Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, exhaustividad, pertinencia, y verdad material; en mérito a que las autoridades ahora demandadas al momento de pronunciar el Auto de Vista 58/2022: a) Determinaron anular obrados, ordenando a la autoridad a quo corregir el procedimiento, cuando ninguno de los recurrentes solicitó ello; no obstante, habiendo sido asumida de oficio debió cumplirse con la fundamentación de los principios rectores que rigen las nulidades procesales, como son los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación; y, b) Incurrieron en falta de pronunciamiento de fondo de los agravios deducidos – individualizados en el acápite I.1.1. de este fallo constitucional–, que lesiona su derecho al debido proceso en su vertiente verdad material y congruencia, por lo que el fallo en cuestión resulta insuficientemente motivado al no contener la exhaustividad y pertinencia requerida, pues no existe respuesta clara y precisa a los reclamos efectuados. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 083/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 69 vta. a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente con relación a la primera problemática planteada, con base en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0665/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52256-2022-105-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 083/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 69 vta. a 76, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Silvestre Medina Castillo en su condición de Interventor Liquidador a.i. del Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (S.A.) “En liquidación” contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya y Jorge Andres Pérez Maita, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 17 a 41, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 6 de noviembre de 2012, la entonces Viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Paola Saravia Atristaín, presentó denuncia por el delito de prevaricato en contra de Mario Villca Choqueta, argumentando que el nombrado, en su condición de Juez de Sentencia Primero del departamento de Potosí, al conocer una acción de libertad interpuesta por Luis Fernando Roberto Landivar Roca en contra de la Sala Plena de la entonces Corte Superior del Distrito de Potosí ‒hoy Tribunal Departamental de Justicia de Potosí‒, concedió indebidamente la tutela. Proceso dentro del cual en la fase de juicio oral, el aludido Juez demandado, en audiencia de 6 de julio de 2022, formuló excepción de prescripción y duración máxima del proceso, que fue considerado en dicho verificativo por el Tribunal de Sentencia; sin embargo, por la hora se declaró para la lectura de la resolución un cuarto intermedio, para el 11 de igual mes y año, habiéndose determinado que tal verificativo sería realizado de manera virtual para BIDESA en liquidación y Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, y presencial para el Ministerio Público y el acusado; no obstante, llegado el día, el procesado no se hizo presente; por lo que fue declarada su rebeldía y pese a que BIDESA solicitó se aplique el art. 314.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que si la persona que haya interpuesto excepciones e incidentes no se presentara a la audiencia, automáticamente debían ser rechazadas, extremo que no mereció pronunciamiento por lo que formuló recurso de reposición, efecto del cual el “Tribunal nos dijo que nosotros tenemos que estar presentes en la audiencia para reclamar esa situación” (sic). Añadió que, lamentablemente por circunstancias varias, recién el 10 de agosto del citado año, fue realizada la lectura de dicha resolución, habiéndose declarado fundada la excepción de prescripción e infundada la de duración máxima del proceso; debido a lo cual, apelada que fue dicha determinación por el Viceministerio, Ministerio Público y BIDESA, el argumento de este último se basó en cinco agravios: a) El primero respecto a la aplicación del art. 314.II del CPP, ya que al no haber asistido el acusado a la audiencia de 11 de julio de 2022, correspondía el rechazo del planteamiento de sus excepciones sin entrar al fondo, habiendo pedido se cumpla con esa normativa; b) El segundo agravio relacionado a la duración máxima del proceso, que si bien fue declarada improbada; no obstante, se vulneró el art. 315.IV del mismo cuerpo legal, pues no era posible presentar una nueva excepción con los mismos fundamentos, pues muchos de los periodos que el acusado alegaba ya fueron planteados en una anterior excepción, que fue rechazada; c) Como tercer agravio denunció que tampoco se valoró adecuadamente en la excepción de duración máxima del proceso, pues el periodo de tres años que transcurrieron desde el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2017, que la declaró infundada y el Auto de Vista 65/2019, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación, era imputable al acusado dicho retraso; d) Cuarto punto, denunció que la excepción de prescripción fue declarada fundada, bajo el argumento que no se demostró por la parte acusadora que hubo interrupción y prescripción ni mucho menos imprescriptibilidad con prueba idónea, cuando el Auto de Procesamiento 1/2011, establece los daños causados al proceso, que superan los Bs7 000 000.- (siete millones de bolivianos), además, que el daño económico está vinculado al proceso de reparación de daño en la fase ejecución, debido a lo cual no debe ser acreditado con auditoría, siendo suficiente el aludido Auto de Procesamiento, debiendo tomarse en cuenta lo determinado en el Auto Supremo 156/2018-RRC de 20 de marzo, que determina que en ejecución se puede establecer el daño económico; y, e) Finalmente, denunció que se inaplicó lo previsto en el art. 6 del Decreto Supremo (DS) 29889, que establece la interrupción de plazos de prescripción en cualquier juicio en donde intervengan los Bancos en Liquidación hasta la transferencia de la cartera al Tesoro General de la Nación (TGN) y/o Banco Central de Bolivia; por lo que, no correspondía aplicar la prescripción; mérito por el cual solicitó se rechacen ambas excepciones y en caso de ingresar al fondo, se rechace la excepción de prescripción y ratifique la duración máxima del proceso “correspondiendo aumentar los argumentos faltantes” (sic). Al momento de considerar la apelación el Tribunal de alzada indicó, que observó el incumplimiento de la norma procesal penal por parte del a quo, pues debió cumplir con el art. 113.III del CPP, es decir, dictar la resolución de las excepciones e incidentes en la misma audiencia en concordancia con el procedimiento previsto en el art. 314 del adjetivo penal, y en relación a los agravios indicaron que los mismos fueron insuficientes y no establecieron la parte de la resolución que impugnaron (olvidando totalmente que cada uno de los agravios estaba vinculado a una parte de la resolución y la explicación del agravio), expresando que se declaró infundado el “incidente” de duración máxima del proceso de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (sin indicar cuál), que estableció que es posible instaurar varias veces la excepción de duración máxima del proceso, respecto a la excepción de prescripción, expresó que no se indicó los montos del supuesto daño y la jurisprudencia presentada aparentemente demostraba que no es necesario tener un documento que acredite el daño pero por lo menos debió estar inscrito el daño en la acusación fiscal (olvidando que el daño puede ser calificado en la fase de reparación del daño y el delito de prevaricato no contempla en su tipo penal el daño para hacerlo valer en el juicio oral), y finalmente, en cuanto al art. 6 del DS 29889 era necesario acompañar una sentencia constitucional que acredite su aplicación en materia penal y no estrictamente civil, “por lo que se encuentra