Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vivienda, a la defensa y, a las garantías de justicia material y del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América S.R.L. en su contra, el Vocal y el ex Vocal demandados, emitieron el Auto de Vista 319 confirmando los tres Autos Interlocutorios de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, “393 y vlta.” y “394 y vlta.” -por los cuales se rechazaron los incidentes de falsedad ideológica y de nulidad de notificación, así como la oposición al desapoderamiento que formuló-, omitiendo considerar los agravios que expuso contra: 1) El primer Auto Interlocutorio de la indicada fecha “fs. 392 y vlta.”, pues denunció la falsedad de una de las letras de cambio y la carencia de aval en la otra; 2) El segundo Auto Interlocutorio de igual fecha “fs. 393 y vlta.”, ya que argumentó la invalidez de la notificación -no especifica con qué acto- realizada por tablero; 3) El tercer Auto Interlocutorio de la misma fecha “fs. 394 y vlta.”, sin expresar la norma jurídica que sustenta su decisión. Por otro lado, 4) La Jueza codemandada, mediante providencia de 7 de marzo de 2023, consolidó dichos “actos ilegales” ordenando la expedición mandamiento de desapoderamiento, el cual fue emitido el 10 de igual mes y año, sin verificar las irregularidades de los títulos ejecutivos ni cumplir los requisitos formales previstos en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 284 a 286 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56218-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 67 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 284 a 286 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nilsin Verónica Rodríguez Pérez contra Freddy Pérez Chavarría, José Ernesto Aponte Ribera, Vocales; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 4 y 14 de abril de 2023, cursantes de fs. 124 a 136; y, 144 a 147, la accionante manifestó lo siguiente:
Se inició un proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) -tercero interesado- en su contra, por el cobro de $us35 000.- (treinta y cinco mil dólares estadounidenses), cuya base fueron las letras de cambio con fecha de pago de 27 de enero de 2012, por los montos de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses) y $us5 000.-(cinco mil dólares estadounidenses) -respectivamente-. En la primera, firmó como avalista, sin embargo, el Protesto 10/2012 de 30 de enero "...adolece del protesto a [su] persona, tal como consta en los datos de dicho acto notarial" (sic); y, en la segunda, sólo firmó Eugenio Mariscal Arteaga -ahora tercero interesado-.
En ese contexto se emitió la Sentencia 63/2012 de 5 de julio, por la cual, el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda ejecutiva, ordenando la cancelación de la suma indicada; por esta razón, en ejecución de fallos, interpuso incidentes de falsedad ideológica, nulidad de notificación y de oposición al desapoderamiento, que fueron rechazados por Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandada- por Autos Interlocutorios todos de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, “393 y vlta.” y “394 y vlta.” En consecuencia, presentó recursos de apelación contra los referidos Autos Interlocutorios, ante lo cual, por Auto de Vista 319 de 18 de noviembre de 2022, Freddy Pérez Chavarría, Vocal; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, confirmaron las referidas Resoluciones de primera instancia sin la debida motivación, fundamentación y congruencia, con una perspectiva formalista, ya que: a) Omitieron considerar sus agravios relativos al primer Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, en los que refiere que el documento base de la ejecución es falso y que la segunda letra de cambio carece de aval; b) No se pronunciaron sobre los agravios concernientes al segundo Auto Interlocutorio de igual fecha “fs. 393 y vlta.”, en los que cuestionó la validez de la notificación -no especifica con qué acto- en tablero judicial, ya que señaló que debía ser notificada mediante WhatsApp y la notificación se realizó cuando el expediente se encontraba “en despacho”; y, c) Obviaron tomar en cuenta los argumentos de su recurso de apelación contra el tercer Auto Interlocutorio de la misma data “fs. 394 y vlta.” y no expresaron la norma jurídica que sustenta su decisión. Como producto de dichos “actos ilegales”, por providencia de 7 de marzo de 2023, la Jueza codemandada dispuso la expedición de mandamiento de desapoderamiento, emitiendo el mismo el 10 de igual mes y año, sin verificar que está siendo sancionada con base en una letra de cambio que no firmó y cuya deuda no es suya, ni cumplir los requisitos formales previstos en el art. 427 del Código Procesal Civil (CPC).
