 30: de junio de 2022, emitido por los señores magistrados, ahora accionados, en sus considerandos estas autoridades confiesan que los miembros del tribunal de alzada en la sentencia impugnada en ningún momento ingresaron en el examen de fondo, lo que debió considerarse y tomar en cuenta al momento de emitir este auto supremo, que vulnera en gran manera mis derechos y garantías constitucionales (…) como ser el derecho a la propiedad, pues este terreno lo tengo en posesión desde mucho antes que esta Sra Magdalena Sosa Vda de Balcazar lo regularice (…). Que estas autoridades no tomaron en cuenta el auto de vista de fecha 31 de octubre de 2017, el cual merecía ser considerado, analizado y es más se debió hacer la respectiva valoración y congruencia de todos los antecedentes del proceso, como así también de algunas piezas del expediente como ser la demanda sumario de regularización de derecho propietario sobre vivienda de 15 de octubre de 2015 años, también presentada por mi persona, y la cual no prospero debido a la influencia que tiene el señor Guillermo Tórrez López. Que estas autoridades ahora accionadas debieron tomar en cuenta y valorar el Auto de Vista de fecha 31 de octubre 2017 en donde se indica textualmente: ‘…el excepcionante habla también de que la falta de legitimación activa, sin embargo existe legitimación activa, pues ella viven en la casa en la que tiene una construcción de cien mil bolivianos, es a ella que le afecta ese documento de venta a la demandante que interpuso una demanda de regularización de derecho propietario hay un interés de que ella tiene interés legitimo, por lo que no se puede decir que hay falta de legitimación activa en la demandante el demandado no podía ser comprador ni en subasta”’ (sic). Sostiene que, dentro de la demanda de anulabilidad de contrato, el 25 de septiembre de 2018, se emitió Sentencia, ante la cual formuló recurso de apelación incidental, consiguiendo la anulación de dicho fallo, mediante Auto de Vista 44/”2020” de 3 de febrero de “2018”. Así, en cumplimiento al referido fallo de alzada, se pronunció la nueva Sentencia 07/2021 de 29 de abril, por la que el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, declaró probadas las excepciones de improponibilidad y falta de legitimación activa e improbada la demanda, con costas y costos. Ante ello, nuevamente formuló recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista 05/2022 de 23 de febrero, que confirmó la Sentencia 07/2021, con base en los siguientes fundamentos: a) Citando lo referido en el Auto Supremo (AS) 233/2019 de 8 de marzo, relativo a la doctrina legal aplicable sobre la “improponibilidad subjetiva”, se concluyó que el párrafo de la Sentencia transcrita por la apelante, se constituye en la razón de la decisión a la que llegó el juzgador para rechazar la demanda por falta de legitimación activa, y que en la doctrina se conoce como “improponibilidad subjetiva”, en virtud a que la acción de anulabilidad está reservada para las partes contratantes, y en el caso concreto el único facultado es el vendedor; y, b) Si bien el art. 592."II".4 -lo correcto es 592.I.4- del Código Civil (CC), prohíbe a los abogados comprar bienes y “derechos” de sus clientes dentro del año de la conclusión del proceso en todas sus instancias, no es menos cierto que esta limitación es relativa; el art. 555 del indicado Código, refiere quiénes son las personas que pueden demandar la anulación del contrato a favor de las partes o protección de quienes ha sido establecida y en el presente caso, el contrato cuya anulabilidad se demandó se realizó entre Guillermo Federico Torres López como comprador y Magdalena Sosa “Vda. de Balcázar” como vendedora, sin que su persona sea titular de la relación jurídica sustancial, por lo que se le negó su legitimación para intervenir como demandante. Refiere que, en ese contexto formuló recurso de casación contra el Auto de Vista 05/2022, el cual fue resuelto por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, mediante AS 451/2022 de 30 de junio -hoy impugnado-, por el cual indicaron que su demanda sería inoponible, por carecer de legitimación activa, sin considerar que tiene la posesión del terreno objeto de litis desde el año 2007 “hasta la fecha”, lo cual le otorga legitimidad de pedir la anulabilidad del contrato, pues Magdalena Sosa Vda. de Balcázar, vendió una propiedad que no le pertenece, pues “…ha documentado un terreno…” (sic), del cual nunca tuvo la posesión y es más lo entregó en calidad de pago por una deuda de honorarios a su abogado Guillermo Federico Torres López, “…actual propietario de mi casa…” (sic). Consecuentemente, el AS 451/2022, carece de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, su recurso -de casación-, fue planteado invocando lo previsto en el art. “592 núm. 4” -lo correcto es 592.I.4- del CC, el cual establece una prohibición especial a los abogados de comprar, motivo por el cual, el hoy tercero interesado no podía ser comprador de los bienes de sus clientes hasta pasado un año, por lo que no se puede justificar o legalizar esa compra cuando está prohibida, siendo que en todo el proceso demostró estar en posesión del inmueble que el mencionado adquirió ilegalmente, lo que le otorga plena facultad para defender y demostrar la ilegalidad de la referida venta, por lo que los Magistrados ahora accionados debieron efectuar la respectiva valoración de todos los antecedentes del proceso, incluyendo la demanda sumaria de regularización de derecho propietario.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la posesión, a la propiedad, al acceso a la justicia, a una vivienda digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 19.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impedida; y, en consecuencia: 1) Se señale audiencia de inspección ocular a su domicilio con el afán de demostrar lo indicado en su memorial de interposición de esta acción de defensa; 2) Dejar sin valor legal el AS 451/2022; 3) Ordenar a los Magistrados ahora accionados a que dicten un nuevo fallo, debidamente fundamentado, motivado y congruente; 4) Se le otorguen medidas precautorias hasta que no se resuelva la presente acción de amparo constitucional en la ciudad de Sucre y, no se emita desalojo en su contra; y, 5) Se ordene el pago de costas, daños y perjuicios a ser regulados en ejecución de sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 5 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 134 a 137 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa, y ampliando en audiencia, sostuvo que: i) En ningún momento renunció a su derecho a argumentar, pues de hecho no se le dio el derecho a ello; llama la atención lo manifestado por “…el señor Guillermo Torrez…” (sic), respecto a que su persona no tendría ningún derecho sobre el bien inmueble en cuestión y, que el adquirió el predio por los servicios prestados a “Magdalena Sossa”, cuando el mencionado tiene conocimiento de la posesión que ejerce junto a su familia sobre el predio en conflicto; -refiriendo su abogada- “…es mas no nos olvidemos que la posesión constituye el poder del hecho que ejerce una persona sobre algo sobre una cosa, mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad o derecho real, durante el 2007 a la fecha usted podrá verificar en el sistema del tribunal de justicia de Pando. Infinidad de recursos y demandas y otras acciones que ha estado realizando la señora Railda Idagua con el fin derecho legal inmueble de este inmueble, legal digo porque ella [l]o que está buscando es una sentencia que le diga que ella es dueña. El derecho real lo tiene ella porque ella está en posesión es lo que ha dado lo que dice la Constitución Política de Estado, en este tipo de proceso le ha dado la función social, a ese terreno, le ha dado la calidad de vivienda a este lugar desde el año 2007, y de lo cual es conocedora la señora Magdalena y su finado esposo…” (sic); ii) Se debe considerar que vive en el predio en cuestión desde el 2007 y que está próxima a ser una persona de la tercera edad y, tiene bajo su protección a personas con discapacidad y, por el hecho de que el “señor Torres” quiera cobrar un sueldo, no puede pretender adueñarse de su vivienda; iii) El prenombrado no solamente está desalojándola a ella, sino también a otras familias; y, iv) La detentación de la cosa, está respaldada por el art. 87 del CC, siendo que la posesión se encuentra protegida por la ley, independientemente del derecho de propiedad que pueda tener otra persona.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe cursante de fs. 132 a 133 vta., señalaron que: a) A fines de contextualizar el caso, se tiene que la actual peticionante de tutela planteó demanda de anulabilidad de contrato de compra venta de un inmueble suscrito por Magdalena Sosa “Vda. de Balcázar” a favor del tercero interesado y Susana Ivonne López Sosa protocolizado mediante Escritura Pública 272/2015 de 11 de junio, alegando que la vendedora transfirió algo que no le pertenece, documentando un terreno del que nunca tuvo posesión y que entregó como pago de honorarios al prenombrado, cuya prohibición está establecida en el art. 592.I.4 del CC, porque el antes nombrado fue abogado de la citada vendedora en un anterior proceso de reivindicación y recibió como forma de pago el referido bien inmueble; b) Se debe precisar que la carga argumentativa de la accionante radica en que se habría lesionado la citada norma procesal y, ante ello, el AS 451/2022 -ahora impugnado- precisó que en realidad la impetrante de tutela no acreditó su interés en la causa ni el derecho subjetivo sobre el bien inmueble objeto de la litis, ya que solo el afectado con el vicio de anulabilidad puede pretender la invalidez del contrato cuestionado; criterio que emerge del art. 555 del CC, que en concreto establece que solo