en un limbo” (sic), para finalmente, disponer la nulidad de obrados hasta la audiencia de 6 de julio de 2022; es decir, hasta el planteamiento de las excepciones e incidentes presentados por el acusado. Ante tal circunstancia, el BIDESA y el Ministerio Público, solicitaron en la vía de aclaración, explicación y enmienda: 1) Se explique porque decidieron por la anulación en plena inobservancia del art. 398 del CPP, además, que no hubo una adhesión a la apelación para solicitar la nulidad de obrados, y ante la existencia de defectos absolutos de acuerdo al art. 314 del mismo Código, estos debieron ser reclamados dentro de los diez días siguientes de su conocimiento, habiéndose superado ese tiempo a la fecha para reclamar que debía haberse resuelto en la misma audiencia las excepciones e incidentes; y, 2) Si se pretende aplicar la nulidad de oficio conforme el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‒Ley 025 de 24 de junio de 2010‒, debía considerarse la jurisprudencia constitucional que obliga al Tribunal de alzada a cumplir con los principios de las nulidades procesales. Habiendo el Ministerio Público referido que las excepciones e incidentes son parte del juicio oral, por lo que no podían separarse, más bien la nulidad impedía la continuación del juicio; no obstante, de una manera un poco incomprensible indicaron los demandados, que la nulidad emergía de la misma petición del Tribunal de alzada ante el incumplimiento del art. 314.II del CPP, que es un defecto de procedimiento y, por otro lado, la jurisprudencia presentada correspondía a un caso civil; sin embargo, el proceso tenía la suficiente trascendencia para su nulidad pues el procedimiento debía ser respetado por los sujetos procesales que debieron reclamar en su oportunidad ese aspecto, “ahora bien, es evidente que el BIDESA reclamó el pronunciamiento por parte del tribunal respecto a la ausencia y las excepciones presentadas, inclusive presente recurso de reposición para que se pronuncie el tribunal de sentencia en la audiencia de lectura, empero el tribunal de sentencia decidió que por no estar presente el BIDESA (recordando que esta audiencia fue mixta: Virtual para el BIDESA el Viceministerio y presencial para el acusado y el Ministerio Público). Con lo que modifica la nulidad de obrados hasta la audiencia del 11 de julio de 2022” (sic). Cuando el Tribunal Constitucional, en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, determinó: “...el Juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente previsto por ley”; a su vez, la SC 1644/2004 de 11 de octubre, estableció que “a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso” razonamiento conformado por la SC 1800/2011-R de 7 de noviembre, posteriormente la SCP 1402/2012, se pronunció en el marco de la nueva normativa prevista en la Ley del Órgano Judicial, limitando la facultad de anulación de los jueces y tribunales estableciendo que sólo el Tribunal de casación puede disponer la nulidad por violación de derechos y garantías; en tanto, que los tribunales de apelación y jueces, en observancia del principio de congruencia, sólo dispondrán la anulación a pedido de parte, es decir, deben limitarse a resolver el recurso de apelación planteado, infringiendo con su actuación los Vocales demandados dicho aspecto, pues tampoco consideraron que las nulidades deben ser reclamadas oportunamente, existiendo un apartamiento a los alcances de las nulidades procesales en segunda instancia. Además ignoraron lo pedido en los recursos de apelación, pues en ningún momento, pretendieron la nulidad del acta de 6 de julio ni del 11 de julio de 2022, sino atacaron el fondo para lograr se revoque la resolución impugnada, y si bien el acusado en respuesta a las apelaciones hizo referencia a problemas en la tramitación de sus incidentes y excepciones para luego pedir la nulidad de obrados, no interpuso recurso propio de apelación conforme lo establece el art. 404 del CPP o la adhesión al recurso como prevé el art. 395 del mismo cuerpo legal, pues si consideró hubo alguna irregularidad debió cumplirse con el art. 314.I del adjetivo penal, que determina que ante cualquier irregularidad puede plantearse un incidente por defectos absolutos dentro del plazo fatal de diez días a partir del conocimiento de la vulneración del derecho o garantía jurisdiccional, que en el caso precluyó, siendo clara la omisión en la que incurrió el Tribunal de alzada, al no aplicar los arts. 392 del CPP; y, 17.II y III de la LOJ, que obligan al Tribunal de alzada a limitarse a los aspectos impugnados, además, que la misma norma citada por dicho Tribunal establece que las irregularidades deben ser reclamadas oportunamente, lo cual no sucedió. Tampoco la resolución principal ni mucho menos el auto complementario, respondieron a cabalidad las exigencias que hacen viable las nulidades, pues en cuanto al principio de convalidación, resaltaron que no es aplicable por la tramitación de los incidentes y la emisión de la resolución que resuelve las excepciones e “incidentes” que representen defectos absolutos; sin embargo, como fue precisado no hubo una reclamación oportuna del supuesto defecto absoluto en la tramitación de las excepciones e incidentes pues, no hubo siquiera un incidente de nulidad o de tramitación defectuosa, por parte de cualquiera de los sujetos procesales ni mucho menos por el acusado Mario Villca Choqueta dentro del plazo de diez días para que pueda ser utilizada por el Tribunal de alzada para anular obrados hasta el vicio más antiguo; por lo que, si incluso se hubiera presentado esa reclamación en la fase de apelación o adhesión, el mismo se encontraba precluido; por otro lado, en lo que respecta a la trascendencia para nulidad se hizo alusión genérica al perjuicio justificando que el acto es un defecto absoluto tanto por la falta de valoración de la prueba como la tramitación del proceso con los incidentes y excepciones y que es un perjuicio a las partes, sin establecer cómo éste es un daño directo, cierto e irreparable, en cuanto al principio de especificidad, no se indicó en qué disposición legal se basaron para dejar sin efecto los actos procesales precluidos como inicialmente lo dispuso hasta el acta de 6 de julio de 2022 y posteriormente, al acta de 10 de dicho mes y año; tampoco aclaró cual la finalidad de la nulidad, siendo el fundamento principal que la resolución no fue emitida en la misma audiencia y que haya demorado para su lectura en la continuación de la audiencia, que resulta un argumento colateral el hecho que no se haya valorado el “auto de detención (auto de procesamiento), mismo que fue impugnado ante el tribunal de alzada para que se pronuncie en relación al daño económico causado en contra del Estado” (sic). Finalmente, expreso que la Ley del Órgano Judicial es una Ley orgánica, que puede ser aplicada a todas las materias civil, penal, laboral, etc.; por lo que, los principios de las nulidades son obvias consideraciones que deben ser respondidos por el Tribunal de alzada, independientemente, que la Sentencia Constitucional invocada en la fase complementación, aclaración y enmienda no corresponda a la materia, pues la jurisprudencia invocada resulta indicativa o conceptual, que determina los alcances y cómo funcionan los principios de las nulidades procesales en la nulidad de oficio en segunda instancia; aspecto que no pudo ser soslayado por el mero hecho que no pertenezca a la materia; además, que el mismo art. 17 de la LOJ, establece una excepcionalidad a la aplicación de las nulidades procesales, no siendo posible utilizarla arbitrariamente o como regla en todas las causas por el incumplimiento a cualquier formalidad; debido a lo cual, al determinarse una nulidad por la nulidad misma, sin expresarse en el fondo de los recursos de apelación, desconocieron su obligación de pronunciarse en torno a la expresión de agravios.
