B.IA.LEGAL

SCP 0661/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
49064-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física; toda vez que, es víctima de violencia de su propia hija e hijastras -ahora accionadas-, quienes, desde la muerte de su esposo, utilizando documentación falsa y desconociendo su calidad de propietaria, menoscabaron su ingreso económico que percibía por los alquileres del inmueble que habita. Asimismo, las nombradas, presentaron un proceso monitorio de demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión para la venta en pública subasta de dicho inmueble, que fue resuelta por la Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, a través de la cual el juez -hoy accionado- de manera ilegal y errónea dispuso el cese de copropiedad y remate; cuando el inmueble tiene un origen sucesorio y no contractual, por lo que correspondía a una división de herencia judicial o extrajudicial, en un proceso voluntario u ordinario; situación que, limitará sus ingresos económicos que necesita para realizar sus tratamientos de salud y subsistir, lo cual afecta a su condición de persona vulnerable por ser de la tercera edad, poniéndose en peligro su subsistencia y vida. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 224/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 90 a 91, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer se notifique al Fiscal General del Estado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que de forma inmediata conforme establece el art. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, promueva el inicio de la acción penal pertinente en contra de las accionadas, ante la probable comisión de delitos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Reconducción procesal de las acciones tutelares
  2. III.2. Derecho a la vida y a la salud
  3. III.3. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad por denuncia de vulneración de derechos a la vida y a la salud
  4. III.4. Sobre la protección inmediata de las personas adultas mayores
  5. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0661/2024-S3 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49064-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 224/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 90 a 91, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Martha Jeannette Quintela Moreno Vda. de Terán, contra Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Tatiana Giovana Terán de Velasco, Leira Jonnathan Terán Quintela y Sandra Ximena Terán Calderón.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2022, cursante de fs. 79 a 82 vta.; la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tiene 85 años de edad, y es víctima de la ambición desmedida de su propia hija e hijastras, por lo que se encuentra en desamparo y vulnerabilidad, poniendo en peligro su vida; quienes desde la muerte de su esposo, utilizaron documentación falsa, hecho por el que se encuentran con acusación fiscal (CUD 201102032100616), pretenden obtener ventaja económica; a este fin enviaron notas a sus inquilinos que ocupan su inmueble ubicado en “Calle 10 N° 100 de la Zona de Achumani de la ciudad de La Paz”, desconociendo su calidad de propietaria y menoscabando su ingreso económico por los alquileres, con los que cuenta para poder subsistir. En represalia a los procesos presentados contra las nombradas, estas, con la intención de culminar sus fines de ventaja económica en su contra, presentaron un proceso monitorio de demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión para su venta en pública subasta, el cual de forma ilegal obtuvo la Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, por la cual el juez ahora accionado, dispuso el cese de copropiedad de dicho inmueble; cuando el art. 391 del Código Procesal Civil (CPC), señala que debe existir un origen contractual del bien inmueble del que se pide cese de copropiedad, que en el caso se trata de un origen sucesorio, por lo que resulta ilegal que el juez haya dispuesto el remate del mismo, cuando corresponde a una división de herencia judicial o extrajudicial, que se debe realizar en un proceso voluntario u ordinario. Es evidente que la sentencia mencionada, no solo es ilegal, sino que atenta flagrantemente con la fuente de sus ingresos económicos, que necesita para realizar sus tratamientos por las serias complicaciones de salud, por cuanto de los ingresos que percibe de los alquileres del inmueble a ser rematado ilegalmente, dependen su subsistencia y vida. Atendiendo a que es una persona de la tercera edad y con problemas de salud, se encuentra en un grupo vulnerable, por lo que corresponde que la justicia constitucional analice la mala aplicación de la normativa y la emisión de la sentencia inicial pronunciada por el accionado, que lesiona de manera directa su derecho a la vida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señala como lesionados sus derechos a la vida e integridad física; citando al efecto los arts. 67.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y; en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto las actuaciones realizadas dentro del proceso monitorio de cesación de copropiedad en estado de indivisión y venta en pública subasta; b) Prohibir que las accionadas continúen con el hostigamiento de limitar sus ingresos económicos; y, c) Se demanda la venta de los otros bienes pendientes de división, previo al que es su hogar y vivienda.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 86 a 89, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante en audiencia ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliando, manifestó que: 1) Se aplique el principio de veracidad y convalidación, porque el accionado fue legalmente notificado, empero no ha emitido pronunciamiento alguno; y, 2) La demanda planteada por su hija e hijastras, en su contra, sabiendo que al pensar que la van a sacar de su inmueble que habita y privarla de los alquileres que percibe para costear sus necesidades, es un acto de violencia psicológica y lograron que este ansiosa y enferma; más, cuando al fallecimiento de su esposo se abrió una sucesión hereditaria que no solo incluye el bien de marras, sino también otras casas, hotel y terrenos; sin embargo, a ellas no les interesó el cese de copropiedad de estos inmuebles porque eso no menoscababa su salud mental; lo que les interesaba era mermar la cuota parte que le corresponde, accionar que atenta su salud y vida.

