Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 18 de octubre de 2024
Concede la tutela
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por los delitos de falsedad material y otros; el 9 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, a través del Auto Interlocutorio 346/2022 declaró infundado su pretensión prescriptiva; razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental, donde los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, declararon inadmisible y rechazaron in limine su pretensión; sin considerar que, en audiencia, al momento de interponer el recurso de apelación incidental conforme prevé el art. 404 del CPP, el Tribunal de alzada debió proceder a la resolución previo a la escucha de agravios según establece el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 159/2022 de 27 de diciembre, cursante de fs. 537 a 541, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada por vulneración de los derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva, conforme a los antecedentes y demás Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
1.1. Disponer que, los Vocales ahora demandados, convoquen a audiencia oral para considerar la fundamentación de agravios de la parte accionante respecto al recurso de apelación que anuncio en contra de la Resolución inferior, si es que hasta la fecha no se hubiera realizado conforme dispuso la Sala Constitucional que auspicio como Tribunal de garantías. 1.2. Disponer que, mediante el Tribunal Supremo de Justicia, socialice a todos los Jueces y Tribunales en materia penal y mixta, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y apliquen el razonamiento al que se arribó, y señaló en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2024-S1 Sucre, 18 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52745-2023-106-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 159/2022 de 27 de diciembre, cursante de fs. 537 a 541, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Ala Condori contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal Presidente; y, Oscar Chánez Hidalgo, Vocal Suplente, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Mediante memorial de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 507 a 510, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho: COMO ANTECEDENTE SEÑALA: Dentro el proceso penal seguido en su contra por los delitos de falsedad material y otros; el 9 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, a través del Auto Interlocutorio 346/2022 declaró infundado su pretensión prescriptiva, razón por la cual interpuso recurso de apelación incidental. OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA: Los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, declararon inadmisible y rechazaron in limine su pretensión, vulnerando sus derechos a la tutela judicial efectiva e impugnación, sin considerar que, en audiencia, al momento de interponer el recurso de apelación incidental conforme prevé el art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal de Alzada debió proceder a la resolución previo a escuchar los agravios según establece el art. 113 de igual norma procesal: ya que la exigencia para el recurso oral en audiencia es la interposición y la exigencia para el recurso escrito es el de fundamentación.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115.I; y, “181.II” de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad del Auto de Vista 044/2022; y, alternativamente, las autoridades ahora demandadas convoquen a una nueva audiencia y la lleven conforme prevé el art. 113 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 529 a 536, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo manifestó que: a) En la audiencia de apelación no se debe exigir la fundamentación inmediata del recurso, ya que los sujetos procesales no tienen acceso a la resolución completa en ese momento. La norma establece que la apelación debe interponerse oralmente al finalizar la audiencia, pero la fundamentación detallada de los agravios debe hacerse posteriormente, especialmente en casos de apelaciones escritas; b) El art. 404 del CPP, no obliga a fundamentar los agravios en la audiencia de forma oral, ya que no es posible hacerlo sin contar con una versión escrita de la resolución. La interposición del recurso en audiencia es una formalidad, y los agravios se deben exponer y debatir en la audiencia de apelación, conforme a los principios de oralidad e inmediación establecidos en el art. 113 de la Norma Adjetiva Penal; y, c) No debió rechazar el recurso de apelación por no haber sido fundamentado oralmente en la audiencia inicial, ya que esta exigencia no está prevista en la norma.
Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito de 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 524 a 525, solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: 1) El ahora peticionante de tutela, al momento de interponer su recurso de apelación en audiencia, no lo hizo debidamente fundamentado sus agravios; pues, los mismos resultan para garantizar la vigencia plena de los principios de oralidad, publicidad, celeridad y concentración, siendo una de las finalidades de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; 2) Conforme establece el art. 396.3 del CPP, se establece que el recurso de apelación debe ser interpuesto con la indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución, es decir los agravios; y, 3) Se puede advertir de las documentales remitidas en apelación que, la parte apelante junto a su defensa técnica se encontraban en la audiencia donde se emitió la resolución de extinción de la acción penal por prescripción, donde tenían la oportunidad de oír el resultado y fundamentar el agravio que le causo dicha determinación; empero, aquello no aconteció, no siendo suficiente su anuncio, dejando en desventaja a la parte contraria, afectando el principio de igualdad de partes. Oscar Chávez Hidalgo, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pese a su legal notificación según consta a fs. 514, no presentó informe escrito, ni se hizo presente a la audiencia señalada.
