Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, programada para el 27 de diciembre de 2022, sin fijarse una nueva fecha y hora y sin escuchar a su abogado, además dispuso que solicite la referida audiencia conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 33 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz señale inmediatamente la audiencia de cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ese acto procesal ya se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0662/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52869-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 33 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Ballejos Bustamante contra Lorena Maureen Camacho Ramirez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante a fs. 10 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controlada -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-. Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dispuesta por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; empero, que por la vacación judicial se remitió el cuaderno de control jurisdiccional ante la Jueza hoy accionada, ante quien por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022 solicitó la cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 27 de ese mes y año, a las 11:30 horas -después de ocho días corridos-. Su abogado estuvo presente en dicha audiencia que fue instalada a las 12:35 horas aproximadamente; sin embargo, por causas ajenas a su voluntad su persona no estuvo presente en la plataforma virtual; ya que, en el referido Centro Penitenciario debieron conectarle virtualmente, lo que recién se efectuó después de algunos minutos cuando la señalada audiencia ya se encontraba suspendida.
La audiencia de cesación de la detención preventiva fue suspendida sin fijarse de oficio una nueva, además que la Jueza ahora accionada no quiso otorgarle la palabra a su abogado defensor bajo el argumento de que no se encontraba su persona como detenido disponiendo que se solicite conforme a procedimiento.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la Jueza hoy accionada resuelva su solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia virtual ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Cuando solicitó a la Jueza hoy accionada pueda señalar nueva audiencia de cesación de la detención preventiva, le refirieron que lo haga conforme a procedimiento; b) Su pretensión fue conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la autoridad judicial hoy accionada espera que se presente un memorial solicitando la cesación de la detención preventiva cuando lo que correspondía era decretar un cuarto intermedio o señalar nueva audiencia; y, c) De presentar un memorial solicitando la referida audiencia, se fijará para otros ocho días después; por lo que, se estaría afectando su derecho a la libertad cuando la Jueza ahora accionada tenía la obligación de señalar la mencionada audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas “la primera cesación”.
Lorena Mauren Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 29 a 30, manifestó que: 1) Por el turno que viene asumiendo su autoridad desarrolló varias audiencias, entre ellas, la solicitud de cesación de la detención preventiva, de modificación de medidas cautelares y otros de control de plazo de duración de la detención preventiva; 2) Desde el 2019 en virtud a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- se tiene una instancia administrativa gestora de audiencias y gestora de procesos con la que se debe coordinar con las audiencias en sus señalamientos, notificaciones y otros, que lo realiza la Secretaria y no directamente el Juez; 3) Emitió un total de noventa y dos resoluciones en veintidós días corridos conforme se tiene del Libro de Resoluciones; 4) Si bien el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante tiene fecha de recepción el 19 de diciembre de 2022, que fue decretado el 20 de igual mes y año, es que el 21 y 22 del mismo mes y año ya se tenían programadas audiencias y por sorteo estuvo de turno por fin de semana hasta el día domingo, no pudiendo programarla para días antes, inclusive el 24 y 25 de diciembre de 2022, la suscrita estuvo trabajando; y, el 26 de ese mes y año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social decretó día no laborable, a pesar de ello tenía audiencias programadas; entonces los días laborables desde el pedido de la cesación de la detención preventiva fueron tres y no ocho días como mencionó el accionante; por lo que, cumplió los plazos procesales; 5) El pedido del nombrado de corrección de procedimiento de conformidad al art. 168 o en su defecto los arts. 401 y 402, todos del CPP, pudo ser solicitado a través del recurso de reposición, para que su autoridad pueda adelantar la fecha y hora de audiencia; 6) El 27 de igual mes y año que se instaló la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante y el hecho de que no esté presente, por preponderancia del principio de imparcialidad la misma fue suspendida; y, 7) Se indicó al abogado del accionante que podía realizar nuevamente su pedido de acuerdo a procedimiento. Por lo que, solicita se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 48/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 33 a 34, concedió la tutela solicita, disponiendo que la Jueza hoy accionada en un plazo prudente; es decir, de cuarenta y ocho horas señale audiencia de cesación de la detención preventiva, se sobreentiende la existencia de un colapso de audiencias deberá aguardar para la conexión del accionante hasta que se convoque a su audiencia, lo que también debe hacerse conocer a los encargados de sistema del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a efecto de que pueda conectarse al momento de que se convoque a la referida audiencia; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso evidentemente se generó vulneración al accionante en cuanto a no concederse la palabra a su abogado para que sea quien explique las razones por la cual no estaría conectado, tomando en cuenta que se había aguardado “45 minutos” desde la hora señalada hasta el momento que se instaló dicha audiencia; ii) La Jueza hoy accionada se limitó a señalar que no estaba conectado el accionante a la referida audiencia; sin embargo, su ausencia no fue por causas atribuibles al nombrado, debiendo de oficio fijar nuevo verificativo para la solicitud; y, iii) Si bien se tiene un exceso de audiencias no es motivo para convocar o directamente buscar cualquier justificativo para suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva; por lo que, concurren los requisitos para dar curso a la acción de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, ante Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionada-; José Luis Ballejos Bustamante -hoy accionante-, solicitó la cesación de su detención preventiva (fs. 2). II.2. Consta decreto de 20 de diciembre de 2022, emitido por la Jueza hoy accionada; por el cual señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 27 de ese mes y año, a las 11:30 horas (fs. 3). II.3. Cursa fotocopia del rol de audiencias programadas del 5 al 30 de diciembre de 2022 (fs. 15 a 22). II.4. Constan las copias de la lista de resoluciones emitidas del 20 al 27 de diciembre de 2022 (fs. 23 a 25). II.5. Cursan las actas de audiencias de 26 a 27 de diciembre de 2022, que fueron celebradas por la Jueza ahora accionada (fs. 26 a 28).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, programada para el 27 de diciembre de 2022, sin fijarse una nueva fecha y hora y sin escuchar a su abogado, además dispuso que solicite la referida audiencia conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, establece que: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…)
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, programada para el 27 de diciembre de 2022, sin fijarse una nueva fecha y hora y sin escuchar a su abogado, además dispuso que solicite la referida audiencia conforme a procedimiento.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada; el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1.). Memorial que mereció el decreto de 20 de igual mes y año, emitido por la Jueza hoy accionada, por la que señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 27 de ese mes y año, a las 11:30 horas (Conclusión II.2.). Además, cursa fotocopias del rol de audiencias programadas del 5 al 30 del mismo mes y año, así como la lista de resoluciones emitidas del 20 al 27 de del citado mes y año y las Actas de Audiencias de 16 al 27 de ese mes y año, celebradas por la Jueza ahora accionada (Conclusión II.3., II.4. y II.5.). Ahora bien, de la secuencia de actuaciones suscitadas en el presente caso, se constata que una vez presentada la solicitud de cesación de la detención preventiva el 19 de diciembre de 2022, fue decretado dentro del plazo legal de veinticuatro horas previsto por el art. 132.1 del CPP; es decir, el 20 de ese mes y año, señalándose la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 27 de igual mes y año, más allá de las cuarenta y ocho horas establecidas por el art. 239.1 del CPP, la que si bien se instaló; empero, fue suspendida a causa de que no se encontraba el imputado -accionante-, sin fijarse una nueva, además conforme afirmó la propia Jueza ahora accionada dispuso que sea el accionante el que solicite nueva audiencia de acuerdo a procedimiento a efectos de que se programe el actuado. En ese marco, conforme al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, las actuaciones procesales deben ser efectuadas por los funcionarios judiciales con la mayor celeridad posible; ya que, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas, deben llevarse adelante sin dilaciones indebidas; en el presente caso, lo que se solicita a través de esta acción de libertad es que la Jueza hoy accionada resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, denunciando que al momento de suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva de 27 de diciembre de 2022 y no fijarse una nueva, se vulneró sus derechos constitucionales. En ese sentido, la referida Jueza al no señalar nueva audiencia de cesación de la detención preventiva a tiempo de suspender la anterior y condicionar para que sea el accionante quien efectúe nueva solicitud, carece de mérito, configurando dicho actuar en infundado y dilatorio que va en desmedro de la situación jurídica del nombrado; por cuanto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica que suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora de audiencia, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, más si existe el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible por los antecedentes particulares del caso; por lo que, correspondía a la Jueza hoy accionada señalar audiencia de forma inmediata, sin necesidad de requerir nueva solicitud de manera escrita. En consecuencia, resulta evidente la denuncia del accionante, que la Jueza ahora accionada ocasionó una dilación indebida al omitir señalar audiencia de cesación de la detención preventiva, causando vulneración a sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al elemento de celeridad a causa de la dilación, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 33 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz señale inmediatamente la audiencia de cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ese acto procesal ya se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0662_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec93076c69da32336df4aa202d9967f5caba272ec2a921e769b5f0fd890b2ea2
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