B.IA.LEGAL

SCP 0664/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47322-2022-95-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y personal; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija a través del Auto Interlocutorio 45/2022 de 11 de febrero, determinó la imposición de la detención preventiva por el lapso de seis meses, con base en una incorrecta interpretación del art. 235 ter.1 CPP; decisión que en apelación mereció el Auto de Vista 78/2022-SP1 de 19 de abril, que confirmó en parte el indicado fallo impugnado, argumentando que la determinación que tomó el Juez codemandado era correcta; debido a que, el mismo se dio ante la petición efectuada por la parte víctima -Vías Bolivia-, aspecto totalmente al margen de la verdad material, al convalidar una ilegal e indebida aplicación de la ley penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 44 a 49 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0664/2023-S2 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47322-2022-95-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 44 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Chanel Barriga Villalba contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Ricardo Emir Ramos Lisarazu, Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 22 vta., el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Presentada la imputación formal en su contra por el delito de cohecho activo por parte del Fiscal de Materia asignado al caso, donde solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; en audiencia de medidas cautelares, la parte víctima -Vías Bolivia- impetró se disponga detención preventiva bajo la calificación del delito de concusión; motivo por el que, a la culminación de dicho verificativo, el Juez codemandado a través del Auto Interlocutorio 45/2022 de 11 de febrero, determinó la imposición de aquella medida extrema por el lapso de seis meses a ser cumplida en la Carceleta de Yacuiba del departamento de Tarija, con base en una incorrecta interpretación del art. 235 ter.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante esa circunstancia, presentó recurso de apelación incidental, el cual en un primer momento no fue escuchado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento; empero, merced al fallo dictado en una acción de amparo constitucional aquel fue nuevamente tramitado el 19 de abril de 2022; donde la Vocal demandada pronunció el Auto de Vista 78/2022-SP1 de la misma fecha, confirmando en parte el citado Auto Interlocutorio, bajo el argumento de que la decisión que tomó el Juez de instancia era correcta; debido a que, emergió de la petición efectuada por la parte víctima; sin embargo, el supra mencionado Auto de Vista “…SE ENCUENTRA TOTALMENTE AL MARGEN DE LA VERDAD MATERIAL…” (sic); toda vez que, ha convalidado una ilegal e indebida aplicación de la ley penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad física y personal, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se restituya su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de abril 2022, según consta en acta cursante de fs. 40 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) La detención preventiva procede siempre y cuando esta sea solicitada por el Ministerio Público o la víctima, quienes deberán fundamentar aquello en audiencia; no obstante de eso, el Auto Interlocutorio 45/2022 dictado por el Juez codemandado, señaló que la calificación jurídica incumbe únicamente a dicha entidad, aspecto que en el presente caso no operó de esa forma; debido a que, la víctima en ese acto procesal solicitó se disponga la detención preventiva por el delito de concusión; situación que, no fue calificada por el representante fiscal, resultando contradictoria, en el entendido de que la aludida autoridad jurisdiccional no podía aplicar o razonar con base en un tipo penal que no fue calificado por el Ministerio Público; y, b) El aludido Juez hizo una valoración fuera de contexto del art. 235 del CPP; toda vez que, en mérito a la modificación realizada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- “…no puede haber una medida más gravosa que la solicitada por el Ministerio Público…” (sic).

I.2.2. Informe de los demandados

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe presentado el 27 de abril de 2022, cursante de fs. 36 a 39, solicitó se deniegue la tutela impetrada en virtud a los siguientes argumentos: 1) La valoración integral de las circunstancias se encuentra establecida en los arts. 234 y 235 del Código Adjetivo Penal y consiste básicamente en que una medida cautelar no debe fundarse con base en un elemento o riesgo procesal, sino obedecer a un análisis ponderado de un conjunto armónico de indicios o elementos de convicción vinculados con los riesgos procesales; 2) El Juez a quo a tiempo de decidir y fundamentar la imposición de una medida cautelar, en especial la detención preventiva, necesariamente debe determinar la existencia de varios indicios que en forma articulada permitan inferir objetivamente que la persona imputada es probablemente la autora del delito; situación que, infiere analizar la existencia de algún riesgo de fuga o de obstaculización; y, 3) Respecto a la disposición de la medida extrema, aquella será aplicable previa imputación formal y a pedido del Fiscal de Materia o la víctima; por lo que, en el presente caso, al existir un pedido por parte de esta última respecto a la imposición de dicha medida, se dispuso aplicar la misma; denotándose por parte del Juez codemandado una adecuada fundamentación y motivación al momento de valorar las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP. Ricardo Emir Ramos Lisarazu, Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija, por informe presentado el 27 de abril de 2022, cursante de fs. 29 a 30 vta., refirió lo siguiente: i) El impetrante de tutela pretende con la interposición de esta acción de defensa que la justicia constitucional actúe como un tribunal ordinario de apelación, desnaturalizando de esa manera el ordenamiento legal; ii) El aludido indicó que su persona cometió el supuesto acto lesivo que presuntamente vulneró su derecho a la libertad; sin embargo, no fundamentó dicho aspecto y menos señaló cómo se habría ingresado a un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad con relación a la emisión del Auto Interlocutorio 45/2022; y, iii) El art. 235 ter.1 del CPP, otorga a su autoridad la autonomía de decidir sobre la improcedencia de la solicitud, la cual no se encuentra restringida al razonamiento de que no se puede aplicar de oficio una detención preventiva; ya que, atentaría a la tutela judicial efectiva de la víctima y a su vez, “…desde una interpretación desde y conforme la CPE y los derechos humanos se atentaría en la lucha en contra la corrupción como prioridad estatal…” (sic).

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante fiscal, en audiencia de garantías manifestó que: el Código de Procedimiento Penal, claramente dispone que la aplicación de cualquier medida cautelar será a petición del Ministerio Público o la víctima; empero, resulta necesario considerar que en el presente caso; debido a que, el delito investigado es de corrupción, valorando sus elementos y evidenciándose la existencia de requisitos para aplicar la detención preventiva, el Juez de la causa dispuso la misma en mérito a una probabilidad de autoría, estando dicho fallo al igual que el emitido en apelación debidamente motivado y fundamentado.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 44 a 49 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 233 del CPP, es taxativo cuando refiere que tanto la víctima como el Ministerio Público pueden solicitar la aplicación de una medida cautelar de última ratio como lo es la detención preventiva, y ante la existencia de un pedido fundamentado por parte de la víctima de imponer dicha determinación, más allá que el representante fiscal no la haya solicitado aquella, puede ser admitida y supeditada únicamente a los elementos de convicción de probabilidad de autoría; b) La Vocal demandada fundamentó su decisión en lo establecido por el art. 235 del citado Código, aquello en el entendido de que si bien el Ministerio Público no pidió la medida extrema, en este caso, si lo hizo la víctima; asimismo, con relación al test de proporcionalidad realizado por el Juez codemandado, la autoridad de alzada modificó la determinación asumida respecto al tiempo establecido para la detención preventiva de seis a tres meses; y, c) En mérito a los antecedentes de la causa, se observó que las autoridades demandadas enmarcaron sus actuaciones a lo dispuesto por la normativa vigente, no existiendo al efecto lesión alguna de derechos; debido a que, su fundamentación se dio en virtud a lo previsto por el art 233 del CPP, habiéndose encontrado dentro del proceso la probabilidad de autoría del peticionante de tutela, más allá de la calificación de los delitos realizados por el representante fiscal. En vía de complementación, aclaración y enmienda, efectuada por el accionante impetrando se aclare la contradicción advertida en el informe vertido por el Juez codemandado, aquello tomando en cuenta que la decisión asumida por la aludida autoridad fue tomada con base en la petición realizada por Vías Bolivia -víctima-, y de acuerdo a lo establecido por el art. 235.1 del Código Adjetivo Penal. En sustanciación y resolución, el Tribunal de garantías señalo que, habiendo identificado el aludido Juez los elementos que determinaron la imposición de la detención preventiva del solicitante de tutela, y estando aquella medida extrema debidamente fundamentada de acuerdo al cumplimiento de presupuestos exigidos por ley, se evidenció que no existió una detención ilegal; motivo por el cual, no da lugar a que la misma sea analizada a través de la interposición de este mecanismo de defensa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 10 de enero de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó imputación formal contra Pedro Chanel Barriga Villalba -impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de cohecho activo, previsto y sancionado en el art. 158 del Código Penal (CP), solicitando al efecto se disponga la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 2 a 4). II.2. A través del Auto Interlocutorio 45/2022 de 11 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija -codemandado-, dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela por el lapso de seis meses a ser cumplida en la Carceleta de esa urbe y departamento (fs. 5 a 8 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 78/2022-SP1 de 19 de abril, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -hoy demandada-, determinó “…DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR…” (sic) el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela (fs. 31 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y personal; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija a través del Auto Interlocutorio 45/2022 de 11 de febrero, determinó la imposición de la detención preventiva por el lapso de seis meses, con base en una incorrecta interpretación del art. 235 ter.1 CPP; decisión que en apelación mereció el Auto de Vista 78/2022-SP1 de 19 de abril, que confirmó en parte el indicado fallo impugnado, argumentando que la determinación que tomó el Juez codemandado era correcta; debido a que, el mismo se dio ante la petición efectuada por la parte víctima -Vías Bolivia-, aspecto totalmente al margen de la verdad material, al convalidar una ilegal e indebida aplicación de la ley penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, precisó que: «…la jurisprudencia constitucional ha referido que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, refiere que: “Al efecto, es necesario recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. …la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución a[u]n siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: “…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…” (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0210/2020-S2 de 24 de julio, sostuvo que: “Entre los componentes configuradores del debido proceso se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, de ahí que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de fundamentar y motivar razonablemente sus decisiones. En el ámbito penal, esta obligación esencialmente emerge del art. 124 del CPP, que exige, que en las sentencias y autos interlocutorios se expresen los motivos de hecho y de derecho, y la valoración que se otorga a los medios probatorios; además, prohíbe que la motivación sea reemplazada por una relación de los documentos y requerimientos de las partes; en ese mismo sentido y en estricta relación a la aplicación de medidas cautelares, el art. 236 de la referida norma procesal demanda que las resoluciones que dispongan la detención preventiva, contengan la fundamentación de los presupuestos que motivaron la aplicación de esa medida extrema. La jurisprudencia constitucional apegada a la normativa constitucional y procesal penal descritas precedentemente, ha sido consecuente con la exigencia de una debida fundamentación y motivación en las resoluciones relacionadas a medidas cautelares; así la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, estableció que: ‘…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no implica que éstas: ‘tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión…’ (SC 0012/2006-R de 4 de enero). En la dinámica procesal de las medidas cautelares, según el art. 250 del citado Código, las resoluciones que dispongan la aplicación o no de una medida cautelar, son revocables o modificables; y, uno de los mecanismos para su revisión es el recurso de apelación incidental, que al constituirse en un medio de verificación que puede ratificar o modificar la decisión del juez inferior, la exigencia de una debida motivación y fundamentación también es extensible a las determinaciones de los tribunales de apelación. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero -entre otras-, señaló qué: ‘…Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. En ese sentido, los tribunales de alzada a tiempo de resolver las apelaciones formuladas contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares o determinen la cesación o nieguen dicho pedido, deberán realizar una revisión de todos los agravios recurridos en la apelación (art. 398 del CPP), así como los argumentos de contrario; en ese sentido, deben considerarse las circunstancias del caso concreto, la valoración de la prueba realizada por el a quo y los preceptos legales, doctrinales y jurisprudenciales concurrentes, para finalmente establecer las razones que motivan la decisión” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y personal; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija, a través del Auto Interlocutorio 45/2022 de 11 de febrero, determinó la imposición de su detención preventiva por el lapso de seis meses, con base en una incorrecta interpretación del art. 235 ter.1 del CPP; decisión que en apelación mereció el Auto de Vista 78/2022-SP1 de 19 de abril, que confirmó en parte el citado Auto Interlocutorio, argumentando que la determinación que tomó el Juez codemandado era correcta; debido a que, el mismo se dio merced a la petición efectuada por la parte víctima -Vías Bolivia-; circunstancia al margen del principio de verdad material; toda vez que, con la emisión de dicho fallo, se convalidó una ilegal e indebida aplicación de la ley penal. Ahora bien, de la documentación que cursa en el expediente, se tiene imputación formal de 10 de enero de 2022, presentada por la Fiscal de Materia asignada al caso contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de cohecho activo, previsto y sancionado en el art. 158 del CP, donde solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del prenombrado (Conclusión II.1); empero, por medio de Auto Interlocutorio 45/2022, el Juez codemandado dispuso la aplicación de la medida extrema del peticionante de tutela por el lapso de seis meses a ser cumplida en la Carceleta de Yacuiba del departamento de Tarija (Conclusión II.2); el cual apelado, mereció el Auto de Vista 78/2022-SP1, pronunciado por la Vocal demandada, quien determinó declarar parcialmente “CON LUGAR” el recurso de apelación formulado por el prenombrado (Conclusión II.3). En ese contexto, considerando que la revisión de la decisión asumida en sede judicial, se efectúa a partir de la última resolución pronunciada en la jurisdicción ordinaria; toda vez que, se entiende que aquella tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar la determinación dispuesta en este caso por el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija -codemandado-; en el presente caso, se procederá con el análisis a partir del Auto de Vista 78/2022-SP1 pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento -hoy demandada-. En tal sentido, conforme a los argumentos formulados por el accionante en mérito al recurso de apelación incidental planteado, aquel señaló como agravios que: El Juez codemandado realizó una valoración fuera de contexto de los arts. 233 y 235 del CPP; aquello, en el entendido que no es posible aplicar una medida más gravosa a la solicitada por el Ministerio Público respecto a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, existiendo vicios en cuanto a la aplicación de la ley al momento de la imposición de una medida cautelar. En resolución al punto anteriormente descrito, la Vocal demandada al momento de considerar y pronunciarse sobre la apelación formulada por el impetrante de tutela, emitió el Auto de Vista 78/2022-SP1 precisando los siguientes fundamentos:

1) Dentro del contexto normativo establecido por el art. 233 del Código Adjetivo Penal se emitió un pronunciamiento donde se impuso una medida cautelar tomando en cuenta el presupuesto de probabilidad de autoría, así como, la existencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización; aspecto que llevó a la imposición de una medida cautelar, aquello ante la concurrencia de suficientes elementos de convicción para determinar la medida de última ratio; y,

2) De acuerdo a lo dispuesto por el art. 173 del CPP, se efectuó una valoración apegándose a las reglas de la sana crítica; por lo que, la determinación emitida por el Juez codemandado contiene una adecuada fundamentación; ya que, la misma se circunscribió en torno a los argumentos solicitados por la víctima, quien realizó un pedido fundamentado respecto a la imposición de la extrema medida, aquello en aplicación de lo instituido por el art. 235 ter.2 del indicado Código, tomando en cuenta aspectos referidos a la complejidad de la investigación del delito, al tratarse de un hecho de corrupción, los cuales en mérito a un contexto en relación a criterios de proporcionalidad y convencionalidad fue graduado en cuanto al tiempo.

Ahora bien, en mérito al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, como un componente del derecho al debido proceso, en virtud a este, se exige que toda autoridad demandada realice una exposición y el análisis de todos los puntos demandados; es decir, de los agravios o hechos cuestionados, así como, de los argumentos que conduzcan a respaldar las decisiones, esto a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, haciendo conocer los motivos y razones que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación; aspecto que también concierne a los tribunales de apelación, los cuales en alzada se encuentran obligados a fundamentar y motivar sus decisiones; en virtud a lo esgrimido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual refiere que no solo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino cuando se rechaza una solicitud que lo pida, o en su defecto se determine una sustitución de modificación de esa medida pronunciada en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 124 del CPP. En ese contexto, respecto al agravio manifestado por el accionante, que la Vocal demandada al momento de considerar y pronunciarse sobre la apelación formulada por el prenombrado, emitió el Auto de Vista 78/2022-SP1, en el cual analizando el contexto normativo del art. 233 del Código Adjetivo Penal refirió que, el pronunciamiento emitido acerca de los requisitos para la imposición de la medida cautelar, se dio cumpliendo los presupuesto de probabilidad de autoría, así como, la existencia de riesgos procesales; situación que, llevó a la imposición de la detención preventiva en mérito a la concurrencia de los elementos supra indicados; por lo que, con base en los argumentos vertidos y solicitados por la parte víctima, se determinó la imposición de la citada extrema medida, aquello en aplicación de lo establecido por el art. 235 ter.2 del CPP -existencia de probabilidad de autoría y concurrencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización-, tomando en cuenta a su vez aspectos referidos a la complejidad de la investigación del delito -hecho de corrupción-, los cuales en mérito a un contexto de criterios de proporcionalidad y convencionalidad fue graduado en cuanto al tiempo, modificándose el plazo de la referida detención preventiva de seis a tres meses, siendo esa modificación en cuanto al tiempo favorable a los intereses del accionante. Por consiguiente, resulta necesario aclarar que la fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición ampulosa y abundante de hechos, citas legales ni argumentos reiterativos; sino que, la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos agraviados, de manera tal que en todo fallo necesariamente deberán estar insertas las razones que respaldan la medida adoptada; situación que, en el caso de autos ocurrió; advirtiéndose que, el Auto de Vista 78/2022-SP1 emitido por la Vocal demandada resolvió lo impetrado en el recurso formulado por el peticionante de tutela, conteniendo una clara exposición de las razones y motivos específicos que sustentan la determinación asumida; hecho que denota el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales requeridas; por lo que, se tiene que el Auto confutado posee la suficiente motivación y fundamentación, misma que no afecta el derecho a la libertad personal del solicitante de tutela; aquello teniendo presente que la sola discrepancia con una disposición asumida, no constituye suficiente fundamento para concluir la lesión de derechos y garantías; ya que, la fundamentación de los fallos se orienta a que estos sean claros y razonables, aspectos que contempló la aludida decisión; correspondiendo en el presente caso denegar la tutela solicitada, en mérito a los fundamentos esgrimidos en el presente fallo constitucional.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 44 a 49 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0664_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8c9e1008f84bd5a8c42d4c8f997074485f1e782a1e4e70d7406779dc73a777f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →