B.IA.LEGAL

SCP 0659/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52724-2023-106-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, “…a la legalidad penal, tipicidad…” (sic) “EN SU ELEMENTO SUSTANTIVO”, a la defensa y a la libertad, así como a los principios de presunción de inocencia seguridad jurídica, de legalidad como garantía penal, “…de certeza en la imputación formal…” (sic) y de legalidad de la prueba; debido a que, los Vocales accionados, por Auto de Vista 57/2022 de 17 de junio, declararon la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso y en el fondo confirmaron el fallo inferior que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación formal que formuló, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Sobre su primer agravio, de manera inconsistente, incongruente e inmotivada, concluyeron que su persona habría lanzado el artefacto de gas lacrimógeno de tres tiempos, provocando caos, zozobra, miedo y desesperación en las numerosas víctimas que se encontraban en el Coliseo -Universitario de la Universidad Autónoma Tomás Frías del departamento de Potosí-, quienes en su desesperación por salir del mismo generaron una avalancha humana, con la consecuencia del fallecimiento de cuatro personas de sexo femenino; entonces “…¿SI FUE LA AVALANCHA HUMANA QUIEN PROVOCO LA MUERTE, POR QUE SE ME SINDICA DE LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE AUTOR?...” (sic); pues, no explicaron de manera concreta cómo al lanzar dicho agente químico provocaría la muerte de personas, cuando no se demostró que tuvo la intencionalidad de ma…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 81 vta. a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados ut supra y con la aclaración de que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional planteado. 2° Exhortar a Vladimir Humberto Velásquez Ortega y Marcos Abel Miranda Castro, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal o instrumento adicional que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2024-S2 Sucre, 1 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52724-2023-106-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 094/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 81 vta. a 93 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manfred Flores Canaza contra María Luz Flores Mollinedo y Juan Carlos Ramirez Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 a 48, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra -y otros- por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, y tenencia, porte o portación ilícita, el 10 de mayo de 2022, la autoridad fiscal emitió requerimiento de imputación formal, sin la existencia de elementos probatorios, menos fundamentó ni motivó sobre cada ilícito que se le atribuye y su grado de participación; por lo que, el 24 del mismo mes y año, interpuso incidente de nulidad de imputación formal por la lesión de derechos y garantías constitucionales, que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de 30 de ese mes y año; por la cual, el Juez de la causa determinó declarar infundado dicho incidente, argumentando que lo cuestionado ya fue planteado en audiencia de consideración de medidas cautelares de 2 del mismo mes y año, y apelada la decisión fue resuelta por el Tribunal de alzada el 17 de junio de la misma gestión, por lo que existiría cosa juzgada; es decir, que tampoco efectuó ninguna fundamentación de hecho y de derecho, pues solo hizo una relación vaga e insuficiente de la imputación formal, sin la existencia de medios probatorios que demuestren su participación y el grado de responsabilidad. Por lo que, contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista 57/2022 de 17 de junio, pronunciado por María Luz Flores Mollinedo y Juan Carlos Ramirez Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionados-; sin embargo, mediante criterios o razonamientos imaginarios, aspectos oscuros, subjetivos, contradictorios e ilógicos declararon la improcedencia del recurso de apelación que interpuso, y en el fondo confirmaron el Auto Interlocutorio impugnado, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Identificando su primer agravio, de manera inconsistente, incongruente e inmotivada, argumentaron sobre la distribución de roles específicos entre los imputados, para concluir que su persona habría lanzado el artefacto de gas lacrimógeno de tres tiempos, lo que hubiera provocado caos, zozobra, miedo y desesperación en las numerosas víctimas que se encontraban en el Coliseo -Universitario de la Universidad Autónoma Tomás Frías del departamento de Potosí-, quienes en su desesperación por salir del mismo generaron una avalancha humana, con la consecuencia del fallecimiento de cuatro personas de sexo femenino; entonces no se comprende “…¿SI FUE LA AVALANCHA HUMANA QUIEN PROVOCO LA MUERTE, POR QUE SE ME SINDICA DE LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE AUTOR?...” (sic); pues, no explicaron de manera concreta cómo al lanzar dicho agente químico provocaría la muerte de personas, cuando no se demostró que el 8 y 9 de mayo de 2022, tuvo la intencionalidad de matar a las cuatro víctimas; b) Con relación al segundo agravio, relativo a la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, de manera subjetiva y contradictoriamente, mencionaron que el "tiempo" de comisión de los referidos delitos fue el 9 del referido mes y año, sosteniendo que su persona junto a Miltón Fuentes Apaza, los días previos al desarrollo de la asamblea estudiantil, se distribuyeron roles específicos, pero no se entiende “…¿de dónde saca la idea que mi persona planifico día antes el hecho que sucedió en fecha 09 de mayo de 2022?...”(sic); pues, no existe prueba contundente sobre dicha planificación, más aun cuando en esa etapa se utilizan términos como “SUPUESTOS” y no así juicios de "PROBABILIDAD", tal cual establece el art. 233.1 del Codigo de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, no se respondió de manera concreta, motivada y fundamentada a ese agravio; c) Sobre el tercer punto de agravio identificado como la vulneración de la garantía y principio de seguridad jurídica por errónea calificación penal, no se hizo referencia o “anuencia” a ninguno de los alegatos que expuso, sino sobre otros criterios que no fueron alegados en la apelación incidental, cuando el “VOCAL COMPONENTE” antes de emitir su “VOTO” describió dicho agravio como la vulneración de la garantia del debido proceso por la mala calificación de los delitos concordante con el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación a los arts. 141 quinter, 251 y 271 del Código Penal (CP); y, d) En cuanto al cuarto agravio sobre la vulneración del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, no se comprende “…¿qué sentido común o lógica se aplicó en la valoración de las pruebas presentadas?...” (sic), cuando solo se cuenta con la declaración falsa de un testigo, que fue utilizada incorrectamente por el Ministerio Público y erróneamente valorada en ambas instancias, omitiéndose realizar una labor argumentativa sobre la lógica deductiva, de la prueba catalogada como la ‘“premisa fáctica y probatoria”’ bajo los criterios de la sana crítica, experiencia, sentido común y la lógica, concluyendo simplemente en que se hubiera aplicado correctamente los arts. 124 y 173 del CPP; y, 180.I del CPE. En ese sentido, al emitirse el Auto de Vista 57/2022 se vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, “…a la legalidad penal, tipicidad…” (sic) “EN SU ELEMENTO SUSTANTIVO”, a la defensa y a la libertad, tomando en cuenta que de la protección de dichos derechos depende si su persona continuará con detención preventiva de forma injusta y arbitraria por no corresponder la imputación formal y el referido Auto de Vista a las prerrogativas de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y sobre todo al bloque de constitucionalidad; ya que, las autoridades jurisdiccionales tampoco respetaron su derecho, garantía y principio a la presunción de inocencia, inobservando además el texto constitucional como fuente normativa de aplicación directa y la referida Ley, respecto a la adecuación típica de los delitos o tipos penales que se le atribuyen “…MATERIA DE DISCUSIÓN CONCRETA EN EL PRECEDIDO INCIDENTE DE NULIDAD DE IMPUTACION FORMAL POR VULNERACION DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES…” (sic). Asimismo, el Auto de Vista hoy cuestionado tampoco revisó la “legalidad ordinaria”, a partir del texto constitucional; es decir, no verificó de manera objetiva las disposiciones legales sujetas de interpretación; vale decir, el art. 302.4 y parte in fine del CPP con relación al art. 233.1 de dicho Código; toda vez que, la obligación de describir el o los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional, debe estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación, ni por categorías jurídicas o abstractas; dado que, en el caso concreto, a través de la imputación formal, y en definitiva en el indicado Auto de Vista, de manera arbitraria y absurda se le imputó por tres tipos penales sin ninguna prueba que lo vincule de manera directa con los mismos; pues, en cuanto al modo de comisión del hecho tan solo existe la verificación y análisis de la ‘“RELACION DE ACTOS DE INVESTIGACION”’ (sic), como las declaraciones testificales de los “…imputados (prueba prohibida), certificados de defunción de las 4 personas, informes del asignado al caso, etc…” (sic); por lo que, más allá que la normativa penal prohiba la relación de actos de investigación, las autoridades judiciales accionadas jamás valoraron ningún elemento de prueba que lo vincule con la probable participación en los hechos que se investigan. De igual modo, respecto a lo establecido en la parte in fine del art. 302 del adjetivo penal, omitieron referirse sobre la pluralidad o multiplicidad de imputados, tomando en cuenta que en la referida causa penal existen cuatro imputados “inicialmente”, entonces era obligación del Ministerio Público establecer cuáles son los hechos que se le atribuyen de manera individual y no de forma genérica; asi como, el grado de su participación en los mismos, y los elementos de prueba que lo sustentan; pues, tampoco efectuaron una relación de las pruebas que hagan entreveer por lo menos indiciariamente su participación; consecuentemente, al no cumplir con cada uno de los señalados postulados normativos se inobservó el principio de seguridad jurídica, vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, tomando en cuenta que sobre la búsqueda del valor igualdad a través de sentencias judiciales justas que no guarden margen a la discrecionalidad, arbitrariedad e irrazonabilidad deben ser tuteladas a través de la acción de amparo constitucional, de conformidad a los entendimientos jurisprudenciales contenidos en la SCP 0683/2013 de 3 de junio, así como el principio de progresividad, conforme estableció la SCP 0210/2013 de 5 de marzo. Por otro lado, sobre la aplicación del principio de legalidad en la valoración objetiva de los tipos penales, en el Auto de Vista 57/2022, en respuesta al segundo agravio, se argumentó que el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales; empero, respecto al delito de homicidio, tanto la autoridad fiscal como los Vocales accionados no explicaron en qué momento se expresó el dolo como elemento subjetivo de dicho tipo penal, intentando justificar “la intencionalidad” en la colaboración directa en el lanzamiento de la granada de gas lacrimógeno, así que como sobre las consecuencias que provocaría al ser activada; de lo que no se comprende por qué no se señaló directamente “…QUE EL LANZAR LA GRANADA PROVOCARIA LA MUERTE DE 4 PERSONAS DE SEXO FEMENINO…” (sic); pues, así se denotaría su voluntad manifiesta de matar a las cuatro víctimas; sin embargo, de lo argumentado no se llega a entender quién mató a las mismas “…LA AVALANCHA HUMANA, o MI PERSONA CON EL LANZAMIENTO DEL GAS, cual es el DOLO que identifico el Ministerio Público o las autoridades ACCIONADAS…” (sic), cuando claramente no tuvo la intención de matar a nadie, menos detonó la granada de gas; por lo que, de formular cualquier imputación -formal- se debía verificar si existió dolo, dolo eventual o culpa, como elementos del tipo penal que se le atribuyó, lo cual no se hizo de manera objetiva; más aún, cuando el “‘...CERTIFICADO MEDICO LEGAL DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER...’” (sic) establece la causa de la muerte de las cuatro uniersitarias de sexo femenino por ‘“ASFIXIA MECANICA POR SOFOCACION y COMPRESION TORACO-ABDOMINAL”’ (sic), lo que confirma la causa de la muerte producida por agentes externos; es decir, la avalancha humana. Así también, sobre el delito de lesiones graves y leves, igualmente el Ministerio Público y los Vocales accionados, no lograron probar la existencia de dolo o la intencionalidad de ocasionar un daño en la integridad física de los universitarios que asistieron el 9 de mayo de 2022, a la “magna asamblea”, convocada por el “Comité Electoral”; puesto que, no se precisó “…¿de qué manera se cometió el hecho doloso de lesiones graves y leves?...” (sic), limitándose a referir en la imputación formal sobre la relación fáctica que: ‘“asi también MARIBEL VARGAS ARACA, IRIS CYNTHIA URBANO MURUCHI, NOELIA PAMELA QUIÑONES TAPIA, CELINA ARCE ALA, IVANA LIBERTAD VAQUERA Y PLACIDA ISLA CALLA, personas heridas aun con diagnostico reservado en internación, quienes a razón de este tumulto presentaron lesiones de consideración, todo esto a raíz de dicha estampida” (sic). En cuanto al delito de tenencia y porte o portación ilícita, de la verificación exhaustiva de la imputación formal, así como del Auto de Vista 57/2022, se evidencia que no se adecuó de manera concreta la descripción de los hechos “…en el elemento modo…” (sic), para sustentar su tesis respecto a dicho tipo penal; es decir, no se comprende si esta siendo investigado por “‘TENENCIA ILICITA DE MUNICIONES’ O POR ‘PORTE O PORTACION ILICITA DE MUNICIONES’” (sic), conforme exige el art. 302.4 del adjetivo penal, limitándose el Ministerio Público a relacionar su entrevista con la de un supuesto testigo presencial (Ramiro Mauricio Gutierrez Caballero) que dio cuenta que su persona supuestamente estaba con dicho gas lacrimógeno por un corto tiempo; empero, el mencionado declaró que no vió quién habría lanzado dicho agente químico, por lo que no se cumplió con la carga argumentativa de la subsunción de la conducta al referido tipo penal, lo que vulnera principio de legalidad como garantía penal prevista en el art. 116.I de la CPE; aspectos que conllevan la lesión de su derecho a la libertad personal, por una mala e incorrecta subsunción de los tipos penales, la individualización de los hechos y los elementos de pruebas, respecto a los ílicitos penales que se le atribuyen su comisión aunque provisionalmente de manera genérica tanto en la imputación formal como en los fundamentos ilógicos y arbitrarios contenidos en el señalado Auto de Vista, transgrediéndose también el principio de certeza en la imputación formal. Finalmente, en cuanto la vulneración del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, en el memorial de incidente de nulidad de imputación formal que formuló el 24 de mayo de 2022, en “un otrosí”, se acompañó “a fs. 37”, las pruebas consistentes en Requerimiento de Aprehensión 06/2022 de 10 de igual mes y año; Orden de Aprehensión de similar fecha; actas de declaraciones de 9 de mayo de 2022 de Juan Ariel Quispe Guzman, Pablo Israel Romero Caviedes, Miltón Fuentes Apaza, Manfred Flores Canaza, Ramiro Mauricio Gutiérrez Caballero; Informe de Intervención Policial de Acción Directa de 9 del citado mes y año; certificados médico legal de reconocimiento externo de cadáver de la misma fecha y Аctas de Negativa de Autopsia de las víctimas de igual data; sin embargo, no se cumplió con lo dispuesto en la parte in fine del art. 302 del CPP; puesto que, no se logra establecer “…¿Cuál SE VINCULA AL DELITO DE HOMICIDIO? ¿Cuál SE VINCULA AL DELITO DE LESIONES GRAVES Y LEVES? Y ¿Cuál SE VINCULA AL DELITO DE TENENCIA Y PORTE O PORTACION ILICITA?....” (sic); toda vez que, de la prueba testifical ninguno de los coimputados refirió de manera categórica que su persona hubiera lanzado la granada de gas, por lo que, no se identifica cuáles son los elementos que dan cuenta que su persona habría portado unos segundos la munición de gas, a excepción de la declaración “ilegal” de Miltón Fuentes Apaza, que fue obtenida vulnerando derechos y garantias constitucionales, “…POR INFORMACION ORIGINADA EN UN PROCEDIMIENTO Y MEDIO DISTINTO…” (sic), inobservando el principio y garantía de legalidad de la prueba y su incorporación para su valoración, previsto por el art. 13 del CPP, siendo las demás declaraciones contradictorias; en consecuencia, dichas pruebas no fueron valoradas de forma integral, tanto en la imputación formal como tampoco en instancia de apelación -incidental-, incurriendo en una “omisión probatoria”, además de no actuar dentro los marcos de razonabilidad y equidad.

I.1.2. Derechos, principios y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, “…a la legalidad penal, tipicidad…” (sic) “EN SU ELEMENTO SUSTANTIVO”, a la defensa y a la libertad, así como de los principios de presunción de inocencia seguridad jurídica, de legalidad como garantía penal, “…de certeza en la imputación formal…” (sic) y de legalidad de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II, 116.II, 117.I y 180.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se “REVOQUE” el Auto Vista 57/2022, determinándose la nulidad de la imputación formal por la vulneración manifiesta de derechos fundamentales y garantías constitucionales; 2) “…Una vez determinado la nulidad de la Imputación Formal, solicito mi inmediata libertad personal, por ser el requerimiento de Imputación formal base para la petición de las medidas cautelares personales como la detención preventiva” (sic); y, 3) “…En ejecución de sentencia, se determine y efectivice, el reparo del DAÑO Y PERJUICIO OCA[S]IONADO, por la privación de libertad con base en una imputación arbitraria, ilógica y absurda, conforme a reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 93 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de la acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia manifestó que: i) La SCP 0224/2019-S2 de 10 de mayo, se refirió sobre la nulidad procesal declarada de oficio por autoridades que conocen de una causa, aun por el Tribunal de alzada que fue presentada como incidente de nulidad de imputación que subraya lo dispuesto en el art. 169.3 del CPP, respecto a la declaratoria de los defectos absolutos sobre todo cuando se lesionan derechos y garantías constitucionales con la finalidad de no convalidar nulidades; y, ii) “En realidad lo que quiero en resumidas cuentas, señalar y manifestar, es que no se ha realizado en el ejercicio de la garantía de realizar la subsunción del tipo penal a los hechos la logicidad, nada mas ¿qué quiero decir?, no ha habido una estructura lógica, no ha habido una concatenación en el razonamiento de dichas autoridades (…) existe una grosera subsunción o cuando existe una grosera violación a este principio, derecho o garantia de la legalidad penal …” (sic).

I.2.2. Informe de la parte accionada

María Luz Flores Mollinedo y Juan Carlos Ramirez Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 51 a 52 vta.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: a) El accionante citó un “sin fin” de sentencias constitucionales; sin embargo, para la aplicación de un precedente constitucional evidentemente se debe cumplir con la regla de la analogía con los hechos fácticos, más no con esa analogía fáctica procesal con la que sorprende el prenombrado, pretendiendo que se aplique a su caso; pues, se debe tomar en cuenta que el uso discrecional de sentencias para casos que no cumplen con esta regla vulnera el principio de seguridad jurídica; b) Con relación a la vulneración del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, en la página seis del memorial de acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela refiere que el Ministerio Público habría realizado una imputación formal con una ausencia de elementos de convicción y no habría individualizado concretamente la participación de los cuatro coimputados, tomando en cuenta que existe una multiplicidad de imputados y eso habría repercutido en que, el Juez de la causa y los Vocales accionados hayan emitido resoluciones defectuosas; sin embargo, del Auto de Vista 57/2022 se advierte que las autoridades judiciales accionadas expresaron de manera clara cómo la imputación formal explicó las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, mediante una descripción y valoración correcta de la prueba que evidentemente acreditan que existió un hecho y los elementos de convicción que ciertamente vinculan a los imputados, estando individualizada la participación de cada uno de ellos en el acápite de fundamentación jurídica y calificación del hecho, pues más allá de expresar las normas jurídicas y la adecuación de la conducta subsumida por los nombrados se fundamentó sobre la conducta desplegada por el ahora peticionante de tutela, especificándose los elementos de convicción que lo vinculan, no siendo evidente la falta de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, se especificó que se cumple a cabalidad lo determinado por el art. 302.4 del CPP, sobre los requisitos de la imputación formal y el modo, la forma y tiempo en que sucedieron los hechos denunciados; c) Sobre lo dispuesto en la parte in fine del art. 302 del adjetivo penal, respecto a la individualización de la conducta de los imputados, los Vocales accionados analizaron que la imputación formal valoró correctamente ese elemento de convicción, advirtiendo que cumple con los parámetros mínimos de las exigencias que establece dicho precepto legal; d) En cuanto a la garantía constitucional de la legalidad penal en su elemento sustantivo, la calificación jurídica en una imputación formal es provisional; por lo que, el Ministerio Público investiga hechos y no delitos; pues, respecto a los tipos penales de acuerdo al avance del proceso de investigación, estos pueden sufrir cierta mutación, e inclusive en lectura de sentencia adecuarse a otro delito del que no fue acusado por la autoridad fiscal; por lo que no existe vulneración del principio de legalidad, considerando que el caso aún se encuentra en etapa preparatoria y cumplida esa fase repercutirá en otro requerimiento conclusivo y obviamente esos hechos que están calificados como homicidio, lesiones graves, tenencia y portación de armas pueden ser modificados o calificados de otra manera y obviamente “…no estamos a puertas de un juicio todavía…” (sic); pues, será en esa instancia donde se emita una sentencia condenatoria sobre el delito que se juzga; e) En cuanto a la aplicación del principio de legalidad en la valoración objetiva de los tipos penales y principio de imputación en resguardo al derecho a la defensa y la regla de la individualización cuando existe varios imputados implicados, los Vocales accionados analizaron correctamente la imputación formal, advirtiendo que evidentemente el Ministerio Público cumplió con los requisitos exigidos en el art. 302.4 y la parte in fine del CPP, cumpliendo a cabalidad con esta disposición de normativa; en razón a que, se especificó la conducta del imputado como arrojar la granada de gas; es decir, que realizó una participación de “cooperador necesario”, siendo claro el hecho subsumido para que pueda asumir defensa en esa investigación; f) Con relación a la valoración de la prueba, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a efectuar dicha labor porque es una atribución privativa y exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, correspondiendo únicamente verificar que las autoridades accionadas no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o si se omitió de manera arbitraria una correcta valoración de los elementos probatorios, o si la decisión se funda en prueba inexistente sobre hechos que no fueron claros, precisos o concretos; sin embargo, el accionante no expresó sobre qué circunstancia se ingresó en una defectuosa o incorrecta valoración de la prueba; ya que, por el contrario los Vocales accionados efectuaron una valoración integral y correcta de todos los elementos de prueba, cumpliendo los parámetros legales de razonabilidad y logicidad; y, g) Corresponde se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 094/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 81 vta. 93 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de la documentación presentada por el impetrante de tutela se tiene el memorial de incidente de nulidad de imputación formal por vulneración de derechos y garantías constitucionales de 24 de mayo de 2022, así como toda la prueba que acompañó para sustentarla y el acta de audiencia de consideración de la apelación incidental de 17 de junio del mismo año formulada por el prenombrado; 2) El peticionante de tutela reclama la vulneración del debido proceso en su vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, legalidad penal y valoración de la prueba por omisión; en ese entendido, de la revisión del Auto de Vista 57/2022, se advierte que el “Vocal” “coaccionado” verificando la prueba existente y las declaraciones realizadas estableció que el 9 de mayo de ese año existió un “atomizador tipo chisguete” color plomo, concluyendo que Miltón Fuentes Apaza ingresó a la asamblea estudiantil para entregar una granada de gas, indicando que los imputados señalaron que desconocían el “tratamiento” de este artefacto, por lo que entre varias personas lo “agarraron” para efectos de detonarlo siendo el ahora accionante, quien lo arrojó a la tarima, ocasionando la convulsión entre los participantes; consecuentemente, su voto en primera instancia fue se admita la apelación y en el fondo se declare improcedente y se confirme la Resolución impugnada; 3) La “Presidenta ahora accionada” emitió el Auto de Vista hoy cuestionado, refiriéndose sobre los cuatro agravios expuestos en el memorial de apelación incidental: i) Sobre el primer agravio ‘“la falta de motivación y fundamentación toda vez que la resolución es una resolución carente de motivación y fundamentación con frases, términos, aspectos subjetivos carencia de saber explica la norma sustantiva y adjetiva”’ (sic), señaló que si bien se reclamó la falta de fundamentación y motivación, no se explicó o identificó de manera precisa y clara de qué forma se vulneró el debido proceso en tales elementos; por lo que, procediendo a exponer todos los hechos suscitados y la prueba en la investigación del caso, haciendo una relación de los mismos, intentando responder o encontrar la posible falta de fundamentación y motivación, concluyó que no existió vulneración a dicho derecho; ii) Al segundo agravio, sobre la vulneración a la garantía del principio de legalidad y seguridad jurídica concordante con los arts. 233.1 y “…232 num.4 y última parte…” (sic) del CPP, sostuvo que de la lectura de la imputación formal y el Auto Interlocutorio objeto de apelación, el incidente de nulidad de imputación formal fue interpuesto por falta de certeza, de fundamentación por no establecer tiempo, modo, lugar; sin embargo, se evidencia que se identificó el tiempo como el 9 de mayo de 2022, siendo el lugar el Coliseo Universitario de la Universidad Autónoma Tomas Frías del departamento de Potosí, ubicado en avenida Serrudo de esa ciudad; modo, el momento en el que supuestamente el impetrante de tutela supuestamente con otros copartícipes en la tarima exhibieron la granada de gas intentando abrir la misma, llegando a las manos del prenombrado, quien arrojó “el gas” a la indicada tarima; entonces, es precisamente en una audiencia de medidas cautelares donde la autoridad jurisdiccional puede revisar la imputación formal, verificando si existen suficientes elementos probatorios sobre su participación, pudiendo presentar la defensa exclusiones probatorias e incidentes; en consecuencia, se evidencia que los Vocales accionados sí cumplieron con lo establecido por el art. 302.4 del CPP, habiéndose referido sobre el tiempo, lugar y modo. Así también, respecto a la multiplicidad de los imputados, de la revisión de la imputación formal, es evidente que se especificó forma individual sobre los actos en los que cada uno de los imputados incurrieron y cómo se subsumiría al tipo penal, considerando que dicha calificación es provisional y no definitiva porque será en la etapa correspondiente donde podrá observarse sobre la legalidad de las pruebas obtenidas dentro la investigación; iii) Al tercer agravio relativo ‘“a la garantía del principio de seguridad juridica, mala calificación penal tomando en cuenta que se hubiese imputado por los delitos de homicidio, lesiones graves, lesiones leves, también a la portación ilicita se ha invocado en audiencia incidental el Art. 169 y 167 del procedimiento penal, corresponde a defectos absolutos”’ (sic), se indicó que el art. 302.4 del adjetivo penal el Ministerio Público es el único que califica los tipos penales y no la autoridad jurisdiccional; pues, ello corresponde a un tribunal o juez de sentencia penal al momento de dictar sentencia, por lo que también fue explicado que dicha calificación podrá ser modificada -si corresponde-; y, iv) En cuanto al cuarto agravio referido a la vulneración al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, concordante con el art. 124 del CPP, se expresó que sobre la denunciada omisión del Juez a quo, esta fue de forma general; ya que, no se explicó a qué elementos de prueba se refirió, siendo evidente que dicha labor debe realizarla la autoridad jurisdiccional de acuerdo a la sana crítica; es decir, la lógica, la experiencia y el sentido común; y en el caso presente, se mencionan dos declaraciones, la propia declaración del imputado y en la imputación formal se extractó por el Ministerio Público las partes convenientes, siendo en la etapa correspondiente donde la parte imputada podrá excluir cada prueba; por lo que, es clara la fundamentación y motivación en la respuesta otorgada, que permite conocer las razones por las cuales se resolvió de esa forma; evidenciándose la correspondiente explicación a todos los agravios planteados por la parte apelante; por lo que, no se vulneró el principio de congruencia; 4) Así también se efectuaron las aclaraciones y complementaciones solicitadas, sobre la valoración de la prueba en forma conjunta y al dolo ‘“la intencionalidad de la colaboración directa de gas así como las consecuencias de provocarla al ser activada, está teniendo pleno conocimiento y la voluntad de realizar dichas acciones”’ (sic), y sobre la calificación provisional realizada por el Ministerio Público, que tiene que contener medianamente indicios de participación, aspecto que se observó a través de las pruebas que fueron citadas, tanto en la imputación formal como en el Auto de Vista 57/2022; por consiguiente, no se consideró la existencia de omisión de la valoración de la prueba; y, 5) Respecto a la legalidad penal, los Vocales accionados citaron la normativa que se aplicó y el cumplimiento de la misma, conforme se verificó del Auto de Vista ahora cuestionado y también de la imputación formal. En vía de enmienda y complementación, el peticionante de tutela solicitó se complemente que respecto a la valoración de la prueba se concluyó que existió dicha labor, pero ella se centra particularmente sobre las declaraciones testificales, por lo que con relación a la declaración de “Mauricio Quintanilla”, quien es imputado, se tiene la transcripción conveniente en la imputación formal, más no así la parte que nos interesa conocer que es la verdad material; pues, el nombrado manifestó de manera textual que no vió quién arrojo el gas lacrimógeno “…por algún comentario por haberme juntado con los demás coimputados no refiere quien exactamente quienes hubieran arrojado, cualquiera de los cuatro que se hubieran juntado, esto es lo que debe el Tribunal Constitucional verificar a los fines de la verdad material y sus autoridades complementar en el auto motivado constitucional definitivamente este criterio” (sic); asimismo, contrastando esa declaración con la de de Mauricio Gutiérrez Caballero, que no fue valorada por esa Sala Constitucional refirió: “…no como le digo me retire del lugar cuando Manfred Flores Canaza y algunos estudiantes del centro de estudiantes de la carrera estaban intentando abrir el objeto el atomizador en forma de chisguete de base ploma; o sea en otras palabras ni lo uno ni lo otro se puede tomar en justicia constitucional como una valoración probatoria por eso decimos que no existe la prueba suficiente para subsumir a los tres tipos penales…” (sic). Sobre la declaración de Miltón Fuentes Apaza, sostenemos que es totalmente ilegal “…este segundo aspecto también conforme a este Art. 14 núm. 4, Art. 13 respecto del procesal penal, vinculado a la declaración de Milton Fuentes Apaza y los coimputados que en un momento han sido testigos también complemente y fundamente para que el Tribunal Constitucional quede claro este fallo” (sic). De igual modo, se hizo referencia solamente al art. 302.4 del CPP y no sobre la parte in fine de dicho precepto normativo, cuando la materia de discusión en el fondo fue que al existir pluralidad de imputados se debe verificar las pruebas en cuanto a la participación y la calificación de los tres tipos penales a título de provisionales Ante lo cual la citada Sala Constitucional señaló que, sobre la valoración de la prueba claramente se refirió sobre las declaraciones de Ramiro Mauricio Gutiérrez, Israel Romero Caviedes, Manfred Flores Canaza, Mauricio Nicolás Quintanilla “…no sé si no he pronunciado respecto a la declaración testifical de Miltón Fuentes…” (sic), siendo importante porque dicha declaración claramente refiere: ‘“yo me acerqué a Pablo y Manfred alcanzándoles la granada de gas, luego ellos lo detuvieron en sus manos la parte superior Pablo Romero y la parte inferior Manfred Flores, yo saque el seguro y Pablo lo activó, Manfred lo arrojo a la tarima y de la tarima lo patearon hacia la gente el gas donde todos empezaron a salir, se constituyó posteriormente los disturbios con la intención de poder escapar de dicho gas”’ (sic); dichos antecedentes referenciales demuestran la actividad que se desarrolló dentro el señalado Coliseo Universitario el 9 de mayo de 2022, indicándose quienes fueron parte del grupo que causó el atentado con gas lacrimógeno. En consecuencia, los Vocales accionados mencionaron todas las pruebas presentadas de manera integral, respondiendo en definitiva de forma motivada y fundamentada, a los agravios expuestos por el apelante “…aclarando que el señor Manfred Flores Canaza en un principio hubiere sido notificado para realizar su declaración como testigo y posteriormente ya según los indicios encontrados se hubiese realizado la imputación, en ese sentido es la aclaración que también realizaron los Vocales ante una supuesta valoración de prueba ilegal como lo ha señalado la parte ahora accionante respecto a la individualización de los imputados conforme establece el Art. 302 en su última parte del Código de Procedimiento Penal” (sic); aspectos que fueron explicados incluso a tiempo de dar lectura a la imputación formal, subsumiendo el actuar del ahora accionante a los ilícitos investigados “…incluso se tiene sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido y todos esos antecedentes que están registrados dentro de la imputación formal presentada…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 10 de mayo de 2022, José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia, presentó imputación formal contra Manfred Flores Canaza -hoy impetrante de tutela- y otros, por la presunta comisión de los delitos homicidio, lesiones graves y leves, y tenencia y porte o portación ilícita (fs. 30 a 43 del Anexo). II.2. Mediante escrito presentado el 24 de mayo de 2022, el peticionante de tutela formuló incidente de nulidad de imputación formal por vulneración de derechos y garantías constitucionales (fs. 44 a 53 del Anexo).

II.3. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA ‘INCIDENTE DE NULIDAD DE IMPUTACIÓN FORMAL POR VULNERACION DE DERECHOS Y

GARANTIAS CONSTITUCIONALES’”(sic), de 30 de mayo de 2022, en la que, a través de Auto Interlocutorio de igual fecha, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, declaró infundado el incidente de nulidad de imputación formal interpuesto por el ahora accionante; determinación que fue objeto de recurso de apelación en la misma audiencia (fs. 55 a 60 vta. del Anexo). II.4. Consta Auto de Vista 57/2022 de 17 de junio, por el cual María Luz Flores Mollinedo y Juan Carlos Ramírez Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionados-, en el fondo declararon “IMPROCEDENTE” dicho recurso y en consecuencia confirmaron el Auto Interlocutorio de 30 de mayo de 2022 (fs. 64 vta. a 68 vta. del Anexo).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, “…a la legalidad penal, tipicidad…” (sic) “EN SU ELEMENTO SUSTANTIVO”, a la defensa y a la libertad, así como a los principios de presunción de inocencia seguridad jurídica, de legalidad como garantía penal, “…de certeza en la imputación formal…” (sic) y de legalidad de la prueba; debido a que, los Vocales accionados, por Auto de Vista 57/2022 de 17 de junio, declararon la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso y en el fondo confirmaron el fallo inferior que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación formal que formuló, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Sobre su primer agravio, de manera inconsistente, incongruente e inmotivada, concluyeron que su persona habría lanzado el artefacto de gas lacrimógeno de tres tiempos, provocando caos, zozobra, miedo y desesperación en las numerosas víctimas que se encontraban en el Coliseo -Universitario de la Universidad Autónoma Tomás Frías del departamento de Potosí-, quienes en su desesperación por salir del mismo generaron una avalancha humana, con la consecuencia del fallecimiento de cuatro personas de sexo femenino; entonces “…¿SI FUE LA AVALANCHA HUMANA QUIEN PROVOCO LA MUERTE, POR QUE SE ME SINDICA DE LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE AUTOR?...” (sic); pues, no explicaron de manera concreta cómo al lanzar dicho agente químico provocaría la muerte de personas, cuando no se demostró que tuvo la intencionalidad de matar a las cuatro víctimas; b) Con relación al segundo agravio, relativo a la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica; de manera subjetiva y contradictoriamente mencionaron que el "tiempo" de comisión de los referidos delitos fue el 9 del referido mes y año, sosteniendo que su persona junto a Miltón Fuentez Apaza, los días previos al desarrollo de la asamblea estudiantil se distribuyeron roles específicos, pero no se entiende “…¿de dónde saca la idea que mi persona planifico día antes el hecho que sucedió en fecha 09 de mayo de 2022?...” (sic); pues, no existe prueba contundente sobre dicha planificación, más aun cuando en esa etapa se utilizan términos como “SUPUESTOS” y no así juicios de "PROBABILIDAD", tal cual establece el art. 233.1 del CPP; en consecuencia, no se respondió de manera concreta, motivada y fundamentada a ese agravio; c) Sobre el tercer agravio identificado como la vulneración de la garantía y principio de seguridad jurídica por errónea calificación penal; no se respondió al mismo, sino que se mencionaron otros criterios que no fueron alegados en la apelación incidental, cuando el “VOCAL COMPONENTE” antes de emitir su “VOTO” describió dicho agravio como la vulneración de la garantia del debido proceso por la mala calificación de los delitos concordante con el art. 116.II de la CPE con relación a los arts. 141 quinter, 251 y 271 del CP; d) Respecto al cuarto agravio referido a la valoración de la prueba, no se comprende el sentido común o lógica se aplicó en la valoración de las pruebas presentadas, cuando solo se cuenta con la declaración falsa de un testigo, que fue utilizada incorrectamente por el Ministerio Público y erróneamente valorada en ambas instancias, omitiéndose realizar una labor argumentativa sobre la lógica deductiva, de la prueba catalogada como la ‘“premisa fáctica y probatoria”’ bajo los criterios de la sana crítica, experiencia, sentido común y la lógica, concluyendo simplemente en que se hubieran aplicado correctamente los arts. 124 y 173 del CPP; y, 180.I del CPE; e) No verificaron el cumplimiento del art. 302.4 y parte in fine del CPP, con relación al art. 233.1 de dicho Código; toda vez que, a través de la imputación formal, y en definitiva en el Auto de Vista cuestionado; en cuanto al modo de comisión del hecho solo existe la verificación y análisis de la ‘“RELACION DE ACTOS DE INVESTIGACION”’ (sic), como las declaraciones testificales de los “…imputados (prueba prohibida), certificados de defunción de las 4 personas, informes del asignado al caso, etc…” (sic); por lo que, de manera arbitraria y absurda se le imputó por tres tipos penales sin ninguna prueba que lo vincule de manera directa; asimismo, sobre la pluralidad de imputados era obligación del Ministerio Público establecer cuáles son los hechos que se le atribuyen de manera individual y no de forma genérica, identificando el grado de participación de cada uno, y los elementos de prueba que lo sustentan; sin embargo, las autoridades judiciales accionadas no efectuaron una relación de las pruebas que hagan entreveer por lo menos indiciariamente su participación; f) Se efectuó una incorrecta subsunción de los tipos penales, la individualización de los hechos y los elementos de pruebas; puesto que, las autoridades accionadas argumentaron que el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales; empero, de la imputación formal, así como en el fallo de alzada se tiene que: Respecto al delito de homicidio, no se explica en qué momento se manifestó el dolo; pues, no se llega a entender quién mató a las víctimas “…LA AVALANCHA HUMANA, o MI PERSONA CON EL LANZAMIENTO DEL GAS…” (sic), cuando claramente no tuvo la intención de matar a nadie, menos detonó la granada de gas; y, del certificado médico legal de 9 de mayo de 2022 se conoce que la causa de la muerte de las víctimas fue por ‘“ASFIXIA MECANICA POR SOFOCACION y COMPRESION TORACO-ABDOMINAL”’ (sic), lo que confirma que fue producida por agentes externos. Sobre el delito de lesiones graves y leves, no lograron probar “…¿de qué manera se cometió el hecho doloso de lesiones graves y leves?...” (sic), limitándose a referir que las personas heridas: ‘“…aun con diagnostico reservado en internación, quienes a razón de este tumulto presentaron lesiones de consideración, todo esto a raíz de dicha estampida’” (sic); y, en cuanto al delito de tenencia y porte o portación ilícita, no se adecuó de manera concreta la descripción de los hechos “…en el elemento modo…” (sic), para sustentar su tesis respecto a dicho tipo penal; es decir, no se comprende si esta siendo investigado por “‘TENENCIA ILICITA DE MUNICIONES’ O POR ‘PORTE O PORTACION ILICITA DE MUNICIONES’” (sic), a pesar que si bien Ramiro Mauricio Gutiérrez Caballero, declaró que su persona supuestamente estaba con dicho gas lacrimógeno por un corto tiempo; empero, no vió quién habría lanzado dicho agente químico; y, g) Respecto a la valoración de la prueba, incurrieron en una “omisión probatoria”, toda vez que no fueron valoradas de forma integral las pruebas presentadas que aparejó al memorial de incidente de imputación formal que formuló, en “un otrosí”, “a fs. 37”; puesto, que no se logra establecer con cuáles se vinculó a cada uno de los delitos que se le endilgó; considerando que de la prueba testifical ninguno de los coimputados refirió de manera categórica que su persona hubiera lanzado la granada de gas, a excepción de la declaración “ilegal” de Miltón Fuentes Apaza, que fue obtenida vulnerando derechos y garantias constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal o instrumento adicional que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas

Sobre el particular, la SCP 0345/2022-S3 de 26 de abril, citando a la SCP 0045/2019-S1 de 3 de abril, precisó que: «Partiendo de la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), ha sido instituida contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. Consecuentemente, dado este su carácter extraordinario, la acción de amparo constitucional no puede ser considerada como un medio de defensa o recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional que forme parte de las vías legales ordinarias de impugnación, a la que puedan acudir los litigantes perdidosos frente a una determinación judicial que les resulte adversa, pues esta acción tutelar fue concebida más bien como un mecanismo subsidiario de defensa de los derechos fundamentales. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció: ‘…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’”. Bajo estos mismos razonamientos jurisprudenciales, la SCP 0718/2015-S3 de 3 de julio, señaló que: “Dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal, contenida en la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que cita a la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció que la citada acción tutelar: ‘…no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’ (las negrillas fueron añadidas) (Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0254/2012, 0362/2012, 0108/2012 y 1687/2012 entre otras)”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

A fin de abordar el examen constitucional que resulte pertinente, es necesario remitirse al marco del cuestionamiento planteado por el peticionante de tutela; así, se tiene que, alega la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, “…a la legalidad penal, tipicidad…” (sic) “EN SU ELEMENTO SUSTANTIVO”, a la defensa y a la libertad, así como a los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica, de legalidad como garantía penal, “…de certeza en la imputación formal…” (sic) y de legalidad de la prueba; en razón a que, los Vocales accionados, por Auto de Vista 57/2022 de 17 de junio, declararon la improcedencia del recurso de apelación que interpuso y en el fondo confirmaron el fallo inferior que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación formal que formuló, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) Sobre su primer agravio, de manera inconsistente, incongruente e inmotivada, concluyeron que su persona habría lanzado el artefacto de gas lacrimógeno de tres tiempos, provocando caos, zozobra, miedo y desesperación en las numerosas víctimas que se encontraban en el Coliseo -Universitario de la Universidad Autónoma Tomás Frías del departamento de Potosí-, quienes en su desesperación por salir del mismo generaron una avalancha humana, con la consecuencia del fallecimiento de cuatro personas de sexo femenino; entonces “…¿SI FUE LA AVALANCHA HUMANA QUIEN PROVOCO LA MUERTE, POR QUE SE ME SINDICA DE LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE AUTOR?...” (sic), pues no explicaron de manera concreta cómo al lanzar dicho agente químico provocaría la muerte de personas, cuando no se demostró que tuvo la intencionalidad de matar a las cuatro víctimas; 2) Con relación al segundo agravio, relativo a la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica; de manera subjetiva y contradictoriamente mencionaron que el "tiempo" de comisión de los referidos delitos fue el 9 del referido mes y año, sosteniendo que su persona junto a Miltón Fuentez Apaza los días previos al desarrollo de la asamblea estudiantil se distribuyeron roles específicos, pero no se entiende “…¿de dónde saca la idea que mi persona planifico día antes el hecho que sucedió en fecha 09 de mayo de 2022?...” (sic); pues no existe prueba contundente sobre dicha planificación, más aun cuando en esa etapa se utilizan términos como “SUPUESTOS” y no así juicios de "PROBABILIDAD", tal cual establece el art. 233.1 del CPP; en consecuencia, no se respondió de manera concreta, motivada y fundamentada a ese agravio; 3) Sobre el tercer agravio identificado como la vulneración de la garantía y principio de seguridad jurídica por errónea calificación penal, no se respondió al mismo, sino que se mencionaron otros criterios que no fueron alegados en la apelación incidental, cuando el “VOCAL COMPONENTE” antes de emitir su “VOTO” describió dicho agravio como la vulneración de la garantia del debido proceso, por la mala calificación de los delitos, concordante con el art. 116.II de la CPE, con relación a los arts. 141 quinter, 251 y 271 del CP; 4) Respecto al cuarto agravio referido a la valoración de la prueba, no se comprende el sentido común o que lógica se aplicó en la valoración de las pruebas presentadas, cuando solo se cuenta con la declaración falsa de un testigo, que fue utilizada incorrectamente por el Ministerio Público y erróneamente valorada en ambas instancias, omitiéndose realizar una labor argumentativa sobre la lógica deductiva, de la prueba catalogada como la ‘“premisa fáctica y probatoria”’ bajo los criterios de la sana crítica, experiencia, sentido común y la lógica, concluyendo simplemente en que se hubieran aplicado correctamente los arts. 124 y 173 del CPP; y, 180 del CPE; 5) No verificaron el cumplimiento del art. 302.4 y parte in fine del CPP, con relación al art. 233.1 de dicho Código; toda vez que, a través de la imputación formal y en definitiva en el Auto de Vista cuestionado; en cuanto al modo de comisión del hecho, solo existe la verificación y análisis de la ‘“RELACION DE ACTOS DE INVESTIGACION”’ (sic), como las declaraciones testificales de los “…imputados (prueba prohibida), certificados de defunción de las 4 personas, informes del asignado al caso, etc…” (sic); por lo que, de manera arbitraria y absurda se le imputó por tres tipos penales sin ninguna prueba que lo vincule de manera directa; asimismo, sobre la pluralidad de imputados, era obligación del Ministerio Público establecer cuáles son los hechos que se le atribuyen de manera individual y no de forma genérica, identificando el grado de participación de cada uno, y los elementos de prueba que lo sustentan; sin embargo, las autoridades judiciales accionadas no efectuaron una relación de las pruebas que hagan entreveer por lo menos indiciariamente su participación; 6) Se efectuó una incorrecta subsunción de los tipos penales, la individualización de los hechos y los elementos de pruebas; puesto que, las autoridades accionadas argumentaron que el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales; empero, de la imputación formal, así como en el fallo de alzada se tiene que: Respecto al delito de homicidio, no se explica en qué momento se manifestó el dolo; pues, no se llega a entender quién mató a las víctimas “…LA AVALANCHA HUMANA, o MI PERSONA CON EL LANZAMIENTO DEL GAS…” (sic), cuando claramente no tuvo la intención de matar a nadie, menos detonó la granada de gas; y, del certificado médico legal de 9 de mayo de 2022, se conoce que la causa de la muerte de las víctimas fue por ‘“ASFIXIA MECANICA POR SOFOCACION y COMPRESION TORACO-ABDOMINAL”’ (sic), lo que confirma que fue producida por agentes externos. Sobre el delito de lesiones graves y leves, no lograron probar “…¿de qué manera se cometió el hecho doloso de lesiones graves y leves?...” (sic), limitándose a referir que las personas heridas: ‘“…aun con diagnostico reservado en internación, quienes a razón de este tumulto presentaron lesiones de consideración, todo esto a raíz de dicha estampida’” (sic); y, en cuanto al delito de tenencia y porte o portación ilícita, no se adecuó de manera concreta la descripción de los hechos “…en el elemento modo…” (sic), para sustentar su tesis respecto a dicho tipo penal; es decir, no se comprende si esta siendo investigado por “‘TENENCIA ILICITA DE MUNICIONES’ O POR ‘PORTE O PORTACION ILICITA DE MUNICIONES’” (sic), a pesar que si bien Ramiro Mauricio Gutiérrez Caballero, declaró que su persona supuestamente estaba con dicho gas lacrimógeno por un corto tiempo; empero, no vió quién habría lanzado dicho agente químico; y, 7) Respecto a la valoración de la prueba, incurrieron en una “omisión probatoria”, toda vez que no fueron valoradas de forma integral las pruebas presentadas que aparejó al memorial de incidente de imputación formal que formuló el 24 de igual mes y año, en “un otrosí”, “a fs. 37”; puesto que, no se logra establecer con cuáles se vinculó a cada uno de los delitos que se le endilgó; considerando que de la prueba testifical ninguno de los coimputados refirió de manera categórica que su persona hubiera lanzado la granada de gas, a excepción de la declaración “ilegal” de Miltón Fuentes Apaza, que fue obtenida vulnerando derechos y garantias constitucionales.

En este contexto de presunta afectación a los derechos, principios y garantía invocados, como premisa inicial de examen constitucional, corresponde precisar que, si bien en esta acción tutelar se denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, cuya identificación de alegada lesividad a primera vista hubiese impelido a que este Tribunal ingrese a analizar de forma separada la verificación sobre la vigencia o no de tales componentes del debido procesamiento; en el caso de análisis del amplio sustento argumentativo expuesto en esta acción de defensa, se puede advertir que, el impulso motivacional que la respalda tiene como intencionalidad y pretensión esencial que esta jurisdicción ejerciendo el control de constitucionalidad en su faceta tutelar, no solo aborde el examen de la determinación judicial cuestionada, sino que a fin de desarrollar en esa labor ingrese a revisar todo lo obrado en el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, entorno al conglomerado de actuaciones de connotación investigativa y circunstancias fácticas observadas y consideradas necesarias en su dilucidación en sede fiscal, revalorizando toda la prueba en concomitancia con el incidente de nulidad de imputación formal planteado por el ahora peticionante de tutela; lo cual, supera la permisibilidad de examinar de forma individualizada las indicadas vertientes del debido proceso.

Siendo una motivación y pretensión que además se extiende a afrontar la verificación de la observancia, interpretación y aplicación del art. 302.4 y parte in fine del CPP, con relación al art. 233.1 del citado cuerpo normativo; es decir, sobre el cumplimiento de los requisitos de contenido de la imputación formal y la convicción sobre la probabilidad de autoría o participación en el hecho investigado considerando la pluralidad o multiplicidad de imputados; al disentir el accionante con la interpretación realizada por los Vocales accionados y el Ministerio Público con relación a los referidos preceptos; así como, de la valoración probatoria que estos hubieran efectuado y/u omitido sobre los elementos con los que fundó su incidente, y extendiéndose dicho examen a la calificación provisional y adecuación típica de los delitos o tipos penales que se le atribuyen con los hechos denunciados.

En esta misma línea de exégesis constitucional, se debe enfatizar que, a fin de satisfacer el vasto alcance de la denuncia constitucional promovida, este Tribunal tendría que enfocar la tarea jurisdiccional al despliegue total de una función inherente al campo investigativo-fiscal de índole intelectivo, argumentativo, valorativo y de evaluación de aplicación normativa al conjunto de actuaciones generadas en sede fiscal que derivaron en la imputación formal contra el accionante, considerando y examinando el escenario de hechos fácticos y procesales, desde la génesis hasta la determinación de alzada que es objeto de cuestionamiento en esta vía de protección tutelar, y en ese propósito incluso analizar la actuación del Ministerio Público; para con su resultado -como se tiene alegado- acreditar la existencia de arbitrariedades en las que se hubiese incurrido en la decisión de declarar por infundado el incidente de nulidad de imputación formal formulada por el nombrado, ratificada en vía de apelación incidental; y, en definitiva concluir en la sustentabilidad de la pretensión deducida; vale decir, se “REVOQUE” el Auto Vista 57/2022, determinándose la nulidad de la imputación formal por la vulneración manifiesta de derechos fundamentales y garantías constitucionales, y “…Una vez determinado la nulidad de la Imputación Formal, solicito mi inmediata libertad personal, por ser el requerimiento de Imputación formal base para la petición de las medidas cautelares personales como la detención preventiva” (sic); pretendiendo así, que la acción de amparo constitucional se constituya en un recurso ordinario de impugnación respecto al Auto de Vista ahora cuestionado, sin considerar que esta acción tutelar no se instituye en una instancia recursiva ordinaria adicional; sino, un medio de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo tanto, en el caso concreto, se puede afirmar que, resolver en la magnitud íntegra y completa el planteamiento constitucional concatenado al petitorio que lo sustenta, exigiría que se aborde una dinámica propia y atributiva de la instancia ordinaria penal e incluso fiscal en sus facetas investigativa, analítica, valorativa probatoria y determinativa indiciaria de responsabilidad penal, excediendo la labor de control de constitucionalidad tutelar; lo cual, no pude ser adoptado, en virtud a la naturaleza jurídica y esencia dogmática en la que se halla inmersa esta acción de tutelar; pues, el ámbito de protección que brinda está destinado -en caso de corresponder- a la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales; a partir de lo cual, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de forma alguna tiene una connotación de instancia adicional que forme parte de las vías legales ordinarias-fiscales.

Consecuentemente, no es posible ingresar a examinar el fondo del conjunto de los elementos de presunta lesividad formulados por el impetrante de tutela, al ser aplicable la auto restricción a la labor del ejercicio de verificación de constitucionalidad tutelar; toda vez que, posibilitar la apertura del ámbito de protección que brinda y eventualmente acoger la extensa motivación constitucional y pretensión expuestas, desencadenaría en la desnaturalización del objeto, alcance y finalidad constitucional y procesalmente establecidos para este mecanismo de resguardo; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.3. Otras consideraciones

Absuelto el problema jurídico-constitucional formulado, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, advierte que, a tiempo de emitirse el Auto de Admisión 182/2022 de 14 de diciembre, los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ordenaron la citación -notificación-en calidad de tercero interesado al Ministerio Público (fs. 49) habiéndose apersonado y asumido dicha condición en la presente causa José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia. Al respecto, se debe recordar el entendimiento jurisprudencial asumido en la SCP 2161/2013 de 21 de noviembre, que reiterando a la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, sostuvo que: «“Como órgano autónomo, consagrado constitucionalmente regido, por los principios de unidad y jerarquía; en su calidad de defensor de la legalidad debe ser siempre citado con la acción de amparo para que en la audiencia en uso de sus atribuciones y facultades opine y requiera en cumplimiento de sus funciones, no para que defienda sus propios intereses, por lo que también desde ese punto de vista no puede considerarse 'un tercero interesado', porque 'sus intereses' no están al margen del colectivo social. Tampoco operativamente es factible su intervención en esa condición, porque desnaturalizaría el principio de unidad al tornarle en dual su participación, una como defensor de la legalidad y otra como tercero interesado, lo que por supuesto es inadmisible. Por lo anotado el Tribunal de garantías debe prever la notificación al representante del Ministerio Público, posibilitando su intervención, requerimiento u opinión en representación de los 'intereses generales de la sociedad' y no como persona con interés particular como el que refiere a la calidad de 'tercero interesado’”» (el resaltado es nuestro); de lo cual se puede afirmar que, el Ministerio Público no puede ser acogido dentro de la calidad procesal inherente al tercero interesado; lo que no limita que en su intervención pueda ser escuchado dentro de la tramitación de una acción tutelar; empero, en una calidad autónoma de representante de la sociedad y no así en la connotación procesal que implica el tercero interesado. Por lo expresado, corresponde exhortar a los integrantes de la precitada Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones dentro de la jurisdicción constitucional, consideren los alcances de la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal, en cuanto a la calidad de los terceros interesados dentro del proceso constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 81 vta. a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados ut supra y con la aclaración de que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional planteado. 2° Exhortar a Vladimir Humberto Velásquez Ortega y Marcos Abel Miranda Castro, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0659_2024-S2.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 21a2886532891d383588787d8df0bf6fb3b7e2e747cfd4f823eccf4d45043fb5

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