las partes celebrantes pueden invalidar un contrato por medio de la anulación del mismo, tomando en cuenta que la anulabilidad tiene un margen limitado para los legitimados que pretenden la invalidez por esta vía quienes son los celebrantes; c) Ese criterio fue ampliamente explicado en el Auto Supremo ahora cuestionado, indicando lo siguiente: “Entonces, si la parte ahora demandante por no ser parte del contrato, no tiene la facultad de confirmarlo, por exclusión tampoco tiene la facultad de demandar el vicio que aduce, todo en directa relación con el principio dispositivo descrito en el numeral III.2 del presente Auto Supremo, cuyo contenido no solo otorga a las partes, el derecho de activar la acción jurisdiccional para alcanzar una decisión, sino que también se expresa a través del derecho de disposición -sin ser redundantes- dado que es la declaración de la voluntad de las partes la que determina modificar o extinguir la relación de derecho material que fundamenta la pretensión procesal, es decir, el derecho material solo puede ser dispuesto por los titulares de la relación jurídica (…) reforzando la falta de interés prevista por el art. 555 del CC, como se anotó, esta debe estar sustentada en un derecho de orden sustancial, que debe ser real y no incierto o hipotético, cuya eficacia o validez dependa directamente de la invalidez del contrato impugnado, consecuentemente la mera detentación del inmueble cuyo desapoderamiento por proceso de reinvindicación se encontraría en fase de ejecución según versión de ambos sujetos demandante y demandado no se constituye en razón suficiente para solicitar la anulabilidad del contrato de venta, es decir, la anulabilidad o invalidez del contrato de venta no tiene por efecto ningún reconocimiento de derecho a favor de la actora, pues la declaratoria de invalidez únicamente retrotraería el nudo propietario en favor de la vendedora y no en la demandante…” (sic); d) Por lo mencionado, se tiene que la accionante se aferra al argumento de ser poseedora, “…sin considerar que la legitimación para la anulabilidad del contrato deriva si hubiera sido parte celebrante del mismo, pues el hecho de ser supuestamente poseedora no le otorga legitimación alguna ya que la posesión es un simple ejercicio de hecho del terreno, conforme al art. 88 del Código Civil” (sic); e) La peticionante de tutela señaló de manera genérica la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la vivienda, pero no explicó cómo el Auto Supremo ahora cuestionado vulneró los mismos, sino que por el contrario, en el referido fallo se explicó de manera clara y precisa las convicciones determinativas que justificaron de manera fundada la decisión a ser asumida; y, f) Por lo mencionado, solicitaron la denegatoria de la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Guillermo Federico Torres López, en audiencia, manifestó que: 1) Se adhiere a lo presentado por los Magistrados accionados y comunicó que adjuntó documentación que evidencia que dentro de un proceso de reivindicación, se emitió Sentencia 13/2016 de 13 de mayo, que tiene calidad de cosa juzgada, y en mérito a ello, se ordenó a la actual accionante y a su conviviente que procedan a entregar el bien inmueble en cuestión, existiendo mandamiento de desapoderamiento; extremos que no tienen nada que ver con el proceso de anulabilidad de contrato del cual deviene esta acción tutelar; 2) No existe ninguna causa para que se modifique lo ordenado en otro juicio, haciendo constar que la vía constitucional no tiene competencia para revisar, ni suspender un proceso que ni siquiera fue mencionado -en la acción de defensa planteada-; 3) Como consecuencia de la indicada Sentencia emitida en el proceso de reivindicación la accionante y su conviviente tienen la condición de detentadores, que tendran que ser expulsados con la fuerza pública; 4) “Al memorial de amparo y estando aclarando estos puntos, se puede ver que es falsos lo que se dice de los antecedentes que la recurrente nunca fue dueña, otro aspecto que hay que remarcar en este documento de amparo, se hacen citas que no son ciertas dicen en la página 3 que estas autoridades ahora accionadas, debieron tomar en cuenta y valorar el auto de vista de fecha 31 de octubre. No existe ese auto la apelación y luego la casación han sido resuelto por un auto de vista por la sala civil de Pando y es el auto de 23 de febrero de 2022 que corre en este expediente de juicio ordinario donde se está presentado este recurso corre a fs. 275 como podrán corroborar los señores vocales y que el auto de vista de 31 de octubre es inexistente, y lo que se transcribe es inexistente…” (sic); 5) La accionante pretende engañar a sus autoridades, con citas que no son correctas y con documentos que no existen, y, respecto al tema de fondo que es la emisión del AS 451/2022, la antes mencionada se basó en puras hipótesis sin explicar de qué manera se lesionaron sus derechos, más aún considerando que no es la dueña -del inmueble-; y que al contrario dicho fallo en sus puntos tercero y cuarto explican de manera muy detallada la normativa que se debe aplicar, ratificando una doctrina legal referida a la legitimación en juicio, lo que lleva a concluir que no existen las vulneraciones que se denuncian; 6) La vía constitucional no puede revisar la actuación de los Magistrados ahora accionados, porque no se constituye en una instancia casacional, ya que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que solamente puede revisar el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, cuando se evidencia la transgresión a la legalidad, a la seguridad jurídica, que no fue mencionado; y, a la igualdad o proporcionalidad, jerarquía normativa y al debido proceso, haciendo notar que no existen ninguno de esos elementos -se entiende en la demanda constitucional-; y, 7) Por lo mencionado, solicitó se rechacé la acción de amparo constitucional formulada por ser improcedente. Respecto a “Magdalena Sosa”, si bien en el acta de audiencia a fs. 134 se informó su presencia en la audiencia virtual; empero, no consta registro de su intervención.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución “2/20223” de 5 de enero de 2023, cursante de fs. 138 a 140, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión del caso concreto, se tiene que en lo principal la accionante alega que el AS 451/2022 emitido por los Magistrados ahora accionados lesiona sus derechos a una vivienda digna y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia y, pretende que se deje sin efecto el indicado Auto Supremo; empero, tal como las autoridades judiciales accionadas lo indicaron en su Informe de esta acción de defensa, la peticionante de tutela señaló de manera genérica la transgresión del precitado derecho y sus elementos, citando únicamente normas de la Constitución Política de Estado y mencionando el derecho a la vivienda, pero no explicó cómo el referido AS 451/2022 lesionó sus derechos, careciendo de carga argumentativa; ii) Al respecto, se debe considerar el contenido jurisprudencial contenido en la SCP 0180/2018-S3 de 22 de mayo, que estableció: “‘Así, en caso de incumplirse estas exigencias, corresponderá a la jurisdicción constitucional denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo del asunto, salvo que se advirtiera una flagrante lesión al debido proceso por una evidente falta de fundamentación o incongruencia, en cuyo caso procederá su conocimiento y resolución. La imposición de los requisitos mencionados, constituye una modulación a la tutela del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, que no vulnera ni afecta el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona, puesto que no niega ni impide la presentación de la acción de amparo, por vulneración de los mismos, sino únicamente exige al interesado la carga procesal de identificar de manera adecuada y precisa, los supuestos actos lesivos de derechos al tenor del art. 33 del CPCo, carga argumentativa que no debería revestir de complejidad alguna en su cumplimiento por la parte accionante, más aún si tiene en cuenta que éste con anterioridad a acudir a la jurisdicción constitucional, advirtió previamente, que dentro del proceso judicial o administrativo en el que participa, una o varias de sus pretensiones no fueron respondidas o en su caso fueron respondidas insuficientemente, y por cuyo motivo acudió a la acción de amparo constitucional”’ (sic); y, iii) En tal sentido, según la jurisprudencia constitucional, excepcionalmente en acciones de amparo constitucional, se podrá ingresar al análisis con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, cuando existiera una flagrante vulneración de derechos y garantías fundamentales de las personas con dicha interpretación, lo que no ocurrió en el presente caso; toda vez que, el AS 451/2022 justificó de manera fundada en el marco del debido proceso la decisión asumida; y, la peticionante de tutela no explicó de manera justificada de qué manera la interpretación de la norma jurídica es errada o incorrecta, para ingresar a analizar si la misma se encuentra a derecho o por el contrario materializa la lesión de este.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Sentencia 13/2016 de 13 de mayo, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Pando, declaró probada la demanda de reivindicación sobre el predio con Matrícula 9.01.1.01.0015340, interpuesta por Guillermo Federico Torres López -hoy tercero interesado- contra Railda Idagua Chuqui -ahora accionante- y José Maguayo Belmonte, ordenando que entreguen el predio en el plazo de diez días una vez ejecutoriada esa Resolución (fs. 121 a 123 vta.); determinación que fue confirmada en grado de apelación mediante Auto de Vista de 25 de julio de 2016, dictado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 125 a 127 vta.).