La parte accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, exhaustividad, pertinencia, y verdad material; citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 58/2022 de 15 de septiembre, por su manifiesta vulneración a los derechos y garantías, y se ordene que las autoridades demandadas emitan nuevo fallo respetando los criterios de exhaustividad, motivación y razonabilidad.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 69, presente la parte accionante, la Vocal demandada y el tercero interesado Mario Villca Choqueta y ausentes el Vocal demandado, el representante del Ministerio Público y el otro tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: i) Se denunció la vulneración al debido proceso en su vertiente procesal y material previsto en el art. 115.II de la CPE en relación de la nulidad de oficio, haciendo referencia toda la jurisprudencia citada dentro de la acción de amparo constitucional a las nulidades procesales, debiendo cumplirse los principios de trascendencia, tipicidad, convalidación, finalidad, etc., entendiéndose que la nulidad es una excepción y no un arreglo, “inclusive hemos manejado que hay otras sentencias constitucionales como la 731/2010 que cuando se presenta la nulidad hay que demostrar el perjuicio personal indirecto y la indefensión absoluta dice, que son aspectos necesarios para declarar la nulidad y para ello los Tribunales de Alzada están limitados a las peticiones de las partes el mismo art. 17 que menciona la resolución en el parágrafo 2 dice claramente lo siguiente: la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitara a aquellos asuntos previstos por ley, y el 2 dice en grado de apelación, casación o nulidad.- los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, esos también se encuentran vinculado con el art. 398 del Código de Procedimiento Penal que dice que el Tribunal de alzada se suscribirá a lo reclamado por el apelante en resumen” (sic), situación que no fue cumplida, pues de la revisión del fallo confutado el argumento principal se sustentó en que existió una indebida tramitación, pues no se había cumplido con el art. 103 del citado cuerpo legal; cuando se reclamó que debían rechazarse las excepciones por la insistencia del acusado a la audiencia de 11 de julio de 2022, aspecto que no mereció pronunciamiento y cuando vía complementación, fue cuestionado señalaron que no correspondía pronunciarse al respecto, situándolo en indefensión, razón por la cual fue reclamado como agravio en apelación; no obstante, dicho extremo fue distorsionado por el Tribunal de alzada, ya que nunca se observó que la audiencia haya demorado para la lectura de la resolución, pues incluso fue en audiencia de apelación donde aclaró que en ningún momento el acusado presentó ningún recurso, menos una adhesión a la apelación o finalmente un incidente al amparo del art. 314 del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 ‒Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres‒, siendo recién en dicho verificativo que argumento esa situación, habiendo el Tribunal de alzada dado lugar a la nulidad, cuando lo acontecido no causó indefensión a ninguna de las partes, incumpliéndose con los principios de las nulidades, ya que no se demostró la indefensión absoluta que es un requisito básico o cual sería el perjuicio cierto; ii) Un segundo aspecto denunciado fue la lesión al debido proceso en su elemento verdad material respecto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que es evitar cualquier formalismo que pueda impedir un pronunciamiento de fondo, habiéndose expuesto cinco agravios, uno que cuestionaba que debieron rechazarse las excepciones ante la inasistencia del acusado, otro vinculado a la duración máxima del proceso, el cuarto y quinto lo relativo a la prescripción, donde cuestionaron, que habría daño económico al Estado, habiendo en la audiencia de incidentes y excepciones presentado como prueba el Auto de Procesamiento 1/2011 que establece los daños económicos que superan los Bs7 000 000.-, además, que el daño económico se encontraba vinculado al proceso de reparación de daño en la fase ejecución, por lo que no debía ser acreditado con auditoría, pues el Auto Supremo 156/2018-RRC de 20 de marzo, establecía que el daño económico al Estado debía cualificarse y determinarse en la vía de reparación del daño; y el último referido a la falta de aplicación del DS 29889; iii) Reclamó la vulneración de su derecho al debido proceso por falta de fundamentación, motivación, congruencia, exhaustividad y pertinencia, ya que debió realizarse un revisión minuciosa y concreta de los agravios presentados, en cuya pertinencia debieron ser resueltos, sin que las autoridades demandadas puedan pronunciarse sobre aspectos no demandados; toda vez, que pidió el rechazo de las excepciones, pero en ningún momento reclamó la demora, “y a pesar que se ha hecho una respuesta individualizada de cada uno de nuestros fundamentos, lamentablemente lo hace de manera incompleta por ejemplo el 314 núm. 2 hemos indicado justamente lo siguiente: se ha ido más allá como lo hemos repetido, ha ido por el tema de la demora para anular todo el proceso pero sin entrar al 314 núm. 2, el 315 núm. 4 nos ha citado una SC 326/2021-S2 sin explicar cómo funcionaba esa sentencia y porque se podía presentar de forma reiterada el asunto y justamente el 326/2021 estableció lo mismo que nosotros estamos reclamando por el 315 núm. 4, es decir que no se puede presentar excepciones con los mismos fundamentos y motivos, y no lo ha explicado, no la ha entendido siquiera a donde se quiere llegar, simplemente ha dicho se puede presentar varias excepciones pero no dice porque. Respecto a que no se valora adecuadamente las excepciones de duración máxima del proceso, no ha hecho mención alguna de este tema por ese mismo asunto del 326/2021-S2 esa sentencia constitucional que ya está resuelto que no deben tocar, respecto a la acreditación del daño económico supuestamente que no hemos acreditado el asusto y que no hemos presentado el acto de procesamiento como prueba y adicionalmente el auto supremo no corresponde a materia civil, pero el auto supremo era un ejemplo de cómo funciona el procedimiento penal que establece dos instancias, la instancia de juicio que determina la conducta del imputado y la instancia de donde se debe determinar el daño económico al Estado, es en la vía de reparación del daño, aspecto que no lo ha mencionado ni siquiera lo analizado esa diferencia que se generaba a partir del auto supremo mencionado y que obviamente representaba leer el código de Procedimiento Penal” (sic); y, iv) En relación al art. 6 del DS 29889, respecto a la prescripción de los bancos en liquidación, se exigió la presentación de una sentencia constitucional, sin haber ingresado al fondo, lo que denota la carencia de exhaustividad dentro de la resolución no existiendo la pertinencia, congruencia, ni la motivación suficiente; finalizó ratificándose en su petitorio, solicitando “adicionalmente se deje sin efecto el Auto de Vista 58/2022 en la dimensiones y derechos indicados en su oportunidad, obviamente eliminando los atropellos que maneje dentro del petitorio que fue un error mío eso no lo voy a tomar en cuenta, pero el resto si y adicionalmente pido también que se deje sin efecto todas las resoluciones o actos emergentes de este auto de vista, considerando que hay una violación flagrante de derechos y garantías constitucionales como lo hemos mencionado ante su Tribunal y que corresponde ser considerado” (sic).
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya y Jorge Andres Pérez Maita, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante a fs. 50, manifestaron que, el impetrante de tutela, centró sus argumentos en tres presuntas vulneraciones: a) Vulneración al debido proceso en su vertiente procesal y material previsto en el art. 115 de la CPE, con relación a la nulidad de oficio; en torno al cual precisaron que entre los agravios formulados por el recurrente hoy accionante se encontraba el incumplimiento al art. 314 y 315 del CPP, en cuanto al procedimiento y rechazo de incidente, impetrando un pronunciamiento expreso; por lo que, el Auto de Vista determinó la nulidad de la resolución, no existiendo por ello vulneración alguna; b) Lesión al debido proceso en su vertiente verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; al respecto, el solicitante de tutela, planteó cinco agravios los cuales merecieron pronunciamiento de forma individualizada, pese que de forma confusa solicitó que una excepción que fue declarada “fundada” fuera valorada nuevamente para su rechazo sin tener mayor incidencia; no obstante, también fue absuelto; y, c) Vulneración al debido proceso por falta de motivación, congruencia exhaustividad y pertinencia; que no fue precisada con claridad, ya que si bien se transcribieron muchas sentencias constitucionales, no se aclaró dónde radicaba la falta de fundamentación; argumentos con base en los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada, al haberse cumplido con los parámetros exigidos en una resolución. Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia, aclaró que fue la parte hoy solicitante de tutela quien reclamó que se lesionó el art. 314 y 315 del CPP, “porque lo que debieron haber hecho los jueces era emitir resolución inmediatamente” (sic); en cuyo marco, advirtieron un defecto de procedimiento establecido en la norma, por cuanto como Tribunal de alzada si confirman o revocan el fallo apelado, estarían convalidando un procedimiento irregular, por cuanto debe tenerse presente que una nulidad surge cuando existe vulneración a una norma expresa, siendo que en el caso la resolución no fue dictada después de terminado el debate de las partes, constituyendo un defecto absoluto.
Mario Villca Choqueta, a través de su abogado, manifestó que: 1) Uno de los agravios reclamados por el Ministerio de Justicia, BIDESA y Ministerio Público en la apelación, fue el procedimiento inadecuado realizado, pues el Tribunal a quo debió dictar resolución en el momento mismo, no suspender la audiencia para la dictación de la sentencia, frente a ello el Tribunal de alzada declaró procedente la apelación declarando la nulidad de obrados, disponiendo que el Tribunal dicte una nueva resolución conforme lo establecido en el art. 314 y 315 del CPP, pues las excepciones e incidentes con las modificaciones previstas en la Ley 1173 no podían ser suspendidas; 2) Debe determinarse si dichas vulneraciones pueden ser convalidadas por el Tribunal de alzada, y abocarse a lo que establecen los agravios deducidos; 3) La excepción de duración máxima del proceso fue declarada improcedente, por lo que, no existía la necesidad de verificar esta circunstancia, al no haberse vulnerado ningún derecho, ni garantía constitucional; no obstante, se explicó con la cita de una sentencia constitucional, la facultad que tienen las partes de presentar hasta antes de dictarse sentencia, otras solicitudes de extinción por duración máxima del proceso, cuando sean otros los motivos; 4) Respecto al daño económico, en ningún momento la parte civil, el Ministerio Público, ni el Ministerio de Justicia presentaron algún documento, elemento o prueba, que acredite que un daño económico superior a los Bs50 000 000.- (cincuenta millones de bolivianos) como menciona la parte civil, simplemente se hizo referencia al Auto formal de detención preventiva, donde refiere al daño económico que hubiera causado Jorge Landívar, no siendo este el daño económico generado supuestamente por la concesión de la acción de libertad; 5) Finalmente, respecto al DS 29889 que debería haber sido aplicado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia y el DS 2068, que establecería presuntamente que las deudas del Banco BIDESA son imprescriptibles, debe considerarse que en su artículo adicional tercero, no hace referencia a los procesos penales sino de carácter civil, debido a lo cual no puede ser aplicado al ámbito penal; 6) Se encuentra pendiente un recurso de apelación, ya que “ayer el Tribunal de Sentencia No. 2 de esta capital ha resuelto recién lo que ha establecido los Vocales”, lo cual consta en obrados, habiendo denunciando como primer argumento que existe un daño económico al Estado; asimismo, que existe un Decreto Supremo que prohíbe la prescripción, y finalmente el otro argumento respecto a la duración máxima del proceso; y, 7) Lo obrado por el Tribunal de alzada, fue correcto, pues reclamó en su momento que la audiencia fue llevada a cabo de forma mixta, lo que generó confusión, incluso pensó que era una audiencia virtual, de tal modo que proporcionó el número de su celular a la Secretaria del Tribunal de Sentencia, “nunca ha llegado ese día para la ahora fijada”, por lo que reclamó como un atentado al principio de inmediación, que es la relación directa entre el juez y las partes, sobre todo las pruebas que deben ser presentadas, situación que dio lugar también a la anulación, sobre todo hasta la audiencia de 11 de julio de 2022. Anacely Yuddith Saca Condori, representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, no remitió escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs.47.
Abner Flores Canaza, Fiscal de Materia, no se presentó a la audiencia de esta acción tutelar tampoco envió informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 48.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 083/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 69 vta. a 76, concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 58/2022 de 15 de septiembre, por vulneración al debido proceso en su elemento congruencia y la figura de nulidad, disponiendo la emisión de nuevo fallo en el que se deberá considerar los agravios expuestos en la apelación, en el plazo de cinco días sin sorteo ni espera de turno, aclarando que la nulidad dispuesta acarrea como consecuencia dejar sin efecto posteriores actuaciones; con base en los siguientes fundamentos: i) La Vocal demandada sostiene que la parte accionante denunció como agravio que no se hubiera llevado a cabo en la audiencia señalada la lectura de la resolución, la cual no correspondía ser diferida para otro verificativo, aspecto que la parte impetrante de tutela niega que se hubiera realizado denuncia en torno al cuarto intermedio pronunciado por parte del Tribunal a quo, sino cuestionaron la incomparecencia del acusado a esa audiencia, puesto que, al no estar presente correspondía el rechazo de las excepciones que planteó; existiendo una mala interpretación por parte de los Vocales demandados, quienes con base en ese criterio resolvieron dictar procedente el recurso planteado por BIDESA y Viceministerio de “Transparencia”, anulando obrados hasta la audiencia de 6 de julio, que posteriormente en la complementación y enmienda fue modificado, aclarando que el vicio más antiguo sería hasta el 11 de junio de 2022; ii) El art. 398 del CPP, señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, así mismo el art. 17 de la LOJ, precisa: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; por cuanto, si bien no se tiene la grabación de la audiencia para poder verificar como fue la interposición exacta de ese agravio, se solicitó vía aclaración, complementación y enmienda en mérito que como punto de apelación no hubiere sido señalado el aspecto que fue considerado; es decir, cómo se hubiera llevado a cabo la audiencia sin dictarse resolución en la misma audiencia conforme establece el art.
