B.IA.LEGAL

SCP 0663/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
1 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55480-2023-111-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, a través de sus representantes, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de motivación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, determinaron confirmar el Auto de 11 de agosto de 2021, que dispuso la firma de convenio de un plan de pago de dos años, sin tomar encuenta que la solicitud era extemporánea; puesto que, conforme el DS 4182 y su modificación por DS 4278 se estableció un plazo de ciento ochenta días hábiles computables desde la publicación del referido DS 4182; es decir, vencía el 27 de noviembre de 2020, y no el 21 de enero de 2021, como erróneamente lo señalaron las autoridades demandadas, por lo que tal razonamiento resulta arbitrario, incongruente y carente de una adecuada motivación; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga dejar sin efecto el citado Auto de Vista y se emita uno nuevo conforme los argumentos expuesto en la acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 032/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0663/2025-S3 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55480-2023-111-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 032/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grover Vargas Lezcano y Clara Silvia Torres Vásquez en representación legal de Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Luis Gonzalo Vargas Terrazas y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 6 a 16 vta.; el accionante a través de sus representantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 23 de enero de 2020, el SENASIR promovió demanda coactiva social por aportes devengados, contra el Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano Cobija, en mérito a la Nota de Cargo 014/2019 de 11 de octubre, por el monto de Bs1 868 321,21.- (un millón ochocientos sesenta y ocho mil trecientos veintiún 21/100 bolivianos), proceso que fue radicado en el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de pando, autoridad que emitió Auto de Solvendo de 27 de enero de 2020. Dentro del proceso, la parte coactivada interpuso incidente de nulidad de citación y excepciones de prescripción y falta de fuerza coactiva de la Nota de Cargo 014/2019, declarando la precitada autoridad judicial “Improbado” el incidente de nulidad, por medio del Auto de 20 de febrero de 2020 e “Improbadas” las excepciones de falta de fuerza coactiva de la Nota de Cargo 014/2019 y de prescripción mediante auto de la misma fecha y año, resolución contra la que se interpusieron recurso de reposición con alternativa de apelación; que fueron resueltos por Auto de 13 de marzo de 2020, que confirmó el referido Auto impugnado y concedió la apelación en efecto devolutivo. Posteriormente, mediante Auto de Vista 51/21 de 9 de marzo de 2021, se confirmó el rechazo del incidente de nulidad, pero se anuló el auto que resolvía las excepciones, ordenando abrir término probatorio conforme a ley. Estando el proceso judicial en trámite, se promulgaron los Decretos Supremos (DS) 4182 de 12 de marzo de 2020 y su modificatorio DS 4278 de 30 de junio de 2020; en virtud a ello, la parte coactivada solicitó al SENASIR nueva liquidación en aplicación al referido DS 4182, norma que permitía la reducción de multas e intereses por deudas al Sistema de Reparto, solicitud que fue inicialmente observada por SENASIR, al ser presentada por la representante legal de la Unidad Educativa sin que exista poder especial con facultad expresa. Posteriormente, la entidad coactivada presentó a la autoridad jurisdiccional memorial de desistimiento de recurso de apelación en la vía administrativa el 14 de diciembre de 2020, que en respuesta el SENASIR señaló que la referida entidad no cumplió con los requisitos establecidos dentro de plazo, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2020. Sin embargo, ante la reiterada solicitud de la entidad coactivada de acogerse al DS 4182, la autoridad judicial emitió el Auto de 11 de agosto de 2021, señalando que la citada entidad habría cumplido los requisitos exigidos por los Decretos Supremos 4182 de 12 de marzo de 2020 y su modificatorio 4278 de 30 de junio de 2020, ordenando al SENASIR acoger a dicha entidad bajo la modalidad de convenio de pago de dos años. El referido auto fue impugnado por la entidad demandante, mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, en el cual sostuvo que la autoridad judicial realizó una interpretación errónea de la vigencia de los referidos decretos; ya que, el plazo de ciento ochenta días hábiles, computables desde la publicación del DS 4182 vencía el 27 de noviembre de 2020, y no así el 18 de marzo de 2021 ,como se insinuaba en el auto; debido a que la norma no establecía ampliación de vigencia, sino únicamente una modificación del plazo. El 21 de octubre de 2021, mediante Auto, la autoridad judicial Rechazó el recurso de reposición, ratificando y manteniendo firme el Auto de 21 de agosto del mismo año y concedió la apelación en el efecto devolutivo, resuelto, mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, emitido por los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -demandados-que confirmó el Auto de 11 de agosto de 2021, validando el acogimiento al plan de pagos y sosteniendo que el plazo vencía recién el 21 de enero de 2021, razonamiento que resulta arbitrario, incongruente y carente de una adecuada motivación, por cuanto, las autoridades demandadas habrían omitido realizar una interpretación gramatical, sistemática e histórica de la normativa aplicable; omitiendo además, considerar la preclusión de los plazos y los comunicados emitidos por el propio SENASIR respecto al vencimiento del plazo en noviembre de 2020. En ese sentido, las autoridades demandadas al haber confirmado judicialmente la validez de una solicitud extemporánea, efectuaron una interpretación arbitraria y errónea de los plazos establecidos en los señalados Decretos Supremos, vulneraron el derecho al debido proceso, en su elemento de motivación y congruencia; por lo que, interpone la presente acción de amparo constitucional, en busca del restablecimiento de sus derechos constitucionales conculcados, señalando al efecto la jurisprudencia desarrollada en las SSCC 1031/2000 de 6 de noviembre, 1494/2011-R de 11 de octubre y la SCP 0027/2019-S3 de 1 de marzo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre y se emita uno nuevo, conforme los argumentos expuestos en la presente acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 43 a 46; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante legal, ratifico íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Luis Gonzalo Vargas Terrazas y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Pando, no presentaron informe escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 21 a 22.

