Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024
Concede la tutela
El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en razón a que, las autoridades demandadas, emitieron el Auto Supremo 774/2022, declarando infundado el recurso de casación planteado en contra del Auto de Vista de 29 de abril de 2022; el cual, de forma arbitraria confirmó tanto el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, y la Sentencia de 19 de febrero de igual año, que declaró probada en parte la demanda ordinaria de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario seguido en su contra, sin desarrollar un análisis intelectivo de las dos pericias contradictorias introducidas en el caso; toda vez que, al haber sido realizadas por entidades especializadas del Estado, obligaba a disponer un contra peritaje u ordenar una tercer prueba que permita llegar a la verdad material; además que, no correspondía introducir en la causa el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010; pues, no fue objeto del proceso; finalmente, respecto a al agravio cuarto de su recurso, relacionado con el desconocimiento de la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado de 28 de octubre de 2014, se limitaron a indicar que este sería resuelto junto al punto segundo; sin embargo, no se hizo pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 0066/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 864 a 868, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 774/2022 de 10 de octubre, disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente, en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 55554-2023-112-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 066/2023 de 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 864 a 868 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Santos Plaza Suárez contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 10 de abril de 2023, cursantes de fs. 1; y, 770 a 790, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 8 de febrero de 2017, Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–, formuló en su contra demanda ordinaria de nulidad de documento y reconocimiento de derecho propietario, del inmueble de 365.45 m2, ubicado en la calle innominada de la zona la “Chimaba” de la ciudad de Cochabamba; alegando que, en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, se habría falsificado su firma; pues, desconocería las circunstancias en las que se hubiera elaborado el mismo, y que lo que se pretende con él es su apoderamiento. Mediante Auto de 11 de julio de 2017, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del citado departamento, admitió la demanda planteada y dispuso su citación; sin embargo, pese a haber respondido y ofrecido medios probatorios, dicha autoridad rechazó su respuesta estableciendo su extemporaneidad.
Seguidamente, se emitió la Sentencia de 19 de febrero de 2021, declarando probada en parte la demanda ordinaria de nulidad de documento e improbada respecto al reconocimiento de derecho propietario; declarando nulo y sin valor legal el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario suscrito el 28 de octubre de 2014, y condenando al pago de costas y costos del proceso. Consecuentemente, en plazo oportuno interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia citada supra y el Auto de 1 de marzo de 2018; por el que, la referida Jueza, rechazó la incorporación de un litisconsorte pasivo. La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, a tiempo de resolver su recurso, emitió el Auto de Vista de 29 de abril de 2022, confirmando de forma inmotivada e incongruente tanto la Sentencia de 19 de febrero de 2021 y el Auto de 1 de marzo de 2018. Ante ello, planteó recurso de casación en la forma y fondo, exponiendo de manera clara y fundamentada los siguientes aspectos: a) La Jueza a quo consideró que, su contestación a la demanda fue extemporánea;
aspecto que, de ninguna manera constituye admisión de los hechos narrados en la demanda; b) El Tribunal de alzada desconoció el informe pericial emitido por el perito designado por la propia Jueza de primera instancia; c) Tanto la Jueza a quo como el Tribunal de alzada; desconocieron que, el documento privado de reconocimiento voluntario de firmas de 28 de octubre de 2014, y el Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015, que declara auténtica la firma atribuida a Alfredo Cristian Michel López –ahora tercero interesado–, en la medida preparatoria de demanda, ha sido confirmada por Auto de Vista de 4 de enero de 2016; y, d) El documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, referido en alzada, no fue objeto del proceso; por lo que, no correspondía ser analizado. No obstante lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo (AS) 774/2022 de 10 de octubre, declarando infundado su recurso, incurriendo en actos arbitrarios e indebidos, que lesionaron sus derechos; pues, no realizaron una adecuada compulsa de todos los antecedentes; incumplieron con las reglas de la congruencia interna y externa, la debida y suficiente fundamentación; así como, la motivación en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; aplicaron criterios extremadamente formales y ritualistas a tiempo de resolver los motivos de la casación en la forma y en el fondo para evadir pronunciarse a cada una de las cuestiones planteadas; y, omitieron realizar un control de oficio a los actos del inferior en el marco de sus competencias ante la existencia de vicios de nulidad absoluta.
La Resolución ahora objetada, declaró infundado su recurso de casación con argumentos irrazonables y evasivos, incurriendo en los siguientes actos arbitrarios: 1) El AS 774/2022, alteró el marco del debate planteado en el primer motivo del recurso de casación, vulnerando de esa manera la congruencia externa e interna como elemento del debido proceso; ya que, con criterio extremadamente formalista, se limitó a citar las pretensiones de la demanda, reconociendo que en la audiencia preliminar no se señaló ningún hecho a probar por el demandado, luego con criterio restrictivo; consideraron que, no se vulneró su derecho a ofrecer prueba de descargo, llegando a la siguiente conclusión, “En el caso de autos, de acuerdo a lo mencionado supra, José Santos Plaza Suárez tenía la oportunidad de presentar objeción contra el Auto dictado en audiencia, pues al no hacerlo en su oportunidad, este precluyó…” (sic).
Los Magistrados hoy demandados estaban en la obligación de pronunciarse con la debida pertinencia y coherencia a esa problemática planteada, y no introducir temáticas ajenas; 2) Las autoridades ahora demandadas, realizaron una relación descriptiva de las dos pericias realizadas en la causa, copiando ampulosamente parte de su contenido para emitir directamente conclusiones determinativas, que sin argumento válido desmerecen la credibilidad de la primera.
No comprobaron la validez, la fiabilidad de cada pericia realizada por los peritos a través de un control rigurosamente intelectivo en base a la sana crítica, contrastando los métodos y técnicas utilizadas por cada una de las pericias, para adoptar un determinado valor probatorio positivo o negativo, para luego en base al resto del elenco probatorio emitir conclusiones fundadas y motivadas como exige la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.
No explicaron cuál es el grado de fiabilidad de la prueba pericial de oficio realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) o las razones suficientes del por qué no la tomaron en cuenta; cuando esta acredita que, la firma en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, es precisamente del demandante Alfredo Cristian Michel López –ahora tercero interesado–, no siendo posible descalificar una determinada pericia en base a argumentos cuantitativos.
