B.IA.LEGAL

SCP 0661/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 18 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
18 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52747-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso laboral de reintegro de pago de beneficios sociales y derecho laborales seguido en su contra, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Juez codemandado: a.1) Mediante Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, rechazó su recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, debido a que fue presentado el último día de plazo mediante buzón judicial, es decir, el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, y no así en horario hábil de funcionamiento del Juzgado, aclarando que el buzón judicial debe utilizarse únicamente en horario hábil; sin embargo, existen actuados dentro del proceso laboral que fueron ingresados mediante buzón judicial fuera del horario laboral los cuales fueron aceptados; inobservando que el buzón judicial fue creado con la finalidad de cumplir con los plazos legales cuando existan situaciones de fuerza mayor o cuando un plazo que este por vencer; a.2) Por decreto de 17 de octubre de 2022, rechazó la interposición de su recurso de nulidad sin fundamentación y motivación adecuada; y, a.3) Se excedió superabundantemente en la emisión de la Sentencia 34/2022, inobservando que en noviembre de 2021 ya contaba con decreto para que ingrese a despacho para su emisión, así como su reiterada solicitud de emisión por memorial de 4 de enero de 2022, inobservando que contaba para el efecto con el plazo de diez días, denotando en la perdida de competencia por el simple transcurso del tiempo;…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 190/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 743 a 748, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a la primera y segunda subproblematicas respecto al Juez codemandado, así como a la segunda problemática referente al Vocal demandado y los derechos al debido proceso y a la defensa, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, emitido por Roberto Daniel Vedia Martínez, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto del departamento de Cochabamba, disponiendo que dicha autoridad proceda a emitir nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos glosados en este fallo constitucional; asimismo, si bien, se deja sin efecto el Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, emitido por Henry Milton Santos Alanes, Vocal de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin disponer la emisión de nueva resolución, correspondiendo precisar que como emergencia de la determinación a asumirse por parte del referido Juez a quo, se repararan todas las denuncias efectuadas por la parte accionante. 3° DENEGAR la tutela respecto a la tercera subproblematica referente al Juez codemandado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el recurso de apelación en materia laboral
  2. III.2. La presentación del recurso de apelación mediante Buzón Judicial
  3. III.3. La garantía general del debido proceso en su elemento defensa
  4. III.4. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  5. III.5. El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación
  6. III.6. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0661/2024-S1 Sucre, 18 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52747-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 190/2022 de 15 diciembre, cursante de fs. 743 a 748, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Fernando Chávez Soto en representación legal de la empresa ARQPRO Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Henry Milton Santos Alanes, Vocal de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Roberto Daniel Vedia Martínez, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 11 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 640 a 649 vta.; y, 654 y vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 7 de julio de 2022, apeló la Sentencia 34/2022 de 29 de junio; empero, el 19 de julio de 2022, su abogada fue notificada vía WhatsApp con el injusto e ilegal Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, emitido por el Juez codemandado, mediante el cual se rechazó su impugnación, señalando que dicho recurso resulta extemporáneo, debido a que fue presentado el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, mediante buzón judicial y no así en horario hábil de funcionamiento del Juzgado, amparándose en el art. 90.III del Código Procesal Civil (CPC), aclarando que el buzón judicial debe utilizarse únicamente en horario hábil; sin embargo, existen actuados dentro del proceso laboral que fueron ingresados mediante buzón judicial, conforme el siguiente detalle: a) El 27 de enero de 2021 a horas 7:31:28, es decir, antes del inicio del horario laboral, ingresó el memorial de apersonamiento de Anastasio Choque Llanque, el cual fue aceptado mediante decreto de igual fecha; b) El 20 de enero de 2021 a horas 20:32:01, es decir, después de culminado el horario laboral, ingresó el memorial de apersonamiento correspondiente a Fidel Llanque Choque, que fue aceptado por decreto de 25 del mismo mes y año; y, c) El 20 de enero de 2021 a horas 20:34:31, después de culminado el horario laboral, ingresó el memorial de apersonamiento de Cosme Edgar Maldonado Bustamante y Pedro Mariscal Rojas, que fue aceptado por decreto de la misma fecha; por lo que, el Juez codemandado no puede alegar una presentación extemporánea del memorial de apelación, el cual fue ingresado el último día de plazo mediante buzón judicial; máxime cuando ya dio curso a otros memoriales ingresados a través del mismo medio, “ANTES Y DESPUES DEL HORARIO HABIL DE TRABAJO DEL JUZGADO” (sic), puesto que la ley claramente establece que debe existir igualdad procesal para las partes e independientemente de la suma o motivo de los memoriales no puede existir una diferenciación entre su presentación, inobservando que el buzón judicial fue creado con la finalidad de cumplir con los plazos legales cuando existan situaciones de fuerza mayor o cuando un plazo que este por vencer. Por otra parte, presentó recurso de compulsa el “21” -siendo lo correcto 22- de julio de 2022, que fue resuelto mediante Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, por el cual, el Vocal demandado declaró su ilegalidad, bajo los mismos argumentos del Juez a quo, señalando que conforme el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), se remite a la aplicación de los arts. 90 y 91 del CPC, inobservando que el art. 252 del CPT, establece que: “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”, inobservando tanto el Juez y Vocal demandados que dicho artículo se aplica cuando la normativa laboral no contenga en su procedimiento los parámetros de continuidad del proceso sobre estos puntos determinados, puesto que el art. 89 del CPT, establece claramente: “Salvo lo dispuesto en normas especiales, los actos del proceso se practicaran en días y horas hábiles”, debiendo aplicar dicho artículo junto a las instructivas emitidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Posteriormente, presentó recurso de nulidad de obrados que fue denegado por el Juez codemandado, mediante proveído de 17 de octubre de 2022, sin fundamentación y motivación adecuada. Finalmente, la ley establece plazos para realizar los actos procesales y el proceso se encuentra con evidente retardación de justicia debido a que el expediente en noviembre de 2021 contaba con el decreto para que ingrese a despacho y se proceda a dictar sentencia; y conforme el memorial de 4 de enero de 2022, se reitero la emisión de resolución; empero, el Juez codemandado procedió a dictar la Sentencia 34/2022 recién el 29 de junio de 2022, es decir, meses más tarde, inobservando que conforme los art. 79 y 201 del CPT, tiene diez días de plazo para el efecto, es decir, se excedió superabundantemente este plazo, creando retardación de justicia, denotando en la perdida de competencia por el simple transcurso del tiempo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerado

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo “Dejar sin efecto el auto de 15 de julio de 2022, la Resolución N° 006/2022 de fecha 10 de agosto de 2022 por la que se establece como ilegal el recurso de compulsa presentado, como también todos los actuados posteriores, disponiendo la admisión del recurso de apelación de fecha 07 de julio de 2022” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 741 a 742, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) El art. 4.1 del Reglamento del Buzón Judicial, prevé que: “…puede ser utilizado cuando este por vencer un plazo perentorio…” (sic); por lo que, el 7 de julio de 2022 se encontraba dentro del último día del plazo previsto; asimismo, dicho Reglamento en su Disposición Final Segunda, establece que puede ser modificado, y por su Disposición Final Cuarta, señala que se puede regular su uso mediante circulares y comunicados, en los cuales influirían las instructivas del Tribunal Departamental de Justicia; y, 2) Aun se encuentran ante la emergencia sanitaria del COVID-19, motivo por el que la presente audiencia se desarrolla virtualmente.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Henry Milton Santos Alanes, Vocal de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante a fs. 699 y vta., manifestó lo siguiente: i) Ante la ausencia de los Vocales de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, su autoridad en suplencia legal emitió el Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, declarando ilegal la compulsa planteada por la parte accionante, al evidenciarse que el recurso de apelación fue rechazado por el Juez a quo, ya que fue interpuesto fuera del plazo previsto en el art. 205 del CPT, en el entendido que, el plazo vencía el 7 de julio de 2022 a horas 16:00; no obstante, fue presentado a horas 19:11, es decir, fuera del plazo previsto por ley, debiendo considerarse que el art. 123 de la Ley del Órgano judicial (LOJ), señala “I. Son días hábiles de la semana para las labores judiciales de lunes a viernes. II. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, dejaran el horario más conveniente a su circunscripción, mediante acuerdos de Sala Plena”, indicando a su vez el art. 91 del CPC, aplicable por la permisión contenida en el art. 252 del CPT, pues: “Son días hábiles para la realización de actos procesales todos aquellos en los cuales funcionan los juzgados y tribunales del Estado Plurinacional”; y, ii) La Sala titular ya cuenta con un Vocal que en calidad de suplente conoce los procesos, quien no fue demandado, así como tampoco fue demando el Vocal de la Sala Civil Segunda que hubiese sido convocado a efecto de resolver la compulsa, y por todo lo expuesto solicitó se deniegue la tutela. Roberto Daniel Vedia Martínez, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto del departamento de Cochabamba, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 694 a 697, manifestó que: a) De la revisión minuciosa del memorial de acción de defensa, “se advierte que no hubo ninguna vulneración normatividad, ni mucho menos se VULNERO EL DEBIDO PROCESO, NI MENOS AL DERECHO A LA DEFENSA” (sic), puesto que, si bien, es cierto que mediante el Auto Interlocutorio 069/2022 de 15 de julio, se rechazó el recurso de apelación interpuesto; empero, fue debido a su presentación extemporánea; toda vez que, al ser notificado el accionante con la Sentencia 34/2022 de 30 de junio, a horas 15:08, tenía el plazo de cinco días para impugnarla, tal cual señala el Código Procesal del Trabajo, aspecto que no aconteció, tomando en cuenta que el plazo comenzó a correr desde el viernes 1 de julio de 2022, siendo factible la presentación hasta el último momento hábil del horario de funcionamiento del Juzgado, es decir, hasta el jueves 7 de igual mes y año a horas 16:00; sin embargo, la parte accionante optó por presentar vía buzón judicial el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, situación que contraviene a la norma inserta en el art. 123 de la LOJ, siendo que la citada fecha, fue un día normal de trabajo en horario continuo, situación que el accionante no tomó en cuenta, “QUE LOS PLAZO PROCESALES VENCEN EL ÚLTIMO MOMENTO HÁBIL DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL DIA RESPECTIVO” (sic); por lo que, la apelación aducida fue presentada de manera extemporánea; y, b) La parte accionante formuló recurso de compulsa, el cual fue declarado ilegal por la instancia superior, lo que permite inferir que no se vulnero la garantía constitucional del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, además de no haberse provocado indefensión alguna, puesto que la resolución fue concisa, clara, integra y basada en la normativa que corresponde a la pretensión formulada por medio de recurso de compulsa, razón por las cuales solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Jesús Alfredo Encinas Loza, Marcelino Saavedra Álvarez, Julio Paredes Pérez, Javier Soliz García, Eduardo Ayrton Peña Muñoz, Paulino Chambilla Juchani, Luis Fernando Arispe Mercado, Miguel Pacci Soliz, Diego Soliz Nina, Dennis Espinoza Muñoz y Alvan Ebal Tarqui Cruz, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 726 a 729, expresaron que: 1) En calidad de ex trabajadores de la empresa accionante, interpusieron una demanda laboral de reintegro, pago de beneficios sociales y derechos laborales; por lo que, corridos todos los trámites procesales, el Juez de la causa, emitió la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, declarando probada en parte la demanda; consecuentemente, la entidad accionante fue notificada y tenía el plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación; sin embargo, tal cual se advierte del Certificado de envió a través de buzón judicial 221714 de 7 de julio de 2022, fue presentado a horas 19:11, es decir, el recurso de apelación fue interpuesto de forma extemporánea, puesto que conforme los arts. 90.III y 91.II del CPC, normativa que se aplica en materia laboral por disposición expresa y permisible del art. 252 del CPT, los plazos procesales vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados; y, 2) Dentro de otro proceso judicial análogo, signado con el Numero de Registro Judicial (NUREJ) 30248225, se presentó recursos de apelación y de compulsa con similares características y argumentos a los recursos presentados, mereciendo el Auto de Vista 004/2021 de 16 de agosto, por el cual se declaró ilegal la compulsa, en razón a que la Sentencia fue objeto de recurso de apelación presentado mediante buzón judicial en el último día de plazo; empero, fuera del horario de funcionamiento del Juzgado, es decir, presentado de forma extemporánea como en el presente caso; por lo que, no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; en ese sentido, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 190/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 743 a 748, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, teniendo una secuencia y estructura lógica, expresando los motivos por los que se declaró ilegal la compulsa planteada por el accionante, además que como establece la variada jurisprudencia constitucional, una resolución no necesariamente implica que sea ampulosa, sino que debe ser clara, concisa y clara, además se exige que exista una correspondencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, debiendo expresarse las convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, ii) La SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, señala que la jurisdicción constitucional no es un mecanismo de impugnación de la labor que efectúen los jueces ordinarios como las autoridades administrativas, ya que la justicia constitucional no puede inmiscuirse en esa labor, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes, conforme establece el art. 197 de la CPE, menos puede convertirse en un supra Tribunal con facultad de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones o autoridades administrativas, a menos que el accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, una errónea interpretación del derecho precisando que normas fueron erróneamente interpretadas y como estas interpretaciones vulneran derechos de manera puntal y concreta o como los elementos de congruencia fueron vulnerados al emitirse una resolución judicial o administrativa, y para entrar a esos aspecto reclamados, la parte accionante tiene la obligación de la carga argumentativa y probatoria a efecto de demostrar objetivamente tales vulneraciones conforme se señaló, debiendo cumplir ciertos requisitos imperativos, tal es así que respeto de la valoración o ausencia de valoración de las pruebas debe establecerse por una parte que las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitiendo de manera arbitraria la consideración de las pruebas ya sea parcial o totalmente, basando su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación y además demostrar la relevancia constitucional, es decir, cuanto incide en el fondo lo demandado y que causa lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en ese sentido, la parte accionante no cumplió con los requisitos para la interpretación de la legalidad ordinaria, el accionante señala que se basaron en las disposiciones del Código Procesal Civil, “sin considerar que el Código Procesal Laboral, tiene su propia procedimiento en lo que hace a los plazos, por lo que debió aplicarse la normativa del Proceso Laboral, sin embargo, no fundamenta de qué manera, con la aplicación de dicha normativa se vulnera sus derechos, lo que la parte accionante pretende es que este Tribunal realice una interpretación de la legalidad ordinaria, sin embargo, no se ha dado cumplimiento a los requisitos señalados precedentemente” (sic).