I.2.3. Intervención del tercero Interesado

Nancy Calle en representación del Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano Cobija a través de su abogado en audiencia señaló que: a) El 16 de octubre de 2020, el SENASIR les notificó con el beneficio otorgado por el DS 4182, que permitía deducir días en el cálculo final de intereses correspondientes hasta esa fecha; por lo que, el 21 de octubre de 2020, aceptamos acogernos al referido Decreto y solicitamos un cuadro de amortización, en tal sentido, el SENASIR nos entregó los cuadros de aceptación, indicando los requisitos pendientes a subsanar; b) El 16 de noviembre del mismo año comenzaron a pagar la amortización, eligiendo la modalidad de dos años, aunque el SENASIR inicialmente impidió la firma del convenio de pago, por la falta del poder del representante legal y que el memorial no estuviera firmado por este, lo cual subsanaron el 14 de diciembre de igual año, durante ese tiempo cumplieron puntualmente con los pagos según el cuadro entregado, sin ningún tipo retrasos; c) El SENASIR condicionó la firma del convenio a la vigencia del referido DS 4182, que tenía inicialmente una vigencia de noventa días, ampliada a ciento ochenta días por el DS 4278; sin embargo, no consideró la cuarentena sanitaria que restringió la movilidad, teniendo como plazo límite el 25 de enero de 2021, y no el 27 de noviembre de 2020; calculó que fue efectuado de forma correcta por la autoridad judicial de primera instancia y que fue confirmado por el tribunal de segunda instancia, mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre; d) A pesar que hasta la fecha -se entiende la presentación de esta acción tutelar- pagaron todas las cuotas, el SENASIR se niega a firmar el convenio para regularizar la situación; y, e) Finalmente, si bien el SENASIR afirmó que el Decreto 4182 no está vigente, continuó notificando a otras empresas bajo ese decreto, lo que demuestra una incongruencia en su proceder.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 032/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 47 a 49 vta., denegó la tutela solicitada, determinación que se dio en base a los siguientes fundamentos: 1) Dentro del proceso coactivo social, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando, emitió el Auto de 11 de agosto de 2021, en el que dispuso que la entidad coactivada cumplió con los requisitos exigidos por los Decretos Supremos 4182 y 4278, contra este fallo, los accionantes interpusieron recurso de reposición con alternativa de apelación, alegando que se interpretaron erróneamente los decretos y que la entidad coactivada no cumplió con los requisitos dentro del plazo, que según estos, vencía el 27 de noviembre de 2020; 2) El Auto de 21 de octubre de 2021, resolvió el recurso de reposición, manteniendo firme el referido Auto de 11 de agosto de igual año y concedió la apelación en efecto devolutivo, que fue resuelta mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, que confirmó la resolución de primera instancia, señalando que la entidad coactivada cumplió los requisitos exigidos por los Decretos Supremos 4182 y 4278 dentro del plazo legal; puesto que, los vocales consideraron que el cómputo de los ciento ochenta días comenzó el 18 de mayo de 2020, con el inicio de la cuarentena dinámica, por lo que el plazo vencía recién el 21 de enero de 2021, desestimando de esa manera los argumentos de la parte apelante; Auto de Vista contra el que se interpuso la presente acción tutelar, por supuesta errónea e incongruente interpretación de los DS 4182 y 4278, argumentando que el plazo para acogerse venció el 27 de noviembre de 2020, y que el Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano Cobija no cumplió con los requisitos en el plazo correspondiente; 3) Por lo que corresponde que antes de entrar al fondo, se analice la procedencia de la acción de amparo, bajo el principio de subsidiariedad, el cual exige agotar previamente todas las instancias y recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, en el presente caso, la parte accionante no interpuso recurso de casación contra el indicado Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, pese a estar habilitada dicha vía conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, particularmente la SCP 0200/2018-S1 de 21 de mayo, que reconoce la procedencia del recurso de casación en procesos coactivos sociales, en consecuencia, no correspondía el análisis de fondo, al no haberse agotado el recurso ordinario pertinente; declarando en consecuencia, la improcedencia de la acción de amparo constitucional. En respuesta a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sobre lo expuesto por los demandados, quienes argumentaron que el Auto de Vista de 31 de octubre de 2022, tendría efecto devolutivo; y que la jurisprudencia establece con claridad que, en procesos coactivos sociales, los autos emitidos por los Tribunales Departamentales son recurribles en casación; por lo que, esa jurisdicción constitucional no podía analizar el fondo del asunto; asimismo, señaló que el Auto de primera instancia era considerado un auto definitivo, y al haber sido confirmado por el Auto de Vista de 31 de octubre de 2022, debió ser impugnado mediante recurso de casación una vez notificado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 11 de agosto de 2021, emitido por la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando; por el cual, dispuso que conforme los antecedentes cursantes en obrados, se evidenció que la entidad coactivada ha cumplido con los requisitos que se ha exigido en la instancia administrativa y como los que se señala el DS 4182 y su modificación por DS 4278 de 30 de junio de 2020; por lo cual, el SENASIR debía acoger bajo la modalidad de convenio de dos años a la entidad coactivada según lo establecido en los decretos mencionados (fs. 37 a 38 vta.).