Denunció la lesión de sus derechos a la vivienda, a la defensa; y, de las garantías de justicia material y del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 19.I, 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 319, debiendo los Vocales demandados emitir otro debidamente fundamentado y congruente, pronunciándose sobre todos los puntos de agravio indicados y reclamados en su oportunidad; y, 2) Dejar sin efecto el mandamiento de desapoderamiento de 10 de marzo de 2023.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 278 a 284, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) La falsedad fue observada debido a que no se realizó el protesto respecto a la letra de cambio por $us30 000.-; ii) El adjudicatario no cumplió con el depósito judicial de acuerdo al art. 420 del CPC; y, iii) El presente caso tiene relevancia constitucional, ya que no respeta la justicia material; además, se emitió un fallo en el que no fue escuchado.
Freddy Pérez Chavarría, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 160 a 162, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) La impetrante de tutela no cumplió con ninguno de los presupuestos exigidos por la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, para que la justicia constitucional valore y controle la actividad interpretativa realizada por la Jueza de la causa; b) La prenombrada acudió a la vía constitucional utilizando los mismos argumentos de sus recursos ordinarios, como si fuera una instancia más del proceso civil; y, c) El Auto de Vista 319 fue emitido con suficientes argumentos, permitiendo conocer sus motivos y fundamentos. José Ernesto Aponte Ribera, Vocal; Efraín Cruz Limachi, ex Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del mismo departamento, no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 155, 158 y 159.
Omar Méndez Vaca, en audiencia a, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) Se aprobó el remate mediante Auto Interlocutorio 73/2022 de 16 de febrero, sin embargo, la accionante no recurrió el mismo; además, se suscribió la “...minuta del 06/22, la cual en el mismo momento la hoy accionante se opone a la venta judicial en favor del señor Omar Méndez...” (sic); 2) La impetrante de tutela, no vivía en el inmueble rematado y posteriormente adjudicado, “...toda vez que se encontraba un anticresista Nancy Calderón, que por desgracia la misma no inscribió dicho derecho, así como consta en el acta de entrega del inmueble...” (sic); y, 3) Así hubiera existido falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 319, corresponde denegar la tutela porque esta carece de relevancia constitucional, debido a que si los Vocales demandados se hubieren pronunciado de manera favorable a los intereses de la peticionante de tutela ordenando se observe el trámite incidental para ingresar a fondo de la temática de la nulidad planteada, la resolución final sería el mismo. José Luis Paz Bowles, representante de la empresa UAP Latin América S.R.L., en audiencia de la acción tutelar, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) La accionante firmó la letra de cambio por $us30 000.-, mientras que la letra de cambio por $us5 000.- fue firmada por su esposo, además, existe una comunidad de gananciales; ii) No se hizo uso de los recursos franqueados por ley, ya que pudo iniciarse un proceso ordinario; iii) Las autoridades judiciales admitieron los incidentes planteados por la impetrante de tutela y rechazaron los mismos por carencia de argumentos; iv) La Jueza codemandada paralizó el procedimiento ante la interposición de las apelaciones pese a que las mismas fueron admitidas en el efecto devolutivo, tampoco quiso dar curso al cobro del monto obtenido por la adjudicación debido a la presentación de esta acción de amparo constitucional; y, v) Pretender la anulación de obrados del proceso ejecutivo en este momento, constituye una vulneración de derechos constitucionales del adjudicatario y de la empresa UAP Latin América S.R.L. Eugenio Mariscal Arteaga, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 153.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 67 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 284 a 286 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista 319 refiere que la accionante no planteó los mecanismos de defensa ordinarios oportunamente; además, señaló que debió acudirse al libro de control de notificaciones para el seguimiento de la notificación cuestionada; b) Estamos ante una “...Acción de puro derecho, donde únicamente se ingresa a revisar el derecho y no así los hechos...” (sic); por ende, no puede verificarse si existió una correcta notificación, siendo que el mismo Tribunal de alzada manifestó la inexistencia de error en la misma; además, la presente acción tutelar no es un recurso casacional; c) Respecto al desapoderamiento del bien inmueble adjudicado, el art. 400 del CPC establece que ningún incidente puede ser admitido para dilatar la ejecución de fallos; y, d) La peticionante de tutela tuvo la posibilidad de plantear los mecanismos de defensa respectivos, empero, no lo hizo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 300 a 302); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América S.R.L. -tercero interesado- contra Nilsin Verónica Rodríguez Pérez -hoy accionante- y Eugenio Mariscal Arteaga -también tercero interesado-, mediante Sentencia 63/2012 de 5 de julio, el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda, disponiendo el pago de $us35 000.- en favor de la mencionada sociedad comercial (fs. 16 y vta.). II.2. Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, la impetrante de tutela interpuso incidente de falsedad ideológica solicitando suspensión provisional de la ejecución ante Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- (fs. 21 a 24 vta.); asimismo, a través de escrito con fecha ilegible de presentación, recibido el 5 de mayo del citado año, la prenombrada planteó incidente de nulidad de notificación (fs. 26 a 27); y, mediante memorial presentado el 13 de igual mes y año, formuló oposición al desapoderamiento (fs. 31 a 32). II.3. Constan tres Autos Interlocutorios de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”,
“393 y vlta.” y “394 y vlta.”, por los cuales, la Jueza codemandada, rechazó los incidentes y la oposición al desapoderamiento referidos en la Conclusión II.2 (35 a 37 vta.). II.4. Cursan memoriales presentados el 22 de junio de 2022, por los cuales, la peticionante de tutela, interpuso recursos de apelación contra los Autos Interlocutorios de 1 de igual mes y año (fs. 38 a 39; 41 y vta.; y, 43 y vta.).
II.5. Mediante Auto de Vista 319 de 18 de noviembre de 2022, Freddy Pérez Chavarría, Vocal; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados- confirmaron los tres Autos Interlocutorios de 1 de junio de ese año “fs. 392 y vlta.”, “393 y vlta.” y “394 y vlta.” (fs. 87 a 89). II.6. Se tiene memorial presentado el 6 de marzo de 2023, por el que, Omar Méndez Vaca -tercero interesado- reiteró su solicitud para la emisión de “orden de desapoderamiento” (fs. 107), ante ello, por decreto de 7 de igual mes y año, la Jueza codemandada, dispuso se libre mandamiento al efecto (fs. 108); y, a través de mandamiento de desapoderamiento de 10 del mismo mes y año, ordenó que se “…PROCEDA AL DESAPODERAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (…) INSCRITO EN LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES BAJO LA MATRICULA COMPUTARIZADA N°7011990067880” (sic [fs. 113]).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vivienda, a la defensa y, a las garantías de justicia material y del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América S.R.L. en su contra, el Vocal y el ex Vocal demandados, emitieron el Auto de Vista 319 confirmando los tres Autos Interlocutorios de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, “393 y vlta.” y “394 y vlta.” -por los cuales se rechazaron los incidentes de falsedad ideológica y de nulidad de notificación, así como la oposición al desapoderamiento que formuló-, omitiendo considerar los agravios que expuso contra: 1) El primer Auto Interlocutorio de la indicada fecha “fs. 392 y vlta.”, pues denunció la falsedad de una de las letras de cambio y la carencia de aval en la otra; 2) El segundo Auto Interlocutorio de igual fecha “fs. 393 y vlta.”, ya que argumentó la invalidez de la notificación -no especifica con qué acto- realizada por tablero; 3) El tercer Auto Interlocutorio de la misma fecha “fs. 394 y vlta.”, sin expresar la norma jurídica que sustenta su decisión. Por otro lado, 4) La Jueza codemandada, mediante providencia de 7 de marzo de 2023, consolidó dichos “actos ilegales” ordenando la expedición mandamiento de desapoderamiento, el cual fue emitido el 10 de igual mes y año, sin verificar las irregularidades de los títulos ejecutivos ni cumplir los requisitos formales previstos en el art. 427 del CPC. Ante ello, Freddy Pérez Chavarría, Vocal demandado, refiere que, la impetrante de tutela no cumplió con los presupuestos exigidos para que la justicia constitucional revise la interpretación realizada por la Jueza de la causa, usó los mismos argumentos utilizados en sus recursos ordinarios y que el Auto de Vista 319 se encuentra fundamentado.
Al respecto, José Ernesto Aponte Ribera, Vocal; Efraín Cruz Limachi, ex Vocal; y, la Jueza codemandada no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por un lado, el art. 129.I de la CPE, estipula que la acción de amparo constitucional procede: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, criterio reiterado por el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, por otro lado, siguiendo lo contenido por el art. 386.I del CPC, se establece que: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo” (las negrillas son añadidas). Es así que, dada la posibilidad de que la determinación del proceso ejecutivo respecto a hechos o derechos controvertidos puede ser cambiada en un proceso ordinario ulterior, la procedencia de la tutela de derechos y garantías constitucionales vía acción de amparo constitucional requiere, como condición impuesta por el principio de subsidiariedad, haber activado previamente dicho proceso ordinario. Al respecto, la SCP 0367/2012 de 22 de junio, constituyó determinadas reglas para la aplicación del principio de subsidiariedad en los procesos ejecutivos, así: “Cuando se denuncian a través de la acción de amparo constitucional decisiones judiciales emergentes de procesos de ejecución -proceso ejecutivo o acción coactiva civil- la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos supuestos de hecho en resguardo del principio de subsidiariedad, previsto ahora en los arts. 129.I de la CPE y 74. 1 y 3, y 76 de la LTCP” (las negrillas son nuestras); y, en cuanto al segundo supuesto de hecho, señaló que: “La segunda situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil-los actos lesivos denunciados a través de la acción de amparo constitucional pueden ser analizados, revisados y corregidos en proceso ordinario posterior, precisamente por no incidir en la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso y referirse a aspectos que requieren amplio debate en el proceso…” (las negrillas nos corresponden).
Delimitado el objeto procesal de esta acción tutelar, se tiene que dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América S.R.L. -tercera interesada- contra la ahora accionante y Eugenio Mariscal Arteaga -también tercero interesado-, fue emitida la Sentencia 63/2012 de 5 de julio, por la cual, se dispuso el pago de la suma de $us35 000.- en favor de la referida sociedad comercial (Conclusión II.1); sobreviniendo a ello, la impetrante de tutela interpuso un incidente de falsedad ideológica, un incidente de nulidad de notificación y una oposición al desapoderamiento mediante memoriales de 21 de abril, 5 de mayo -fecha de recepción por el Juzgado- y 13 de mayo, todos de 2022 (Conclusión II.2), los cuales, fueron rechazados a través de los Autos Interlocutorios de 1 de junio de igual año “fs. 392 y vlta.”, “393 y vlta.” y “394 y vlta.”, emitidos por Jueza codemandada (Conclusión II.3). En ese contexto, el 22 de junio de 2022, la accionante interpuso recursos de apelación contra los Autos Interlocutorios de 1 de junio de 2022 (Conclusión II.4); ante ello, por Auto de Vista 319 de 18 de noviembre de 2022, Freddy Pérez Chavarría, Vocal; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-confirmaron las Resoluciones impugnadas (Conclusión II.5). Posteriormente, el 10 de marzo de 2023, la Jueza codemandada emitió mandamiento de desapoderamiento respecto al bien inmueble registrado en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7011990067880 (Conclusión II.6). Bajo ese marco, la impetrante de tutela denuncia que el Auto de Vista 319 y la emisión del mencionado mandamiento de desapoderamiento lesionan sus derechos fundamentales.