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 34/2022 de 29 de junio, emitida por Roberto Daniel Vedia Martínez, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto del departamento de Cochabamba -ahora autoridad codemandada-, dentro del proceso laboral de reintegro de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Jesús Alfredo Encinas Loza, Marcelino Saavedra Álvarez, Julio Paredes Pérez, Javier Soliz García, Eduardo Ayrton Peña Muñoz, Paulino Chambilla Juchani, Luis Fernando Arispe Mercado, Miguel Pacci Soliz, Diego Soliz Nina, Dennis Espinoza Muñoz y Alvan Ebal Tarqui Cruz -ahora terceros interesados- contra la empresa ARQPRO S.R.L. -ahora entidad accionante-, que declaró probada en parte dicha demanda (fs. 551 a 558), determinación notificada a la parte accionante el 30 de junio de 2022 a horas 15:08 (fs. 559).

II.2. Consta Certificado de recepción en plataforma a través del Buzón Judicial 221714 de 7 de julio de 2022, a horas 19:11:16; mediante el cual, se formuló recurso de apelación -formato digital- (fs. 561 a 562). II.3. A través de memorial presentado el 8 de julio de 2022 a horas 14:22:23, la parte accionante formalizó su recurso de apelación -en formato físico-contra la Sentencia 34/2022 (fs. 563 a 568). II.4. Por Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, el Juez codemandado, rechazó el recurso de apelación planteado por ser extemporáneo, ya que el plazo finalizaba a horas 16:00 debido al horario laboral continuo (fs. 569 a 571 vta.), determinación notificada el 19 de julio de 2022 vía WhatsApp a la abogada de la parte accionante (fs. 572). II.5. Por memorial presentado el 22 de julio de 2022, la parte accionante formuló recurso de compulsa contra el Auto Interlocutorio 063/2022, que rechazó su recurso de apelación (fs. 588 a 592 vta.). II.6. Cursa Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, emitido por Henry Milton Santos Alanes, Vocal de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segunda -ahora autoridad demandada-, mediante el cual, declaró ilegal la excusa formulada por la parte accionante (fs. 598 a 602). II.7. A través de memorial presentado el 13 de octubre de 2022, la parte accionante, interpuso “NULIDAD DE OBRADOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 20222, DEL AUTO DE FECHA DE 15 DE JULIO DE 2022 QUE RECHAZA LA APELACION DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 PLANTEADA EN CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022; COMO TAMBIEN EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DE 2022, SOLICITANDO SE CONCEDA LA NULIDAD DE OBRADOS DE ESTOS ACTUADOS” (sic [fs. 618 a 626]), mereciendo el decreto de 17 de igual mes y año, que refiere: “Sin lugar a lo solicitado; tomando en cuenta el Auto de fecha 15 de Julio de 2022 y Auto de Vista 06/2022 de fecha 10 de agosto de 2022; en consecuencia, remítase a la norma procesal laboral vigente y a los datos que cursan en el presente proceso” (sic [fs. 627]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso laboral de reintegro de pago de beneficios sociales y derecho laborales seguido en su contra, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Juez codemandado: a.1) Mediante Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, rechazó su recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, debido a que fue presentado el último día de plazo mediante buzón judicial, es decir, el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, y no así en horario hábil de funcionamiento del Juzgado, aclarando que el buzón judicial debe utilizarse únicamente en horario hábil; sin embargo, existen actuados dentro del proceso laboral que fueron ingresados mediante buzón judicial fuera del horario laboral los cuales fueron aceptados; inobservando que el buzón judicial fue creado con la finalidad de cumplir con los plazos legales cuando existan situaciones de fuerza mayor o cuando un plazo que este por vencer; a.2) Por decreto de 17 de octubre de 2022, rechazó la interposición de su recurso de nulidad sin fundamentación y motivación adecuada; y, a.3) Se excedió superabundantemente en la emisión de la Sentencia 34/2022, inobservando que en noviembre de 2021 ya contaba con decreto para que ingrese a despacho para su emisión, así como su reiterada solicitud de emisión por memorial de 4 de enero de 2022, inobservando que contaba para el efecto con el plazo de diez días, denotando en la perdida de competencia por el simple transcurso del tiempo; y, b) El Vocal demandado mediante Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, declaró ilegal el recuso de compulsa interpuesto contra el Auto Interlocutorio 063/2022 que rechazó su recurso de apelación, bajo los mismos argumentos del Juez a quo, remitiéndose a los arts. 90 y 91 del CPC, en aplicación del art. 252 del CPT, inobservando que dicho artículo se aplica cuando la normativa laboral no contenga en su procedimiento los parámetros de continuidad del proceso sobre estos puntos determinados; sin embargo, el art. 89 del CPT, establece claramente: “Salvo lo dispuesto en normas especiales, los actos del proceso se practicaran en días y horas hábiles”, debiendo aplicar dicho artículo junto a las instructivas emitidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) Sobre el recurso de apelación en materia laboral; ii) La presentación del recurso de apelación mediante Buzón Judicial; iii) La garantía general del debido proceso en su elemento defensa; iv) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; v) El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación; vi) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el recurso de apelación en materia laboral

La Constitución Política del Estado en su art. 180.II establece que: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”; por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al respecto prevé lo siguiente:

Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(…)

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

(…) Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Bajo ese marco normativo, se tiene que la impugnación se constituye en un derecho fundamental reconocido y consagrado no solo en el orden constitucional interno sino también por Instrumentos Internacionales, es así, que en nuestro ordenamiento jurídico se ha previsto mediante normas especiales recursos y mecanismos a los que puedan recurrir las partes en litigio en ejercicio de su derecho a la defensa. En el caso concreto, en materia laboral a través del Código Procesal del Trabajo, el legislador ha instituido el recurso de apelación contra las Sentencias y Autos Interlocutorios, al establecer que:

Artículo 205. Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado que será contestada dentro de igual término, y de tres días tratándose de autos interlocutorios. Vencidos estos términos, los recursos serán rechazados. El citado precepto normativo, expresamente establece el plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de apelación contra las sentencias laborales, que es de cinco días perentorios, termino que no merece ningún cuestionamiento al ser expreso, y estar así determinado por la normativa procesal laboral, no requiriendo por ello para su aplicación recurrir a la supletoriedad de la legislación procesal civil; toda vez que, bajo una interpretación del plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece que el mismo se efectúa en días y no así en horas; pues dicha norma no dispone que deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; ello en concordancia, con la normativa prevista en el art. 110 de la LOJ, referente al Buzón Judicial, puesto que se comprendió que la implementación de ese medio tecnológico permitió centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio; consecuentemente, el terminó del intervalo para el planteamiento vence a la media noche del último día del plazo. Finalmente, la SCP 0626/2017-S3 de 30 de junio, respecto al cómputo del plazo de los cinco días, estableció que:

…el término perentorio de cinco (5) días previsto por el art. 205 del último Código citado, para apelar la Sentencia dictada en proceso laboral, debe ser entendido bajo el cómputo de cinco (5) días hábiles; toda vez que, la frase ‘término perentorio’ no puede ser interpretada de manera que haga concluir que el comienzo y transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que su extensión gramatical se refiere únicamente a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido, una interpretación contraria que admita el vencimiento de plazos menores a cinco días, afecta la posibilidad de impugnación y restringe de manera irrazonable el ejercicio de los actos procesales, privando así para el eventual recurrente la facultad de hacer valer su derecho de apelar -en los términos de la presente interpretación- y la obligación para la administración de justicia proceder a su trámite (el resaltado y subrayado nos corresponde).

En ese entendido, se concluye que, si bien, el computo del plazo para apelar la Sentencia es de cinco días, los cuales serán considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; sin embargo, dicho plazo debe ser entendido bajo el cómputo de cinco días hábiles, puesto que el termino perentorio no puede ser interpretado de manera que el comienzo y el transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que la extensión gramatical hace referencia a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido; por lo que, una interpretación contraria que admita el vencimiento de plazos menores a cinco días, resulta lesiva al derecho de impugnación.

III.2. La presentación del recurso de apelación mediante Buzón Judicial

La Ley del Órgano judicial en su art. 110 en cuanto al Buzón Judicial, establece lo siguiente:

Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL).

I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora. Por otro parte, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, establece:

Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal. Artículo 3. (Ámbito de Aplicación).- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. (Finalidad).- El Buzón Judicial tiene las siguientes finalidades: 1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia. 3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. (…)

Artículo 6. (Definiciones).- Se establece las siguientes definiciones:

1) Buzón Judicial: Es un sistema Web creado exclusivamente para la presentación y recepción de memoriales, otros documentos y recursos, fuera de horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) Login: es un identificador de acceso otorgado a cada una de las partes y/o sus abogados para el acceso, al buzón judicial.

3) Documentos Externos: son todos aquellos documentos presentados por las partes del proceso al buzón judicial (memoriales, recursos de apelación, casación etc.).

4) Usuario Interno: Son servidores judiciales de las unidades que interactúan con el buzón judicial. 5) Usuario Externo: Es la persona natural o jurídica legitimada y autorizada para utilizar el buzón judicial. 6) Constancia de la Recepción: Es el descargo de recepción virtual, que contiene la fecha y hora en que el memorial y/o recursos es entregado al buzón judicial por el usuario. 7) Sitio Web: Un sitio web es el conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular. (…) Articulo 10 (Acceso al Buzón Judicial). - el sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia Bajo ese marco normativo, se tiene que resulta válida la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal.

III.3. La garantía general del debido proceso en su elemento defensa

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1390/2022-S1 de 23 de noviembre; y, 1061/2023-S1 de 8 de septiembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto, y 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, y 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales del actual Tribunal Constitucional Plurinacional 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, y 0618/2018-S1, entre otras. En ese sentido la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones(las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce -conforme a la SC 0418/2000-R de 2 de mayo- en el “…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”; en otros términos, se busca evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas. Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos. En ese marco, uno de los elementos de la garantía general del debido proceso, es el derecho al juez natural reconocido en el art. 120.I de la CPE; el otro elemento de la garantía general del debido proceso es el derecho a la defensa, reconocido en el art. 119.II de la CPE, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Sobre dicha base, la jurisprudencia constitucional entiende el derecho a la defensa como la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. A este derecho se vincula también el derecho a ser oído, reconocido en el art. 117.I de la CPE, prevista como una de las garantías judiciales en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En ese marco Convencional, la Corte IDH en el Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, expresó al respecto que …implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama […]. Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido (las negrillas son añadidas). En esa comprensión, se puede concluir que el derecho a ser oído se encuentra vinculado íntimamente con el derecho a la defensa, que en el ámbito del derecho a una justicia plural -cuyo ejercicio comprende a la jurisdicción ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina- reconocida por nuestro ordenamiento constitucional, es extensible a cualquier autoridad u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que debe ser ejercitado antes de emitir sus resoluciones o decisiones, por lo que quienes ejercen funciones jurisdiccionales, no están exentos del cumplimiento de este derecho, en otros términos, se encuentran impelidos de escuchar a quienes afectaran dichas decisiones o resoluciones, sin excepción alguna, pues su reconocimiento y ejercicio, conlleva la posibilidad de conocer los hechos que se les atribuye, alegar y asumir defensa, negando, contradiciendo o desvirtuando los mencionados hechos, presentar pruebas, impugnar decisiones, etc.

III.4. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1459/2022-S1 de 8 de diciembre, 0052/2023-S1 de 21 de marzo; y, 1233/2023-S1 de 1 de diciembre, entre otras, que citaron el siguiente razonamiento:

5 Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, 122, Corte IDH. Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015. Serie C No. 296, 97. 6 Respecto a la composición del Órgano Judicial del Estado Plurinacional con Autonomías, el art. 179 de la CPE, establece: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial”. 7 Respecto a la facultad de cualquier autoridad administrativa u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que incluye a procesos administrativos sancionadores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, ha expresado textualmente: “71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo47. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”, jurisprudencia citada en la SCP 143/2012 de 14 de mayo, SCP 0014/2013 de 3 de enero, SCP 0083/2013 de 17 de enero, SCP 0389/2018-S3 de 14 de agosto, entre otras.

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado y subrayado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

8 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales".

(…) 9 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones. Al respecto, la SCP 0800/2019-S1 de 4 de septiembre citando a la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, ha señalado que:

El art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá: “Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas” (las negrillas nos pertenecen).

En ese aspecto, se entiende que si una resolución sea esta judicial o administrativa cuya ejecución estuviere suspendida por la interposición ya sea de recursos judiciales (reposición, apelación, casación, compulsa y/o revisión extraordinaria de sentencia), o administrativos (revocatoria, jerárquica y/o contencioso administrativo), la activación de la acción de amparo constitucional será improcedente, al estar dilucidándose la pretensión en una instancia inferior y que la misma no cuenta con una Resolución emitida por la autoridad correspondiente. Ahora bien, respecto a la activación paralela de una jurisdicción ya sea esta judicial o administrativa y a la misma vez la acción de amparo constitucional, la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre, en la que se interpuso un recurso de revocatoria a una resolución sancionatoria, se determinó que:

…activó en forma previa dicho recurso, el cual a momento de plantear la presente acción tutelar, se encontraba en trámite, pendiente de resolución; entonces si las accionantes acudieron a esta vía idónea, deben aguardar que la respectiva autoridad, resuelva el recurso de alzada que fue interpuesto, y posteriormente el recurso jerárquico y una vez agotada dicha vía, y si acaso persiste la lesión al debido proceso y al trabajo que ahora invocan, recién podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su reparación (las negrillas fueron añadidas). Es decir, que si la persona que se considere agraviada en sus derechos y garantías constitucionales inserta en un proceso judicial o administrativo en la que sea haya emitido una Resolución en la que discurra lesionado sus intereses particulares y al haber interpuesto en contra de esa decisión los recursos idóneos que le franquea la Ley, debe permitir que las autoridades jerárquicas o de alzada se pronuncien sobre dichos agravios, y solo cuando se culmine con el procedimiento establecido y en el hipotético caso de no satisfacer sus expectativas al considerar que sus derechos y garantías siguen lesionados, recién podrá activar la justicia constitucional, en la que no podrá activar esta vía constitucional de forma paralela a los recursos judiciales o administrativos que el ordenamiento jurídico creó para el efecto.

Por lo que, en palabras de la referida SCP 0800/2019-S1, concluye que:

…cuando se activen dos vías paralelas, la ordinaria, sean éstas judiciales, administrativas o de otra índole, y la constitucional, denunciando la ilegal de un mismo acto, corresponde la aplicación del art. 53.1 del CPCo; pues los supuestos actos lesivos denunciados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, estando activada de manera simultánea la vía ordinaria… (las negrillas pertenecen al original). Por lo que siguiente la lía jurisprudencial establecida por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del CPCo, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si el accionante ha activado dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurre en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo.

III.5. El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1399/2022-S1 de 29 de noviembre; y, 1306/2023-S1 de 18 de diciembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, en su art. 117.I, dispone que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos constitucionales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido y comprende una triple dimensión; es decir, como principio, garantía y derecho, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia. En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo algunos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones. Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así, se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con la finalidad que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:

1. El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier 10 En su Fundamento Jurídico III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública. Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo. En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos. En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”.

otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2. Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”. En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”. En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto (el resaltado es añadido). En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución Política es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia. En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la citada SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:

(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión -judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. (…). (4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo las decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando, por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: ´Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley`. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’” (las negrillas son adicionadas).

Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, relacionada con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:

(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento. En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal Constitucional vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.