Con ese proceder, se lesionó conexamente el principio de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario del poder vinculado al debido proceso.
Ante la existencia de dos realidades distintas, emitieron superficialmente criterios ambiguos y generales sobre ambas, omitiendo por completo realizar el análisis intelectivo de aquellas; toda vez que, ante la existencia de dos pruebas realizadas por entidades especializadas del Estado, que resultan contradictorias, obligaba a las autoridades hoy demandadas disponer un contra peritaje u ordenar una tercera prueba que permita llegar a la verdad material;
3) El AS 774/2022, incurre en ausencia de fundamentación y motivación pertinente en relación a las cuestiones planteadas en el tercer motivo del recurso de casación; circunscritas a que, el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, no fue objeto del proceso; por consiguiente, no correspondía sea analizado ni considerado por la Jueza a quo y el Tribunal de alzada como erróneamente ocurrió; y, 4) Se incurrió en una grave vulneración de la congruencia externa en relación al cuarto motivo del recurso de casación planteado; en el que, se alegó el desconocimiento de la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado de 28 de octubre de 2014; el cual indicó que, este sería resuelto junto al punto segundo; sin embargo, no se hizo pronunciamiento alguno respecto a lo citado en el mismo. Finalmente; señaló que, se habría vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como el acceso a la justicia; en razón de que, las autoridades hoy demandadas no otorgaron una respuesta motivada, congruente y fundada en derecho, respecto a cada uno de los agravios planteados en su recurso de casación.
El impetrante de tutela alegó la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; citando al efecto, los arts. 8, 13.I, 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el AS 774/2022 de 10 de octubre, disponiendo la emisión de una nueva resolución; así como, el pago de costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 853 a 863 vta., presentes el accionante y los terceros interesados; todos asistidos por sus abogados; y, ausentes las autoridades judiciales demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 849 a 852 vta., manifestaron lo que sigue: i) El accionante inició diligencia de medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas contra Alfredo Cristian Michel López –ahora tercero interesado–, del documento privado objeto de Litis; en el cual, el demandado reconoce el supuesto derecho propietario del bien inmueble en disputa; para lo cual, se realizó la prueba pericial de oficio por el IITCUP, que mereció el Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015; el cual, declaró auténtica la firma atribuida al referido tercero interesado; ii) En uso de su derecho, este último planteó demanda ordinaria de nulidad de documento y reconocimiento de mejor derecho propietario contra el ahora impetrante de tutela; argumentando que, el 7 de noviembre de 2000, había realizado la compra del lote de terreno con dinero prestado por el accionante, en la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), monto que fue devuelto mediante documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010; iii) El demandante arguyó que dicho documento no fue disuelto por ningún medio y que durante el transcurso de quince años hizo mejoras y construcciones; además de, haber tenido la posesión ininterrumpida del inmueble descrito y negó que la firma estampada en el documento de 28 de octubre de 2014, fuera suya; iv) Habiéndose realizado el peritaje a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se llegó a demostrar que, la firma que consta en el documento no le correspondía, mereciendo la Sentencia de 19 de febrero de 2021, que declaró probada en parte la demanda principal; v) En la Resolución impugnada; se dejó establecido que, si bien el Juez a quo, en la audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, dispuso puntos a probar para la parte demandante y ninguno para el ahora solicitante de tutela, estando presente en dicho acto, no reclamó nada al respecto y tampoco se le restringió la posibilidad de ofrecer prueba de descargo; vi) El impetrante de tutela, no puede alegar que no existe congruencia externa en el Auto Supremo observado; ya que, en el mismo, de manera clara y precisa, se expuso las razones y los fundamentos que llevaron a determinar que éste se encontraba infundado; pues, aquel no procedió conforme a lo establecido en el art. 262 del Código Procesal Civil (CPC) –Ley 439 de 19 de noviembre de 2013–; y, vii) De ninguna manera se ignoró los peritajes de oficio, tanto del IITCUP, como el del IDIF, al contrario se valorizó a detalle los documentos que fueron objeto de análisis por los peritos para deducir si la firma de Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado– era o no la que estaba estampada en el documento de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014; al ser contrarias las conclusiones de estos informes periciales, se procedió a la evaluación del peritaje con mayor número de documentos indubitados, que durante el proceso no haya objeción de parcialidad; en base a la sana crítica se constituyó que, el informe pericial del IDIF, contiene y demostró mayor veracidad y objetividad.
Alfredo Cristian Michel López mediante informe escrito presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 840 a 846 vta.; señaló que, en aplicación del principio per saltum, no puede resolverse situaciones que no fueron planteadas en casación, como ocurre en el caso referido; y tampoco se puede cuestionar medios probatorios. Asimismo, en la presente audiencia a través de su abogado, manifestó lo siguiente: a) Los cuatro agravios planteados por el accionante en el recurso de casación, fueron debidamente respondidos por los Magistrados hoy demandados a través del AS 774/2022; y, b) Durante todo el proceso, se respetó los derechos fundamentales y garantías constitucionales del impetrante de tutela, por ello el planteamiento de la presente acción tutelar es subjetivo y deshonesto. Evelyn Leonor López de Plaza, por informe escrito presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 832 a 838, indicó que: 1) El documento que pretende hacer valer el accionante no habría sido firmado por Alfredo Cristian Michel López; además de que, no se tuvo conocimiento de la existencia del mismo; 2) La parte impetrante de tutela no agotó el recurso de enmienda y complementación; razón por la que, no podría recurrir directamente a la vía constitucional; 3) En la presente acción de defensa, se expusieron nuevos hechos; por lo que, debe aplicarse el principio per saltum; y, 4) No se puede cuestionar medios probatorios; cuando es labor de la jurisdicción ordinaria.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0066/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 864 a 868, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Se advierte que, no se encuentra sustento vulneratorio con relevancia constitucional, que permita establecer que efectivamente exista una falta de fundamentación, motivación o congruencia en la Resolución objetada; pues, se absolvieron los motivos casacionales de manera suficientemente razonada y bajo una adecuada ponderación de las pruebas pertinentes, como ser el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, el de 3 de febrero de 2010, el informe pericial grafológico de IITCUP de 4 de septiembre de 2015, y el dictamen pericial del IDIF de 26 de agosto de 2020; ii) El haber resuelto en un solo punto dos aspectos recursivos, no puede ser tildado de irrazonable e incoherente; y, iii) Si bien no se emitió una valoración específica con relación a las Resoluciones de 4 de septiembre de 2015, de 20 de febrero de 2017 y el Auto de Vista de 7 de enero de 2016; sí se valoraron las pruebas consideradas “como valederas para poder emitir un pronunciamiento diferente al que se ha emitido en Sentencia” (sic).