II.2. Cursa AS 451/2022 de 30 de junio, dictado por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, dentro del proceso de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, seguido por la impetrante de tutela contra el ahora tercero interesado por el cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto por la hoy accionante contra el Auto de Vista 05/2022 de 23 de febrero -que confirmó la Sentencia 07/2021 de 29 de abril, que rechazó la referida demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble-, con costas y costas, regulándose honorario profesional de Bs1000.- (un mil bolivianos).-, en favor del profesional que contestó “el recurso” y en el que en lo principal cuestionaron que no se consideró que el art. “592 núm. 4” del CC, establece “…una prohibición especial de comprar a los abogados, motivo por el cual el demandado no podía ser comprador de los bienes de sus clientes hasta pasado un año, motivo por el cual no se puede justificar o legalizar la compra si está prohibida” (sic [fs. 18 a 21]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la posesión, a la propiedad, al acceso a la justicia, a una vivienda digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados, mediante AS 451/2022, declararon infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 05/2022, que confirmó la Sentencia 07/2021, que rechazó su demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, seguido contra el hoy tercero interesado; sin que dichas autoridades hubiesen considerado: a) El art. 592.I.4 y II del CC, establece una prohibición especial a los abogados de comprar los bienes de “sus clientes”; razón por la que, el prenombrado tercero interesado no podía ser comprador hasta pasado un año; motivo por el cual, la adquisición -cuestionada en su demanda de anulabilidad de contrato- sería anulable; b) El Auto de Vista de 31 de octubre de 2017, en función al cual no se podía decir que hay falta de legitimación activa en la demandante; es más los accionados debieron hacer la respectiva valoración y congruencia de todos los antecedentes del proceso, así también de algunas piezas del expediente como ser la demanda de regularización de derecho propietario sobre vivienda de 15 de octubre de 2015, presentada por su persona; y, c) Con base en la prohibición especial de comprar, respecto a los abogados, no se puede justificar o legalizar la compra realizada por el ahora tercero interesado, cuando la misma está prohibida, dado que en todo el proceso su persona demostró estar en posesión del inmueble que el prenombrado adquirió ilegalmente.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales.

Jurisprudencia reiterada Con relación a este tópico de auto restricción procesal-constitucional, a la labor propia e inherente a la legalidad ordinaria, la jurisprudencia constitucional desarrolló la delimitación de la misma y los presupuestos únicos que posibilitan su apertura para la revisión de dicha labor, así la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, asumiendo dichos entendimientos señaló: «...la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, realizando una deconstrucción de la línea jurisprudencial establecida en cuanto a la actividad interpretativa realizada por los tribunales y autoridades jurisdiccionales y administrativas, precisó que: “De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de “reglas admitidas por el Derecho” rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico -argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” » (el resaltado nos corresponde).

III.2. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal o instrumento adicional que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas

En la misma línea de autorestricciones que rigen en la jurisdicción ordinaria, referida precedentemente, y sobre la imposibilidad de constituir a la jurisdicción constitucional en una instancia adicional dentro de un proceso judicial o administrativo, la SCP 0345/2022-S3 de 26 de abril, citando a la SCP 0045/2019-S1 de 3 de abril, precisó: «Partiendo de la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), ha sido instituida contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez.