I.2.2. Informe de los accionados

Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia manifestó: i) Emitió la Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, con base al art. 391 del CPC; ii) La accionante aún tenía el plazo de 10 días para oponer excepciones, por lo que no existe subsidiariedad; y, iii) El 3 de junio del mismo año, denegó el embargo preventivo de los alquileres solicitados por la parte demandante; y desconoce de las denuncias por falsedad y que la accionante sea de la tercera edad. Tatiana Giovana Terán de Velasco y Sandra Ximena Terán Calderón, por intermedio de su abogado, en audiencia solicitaron se deniegue la tutela y señalaron: a) El Código Procesal Constitucional establece qué derechos se encuentran protegidos por la acción de libertad, de los cuales ninguno está en riesgo para la accionante; b) Con el derecho a la sucesión hereditaria que les asiste, presentaron una acción de cese de copropiedad, que se impone porque el inmueble se encuentra en cualquier otra forma de copropiedad que está prevista en el art. 391 del CPC, que de acuerdo al certificado del Gobierno Municipal de La Paz, no admite una división desde el “término” administrativo; y no obstante de esa situación, solicitaron al juez se reconozca los derechos gananciales de la accionante, quien no ha accedido a ir a una división convencional, al contrario accionó seis proceso penales en su contra; motivo por que acudieron a la vía judicial; sobre los alquileres, el juez de la causa denegó la solicitud de embargo, por lo que no existió ninguna vulneración de derechos; y, c) Esta acción no puede usurpar las facultades del juez ordinario, porque la accionante en el plazo de 10 días puede hacer valer sus excepciones; en este caso, la nulidad de obrados corresponde a una acción de amparo constitucional y no a esta acción tutelar. Leira Jonnathan Terán Quintela, en audiencia manifestó: 1) No existe sentencia condenatoria por falsedad en su contra; la accionante le abrió seis procesos penales, de los cuales tres fueron rechazados, uno sobreseído, y por el de violencia se encuentra con detención domiciliaria; 2) Respecto a que se estaría queriendo privarle de los alquileres, la accionante no refirió que percibiría estos no sólo en La Paz, sino también en Sucre; y, 3) Fue denunciada por su hermano, por abigeato; y, tiene una acusación que hasta el día de hoy su madre -la accionante- no inicia el juicio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 224/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 90 a 91, concedió la tutela, disponiendo que la autoridad jurisdiccional emita nueva resolución; en base a los siguientes fundamentos: i) En la Sentencia Inicial 281/2022, se declara probada la demanda; sin embargo, no se tiene que la autoridad jurisdiccional haya reconocido los derechos que les asisten a la parte, por lo que este aspecto se deberá tomar en consideración a la SCP 0450/2012 de 29 de junio; ii) En ese marco, la autoridad accionada en ninguno de los acápites ha señalado sobre los derechos que asisten a las personas de este grupo vulnerable, en relación al derecho fundamental a la vida e integridad física; y, iii) Por ello, considera conveniente que se renueve el acto, es decir, que el accionado proceda a emitir una nueva resolución, considerando los derechos y garantías que asisten a las personas de la tercera edad.

Asimismo, la accionante, solicitó aclaración, sobre si la Sentencia Inicial fue dejada sin efecto. En respuesta, el juez de garantías pronunció que los argumentos del fallo fueron claros y precisos, por lo que señaló “no ha lugar” (sic) a lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la carta notariada de 3 de diciembre de 2020, suscrita por las accionadas, cursadas a la impetrante de tutela y otro, a través de la cual solicitan que los alquileres percibidos del “Hotel Cabañas Totaytu” ubicado en Santa Cruz de la Sierra, sean destinados para su cuidado y conservación; y, por otro lado, comunicándoles su condición de herederas, les exigen que no se efectúen actos de disposición de inmuebles y muebles del de cujus. (fs. 2 a 3). Se tiene también, cartas notariales de 9 de abril de 2021, cursadas por Tatiana Giovana Terán de Velasco y Leira Jonnathan Terán Quíntela, dirigidas a APPY HAPPY y Cevichería “Levanta Muertos”, mediante las cuales hacen conocer su condición de legítimas propietarias del inmueble ubicado en la Calle 10 de la Zona Achumani, les solicitan que en adelante, los alquileres de los locales que ocupan, sean pagados a sus personas (fs. 1, y 4 a 5). II.2. El Informe psicológico de 15 de julio de 2021 de la accionante, señala

“…daño emocional evidente a raíz de la ruptura de relación con la hija menor y la situación de evidente violencia psicológica, emocional, patrimonial y económica, situaciones que están provocando desgaste emocional crónico, fatiga derivando esto en trastornos del sueño que por la edad de la paciente son vitales para mantener una salud física y equilibrada puesto que la exposición a situaciones de estrés extremo podría derivar en un colapso ansioso con consecuencias físicas” [(sic) (fs. 50 a 53)]. Se tiene también, Informe de 12 de septiembre de 2011, Certificados de 9 de marzo y 21 de diciembre de 2022, así como tomografías ópticas, recetas y facturas, sobre el tratamiento ocular aplicado a la accionante (fs. 7 a 22). II.3. El Ministerio Público, mediante requerimiento conclusivo de 19 de enero de 2022, acusó a Leira Jonnathan Terán Quintela, Moira Fabiola Terán Calderón y Tatiana Giovana Terán de Velasco, por los supuestos delitos de Fasedad ideológica y otros, toda vez que se utilizó documentación con contenido falso para transferir el inmueble de calle 10 de Achumani a terceras personas, desconociendo su derecho propietario como legítima heredera de su difunto esposo, provocándole un perjuicio económico cuando ella nunca firmó ningún documento donde se de conformidad a dicha transferencia (fs. 23 a 36). II.4. Se tiene demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión y venta en pública subasta del inmueble con matrícula 2.011.0.99.0086638, presentado por Tatiana Giovana Terán de Velasco, Sandra Ximena Terán Calderón y Leira Jonathan Terán Quintela el 16 de marzo de 2022, y embargo de alquileres, con el fundamento que “en la actualidad es poseido y usufructuado únicamente por la Sra. Martha Jeannette Quintela Moreno de Terán quien como cónyuge supérstite habita en este…” [sic (fs. 54 a 60)]; la cual mereció la observación ”aclarare el origen contractual de la copropiedad conforme al Art. 391 del Código Procesal Civil” (sic), dispuesta por el juez ahora accionado (fs. 62). II.5. Mediante Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, la autoridad accionada declaró probada la demanda, disponiendo el cese de copropiedad sobre el inmueble de marras, y una vez ejecutoriada esta sentencia, se proceda al avalúo y subasta del mismo (fs. 73 a 76).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física; toda vez que, es víctima de violencia de su propia hija e hijastras -ahora accionadas-, quienes, desde la muerte de su esposo, utilizando documentación falsa y desconociendo su calidad de propietaria, menoscabaron su ingreso económico que percibía por los alquileres del inmueble que habita. Asimismo, las nombradas, presentaron un proceso monitorio de demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión para la venta en pública subasta de dicho inmueble, que fue resuelta por la Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, a través de la cual el juez -hoy accionado- de manera ilegal y errónea dispuso el cese de copropiedad y remate; cuando el inmueble tiene un origen sucesorio y no contractual, por lo que correspondía a una división de herencia judicial o extrajudicial, en un proceso voluntario u ordinario; situación que, limitará sus ingresos económicos que necesita para realizar sus tratamientos de salud y subsistir, lo cual afecta a su condición de persona vulnerable por ser de la tercera edad, poniéndose en peligro su subsistencia y vida. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Reconducción procesal de las acciones tutelares

Sobre esta temática en particular, la SCP 0298/2024-S3 de 10 de junio, estableció lo siguiente: “La citada figura procesal implica la posibilidad de que en sede constitucional, ya sea por parte de las Salas Constitucionales a tiempo de emitir su resolución, o en su fase de revisión por parte de este Tribunal, que una acción tutelar erróneamente formulada pueda de oficio ser reconducida al mecanismo de defensa idóneo a fin de la protección y resguardo de los derechos y garantías constitucionales evidentemente lesionados. Dicho entendimiento que fue referido y reiterado a través de numerosas sentencias constitucionales (entre ellas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0645/2012, 2271/2012, 0210/2013, 0897/2013 y 0487/2014), tiene su fundamento en el respecto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales, como parte del control tutelar de constitucionalidad que ejerce este Tribunal a partir de su labor primordial de velar por la supremacía de la Constitución, teniendo en cuenta al efecto, no solo la consideración del amplio catálogo de derechos fundamentales dispuestos en la misma, sino también los parámetros de interpretación que deben ser utilizados a fin de la concreción material de los derechos humanos como en efecto lo son los principios pro homine, pro actione, la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y la justicia material, sumándose a ellos los establecidos a partir del art. 3 del CPCo concernientes al impulso de oficio, celeridad, no formalismo y concentración, en virtud a los cuales y teniendo en cuenta el fin que persigue la justicia constitucional permitirá que los procesos constitucionales alcancen su objetivo que como se tiene dicho en el ámbito tutelar es la de velar por el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales, constituyendo tal finalidad la base primordial por la cual ante la evidente lesión de derechos fundamentales debe operar la reconducción de las acciones tutelares (SCP 0897/2013 de 20 de junio). En ese entendido, también la SCP 0645/2012 de 23 de julio, al referirse expresamente sobre las reconducción o reconversión de acciones, precisó que cuando: ‘…el intérprete advierta que los contenidos de la demanda se acomodan más a la tramitación de otra acción de defensa (acción de libertad, de protección a privacidad, amparo constitucional, acción popular), y de esta manera pueda, al amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales, economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, pro actione y iura novit curia, reconducir la tramitación de la acción de cumplimiento a un proceso de acción de protección de privacidad, amparo constitucional o acción popular, atendiendo ciertos requisitos a ser desarrollados por la jurisprudencia constitucional en el caso específico, donde se advierta la necesidad de reconducir su tramitación a otro proceso…’; así, si bien la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, específicamente se refirió a una reconducción producida dentro de una acción de cumplimiento a una acción popular, determinado para ese caso varias sub reglas, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, estableció que ello ‘…de ninguna manera se constituye en limitante alguna para que otras acciones de defensa también puedan ser reconducidas, pues, en todo caso, se debe entender a los fines esenciales de los procesos constitucionales que, en el caso de las acciones tutelares, como se tiene señalado, es el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los principios de la función judicial y, en concreto, los principios procesales de la justicia constitucional…’; concluyendo finalmente que: ‘…la posibilidad de reconducción de acciones, no alcanza únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también a los Jueces y Tribunales de garantías, pues es virtud de los principios de la justicia constitucional que han sido ampliamente referidos, están compelidos a efectivizar los derechos y garantías que fueron ilegalmente amenazados o restringidos, dando concreción a los fines de la justicia constitucional, dejando atrás la rémoras de la justicia colonial, anclada en formalismos, vivificando así los postulados del nuevo constitucionalismo boliviano, centrado en el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Conforme a los antecedentes jurisprudenciales antes referidos, la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio el Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela esta sería tardía, tornándose irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. Ahora bien, debe señalarse que, en estos casos la justicia constitucional -jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional- deberá respetar la esencia de los hechos y del petitorio de la acción de defensa presentada, así como de los requisitos propios de la acción de defensa a la cual se reconduce, las causales de improcedencia de la misma y las excepciones que pudieran aplicarse, de tal modo que la reconducción decidida no suponga una sustitución del accionante, ni una lesión al derecho a la defensa del demandado. En ese sentido, de cumplirse con dichos requisitos tanto los jueces o tribunales de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la evidente lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, pueden, de oficio, reconducir la acción de defensa interpuesta y pronunciar la resolución respectiva, dando efectividad, de esta manera, a los fines de la justicia constitucional’. Entendimientos a partir de los cuales puede establecerse que la conversión o reconducción de las acciones tutelares es posible realizarla a fin de alcanzar el objetivo primordial de la justicia constitucional que en el ámbito del control tutelar de constitucionalidad es velar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales efectivizando de este modo la concreción material de los mismos, correspondiendo al efecto mantener la esencia de los hechos y el petitorio expuesto por el impetrante de tutela, considerando a su vez los requisitos propios de la acción a la que se pretende reconducir como sus causales de improcedencia a fin de que la reconversión no incida en el derecho a la defensa del demandado” (las negrillas nos corresponden). Por otra parte, la SCP 0778/2014 de 21 de abril, desarrolló el siguiente entendimiento: “ …de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el “vivir bien” en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional”.

III.2. Derecho a la vida y a la salud

La citada SCP 0971/2019-S1, mencionando a la SCP 1857/2014 de 25 de septiembre, al respecto indicó que: «“En torno al derecho a la vida, la SCP 0864/2014, de 8 de mayo, indica que se lo ha definido como aquel derecho primario que tiene todo ser humano para gozar de su existencia, derecho reconocido en el art. 15.I de la CPE, que señala que toda persona tiene derecho a la vida, entendido como un derecho fundamental del cual emergen los demás derechos. En este sentido, la SC 0653/2010-R de 19 de julio, citado a la SC 1294/2004-R de 12 de agosto, señala que: ‘…el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento…’”. Por su parte la SC 0026/2003-R de 8 de enero, sobre este derecho precisó: “…el derecho a la vida es el origen de donde emergen los demás derechos, por lo que su ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto a recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en grave riesgo de muerte. Por ello, además de proclamarlo, la Ley Fundamental instituye mecanismos de protección para el ejercicio real y efectivo del derecho a la vida, cuando, en su art. 158, obliga al Estado a defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas, obligando también al Estado a establecer un ‘régimen de seguridad social’ inspirado en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia” . Así, la misma Sentencia Constitucional en cuanto al derecho a la salud y su relación con la seguridad social, estableció: “El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que debe ser resguardad con mayor razón cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida o a la dignidad humana, especialmente en el caso de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de la tercera edad y los enfermos terminales (…)”» (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad por denuncia de vulneración de derechos a la vida y a la salud

Al respecto, la SCP 0578/2024-S3 de 26 de julio, reiterando lo desarrollado en la SCP 0338/2021-S3 de 9 de julio, citando a su vez a la SCP 0971/2019-S1 de 4 de octubre, estableció lo siguiente: “…En este entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y establecimiento de los derechos y garantías fundamentales, cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares, por lo tanto tiene como características la sumariedad e inmediatez en la protección, al ser un procedimiento rápido sencillo y oportuno, la generalidad, toda vez que puede ser presentada contra todo servidor público, persona individual o colectiva. Asimismo conforme señala el art. 129.I de la CPE, la acción de amparo constitucional se interpondrá ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, de igual forma el art. 54.I del CPCo, señala que la presente acción ‘…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’, en este entendido de las normas referidas, se establece que los principios procesales que configuran la acción de amparo constitucional, constituyen la inmediatez y la subsidiariedad. Sin embargo, el principio de subsidiariedad se flexibiliza, excepcionalmente conforme previene el art. 54.II del referido Código adjetivo cuando: ‘1. La protección pueda resultar tardía; 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. La jurisprudencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional en un caso en el que se alegó la vulneración del derecho a la vida y a la salud, por falta de provisión oportuna de medicamento a un enfermo terminal, a través de la SC 0108/2010-R de 10 de mayo, refirió: ‘…la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, porque reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados, y dada la naturaleza de la cuestión planteada, se torna de inmediata y urgente protección la salud y la vida de la representada e hija del accionante, por lo que corresponde hacer abstracción del principio de subsidiariedad, a través de esta acción tutelar, ya que hacer uso de otros medios e instancias, como el reclamo ante la Prefectura y el Ministerio de Salud, significaría una atención tardía y por ende ineficaz; esta excepción, tiene plena justificación en el resguardo y protección de los derechos a la vida y a la integridad física, consagrados por el art. 15.I de la CPE; a la salud, previsto por el art. 18 de la Ley Fundamental y su consiguiente materialización a través de acciones de defensa como la presente’. En este entendido, corresponde la flexibilización de la subsidiariedad, cuando se torna inmediata y urgente la protección en razón a los derechos invocados y de la naturaleza de la cuestión que se plantea, ya que el uso de otros medios o agotamiento de otras instancias implicaría una atención tardía e ineficaz y además que exista la inminencia de provocarse un daño irremediable e irreparable” (…). Ahora bien, es preciso añadir que otra de las causales por la que se flexibiliza el cumplimiento de este principio, radica en el sector sobre el cual se pretende realizar el análisis constitucional, así la SCP 0614/2012 de 23 de julio, tomando en cuenta a los denominados grupos de atención prioritaria estableció: “Precisada así la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, la jurisprudencia constitucional -SSCC 0143/2003-R, 0165/2010-R y 0294/2010-R, entre otras-, estableció excepciones al principio de subsidiariedad en los cuales resulta necesaria la prescindencia del citado principio, con la finalidad efectivizar o materializar derechos fundamentales demandados como conculcados, frente a aspectos formales. Así cuando advierta la existencia de un daño irreparable o irremediable, que coloque al accionante en una situación de necesidad que justifique la urgencia de la protección que brinda este medio de defensa; cuando, pese a existir medios de defensa, estos resulten ineficaces para el restablecimiento del derecho; frente a medidas de hecho; y, cuando se trate de grupos de atención prioritaria, en cuyo ámbito se encuentran las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas” (las negrillas son nuestras).

III.4. Sobre la protección inmediata de las personas adultas mayores

En relación a la protección inmediata de los grupos vulnerables cuando se denuncia la vulneración de sus derechos constitucionales la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, estableció que: “La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa”. Por otra parte, el art. 67.I de la Constitución Política del Estado, sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana” (las negrillas son agregadas). En ese contexto, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran: “5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…)”. Asimismo, el art. 5 literales b., y e. de la citada Ley, reconoce el derecho a una vejez digna, el cual se encuentra garantizado a través del desarrollo integral, sin discriminación ni violencia; y, la provisión de alimentación suficiente que garantice condiciones de salud. Al igual, el art. 7.II de esta Ley, establece que: “Todo trámite administrativo se resolverá de manera oportuna, promoviendo un carácter flexible en su solución, de acuerdo a Ley (las negrillas nos pertenecen). En ese ámbito, el art. 68.II de la CPE, establece que “Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”. Sobre esta temática en particular, la SCP 0576/2024-S3 de 26 de julio, citando a la SCP 0562/2019-S2 de 17 de julio señaló: “…Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores[32], ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, sobre la base de los principios[33] de promoción y defensa de los derechos humanos; dignidad; igualdad y no discriminación; bienestar y cuidado; solidaridad, buen trato y atención preferencial; y, enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, en sus arts. 4, dispone: Artículo 4 Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: (…) c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitosʹ. Ahora bien, dentro del catálogo de derechos de las personas adultas mayores reconocidos por la citada Convención, se encuentran, entre otros, los siguientes: Artículo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. Artículo 23 Derecho a la propiedad Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. (…) Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad. Artículo 24 Derecho a la vivienda

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda (…) Cabe aquí, complementar que este artículo, además señala: Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales. (…) Articulo 31 Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor (…) (…)

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre[34] manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, ʽ…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos׳. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere: …La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ʽacciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.”

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante alega la lesión de sus derechos a la vida e integridad física; debido a que, es víctima de violencia de parte de su hija e hijastras -ahora accionadas-, quienes, desde la muerte de su esposo, utilizando documentación falsa y desconociendo su calidad de propietaria, menoscabaron su ingreso económico que percibía por los alquileres del inmueble que habita. Asimismo, las nombradas, presentaron un proceso monitorio de demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión para la venta en pública subasta de dicho inmueble, que fue resuelta por la Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, a través de la cual el juez -hoy accionado- de manera ilegal y errónea dispuso el cese de copropiedad y remate; cuando el inmueble tiene un origen sucesorio y no contractual, por lo que correspondía a una división de herencia judicial o extrajudicial, en un proceso voluntario u ordinario; situación que, limitará sus ingresos económicos que necesita para realizar sus tratamientos de salud y subsistir, lo cual afecta su condición de persona vulnerable por ser de la tercera edad, poniendo en peligro su subsistencia y vida. En principio, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad de resguardar de manera inmediata, al margen del derecho a la vida y salud de la accionante, el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación que, si bien es cierto la accionante no lo denunció, empero teniendo en cuenta al aforismo “iura novit curia” esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada de analizar la lesión de derechos no denunciados como vulnerados, cuando advierta de los hechos expuestos por la parte accionante, vulneración flagrante de los mismos; en este caso es preciso realizar un ajuste razonable de procedimiento, garantizando además, el acceso a la justicia constitucional y el principio de justicia material, reconduciendo la acción de libertad formulada por la impetrante de tutela a una acción de amparo constitucional, ante la evidente lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, dando efectividad, a los fines de la justicia constitucional. Es preciso referir el argumento expuesto por los accionados respecto a la inobservancia del principio de subsidiariedad; que conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la vulneración de los derechos a la vida y a la salud; asimismo, cuando se denuncie la vulneración de derechos de personas que forman parte de los grupos vulnerables de la sociedad que tienen una protección reforzada, como las personas de la tercera edad; lo que ocurre en el presente caso, la accionante en su condición de adulta mayor solicita el resguardo constitucional de sus derechos a la vida y a la salud; en ese sentido, les está permitido acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin necesidad de agotar otras vías distintas o medios de impugnación. Por consiguiente, efectuada la reconducción procesal y abstrayendo el principio de subsidiariedad, la presente Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a analizar la problemática planteada, aplicando el enfoque diferencial e interseccional por ser la accionante mujer y adulta mayor en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo que establece el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

De acuerdo a los antecedentes y lo obrado en la acción tutelar, se evidencia que; la impetrante de tutela denuncia que, las ahora accionadas -hija e hijastras- menoscabaron su ingreso económico que percibía por los alquileres del inmueble que habita; y, por otra parte, presentaron una demanda de cese de copropiedad que el juez -ahora accionado-, de forma ilegal y errónea emitió la Sentencia Inicial 281/2022 disponiendo el cese de copropiedad y remate. Expuesta la problemática jurídica en revisión, la misma se abordará bajo los siguientes acápites:

III.4.1. Respecto a la lesión de derechos por parte de las accionadas

En antecedentes del expediente, consta que las accionadas, por una parte, cursaron una carta notariada de 3 de diciembre de 2020, a la impetrante de tutela y otro, a través de la cual solicitan que los alquileres percibidos del “Hotel Cabañas Totaytu” ubicado en Santa Cruz de la Sierra, sean destinados para el cuidado y conservación de dicho inmueble. En la misma carta, por otro lado, le comunican su condición de herederas, y le exigen que no se efectúen actos de disposición de inmuebles y muebles del de cujus. Asimismo, se tiene las cartas notariales de 9 de abril de 2021, cursadas por Tatiana Giovana Terán de Velasco y Leira Jonnathan Terán Quíntela -coaccionadas-, dirigidas a APPY HAPPY y Cevichería “Levanta Muertos”, mediante las cuales, primero, le hacen conocer su condición de legítimas propietarias del inmueble ubicado en la Calle 10 de la Zona Achumani, lo que evidencia que, en estas cartas, las accionadas no reconocen la calidad de heredera forzosa de la accionante como cónyuge supérstite, ignorándola ante terceros; y, segundo, les solicitan que en adelante, los alquileres de los locales que ocupan, sean pagados a sus personas como legítimas propietarias, esto hace ver que las accionadas además, cohibirán a la peticionante de tutela a percibir los alquileres que hasta ese momento cobraba. En antecedentes cursa, el Informe de 12 de septiembre de 2011 y los Certificados médicos de 9 de marzo y 21 de diciembre de 2022, así como tomografías ópticas, recetas y facturas, sobre el tratamiento ocular aplicado a la accionante, documental que acredita el padecimiento de una enfermedad ocular, que afecta a su salud y necesita tratamiento. Conforme alegó la accionante, ese tratamiento médico y los gastos de subsistencia son cubiertos con los alquileres que percibe de los locales rentados del inmueble ubicado en la “Calle 10 N° 100 de la Zona de Achumani de la ciudad de La Paz”, que además actualmente habita como vivienda, y constituye su única fuente de ingresos, hecho que no fue contradicho ni rebatido por las accionadas, al contrario, fue reconocido por las mismas en la demanda de cese de copropiedad. En ese contexto, se puede determinar por el contenido de las cartas notariadas referidas anteriormente, que las accionadas ejercieron actos que denotan violencia que causaron sufrimiento en la impetrante de tutela, lo que implica un desgaste emocional, más aún cuando se trasuntará en la limitación de los ingresos económicos que recibe por los alquileres que le sirven para atender sus necesidades vitales, entre estos, el tratamiento de su salud. Esto se corrobora, con el Informe psicológico de 15 de julio de 2021 que acredita que, la accionante sufre “…daño emocional evidente a raíz de la ruptura de relación con la hija menor y la situación de evidente violencia psicológica, emocional, patrimonial y económica, situaciones que están provocando desgaste emocional crónico, fatiga derivando esto en trastornos del sueño que por la edad de la paciente son vitales para mantener una salud física y equilibrada puesto que la exposición a situaciones de estrés extremo podría derivar en un colapso ansioso con consecuencias físicas” (sic). Estos aspectos respaldan y prueban de forma inequívoca la vulneración del derecho a la salud y el peligro directo al derecho a la vida de la impetrante de tutela, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, que se entiende que no se limita a la mera existencia biológica, sino que abarca una amplia serie de elementos que garantizan una vida digna y plena para todas las personas, en ese sentido, el limitarle la percepción de los alquileres, le genera una situación de incertidumbre económica que puede afectar gravemente la calidad de vida y de su salud, y la capacidad de satisfacer, como se dijo antes, sus necesidades vitales básicas como salud, alimentación y vivienda; cuando por determinación del art. 33 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), las accionadas en su condición de hijas, tienen los deberes de respeto, solidaridad y prestar asistencia a su madre, que en el caso no ocurre, al contrario son quienes han lesionado sus derechos que se intensifica por su situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, no sólo por la pérdida de su esposo, sino también, por el conflicto que tiene que enfrentar con su propia hija e hijastras; además de su condición de mujer de la tercera edad; motivo por el que requiere una protección reforzada e inmediata; en consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada en relación a la denuncia incoada contra las accionadas.

III.4.2. Sobre la actuación del juez accionado

En cuanto a esta denuncia, cursa en el expediente de la presente acción tutelar, la demanda de cesación de copropiedad en estado de indivisión y venta en pública subasta y el embargo de alquileres del inmueble de marras, presentado por las accionadas el 16 de marzo de 2022, la cual, en principio, mereció la observación el juez ahora accionado, quien señaló ”aclarare el origen contractual de la copropiedad conforme al Art. 391 del Código Procesal Civil” (sic); luego, mediante Sentencia Inicial 281/2022 de 4 de mayo, la autoridad jurisdiccional accionada declaró probada la demanda, disponiendo el cese de copropiedad sobre el inmueble tantas veces referido, y una vez ejecutoriada esta sentencia, se proceda al avalúo y subasta del mismo. Por lo que denunció que el juez accionado de manera ilegal y errónea dispuso el cese de copropiedad y remate del bien inmueble; cuando este tiene un origen sucesorio y no contractual, por lo que correspondía a una división de herencia, en un proceso voluntario u ordinario; situación que, limitará sus ingresos económicos que necesita para realizar sus tratamientos de salud, afectando su condición de persona vulnerable por ser de la tercera edad, poniéndo en peligro su subsistencia y vida. Debe tomarse en cuenta que el origen de la sentencia denunciada, es la demanda de cese de copropiedad incoada por las accionadas, sobre el inmueble ubicado en “Calle 10 N° 100 de la Zona de Achumani de la ciudad de La Paz”; de acuerdo a los antecedentes y obrados contenidos en el expediente, consta que el inmueble tiene origen sucesorio y no contractual, por cuanto el mismo deviene del acervo hereditario fincado por el de cujus, quien en vida era el esposo de la accionante y el padre de las accionadas, quienes aceptaron la herencia ab-intestato en lo proindiviso, hecho corroborado en el acápite IV de la Sentencia ahora cuestionada; lo cual abre el derecho potestativo que corresponde a los herederos respecto a los bienes de la masa hereditaria, bajo el procedimiento de este instituto. Este hecho, por lógica jurídica, delimita el procedimiento a seguir para la división y partición del mismo o poner fin a la indivisión hereditaria. Al respecto, el art. 478 del CPC señala “Las cuestiones inherentes a los bienes, su conservación y su división entre las o los herederos, se tramitarán, en la vía incidental. No obstante, en atención a la importancia de dichos bienes o de las cuestiones a debatirse, la autoridad judicial podrá disponer su dilucidación en proceso ordinario” (sic); de ahí que este procedimiento es aplicable al caso tratándose de bienes que tienen origen sucesorio. En el caso que se examina, es evidente que el bien en cuestión, al tener origen sucesorio y existiendo un procedimiento especial previsto en la norma, debe ser dividido de acuerdo al artículo antes señalado, independientemente exista acuerdo para ello, o si admite cómoda división o exista imposibilidad de la misma. Examinados los fundamentos y motivación de la Sentencia ahora cuestionada, se evidencia que en la misma, no se compulsó correctamente los antecedentes que hacen a la demanda, como las Escrituras Públicas 120/2020 de 14 de octubre y 2067/2021 de 24 de septiembre, las cuales acreditan que el bien inmueble deviene de la sucesión hereditaria de la accionante y accionadas respecto del de cujus, quien fuera su esposo y padre, respectivamente. De ahí, que de la Sentencia Inicial, emitida por la autoridad accionada, por la cual determinó el cese de copropiedad sobre el inmueble de marras, y una vez ejecutoriada esta sentencia, se proceda al avalúo y subasta del mismo, limitándose a invocar el art. 391 del CPC sin efectuar ninguna motivación de las razones por las que es aplicable al caso, con el simple argumento que “son copropietarios del mismo…” (sic); se advierte que, la misma no cumple con la exigencia de la debida fundamentación porque incurre en una errónea aplicación de la normativa procesal vigente; puesto que además de consignarse incorrectamente la premisa normativa en la resolución, la cual exige como elemento de procedencia del cese de la copropiedad que los bienes hayan tenido origen contractual; también, se omite motivar la premisa fáctica; por cuanto no explica la razón por qué llega a la conclusión que en este asunto es procedente el proceso monitorio y tampoco contiene un pronunciamiento preciso acerca de lo que se entiende por origen contractual del bien inmueble; cuando en observancia a la normativa procesal civil citada y efectuando una motivación suficiente sobre los antecedentes, compelía brindar a la accionante la certeza de que la decisión no sería arbitraria, que observaría el valor justicia y que respondería a una valoración correcta de la documentación acompañada a la demanda de cese de copropiedad. Argumentos de los cuales se tiene que la autoridad hoy accionada no efectúa una correcta labor hermenéutica, puesto que se limita a formular una conclusión exigua sin examinar el contenido de la norma y justificar debidamente el alcance de la misma y por consiguiente su aplicación al caso que resuelve, con lo cual se vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que exige que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones, exponiendo la fundamentación legal y citar las normas que las sustentan; y, contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere; lo que no ocurrió en el presente caso. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo, compelía a la autoridad accionada, considerar que la demanda de cese de copropiedad postulada por las accionadas, involucraba a una persona mujer y adulta mayor, y en ese sentido, examinar y evaluar dicha demanda y el origen del bien objeto de la misma, en contexto con la situación de vulnerabilidad de la accionante, es decir, aplicando el enfoque diferencial e interseccional; para precautelar los derechos que le asisten conforme al art. 67.I de la CPE. Sin efectuar mayores consideraciones, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al haberse evidenciado que el juez accionado, emitió una sentencia inicial, indebida y arbitraria por cuanto la misma se encuentra al margen de los límites legales previstos en las normas citadas del CPC, esto repercute en el ejercicio del derecho de la accionante a la vida y a la salud, toda vez que la determinación de rematar en pública subasta su inmueble le genera mayor incertidumbre respecto a perder su vivienda, y por consecuencia la fuente de sus ingresos económicos de los alquileres, que alcanza a privarle de una vejez digna, con calidad y calidez humana, exenta de maltrato, abandono, violencia y discriminación; por consiguiente, corresponde conceder la tutela impetrada por la accionante. En consecuencia, el Juez de Garantías, al conceder la tutela, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 224/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 90 a 91, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer se notifique al Fiscal General del Estado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que de forma inmediata conforme establece el art. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, promueva el inicio de la acción penal pertinente en contra de las accionadas, ante la probable comisión de delitos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0661_2024-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2af1f3d24009962a6ef3b808894cdbefa642c16a36498dcc6cff8bfa442457e1

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