Por Auto Constitucional (AC) 001/2024-CA/S de 5 de enero, cursante de fs. 897 a 902, la Comisión de Admisión de este Tribunal, declaro ha lugar la solicitud de adelanto de sorteo formulada por la parte solicitante de tutela; disponiendo que, se dé priorización del sorteo, dejando presente que dicha determinación no constituye una opinión anticipada sobre la pretensión litigada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, reconocido en sus firmas y rúbricas, Alfredo Cristian Michel López – hoy tercero interesado–, hizo la devolución de dinero a José Santos Plaza Suárez –ahora accionante–, en la suma de $us20 000.-; y, como efecto de dicha devolución se acordó la consolidación del derecho de propiedad del lote de terreno que se encuentra a su nombre; el cual, adquirió con recursos económicos del referido el 22 de noviembre de 2000 (fs. 191 y 192). II.2. Por documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, suscrito entre Alfredo Cristian Michel López y José Santos Plaza Suarez, señalando lo siguiente: “…el inmueble descrito precedentemente en la cláusula segunda es en realidad de propiedad de JOSÉ SANTOS PLAZA SUAREZ ya que fue él quien le entrego los dineros a fines de que adquiera el lote de terreno y construya el mismo, inmueble que fue puesto a nombre de ALFREDO CRISTIAN MICHEL LOPEZ para colaborarle en la obtención de una Bisa a Estados Unidos; dichos dineros le fueron entregados por JOSÉ SANTOS PLAZA SUAREZ tanto por envíos realizados desde Estados Unidos como entregados por sus parientes actuando como intermediarios; por lo que ALFREDO CRISTIAN MICHEL LOPEZ reconoce su derecho propietario facultándole a registrar el presente documento en la Oficina de Derechos Reales. Esta declaración la realiza voluntariamente siendo que no quiere tener ningún problema de índole legal con ninguna persona mucho menos con su tío” (sic [fs. 3 y vta.]). II.3. Cursa memorial presentado el 7 de abril de 2015, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, José Santos Plaza Suarez –ahora impetrante de tutela– interpuso medida preparatoria de Emplazamiento de Firmas y Rubricas; solicitando que, se emplace a Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–, a que comparezca a reconocer o negar su firma estampada en el documento de 28 de octubre de 2014 (fs. 4 vta.). II.4. Mediante Dictamen Pericial Documentoscopio Forense de 4 de septiembre de 2015, elaborado por el perito asignado por el IITUCP “Mcal. Antonio José de Sucre”, estableciendo lo siguiente: “La firma y rúbrica incriminada impresa a nombre del Sr. ALFREDO CRISTIAN MICHEL LOPEZ con C.I. N° 4412693 Cbba. En el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de fecha 28 de octubre del año 2014, rotula con “E-1”; PRESENTA CORRESPONDENCIA GRAFOCRITICA CON LAS FIRMAS DE COMPARACIÓN IMPRESAS POR LA referida persona; siendo por consiguiente; FIRMA AUTENTICA.-“(sic [fs. 57 a 63]). II.5. A través del Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del citado departamento, declaró autentica la firma atribuida a Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–, en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario suscrito el 28 de octubre de 2014 (fs. 149 a 151). II.6. Por Auto de Vista de 4 de enero de 2016, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del nombrado departamento, resolvió el recurso de apelación planteado por Alfredo Cristian Michel López –ahora tercero interesado–, contra el Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015, confirmando lo determinado en el mismo (fs. 178 a 179). II.7. Mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2017, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, Alfredo Cristian Michel López interpuso demanda de nulidad absoluta del documento privado de 28 de octubre de 2014, reconocido a mérito del Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015; y consiguiente, calificación de daños y perjuicios, en contra del solicitante de tutela (fs. 240 a 248). II.8. A través de memorial presentado el 18 de enero de 2018, ante la autoridad judicial citada supra, el ahora accionante respondió y rechazó la demanda planteada en su contra; no obstante, por Auto Interlocutorio de 26 del mismo mes y año señalados, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del referido departamento, dispuso su extemporaneidad; determinación que, fue recurrida en reposición; sin embargo, la Jueza a cargo de la causa, por Auto de 1 de marzo de 2018, ratificó lo dispuesto (fs. 318 a 321 vta.; 322 a 323; 330 a 331 vta.; y, 342 y vta.). II.9. Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, ante la Jueza indicado supra, el impetrante de tutela solicitó que, se emplazara en calidad de litisconsorte pasivo a Rolando Gabriel López Viscarra; sin embargo, dicho pedido fue rechazado por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de igual año, consecuentemente, el solicitante de tutela interpuso el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; el cual, fue elevado en alzada ante su rechazo (fs. 327 y vta.; 345 a 346; y, 354 y vta.). II.10. Cursa Dictamen Pericial Grafotécnico de 26 de agosto de 2020, elaborado por el Perito en Criminalística del IDIF de la Fiscalía General del Estado; el cual, manifiesta que: “DEL ESTUDIO PERICIAL DOCUMENTOLÓGICO REALIZADO ENTRE LAS FIRMAS Y/O RÚBRICAS TANTO DUBITADA E INDUBITADAS, OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN, SE OBTIENE QUE, LA FIRMA Y/O RÚBRICA SIGNADA COMO M.D.-1, NO CORRESPONDE A LAS MUESTRAS INDUBITADAS M.I. TOMADAS PARA EL ESTUDIO PERICIAL. VALE DECIR QUE NO CORRESPONDE A LA AUTORÍA DEL SEÑOR ALFREDO CRISTIAN MICHEL LÓPEZ” (sic [fs. 567 a 591]). II.11. A través de Sentencia de 19 de febrero de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, declaró probada en parte la demanda ordinaria de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario, formulada por el demandante Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–; es decir, probada con relación a la nulidad absoluta de documento, e improbada respecto a la pretensión de reconocimiento de derecho propietario sobre el inmueble; declarando en consecuencia, nulo y sin valor legal alguno el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014 (fs. 644 a 653). II.12. Por memorial presentado el 25 de marzo de 2021, ante la Jueza antes indicada, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación contra la Sentencia de 19 de febrero de igual año; consecuentemente, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a tiempo de resolver el mismo, emitió el Auto de Vista de 29 de abril de 2022, confirmando tanto el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018; y, la Sentencia objetada (fs. 658 a 666 y 704 a 710). II.13. Mediante oficio presentado el 1 de julio de 2022, ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del prenombrado departamento, el accionante interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista de 29 de abril de mismo año; empero, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por AS 774/2022, declaró infundado el mismo (fs. 713 a 717 vta. y 751 a 759 vta.).
El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en razón a que, las autoridades demandadas, emitieron el Auto Supremo 774/2022, declarando infundado el recurso de casación planteado en contra del Auto de Vista de 29 de abril de 2022; el cual, de forma arbitraria confirmó tanto el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, y la Sentencia de 19 de febrero de igual año, que declaró probada en parte la demanda ordinaria de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario seguido en su contra, sin desarrollar un análisis intelectivo de las dos pericias contradictorias introducidas en el caso; toda vez que, al haber sido realizadas por entidades especializadas del Estado, obligaba a disponer un contra peritaje u ordenar una tercer prueba que permita llegar a la verdad material; además que, no correspondía introducir en la causa el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010; pues, no fue objeto del proceso; finalmente, respecto a al agravio cuarto de su recurso, relacionado con el desconocimiento de la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado de 28 de octubre de 2014, se limitaron a indicar que este sería resuelto junto al punto segundo; sin embargo, no se hizo pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo.
Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.
Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales.
En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: ʽ…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’.
Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: ʽ…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa’; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume” (las negrillas nos pertenecen).
De lo señalado se concluye que, la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución; por la cual, toda autoridad jurisdiccional, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que tiene que existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la concerniente coherencia y armonía.
Con relación a la motivación como elemento del debido proceso; implica que, la autoridad que pronuncie una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico, individualizándolos de forma motivada, estableciendo el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes indicado; empero, la motivación de una resolución que dirime cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario, como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, en la cual, la autoridad jurisdiccional o en su caso, administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y refiriendo para ello las normas que sustentan la parte dispositiva del fallo.
El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; así como, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en razón a que, las autoridades demandadas, emitieron el Auto Supremo 774/2022, declarando infundado el recurso de casación planteado en contra del Auto de Vista de 29 de abril de 2022; el cual, de forma arbitraria confirmó tanto el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018 y la Sentencia de 19 de febrero del mismo año, que declaró probada en parte la demanda ordinaria de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario seguida en su contra, sin desarrollar un análisis intelectivo de las dos pericias contradictorias introducidas en el caso; toda vez que, al haber sido realizadas por entidades especializadas del Estado, obligaba a disponer un contra peritaje u ordenar una tercer prueba que permita llegar a la verdad material; además que, no correspondía introducir en la causa el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010; pues, no fue objeto del proceso; finalmente, respecto a al agravio cuarto de su recurso, relacionado con el desconocimiento de la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado de 28 de octubre de 2014, se limitaron a indicar que este sería resuelto junto al punto segundo; sin embargo, no se hizo pronunciamiento alguno.
Identificada la problemática planteada por la parte accionante, y previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado; corresponde revisar los antecedentes del proceso, que dieron lugar a la presente acción de defensa.
En ese orden, de la revisión de los antecedentes; se tiene que, mediante documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, reconocido en sus firmas y rúbricas, Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–, hizo la devolución de dinero a José Santos Plaza Suarez ahora impetrante de tutela, en la suma de $us20 000.-, y como efecto de dicha devolución, acordó con el solicitante de tutela la consolidación del derecho de propiedad del lote de terreno que se encuentra a su nombre; por lo cual, adquirió con recursos económicos del referido, el 22 de noviembre de 2000.
Posterior a ello, por documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, suscrito entre Alfredo Cristian Michel López y José Santos Plaza Suarez –ahora accionante–, acordaron que: “…el inmueble descrito precedentemente en la cláusula segunda es en realidad de propiedad de JOSÉ SANTOS PLAZA SUAREZ ya que fue él quien le entrego los dineros a fines de que adquiera el lote de terreno y construya el mismo, inmueble que fue puesto a nombre de ALFREDO CRISTIAN MICHEL LOPEZ para colaborarle en la obtención de una Bisa a Estados Unidos; dichos dineros le fueron entregados por JOSÉ SANTOS PLAZA SUAREZ tanto por envíos realizados desde Estados Unidos como entregados por sus parientes actuando como intermediarios; por lo que ALFREDO CRISTIAN MICHEL LOPEZ reconoce su derecho propietario facultándole a registrar el presente documento en la Oficina de Derechos Reales. Esta declaración l realiza voluntariamente siendo que no quiere tener ningún problema de índole legal con ninguna persona mucho menos con su tío” (sic).
Seguidamente, mediante memorial presentado el 7 de abril de 2015, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela interpuso medida preparatoria de Emplazamiento de Firmas y Rúbricas, solicitando se emplace a Alfredo Cristian Michel López a que comparezca a reconocer o negar su firma estampada en el referido documento privado de 28 de octubre de 2014; emitiéndose dentro de dicho proceso el Dictamen Pericial Documentoscopio Forense de 4 de septiembre de 2015, elaborado por el perito asignado por el IITCUP “Mcal. Antonio José de Sucre”; en el que se estableció que, la firma y rúbrica incriminada impresa a nombre de Alfredo Cristian Michel López, en el citado documento privado de 28 de octubre del año 2014, es auténtica.
Consiguientemente, a través de Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, declaró autentica la firma atribuida a Alfredo Cristian Michel López, en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario suscrito el 28 de octubre de 2014; empero, el mencionado interpuso recurso de apelación en contra de lo dispuesto; no obstante, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del prenombrado departamento, confirmó por Auto de Vista de 4 de enero de 2016, lo determinado en el mismo.
No conforme con lo resuelto, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2017, Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado– interpuso demanda de nulidad absoluta del precitado documento privado de 28 de octubre de 2014, reconocido a mérito del Auto Definitivo de 4 de noviembre de 2015, y consiguiente calificación de daños y perjuicios, en contra del solicitante de tutela.