Serafina, Joaquina, Matiasa, Bertha, Raúl, Juana, todos de apellidos Catarí Vera, no presentaron informe escrito, sin embargo, en audiencia a través de sus abogados pidieron se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) La acción de amparo constitucional se debe presentar antes de los seis meses y no esperar hasta último momento para formular su reclamo, sabiendo que a la fecha el proceso se encuentra en etapa de juicio oral, donde el impetrante de tutela guardo silencio, perjudicando el desarrollo de la causa; y, ii) El peticionante de tutela no señaló de manera clara cuál sería el agravio que se le causo.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, a través de Resolución 159/2022 de 27 de diciembre, cursante de fs. 537 a 541 concedió la tutela impetrada, disponiendo anular el Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, ordenado los ahora demandados a señalar audiencia de fundamentación de agravios conforme al recurso de apelación interpuesto, debiendo pronunciarse en el fondo sin esperar turno de sorteo, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 403 del CPP identifica cuales son las resoluciones apelables en la vía incidental. Por su parte, el art. 404 de igual norma procesal, refiere cual es la forma de la interposición del recurso de apelación; y, b) Se evidencia que el ahora accionante a través de su abogado defensor cumplió con lo dispuesto en la primera parte del art. 404 de la Norma Adjetiva Penal, al interponer de manera oral el recurso de apelación; por ello, el análisis que realizan las autoridades ahora demandadas en sentido que la apelación debió ser fundamentada con los agravios causados por la resolución de la Jueza inferior, recae en error, y resulta contrario con lo dispuesto en el párrafo segundo del citado artículo que, claramente señala que cuando el recurrente intente producir prueba e segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de apelación; conllevando a establecer que, los ahora demandados debieron señalar audiencia para la fundamentación de agravios, respetando el principio de inmediación, vulnerándose el derecho a la impugnación y tutela judicial efectiva de la parte impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, en el que Daniel Rolando Copa Roque, Vocal Presidente; y, Oscar Chánez Hidalgo, Vocal Suplente, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, disponen declarar inadmisible y rechazar in limine el recurso de apelación incidental formulado por Ángel Ala Condori -ahora impetrante de tutela-, bajo los siguientes argumentos:
“CONSIDERANDO II - (Fundamentos de la resolución). - Del examen y análisis prolijo, así como responsable del testimonio de apelación, se concluye lo siguiente: La Ley No. 1173 modificada por la Ley 1226 ha determinado la modificación del art. 404 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la interposición del recurso de apelación incidental, misma que ingresa en plena vigencia desde el 23 de marzo de 2020. En ese contexto, el art. 404 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley No. 1173 señala expresamente lo siguiente: ‘...Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso de interpondrá inmediatamente de forma oral ante la juez, el juez o tribunal que la dictó...’ En consecuencia la parte procesal que se sienta agraviada con una resolución que es dictada de forma oral en audiencia pública en la que se resuelvan incidentes y/o excepciones conforme señala el art. 403 del Código de Procedimiento Penal, debe interponer su apelación incidental de forma oral y debidamente fundamentada, arguyendo los agravios causados, es decir, inmediatamente después de dictada la resolución a efectos de que la autoridad jurisdiccional A quo disponga la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de Turno en el plazo señalado por el art. 405 del CPP. En consecuencia, estas normas legales hasta aquí invocadas fueron introducidas por el legislador ordinario precisamente para garantizar la vigencia plena de los principios de oralidad, publicidad, celeridad y concentración, ello en razón a que una de las finalidades de la Ley Nº 1173 es precisamente la abreviación procesal. Es más, la Segunda Parte, Libro Tercero, Titulo I.- bajo el epigrafe de Normas Generales del Código de Procedimiento Penal, en el Art. 394 (segundo párrafo) establece: ‘...El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la victima quien no se hubiere constituido en querellante...’; a su vez el Art. 396-3) del mismo Código Procedimiento Penal, sobre las Reglas generales señala: ‘Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución...’, asimismo, la última parte del art. 399 del CPP establece si el recurso es inadmisible deberá rechazarse sin pronunciarse sobre el fondo; entonces, a partir de esta lógica jurídica, esto quiere decir que el recurso de apelación incidental debe ser interpuesto en la misma audiencia expresando ya los agravios sufridos, debiendo ser cumplida por las partes, al ser un mandato expreso de la Ley.
Entonces, sobre la problemática planteada a más de las condiciones de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el legislador ha establecido en la Ley Nro. 1173 también las condiciones de modo, tiempo y lugar. Resaltando de estas el modo, vale decir la forma en que el recurso debe ser interpuesto y requisitos de la existencia del o los agravios. El tiempo que por seguridad jurídica la misma Ley N° 1173 si bien ha establecido un plazo, empero, tratándose de resoluciones dictadas en audiencia pública, el recurso debe ser interpuesto inmediatamente y debidamente fundamentado. A su vez se tiene el lugar que no solo consiste en presentar el recurso ante la misma autoridad que emitió el fallo, sino, según la Ley Nº 1173, en el lugar donde se desarrolló el acto y se emitió la resolución que se pretende recurrir, todo lo que tiene su base en un fin enteramente legal y práctico. Lo antes afirmado tiene su sustento en normas que garantizan el debido proceso y el principio de legalidad, mismos que se hallan consagrados por los arts. 115.II y 180.I de la CPE, porque el debido proceso determina la sujeción a la secuencia de pasos cuando se plantea una excepción o incidente, se considera y resuelve la misma y, esta a su vez debe ser objeto de impugnación. Un entendimiento contrario a ello no solo es desnaturalizar el debido proceso, sino también desconocer la esencia de la Ley Nº 1173 y desconocer los principios de oralidad, publicidad y celeridad del CPP. Sobre la legalidad, que es la sujeción de las autoridades judiciales y sujetos esenciales del proceso a normas de la Constitución y la Ley, lo propio debe ser acatado sin reparos. En la base anterior del presente caso, se tiene que por las documentales remitidas en apelación se evidencia que ambas partes apelantes junto a su defensa técnica, se encontraba en la audiencia de fecha 09 de junio de 2022. Posterior a la fundamentación de la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción la autoridad jurisdiccional A quo dicta de manera oral la resolución Auto Interlocutorio N° 346/2022 fecha 09 de junio de 2022, en la que determina: ‘declara infundada la pretensión expuesta por el Imputado: Ángel Alá Condori, por no haberse acreditado la concurrencia de los requisitos previstos por ley y declara fundada la pretensión expuesta por la imputada: Norka Asunta Arocha Orosco, en cuyo mérito, se declara extinta la acción penal, prescindiendo de la persecución instaurada en su contra, por la presunta comisión de los ilícitos que se le han atribuido…’ conforme se desprende de las literales cursantes a fs. 84 a 87 vta., del testimonio de apelación. Es decir, los recurrentes en cuestión tuvieron la oportunidad de fundamentar su solicitud y oir el resultado de la misma; sin embargo y posteriormente simplemente se avocan a realizar simplemente la interposición de la apelación incidental, no cumpliendo con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia donde se emitió la resolución cuestionada, no siendo suficiente el simple anuncio del recurso que deja en desventaja a la parte contraria afectando el principio de igualdad de las partes, inclusive al Tribunal de alzada, en otras palabras, si bien la autoridad judicial de instancia ha rechazado la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, empero, el recurrente debió haber expresado los puntos a ser cuestionados, para así este Tribunal de alzada pueda aperturar su competencia y ejercite el control de logicidad o legalidad, lo que no ha ocurrido en el caso, entiéndase que la simple limitación de anuncio del recurso de apelación incidental no implica haber cumplido el requisito de admisibilidad, teniendo en cuenta que este derecho recursivo no es absoluto, sino se encuentra limitado por el art. 404 del CPP, por eso corresponde declarar inadmisible el recurso intentado sin ingresar al análisis de fondo de la resolución cuestionada. Finalmente, dicho sea de paso, si bien el procedimiento prevé de forma general el principio de subsanación de forma en el régimen de impugnación en materia penal, sin embargo, esto no es aplicable en el régimen de impugnación de apelación incidental, sino únicamente en el recurso de apelación restringida que es de carácter escriturado y no así oral, toda vez que el espirito de la Ley 1173 es resolver el recurso de apelación incidental sin mayor trámite en audiencia oral, por eso no es aplicable la subsanación de forma, sino corresponde aplicar y disponer inadmisible en caso de incumplimiento del requisito previsto en la primera parte del art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173” (sic [fs. 362 a 363 vta.]); Resolución que fue notificada al ahora accionante el 22 de junio de 2022 (fs. 364).
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por los delitos de falsedad material y otros; el 9 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, a través del Auto Interlocutorio 346/2022 declaró infundado su pretensión prescriptiva; razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental, donde los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, declararon inadmisible y rechazaron in limine su pretensión; sin considerar que, en audiencia, al momento de interponer el recurso de apelación incidental conforme prevé el art. 404 del CPP, el Tribunal de alzada debió proceder a la resolución previo a la escucha de agravios según establece el art. 113 de igual norma procesal; ya que, la exigencia para el recurso oral en audiencia es la interposición y la exigencia para el recurso escrito es el de fundamentación. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional; 2) El derecho a la impugnación en materia penal garantiza el ejercicio efectivo de los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y la revisión de las resoluciones judiciales que causan agravios: El Principio pro actione; 3) En cuanto al anuncio del recurso de apelación incidental en audiencia oral, y la no exigencia de fundamentación en el mismo acto; 4) Análisis del caso concreto; y, 5) Otras consideraciones.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0392/2020-S1 de 26 de agosto; 0455/2021-S1 de 17 de septiembre; 0130/2022-S1 de 26 de abril; 1201/2023-S1 de 11 de octubre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Al respecto el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, también consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, para ese cometido la Norma Fundamental estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria señalando en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los jueces y tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable.
En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, señaló:
"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (las negrillas son nuestras).
Este entendimiento fue reiterado entre otras por la SC 0492/2011-R de 25 de abril, SC 1967/2011-R de 28 de noviembre, SCP 0861/2012 de 20 de agosto, SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que:
1 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre.
No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”. 2 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”.
“…el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.”
Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:
“…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley…”.
De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0594/2020-S1 de 9 de octubre; 0845/2022-S1 de 25 de agosto; 0029/2023-S1 de 7 de marzo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
El derecho a la impugnación se encuentra reconocido en el art. 180.I de la CPE, el cual establece que “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, por su parte el art. 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone dentro de las garantías mínimas a la que se puede acceder dentro de un proceso el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; asimismo, en el marco de la protección judicial que merece el precitado derecho el art. 25.1 de la CADH señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, lo cual implica que, las partes pueden utilizar todos los medios recursivos establecidos dentro de un proceso cuando consideran que las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales afectan sus intereses y en consecuencia les causen agravios, garantizando de esta forma el ejercicio eficaz de los recursos señalados en el Código de Procedimiento Penal, para que los fallos que son emitidos por la jurisdicción ordinaria puedan ser revisados por otras instancias judiciales y pronunciarse sobre los agravios denunciados, es así que, “…la eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no debe constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente”.
Asimismo, la jurisprudencia a través de la SCP 0022/2006 de 18 de abril se pronunció sobre el derecho a la segunda instancia señalando que el mismo se constituye en un elemento del derecho al debido proceso, conforme lo establecido en el art. 8.2.h) de la CADH (reiterado por la SCP 0591/2012 de 20 de julio). En este orden de ideas, el régimen de impugnaciones previsto en el Código de Procedimiento Penal, posibilita a las partes cuestionar las resoluciones judiciales y así poder resguardar sus intereses cuando han sido afectados, constituyéndose el referido derecho un elemento del debido proceso, garantizando de esta forma el acceso a la justicia y por ende la tutela judicial efectiva, conforme lo entendió la SCP 1267/2012 de 19 de septiembre.
El art. 256 de la CPE establece que: “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”. En este entendido, la Constitución Política del Estado establece la aplicación de los Tratados e instrumentos internaciones de derechos humanos preferentemente sobre la referida Norma Suprema, siempre y cuando sean más favorables, en el marco del principio de convencionalidad. Por su parte, el art. 29 de la Convención Americana de Derechos de derecho que pudieron haberse cometido, y que en caso de ser imposible su revisión pueden ocasionar daño y afectar los derechos de las personas. 5 El F.J. III.2 señala que: “El régimen de impugnaciones previsto en la norma adjetiva penal de nuestro Estado, responde a las exigencias de las diferentes disposiciones normativas de orden internacional, constituyéndose en un derecho fundamental de los justiciables. La impugnación implica un ataque frontal contra una determinación judicial que se considere gravosa o lesiva a los intereses jurídicos de una de las partes sometidas a la jurisdicción de una autoridad, con ello se pretende garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, derechos que están ampliamente reconocidos y garantizados por la Norma Suprema. (las negrillas son nuestras)
Se debe tener presente que, toda resolución judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica de un Estado. Bajo esa premisa, desde la óptica de la Norma Fundamental, la impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Sin embargo, se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto prevé: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. En esa misma línea de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescribe: “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”
Humanos (CADH) sobre las normas de interpretación establece que:
“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
i) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; ii) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece que la interpretación de las normas tanto internas como las del sistema internacional de derechos humanos deben ser favorables a los derechos humanos. En este entendido, las pautas de interpretación de las normas internas que efectivizan la protección de los derechos fundamentales, conforme lo establecido en el art. 256 de la CPE son los principios de favorabilidad y el pro homine; del cual el principio pro actione se constituye en una manifestación procesal:
“…que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en aras de su máxima efectividad. Para la administración de justicia esto significa interpretar y aplicar las normas procesales para favorecer la procedencia de las instancias correspondientes”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional también se ha referido al principio pro actione en la SC 1044/2003 de 22 de julio, señalando que deriva de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva y que:
“…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados"
En este entendido, a través de la SC 0501/2011 de 25 de abril, bajo el principio señalado precedentemente la interpretación de las normas procesales deben ser más favorables, lo que se aplica también en el momento de la admisibilidad de la acción tutelar, a fin de garantizar una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0139/2012 de 4 de mayo y 2271/2012 de 9 de noviembre. Ahora bien, la finalidad del principio pro actione es garantizar el acceso a los recursos legales, debiendo para ello eludir los formalismos excesivos que impidan el pronunciamiento judicial de fondo respecto a las pretensiones y agravios denunciados por las partes, lo cual permite a su vez efectivizar el derecho al acceso a la justicia, y por ende el derecho a una resolución fundamentada que ponga fin a un conflicto litigioso, en lugar de declarar la improcedencia de la demanda o el rechazo de un recurso, pues de lo contrario las autoridades judiciales vulnerarían derechos y garantías constitucionales, otorgando prevalencia al derecho formal sobre el material, conforme lo entendió la SCP 0271/2013 de 13 de marzo, en este entendido la referida Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que:
“…resulta entonces imperante que los administradores de justicia ciñan su actuación a la aplicación de los principios y valores constitucionales así como a aquellos instrumentos jurídicos de corte internacional que sean de mayor beneficio a las partes, conforme prescribe el art. 410.II con relación a los arts. 13.IV y 256 del texto constitucional, al momento de aplicar e interpretar la normativa legal vigente, debiendo, conforme se ha desarrollado, en aplicación de los principios de verdad material y pro actione, hacer prevalecer el derecho sustantivo sobre el formal a efectos de precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales.
7 Por otra parte, teniendo en cuenta que el principio pro actione, tiene como fin garantizar el acceso a los recursos legales desechando todo rigor o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial de fondo sobre las pretensiones o agravios invocados, resulta innegable la directa vinculación de este principio con el derecho de acceso a la justicia, cuyo contenido mínimo esencial se traduce en el acceso propiamente dicho a la justicia para que toda persona pueda ser oída y juzgada previamente en un debido proceso; a un pronunciamiento judicial oportuno que ponga fin a un conflicto entre partes o tutele sus intereses o derechos; al uso efectivo de los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico, y, al cumplimiento y ejecución de lo resuelto en juicio, de donde se infiere que, la exigencia de formalismos o ritualismos extremos, puede degenerar en vulneración de derechos o garantías constitucionales, cuando, el juzgador, al dar a las formalidades procesales prevalencia sobre derechos fundamentales, superpone el derecho formal sobre el derecho sustancial.
Ahora bien, habiéndose establecido que forma parte del debido proceso el derecho de las personas al acceso a una justicia pronta, oportuna e imparcial, en atención al principio pro actione, los formalismos procesales son susceptibles de ser flexibilizados por el juzgador a partir de la ponderación entre el incumplimiento de la formalidad y el derecho de acceso a la justicia, es decir que, el principio pro actione, compele al juzgador a no imprimir excesivo rigor en el cumplimiento de los requisitos adjetivos de la demanda en aras de emitir un pronunciamiento de fondo que efectivice el derecho a una resolución fundamentada que ponga fin a un conflicto litigioso, en lugar de declarar la improcedencia de la demanda o el rechazo de un recurso, que podría cercenar el acceso a la tutela judicial efectiva.
Siguiendo esta pauta de entendimiento, la SCP 1784/2013 de 21 de octubre, señaló que el principio de impugnación 8 El F.J II. Sobre el principio de impugnación en los procesos judiciales establece que: La norma constitucional de referencia, implícitamente consolida uno de los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, como es el principio pro actione, por lo mismo, actione, por lo mismo, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 501/2011-R reiterada en la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, sostuvo: “…se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones. Así, el constituyente boliviano, incluyó de manera acertada dicho principio dentro del texto constitucional, de esta manera, la Constitución Política del Estado, en su art 14.III señala: 'El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos'; de igual forma, el 14.V establece: 'Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano'; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: 'I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'” (las negrillas nos pertenecen).
Sobre la misma temática, la SCP 0139/2012 de 4 de mayo, estableció que el citado principio: “…se configura como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.
En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material” (las negrillas nos corresponden).
Finalmente, la norma constitucional de referencia, también contempla como principio la “accesibilidad”, que no es otra cosa que el derecho de acceso a la justicia, cuyo fundamento se contempla en el art. 115.I de la CPE, que señala: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. De la misma forma, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Las normas referidas precedentemente establecen la base jurídica del derecho de acceso a la justicia, entendido como elemento integrador del debido proceso, bajo esa óptica, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, haciendo alusión al art. 8.1 de la CADH, señaló: “…como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos dela persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”, entendimiento que fue reiterado en las SSCC 1363/2010-R, 0492/2011-R y SCP 0898/2012 de 22 de agosto, entre otros.
Sobre la temática de análisis, la SC 0524/2010-R de 5 de julio, señaló: “El derecho de acceso a la justicia, el mismo que, de acuerdo a la doctrina, se constituye en un presupuesto general para la garantía del debido proceso; y tiene el siguiente contenido mínimo: a) El acceso propiamente a la justicia para que pueda ser oída; b) Obtener un pronunciamiento judicial oportuno que solucione el conflicto o tutele sus intereses o derechos; y, c) El cumplimiento y ejecución de lo resuelto en juicio”.
De lo anterior, se colige que el derecho de acceso a la justicia tiende a materializar la eficacia y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas de orden internacional en materia de Derechos Humanos, por lo tanto, cualquier óbice sobre los puntos señalados en la jurisprudencia constitucional señalada, vulnera el derecho objeto de análisis; consiguientemente, la exigencia desmesurada de formalidades procesales también conculca el derecho de acceso a la justicia, en razón a que, si las autoridades encargadas de impartir justicia pueden conceder respuestas efectivas y oportunas a los planteamientos de los justiciables, pese al incumplimiento de los requisitos formales, la misma claramente armonizará con los postulados y los retos asumidos en el nuevo modelo del Estado, con una justicia plurinacional y descolonizada.