II.2. Mediante memorial de 15 de noviembre de 2021, el SENASIR interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 11 de agosto de 2021, solicitando se deje sin efecto el mismo, ante la indebida interpretación de la modificación del art. 5 del DS 4182 y considerando que la parte coactivada no cumplió con los requisitos dentro del plazo regulado en el citado Decreto Supremo (fs. 25 a 30). II.3. Consta Auto de 21 de octubre de 2021; por el cual, la autoridad judicial de primera instancia rechazo el recurso de reposición, ratificó y mantuvo firma el Auto de 11 de agosto de 2021, disponiendo dar cumplimiento al mismo procediendo a la firma del convenio respectivo y concedió la apelación en efecto devolutivo (fs. 31 a 32). II.4. Cursa Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, emitido por Luis Gonzalo Vargas Terrazas y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Familia, Niño, Niña y Adolescente, Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa del departamento de Pando -autoridades demandadas-; por el cual, determinaron confirmar el Auto de 11 de agosto de 2021 (fs. 23 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, a través de sus representantes, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de motivación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, determinaron confirmar el Auto de 11 de agosto de 2021, que dispuso la firma de convenio de un plan de pago de dos años, sin tomar encuenta que la solicitud era extemporánea; puesto que, conforme el DS 4182 y su modificación por DS 4278 se estableció un plazo de ciento ochenta días hábiles computables desde la publicación del referido DS 4182; es decir, vencía el 27 de noviembre de 2020, y no el 21 de enero de 2021, como erróneamente lo señalaron las autoridades demandadas, por lo que tal razonamiento resulta arbitrario, incongruente y carente de una adecuada motivación; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga dejar sin efecto el citado Auto de Vista y se emita uno nuevo conforme los argumentos expuesto en la acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.