El ahora accionante respondió y rechazó la demanda planteada en su contra; no obstante, por Auto Interlocutorio de 26 del mismo mes y año señalados, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, determinó su extemporaneidad; determinación que, fue recurrida en reposición; sin embargo, la Jueza a cargo de la causa, por Auto de 1 de marzo de 2018, ratificó lo dispuesto.
Seguidamente por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, ante la Jueza indicado supra, el impetrante de tutela solicitó que, se emplazara en calidad de litisconsorte pasivo a Rolando Gabriel López Viscarra; sin embargo, dicho pedido fue rechazado por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de igual año; consecuentemente, el solicitante de tutela interpuso el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; el cual, fue elevado en alzada ante su rechazo.
Dentro del indicado proceso ordinario, se emitió el Dictamen Pericial Grafotécnico de 26 de agosto de 2020, elaborado por el Perito en Criminalística del IDIF de la Fiscalía General del Estado, en el que se estableció que, la firma plasmada en el documento privado de 24 de octubre de 2014, no corresponde a Alfredo Cristian Michel López.
En consecuencia, a través de Sentencia de 19 de febrero de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del referido departamento, declaró probada en parte la demanda ordinaria de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario formulada por el demandante Alfredo Cristian Michel López –ahora tercero interesado–; es decir, probada con relación a la nulidad absoluta de documento, e improbada respecto a la pretensión de reconocimiento de derecho propietario sobre el inmueble; declarando por lo tanto, nulo y sin valor legal alguno el citado documento de 28 de octubre de 2014. Ante ello, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del prenombrado departamento, a través del Auto de Vista de 29 de abril de 2022, que confirmó tanto el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018 y la Sentencia objetada.
Es así que, mediante oficio presentado el 1 de julio de 2022, ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, el accionante interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista de 29 de abril del mismo año; empero, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por AS 774/2022, declaró infundado el mismo.
Ahora bien, a los fines de dilucidar si en el Auto Supremo antes citado, en efecto, se incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciadas, debe tenerse presente que toda resolución dictada, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente. Y siendo que, el solicitante de tutela denunció en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, además de razonable, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene entre sus componentes la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, indicando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales; pero, tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes; sino, debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, a efectos de establecer si es evidente o no, lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional; es necesario realizar la contrastación de cada uno de los puntos impugnados por este, mediante el recurso de casación planteado contra el Auto de Vista de 29 de abril de 2022, con los Fundamentos Jurídicos que emplearon las autoridades demandadas a tiempo de emitir el Auto Supremo 774/2022.
Los argumentos expuestos en el recurso de casación interpuesto por el ahora accionante, responden al siguiente detalle: a) La Jueza a quo consideró que, la contestación a la demanda fue extemporánea, dicho aspecto no puede ser interpretado como aceptación de los hechos demandados en la causa y por ello desconocer lo previsto en el art. 119.I de la CPE, con relación al derecho a la igualdad de las partes procesales como elemento del debido proceso.
Señaló que, al privarle de hacer uso de los medios probatorios para desvirtuar los hechos alegados por el demandante, se vulneró su derecho a la defensa;
b) De igual forma, denunció el error de hecho y de derecho cometido en el referido Auto de Vista, al desconocer las resoluciones ejecutoriadas –Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017 y Auto de Vista de 4 de enero de 2016– emitidas dentro del proceso de reconocimiento de firma y rúbrica y no darle ningún valor legal al informe pericial emitido de oficio en el mismo; el cual, determinó que Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado– suscribió el citado documento privado de 28 de octubre de 2014; asumiendo así, un proceder antitético improcedimental; además, de una conducta contraria a la Ley y al debido proceso;
c) Alegó que el documento de 3 de febrero de 2010, no estuvo en discusión, no fue objeto del proceso; en consecuencia, no correspondía ser analizado, menos merecer consideración alguna, para resolver la controversia; toda vez que, la demanda es la nulidad del documento privado de 28 de octubre de 2014; y, d) Indicó que el Tribunal de alzada desconoció la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado efectuada con anterioridad, en el que se declaró como auténtica la firma atribuida a Alfredo Cristian Michel López; cuando este constituye un acuerdo de voluntades, siendo eficaz y legal dentro los alcances del art. 1297 del CC, determinación que emerge en base al informe pericial efectuado en dicho proceso.
1) El recurrente expone como primer argumento de agravio que la Jueza a quo y el Tribunal de alzada, vulneraron su derecho de igualdad procesal de las partes; siendo que, deben ser sometidos a un mismo trato; debido a que, la autoridad jurisdiccional privó el uso de los medios probatorios para desvirtuar los hechos alegados por el demandante, con lo que ha infringido su derecho a la defensa. Al respecto señalaron que, en audiencia preliminar de fecha 28 de septiembre de 2018, la Jueza a quo estableció que la parte demandante debía probar que, mediante contrato de compra y venta de 7 de noviembre de 2000, adquirió un inmueble de 365.45 m2, sin construcción ni mejora alguna, y con la ayuda de dineros que le envió en calidad de préstamo desde Estados Unidos de Norte América el ahora accionante, situación plasmada en documento privado de devolución de dinero, reconocido en firmas por Notaria de Fe Pública; asimismo, que introdujo mejoras para una vivienda de dos plantas y $us20 000.- equivalente a un 50% demás; que, dicho contrato nunca fue disuelto y que suplantaron su firma en el documento privado de 28 de octubre de 2014; el cual, no fue reconocido ante autoridad notarial; determinación contra la que, no hubo reclamo ni impugnación alguna; y si bien, no se señaló ningún hecho a probar para el demandado, no se restringió que este pueda ofrecer alguna prueba de descargo.
Consiguientemente, la Jueza a quo solicitó al titular del IDIF a fin de que a la brevedad posible eleve nómina, de los peritos en documentos copía forense, para que examine y establezca si las firmas son del ciudadano Alfredo Cristian Michel López– hoy tercero interesado–, contenidas en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho de derecho propietario y ordenó al demandado facilitar el documento original de 28 de octubre de 2014; toda vez que, el mismo cursa únicamente en fotocopia legalizada.
De acuerdo a lo mencionado ut supra, José Santos Plaza Suárez –hoy impetrante de tutela–, tenía la oportunidad de presentar objeción contra lo determinado en la señalada audiencia; pues, al no hacerlo en su oportunidad, este derecho precluyó debido a su dejadez, conforme el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y el art. 262 núm. 2 del CPC; en consecuencia, lo reclamado ahora por el recurrente es injustificado;
2) Los argumentos descritos en los puntos, segundo y cuarto del recurso, tienen estrecha relación entre sí, al cuestionar que el Auto de Vista objetado, desconoció las resoluciones ejecutoriadas y no dio valor legal a un informe pericial de oficio en la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado.
De la revisión de los antecedentes se tiene que, en la audiencia de emplazamiento a reconocimiento de firmas de 12 de junio de 2015, Alfredo Cristian Michel López desconoció el documento privado de reconocimiento voluntario de derechos propietario de 28 de octubre de 2014, y a solicitud expresa por su abogado, la Jueza de instancia dispone la notificación a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC) para la designación de perito del área, a lo que se tiene como respuesta por el IITCUP, designado como perito a Cristian B. Mercado Carrasco, quien asumió su decisión en el marco de la muestra dubitada E-1 documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014; en la que, se pueden apreciar la firma y rúbrica incriminada impresa de Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–; y, tres muestras indubitadas: i) Tarjeta Prontuario 4412693 Cbba., recabado de los archivos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); ii) Diligencia de notificación de fecha 9 de junio del año 2015, cursante en el expediente; y, iii) Acta de audiencia de emplazamiento a reconocimiento de firma de 12 de junio de 2015; que dieron lugar al establecimiento de que la firma cuestionada si correspondía al ahora tercero interesado.
De la pericia ordenada por la Jueza a quo, en el proceso ordinario de nulidad de documento por Auto de 28 de septiembre de 2018, ante la IDIF; instancia que, presentó el Dictamen Pericial en la que se puede observar como muestra dubitada: M.D.-1 documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario, suscrito entre Alfredo Cristian Michel López y José Santos Plaza Suárez, de 28 de octubre de 2014; como muestras indubitadas: a) M.I.-1 comprobante de depósito, Ministerio de Trabajo, código 8251/12-T3.; b) M.I.-2 comprobante de depósito, Ministerio de Trabajo, código 7029/13-T3.; c) M.I.-3 comprobante de depósito, Ministerio de Trabajo, código 6916/13-T3.; d) M.I.-4 comprobante de depósito, Ministerio de Trabajo, código 14822/13-T3.; e) M.I.-5 comprobante de depósito, Ministerio de Trabajo, código 1428/12-T3., f) M.I.-6 señalamiento de audiencia de conciliación de 10 de junio de 2016; g) M.I.-7 señalamiento de audiencia de conciliación de 28 de junio de 2016; h) M.I.-8 señalamiento de audiencia de conciliación de 19 de junio 2016; i) M.I.-9 señalamiento de audiencia de conciliación de 6 de septiembre de 2016; j) M.I.-10 señalamiento de audiencia de conciliación de 12 de octubre de 2016; k) M.I.-11 señalamiento de audiencia de conciliación de 12 de octubre de 2016; l) M.I.-12 señalamiento de audiencia de conciliación de 20 de octubre de 2016; m) M.I.-13 señalamiento de audiencia de conciliación de 9 de noviembre de 2016; y, n) M.I.-14 documento privado de devolución de dinero y reconocimiento de firmas 7995926 de 3 de febrero de 2010. Muestras extraídas del expediente; concluyendo que, no corresponde a la autoría de Alfredo Cristian Michel López –hoy tercero interesado–. Por las muestras extraídas por el perito del IITCUP y el perito del IDIF, se puede apreciar la contradicción existente entre ambas conclusiones.
Al respecto, debe considerarse que Alfredo Cristian Michel López dentro las medidas preparatorias en reiteradas oportunidades adjuntó documentos en las cuales, demostraba la autenticidad de su firma, que no fue tomada en cuenta por el primer perito de oficio analizando solamente tres documentos de muestra en el peritaje correspondiente al IITCUP; en cambio, con el segundo peritaje de oficio a cargo del IDIF, contiene catorce documentos de muestra dubitada; es decir, mayor cantidad de comparación.
De tal forma que, del análisis realizado entre los peritajes emitidos por entidades públicas; mismas que, fueron designadas por la autoridad judicial, tomado en cuenta la cantidad de muestras extraídas por ambos peritos, del estudio realizado científicamente se toma como válido el segundo peritaje realizado por el IDIF; teniendo en cuenta que, el primer peritaje fue observado en varias oportunidades siendo acusado de parcialidad y que la muestras extraídas de la tarjeta prontuario carece de la constancia de cómo fue obtenida; ya que, no se demuestra que el perito se haya apersonado ante las oficinas del SEGIP; además que, el segundo peritaje demuestra mayor veracidad y objetividad, atribuyendo lo que establece el art. 202 del CPC.
3) El tercer apartado, contiene el reclamo con respecto a la valoración del documento de 3 de febrero de 2010, que no estuvo en discusión y no fue objeto del proceso; señalando que, la Sentencia como el Auto de Vista incumplen el requisito de la motivación adecuada suficiente.
Al respecto, cuando la Jueza a quo en la audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, señaló como uno de los puntos a probar por el demandante: “b) Que el lote de terreno adquirido sin construcción ni mejora alguna, fue con la ayuda de dineros que le envió en calidad de préstamo desde Norteamérica el Sr. JOSE SANTOS PLAZA y que ello está plasmado en el documento privado de devolución de dineros, reconocimiento de derecho propietario y renuncia de reclamo posterior de 3 de febrero de 2010 reconocido en firmas en la misma fecha ante Notario de Fe Pública Nº 38 de la Capital, Dr. Julio Márquez B” (sic); fue cumplido por Alfredo Cristian Michel López, adjuntando el documento indicado, donde claramente se puede evidenciar que, no existe obligación pendiente de deudas con el demandado y que el mismo no fue dejado sin efecto total ni parcialmente por ningún acuerdo entre partes; además de ser este documento anterior al documento en cuestión, siendo aceptada bajo el principio de apreciación de la prueba.
De nada sirve que el Tribunal de apelación cuestione las pruebas ofrecidas, menos cuando estas han sido señaladas por la Jueza de instancia en la audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, como uno de los puntos de hechos a probar por la parte demandante, fue admitida e incorporada al proceso para su valoración y consideración en Sentencia; asimismo, de formar parte de la evaluación perital por el perito de oficio del IDIF, aplicación del art. 149 del CPC. El ahora impetrante de tutela; reclamó que, el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, con reconocimiento de firmas por una autoridad notarial de la misma fecha no correspondía ser analizado; sin embargo, en el documento en cuestión de 28 de octubre de 2014, no existiría cláusula alguna que dejaría sin efecto total o parcial del contenido en el primer documento, a la vez llamando la atención que este último no fue reconocido ante una Notaría de Fe Pública como lo realizaron la primera vez; asimismo, el documento privado de devolución de dinero no estuvo sujeto a ninguna objeción por el ahora accionante; por otra parte, fue presentado cuando la autoridad judicial lo solicitó, al contrario de lo suscitado al momento de adjuntar el documento original en cuestión por parte del solicitante de tutela, no demostrando la errónea valoración de la prueba. Considerando todo lo anteriormente mencionado, tomado en cuenta las pericias realizadas por las instrucciones públicas y el desarrollo de cada una de ellas en cuanto la mayor extracción de información para sus correspondientes conclusiones, al no existir consentimiento probado por parte de Alfredo Cristian Michel López en el documento privado de reconocimiento voluntario de derecho propietario de 28 de octubre de 2014, es pertinente declarar su nulidad; de esta manera, los reclamos alegados en el recurso de casación quedan totalmente desvirtuados.
En ese orden, una vez glosados los motivos reclamados por la parte ahora accionante, a través de su recurso de casación, y lo resuelto por las autoridades demandadas a través del AS 774/2022; respecto a que, el impetrante de tutela denunció insuficiencia en su motivación y fundamentación, se evidencia lo siguiente: a) Con relación a que, si bien la contestación a la demanda fue extemporánea, dicho aspecto no podría ser interpretado como aceptación de los hechos demandados en la causa, desconociendo con ello lo previsto en el art. 119.I de la CPE, con relación al derecho a la igualdad de las partes procesales como elemento del debido proceso; además, el privarle de hacer uso de los medios probatorios para desvirtuar los hechos alegados por el demandante, vulneraría su derecho a la defensa.
Al respecto, las autoridades demandadas señalaron que, en audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, la Jueza a quo estableció los hechos a probar en la causa; determinación contra la que no hubo reclamo ni impugnación alguna; y si bien, no se indicó ningún hecho a probar para el ahora impetrante de tutela, no se restringió que este pueda ofrecer alguna prueba de descargo.
De la revisión de antecedentes se tiene que, el ahora solicitante de tutela a través de memorial presentado el 18 de enero de 2018, respondió y rechazó la demanda planteada en su contra; no obstante, por Auto Interlocutorio de 26 del mismo mes y año mencionados, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, estableció su extemporaneidad; determinación que fue recurrida en reposición; sin embargo, la Jueza a cargo de la causa, por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, ratificó lo dispuesto; posterior a ello, no se advierte otro medio de impugnación interpuesto por el accionante en contra de la última resolución; dada la postura asumida por este respecto a la decisión de la referida Jueza, la causa siguió su curso; así, a tiempo de fijarse los hechos a probar en audiencia de 28 de septiembre de 2018, no hubo objeción a lo dispuesto en la misma; asimismo, una vez concluida la pericia ordenada en el proceso, esta fue puesta a conocimiento de las partes; dando lugar a que, el impetrante de tutela objete la misma (fs. 597 a 598 vta.), evidenciándose así que, este pudo hacer uso de todos los mecanismos intraprocesales previstos en la normativa civil; de tal forma que, como bien indicaron las autoridades demandadas, el solicitante de tutela contaba con la facultad de promover cuanta prueba crea conveniente; pues, dicho derecho no se encontraba restringido de ninguna forma; teniéndose por ello, el presente punto debidamente fundamentado; b) Respeto a que se desconocieron resoluciones ejecutoriadas –Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017 y Auto de Vista de 4 de enero de 2016– emitidas dentro del proceso de reconocimiento de firma y rúbrica; además, de no darle ningún valor legal al informe pericial emitido de oficio en el mismo, que determinó que Alfredo Cristian Michel López suscribió el documento de 28 de octubre de 2014.
Las autoridades demandadas describiendo el contenido de la pericia emitida por el IITCUP y la pericia emitida por el IDIF, indicaron ante la contradicción evidenciada entre ambas, debía considerarse la cantidad de muestras extraídas por ambos peritos; puesto que, el primero utilizó solo tres, en cambio el segundo catorce; teniéndose por ello, válido el segundo peritaje realizado por la referida institución; además que, el primer peritaje fue observado en varias oportunidades dentro del proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas, siendo acusado de parcialidad y que la muestra extraída de la tarjeta prontuario carece de la constancia de cómo fue obtenida; ya que, no se demuestra que el perito se haya apersonado ante las oficinas del SEGIP; además que, el segundo peritaje habría demostrado mayor veracidad y objetividad, atribuyendo lo que establece el art. 202 del CPC.
No obstante lo descrito respecto a la pericia elaborada por el IITCUP; misma que, fue reclamada por el accionante; este objetó específicamente, por qué no se tomó en cuenta lo resuelto en el proceso de reconocimiento de firma y rúbrica en el que se determinó a través de Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, confirmado por Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017 y Auto de Vista de 4 de enero de 2016, que Alfredo Cristian Michel López suscribió el documento privado de 28 de octubre de 2014, afirmación basada en la pericia antes indicada; teniéndose por ello, cosa juzgada respecto a la firma del aludido.
En ese marco, la valoración de la pericia antes prenombrada y contrastada con la que fue elaborada dentro del proceso que motiva la presente acción tutelar, no podía ser asumida sin lo resuelto en la mencionada medida preparatoria; esto en alusión a lo señalado por las autoridades demandadas a tiempo de indicar que lo efectuado por el perito del IITCUP sería cuestionable, cuando esta ya mereció un determinado valor y dio lugar a lo resuelto en el indicado proceso. De lo expuesto; se establece que, las autoridades demandadas no dieron repuesta a lo cuestionado en el presente punto; limitándose a describir dos pericias y mencionando que una tendría mayor valor sobre la otra; empero, sin considerar que la pericia primigenia forma parte de un proceso con calidad de cosa juzgada; evidenciándose así, el incumplimiento de su deber de fundamentar su resolución en el marco del agravio planteado por la parte recurrente, recayendo inclusive en incongruencia;
c) Con relación a que el documento de 3 de febrero de 2010, no estuvo en discusión, no fue objeto del proceso; en consecuencia, no correspondía ser analizado, menos merecer consideración alguna, para resolver la controversia; toda vez que, la demanda es la nulidad del documento privado de 28 de octubre de 2014.
Las autoridades demandadas indicaron al respecto, que la Jueza a quo, en la audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, manifestó como uno de los puntos a probar por el demandante, que el lote de terreno adquirido, fue con la ayuda de dineros que le envió en calidad de préstamo el ahora accionante; aspecto que, estaría plasmado en el documento privado de devolución de dinero, reconocimiento de derecho propietario y renuncia de reclamo posterior de 3 de febrero de 2010; el cual, no fue dejado sin efecto total ni parcialmente por ningún acuerdo entre partes; y, resulta ser este anterior al documento en cuestión, situación aceptada bajo el principio de apreciación de la prueba.
Advirtieron que, en el documento de 28 de octubre de 2014, no existiría cláusula alguna que dejaría sin efecto total o parcial del contenido en el primer documento y que llamaría la atención que este no fue reconocido ante una Notaría de Fe Pública como el de 3 de febrero de 2010; además este, fue presentado cuando la autoridad judicial lo solicitó, al contrario de lo suscitado al momento de adjuntar el documento original en cuestión por parte del impetrante de tutela, no demostrando la errónea valoración de la prueba.
Al respecto, como se indicó en el punto primero, el solicitante de tutela conoció en audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018, (fs. 379 a 387 vta.), los puntos a probar por el demandante en el proceso, en los que como indican la autoridades demandadas, se le instó a demostrar que “b) Que el lote de terreno adquirido sin construcción ni mejora alguna, fue con la ayuda de dineros que le envió en calidad de préstamo desde Norteamérica el Sr. JOSE SANTOS PLAZA y que ello está plasmado en el documento privado de devolución de dineros, reconocimiento de derecho propietario y renuncia de reclamo posterior de 3 de febrero de 2010 reconocido en firmas en la misma fecha ante Notario de Fe Pública Nº 38 de la Capital, Dr. Julio Márquez B” (sic); aspecto que, el impetrante de tutela pudo objetar; sin embargo, de la revisión de antecedentes se tiene que, este no procedió de esa manera.
No obstante ello, las autoridades demandadas a tiempo de contestar el presente acápite, ponderaron la formación del documento privado de 3 de febrero de 2010; para establecer que, el documento privado de 28 de octubre de 2014, si sería cuestionable; cuando este adquirió valor legal frente a terceros, al haberse reconocido sus firmas dentro de la medida preparatoria descrita en el punto segundo; aspecto que, como se señaló supra, no fue debidamente considerado; de tal forma que, no podría cuestionarse la validez del documento aludido sin antes manifestarse respecto a lo dispuesto por el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, confirmado por Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017, y Auto de Vista de 4 de enero de 2016; razón por la que, el presente punto también se encuentra infundado; y, d) Con relación a que el Tribunal de alzada desconoció la diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento privado de 28 de octubre de 2014; el cual, constituye un acuerdo de voluntades, eficaz y legal dentro los alcances del art. 1297 del CC, determinación que emerge en base al informe pericial efectuado en dicho proceso.
Al respecto, las autoridades demandadas indicaron que, los argumentos descritos en los puntos segundo y cuarto del recurso, tendrían estrecha relación entre sí, al cuestionar que el Auto de Vista objetado, desconoció las resoluciones ejecutoriadas y no dio valor legal a un informe pericial de oficio en la diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado.
Teniendo en cuenta que en el presente contraste se estableció que, el punto segundo del recurso planteado por el accionante no recibió respuesta fundamentada, resultando inclusive incongruente; el presente acápite también resulta como tal; pues, no existe manifestación alguna respecto a las resoluciones judiciales emergentes de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento privado de 28 de octubre de 2014; las cuales, cuentan con calidad de cosa juzgada. En ese sentido, como resultado de la contrastación recientemente realizada, se puede evidenciar que, a diferencia del primer punto observado por el impetrante de tutela a tiempo de interponer su recurso de casación, los siguientes –segundo, tercero y cuarto– no merecieron la atención suficiente y necesaria; puesto que, las autoridades demandadas, no analizaron que a través de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, se determinó a través de Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, confirmado por Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017, y Auto de Vista de 4 de enero de 2016, que Alfredo Cristian Michel López suscribió el documento privado de 28 de octubre de 2014, afirmación basada en la pericia contrastada con la efectuada en el proceso de nulidad de documento privado –instaurado por el ahora tercer interesado en contra del solicitante de tutela–; teniéndose en consecuencia, cosa juzgada respecto a la firma del aludido; llegando a cuestionar el documento privado de 28 de octubre de 2014, en base a las formalidades efectuadas en el documento privado de 3 de febrero de 2010, cuando el primero en su forma, ya fue valorado en la medida preparatoria que no fue considerada; recayendo por todo ello, en incongruencia omisiva; evidenciándose así que las autoridades demandadas emitieron una resolución sin considerar la pretensión antes descrita, vulnerando con esta omisión, no sólo el derecho a un debido proceso sino también el derecho a la defensa del accionante.
En el marco del contraste realizado de forma precedente; se advierte que, el AS 774/2022, no cumplió con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el indicado Fundamento Jurídico III.1, careciendo por lo tanto, de la debida fundamentación y motivación requerida en todo fallo constitucional; por cuanto, se evidenció que la misma, no expuso un criterio argumentativo puntual y fundado sobre todos los agravios denunciados por la parte impetrante de tutela en su impugnación, demostrando un apartamiento de las exigencias requeridas, a fin de que la Resolución cuestionada, contenga una clara exposición de los motivos y las razones específicas que sustenten su determinación, correspondiendo conceder la tutela con relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 0066/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 864 a 868, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 774/2022 de 10 de octubre, disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente, en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0659_2024-S4.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 74c9ac5ffc8d1f0d7343f3739f6053ab855832177350a4a1ceae6267bf4673eb
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