B.IA.LEGAL

SCP 0665/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de agosto de 2024

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49031-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a la vida, al debido proceso y a la integridad; puesto que, se encuentra con detención preventiva desde el 8 de septiembre de 2014 y hasta la interposición de esta acción de defensa, no se dilucidó su situación jurídico procesal de manera adecuada, existiendo una detención preventiva indefinida bajo condiciones inadecuadas, más aun en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el hacinamiento del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido, la ineficiencia en el control jurisdiccional, la falta de acceso al cuaderno de investigaciones y los retrasos en las respuestas oficiales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 222/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° Anular obrados hasta el Auto de admisión y señalamiento de audiencia de consideración de la acción de libertad de 3 de julio de 2022 inclusive, cursante a fs. 16; y, por consiguiente:

a) Disponer que Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, remita de manera inmediata esta acción de libertad al Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con la finalidad de que sea sorteada con celeridad a una autoridad competente de ese departamento, para su conocimiento y resolución de acuerdo con las reglas de competencia en razón de territorio determinadas en este fallo constitucional.

2° Llamar la atención a Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, quien actuó como Juez de garantías, por la inobservancia de las normas constitucionales, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La competencia de los Jueces, Tribunales de garantías y Salas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0665/2024-S3 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49031-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 222/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Erik Balcázar Achaval contra Ismael Antonio Arequipa Duchen, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 4, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Erik Balcázar Achaval -accionante-, por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP) que radica en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, se encuentra con detención preventiva desde el 8 de septiembre de 2014, hasta la “fecha” -se entiende de presentación de esta acción tutelar-; por lo que el 16 de junio de 2022, solicitó el control jurisdiccional de su detención preventiva a efectos de conocer su situación procesal y pidió el cese de la misma; puesto que, la detención preventiva no puede ser indefinida. Se encuentra a la espera del control jurisdiccional que solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, quien atendió su solicitud y cursó los oficios respectivos. Asimismo, refiere que su estado de salud se fue deteriorando en virtud de la detención preventiva que resulta indefinida, por ello recibió atención médica en el Centro Penitenciario de Riberalta del citado departamento; y que desde “ahora” debe ser atendido por el psicólogo y la trabajadora social; más aún, cuando se viene atravesando por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19), existiendo mucho riesgo para las personas que se encuentran en hacinamiento en dicho Centro Penitenciario, como sucede en su caso, motivo por el que solicitó al Ministerio Público que sus actuaciones sean visibilizadas en el Sistema Justicia Libre (JL1) y se requiera al Gobernador del referido Centro Penitenciario, de conformidad a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que prevé servicios médicos y la asistencia social y psicológica; además, de que se exponga a la vista el cuaderno de investigaciones para la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; puesto que, el original del referido cuaderno de investigaciones se hubiese extraviado y quedaron solamente los actuados del “sistema i4” que migraron al sistema actual -se entiende del Sistema JL1-; por consiguiente, el Fiscal de Materia ahora accionado no atendió su solicitud de 20 de junio de 2022, y al no tener el señalado cuaderno de investigaciones en físico o visible en el Sistema JL1 no es posible celebrar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados, a la vida, al debido proceso y a la integridad; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Fiscal de Materia ahora accionado exhiba de inmediato en el Sistema JL1 el cuaderno de investigaciones y atienda la solicitud de 20 de junio de 2022, habilitando a su abogado para presentar solicitudes y se despachen los requerimientos a través de la plataforma virtual.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El 15 de junio de 2022, acudió ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, pidiendo la cesación de su detención preventiva; puesto que, se encuentra detenido desde el 8 de septiembre de 2014 y hasta la interposición de la presente acción tutelar no se conoce su situación procesal; en consecuencia, presentó su memorial a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en respuesta le manifestaron que el citado Juez, es la autoridad que debe ejercer el control jurisdiccional de su proceso penal; en consecuencia, es quien tiene que cursar y cargar el cuaderno de investigaciones al “sistema”, para que se pueda desarrollar su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; asimismo, acudió ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, quien podrá establecer de las pruebas que se remitieron a control jurisdiccional de la detención preventiva, presentada el 3 de junio de ese año, varios aspectos que son de relevancia constitucional: 1) El proceso penal contra su persona, nunca se remitió por el “sistema” a la citada Oficina Gestora de Procesos según “informe 335/2022” de Riberalta a la ciudad de la Santísima Trinidad ambas del departamento de Beni, recibiéndose únicamente de manera manual, para pasar al Juzgado de Ejecución Penal; “autoridad” que tampoco pudo subir sus actuaciones al “sistema” para realizar el correcto control jurisdiccional; 2) Del memorial presentado el 20 de junio de 2022, se le informó que el cuaderno de investigaciones se trasladó a la referida ciudad de la Santísima Trinidad del citado departamento a poder del Fiscal de Materia ahora accionado; por lo que, trataron de comunicarse con el nombrado; sin embargo, al encontrarse a una gran distancia y no tener conexión aérea entre las ciudades de Riberalta y de la Santísima Trinidad, pidió al Ministerio Público que ponga a la vista su cuaderno de investigaciones; ya que debe existir un control jurisdiccional por parte del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del señalado departamento; 3) El 20 del mismo mes y año, presentó memorial al Ministerio Público y en respuesta, se tuvo el detalle de que el cuaderno de investigaciones estuviese en la mencionada ciudad de la Santísima Trinidad, en poder del Fiscal de Materia hoy accionado; en consecuencia, considera que es la autoridad legitimada para responder la presente acción de libertad; asimismo, enfatizó que solicitó informes sobre su permanencia y conducta, así como psicosocial y médico del centro penitenciario donde se encuentra recluido; 4) El Juez de Instrucción Penal es la autoridad que debe ejercer el control jurisdiccional del proceso; por lo que esos aspectos deben corregirse de inmediato; y, 5) Hasta “ayer” -se entiende de 3 de julio de igual año- su abogado realizó el seguimiento de la causa en el Sistema de JL1, en el cual aún no constan los actuados del cuaderno de investigaciones, sobre todo si su persona requiere solicitar peticiones relativas a sus derechos a la vida y a la integridad, privándole con ello de presentar solicitudes electrónicas al Ministerio Público, más aún si el referido cuaderno de investigaciones se remitió a la señalada ciudad de la SantísimaTrinidad; b) Solicita se conceda la tutela y en el día se proceda a exhibir el cuaderno de investigaciones para que se atiendan sus peticiones planteadas mediante la plataforma digital; c) Ante la pregunta efectuada por el Juez de garantías en audiencia de consideración de esta acción de defensa, el abogado respondió que en Ventanilla de Atención al público se les hizo referencia que el proceso “2014021402547R” está a cargo del Fiscal de Materia hoy accionado, desconociendo el Código Único “BRB14102”; y por memorial que presentó el 15 de junio de 2022, se dirigió ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso -Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni-, señalando que la detención preventiva no es indefinida; empero, según lo referido en la ciudad de la Santísima Trinidad de ese departamento el 28 de ese mes y año, el proceso penal no se recibió por “sistema”; puesto que, “…nunca se ha remitido el Cuaderno de Control Jurisdiccional ni Mandamiento de Detención Preventiva…” (sic) ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, por ello reiteró su petición el 20 y 23 de igual mes y año, ante el citado Juez a efectos de hacer su reclamo; sin embargo, no se pudo ingresar su memorial; ya que, se tiene extraviado el “cuaderno” y cuando pidió que se lo exhiba, se le indicó que debe reponerse el mismo, basándose en los antecedentes que tiene el Ministerio Público hasta la “audiencia cautelar”; por lo que acudió a ventanilla única del Ministerio Público donde le señalaron el caso “2014021402547R”; y, d) Aclarando su petitorio en términos precisos, refirió que, “…en sistema se encuentra el Cuaderno de Investigación y en el Juzgado se conceda la tutela disponiendo que el Ministerio Público ya sea en la persona de la Autoridad Fiscal o del que corresponda exhiba el cuaderno de investigaciones y una vez recibido exhiba las solicitudes vía electrónica…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Ismael Antonio Arequipa Duchen, Fiscal de Materia, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: i) Se interpuso esta acción tutelar en su contra de forma equivocada e injusta; ya que, su autoridad desconoce sobre los elementos que hace referencia el accionante; ii) Bajo el principio de jerarquía solicitó al Fiscal Departamental de Beni, la documentación e informes del proceso penal correspondiente al accionante; asimismo, hizo notar que su persona funge como Fiscal de Materia en la unidad de análisis en la ciudad de la Santísima Trinidad del departamento de Beni, de conformidad con el Instructivo que se le asignó desde el 7 de junio de 2021, hasta el “momento” -se entiende la fecha de audiencia de 4 de julio de 2022- se encuentra en esa unidad, por lo referido su autoridad no fue director funcional del proceso penal seguido contra el accionante y tampoco estuvo en la ciudad de Riberalta del referido departamento, si bien existen memoriales en los que se resalta que no existe celeridad y que el accionante se encontraba como detenido preventivo; empero, hizo notar que esta acción de libertad se funda en el memorial de 20 de junio de ese año, presentado por el accionante en Riberalta, en el que solicita que se ponga a la vista el cuaderno de investigaciones y que se viabilice en el portafolio digital; sin embargo, su autoridad no tenía conocimiento de manera física, ni digital de los aspectos reclamados por el nombrado; iii) De las solicitudes presentadas ante el Fiscal Departamental de Beni y en mérito a la respuesta, refirió que ese memorial fue legalmente “presentado” por el Fiscal de Materia titular del caso -Marcelino Josué Alvarado Vargas-, quien señaló que el cuaderno de investigaciones no se encontraba con su autoridad, situación que pondrá en conocimiento para que se realice la búsqueda exhaustiva del mismo; y, iv) Solicita se deniegue la tutela; puesto que, su autoridad no es titular, ni suplente en la investigación de ese proceso penal; ya que su competencia es como Fiscal de Materia de análisis de la ciudad de la Santísima Trinidad, y no así en la ciudad de Riberalta, ambos del señalado departamento, y finalmente indicó que la acción tutelar fue presentada de manera injusta y equivocada en su contra.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 222/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 27, concedió la tutela solicitada, disponiendo que a través del Fiscal Departamental del Beni, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación se proceda a poner a la vista el expediente del accionante, con la finalidad de que pueda presentar sus solicitudes ante el Fiscal de Materia. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) En la acción tutelar el accionante refirió que presentó un memorial, solicitando el control jurisdiccional ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; sin embargo, esta autoridad judicial señaló que se proceda a notificar al Fiscal de Materia a efectos de que proceda a adjuntar las copias necesarias para reponer el cuaderno de control jurisdiccional. En ese sentido, se tiene que los memoriales presentados al Ministerio Público no fueron respondidos de forma oportuna; b) De la SCP 0284/2015-S1 de 2 de marzo, se evidencia el derecho fundamental que se asignó a toda persona para poder tener acceso a la justicia y en el caso concreto, ese derecho fue limitado en razón que “…las Autoridades del Sistema de Justicia…” (sic) no dieron respuesta oportuna a las solicitudes que realizó el accionante; y, c) La tutela fue concedida, más aún cuando se evidenció que se presentó ante el Fiscal de Materia hoy accionado las solicitudes para la habilitación del portafolio digital y que el cuaderno de investigaciones se ponga a la vista. En vía de enmienda, aclaración y complementación, el abogado del accionante pidió al Juez de garantías que se complemente la determinación en sentido de que se debe posibilitar al Sistema JL1, “…que en la actualidad se encuentra en sistemas no se encuentra físicamente pero en varias actuaciones están subidas a sistema y se permita el acceso para que efectúen las solicitudes…” (sic). Asimismo, en vía de enmienda, aclaración y complementación el Fiscal de Materia hoy accionado solicitó que, si bien fue razonable su determinación; sin embargo, se ordene al Fiscal de Materia titular del caso -Marcelino Josué Alvarado Vargas- sea quien responda por el proceso y más aún si tiene en físico el cuaderno de investigación. En mérito a esas solicitudes, el Juez de garantías, señaló que se debe tener presente, que en su determinación se dispuso que, por medio del Fiscal Departamental del Beni se regularice el procedimiento con relación al Sistema JL1 del cuaderno de investigaciones, así como el portafolio digital.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 15 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, por el cual Erick Balcázar Achaval -ahora accionante- solicitó control jurisdiccional de la detención preventiva y pide el cese de la misma (fs. 5 a 6). II.2. Consta memorial de 20 de junio de 2022 dirigido al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, a través del cual, el accionante solicitó control jurisdiccional de la detención preventiva, conforme las facultades previstas por el art. 238 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal (CPP), -debiendo convocarse a audiencia pública- (fs. 8 a 9). II.3. Por memorial presentado el 20 de junio de 2022 ante el Fiscal de Materia de la Riberalta del departamento de Beni; el accionante solicitó que se exhiba a la vista el cuaderno de investigaciones y se permita el acceso al portafolio digital (fs. 12 y 13); mereciendo en respuesta el decreto de 22 de igual mes y año, emitido por Marcelino Josué Alvarado Vargas, Fiscal de Materia, a través del cual, a lo principal señaló que “…De la revisión integral de los casos asignados al suscrito fiscal en el sistema JL1, se tiene que entre los casos asignados no cursa ningún caso con los datos descritos en el presente memorial, sin embargo, procédase a la revisión de todos los cuadernos que se encuentran de manera física en este despacho fiscal y, en caso de ser encontrado el caso referido, póngase a la vista el mismo…” (sic [fs. 23 vta.]). II.4. Consta memorial presentado el 20 de junio de 2022 ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, a través del cual el accionante reiteró el control jurisdiccional de la detención preventiva y pidió la cesación a la misma (fs. 14 y 15). II.5. Cursa Oficio OGPA-Of 353/2022 presentado el 28 de junio de 2022, dirigido a Ricardo Illanes Saavedra, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, a través del cual el Encargado de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, remitió en “Fs.01” el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201402547R, por la presunta comisión del delito de asesinato, el mismo que no lograron recibir mediante sistema “SIREJ-GESTORA”; ya que, aún se encuentra en plataforma y/o juzgado de la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, cuyo inconveniente se viene suscitando hace bastante tiempo (fs. 10). Escrito que mereció el decreto de 30 de julio de ese año, a través del cual, dispuso que se oficie al “Juez de la causa” a efectos de que informe la situación procesal del accionante (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a la vida, al debido proceso y a la integridad; puesto que, se encuentra con detención preventiva desde el 8 de septiembre de 2014 y hasta la interposición de esta acción de defensa, no se dilucidó su situación jurídico procesal de manera adecuada, existiendo una detención preventiva indefinida bajo condiciones inadecuadas, más aun en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el hacinamiento del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido, la ineficiencia en el control jurisdiccional, la falta de acceso al cuaderno de investigaciones y los retrasos en las respuestas oficiales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La competencia de los Jueces, Tribunales de garantías y Salas

Constitucionales para conocer una acción de libertad La SCP 0602/2020-S3 de 6 de octubre, citando a su vez a la SCP 0762/2021-S3 de 15 de octubre, señaló que: «Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de competencia de la autoridad judicial, varios instrumentos internacionales se pronuncian sobre la protección que recibe el mismo. Así, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En el mismo sentido, el art. 25.1 de la CADH refiere que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. (…) Por lo expuesto, se concluye que la normativa señalada establece la garantía de ser juzgado dentro de un debido proceso por un juez o tribunal que ostente una competencia establecida por la ley con anterioridad para conocer y resolver los hechos o actos cometidos contra los derechos fundamentales; determinación que puede ser aplicada a la competencia de las autoridades que conocen y resuelven procesos constitucionales en calidad de Jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales. Por su parte, el art. 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, que derogó al art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé de forma específica el ámbito territorial, indicando que: “I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas. II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento. III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante”. Al efecto, se tiene que en esa disposición se incorpora a las Salas Constitucionales para el conocimiento de las acciones de defensa, manteniéndose los mismos alcances que fueron determinados en el artículo derogado. Por ello, se tiene que los precedentes constitucionales que hicieron referencia a la competencia de los Jueces y Tribunales de garantías son aplicables en relación a la normativa procesal vigente. Por otra parte, el art. 2 de la Ley 1104 dispone que: “I. Las Salas Constitucionales son competentes para conocer y resolver: a) Acción de Libertad; b) Acción de Amparo Constitucional; c) Acción de Protección de Privacidad; d) Acción de Cumplimiento; e) Acción Popular; f) Otras previstas en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, ‘Código Procesal Constitucional’, para jueces y tribunales de garantías. II. Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal”. Así, la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, estableció que: “…por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia” (…). Dicho entendimiento fue complementado por la SCP 0100/2019-S2 de 5 de abril, que dispuso: “…si bien la regla indica, que es competente el juez o tribunal, donde se hubiere producido la violación del derecho; sin embargo, la misma norma admite las excepciones antes anotadas vinculadas a: a) La cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a la justicia constitucional; y, b) El domicilio de la o el afectado, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia. Excepciones, que tienen por objetivo facilitar el acceso a la justicia constitucional y que inclusive se mantienen actualmente en la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, que en su art. 3, respecto a la competencia territorial de la Salas Constitucionales… (…) Entonces, de acuerdo a lo anotado, estas reglas de competencias y sus excepciones deben ser observadas por jueces, juezas y tribunales de garantías, que tienen que actuar en todo caso, en el marco de los principios de favorabilidad y pro actione, permitiendo el acceso a la justicia constitucional, para no desnaturalizar los principios de inmediatez y celeridad en la tramitación de las acciones de defensa y la eficaz protección de los derechos y garantías denunciados como vulnerados por el accionante; más aún, tratándose de acciones de libertad, dada la naturaleza de los derechos que tutela”. Por lo expuesto, esta Sala concluye con base en una interpretación sistemática de la normativa legal boliviana, de los instrumentos internacionales y del entendimiento expuesto por la jurisprudencia constitucional citada, que tanto, los Jueces, Tribunales de garantías como Salas Constitucionales tienen el deber de conocer y resolver de manera oportuna las acciones de defensa establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley 1104, debiendo ejercer plenamente la potestad de su competencia, bajo los lineamientos de sus atribuciones y facultades que conllevan al desempeño de sus funciones en su calidad de juez natural en materia constitucional, para la protección de los derechos y garantías constitucionales. Por esa razón, se encuentran obligadas a cumplir con las reglas y excepciones mencionadas en la jurisprudencia constitucional» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a la vida, al debido proceso y a la integridad; puesto que, se encuentra con detención preventiva desde el 8 de septiembre de 2014 y hasta la interposición de esta acción de defensa, no se dilucidó su situación jurídico procesal de manera adecuada, existiendo una detención preventiva indefinida bajo condiciones inadecuadas, más aun en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el hacinamiento del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido, la ineficiencia en el control jurisdiccional, la falta de acceso al cuaderno de investigaciones y los retrasos en las respuestas oficiales. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que el accionante, mediante memorial presentado el 15 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, solicitó control jurisdiccional de la detención preventiva y pidió el cese de la misma (Conclusión II.1.). El 20 de junio de 2022, el accionante presentó memorial ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, a través del cual, solicitó control jurisdiccional de la detención preventiva, conforme las facultades previstas por el art. 238 párrafo segundo de la CPP, -debiendo convocarse a audiencia pública-(Conclusión II.2.). Asimismo, en similar fecha presentó memorial ante el Fiscal de Materia de Riberalta del referido departamento, solicitando que se exhiba a la vista el cuaderno de investigaciones y se permita el acceso al portafolio digital del Ministerio Público. Mereciendo en respuesta el decreto de 22 de igual mes y año, en el que se dispuso a lo principal que “…De la revisión integral de los casos asignados al suscrito fiscal en el sistema JL1, se tiene que entre los casos asignados no cursa ningún caso con los datos descritos en el presente memorial, sin embargo, procédase a la revisión de todos los cuadernos que se encuentran de manera física en este despacho fiscal y, en caso de ser encontrado el caso referido, póngase a la vista el mismo…” (sic [Conclusión II.3.]). De igual manera, en la misma fecha, presentó otro memorial ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, reiterando el control jurisdiccional de la detención preventiva y pidió la cesación a la misma (Conclusión II.4.).

Por consiguiente, mediante Oficio OGPA-Of 353/2022 presentado el 28 de junio de 2022, dirigido al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, a través del cual el Encargado de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, remitió en “Fs.01” el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, con NUREJ 201402547R, por la presunta comisión del delito de asesinato, el mismo que no lograron recibir mediante sistema “SIREJ-GESTORA”; ya que, aún se encuentra en plataforma y/o juzgado de la ciudad de Riberalta del referido departamento, cuyo inconveniente se viene suscitando hace bastante tiempo. Escrito que mereció el decreto de 30 de julio de ese año, por el cual, se dispuso que se oficie al “juez de la causa” a efectos de que informe la situación procesal del accionante (Conclusión II.5.).

Ahora bien, tratándose de una cuestión previa y concerniente al derecho al debido proceso en su elemento al juez natural, que no puede ser ignorado por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, en principio corresponde analizar ese extremo.

Así, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, considerando la naturaleza de la acción de libertad y los derechos primarios de su ámbito de protección, el legislador determinó las reglas de competencia para su conocimiento, garantizando con ello el acceso amplio, fácil y efectivo a la jurisdicción constitucional, y de esa manera materializar la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Como regla general se estableció que la acción de libertad podrá interponerse ante la sala constitucional y/o ante cualquier jueza, juez o tribunal en materia penal. En ese sentido, también se establecieron las reglas específicas que deben ser observadas por el accionante y la sala constitucional o el juez o tribunal de garantías en cuanto a la competencia territorial, siendo competentes para su conocimiento las autoridades: 1) Del lugar donde se efectuó la vulneración del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o condiciones de transporte para ingresar a los lugares donde no hubiesen jueces, tribunales de garantías o salas constitucionales; y, 3) Del domicilio del accionante, cuando la vulneración de sus derechos fue cometida fuera del lugar de su residencia actual.

En ese entendido, se evidencia que en el presente caso la acción de defensa fue presentada en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a pesar de que el accionante se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Riberalta del departamento de Beni, el Fiscal de Materia ahora accionado es de la ciudad de Riberalta del referido departamento, y el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de asesinato, según los memoriales presentados por el accionante, se encuentran bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del citado departamento; por lo cual, se procederá a verificar la concurrencia de cada una de las reglas de competencia precedentemente mencionadas:

Con relación a la primera regla, respecto al lugar donde se originó, produjo y consumó la supuesta vulneración de los derechos, emergentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito asesinato, en el que se encuentra con detención preventiva desde el 8 de septiembre de 2014 y hasta la interposición de esta acción de defensa, se tiene que no se dilucidó su situación jurídico procesal de manera adecuada y permanece con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Riberalta del departamento de Beni, vulnerando con ello sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso, a la vida e integridad; sin embargo, al presentarse esta acción de libertad en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se cumplió con esta primera regla de competencia territorial, pues en todo caso debió presentarse ante el Juez de garantías de la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, que es el lugar donde se produjo la supuesta vulneración de los derechos mencionados al permanecer con detención preventiva indefinida bajo condiciones inadecuadas en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y el hacinamiento, o de lo contrario, ante el juez o tribunal de garantías, o sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; puesto que presentó varios memoriales dirigidos al Fiscal de Materia de la referida ciudad de Riberalta y al Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mencionado departamento, e incluso al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento; en consecuencia, al encontrarse los antecedentes del mencionado proceso en el departamento de Beni, se tienen mayores posibilidades para que solicite la remisión de la documentación que considere necesaria para el efecto, con la finalidad de efectuar la revisión y verificación de la existencia de vulneración o no de los derechos alegados en la presente acción tutelar.

Respecto a la segunda regla, referida al mejor acceso por razones de cercanía territorial o condiciones de transporte, en atención a esta regla de competencia territorial, se tiene que el mejor lugar para que el accionante acceda a la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados, es la jurisdicción correspondiente al departamento de Beni; ya que, es el lugar más cercano para que el accionante pueda asistir a la audiencia de consideración de la acción de libertad; puesto que, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Riberalta del departamento de Beni, donde además no se puede alegar ausencia de jueces, tribunales de garantías o salas constitucionales. Por lo tanto, si el abogado del accionante pretendió aplicar esa regla de competencia, debió presentar esta acción de defensa ante el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, para que sea de conocimiento de un juez, tribunal de garantías o sala constitucional de ese departamento; más aún, cuando es el lugar más cercano del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del dicho departamento, donde se encontraría radicando el cuaderno de control jurisdiccional del referido proceso penal, y no así ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por constituirse en un asiento judicial alejado donde ninguna de las partes de esta acción de libertad cuenta con su domicilio real, procesal ni laboral, incluso el accionante en todos los memoriales presentados y en el memorial de la presente acción de libertad, señala en el otrosí concerniente a las notificaciones, que: “Como Privado de libertad las notificaciones se me hagan saber en el lugar donde guardo detención preventiva y alternativamente al correo eabogados@gmail.com y WhatsApp 61152648” (sic). Bajo esas circunstancias, se evidencia que tampoco se cumplió con esta segunda regla de competencia territorial.

En cuanto a la tercera regla, de acuerdo a lo señalado al analizar el incumplimiento de la segunda regla, ya que el abogado del accionante indicó como domicilio procesal el Centro Penitenciario de Riberalta del departamento de Beni, en el que se encuentra privado de libertad el accionante y alternativamente al correo electrónico eabogados@gmail.com y el número WhatsApp 61152648, así como en los demás memoriales que se hace referencia en antecedentes, los cuales fueron presentados dentro del proceso penal iniciado contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de asesinato, pretendiendo con ello de forma equivocada que proceda la presentación de esta acción tutelar en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que, para aplicar esta regla de competencia territorial, debió considerar todos los aspectos mencionados dentro del proceso penal y presentar su acción de defensa ante el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no así ante su similar de La Paz, sin ningún justificativo legal en la que exprese la necesidad de urgencia para que se interponga dicha acción tutelar en el señalado Tribunal. En consecuencia, tampoco se cumplió con la aplicación de esta tercera regla de competencia territorial.

En ese contexto, se concluye que en el presente caso no se cumplieron las tres reglas de competencia en razón de territorio respecto a la actuación de los jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales para conocer una acción de libertad, las cuales se encuentran claramente definidas por el art. 3. de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, y por la jurisprudencia constitucional; puesto que, la competencia de esas autoridades no está librada a la simple voluntad o conveniencia del accionante, quien está en la obligación de respetarlas.

En ese entendido, el accionante de manera preferente debió presentar esta acción de defensa ante el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, o en su caso, ante el juez competente de la ciudad de Riberalta del mismo departamento, y no así ante el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que no contaba con competencia; más aún cuando el accionante no justificó con fundamentos o a través de documentos, el motivo por el que presentó esta acción tutelar en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, razón por la cual, se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento al juez natural.

Asimismo, se advierte que estas reglas de competencia deben ser observadas por las salas constitucionales y por los jueces o tribunales de garantías; puesto que, están vinculadas al derecho al debido proceso en su elemento al juez natural; por lo que su inobservancia a partir de una incorrecta interpretación o por una actuación de mala fe, es contraria al mandato constitucional, contraviniendo la ética profesional, reflejando intereses que no se encuentran acordes a los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado; por lo que con carácter previo a señalar fecha y hora de audiencia en caso de acciones de libertad, o admitir y señalar fecha y hora de audiencia en acciones de amparo constitucional u otras acciones de defensa, las salas constitucionales y los jueces o tribunales de garantías están obligados a verificar el cumplimiento de las reglas de competencia territorial analizadas en este fallo constitucional; situación que no fue cumplida por el Juez de garantías que conoció esta acción tutelar.

Bajo esas circunstancias se evidencia que, ante el incumplimiento de las reglas de competencia territorial observadas, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional corregir el procedimiento y anular obrados, a efectos de que la acción tutelar sea conocida y resuelta por el juez, tribunal de garantías o sala constitucional competente; puesto que, en el presente caso, el accionante debió formular la acción tutelar, ante un juez, tribunal de garantías o sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, o en su caso, ante el juez competente de la ciudad de Riberalta del mismo departamento.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 222/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° Anular obrados hasta el Auto de admisión y señalamiento de audiencia de consideración de la acción de libertad de 3 de julio de 2022 inclusive, cursante a fs. 16; y, por consiguiente:

a) Disponer que Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, remita de manera inmediata esta acción de libertad al Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con la finalidad de que sea sorteada con celeridad a una autoridad competente de ese departamento, para su conocimiento y resolución de acuerdo con las reglas de competencia en razón de territorio determinadas en este fallo constitucional.

2° Llamar la atención a Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, quien actuó como Juez de garantías, por la inobservancia de las normas constitucionales, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0665_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 16d52e2ee6a6d6c47911e02e531e8facb89a3ca2d0c1093fd9994d21deb16a6b

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