113 CPP, sino el reclamo hubiera versado que ante la no presencia del acusado a la audiencia debían haber sido rechazados los incidentes; en torno a ello, las autoridades demandadas señalaron que la nulidad deviene de los agravios expuestos por el recurrente en análisis no solo literal sino también teleológico de la norma, además que no podían permitir como Tribunal de alzada que se cometan irregularidades en la aplicación del Código de Procedimiento Penal, en lo que respecta a la forma de llevarse a cabo las audiencias; iii) Se ingresó a analizar un supuesto agravio que nunca fue interpuesto, en ese sentido no correspondía pronunciamiento por parte de los Vocales respecto al art. 314 en concordancia con el art. 113 del adjetivo penal, por no haber sido un punto de apelación, siendo evidente que ante los agravios que hubiesen sido expuestos por la parte apelante y la resolución que hubiese sido emitida por los Vocales ahora accionados no existe congruencia externa; es decir, no existe relación en lo que es el recurso de apelación donde se señala los agravios causados, con los argumentos expuestos en el Auto de Vista 58/2022; por lo que, se evidencia la vulneración al debido proceso tal cual hubiese referido la parte accionante en relación al punto de la nulidad y también al incumplimiento del principio de incongruencia; y, iv) En cuanto al debido proceso en su vertiente motivación, no corresponde ingresar a su análisis ante la existencia de incongruencia, debido a lo cual ingresar a la motivación sería irrelevante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental, desarrollada el 15 de septiembre de 2022, donde fue emitido el Auto de Vista 58/2022 de 15 de septiembre, que declaró procedente el recurso planteado por BIDESA y Viceministerio de Transparencia, anulando obrados ante el incumplimiento a la normativa que debe ser reestablecida, debiendo renovarse otros actos procesales y cumplir lo establecido por el procedimiento en el art. 314.II del CPP vinculado al art. 113 del adjetivo penal, siendo el vicio más antiguo la audiencia de 6 de julio de 2022 donde fue diferido dicho verificativo; determinación que fue modificada en cuanto a la fecha del vicio más antiguo, efecto de la solicitud de complementación y enmienda, donde se estableció que sería el 11 de julio del citado año, además de aclararse que la nulidad dispuesta devenía del agravio opuesto por el recurrente bajo un análisis no solamente literal sino teleológico de la norma (fs. 10 a 16).
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, exhaustividad, pertinencia, y verdad material; en mérito a que las autoridades ahora demandadas al momento de pronunciar el Auto de Vista 58/2022: a) Determinaron anular obrados, ordenando a la autoridad a quo corregir el procedimiento, cuando ninguno de los recurrentes solicitó ello; no obstante, habiendo sido asumida de oficio debió cumplirse con la fundamentación de los principios rectores que rigen las nulidades procesales, como son los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación; y, b) Incurrieron en falta de pronunciamiento de fondo de los agravios deducidos – individualizados en el acápite I.1.1. de este fallo constitucional–, que lesiona su derecho al debido proceso en su vertiente verdad material y congruencia, por lo que el fallo en cuestión resulta insuficientemente motivado al no contener la exhaustividad y pertinencia requerida, pues no existe respuesta clara y precisa a los reclamos efectuados. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0262/2020-S1 de 5 de agosto, precisó: “El art. 167 del CPP, que se encuentra dentro del Título VIII, Actividad Procesal Defectuosa, del Libro Segundo, sostiene como principio que:
No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.
En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio.
Así, el art. 168 del referido CPP, bajo el nombre de Corrección, dispone que: ʽSiempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitidoʹ.
Por su parte, el art. 169 de la misma disposición legal, hace referencia a los defectos absolutos, señalando que no serán susceptibles de convalidación estos defectos:
1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria;
2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece.
3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos ygarantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y,
4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad.
Finalmente, el art. 170 del CPP, Defectos relativos, sostiene que estos quedarán convalidados en los siguientes casos:
1) Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados;
2) Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y,
3) Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados.
Sobre dichas normas, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC ʽ0600/2003-Rʹ y la SC ʽ0233/2010-Rʹ, señala que el sistema procesal penal:
…permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; por lo mismo la norma prevista por el art. 168 CPP no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección, pues la primera permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por lo mismo el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento; por ello el legislador ha previsto la norma contenida en el art. 169 de la Ley Nº 1970 en la que se enumeran los defectos absolutos. En consecuencia, la nulidad se opera frente a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación.
Por su parte, la SC 0659/2006-R de 10 de julio en el Fundamento Jurídico III.2, señala que la diferencia sustancial entre los defectos absolutos y los relativos:
…radica en que en el defecto absoluto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo existe un quebrantamiento de forma; por otro lado, de la regulación de la actividad procesal defectuosa se tiene que no cualquier defecto es necesariamente invocable, sino sólo aquellos que causen perjuicio o agravio a la parte interesada. A esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía es absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso.
Sobre la base de la jurisprudencia citada, la SCP 1864/2013 de 29 de octubre, señaló que el régimen de nulidades en materia penal se encuentra impregnada de principios doctrinales que permiten la resolución de casos concretos, como son los principios de convalidación y trascendencia que se encuentran implícitamente reconocidos en el art. 167 del CPP.
Así, el principio de trascendencia, de acuerdo a la SC 1676/2010-R de 25 de octubre, implica que quien solicite la nulidad, debe probar que el acto le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable que solo puede subsanarse mediante la declaración de la nulidad, es decir, demostrar cuál es el perjuicio o agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; pues, si el acto no le causó agravio, no es posible proceder con la nulidad. Por su parte, la misma Sentencia Constitucional entendió que de acuerdo al principio de convalidación o ratificación, toda nulidad se convalida por el consentimiento, sea expreso o tácito.