III.6. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1457/2022-S1 de 7 de diciembre; y, 1248/2023-S1 de 12 de diciembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece:

La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. Asimismo, en su art. 129.I, señala:

La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez dispone:

I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en su Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (negrillas añadidas).

Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso laboral de reintegro de pago de beneficios sociales y derecho laborales seguido en su contra, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Juez codemandado: a.1) Mediante Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, rechazó su recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, debido a que fue presentado el último día de plazo mediante buzón judicial, es decir, el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, y no así en horario hábil de funcionamiento del Juzgado, aclarando que el buzón judicial debe utilizarse únicamente en horario hábil; sin embargo, existen actuados dentro del proceso laboral que fueron ingresados mediante buzón judicial fuera del horario laboral los cuales fueron aceptados; inobservando que el buzón judicial fue creado con la finalidad de cumplir con los plazos legales cuando existan situaciones de fuerza mayor o cuando un plazo que este por vencer; a.2) Por decreto de 17 de octubre de 2022, rechazó la interposición de su recurso de nulidad sin fundamentación y motivación adecuada; y, a.3) Se excedió superabundantemente en la emisión de la Sentencia 34/2022, inobservando que en noviembre de 2021 ya contaba con decreto para que ingrese a despacho para su emisión, así como su reiterada solicitud de emisión por memorial de 4 de enero de 2022, inobservando que contaba para el efecto con el plazo de diez días, denotando en la perdida de competencia por el simple transcurso del tiempo; y, b) El Vocal demandado mediante Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, declaró ilegal el recuso de compulsa interpuesto contra el Auto Interlocutorio 063/2022 que rechazó su recurso de apelación, bajo los mismos argumentos del Juez a quo, remitiéndose a los arts. 90 y 91 del CPC, en aplicación del art. 252 del CPT, inobservando que dicho artículo se aplica cuando la normativa laboral no contenga en su procedimiento los parámetros de continuidad del proceso sobre estos puntos determinados; sin embargo, el art. 89 del CPT, establece claramente: “Salvo lo dispuesto en normas especiales, los actos del proceso se practicaran en días y horas hábiles”, debiendo aplicar dicho artículo junto a las instructivas emitidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emergen las mismas; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que mediante Sentencia 34/2022 de 29 de junio, emitida por el Juez codemandado, dentro del proceso laboral de reintegro de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por los terceros interesados contra la parte accionante, se declaró probada en parte la misma, determinación notificada a la parte accionante el 30 de junio de 2022 a horas 15:08 (Conclusión II.1); del Certificado de recepción en plataforma a través del Buzón Judicial 221714 de 7 de julio de 2022, a horas 19:11:16, se tiene que la parte accionante formuló recurso de apelación -formato digital- (Conclusión II.2); y por memorial presentado el 8 de julio de 2022 a horas 14:22:23, formalizó su recurso de apelación en formato físico contra la Sentencia 34/2022 (Conclusión II.3); mereciendo el Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, mediante el cual, el Juez codemandado, rechazó el recurso de apelación al ser extemporáneo, ya que el plazo finalizaba a horas 16:00 debido al horario laboral continuo, determinación notificada el 19 de julio de 2022 (Conclusión II.4); ante lo cual, por memorial presentado el 22 de julio de 2022, la parte accionante formuló recurso de compulsa contra el Auto Interlocutorio 063/2022 (Conclusión II.5); resuelto mediante Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, por el cual, el Vocal demandado declaró ilegal la excusa formulada (Conclusión II.6); y a través de memorial presentado el 13 de octubre de 2022, la parte accionante, interpuso “NULIDAD DE OBRADOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 20222, DEL AUTO DE FECHA DE 15 DE JULIO DE 2022 QUE RECHAZA LA APELACION DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 PLANTEADA EN CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022; COMO TAMBIEN EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DE 2022, SOLICITANDO SE CONCEDA LA NULIDAD DE OBRADOS DE ESTOS ACTUADOS” (sic), mereciendo el decreto de 17 de igual mes y año, que refiere: “Sin lugar a lo solicitado; tomando en cuenta el Auto de fecha 15 de Julio de 2022 y Auto de Vista 06/2022 de fecha 10 de agosto de 2022; en consecuencia, remítase a la norma procesal laboral vigente y a los datos que curan en el presente proceso” (sic [Conclusión II.7]). Ahora bien, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el accionante son evidentes y si en efecto las autoridades demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente. En ese sentido, se tiene que la primera problemática referente a las actuaciones del Juez codemandado se encuentra subdivida en subproblematicas, las cuales serán abordadas en el siguiente orden: Respecto a la primera subproblemática referente al Juez codemandado, la parte accionante, denuncia que dicha autoridad judicial mediante el Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, rechazó su recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, debido a que fue presentado el último día de plazo mediante buzón judicial, es decir, el 7 de julio de 2022 a horas 19:11:16, y no así en horario hábil de funcionamiento del Juzgado, aclarando que el buzón judicial debe utilizarse únicamente en horario hábil; sin embargo, existen actuados dentro del proceso laboral que fueron ingresados mediante buzón judicial fuera del horario laboral los cuales fueron aceptados; inobservando que el buzón judicial fue creado con la finalidad de cumplir con los plazos legales cuando existan situaciones de fuerza mayor o cuando un plazo que este por vencer. Al respecto, corresponde remitirnos a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referente al plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de apelación contra las sentencias laborales, el cual es de cinco días perentorios, término que no merece ningún cuestionamiento al ser expreso, y estar así determinado por la normativa procesal laboral, no requiriendo por ello para su aplicación recurrir a la supletoriedad de la legislación procesal civil; toda vez que, bajo una interpretación del plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece que el mismo se efectúa en días y no así en horas; pues dicha norma no dispone que deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; ello en concordancia, con la normativa prevista en el art. 110 de la LOJ, referente al Buzón Judicial, puesto que se comprendió que la implementación de ese medio tecnológico permitió centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio; consecuentemente, el terminó del intervalo para el planteamiento vence a la media noche del último día del plazo; asimismo, dicho plazo debe ser entendido bajo el cómputo de cinco días hábiles, puesto que el termino perentorio no puede ser interpretado de manera que el comienzo y el transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que la extensión gramatical hace referencia a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido; por lo que, una interpretación contraria que admita el vencimiento de plazos, resulta lesiva al derecho de impugnación.

En ese entendido, se tiene que en el presente caso, el Juez codemandado mediante Sentencia 34/2022 de 29 de junio, declaró probada en parte la demanda laboral, determinación notificada a la parte accionante el 30 de junio de 2022; ante lo cual, la parte accionante interpuso recurso de apelación el 7 de julio de 2022 a horas 19:11 -vía virtual-, ello conforme se tiene del Certificado de recepción en plataforma a través de Buzón Judicial 221714, y por memorial presentado el 8 de igual mes y año, formalizo su recurso de apelación en formato físico contra la Sentencia 34/2022, mereciendo el Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, a través del cual, el Juez codemandado rechazo dicho recurso por ser extemporáneo, ya que el plazo finalizaba a horas 16:00 debido al horario laboral continuo; en ese sentido, corresponde precisar que conforme establece el art. 205 del CPT, se tiene que: “Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación…”, es decir, que dicho cómputo se efectúa en días y no así en horas; pues la normativa procesal laboral no dispone que el plazo deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; asimismo, conforme se señaló precedentemente dicho plazo debe ser entendido bajo el cómputo de cinco días hábiles; en ese entendido, en el caso de autos, al ser notificada la referida Sentencia 34/2022 a la parte accionante el jueves 30 de junio de 2022, el computo del plazo de los cinco días para interponer el recurso de apelación inició el viernes 1 de julio del mismo año, finalizando el jueves 7 de igual mes y año, ello descontando los días inhábiles sábado y domingo, computo coincidente con el efectuado por el Juez codemandado respecto a los días; sin embargo, dicha autoridad sobre el horario de interposición señaló que el mismo finalizaba a horas 16:00, ello debido al horario laboral continuo, determinación que resulta errónea; toda vez que, el cómputo para el plazo para interponer el recurso de apelación se efectúa en días y no así en horas; pues la normativa procesal laboral no dispone que el plazo deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas; razonamiento concordante con la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que determina como válida la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, ello fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal; por lo que, la interposición del recurso de apelación contra la Sentencia 34/2022 vía Buzón Judicial el 7 de julio de 2022 a horas 19:11 -Certificado de recepción en plataforma 221714-, fue efectuada dentro del plazo previsto, el cual concluía al finalizar el día 7 de julio de 2022, es decir, a horas 23:59, mediante Buzón Judicial, empleando de forma correcta dicho medio informático que tiene como finalidad brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio -art. 4.1 del Reglamento del Buzón Judicial-; en consecuencia, el cómputo realizado por el Juez codemandado resulta erróneo al tomar en cuenta el horario laboral continuo para determinar la presentación extemporánea de la apelación formulada por la parte accionante; por lo que, el hecho de haber emitido el Auto Interlocutorio 063/2022, rechazando el recurso de apelación interpuesto, lesiona el derecho al debido proceso en su elemento defensa entendido como la potestad inviolable de la persona a ser escuchado a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea e impugnar decisiones, ello conforme a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, lo que amerita conceder la tutela a fin de que el Juez codemandado emita nueva resolución admitiendo el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Sobre la segunda subproblemática, referente al Juez codemandado, el accionante denuncia que dicha autoridad judicial por decreto de 17 de octubre de 2022, rechazó la interposición de su recurso de nulidad sin fundamentación y motivación adecuada. Al efecto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, que señala que la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el decreto de 17 de octubre de 2022; así tenemos, que conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, el Juez codemandado pronuncio dicho proveído, bajo los siguientes argumentos:

Sin lugar a lo solicitado; tomando en cuenta el Auto de fecha de 15 de Julio de 2022 y Auto de Vista 06/2022 de fecha 10 de agosto de 2022; en consecuencia, remítase a la norma procesal laboral vigente y a los datos que cursan en el presente proceso. En ese contexto, se puede evidenciar que el Juez codemandado a momento de emitir el decreto de 17 de octubre de 2022, y determinar sin lugar al recurso de nulidad interpuesto por la parte accionante, no utilizo normativa alguna a través de la cual determine de manera fundamentada su decisión, advirtiéndose así que el proveído cuestionado carece de la fundamentación exigida que se constituye en una justificación razonable de la premisa normativa, extremo que conlleva la consecuente ausencia de motivación, ya que no existan justificaciones y argumentos con los que se hayan subsumido las normas utilizadas para la emisión de dicho proveído; actuando de forma discrecional y arbitraria, tal cómo se precisó en la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, que en relación a la arbitrariedad en la fundamentación y motivación, estableció que cuando una resolución en sentido general sea judicial o administrativa, no da razones o justificaciones que sustenten su decisión, ello traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”; toda vez que, la justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice, es decir, el asunto pendiente de decisión, aspectos que conllevan a concluir que el referido decreto, se configura en una decisión judicial arbitraria, ya que el Juez codemandado no expresó las razones de hecho y de derecho por las cuales llegó a la determinación asumida; toda vez que, se limitó a adoptar una decisión, sin que esté precedida de razones lógico-jurídicas, ni argumento alguno; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En cuanto a la tercera subproblemática referente al Juez codemandado, la parte accionante denuncia que dicha autoridad judicial se excedió superabundantemente en la emisión de la Sentencia 34/2022, inobservando que en noviembre de 2021 ya contaba con decreto para que ingrese a despacho para su emisión, así como su reiterada solicitud de emisión por memorial de 4 de enero de 2022, inobservando que contaba para el efecto con el plazo de diez días, denotando en la perdida de competencia por el simple transcurso del tiempo.

En ese sentido, es preciso resaltar que en coherencia al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y conforme al lineamiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, se tiene que esta acción tutelar no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada, estableciendo las siguientes reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad: “…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución”. Bajo dicho marco jurisprudencial, corresponde precisar que el reclamo referente a que el Juez codemandado emitió la Sentencia 34/2022 de 29 de junio, excediendo superabundantemente el plazo, de la revisión detenida del recurso de apelación formulado por el accionante, se tiene que este aspecto no fue reclamado en dicho recurso, no pudiendo pretender entonces el accionante que esta instancia constitucional otorgue tutela en base a argumentos que no fueron reclamados en dicha oportunidad, ni ante el Juez a quo, razón por la cual sobreviene la causal de improcedencia por inobservancia del principio de subsidiariedad, ello conforme a lo descrito en el inc. 1).b) del Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional; respecto a que la autoridad judicial no tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno previsto en el ordenamiento jurídico denunciado dicho reclamo; en ese sentido, el accionante debe agotar los medios de defensa intra procesales que ofrece la vía ordinaria para reparar o evitar la lesión de sus derechos, y una vez agotados dichos medios y quedando subsistente la amenaza, restricción o supresión, recién acudir a la jurisdicción constitucional en busca de la reparación o respeto de los mismos, razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al fondo análisis de fondo. En cuanto a la segunda problemática referente al Vocal demandado, la parte accionante denuncia que dicha autoridad judicial, mediante Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, declaró ilegal el recuso de compulsa interpuesto contra el Auto Interlocutorio 063/2022 que rechazó su recurso de apelación, bajo los mismos argumentos del Juez a quo, remitiéndose a los arts. 90 y 91 del CPC, en aplicación del art. 252 del CPT, inobservando que dicho artículo se aplica cuando la normativa laboral no contenga en su procedimiento los parámetros de continuidad del proceso sobre estos puntos determinados; sin embargo, el art. 89 del CPT, establece claramente: “Salvo lo dispuesto en normas especiales, los actos del proceso se practicaran en días y horas hábiles”, debiendo aplicar dicho artículo junto a las instructivas emitidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Al respecto corresponde precisar que conforme la afirmación de la parte accionante referente a que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, declarando ilegal la compulsa interpuesta bajo los mismos argumentos de Juez codemandado, se tiene que de acuerdo a lo desarrollado precedentemente en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el art. 205 del CPT, expresamente establece el plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de apelación contra las sentencias laborales, que es de cinco días perentorios, término que no merece ningún cuestionamiento al ser expreso, y estar así determinado por la normativa procesal laboral, no requiriendo por ello para su aplicación recurrir a la supletoriedad de la legislación procesal civil; toda vez que, bajo una interpretación del plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece que el mismo se efectúa en días y no así en horas; pues dicha norma no dispone que deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; ello en concordancia, con la normativa prevista en el art. 110 de la LOJ, referente al Buzón Judicial, puesto que se comprendió que la implementación de ese medio tecnológico permitió centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio; consecuentemente, el terminó del intervalo para el planteamiento vence a la media noche del último día del plazo; en ese entendido, se concluye que, si bien, el computo del plazo para apelar la Sentencia es de cinco días, los cuales serán considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; sin embargo, dicho plazo debe ser entendido bajo el cómputo de cinco días hábiles, puesto que el termino perentorio no puede ser interpretado de manera que el comienzo y el transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que la extensión gramatical hace referencia a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido; por lo que, una interpretación contraria que admita el vencimiento de plazos menores a cinco días, resulta lesiva al derecho de impugnación.

En ese sentido, se advierte que el Vocal demandado de forma errónea se remitió a la aplicación supletoria del adjetivo civil a efecto de determinar el computo del plazo de momento a momento debido al horario laboral continuo, inobservando que en el presente caso, conforme establece el art. 205 del CPT, el plazo para interponer recurso de apelación contra las sentencias laborales es de cinco días, término que no merece ningún cuestionamiento al ser expreso, y estar así determinado por la normativa procesal laboral, no requiriendo por ello para su aplicación recurrir a la supletoriedad de la legislación procesal civil; toda vez que, bajo una interpretación del plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece que el mismo se efectúa en días y no así en horas; pues dicha norma no dispone que deba ser calculado de momento a momento; por lo que, los cinco días para el planteamiento de la impugnación son considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca el periodo de las 00:00 a las 23:59 horas, es decir, de una media noche a otra media noche; por consiguiente, es deber del Vocal demandado acatar estrictamente lo establecido en la normativa procesal laboral; puesto que, únicamente corresponde aplicar la supletoriedad establecida en el art. 252 del CPT, respecto a “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”, disposición normativa que no resulta aplicable; toda vez que, el adjetivo laboral establece expresamente el plazo para la interposición del recurso de apelación en días y no así en horas o de momento a momento, es decir, que se encuentra previsto en la ley específica; por lo que, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, implicaría vulnerar el contenido esencial del Código Procesal del Trabajo referente al plazo de cinco días para interponer el recurso de apelación en materia laboral que como se señaló precedentemente, no hace referencia a su computo a través de horas o de momento a momento, razón por la cual corresponde conceder la tutela al respecto. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 190/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 743 a 748, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a la primera y segunda subproblematicas respecto al Juez codemandado, así como a la segunda problemática referente al Vocal demandado y los derechos al debido proceso y a la defensa, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 063/2022 de 15 de julio, emitido por Roberto Daniel Vedia Martínez, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto del departamento de Cochabamba, disponiendo que dicha autoridad proceda a emitir nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos glosados en este fallo constitucional; asimismo, si bien, se deja sin efecto el Auto de Vista 006/2022 de 10 de agosto, emitido por Henry Milton Santos Alanes, Vocal de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin disponer la emisión de nueva resolución, correspondiendo precisar que como emergencia de la determinación a asumirse por parte del referido Juez a quo, se repararan todas las denuncias efectuadas por la parte accionante. 3° DENEGAR la tutela respecto a la tercera subproblematica referente al Juez codemandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

2 La SCP 0782/2018-S2 de 26 de noviembre, respecto a una de las lecturas del debido proceso, expresa: “Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[1], al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[2], instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental. (…) en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas”.

3 La SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, ha expresado que una de las lecturas del debido proceso “… abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector”.

4 Respecto al derecho a la defensa, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, expreso textualmente: “…como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0661_2024-S1.pdf · páginas 1 a 37.

Huella digital del PDF (SHA-256): d7e96a8285920e9afac6d8be82ae6beaaff322e3e05bf42555403e068c2659a7

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