Consecuentemente, dado este su carácter extraordinario, la acción de amparo constitucional no puede ser considerada como un medio de defensa o recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional que forme parte de las vías legales ordinarias de impugnación, a la que puedan acudir los litigantes perdidosos frente a una determinación judicial que les resulte adversa, pues esta acción tutelar fue concebida más bien como un mecanismo subsidiario de defensa de los derechos fundamentales. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció: ‘…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’”. Bajo estos mismos razonamientos jurisprudenciales, la SCP 0718/2015-S3 de 3 de julio, señaló que: “Dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal, contenida en la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que cita a la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció que la citada acción tutelar: ‘…no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’ (las negrillas fueron añadidas) (Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0254/2012, 0362/2012, 0108/2012 y 1687/2012 entre otras)“» (el resaltado corresponde al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la posesión, a la propiedad, al acceso a la justicia, a una vivienda digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados, mediante AS 451/2022, declararon infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 05/2022, que confirmó la Sentencia 07/2021, que rechazó su demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, seguido contra el hoy tercero interesado; sin que dichas autoridades hubiesen considerado: 1) El art. 592.I.4 y II del CC, que establece una prohibición especial a los abogados de comprar los bienes de “sus clientes”; razón por la que, el prenombrado tercero interesado no podía ser comprador hasta pasado un año; motivo por el cual, la adquisición -cuestionada en su demanda de anulabilidad de contrato- sería anulable; 2) El Auto de Vista de 31 de octubre de 2017, en función al cual no se podía decir que hay falta de legitimación activa en la demandante; es más los accionados debieron hacer la respectiva valoración y congruencia de todos los antecedentes del proceso, así también de algunas piezas del expediente como ser la demanda de regularización de derecho propietario sobre vivienda de 15 de octubre de 2015, presentada por su persona; y, 3) Con base en la prohibición especial de comprar, respecto a los abogados, no se puede justificar o legalizar la compra realizada por el ahora tercero interesado, cuando la misma está prohibida, dado que en todo el proceso su persona demostró estar en posesión del inmueble que el prenombrado adquirió ilegalmente. Precisada la problemática que motivó la interposición de esta acción de defensa, pese al contenido argumentativo un tanto confuso y desordenado de la demanda constitucional, y a efectos del pronunciamiento que corresponda en la dimensión de su planteamiento, resulta necesario remitirse a los dos antecedentes procesales cursantes en el expediente constitucional, a partir de los cuales se tiene que por Sentencia 13/2016 de 13 de mayo, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Pando, declaró probada la demanda de reivindicación sobre el predio con Matrícula 9.01.1.01.0015340, interpuesta por Guillermo Federico Torres López -hoy tercero interesado- contra Railda Idagua Chuqui -ahora accionante- y José Maguayo Belmonte, ordenando que entreguen el predio en el plazo de diez días una vez ejecutoriada esa Resolución; determinación que fue confirmada en grado de apelación mediante Auto de Vista de 25 de julio de 2016 (Conclusión II.1). Por otra parte, cursa AS 451/2022 de 30 de junio, dictado por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, dentro del proceso de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, seguido por la impetrante de tutela contra el ahora tercero interesado, por el cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto por la hoy accionante contra el Auto de Vista 05/2022 de 23 de febrero -que confirmó la Sentencia 07/2021 de 29 de abril, que rechazó la referida demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble-, y en el que en lo principal se cuestionó que no se consideró que el art. “592 núm. 4” del CC, establece: “…una prohibición especial de comprar a los abogados, motivo por el cual el demandado no podía ser comprador de los bienes de sus clientes hasta pasado un año, motivo por el cual no se puede justificar o legalizar la compra si está prohibida” (sic [Conclusión II.2]).

En ese contexto, delimitada la problemática planteada y conocidos los antecedes fáctico procesales, corresponde considerar que de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes, por lo que en el ejercicio del control de constitucionalidad tutelar excepcionalmente puede analizar la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia; sin embargo, para que sea posible asumir esta revisión por la jurisdicción constitucional, la parte accionante debe fundamentar de manera precisa “…una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial’” (SCP 1317/2014 de 5 de septiembre [el subrayado nos pertenece]). Con base en dichos antecedentes, y de la jurisprudencia constitucional citada ut supra, corresponde precisar que, si bien la accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, cuestionando el contenido del AS 451/2022 -emitido dentro del proceso de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble, interpuesto por la ahora impetrante de tutela contra el tercero interesado-, por el cual los Magistrados accionados declararon infundado el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 05/2022; lo que eventualmente hubiese promovido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, realice la comprobación y contrastación que corresponda para determinar la vigencia o no de estos componentes del debido procesamiento; sin embargo, ello no puede ser abordado de forma independiente a partir de la dimensión de reclamo expuesta por la impetrante de tutela, a partir de los cuatro elementos de reclamo sobre los que converge la problemática planteada formulada en su propia demanda de acción de amparo constitucional, misma que como se puede advertir del objeto procesal se encuentra interrelacionada y deviene de una presunta errónea interpretación y aplicación de la norma, específicamente del art. 592.I.4 y II del CC, vinculada además, en el fondo, a que se defina o no la consolidación de un derecho propietario expectaticio, cuestionando a su vez al efecto no solo todo el despliegue procesal dentro de la demanda de anulabilidad de contrato de compraventa activada de su parte y origen de la presente acción de defensa, sino también los hechos fácticos inherentes a ese conflicto. A partir de ello, se establece que lo reclamado en sede constitucional por la impetrante de tutela, en esencia involucra el despliegue y la propia actividad jurisdiccional desarrollada por las autoridades judiciales accionadas en su labor de revisión del recurso de casación formulado por la antes nombrada; labor en la que realizaron la interpretación de la legalidad ordinaria para asumir su decisión; y en tal sentido, no es posible efectuar un examen autónomo y separado sobre las extrañadas vertientes del debido proceso; por cuanto, -se reitera- el componente central de la denuncia constitucional es la revisión de la cuestionada actividad jurisdiccional de los Magistrados accionados efectuada en el AS 451/2022, lo cual imposibilita apartarse de este cuestionamiento, al estar los señalados elementos del debido proceso íntimamente vinculados a ésta.

Bajo estos lineamientos y presupuestos de procedencia para superar las autorestricciones respecto a la legalidad ordinaria, establecidos por la jurisprudencia Constitucional, en el caso en análisis se evidencia que la parte accionante en la exposición que sostiene el componente motivacional de activación de esta acción de defensa, enmarcó en lo esencial su argumentación a observar el despliegue jurisdiccional desarrollado por los Magistrados accionados en el AS 451/2022, señalando que: “….mi recurso de casación lo he sustentado en la vulneración de la ley conforme a lo siguiente: El art. 592 núm. 4 del Código Civil, establece una prohibición especial de comprar a los abogados, motivo por el cual el demandado no podía ser comprador de los bienes de sus clientes hasta pasado un año, motivo por el cual no se puede justificar o legalizar la compra si está prohibida. Siendo que en todo el proceso he demostrado estar en posesión del inmueble que el demandado adquirió ilegalmente, lo que me otorga plena facultad para defender y demostrar la ilegalidad de la referida venta” (sic); advirtiendo de ello que la peticionante de tutela se limitó a cuestionar la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; empero, sin exponer la suficiente carga argumentativa que ampara su posición para vencer la alegada falta de legitimación activa aducida en el AS 451/2022, que a criterio de los Magistrados accionados se antepone a la aplicación del referido artículo invocado por la accionante; es decir, que la impetrante de tutela no expuso los motivos, la aplicación de principios o reglas de interpretación que, evidencien la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, en la que a su juicio hubiesen incurrido los Magistrados accionados, mostrando a su vez que, más allá de las implicancias dentro del proceso judicial dicha labor lesionaría derechos y/o garantías constitucionales, habiendo limitado su carga argumentativa de sustento de su acción de defensa, en referencias imprecisas de no haberse considerado el art. 592.I.4 y II del CC, que establece una prohibición especial de comprar a los abogados, y que por esa razón el tercero interesado no podía ser comprador de los bienes de “sus clientes” hasta pasado un año, refiriendo que por ende la adquisición cuestionada en su demanda de anulabilidad de contrato de compra venta de un inmueble -del cual se aclara que no es parte contractual- sería anulable; invocando también y de forma confusa el Auto de Vista de 31 de octubre de 2017, en función al cual sostiene que no existía falta de legitimación activa en su persona como demandante, pero sin precisar cuál la vinculación u origen de dicha resolución judicial con la interpretación y aplicación normativa cuestionadas, para luego reiterar de forma ambigua que los magistrados accionados debieron hacer la respectiva valoración y congruencia de todos los antecedentes del proceso, como así también de algunas piezas del expediente como ser la demanda de regularización de derecho propietario sobre vivienda de 15 de octubre de 2015, presentada por su persona e insistiendo que era quien se encontraba en posesión del inmueble objeto del conflicto; argumentación que evidencia que la accionante no estableció con la necesaria precisión y objetividad las razones por las que consideraba que la dinámica procesal-jurisdiccional asumida y sobretodo el criterio jurídico y la cuestionada labor de interpretación realizada por las autoridades accionadas no resultaba adecuada ni pertinente en su interpretación y aplicación para resolver el recurso de casación que interpuso. A partir de ello, se advierte la insuficiencia de carga argumentativa necesaria para ingresar a revisar la actividad interpretativa realizada por los Magistrados accionados, puesto que en la intencionalidad requerida por la parte peticionante de tutela y la medida en la que fue planteado el reclamo constitucional, no resulta suficiente hacer menciones referenciales al contenido del fallo ahora impugnado y a los hechos de origen de conflicto sobre la posesión-titularidad del inmueble, sin establecer de manera objetiva y con precisión la vinculación de la alegada lesión de los derechos invocados con la actividad aplicativa-argumentativa entrelazada con la interpretación normativa asumida por los Magistrados accionados en el AS 451/2022; consiguientemente, ante el incumplimiento de los lineamientos jurisprudenciales constitucionales inherentes a las autorestricciones respecto a la legalidad ordinaria, relacionadas con la posibilidad de que este Tribunal excepcionalmente revise la labor y/o actividad jurisdiccional desarrollada en sede ordinaria por las autoridades judiciales accionadas, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo del problema jurídico-constitucional planteado.

A mayor abundamiento y confirmando el razonamiento anterior de mantener barrera procesal para un pronunciamiento de fondo, resulta pertinente denotar que conforme se tiene evidenciado precedentemente, en gran parte de su argumentación de sustento del reclamo sobre la labor realizada por los Magistrados accionados, la impetrante de tutela se remonta a la totalidad del despliegue procesal anterior -demanda de regularización de derecho propietario sobre vivienda de 15 de octubre de 2015-, así como el suscitado dentro de la demanda de anulabilidad de contrato de compraventa de inmueble objeto del proceso de origen, y hechos fácticos sobre el bien inmueble en conflicto, vale decir que, la intencionalidad que contiene el cuestionamiento sobre la actuación presuntamente lesiva, es que la jurisdicción constitucional asuma un enfoque intelectivo de análisis que derive en realizar la revisión de todo lo actuado, antes y durante el proceso de referencia, vinculado incluso a supuestos fácticos precedentes, lo cual no es posible sea abordado, considerando que tal cual se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la atribución jurisdiccional constitucional de este Tribunal se encuentra destinada para la protección y, en su caso, el restablecimiento de los derechos y/o garantías constitucionales o convenciones que hubiesen sido lesionados, lo que no implica asumir una connotación de instrumento adicional para la revisión de todo lo obrado en el proceso de origen, ante la imposibilidad de actuar como una instancia más dentro del mismo. En este sentido, se ratifica la barrera procesal-constitucional advertida que conlleva la imposibilidad de ejercicio de actuación de la jurisdicción constitucional en la presunta afectación de derechos denunciada; por cuanto, de asumir un razonamiento distinto ello derivaría en la desnaturalización del objeto, alcance y finalidad de esta acción de tutelar, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

III.4. Sobre la actuación de la Sala Constitucional

Resuelta la problemática planteada, esta Sala del Tribunal Constitucional no puede dejar de cuestionar el irregular trámite procesal desplegado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en razón a que la demanda de esta acción de amparo constitucional, fue presentada el 28 de noviembre de 2022 (fs. 1) y admitida el 29 de ese mes y año, se fijó la respectiva audiencia para el 20 de diciembre de 2022 (fs. 30 ); posteriormente, por Auto de 13 de dicho mes y año, la referida Sala dejó sin efecto el Auto de admisión y todo actuado posterior al observar el domicilio de los terceros interesados, solicitando a la parte accionante que subsane tal extremo (fs. 48 y vta.).

Subsanada dicha observación mediante memorial de 20 de diciembre de 2022, por Auto de igual mes y año, dicha Sala fijó nueva audiencia para el 5 de enero de 2023 (fs. 54 y vta.). A partir de ese trámite procesal de la presente acción de defensa, se advierte que los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, independientemente de las razones por las que suspendieron la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, desde el primer señalamiento de la misma, incumplieron el plazo establecido por el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “Presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal señalará día y hora de audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción”; lo que no ocurrió, incurriendo en una dilación indebida e injustificada, provocando una demora de más de un mes en la resolución de esta acción tutelar desde la fecha de su interposición; omisión de cumplimiento de plazos que resulta contraria al debido proceso constitucional y al principio de celeridad, por lo que corresponde llamar la atención a dichas autoridades, por incumplimiento de los plazos fijados por el citado Código, para la tramitación de acciones de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar tutela impetrada, aunque en parte con distintos fundamentos, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución “2/20223” de 5 de enero de 2023, cursante de fs. 138 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Diego Valdir Roca Saucedo, por las razones expuestas en el acápite III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0666_2024-S2.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 41a8006d12e68e0ea47fd544099f00c706685db17c88e5c3af189bbc354f52d9

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