Denuncias relacionadas al Auto de Vista 319 La accionante señala que el Auto de Vista 319 no cuenta con pronunciamiento respecto a distintos agravios que fueron expresados en sus recursos de apelación contra los tres Autos Interlocutorios de 1 de junio de 2022; por lo que, dichos extremos se verificarán a continuación: En ese entendido, en relación al punto 1) del objeto procesal, sobre el primer Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, la peticionante de tutela, en su memorial de acción de amparo constitucional refiere que “…existe una ausencia de pronunciamiento respecto a los agravios indicados en [su] recurso de apelación (…) donde refiere a la falsedad del documento base de la presente ejecución y la ausencia de firma como aval de una segunda letra…” (sic [fs. 129]); en ese entendido, en su recurso de apelación contenido en el memorial de presentado el 22 de junio de 2022, indicó que “…se acusa que SE HA INCURRIDO EN FALSO EL DOCUMENTO O PRUEBA BASE
PARA LA ACCIÓN (…) se ha incurrido en falsedad ideológica al tenerme como avalista del documento de Fs. 24…” (sic [fs. 38 vta.]) y que el Protesto 10/2012 de 30 de enero, no fue realizado contra su persona, por lo que, se habría incurrido en “FALSEDAD IDEOLOGICA”. Al respecto, las autoridades judiciales demandadas, mediante el Auto de Vista 319, señalando el art. 400.II del CPC, establecieron que la accionante no interpuso excepción alguna pese a su intervención desde el inicio del proceso, resultando de ello la extemporaneidad de su solicitud y la convalidación tácita de los actos procesales denunciados. De la descripción precedente, se advierte que, el fondo de los reclamos de la impetrante de tutela respecto a este punto, es cuestionar los alcances del derecho de cobro de la parte demandante del proceso ejecutivo civil, pues refiere que no es avalista en una de las letras de cambio y, que el Protesto 10/2012 del otro título valor no habría sido realizado a su persona; es decir que, cuestiona el derecho material del que emergió la contienda civil; sin embargo, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, correspondía que previamente a acudir a esta acción de defensa, la peticionante de tutela agote los medios legales establecidos para cuestionar los presuntos actos lesivos relativos al derecho material; en este sentido la parte accionante contaba con el proceso ordinario civil posterior, de acuerdo a lo previsto por los arts. 490 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC abrg.), y 386 del CPC. En consecuencia, se concluye que la accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad que rige la presente acción tutelar, por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en relación a los reclamos relativos al primer Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 392 y vlta.”, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Respecto al punto 2) del objeto procesal, sobre el segundo Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 393 y vlta.”, la accionante, en su memorial de la acción tutelar, refiere que los Vocales demandados no se pronunciaron sobre la validez de la notificación -no especifica cuál y con qué acto-, pues no se notificó mediante el número de teléfono otorgado ni se tomó en cuenta que, el momento en que se realizó la diligencia, el expediente se encontraba en despacho. Dichos reclamos también se plasmaron en el memorial de 22 de igual mes y año, de recurso de apelación, por el cual la impetrante de tutela manifestó que habría advertido anteriormente -en otro memorial- que debía ser notificada por vía WhatsApp, además señaló que no puede argumentarse, de acuerdo al art. 84 del CPC, que la carga de la asistencia es personal y que se notificó en tablero, ya que “...EL EXPEDIENTE SE ENCONTRABA EN DESPACHO CON EL INFORME DEL FUNCIONARIO DEL JUZGADO…” (sic [fs. 41 y vta.]).
Referente a ello, mediante el Auto de Vista cuestionado, el Vocal y ex Vocal demandados que lo suscribieron, indicaron que los argumentos de la Jueza codemandada son correctos y “apegados a derecho”, citando el art. 84.IV del CPC y señalaron que: “En el caso concreto se tiene que para el caso de que el expediente no se encuentre en secretaría se debe hacer constar en el libro de control de notificaciones, de no existir esta prueba el reclamo del incidentista resulta meramente subjetivo (…) amén de que de la revisión de la diligencia de fs. 341 ha sido bien realizada y cumple todos los requisitos legales…” (sic [fs. 88 vta.]). A partir de ello, este Tribunal advierte que, las autoridades judiciales demandadas suscribientes del Auto de Vista 319, se pronunciaron respecto a la validez de la notificación, comprendiéndose del contenido del referido fallo que la accionante no acudió al libro de control de notificaciones para probar las irregularidades en la diligencia cuestionada y que la misma cumple con los requisitos legales, convalidando los argumentos vertidos por la Jueza codemandada, quien a tiempo de fundamentar el segundo Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 393 y vlta.”, invocó los arts. 82, 83.II y 84 del CPC, concluyendo que la notificación por medios alternativos de comunicación procesal es facultativa; sin embargo, dichos argumentos no fueron rebatidos por la impetrante de tutela a través de su acción de amparo constitucional, limitándose a señalar que no existe pronunciamiento sobre este punto, lo cual, como se describió, no es evidente; por consiguiente, corresponde denegar la tutela sobre el referido cargo. Ahora bien, en lo concerniente al punto 3) del objeto procesal, sobre el tercer Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 “fs. 394 y vlta.”, la peticionante de tutela señaló que “…existe un incongruencia en cuanto a los agravios que no fueron resueltos y (…) no establece cual es la norma o el instituto que refieren los mismos…” (sic [fs. 130 vta.]), habiendo identificado como agravios los siguientes: i) No es avalista en la letra de cambio girada por la suma de $us5 000.-; ii) El protesto 10/2012 no fue realizado a su persona; iii) Al no ser parte de la letra de cambio de 20 de octubre de 2011, no se puede sancionar a su persona con la afectación de su patrimonio; y, iv) De acuerdo al art. 1471 del Código Civil (CC) el inmueble objeto de remate no podía ser rematado al existir otro bien hipotecado. Los mencionados agravios fueron mencionados en el recurso de apelación interpuesto por memorial de 22 de junio de 2022. En respuesta, las autoridades judiciales demandadas que emitieron el Auto de Vista 319, a través del mismo, recurrieron al art. 427.II del CPC, refiriendo que si bien es cierto que la accionante tiene un derecho inscrito anteriormente al embargo, “…no es aplicable la norma procesal señalada, toda vez que este instituto jurídico de la oposición al desapoderamiento se encuentra establecido para la protección de los derechos de terceros ajenos al proceso y de ninguna manera puede ser utilizado válidamente por el ejecutado…” (sic [fs. 88 vta.]), calificando la oposición presentada por la impetrante de tutela como dilatoria. Bajo el marco descrito, se evidencia que las autoridades judiciales demandadas suscribientes del Auto de Vista 319 explicaron que, no correspondía emitir pronunciamiento sobre los cargos debido a que la oposición al desapoderamiento se encuentra reservada a la protección de derechos de terceros ajenos al proceso; por lo que, “…fundamentar una oposición al desapoderamiento de parte del ejecutante que ha sido oído y vencido en el juicio, resulta un despropósito…” (sic [fs. 88 vta.]); además, respaldó dicho razonamiento en el art. 427 del CPC, sin que la impetrante de tutela haya desarrollado argumentos que cuestionen dicha argumentación, permitan revisar la interpretación de legalidad no pudiendo entonces esa Sala obrar de oficio sobre dicho cargo. Denuncias relacionadas al mandamiento de desapoderamiento Respecto al punto 4) del objeto procesal, la accionante denuncia que la Jueza codemandada, mediante providencia de 7 de marzo de 2023, ordenó la expedición del mandamiento de desapoderamiento, el cual fue emitido el 10 de igual mes y año, sin verificar las irregularidades de los títulos ejecutivos ni cumplir los requisitos formales previstos en el art. 427; sin embargo, considerando que dichos actos son ajenos al Auto de Vista 319, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, dado que no se agotaron los medios de impugnación ordinarios a efecto que las autoridades judiciales jerárquicas puedan emitir pronunciamiento de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Finalmente, en lo concerniente a los derechos a la vivienda y a la defensa invocados por la accionante, siendo que los mismos solo fueron enunciados sin que exista mayor argumentación o prueba relacionada a los mismos, ello impele a este Tribunal a denegar la tutela sobre los mismos sin ingresar al análisis de fondo de su análisis.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 284 a 286 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0659_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ed4bb5ecd299ef2b3bfa2b5e66bece21a4cbea79dc87e61da3554ea6f84ccdf
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