Conforme a lo anotado, la SCP 1864/2013 en el Fundamento Jurídico III.3, efectuando una interpretación sistemática del régimen de nulidades -defectos absolutos y relativos-, señaló que, cuando los defectos sean denunciados en sede constitucional, corresponderá que se analice:
i) Si efectivamente se acreditó perjuicio o agravio; ii) Si dicho perjuicio o agravio refleja relevancia constitucional; y, iii) Si el agravio o perjuicio alegado, no es fruto de una actitud pasiva y negligente de los ahora accionantes” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, señalando que las autoridades ahora demandadas en la emisión del Auto de Vista 58/2022 incurrieron en: 1) Inobservancia e incumplimiento a los principios que rigen las nulidades procesales, los cuales deben ser inexcusablemente cumplidos para dar viabilidad a la nulidad de oficio; y, 2) Falta de pronunciamiento de fondo de los agravios deducidos – individualizados en el acápite I.1.1. de este fallo constitucional–, que vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente verdad material y congruencia, por lo que el fallo en cuestión resulta insuficientemente motivado al no contener la exhaustividad y pertinencia requerida, pues no existe respuesta clara y precisa a los reclamos efectuados. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que en audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental, desarrollada el 15 de septiembre de 2022, fue emitido el Auto de Vista 58/2022, que declaró procedente el recurso planteado por BIDESA y Viceministerio de Transparencia, anulando obrados ante el incumplimiento a la normativa que debe ser reestablecida, debiendo renovarse otros actos procesales y cumplir lo establecido por el procedimiento en el art. 314.II del CPP vinculado al art. 113 del adjetivo penal, siendo el vicio más antiguo la audiencia de 6 de julio de 2022 donde fue diferido dicho verificativo; determinación que fue modificada en cuanto a la fecha del vicio más antiguo, efecto de la solicitud de complementación y enmienda, donde se estableció que sería el 11 de julio del citado año, además de aclararse que la nulidad dispuesta devenía del agravio opuesto por el recurrente bajo un análisis no solamente literal sino teleológico de la norma (Conclusión II.1.). En la especie, teniendo presente el contexto de las problemáticas planteadas, corresponde remitirnos al fallo en cuestión, con la finalidad de verificar si lo denunciado a través de esta instancia constitucional, resulta ser o no evidente; en ese marco, se tiene que las autoridades demandadas: i) En el acápite titulado “FUNDAMENTOS DEL RECURSO” contuvieron los agravios deducidos por la parte hoy impetrante de tutela, consistentes en: a) El primero “en relación al artículo 314 numeral 2 del CPP toda vez que en fecha 6 de junio de 2022 no se resolvió las excepciones y se señala audiencia para fecha 11 de Julio donde se declaro la rebeldía, en dicha audiencia se manifestó al tribunal el cumplimiento del articulo 314 del CPP que tome en cuenta en audiencia de fecha 10 de agosto al momento de resolver las excepciones, tampoco toman en cuenta el cumplimiento del articulo 314 del CPP es decir que debió aplicarse esta normativa y no ingresar en el fondo” (sic); b) Con relación a la duración máxima del proceso se señaló que la resolución no tomó en cuenta el art. 315.4. del CPP, pues dicha excepción ya habría sido planteada y declarada infundada, por tanto debió ser rechazada, pues no era posible volver a presentarla con los mismos argumentos; c) La prueba no fue valorada, “es decir ha señalado el auto interlocutorio y el auto de vista referente al incidente de duración máxima del proceso debiendo contener la resolucion expresamente estos argumentos” (sic); d) Extrañó que el Juez de la causa no consideró la prueba presentada “a fs 582 en el cuerpo 5”, que acredita el daño económico, donde se establece que la suma es mayor, “incluso la ley 1390 ha estipulado como daño económico este elemento probatorio permite la aplicabilidad de imprescriptibilidad que debió darse en el caso de autos” (sic); y, e) Finalmente, manifestó que debió aplicarse el DS 29889, que suspende toda prescripción cuando se trata de entidades bancarias, argumento que pese haber sido expuesto en audiencia donde se trató la excepción, no fue considerado por el Juez de instancia; por lo que, solicitó se declare infundada la excepción de prescripción entendiendo que hay una revocatoria y sobre el primer agravio que refiere específicamente a una observación de procedimiento y cumplimiento del art. 314 del CPP; y, ii) En el acápite “ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO”, se explicó: 1) En cuanto al primer agravio, basado en un presunto incumplimiento al art. 314.II del CPP, señalaron que de los antecedentes se tenía programada una audiencia para el 6 de julio de 2022, donde se plantearon las excepciones “y se señala audiencia para la fecha 11 de julio del mismo año donde se habria declarado la rebeldía” (sic), extremo que no habría sido tomado en cuenta por el Tribunal, habiendo el abogado de la parte imputada señalado que evidentemente sucedió de esa forma; no obstante, dichos actos fueron convalidados por el Ministerio Público, la parte civil y el imputado, en cuyo contexto señalaron que inicialmente debía considerarse cuál era el trámite para las excepciones, por lo que, señalaron que el art. 314.III del CPP modificado por la Ley 1173, disponía: “Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código”, el parágrafo II en su segunda parte del art. 314, precisa “Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazara su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea”; normativa que resultaba el origen del cuestionamiento, vinculado al agravio planteado por BIDESA, teniéndose de antecedentes que el 6 de julio de 2022, se plantearon las excepciones de prescripción y duración máxima, escuchadas las partes con la finalidad de revisión de la prueba documental, se dispuso un receso hasta el 11 del citado mes y año, sin que ninguna de las partes hubiera realizado ninguna observación, llevado a cabo dicho verificativo se formularon dos peticiones, se “ratificó la posición del Ministerio Público objeto de la declaratoria de rebeldía siendo que la parte cursada está obligada a estar presente en esta audiencia asimismo debe indicar lo siguiente el Art. 314 II establece lo siguiente…” (sic), sin haberse pronunciado en cuanto al petitorio de rechazo de la excepción, si en lo relacionado a la rebeldía, declarando rebelde al acusado, volviendo al debate si la audiencia sería virtual o presencial, finalmente determinaron que debía ser realizada de forma presencial el 27 de julio de 2022, volviendo a reiterar la parte hoy accionante el rechazo de las excepciones, petitorio que fue desestimado, posteriormente se llevó adelante la audiencia de 3 de agosto del citado año, donde existe un memorial del abogado del acusado quien solicitó la suspensión, levantando la rebeldía, sin resolverse las excepciones, las cuales finalmente después de tres audiencias suspendidas, fue instalada para su resolución el 10 de agosto de 2022, donde se declaró fundada la excepción de prescripción –e infundada la de duración máxima del proceso‒, donde se solicitó nuevamente al Tribunal aplique el art. 314.II del CPP; antecedentes con base en los cuales advirtieron que el acto procesal de 6 de julio de 2022, para culminar y emitir el fallo tuvo que atravesar un lapso de más de veinticuatro días, cuando la Ley 1173 que entró en vigencia modifica radicalmente el trámite de audiencias de juicios orales, la habilitación de días y horas inhábiles, reducción de los plazos de suspensiones de audiencia, tendiendo esencialmente que evitar la retardación de justicia en los actos procesales, siendo claro el art. 113 del CPP, que: “Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes”, artículo que refiere a una suspensión de audiencia con un plazo de cuarenta y ocho horas; por lo que, si el Tribunal de Sentencia estableció un receso y no suspendió la audiencia, tendría que haberse basado en lo señalado por el art. 335 del CPP, que refiere: “Inicio de juicio, este se realiza ininterrumpidamente todos los días hasta su conclusión con la emisión de la sentencia, y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en el presente Código La audiencia se realizará sin interrupción, debiendo habilitarse horas y días inhabiles. En ningún caso la jueza, el juez o tribunal podrá declarar cuarto intermedio. La jueza, el juez o tribunal podrá determinar recesos diarios que no podrán ser supenores a dieciséis (16) horas” (sic), si se revisa el art. 335 del mismo cuerpo legal, también señala: “La jueza, el juez o tribunal dispondrá la suspensión de la audiencia en el caso del numeral 1 y 2 por un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la suspensión no podrá ser mayor a un plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de los numerales 3 y 4, la suspensión de la audiencia no podrá ser por un plazo mayor a cinco (5) días hábiles” (sic); es más, el art. 345 del CPP, precisa: “Todas las cuestiones incidentales sobrevinientes conforme a las reglas de los artículos 314 y 315 del presente código, serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia” (sic), normativa que no fue observada por ninguno de los sujetos procesales, incumpliendo lo establecido la Ley del Órgano Judicial en su art. 17, que establece: “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitara a aquellos asuntos previstos por ley” (sic), cuestionándose en el presente un incumplimiento del art. 314.II del CPP, entendiéndose que el Tribunal inferior no cumplió en un solo acto procesal la tramitación de los incidentes y su pronunciamiento, conforme las modificaciones de la Ley 1173, situación que al haber sido verificada, no podía ser convalidada, además de ser base del planteamiento de un agravio “es decir el 314 numeral 2 del CPP en una interpretación correspondiente al Tribunal de Sentencia a efectos de que verifique si el momento procesal que ha sido anunciado por los abogados de BIDESA, el fundamento del Tribunal no puede ceñirse a que no estaba presente el abogado de manera presencial para no pronunciarse sobre ese aspecto porque al determinar el Tribunal una audiencia mixta y legitimizar la participación debía hacerlo para todos los actuados, el abogado de BIDESA en esa audiencia menciona al Tribunal que se refieren en la aplicación del artículo 314 del CPP debiendo el tribunal haberse pronunciado en este momento procesal si es que veia conveniente la aplicabilidad del articulo 314 del CPP” (sic), errores que denotan incumplimiento a la normativa vigente, que no pueden ser confirmados por el Tribunal de alzada, que si bien fueron validados por los sujetos procesales, existe un apartamiento taxativo a la norma con la implementación de la Ley 1173 y los principios de inmediación, celeridad y el espíritu de la norma, entendiéndose que existe un agravio, que también fue reconocido por la parte imputada como un defecto absoluto, habiéndose verificado materialmente esos aspectos; 2) Sobre la excepción de duración máxima del proceso y que puede ser tratada nuevamente, el Tribunal Constitucional a través de la SCP 326/2021-S2, estableció la posibilidad de plantear nuevamente una excepción pero con motivos distintos, debiendo entenderse que la duración máxima del proceso y la prescripción tienen matices diferentes al encontrarse sujetas al trascurso del tiempo al devenir de un cómputo de plazo, por lo que no existe agravio; 3) Sobre los otros dos agravios vinculados a la imprescriptibilidad, se entiende que el fundamento versó en la prueba que fue presentada concerniente al Auto de formal detención, el mismo que no fue tomado en cuenta por el Juez de instancia al momento de resolver y fundamentar dicha excepción, mencionaría lo siguiente “empero la jurisprudencia constitucional entendió que la imprescriptibilidad del delito en materia de corrupción no puede interpretarse de manera contraria si sea juzgado en un plazo razonable advirtiéndose que interpuesta lección por el delito antes referido habria transcurrido super abundantemente de este momento que conoció como tribunal no se ha demostrado un grado de daño económico al estado conforme los preceptos señalados la prueba aportada” (sic); por lo que, entendieron que si bien no existió un daño económico, debió fundamentarse el por qué no existía ese daño, marco sobre el cual debió valorarse la dimensión del aludido Auto en sentido de la vinculatoriedad con el hecho factico acusado, aspecto que no fue realizado por lo que deviene en falta de fundamentación; máxime, si el art. 124 del CPP exige que toda resolución deba ser debidamente fundamentada y motivada, “si bien en esta audiencia no se ha determinado si es la falta de fundamentación o una contradicción simplemente se ha limitado a una valoración de la prueba por lo que entiende la suscrita que la carga argumentativa de recurrente M P y parte civil debe también contener ese extremo que puede ser objeto del análisis y del contraste entre los agravios denunciados y la resolución emitida por el juez de instancia comprendiendo que está existe una ausencia para determinar si tiene o no un valor legal ese auto de formal de detención” (sic); y, 4) Finalmente, sobre el DS 29880 precisó que debe verificarse si tiene una vinculación con la prescripción tratándose de materia que no sea civil, siendo importante precisar el alcance del mismo, así el Auto Supremo adjunto establece un daño económico; debido a lo cual, para la vinculatoriedad y la aplicación de un precedente constitucional debe cumplirse ciertos requisitos como la analogía, carga argumentativa que debió ser plasmada por el recurrente al momento de plantear su agravio, cuya ausencia es evidente por lo que no se advierte agravio, aspecto que el Tribunal de instancia también aclaró; en cuyo mérito, declaró procedente el recurso planteado por BIDESA y Viceministerio de Transparencia, anulando obrados ante el incumplimiento a la normativa que debe ser reestablecida, debiendo renovarse otros actos procesales y cumplir lo establecido por el procedimiento en el art. 113 y 314.II del CPP, “siendo el vicio más antiguo la audiencia de 6 de julio donde se ha diferido la audiencia” (sic). En la vía de complementación, aclaración y enmienda, las autoridades demandadas señalaron que, respecto al fundamento planteado por BIDESA que el Tribunal de alzada, debía circunscribirse al art. 398 del CPP, al no haber sido invocada la nulidad expresamente, y que de acuerdo al art. 17 de la LOJ debe ser cumplida, invocando la aplicación de la SCP 824/2018, debió presentarse la misma en digital, a efectos de aclararse cómo los principios de nulidad se adecuarían al presente caso; por su parte el Ministerio Público pidió complementación, solicitando que se aclare si se está anulando hasta el juicio oral o hasta que parte del proceso; al respecto, señalaron que, si se revisa el fundamento expresado por BIDESA, que refiere que existe incumplimiento al art. 314.II del CPP, al no haberse respondido las excepciones señalando audiencia para fecha 11 de julio de 2022 donde se declaró la rebeldía del acusado, por lo que correspondía su aplicación y no ingresar al fondo, ese fue el fundamento planteado y cuando se pidió se aclare la congruencia entre lo fundamentado y peticionado, su defensa mencionó que tendría que existir un rechazo in límine, cuando el Tribunal de alzada no puede ingresar a analizar la admisión, porque se estaría vulnerando para ambos sus derechos, incluso a la doble instancia; es decir que, el fundamento del recurrente se circunscribió al incumplimiento del art. 314 del CPP, habiéndose verificado de los antecedentes que desde el 6 de julio de 2022, se incumplió lo previsto en el art. 113 del CPP, siendo convalidado de alguna manera por las partes, el agravio que se trae a esta Sala tiene que ver justamente con el cumplimiento del procedimiento, esa necesidad que la resolución pueda contener el cumplimiento de la norma por lo que no existe un fundamento para convalidar esa ilegalidad, pues el art. 17 de la LOJ, determina que: “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley” (sic), habiendo el Tribunal de alzada ingresado a revisar el procedimiento en el caso, porque el agravio formulado por el recurrente se basó en el “cumplimiento” del art. 314.II del CPP, por cuanto si ese agravio no hubiera sido formulado el Tribunal de alzada no hubiera ingresado a esa revisión, al respecto la normativa procesal contenida en el art. 17.3 de la LOJ, establece que: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos” (sic), habiendo BIDESA observado desde la audiencia de 11 de julio de 2022, que se cumpla el procedimiento con relación al art. 314.II del CPP, que no mereció respuesta, lo cual fue verificado en el acta de 11 de julio de dicho año, por otro lado el alcance del art. 398 del CPP, que se encuentra siendo cuestionado tiene que encontrarse en función a lo pedido, habiendo el recurrente señalado que existe incumplimiento a la normativa en el procedimiento, por ello fue analizado y verificado, ya que si se ingresa en una interpretación técnica tendría que entenderse que “para formar cada agravio debería identificarse en la relación donde se habria circunscrito” (sic), habiendo ese Tribunal entendido en virtud al derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, que existe falta de valoración de la prueba que no ha sido expresada textualmente por BIDESA y que evidentemente el Tribunal de instancia ni siquiera se pronunció respecto al auto formal de detención, y finalmente sobre el fallo constitucional invocado por BIDESA, debe cumplirse con la analogía, así lo expresa la SC 142/2002-R, pero a más de esa verificación dicho fallo ingresa a un análisis interpretativo de normas civiles, cuando el presente el hecho fáctico es distinto; por lo que, tendría que realizarse una dimensión del principio de trascendencia, y verificar cuál sería el perjuicio, entendiéndose que desde la suspensión de esa audiencia existe dilación en el proceso, “ya sea por el caso prevaricato por cualquier sujeto procesal y que el tribunal de alzada no podria convalidar estos actuados por qué la ley 1173 ha sido clara en su implementación de ella entendiendo está logica por lo manifestado de complementación por misterio público es que se inicia el juicio oral por lo que no podrian retrotraer actos que no han estado sujetos en ese momento vulneraciones porque la audiencia de 6 de Julio en su instalación no ha sido objeto de observaciones por el es que se va a complementar y enmendar el auto respecto a la fecha del vicio más antiguo señalando que sería la fecha 11 de julio de 2022 aclarando que esta nulidad deviene del agravio opuesto por el recurrente en análisis no solo literal sino también telológico de la norma” (sic). De la contrastación efectuada, se tiene en cuanto al primer problema jurídico, a través del cual se denuncia que los Vocales ahora demandados determinaron anular obrados, cuando ninguno de los recurrentes solicitó ello, y si bien fue asumida de oficio, debió cumplirse con la fundamentación de los principios rectores que rigen las nulidades procesales, como son los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y de convalidación; al respecto, conforme la ilustración precedente, las autoridades demandadas en su labor hermenéutica, al momento de resolver el primer agravio deducido por la parte hoy impetrante de tutela, previa compulsa de antecedentes advirtieron dos aspectos: i) Que el Tribunal inferior no cumplió en un solo acto procesal la tramitación de los incidentes y su pronunciamiento; y, ii) Que el citado Tribunal debió haberse pronunciado en ese momento procesal –se asume en audiencia de 11 de julio de 2022‒, en torno a la solicitud de la parte hoy impetrante de tutela, respecto a que se aplique el art. 314.II del CPP; así en la vía de aclaración, complementación y enmienda aclararon que como Tribunal de alzada no pueden ingresar a analizar la admisión de las excepciones, ello ante la solicitud que se declare in limine las excepciones; en cuyo mérito, procedieron a anular obrados disponiendo el restablecimiento de los actos procesales y ordenando se cumpla el procedimiento establecido en el art. 314.II del CPP vinculado al 113 del mismo cuerpo legal, identificando como el vicio más antiguo la audiencia de 6 de julio de 2022 donde fue diferida la misma, fecha que fue enmendada, señalando que el vició más antiguo sería el verificativo del 11 de julio de 2022. En ese marco, es posible advertir que la determinación a la que arribaron las autoridades demandadas fue producto de la consideración y análisis del primer agravio, que decantó en la revisión de oficio del procedimiento impreso en la tramitación de las aludidas excepciones, ante la inobservancia de la normativa en vigencia, pues el Tribunal inferior no había resuelto en un solo acto procesal las aludidas excepciones; no obstante, pese a ejercer esa potestad de revisión que como Tribunal de alzada les es inherente, el mencionado estudio se abocó a realizar un análisis meramente formal de la ley, lo que condujo en parte a disponer una nulidad procesal que en los hechos no era necesaria, pues la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, sino es necesaria la existencia de afectación a derechos de alguna de las partes, extremo que no aconteció en el caso presente, pues conforme establecieron los demandados en el fallo confutado, el acto de diferimiento fue consentido por todos los sujetos procesales, no habiendo tampoco esta jurisdicción constitucional constatado alguna vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales, dado que, la parte accionante tanto en la vía de aclaración y enmienda como en esta acción tutelar, aclaró que el agravio materia de apelación fue circunscrito en torno a la falta de aplicabilidad del art. 314.II del CPP, ante la ausencia del excepcionista, no habiendo en ningún momento cuestionado el diferimiento de las audiencias ni solicitado nulidad alguna; asimismo, tampoco el acusado ahora tercero interesado reclamó tal aspecto, pues no activó el recurso de apelación correspondiente solicitando nulidad o corrección alguna en torno al trámite y resolución de las excepciones, entendiéndose por tanto que se encontraba de acuerdo con lo acontecido. Dicho ello, teniendo presente el precedente constitucional desglosado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que señaló que el régimen de nulidades en materia penal se encuentra impregnada de principios doctrinales que permiten la resolución de casos concretos, como son los principios de convalidación y trascendencia que se encuentran implícitamente reconocidos en el art. 167 del CPP; en cuyo marco, resultaba necesario que las autoridades demandadas ingresen a realizar un estudio que aborde y fundamente si era necesaria o no la nulidad, en prevalencia y consideración a los principios referidos; sumado a ello, tampoco resultaba imperante anular obrados para que sea el Tribunal inferior que resuelva, si ante la ausencia del excepcionista correspondía o no, dar aplicación al art. 314.II del CPP, pues se entiende que los Tribunales de alzada tienen la facultad de corregir, enmendar o reparar cualquier presunto error o ilegalidad generada por el a quo, correspondiendo en su caso ante la existencia de incumplimiento de la norma resolver directamente la problemática planteada. En consecuencia, siendo evidente que la actuación desplegada por las autoridades demandadas al disponer la nulidad de obrados, generó lesión a los derechos del solicitante de tutela, corresponde conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 58/2022 de 15 de septiembre, disponiendo la emisión de un nuevo fallo el cual deberá cumplir con el debido proceso, por tanto ser emitido con la debida fundamentación y motivación, considerando los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional, en relación a las nulidades. Respecto al segundo problema jurídico, a través del cual se denuncia que las autoridades demandadas incurrieron en falta de pronunciamiento de fondo de los agravios deducidos –individualizados en el acápite I.1.1. de este fallo constitucional–, que vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente verdad material y congruencia, por lo que el fallo en cuestión resulta insuficientemente motivado al no contener la exhaustividad y pertinencia requerida, pues no existe respuesta clara y precisa a los reclamos efectuados; no corresponde ingresar al análisis del cuestionamiento realizado, ello efecto de la determinación asumida en el punto anterior, concerniendo a los Vocales demandados en la emisión del nuevo fallo, resolver en derecho lo que corresponda con relación a los agravios expuestos, asumiendo el rol que como Tribunal de alzada les asiste; aclaración en torno a la cual, debe denegarse la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 083/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 69 vta. a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente con relación a la primera problemática planteada, con base en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0665_2024-S4.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d2e981e0c1c19664a0addef397126db1c1f50774cc7276a21801cb851adf33f
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