El F.J. III.2 establece que “Al respecto, en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, asumiendo los fundamentos de la Sentencia de 23 de julio de 2004, caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, precisó que: “La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable”; de la permite la consolidación del principio proactione, el cual a su vez posibilita el acceso a la justicia, materializando así el ejercicio pleno de los derechos fundamentales como de las normas del sistema internacional de derechos humanos; asimismo, respecto al régimen de impugnación establecido en el Código de Procedimiento Penal, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional entendió que los recursos dispuestos en el citado Código independientemente de su naturaleza, tramitación u objeto, garantizan el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, pues posibilitan acudir ante las autoridades judiciales a fin de obtener respuesta a sus pretensiones a través de dichos recursos y en alusión al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, reiterada en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entendió que “…el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso…” (sic); consecuentemente, el ejercicio del derecho a la impugnación implica también garantizar el cumplimiento del derecho al debido proceso.
Bajo el desarrollo jurisprudencial y doctrinal señalado, se concluye que el derecho a la impugnación a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se traduce en una garantía para las partes de ejercer su derecho a la defensa, y en consecuencia efectiviza el debido proceso, posibilitando el acceso a la justicia; asimismo, como principio constitucional de la administración de la justicia se constituye en una directriz de cumplimiento obligatorio para las autoridades judiciales, debiendo garantizar a las partes ejercer los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal durante la tramitación del proceso; empero, cuidando que no se exijan formalismos innecesarios que provoquen dilaciones en el ejercicio de ese derecho y por ende en su resolución. Es así que, el principio pro actione materializa el derecho a la impugnación, pues manda que las autoridades efectúen una interpretación amplia de los derechos fundamentales, debiendo aplicarse por ende normas que viabilicen los medios de impugnación y la resolución de los agravios denunciados a través de ellos.
En Bolivia, el sistema jurídico establece un marco normativo que garantiza el derecho de las partes a impugnar resoluciones judiciales mediante el recurso de apelación incidental, el cual se encuentra regulado en el artículo 403 del Código Procesal Penal, modificado por el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Este recurso permite que las partes cuestionen decisiones que son consideradas perjudiciales o que afectan el desarrollo del proceso penal, asegurando así el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de los involucrados.
Dicho precepto jurídico enumera un conjunto de resoluciones específicas que son apelables incidentalmente. Estas resoluciones abarcan diversas etapas y decisiones en el proceso penal, permitiendo que las partes afectadas tengan la oportunidad de impugnar actos que podrían comprometer sus derechos o intereses, entre las cuales se tiene las siguientes:
1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2. La que resuelve una excepción o incidente; 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6. La que declara la extinción de la acción penal; 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, 10. La que resuelva la reparación del daño; y, 11. Las demás señaladas por este Código. Esta regulación refleja un compromiso con el principio de debido proceso y el derecho a la defensa, permitiendo que las partes involucradas en un proceso penal puedan hacer valer sus derechos y cuestionar resoluciones que puedan ser desfavorables. De este modo, el recurso de apelación incidental se presenta como una herramienta clave para la protección de los derechos fundamentales dentro del marco del proceso penal boliviano, asegurando que se respeten las garantías judiciales y se fomente la justicia. En ese fin, el art. 404 de la cita Norma Penal, en cuanto a la interposición del recurso de apelación incidental refiere que:
Artículo 404º.- (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.
Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.
En sintonía con lo descrito, se tiene que el art. 406 de la señalada norma procesal penal, en cuanto al trámite que se le asigna al recurso de apelación incidental, establece que:
Artículo 406º.- (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código (las negrillas son ilustrativas). Por su parte, el art. 113 de igual norma procedimental, respecto a los principios que rigen la realización de las audiencias en general, señalo:
Artículo 113º.- (Audiencias).
inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. (las negrillas son añadidas).
Del contendido descrito, se extrae inicialmente que, el art. 404 del CPP, está compuesto por dos párrafos; el primero, conlleva un contenido que prevé dos aspectos esenciales; así, inicialmente refiere que, cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la autoridad que emitió la resolución; por su parte, seguidamente la norma en análisis dispone que, en los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito debidamente fundamentado dentro los tres días de su notificación. Estos aspectos advertidos en el primer párrafo, comportan a entender que la norma en estudio conlleva dos momentos para interponer la apelación: i) en audiencia; y, ii) mediante escrito debidamente fundamentado. Los mismos, nos llevan a comprender que, la exigencia de fundamentar la apelación es cuando se interpone de forma escrita, y no en audiencia al momento de interponerla. Por su parte, el segundo párrafo, al prever que: “Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación…” (el resaltado es nuestro); se extrae que, el legislador ordinario, ha previsto el desarrollo de una audiencia de fundamentación a realizarse ante el tribunal de apelación.
A su vez, el art. 406 del CPP, bajo el epígrafe (TRAMITE) dispone que dentro la tramitación de la apelación incidental se convocará a una audiencia a llevarse a cabo en un plazo de cinco días; extremo que, sustenta lo aseverado líneas precedentes, en el sentido que, el legislador ha previsto el desarrollo de una audiencia en instancia de apelación incidental, lo cual refuerza el hecho que, el recurrente que interpone apelación incidental de forma oral ante la autoridad que emitió la resolución objetada, tenga la posibilidad de fundamentar sus agravios en dicha audiencia. Por su parte, se tiene que el aludido art. 113, que bajo el denominativo (AUDIENCIAS), prevé un conjunto de principios que orientan su desarrollo, entre ellos el de oralidad e inmediación, sobre los cuales el legislador debe realizar una determinada audiencia en instancias de apelación. A partir de lo descrito, el art. 404 del CPP en su primer párrafo, establece que, cuando la apelación incidental se la interponga de forma oral ante la misma autoridad que la emitió, el recurrente tiene la posibilidad de anunciar la apelación sin la necesidad de fundamentar sus agravios en ese momento procesal, para que en su caso en el actuado a señalarse por el Tribunal de alzada, el referido apelante tenga aquella posibilidad precisando los puntos de agravio; y, que además, conforme a la interpretación del segundo párrafo, se introduce la posibilidad de ofrecer pruebas en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación; componentes que se encuentran relacionados con el art. 113 del CPP, que establece que las audiencias deben realizarse bajo los principios de oralidad, inmediación entre otros, los cuales son fundamentales para el desarrollo del proceso de apelación, asegurando que las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos de manera directa ante el tribunal, permitiendo que el juez o tribunal aprecie de primera mano las posiciones de las partes, lo que facilita una mejor comprensión de los agravios expuestos y la presentación de pruebas, garantizando así un proceso más justo y equitativo. Finalmente, el artículo 406 de igual norma procesal complementa este marco al establecer que la audiencia de apelación se llevará a cabo dentro de un plazo de cinco días, garantizando que la tramitación sea ágil y accesible. Esto se enmarca en la necesidad de que el derecho a la impugnación no solo sea teórico, sino también práctico y efectivo, facilitando a las partes la defensa de sus derechos. Este enfoque se alinea con el derecho a la impugnación que es un principio fundamental en el ordenamiento jurídico boliviano, reconocido explícitamente en el artículo 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo esencial para el funcionamiento del sistema judicial, ya que permite a las partes cuestionar y revisar las decisiones emitidas por las autoridades judiciales, garantizando así la protección de sus derechos e intereses; razonamiento que de igual forma se encuentra reconocido por el art. 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que dispone el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. En conclusión, la regulación del anuncio del recurso de apelación incidental durante la audiencia oral, tal como se establece en el artículo 404 del CPP, refleja un enfoque pragmático que prioriza el acceso a la justicia. La exigencia de solo anunciar el recurso, sin requerir la fundamentación de los agravios en ese instante, se justifica plenamente en el contexto procesal en el que el recurrente no tiene a su disposición la resolución en formato físico, sino que únicamente la ha recibido de forma verbal por parte de la autoridad judicial. Esta característica del procedimiento es fundamental, ya que impide que el recurrente formule sus agravios de manera adecuada y analítica en un momento en el que no ha podido examinar la resolución en su totalidad. Por lo tanto, al permitir que el anuncio del recurso se realice sin la necesidad de fundamentar inmediatamente los agravios, se garantiza que el derecho a la impugnación se ejerza de manera efectiva y en condiciones que permitan una defensa adecuada. Además, este enfoque asegura que las partes tengan la oportunidad de preparar sus argumentos de forma detallada y fundamentada en etapa de apelación incidental, cuando dispongan de la resolución completa. De este modo, se promueve una revisión más exhaustiva y justa por parte del tribunal de apelación o alzada, asegurando que el ejercicio del derecho a la impugnación no sea un mero formalismo, sino una herramienta efectiva para la defensa de los derechos de las partes en el proceso penal. A partir de lo descrito, se establece con claridad que, ninguna autoridad judicial está facultada para exigir al recurrente la fundamentación del recurso de apelación incidental en el mismo momento de su interposición en audiencia; ya que el procedimiento penal referido en el art. 404 del CPP, otorga al recurrente la posibilidad de anunciar su apelación de manera oral, sin la obligación de fundamentar los agravios en ese instante, garantizando así el pleno ejercicio de su derecho a la impugnación y a una defensa adecuada.
Por ello, toda autoridad judicial debe en adelante observar rigurosamente esta disposición, aplicándola de forma uniforme, respetando el derecho del apelante a diferir la fundamentación de agravios hasta la correspondiente audiencia de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; toda vez que, cualquier exigencia contraria vulneraría los principios de oralidad e inmediación, además de comprometer el debido proceso al imponer una carga procesal indebida al apelante; garantizando así, que el recurso de apelación incidental cumpla su función de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes en el proceso penal.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por los delitos de falsedad material y otros; el 9 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, a través del Auto Interlocutorio 346/2022 declaró infundado su pretensión prescriptiva; razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental, donde los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de Vista 044/2022 de 20 de junio, declararon inadmisible y rechazaron in limine su pretensión; sin considerar que, en audiencia, al momento de interponer el recurso de apelación incidental conforme prevé el art. 404 del CPP, el Tribunal de alzada debió proceder a la resolución previo a la escucha de agravios según establece el art. 113 de igual norma procesal; ya que, la exigencia para el recurso oral en audiencia es la interposición y la exigencia para el recurso escrito es el de fundamentación.
De los antecedentes que componen el expediente, se tiene que mediante Auto de Vista 044/2022, las autoridades ahora demandadas dispusieron declarar inadmisible y rechazar in limine el recurso de apelación incidental formulado por el ahora impetrante de tutela, argumentando que, al momento de interponer el recurso de apelación en audiencia, el recurrente tenía la obligación de fundamentar sus agravios. Ahora bien, ingresando al análisis del caso, para efectos de compulsa, es preciso remitirnos a lo resuelto en el Auto de Vista en cuestión (Conclusión II.1), para verificar si en evidencia se vulneraron los derechos alegados por la parte peticionante de tutela; en tal sentido, se tiene lo siguiente:
“CONSIDERANDO II - (Fundamentos de la resolución). - Del examen y análisis prolijo, así como responsable del testimonio de apelación, se concluye lo siguiente: La Ley No. 1173 modificada por la Ley 1226 ha determinado la modificación del art. 404 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la interposición del recurso de apelación incidental, misma que ingresa en plena vigencia desde el 23 de marzo de 2020. En ese contexto, el art. 404 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley No. 1173 señala expresamente lo siguiente: ‘...Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso de interpondrá inmediatamente de forma oral ante la juez, el juez o tribunal que la dictó...’ En consecuencia la parte procesal que se sienta agraviada con una resolución que es dictada de forma oral en audiencia pública en la que se resuelvan incidentes y/o excepciones conforme señala el art. 403 del Código de Procedimiento Penal, debe interponer su apelación incidental de forma oral y debidamente fundamentada, arguyendo los agravios causados, es decir, inmediatamente después de dictada la resolución a efectos de que la autoridad jurisdiccional A quo disponga la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de Turno en el plazo señalado por el art. 405 del CPP. En consecuencia, estas normas legales hasta aquí invocadas fueron introducidas por el legislador ordinario precisamente para garantizar la vigencia plena de los principios de oralidad, publicidad, celeridad y concentración, ello en razón a que una de las finalidades de la Ley Nº 1173 es precisamente la abreviación procesal. Es más, la Segunda Parte, Libro Tercero, Titulo I.- bajo el epigrafe de Normas Generales del Código de Procedimiento Penal, en el Art. 394 (segundo párrafo) establece: ‘...El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la victima quien no se hubiere constituido en querellante...’; a su vez el Art. 396-3) del mismo Código Procedimiento Penal, sobre las Reglas generales señala: ‘Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución...’, asimismo, la última parte del art. 399 del CPP establece si el recurso es inadmisible deberá rechazarse sin pronunciarse sobre el fondo; entonces, a partir de esta lógica jurídica, esto quiere decir que el recurso de apelación incidental debe ser interpuesto en la misma audiencia expresando ya los agravios sufridos, debiendo ser cumplida por las partes, al ser un mandato expreso de la Ley. Entonces, sobre la problemática planteada a más de las condiciones de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el legislador ha establecido en la Ley Nro. 1173 también las condiciones de modo, tiempo y lugar. Resaltando de estas el modo, vale decir la forma en que el recurso debe ser interpuesto y requisitos de la existencia del o los agravios. El tiempo que por seguridad jurídica la misma Ley N° 1173 si bien ha establecido un plazo, empero, tratándose de resoluciones dictadas en audiencia pública, el recurso debe ser interpuesto inmediatamente y debidamente fundamentado. A su vez se tiene el lugar que no solo consiste en presentar el recurso ante la misma autoridad que emitió el fallo, sino, según la Ley Nº 1173, en el lugar donde se desarrolló el acto y se emitió la resolución que se pretende recurrir, todo lo que tiene su base en un fin enteramente legal y práctico. Lo antes afirmado tiene su sustento en normas que garantizan el debido proceso y el principio de legalidad, mismos que se hallan consagrados por los arts. 115.II y 180.I de la CPE, porque el debido proceso determina la sujeción a la secuencia de pasos cuando se plantea una excepción o incidente, se considera y resuelve la misma y, esta a su vez debe ser objeto de impugnación. Un entendimiento contrario a ello no solo es desnaturalizar el debido proceso, sino también desconocer la esencia de la Ley Nº 1173 y desconocer los principios de oralidad, publicidad y celeridad del CPP. Sobre la legalidad, que es la sujeción de las autoridades judiciales y sujetos esenciales del proceso a normas de la Constitución y la Ley, lo propio debe ser acatado sin reparos. En la base anterior del presente caso, se tiene que por las documentales remitidas en apelación se evidencia que ambas partes apelantes junto a su defensa técnica, se encontraba en la audiencia de fecha 09 de junio de 2022. Posterior a la fundamentación de la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción la autoridad jurisdiccional A quo dicta de manera oral la resolución Auto Interlocutorio N° 346/2022 fecha 09 de junio de 2022, en la que determina: ‘declara infundada la pretensión expuesta por el Imputado: Ángel Alá Condori, por no haberse acreditado la concurrencia de los requisitos previstos por ley y declara fundada la pretensión expuesta por la imputada: Norka Asunta Arocha Orosco, en cuyo mérito, se declara extinta la acción penal, prescindiendo de la persecución instaurada en su contra, por la presunta comisión de los ilícitos que se le han atribuido…’ conforme se desprende de las literales cursantes a fs. 84 a 87 vta., del testimonio de apelación. Es decir, los recurrentes en cuestión tuvieron la oportunidad de fundamentar su solicitud y oir el resultado de la misma; sin embargo y posteriormente simplemente se avocan a realizar simplemente la interposición de la apelación incidental, no cumpliendo con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia donde se emitió la resolución cuestionada, no siendo suficiente el simple anuncio del recurso que deja en desventaja a la parte contraria afectando el principio de igualdad de las partes, inclusive al Tribunal de alzada, en otras palabras, si bien la autoridad judicial de instancia ha rechazado la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, empero, el recurrente debió haber expresado los puntos a ser cuestionados, para así este Tribunal de alzada pueda aperturar su competencia y ejercite el control de logicidad o legalidad, lo que no ha ocurrido en el caso, entiéndase que la simple limitación de anuncio del recurso de apelación incidental no implica haber cumplido el requisito de admisibilidad, teniendo en cuenta que este derecho recursivo no es absoluto, sino se encuentra limitado por el art. 404 del CPP, por eso corresponde declarar inadmisible el recurso intentado sin ingresar al análisis de fondo de la resolución cuestionada. Finalmente, dicho sea de paso, si bien el procedimiento prevé de forma general el principio de subsanación de forma en el régimen de impugnación en materia penal, sin embargo, esto no es aplicable en el régimen de impugnación de apelación incidental, sino únicamente en el recurso de apelación restringida que es de carácter escriturado y no así oral, toda vez que el espirito de la Ley 1173 es resolver el recurso de apelación incidental sin mayor trámite en audiencia oral, por eso no es aplicable la subsanación de forma, sino corresponde aplicar y disponer inadmisible en caso de incumplimiento del requisito previsto en la primera parte del art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173.” (sic). De lo descrito precedentemente se establece que los Vocales ahora demandados argumentaron que el recurrente -ahora accionante-, en la audiencia del 9 de junio de 2022, donde se dictó el Auto Interlocutorio 346/2022, al momento de apelar aquella determinación no expresó los agravios sobre los cuales recae su apelación incidental, impidiendo al Tribunal de alzada realizar un control adecuado, decantando en la inadmisibilidad del recurso, ya que no se cumplió con el requisito de fundamentación exigido por el art. 404 del CPP. Al respecto, para realizar un mejor análisis, es preciso citar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que en análisis de los arts. 404, 406 y 113 del CPP, establecieron que, cuando la apelación incidental se la interponga de forma oral ante la misma autoridad que la emitió, el recurrente tiene la posibilidad de anunciar dicha apelación sin la necesidad de fundamentar sus agravios en ese momento procesal, para que en la audiencia a señalarse por el Tribunal de alzada, se tenga aquella posibilidad precisando los puntos de agravio; bajo los principios de oralidad, inmediación entre otros, asegurando que el indicado actuado se lleve en el plazo de cinco días, donde las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, y permitir que el Juez o Tribunal aprecie su posición de manera directa, garantizando un proceso justo, equitativo y ágil. A razón de lo descrito, se comprende que los arts. 404, 406 y 113 de la Norma Adjetiva Penal, encuentra interrelación al establecer un marco que promueve la agilidad y la flexibilidad en el trámite de apelación, permitiendo que los recurrentes interpongan sus recursos de manera oral sin la necesidad de una fundamentación de agravios en la misma audiencia de apelación incidental; estos elementos normativos, denotan que, la apreciación a la que arribaron las autoridades ahora demandadas en el caso concreto resulta sesgado, ya que al declarar inadmisible y rechazar in limine el recurso de apelación, argumentando que el recurrente no fundamentó sus agravios en audiencia, contraviene lo establecido en el primer párrafo del art. 404 del CPP, ya que dicho contenido en su primer momento simplemente exige la interposición del recurso de forma oral, sin especificar que debe ser acompañada de una fundamentación detallada en la misma oportunidad de la audiencia, complementado con lo que establece en su segundo párrafo, el cual claramente conlleva a comprender que, la apelación interpuesta de manera oral por el recurrente, éste tiene la posibilidad de exponer sus consideraciones precisando los puntos de agravio en dicha audiencia de fundamentación; más aún, considerando que en ese momento procesal el recurrente -ahora peticionante de tutela- no tenía a disposición la resolución en formato físico, sino que únicamente la recibió de forma verbal por parte de la autoridad a quo; obstáculo que de una u otra manera se concibe en la imposibilidad adecuada y analítica de examinar la resolución en su totalidad para la formulación de agravios. Asimismo, la falta de claridad en los argumentos de la parte demandada, llama la atención a esta instancia constitucional, ya que no se comprende el objeto de señalar audiencia de “consideración” del recurso de apelación, llegado el momento restringir la oralidad referida a la fundamentación de los agravios; caso contrario, en un imaginario caso, de haber considerado su inadmisibilidad no resultaba necesario su convocatoria y merecería la emisión de la resolución de manera directa, lo cual incluso resulta una falta de respeto a las partes de la causa penal; por ello, este enfoque resulta en una vulneración del derecho a la impugnación y de la tutela judicial efectiva, que conforme establecen los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, se traducen en una garantía para las partes de ejercer su derecho a la defensa, y en consecuencia efectiviza el debido proceso, posibilitando el acceso a la justicia; asimismo, como principio constitucional de la administración de la justicia se constituye en una directriz de cumplimiento obligatorio para las autoridades judiciales, debiendo garantizar a las partes ejercer los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal durante la tramitación del proceso; empero, cuidando que no se exijan formalismos innecesarios que provoquen dilaciones en el ejercicio de ese derecho y por ende en su resolución. Es así que, el principio pro actione materializa el derecho a la impugnación, pues manda que las autoridades efectúen una interpretación amplia de los derechos fundamentales, debiendo aplicarse por ende normas que viabilicen los medios de impugnación y la resolución de los agravios denunciados a través de ellos. Por su parte, con relación a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia constitucional estableció la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley; en ese sentido, es comprensible, que los argumentos expuestos por los Vocales ahora demandados, en su concepción de fundamentar los agravios en audiencia oral, cercena la oportunidad adecuada del recurrente de presentar sus argumentos en condiciones que le permitan defender sus intereses de manera efectiva y en cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción que son pilares que fortalecen el derecho de defensa y promueven un sistema de justicia más accesible y eficiente conforme determinan los arts. 406 y 113 del CPP, permitiendo que las partes participen activamente en el proceso como tal. Por lo tanto, es fundamental que se interprete la norma de manera que respete los derechos de los recurrentes, permitiendo que puedan presentar sus agravios a momento de llevarse la audiencia de apelación incidental, asegurando así un proceso justo y equitativo; situación por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada.
A partir de la interpretación normativa a la que arribó esta instancia constitucional en cuanto al anuncio del recurso de apelación incidental en audiencia oral, y la no exigencia de fundamentación en el mismo acto; es preciso que, dicho razonamiento sea de conocimiento de todo el ente judicial que ejerce actividad jurisdiccional, mereciendo que el mismo sea socializado por su máxima instancia a través del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 159/2022 de 27 de diciembre, cursante de fs. 537 a 541, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada por vulneración de los derechos a la impugnación y tutela judicial efectiva, conforme a los antecedentes y demás Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
1.1. Disponer que, los Vocales ahora demandados, convoquen a audiencia oral para considerar la fundamentación de agravios de la parte accionante respecto al recurso de apelación que anuncio en contra de la Resolución inferior, si es que hasta la fecha no se hubiera realizado conforme dispuso la Sala Constitucional que auspicio como Tribunal de garantías. 1.2. Disponer que, mediante el Tribunal Supremo de Justicia, socialice a todos los Jueces y Tribunales en materia penal y mixta, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y apliquen el razonamiento al que se arribó, y señaló en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
3 Caso Cabreara García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr.167 y Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 108
4 Al respecto, corresponde señalar que uno de los elementos que compone el debido proceso es el derecho a la segunda instancia consagrado en normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrada a la legislación interna mediante Ley 1430, de 11 de febrero de 1993, que en la norma de su art. 8.2 inc. h) dispone que toda persona tiene “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, garantía judicial que al ser parte del debido proceso, se constituye en irrenunciable para las personas, pues, sobre la base de la falibilidad humana, constituye la garantía de que la imposición de una sanción pueda ser revisada, para enmendar los errores de hecho y
6, Ferrer Mac-Gregor, E. y Herrera A. (coord.), Op. Cit. p. 356. El juicio de amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, Tomo I
misma forma, en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, señaló: “Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido…”.
9 ARTÍCULO 16. Se modifican los Artículos 403, 404, 405 y 406 del Título III del Libro Tercero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos:
10 Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley.
11 Artículo 8. Garantías Judiciales (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
12 Artículo 404º.- (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.
13 Artículo 406º.- (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código (las negrillas son ilustrativas).
14 Artículo 113º.- (Audiencias). I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. (… [las negrillas son añadidas]).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0659_2024-S1.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 39fa2223b40243eedbbbcfeebd47b9616fe04ac9761a0f230e3e300d476bc5f6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →