B.IA.LEGAL

SCP 0661/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52919-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció lesionado su derecho al debido proceso, a la celeridad vinculado al derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de peculado y otros, al encontrarse con detención preventiva por más de una año y tres meses, por memorial de 12 de diciembre de 2022, solicitó se fije audiencia de cesación a la detención preventiva, esto género que el Juez hoy demandado incurra en los siguientes actos ilegales: 1) Fijó audiencia para el 15 de ese mismo mes y año; la cual, fue suspendida para el 19 del citado mes, porque tenía otro aprehendido y no estaba la víctima; 2) La audiencia del 19 de diciembre de 2022, fue nuevamente suspendida por la supuesta falta de notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, fijó nueva fecha para el 21 de ese mes; 3) Instalada la audiencia en la señalada fecha, volvió a suspender el acto procesal por haberse presentado un incidente de incompetencia por parte de la víctima; a pesar que, según el procedimiento esto no implica la suspensión de actos procesales programados; y, 4) También suspendió nuevamente la audiencia debido a que el Ministerio Público presentó la acusación formal y la programó para el 29 de diciembre de ese año, de forma ilógica y arbitraria, sin que a la fecha haya resuelto la situación jurídica del detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 29 de diciembre, cursante a fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos del Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0661/2025-S4 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52919-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión Resolución 34/2022 de 29 de diciembre, cursante a fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Elías Estrada Andia en representación sin mandato de Jerry Nicolás Higueras Zúñiga contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 4 a 7 vta., el accionante por su representado expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra procesado de forma forzada e ilegal por la presunta comisión del delito de peculado y otros; por lo que, se encuentra con detención preventiva desde el 18 de septiembre de 2021; es decir, hace más de un año y tres meses; debido a lo cual, el 12 de diciembre de 2022, solicitó se fije día y hora para que se considere la cesación a dicha detención que fue fijada para el 15 de ese mismo mes y año; pero, de manera sorpresiva el Juez hoy demandado suspendió dicho actuado procesal; debido a que, tenía otro caso con aprehendido y que además no estaba presente la víctima; por lo que, señaló nueva fecha para el 19 de diciembre de ese año; la cual, volvió a ser suspendida porque según el Juez y la Secretaria no se habría notificado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz con el Acta y con el señalamiento de nuevo día y hora de audiencia, siendo reprogramada esta vez para el 21 de diciembre de 2022; es así que, cuando se inició dicho acto procesal por secretaria se informó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, formuló un incidente cuestionando la competencia del Juez, quien según su criterio no podía realizar nuevamente la audiencia; debido a que, el Ministerio Público había presentado la acusación formal y al otorgarles la palabra propugnaron por la suspensión de la audiencia en apoyo a la supuesta incompetencia; pese a que, la defensa del imputado solicitó se tramite dicho incidente de manera inmediata y que posteriormente se resuelva la solicitud de cesación a la detención que ya había sido suspendida en dos oportunidades. Es así que, de forma arbitraria e ilegal la autoridad judicial hoy demandada, determinó suspender nuevamente la audiencia, alegando que se cuestionó su competencia en un aspecto de fondo y que debía ser resuelta como cuestión previa y de especial pronunciamiento, antes de atender la cesación y cuando esto fue observado por la defensa que pidió corrija el procedimiento; pues, debía resolver de forma inmediata, este indicó que contra su Resolución solo cabía la apelación incidental, actuando contrariamente a los lineamientos jurídicos procedimentales, señalando audiencia recién para el 4 de enero de 2023; es decir, una fecha en la que ya no estará como Juez del proceso, sin tomar en cuenta que en este caso se está dilatando la libertad de una persona contradiciendo lo dispuesto por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, señaló como lesionado su derecho al debido proceso, a la celeridad vinculado al derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22 y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se atienda: a) De forma inmediata; es decir, en el plazo de veinticuatro horas, se resuelva el incidente en audiencia y en base al principio de celeridad y concentración de actos, inmediatamente después se instale la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) Se disponga la remisión de antecedentes por responsabilidad del Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, ante el Consejo de la Magistratura por no atender de forma oportuna una solicitud vinculada con el derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por su representado en audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda de acción de libertad y ampliando expresó lo siguiente: 1) Se presentó la acción de defensa porque ya no se podía aceptar todas las aberraciones e irregularidades que han venido siendo cometidas por la autoridad hoy demandada para efectos de la vacación judicial el cuaderno ha sido remitido al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, que ahora es la autoridad accionada, quien lamentablemente no comprende ni entiende cómo se debe precautelar los derechos y garantías obviamente de las personas que están siendo investigadas y que se encuentran dentro del desarrollo de un proceso penal; 2) Jerry Nicolás Higueras Zuñiga se encuentra detenido de forma arbitraria e ilegal más de un año y tres meses; puesto que, a la fecha su situación jurídica se ha mantenido como efecto de las constantes vulneraciones que ha sufrido en el proceso penal, los cuales lamentablemente continúan hasta la fecha; ya que, por memorial de 12 de diciembre de 2022 se presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva pidiendo se fije audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas conforme lo establecido en el art. 239.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo aceptada por el Juez de la causa; por lo que, señaló audiencia para el 15 de ese mismo mes y año; 3) Lamentablemente dicho acto fue suspendido indicando que tiene aprendido y que la víctima no estaría conectada en audiencia virtual y señaló nueva audiencia para el 19 de diciembre y en esa audiencia volvió a suspender indicando que no se notificó a los otros sujetos procesales como si fuera responsable el imputado en notificar todas las determinaciones de los jueces; pues, se entiende que todas las partes deben ser obligatoriamente notificados para resguardar el debido proceso y el derecho a la defensa; 4) Se fijó una nueva audiencia para el 21 de diciembre, ese día en la misma audiencia, la Secretaria del referido Juzgado, anunció que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habría presentado un incidente de nulidad por defectos absolutos cuestionando la competencia del Juez para conocer la cesación a la detención preventiva ya que el Ministerio Público habría presentado la acusación formal; 5) El Juez hoy demandado sin considerar las solicitudes de cesación a la detención preventiva, tomó en cuenta la acusación fiscal aspecto totalmente irregular; pues, mientras no se radique la causa en otro juzgado o tribunal conforme corresponda es competencia del Juez de Instrucción conocer y resolver el memorial que presentó de cesación a la detención; 6) Tenía la obligación de operar conforme lo determina el artículo 315.II del CPP modificado por la ley 1173 que dice que cuando no tiene debida fundamentación el incidente debe ser rechazado in límine bajo el principio iura novit curia; por otra parte, cede la palabra al Ministerio Público, instancia que indica se debe considerar el incidente en otro actuado y nuevamente suspende la audiencia con el argumento de que tiene que ver con el fondo de la cuestión; y, 7) Fijó audiencia para el 29 de diciembre; pero, la suspendió debido a la presente acción de defensa; por lo que, determinó nuevo día para el 4 de enero de 2023, sin considerar que tiene que cumplir el procedimiento establecido más aun tomando en cuenta que es un derecho que está vinculado directamente a la libertad; pues, debió fijar de forma inmediata la audiencia para resolver el incidente planteado a fin de evitar los retrasos ocurridos que ocasionan que el hoy accionante siga detenido sin responder o resolver su situación jurídica; razón por la cual, solicita se conceda la tutela.

I.2.2. Informe de la autoridad

William Presbitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, por informe escrito de 29 de diciembre cursante de fs. 11 a 12 donde manifestó que: i) En fecha 12 de diciembre de 2022 el imputado ahora accionante presentó memorial solicitando cesación a la detención preventiva; mismo que, por decreto de misma fecha, se señaló audiencia para el 15 de diciembre a las 11:30; ii) Se instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva el 16 de diciembre habiendo sido notificados legalmente las partes, se evidenció la inasistencia del denunciante; es decir, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; razón por la cual, se señaló un nuevo día y hora que fue programada para el 19 de diciembre de ese mismo año quedando legalmente notificados los asistentes a la audiencia aspecto que no fue objeto de apelación u otro por el accionante; iii) El 19 de diciembre de 2022 se instaló audiencia evidenciándose la ausencia del imputado y del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; razón por la cual, se fijó nuevo día y hora de audiencia esta vez para el 21 de diciembre de ese año a las 14:30; iv) En la fecha señalada se instaló la audiencia, se tomó conocimiento de la presentación de un memorial por parte de la víctima denunciante, que la Alcaldía de La Paz, a través del cual interpuso incidente de actividad procesal defectuosa sobreviniente, que fue presentado media hora antes de la instalación de la audiencia de cesación a la detención preventiva; por lo que, en atención a dicho incidente el Fiscal de Materia solicitó la suspensión del actuado tal como se evidencia por el acta de esa fecha; v) Las audiencias suspendidas no han sido responsabilidad de la autoridad judicial; sino que, las mismas se fueron dando justamente por ausencia de la Alcaldía de La Paz y del propio imputado; es por demás evidente que, la suspensión se realizó en aplicación del art. 314 del CPP en relación al incidente planteado al ser éste de previo y especial pronunciamiento; debido a que, el mismo ahondaría en el fondo del proceso y comprometía la competencia del Juez; vi) Ante la solicitud de suspensión de audiencia por parte del Fiscal el 21 de diciembre y encontrándose todas las partes se procedió a la reprogramación de esa audiencia para el 29 de diciembre de ese mismo año, fecha de la cual tenía pleno conocimiento el accionante y sobre la reprogramación en ningún momento planteó reposición u otro medio de impugnación que observe este nuevo señalamiento; por lo que, no agotó el principio de subsidiariedad; vii) De la misma forma puso a conocimiento que la Sala Penal emitió la Resolución 855/2022 de 17 de diciembre, mediante la cual revocó la Resolución 446/2022 de 20 de octubre de ese mismo año dejando sin efecto la misma, ordenando que en un periodo no mayor a cuarenta y ocho horas de notificado el Auto de Vista el Juez a quo reconstituya el acto a efecto de pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento y la temporalidad de la detención preventiva; extremo por el cual inclusive no se debió señalar audiencia encontrándose pendiente la emisión de una resolución; viii) Es por demás evidente que, la autoridad cuenta con bastante carga procesal; debido a que, se encuentra de turno a cargo del “…Juzgado de Anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer 2°…” (sic); y es en razón a ello que, se procedió a señalar audiencia del incidente para el 4 de enero de 2023, en aplicación del art. 132 del CPP; por lo que, se encuentra dentro del plazo a objeto de resolver los incidentes; mismos que, serán dictados conforme el señalamiento de incidentes presentado por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, ix) Por ende, la presente acción planteada únicamente pretende confundir a la autoridad debido que la parte accionante señaló hechos totalmente falsos; debido a que, en ningún momento se vulneró el derecho a la libertad; ya que, se señaló audiencia de cesación dentro del plazo establecido por ley, incluso haciendo un esfuerzo sobre humano debido a la recarga procesal, porque se encuentra de turno y a cargo de dos juzgados, por lo sucintamente expuesto no evidenciándose que existe o sea conculcado algún derecho; por lo que, solicitó denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 34/2022 de 29 de diciembre, cursante a fs. 15 a 17 concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad demandada señale audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva del accionante, en base a los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la Constitución Política del Estado instituye la acción de libertad señalando que: “…Toda persona que considera que su vida está en peligro que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesado o privada de su libertad podrá interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitará se guarde tutela de su vida cese la persecución y se restablezcan las formalidades legales y por consiguiente se restituya su derecho a la libertad…” (sic); b) La referida norma procesal así como las disposiciones legales, tienen el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre ellas la presente acción de defensa que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos a la libertad personal la vida cuando se encuentra en peligro como los derechos a la integridad física y libertad de locomoción cuando se encuentra vinculada con la libertad personal; c) Respecto a la acción de libertad de pronto despacho, “…los arts. 168 y 180 de la CPE, establecen que la administración de justicia en el Estado de Bolivia se sustenta entre otros, en el principio de celeridad el cual también ha sido reconocido por el art. 13.4 del Código Procesal Constitucional, por lo que conforme a dicho principio la administración de justicia debe ser oportuna y sin dilaciones buscando efectivizar los derechos y garantías reconocidos por el texto constitucional” (sic); d) En el presente caso se ha logrado establecer que el accionante Jerry Nicolás Higuera Zúñiga se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por los presuntos delitos de peculado y otros, asimismo de la revisión de los antecedentes remitidos se habría señalado audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva el 16 de diciembre del año 2022, estableciéndose que todas las partes procesales fueron legalmente notificadas; e) Al evidenciar la ausencia del representante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a pesar de estar legalmente notificada, por consiguiente era obligación del Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz llevar adelante esta audiencia; por cuanto, no es causal de suspensión o nulidad la inasistencia de la víctima o denunciante que estaba legalmente notificada siendo éste el primer acto dilatorio por parte de la autoridad accionada; f) En la audiencia de 19 de diciembre de 2022 no se enviaron las notificaciones correspondientes a pesar de estar legalmente notificados en la anterior audiencia, excepto al representante de la Alcaldía de La Paz y la falta de conexión en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento para que se conecte virtualmente al acusado; sin embargo, se dice si dispuso la suspensión de la audiencia y la autoridad accionada no remitió antecedentes al Consejo de la Magistratura por la negligencia del personal de apoyo jurisdiccional; por lo que, señaló nueva fecha para el 21 de diciembre de 2022; g) En esa audiencia la parte víctima y querellante que es la alcaldía de La Paz planteó un incidente de actividad procesal defectuosa sobreviniente adjuntando como prueba la acusación formal; empero, en la audiencia el abogado del ahora accionante hizo conocer que existe jurisprudencia que estableció en sus fundamentos jurídicos que presentada la acusación fiscal mientras esta no haya sido radicada en el tribunal o juez de sentencia, el juez cautelar sigue teniendo competencia para resolver o conocer la causa; y, h) En el presente caso era obligación de la autoridad accionada llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva; es decir, que previamente debió dar cumplimiento a lo que establece el art. 315.II del CPP y rechazar in límine por cuanto el incidente planteado por la parte querellante o víctima es manifiestamente improcedente y luego considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva por consiguiente corresponde conceder la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 12 de diciembre de 2022, en la cual Jerry Nicolás Higueras Zuñiga, solicitó se fije día y hora de audiencia para considerar su detención preventiva (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 22 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, señaló audiencia del incidente de actividad procesal defectuosa presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para el 4 de enero de 2023 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció lesionado su derecho al debido proceso, a la celeridad vinculado al derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de peculado y otros, al encontrarse con detención preventiva por más de una año y tres meses, por memorial de 12 de diciembre de 2022, solicitó se fije audiencia de cesación a la detención preventiva, esto género que el Juez hoy demandado incurra en los siguientes actos ilegales: 1) Fijó audiencia para el 15 de ese mismo mes y año; la cual, fue suspendida para el 19 del citado mes, porque tenía otro aprehendido y no estaba la víctima; 2) La audiencia del 19 de diciembre de 2022, fue nuevamente suspendida por la supuesta falta de notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, fijó nueva fecha para el 21 de ese mes; 3) Instalada la audiencia en la señalada fecha, volvió a suspender el acto procesal por haberse presentado un incidente de incompetencia por parte de la víctima; a pesar que, según el procedimiento esto no implica la suspensión de actos procesales programados; y, 4) También suspendió nuevamente la audiencia debido a que el Ministerio Público presentó la acusación formal y la programó para el 29 de diciembre de ese año, de forma ilógica y arbitraria, sin que a la fecha haya resuelto la situación jurídica del detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho jurisprudencia reiterada

La SCP 0233/2025-S1 de 1 de abril, sobre el tema indico que: “…El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria entre ellos, el principio de celeridad −arts. 178 y 180.I de la CPE−, el cual obliga a resolver los procesos impidiendo dilataciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el hábeas corpus −ahora acción de libertad− expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el hábeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al hábeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales encuentra o administrativos cuando existen dilataciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirma dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señala que: Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales…'. A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señalo que: Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agrega el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional reitero que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye: `…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. En cuanto a los supuestos de procedencia dentro del ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho, la citada SCP 0676/2022-S1, señala que : “ (...) que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilataciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilataciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidencia la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilataciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos: a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resultado de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Subregla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre). b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplida estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo).

c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero).

d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no solo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva . (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio).

(…) De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilataciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa, que cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus accionados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscara a través de esta, es el cumplimiento de los accionados de mero trámite y simples solicitudes en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0175/2025-S3 de 31 de marzo, reiterando el entendimiento asumido por diversa jurisprudencia constitucional referida este aspecto expreso que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento jurídico III.3, al respecto refirió que: El art. 115 de la CPE, estipula: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrollo la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aun, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. En ese mismo sentido, con relación al principio de celeridad para una justicia pronta; la SCP 266/2020-S1 de 5 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entre otras, señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del presente caso, la parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, a la celeridad vinculado al derecho a la libertad; ya que, al encontrarse con detención preventiva por más de una año y tres meses, por memorial de 12 de diciembre de 2022 solicitó se fije audiencia de cesación a la detención, misma que por razones injustificadas e ilegales fue suspendida por el Juez hoy demandado en más de cuatro oportunidades de forma arbitraria sin resolver su situación jurídica hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión; se advierte que, el accionante se encuentra con detención preventiva por la presunta comisión del delito de peculado y otros, desde el 18 de septiembre de 2021; razón por la cual, solicitó se fije día y hora para que se considere la cesación a dicha detención que fue fijada para el 15 de diciembre de ese año la cual fue suspendida para el 19 del mismo mes, porque tenía otro aprehendido y no estaba la víctima; i) La mencionada audiencia de la fecha citada precedentemente, fue nuevamente suspendida por la supuesta falta de notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, señalando otra nueva fecha para el 21 de ese mismo mes; ii) Instalada la audiencia de esa fecha, volvió a suspender el acto procesal por haberse presentado un incidente de incompetencia por parte de la víctima; a pesar que según el procedimiento esto no implica la suspensión de actos procesales programados; y, iii) Programó nueva audiencia para el 29 de diciembre de ese año, disponiendo resolver el incidente con carácter previo, fijando audiencia para el 4 de enero de 2023, de forma ilógica y arbitraria; puesto que, es una fecha en la que ya no estaría como Juez del proceso, lesionando de forma evidente los derechos del detenido; puesto que, a la fecha no resolvió su situación jurídica. Bajo este marco de lesividad denunciado, que se circunscribe en esencia a cuestionar una alegada conducta negligente en la que hubiese incurrido el ahora demandado; se advierte que, la solicitud efectuada por el accionante, incide directamente sobre su derecho a la libertad; pues, al encontrarse recluido, el pronunciamiento de la autoridad judicial en una audiencia, era trascendental, debido a que, su consideración podría cambiar en una resolución que le fuera favorable, tomando en cuenta que considera vulnerado su derecho al debido proceso en su componente celeridad, debe ser resuelto a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuyo fin es precautelar que las peticiones de los privados de libertad sean atendidas con la prontitud correspondiente; ya que, de por medio se halla su libertad; de ello se entiende que, la celeridad con la que se debe actuar obedece a que el derecho a la libertad de locomoción no puede ser más afectado aun por dejadez de la autoridad de la causa o de algún funcionario de apoyo judicial, debiendo enmarcarse su intervención en el cumplimiento estricto de los plazos previstos por ley; de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho a la libertad. Ahora bien, previamente corresponde señalar el plazo que dispone el Código de Procedimiento Penal para resolver la situación jurídica del imputado que esté cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva (situación que debe disponerse por un plazo preestablecido, como lo prevé el art. 233.3 del CPP), así también se advierte que el art. 239 del citado Código ordena: “…Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1.Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas…”. De lo señalado se observa que la autoridad judicial demandada con diferentes justificativos y sin sustento legal valedero suspendió este acto procesal en varias oportunidades: primera dilación, con la excusa de que tenía un aprehendido y que no estaba la víctima-denunciante que fue legalmente notificada, argumento irracional; puesto que, la ausencia en este caso de la Alcaldía Municipal no era causal de suspensión o nulidad del acto, tampoco si el representante del Ministerio Público no lo hacía, dichos argumentos no se constituyen en motivos validos que justifique la suspensión de la citada audiencia; toda vez que, estando establecido en el art. 239 del CPP en su último párrafo, que: “Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”; conforme a esta última normativa, se establece que: “(…) si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él (…), se tendrá por abandonado su planteamiento.

(…) La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes”; en ese entendido, conforme a lo preceptuado y más aún según a esta última disposición, en el caso concreto, el justificativo señalado no se constituye en motivos válidos, para que la autoridad demandada, suspenda dicho verificativo. Segunda dilación, el Juez accionado no obró de manera diligente con los medios necesarios para realizar la celebración de una audiencia programa por segunda vez, debido a que no se habría notificado como corresponde al Centro Penitenciario con el acta y la fecha de programación de la audiencia, demostrando con esto su falta de control y negligencia; pues, no era obligación del imputado verificar este hecho que dependía directamente del juzgado a su cargo; esta omisión en el procedimiento por parte de la autoridad demandada, perjudicó la efectiva revisión de la situación jurídica del solicitante de tutela. Tercera dilación, porque tenía que resolver el incidente nulidad por incompetencia presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; los cuales, argumentaron que se había presentado la acusación formal; esto sin tomar en cuenta que, tenía la obligación de precautelar la vigencia plena de los derechos fundamentales de Jerry Nicolás Higueras Zúñiga; pues, como de forma clara estableció la diversa jurisprudencia constitucional, respecto a la competencia de los Jueces de Instrucción indicando que para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586 de 30 octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal–, expresó que mientras no se radique la causa en el juzgado o Tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares; puesto que, los privados de libertad, tienen derecho a una justicia pronta y oportuna, esto tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo. Estos aspectos muestran que William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, incurrió y ocasionó una dilación indebida en cuanto a la materialización los derechos del hoy accionante, además de incumplir lo establecido en el adjetivo penal, puesto que el art. 113.II del CPP estableció que “Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados (…) la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles”, siendo claro que las excusas dadas por el Juez demandado no son válidas, pues conforme a esta última disposición, los argumentos señalados no se constituyen como causales de fuerza mayor o caso fortuito, para no llevarse a cabo el acto procesal de referencia; en todo caso, debió de fijar audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, incluso habilitando horas inhábiles; omisión que trajo como consecuencia ineludible, la afectación no solo del derecho a la libertad personal del impetrante de tutela; sino, lo puso en una total incertidumbre sobre su situación jurídica. En ese sentido la conducta asumida por el Juez demandado se constituye de forma clara en una vulneración al derecho a la libertad, conforme se citó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, de acuerdo a la naturaleza de esta acción de defensa, es necesario aplicar en el caso analizado la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, precisando que lo único que se busca es acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que esta privada de libertad; puesto que, se impidió la consideración de cesar su detención preventiva; por lo que, existe una contravención de la parte accionada, a los principios de celeridad y prontitud en la atención del trámite vinculado con la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 29 de diciembre, cursante a fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía

MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0661_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9e0997eeda255ddeb2c882ab049932cc5cc8c41a07bd6835bfed42c311e01f07

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