6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025 de 5 de marzo.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y lo señalado por el accionante en la demanda de esta acción tutelar, se tiene que dentro del proceso coactivo social, instaurado por el SENASIR contra el Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano Cobija, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando, ante la solicitud de la referida entidad coactivada de acogerse al DS 4182 y anuncio de renuncia del recurso jerárquico en la vía administrativa, emitió el Auto de 11 de agosto de 2021; por el cual, dispuso que al haber constatado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la instancia administrativa y como señala el DS 4182 y su modificación por DS 4278 de 30 de junio de 2020; el SENASIR debía acoger bajo la modalidad de convenio de dos años a la referida entidad. Tal resolución fue impugnada mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, solicitando se deje sin efecto el mismo, ante la indebida interpretación de la modificación del art. 5 del DS 4182 y que la parte coactivada no cumplió con los requisitos dentro del plazo regulado en el citado Decreto Supremo, resuelto mediante Auto de 21 de octubre de 2021; que determinó el rechazo del recurso de reposición, ratificando y manteniendo firme el Auto impugnado y disponiendo su cumplimiento y se proceda a la firma del convenio respectivo, concediendo la apelación en efecto devolutivo (Conclusión II.1, II.2 y II.3). Posteriormente, mediante Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre, las autoridades demandadas determinaron confirmar el Auto de 11 de agosto de 2021 (Conclusión II.4), resolución que es cuestionada en la presente acción de amparo constitucional denunciando que la misma lesiona los derechos al debido proceso en su elemento de motivación y congruencia del accionante; toda vez que, se dispuso la firma de convenio de un plan de pago de dos años, sin tomar encuentra que la solicitud era extemporánea y no se cumplió con los requisitos en el plazo establecido en el DS 4182 y su modificación por DS 4278, que estableció un plazo de ciento ochenta días hábiles computables desde la publicación del referido DS 4182; es decir, vencía el 27 de noviembre de 2020 y no el 21 de enero de 2021, conforme señalaron las autoridades demandadas; razonamiento, que a decir de la parte accionante, resulta arbitrario, incongruente y carente de una adecuada motivación.

III.2.1. Respecto a la subsidiariedad alegada por la Sala

Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando

Con carácter previo, es preciso analizar la Resolución emitida por el Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que no ingresó analizar el fondo del problema planteado, ante el incumplimiento de principio de subsidiariedad; toda vez que, en su interpretación, el Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre -ahora cuestionado- admitía recurso de casación; señalando al efecto la SCP 0200/2018-S1 de 21 de mayo; ahora bien, de la lectura y análisis de la citada jurisprudencia se tiene que la misma señala que “Luego de realizar el análisis de la normativa en materia de seguridad social, la jurisprudencia citada precedentemente en un caso similar, llegó a determinar que corresponde la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en casos en los que exista un auto de vista emitido a causa de una resolución que resolvió una o más excepciones planteadas dentro un proceso coactivo social.”; aclarando que el Auto de Vista que admite recurso de casación es el que resuelve excepciones planteadas dentro del proceso coactivo social.

En el presente caso, el referido Auto de Vista 31/2022 que determinó confirmar el Auto de 11 de agosto de 2021, el mismo no resolvía una excepción; por lo tanto, la referida jurisprudencia no es aplicable al presente caso, ante la falta de analogía de supuestos fácticos; puesto que, para la aplicación del principio de subsidiariedad el recurso o medio idóneo debe ser establecido de forma expresa en la ley y no sujeto a interpretaciones; en ese sentido, al no estar establecido de forma taxativa el recurso de casación como un medio de impugnación al Auto de Vista ahora cuestionado que no resolvía ninguna excepción, se dio cumplimiento al principio de subsidiariedad; correspondiendo en consecuencia, ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada.

III.2.2. Con relación a la falta de motivación y congruencia del Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre

Ahora bien, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho, en los que basará sus decisiones, dejando de esa manera pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral.

Ahora bien, corresponde analizar si el Auto de Vista 31/2022 de 31 de octubre emitido por las autoridades demandadas expresó los motivos de derecho, en los que basó su decisión, con el objeto de cumplir con la debida motivación exigida a toda determinación asumida por una autoridad judicial y si el cómputo del plazo establecido en el DS 4182 y su modificación por DS 4278 cumple los parámetros de razonabilidad. En ese sentido, las autoridades demandadas emitieron el referido Auto de Vista, bajo los siguientes fundamentos:

i) El DS 4182 publicado el 12 de marzo de 2020, estableció un plazo inicial de noventa días hábiles para que las personas naturales o jurídicas, involucradas en procesos coactivos sociales ante el SENASIR que no contaban con fallo ejecutoriado, puedan acogerse a beneficios excepcionales de condonación de intereses y multas, siempre que cumplieran con los requisitos previstos en el art. 5 y la disposición adicional segunda del citado decreto, posteriormente, el DS 4278 de 30 de junio de 2020, modificó el art. 5.I del referido DS 4182, extendiendo el plazo para el acogimiento a ciento ochenta días hábiles, computables desde la fecha de publicación de su publicación; es decir, desde el 12 de marzo de 2020. ii) Respecto a lo señalado por el SENASIR que la entidad coactivada no cumplió con los requisitos durante el plazo establecido en el referido Decreto Supremo, dicha entidad no tomó en cuenta que el cómputo de días hábiles tuvo interrupciones por la pandemia del COVID 19 y los feriados nacionales y departamentales, así como el DS 4199 de 21 de marzo de 2020 que dispuso cuarentena total desde el 22 de marzo al 4 de abril de 2020, el DS 4200 de 25 de marzo de 2020 que amplió la cuarentena rígida hasta el 15 de abril de 2020, el DS 4214 de 14 de abril de 2020 amplió hasta el 30 de abril de 2020, el DS 4229 de 29 de abril de 2020, que extendió la cuarentena rígida hasta el 15 de mayo, y luego una dinámica del 18 al 31 de mayo del mismo año, dando inició a las actividades laborales; por lo que, el cómputo del plazo de los ciento ochenta días hábiles inició el 18 de mayo de 2020 y venció el 21 de enero de 2021.

iii) La entidad coactivada por memoriales de 19 de noviembre de 2020, 2, 4, 14, 16, de diciembre del mismo año, reconoció la deuda, se acogió a la modalidad de pago de dos años, se allanó desistiendo del recurso de apelación por acogerse al art. 2 del DS 4182, asimismo, de la revisión del cuaderno procesal se tiene fotocopias de comprobantes de depósitos realizados en noviembre, diciembre de 2020 y de enero a mayo de 2021 a la cuenta fiscal del SENASIR en diferentes montos, en virtud a ellos, la juez de primera instancia determinó que la entidad coactivada cumplió con los requisitos exigidos en la instancia administrativa.

Del análisis efectuado al Auto de Vista ahora impugnado se tiene que las autoridades demandas a momento de analizar el plazo de ciento ochenta días establecido en el art. 5.I del DS 4182 modificado por el DS 4278, lo hizo desde una interpretación integral que se alinea con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia material, conforme a la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, que dispone que las normas deben aplicarse atendiendo al contexto y asegurando la eficacia real de los derechos fundamentales, no su simple formalidad. Por tanto, el plazo de ciento ochenta días hábiles no puede contarse de manera lineal y rígida desde la publicación del DS 4182, sino que debe ajustarse a la realidad excepcional generada por la pandemia y las disposiciones normativas que paralizaron el funcionamiento regular del país, tomando en cuenta la suspensión de actividades laborales y procesales dispuestas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, lo cual es crucial para una interpretación constitucional conforme al principio de legalidad sustancial.

Dado este contexto, la actividad laboral en el país fue efectivamente interrumpida entre el 22 de marzo y el 17 de mayo de 2020, y recién desde el 18 de mayo de 2020 comenzó la reanudación gradual del trabajo bajo medidas de bioseguridad; en este sentido, las autoridades demandadas, al considerar que el cómputo del plazo de ciento ochenta días hábiles comenzó desde el 18 de mayo de 2020, realizaron una interpretación correcta; por lo que, el vencimiento de dicho plazo deberá extenderse al 21 de enero de 2021, que al conmemorarse esa fecha el Día del Estado Plurinacional; por lo tanto feriado nacional, el plazo incluso deberá diferirse al siguiente día hábil. Asimismo, realizaron una correcta valoración de los memoriales presentados por la entidad coactivante en los cuales desistió del recurso de apelación, cumplió con el allanamiento judicial y la solicitud de acogerse al plan de pagos por dos años, de igual manera, los pagos efectuados a la cuenta fiscal del SENASIR, por el mes de noviembre a diciembre de 2020 y de enero a mayo de 2021, demostrando no solo que cumplió con los requisitos establecidos en el referido Decreto Supremo, sino la intención de dicha entidad de cumplir su obligación y acogerse a los beneficios otorgados en la referida norma, mismo que debió ser interpretado desde la materialización de una justicia material frente a la formal. Finalmente, Respecto a la congruencia que debe existir en toda resolución judicial, este tribunal no advierte que la resolución impugnada sea incongruente; puesto que, conforme a lo supra desarrollado, las autoridades demandadas resolvieron la esencia de la pretensión del ahora accionante, existiendo coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral entre los hechos, el derecho y la petición del ahora solicitante de tutela. En consecuencia, a no haberse evidenciado la vulneración del derecho debido proceso en su elemento de motivación y congruencia del impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obro de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 032/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0663_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): e083fa61d45f41da082c1a957150586e47d47ef213b0eda50a02d7eaaec81d87

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →