Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud, dignidad e integridad personal; toda vez que, después de su internación médica en el Hospital de Clínicas por un accidente cerebro vascular que sufrió, tras ser dado de alta hospitalaria, para continuar con su tratamiento farmacológico, sesiones de fisioterapia y valoración psiquiátrica; el demandado dispuso de manera directa el retorno al Centro carcelario, sin verificar ni cerciorarse previamente de que este establecimiento contara con los requerimientos de salud ordenados, y sin informar oportunamente a la autoridad jurisdiccional la baja y alta dispuesta, el traslado al centro médico, ni la devolución al centro penitenciario, omisión que puso en peligro su vida y salud. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada; conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Disponer que la autoridad demandada, informe de manera inmediata a la autoridad jurisdiccional del proceso penal, sobre la salida de urgencia como de retorno del accionante al Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro”, así como de las órdenes e historia clínica del Hospital de Clínicas; y, la infraestructura, condiciones, equipamiento y personal calificado, con el que cuenta el centro penitenciario, para la atención y tratamiento prescrito al accionante, siempre y cuando dicho acto procesal no haya sido efectuado, o la situación jurídica del imperante de tutela hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.
3° Notificar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, institución a la que se exhorta para que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4.1., en cumplimiento de su posición de garante respecto a las personas privadas de libertad, se· asegure de que todos los centros penitenciarios cuenten con protocolos internos ágiles y efectivos para garantizar que, ante la existencia de enfermedades graves o crónicas que requieran atención especializada en centros de salud, o ambulatorios, se activen las medidas y acciones ágiles y efectivas para el traslado a un centro de salud adecuado o retorno al recinto penitenciario, y se comunique sin dilación al Juez competente, a fin de evitar el agravamiento de las condiciones de salud y de detención que constituyen trato inhumano o degradante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54351-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación sin mandato de Julio César Apaza Tintaya contra Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro de La Paz”.
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2023, cursante a fs. 1; y, 14 a 20 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de otros estragos y otros, se dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro de La Paz”. El 15 de febrero de 2023, fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas con diagnóstico probable de accidente cerebro vascular en tronco encefálico, situación que no fue puesta a conocimiento del Juez de Instrucción Penal, ni del Juez de Ejecución Penal -primer hecho contrario al art 94 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; el 15 de marzo del mismo año, la junta médica decidió darle el alta médica, disponiendo un tratamiento farmacológico, atención médica y psicológica; en ese sentido, el Director del Centro Penitenciario señalado, de forma mecánica y no fundamentada, directamente, dispuso que su persona retorne al mismo recinto, sin establecer ni cerciorarse de que éste cumpla con los requerimientos para que se restablezca su salud, ni comunicó su informe a la autoridad jurisdiccional ni a su persona, acto que puso en peligro su vida. De acuerdo a los arts. 59 y 94 LEPS y el protocolo de traslado, conducción y custodio de privados de libertad, aprobado por la Dirección General de Régimen Penitenciario mediante Resolución Administrativa (RA) 002/2020 de 27 de enero, el Director del establecimiento penitenciario, con el alta médica no hospitalaria, debe informar al juez de forma fundamentada, y notificar al interno; debido a que, debe evaluar si los requerimientos del privado de libertad pueden ser cubiertos por el recinto; así mismo, de considerarse si el centro penitenciario cuenta con la medicación, controles médicos, psicológicos dispuestos; al efecto, previo al retorno, debe garantizarse la existencia permanente de los requerimientos del privado de libertad, lo contrario, implicaba poner en riesgo la salud y por ende la vida. No se tomó en cuenta que, no recibió alta médica sino hospitalaria, siendo cuestionable su retorno al Centro Penitenciario mencionado anteriormente, cuando aún requería tratamiento médico; por lo que, el Director demandado debió emitir informe fundamentado que demuestre que sus requerimientos médicos podían ser cubiertos en el recinto, informe que debió ponerse a su conocimiento y al de la autoridad jurisdiccional; por lo que, al no ocurrir lo anterior, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz ordenó al demandado que en el día informe sobre la situación del accionante; lo cual, acreditó que el Juez de la causa no tuvo conocimiento de su paradero, situación que mermó el control de sus derechos, así como su defensa. El último actuado en el juzgado en el que se tramita su casusa data de 30 de diciembre de 2022; es decir, el demandado no informó a las autoridades judiciales su retorno al recinto, hecho que demuestra que el Director del centro penitenciario no cumplió con sus propios protocolos.
En ese sentido al no emitirse informe fundamentado que evalúe la necesidad de trasladarle nuevamente al Recinto Penitenciario sin considerar si los requerimientos médicos pueden ser atendidos plenamente por el referido centro, puso en riesgo su vida y salud.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, salud, dignidad e integridad personal, citando al efecto los arts. 15.I, 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4.1, 5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: a) El demandado emita un informe que, evalúe si el Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, cumplía con los estándares interamericanos y sus requerimientos de atención médica integral; y, b) Como garantía de no repetición, establezca programas de capacitación sobre las obligaciones estatales respecto a personas privadas de libertad, c) Que el Régimen Penitenciario evalúe su protocolo de traslado, conducción y custodio de privados de libertad, al contener previsiones contrarias a los estándares interamericanos; y d) Informe cada tres meses al Tribunal de garantías, respecto a las medidas adoptadas.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 126 a 129, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, adhiriéndose a lo solicitado por el Defensor del Pueblo, solicitó que sea atendido en el Hospital de Clínicas a los efectos de continuar en su recuperación; y, en consecuencia, sea la autoridad jurisdiccional quien determine si va a retornar al penal para continuar con su recuperación o caso contrario se ordene su recuperación en detención domiciliaria.
Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, a través de informe de 19 de marzo de 2023, cursante de fs. 53 a 56 vta., solicitó se deniegue la tutela argumentando que: 1) El área médica del centro penitenciario, cuenta con los insumos y medicación necesarios para brindar asistencia médica de primer nivel; asimismo, cuenta con médicos generales las veinticuatro horas del día; además, la Dirección de Régimen Penitenciario suscribió convenio con el Hospital de Clínicas que brinda asistencia por sus especialidades, y los privados tienen Seguro Universal de Salud (SUS); el accionante, durante el tiempo de su internación fue trasladado a diferentes centros médicos para la realización de sus estudios especializados; 2) El Comunicado de la Defensoría del Pueblo de 17 de marzo de 2023, respecto a la recomendación sobre la internación del accionante en el Hospital de Clínicas, no se puso a su conocimiento; 3) La junta médica determinó que, el imperante de tutela podía seguir su tratamiento por consulta externa, siendo esos los motivos del alta hospitalaria;
4) Respecto a la comunicación al juzgado, estuvo relevando información para elevar informe pormenorizado del retorno del accionante al Centro; 5) La Dirección programó la capacitación del personal penitenciario en derechos humanos; y, en relación al protocolo de conducción, no correspondía a esa Dirección su reconsideración; 6) No se precisó, ni tampoco se identificó los derechos que se habrían vulnerado, suprimido o conculcado; motivo por el cual, no procedía esa acción; 7) Por decreto de 14 de marzo de igual año, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, solicitó a la Dirección informe sobre el accionante, aspecto que demostró que realizó el control jurisdiccional; y, 8) El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, no acreditó que se realizó reclamos ante el Juez de la causa; y, tampoco aportó prueba respecto a la acción u omisión que hubiera realizado para que se atribuya la legitimidad pasiva.
Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a través de sus representantes, se apersonó como tercero interesado por memorial de 18 de marzo de 2023, cursante de fs. 48 a 52 vta., en el que solicitó se deniegue la tutela señalando que: i) El accionante a solicitud de la Defensoría del Pueblo, el 15 de marzo de 2023, fue dado de alta por orden de la junta médica, situación que contradictoriamente de manera posterior fue cuestionada por parte del Defensor; ii) El Director del recinto penitenciario, en ningún momento emitió resolución alguna disponiendo la transferencia del procesado al presidio; tampoco se acreditó que desde el traslado del Hospital de Clínicas al centro penitenciario, se haya puesto en peligro la vida del impetrante de tutela; y, iii) El proceso penal seguido contra el accionante cuenta con el correspondiente control jurisdiccional por parte del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, ante quien no se hizo ningún reclamó antes de acudir a la vía constitucional.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 05/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 130 a 136 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada emita informe en el que se evalué si el centro penitenciario cumplía con los estándares interamericanos y los requerimientos de atención medica integral del accionante, mismo que debía ser de conocimiento de la Defensoría del Pueblo y otras instancias de fiscalización; y, que en atención al art. 113.I de la CPE, como garantía de no repetición se dispone que el Director del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” establezca programas de capacitación a todo su personal en lo concerniente a las obligaciones estatales respecto de personas privadas de libertad. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Evidentemente el demandado no puso en conocimiento de la autoridad encargada del control jurisdiccional las acciones de traslado del centro penitenciario al Hospital de Clínicas y así como el retorno al mismo; puesto que, es la única encargada de la autorización de salida y de retorno, excepto que se trata de una situación de emergencia, como ocurrió en el presente caso, donde la autoridad que no es el demandado, dispuso su inmediato traslado al Hospital de Clínicas ante un accidente cerebro vascular; b) Evidentemente el demandado debía informar a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario y otras instancias encargadas de fiscalización, si se cumplía con los protocolos o si existía falencias, a fin que la autoridad jurisdiccional precautele ante todo la vida del privado de libertad; c) La presente acción de libertad debió ser dirigida contra la autoridad superior a nivel departamental de régimen penitenciario, quien es el responsable de velar por el funcionamiento no sólo administrativo; sino, de seguridad y bienestar integral de los privados de libertad en los recintos carcelarios del departamento conforme establece la LEPS; d) El demandado no dispuso la detención preventiva del accionante en dicho recinto, simplemente cumplió ordenes; en consecuencia, no cuenta con legitimación pasiva; toda vez que, únicamente asume responsabilidad a nivel del centro penitenciario, y no de lo que ocurra con el interno fuera de dicho centro, siendo responsabilidad exclusiva primero, del encargado de custodia externo que no elevó informe al Director de dicho presidio sobre la existencia del alta hospitalaria, conforme establece el protocolo de traslado, conducción y custodio de privados de libertad; y, que como consecuencia del incumplimiento del mismo por parte del personal de seguridad, el demandado tampoco informó al Juez de la causa y directamente se procedió a su retorno al centro; y, e) Ante el alta hospitalaria, el demandado no procedió conforme al protocolo referido, debido a que el informe no fue realizado por personal de seguridad externa, lo cual no quiere decir que deba prescindirse de su tratamiento médico porque no se trata de un alta médica.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de orden de salida médica de urgencia, expedida por Miguel Ángel Quispe Aspi, Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, se dispuso que Julio César Apaza Tintaya -hoy accionante-, se constituya al Hospital de Clínicas a la unidad de emergencias, el 14 de febrero de 2023 a horas 22:05 (fs. 8). II.2. Se tiene Nota de recepción por residente de neurología de 23 de febrero de 2023, correspondiente al accionante, con impresión diagnóstica de Accidente Cerebro Vascular (ACV) isquémico en tronco encefálico probable (fs. 9).
II.3. Cursa Orden de alta hospitalaria emitida por Neurología del Hospital de Clínicas, correspondiente al accionante, que registra como fecha de internación el 23 de febrero de 2023, y de alta el 15 de marzo del mismo año (fs. 11). II.4. Mediante Decreto de 14 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, solicitó al Director del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” del citado departamento, informe si el accionante se encontraba guardando detención preventiva o si se encontraba internado en algún centro médico (fs. 12). Por Informe de 15 del mismo mes y año, el auxiliar del juzgado referido, hizo conocer que se le informó que el accionante se encontraba en el Hospital de Clínicas, área de neurología, cama siete (fs. 12 vta.).
II.5. Cursa Notas de evolución clínica, de 15 de marzo de 2023, que establece órdenes médicas, medicación, y junta médica, seguimiento por medicina física y rehabilitación y sesiones de fisioterapia, seguimiento por psiquiatría. También se tiene Nota, emitida por junta médica del Hospital de Clínicas, en relación al accionante, en la cual las especialidades de neurología, medicina física y rehabilitación y psiquiatría, concluyeron dar el alta, tratamiento ambulatorio y atención por consulta externa, respectivamente (fs. 10 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud, dignidad e integridad personal; toda vez que, después de su internación médica en el Hospital de Clínicas por un accidente cerebro vascular que sufrió, tras ser dado de alta hospitalaria, para continuar con su tratamiento farmacológico, sesiones de fisioterapia y valoración psiquiátrica; el demandado dispuso de manera directa el retorno al Centro carcelario, sin verificar ni cerciorarse previamente de que este establecimiento contara con los requerimientos de salud ordenados, y sin informar oportunamente a la autoridad jurisdiccional la baja y alta dispuesta, el traslado al centro médico, ni la devolución al centro penitenciario, omisión que puso en peligro su vida y salud. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0769/2019-S2 de 4 septiembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril reiteró dicha clasificación, y la amplió, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.
2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…). Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación a la acción de libertad correctiva, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que tiene por objeto corregir las condiciones agravantes de la privación de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho legalmente suprimido es el de la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona, sino, corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad, incluidas, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, aquellas que lesionan a la integridad personal, que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana.
Similar razonamiento se encuentra, entre otras, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0480/2013 de 12 de abril y 0174/2013 de 22 de febrero.
De acuerdo con el art. 125 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona “que considere que su vida está en peligro”. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que “su vida está en peligro”.
3El FJ III.2, expresa: “…buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador-, sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad.
En ese sentido, este Tribunal respecto al cumplimiento de la detención preventiva, ha establecido jurisprudencia, la misma que no es contraria al nuevo orden constitucional, más al contrario es compatible con el mismo, así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, dejó establecido que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras «violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…». Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos'” (las negrillas son añadidas).
4El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden).
La lectura del alcance de protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad ha sido amplia por parte de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional al señalar “no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto). Al respecto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0771/2018-S2 de 15 de noviembre y 0793/2019-S2 de 11 de octubre, sistematizadoras de línea señalaron lo siguiente:
[El] alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. (El resaltado es nuestro)
Sin embargo, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción7, tampoco su concesión; teniendo en cuenta que esta jurisdicción constitucional debe adquirir la debida convicción a efectos de determinar si el derecho a la vida del peticionante de tutela fue puesto en peligro indebidamente para que la acción de libertad abra su ámbito de protección, de no ser así, corresponderá su denegatoria. 5La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 6El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). 7 Razonamiento jurídico expresado en la SCP 122/2015-S1 de 20 de febrero, entre otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0751/2018-S2 de 8 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, refirió que:
“‘…de conformidad al art. 23.I de la CPE, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, el Estado, de acuerdo al art. 74.I de la Norma Suprema, les garantizan el respeto de todos aquellos derechos insertos en el texto constitucional, considerados como fundamentales por diferentes instrumentos internacionales; resulta oportuno, analizando el derecho a la salud del grupo humano conformado por los privados de libertad, efectuar un análisis previo respecto a la atención médica que se les otorga durante el período de reclusión’. La misma Sentencia estableció que a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho. Así, tanto los arts. 90 al 93 y 96 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- como arts. 2.2 y 11 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad -Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002- establecen que en cada centro penitenciario debe existir un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología; y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante dicha autoridad, acceder a su costo a la atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.
En casos de emergencia, es el Director del centro penitenciario o quien se encuentre a su cargo, que el traslado del interno a un centro de salud, adoptando las medidas de seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Sobre dicha base normativa, la citada SCP 0618/2012, concluyó: ‘…cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto que sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente…’” (las negrillas fueron agregadas). De lo anotado precedentemente, se colige que cuando la salud de una 8FJ.III.2 de la SCP 0751/2018-S2 de 8 de noviembre.
privada o privado de libertad requiera de tratamiento especializado, o no exista la infraestructura, equipos y personal necesario, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del Centro Penitenciario a efectos de que sea éste previa constatación y si corresponde recomendar en el día ante el Juez de Ejecución Penal, la necesidad de traslado del interno a un centro hospitalario (art. 92 de la LEPS). El Juez de ejecución penal, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 de la LEPS es un garante del control jurisdiccional de las y los privados de libertad, en observancia estricta de los derechos y garantías que el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, a favor de toda persona privada de libertad, en consecuencia, ante una recomendación de traslado de un privado de libertad que requiere tratamiento o equipos especializados, que emerja de una recomendación del médico del centro penitenciario o a petición del interno, representante o un familiar, el Juez de Ejecución Penal podrá disponer como medida de urgencia el permiso de salida o traslado del solicitante, con noticia inmediata a la jueza, juez o tribunal del proceso bajo responsabilidad (art. 238 del CPP). Las negrillas son nuestras. Ahora bien, en caso de surgir una emergencia, el Director del Centro Penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará de forma directa (como una medida de emergencia), el traslado inmediato del interno a un Centro de Salud, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias (art. 94 de la LEPS), debiendo informar al Juez competente, dicha determinación de forma inmediata.
Identificado el problema jurídico a analizar, en principio resulta necesario señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, respecto al derecho a la vida, la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien es sui gereris como garantía jurisdiccional, está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un peligro real para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva; razón para ingresar al análisis de fondo del problema jurídico traído en esta acción tutelar. En ese entendido, establecido el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar, al respecto, debemos indicar que el accionante el 14 de febrero de 2023, tuvo una salida médica de urgencia del Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” a la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, en ese sentido el accionante fue recibido en el servicio de neurología el 23 del mismo mes y año, con impresión diagnóstica de ACV isquémico en tronco encefálico probable. El 15 de marzo del mismo año, se estableció órdenes médicas, medicación, seguimiento por medicina física, rehabilitación, sesiones de fisioterapia, y seguimiento por psiquiatría. También se realizó junta médica del Hospital de Clínicas, en la cual las especialidades de neurología, medicina física y rehabilitación y psiquiatría, concluyeron dar el alta, tratamiento ambulatorio y atención por consulta externa, respectivamente, y su alta hospitalaria. De los antecedentes hospitalarios referidos, se corrobora que, el accionante debía continuar su tratamiento en forma ambulatoria, lo cual de ningún modo implicaba el restablecimiento de su salud ni la superación de la patología, por cuanto aún no contaba con el alta médica; por consecuencia, requería que el centro penitenciario le otorgue la infraestructura, equipos y personal necesarios, para que pueda cumplir su tratamiento y asistir a la consulta externa especializada en el hospital. En consecuencia, el retorno del accionante al centro penitenciario donde no existe las mínimas condiciones para la atención y seguimiento del cuadro de salud post ACV, contraviene directamente el deber estatal de garantizar la salud y la vida del detenido; si bien, el accionado informó en la audiencia tutelar que el recinto tiene los insumos y medicación necesarios para brindar asistencia médica de primer nivel, que cuenta con médicos generales las veinticuatro horas del día; sin embargo, no acreditó elemento probatorio alguno que acredite la suficiencia y pertinencia de dicha asistencia para la patología específica del actor, omisión que hace presumir la veracidad de lo denunciado por el accionante. Consecuentemente, no se puede soslayar que por el cuadro del accionante post ACV en tronco encefálico con necesidad de tratamiento neurológico, fisioterapéutico y psiquiátrico, lo sitúa en una situación de vulnerabilidad que exige un enfoque diferenciado y atención médica inmediata; de ahí que, su retorno a un lugar precario que no cuenta con la capacidad de brindar la atención clínica prescrita, agravó las condiciones de detención; más aún, si consideramos que el accionante sufrió el ACV estando privado de libertad en el centro carcelario. Es importante resaltar que el Fundamento Jurídico III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, determina que, es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos. En ese contexto, la omisión procesal del demandado de informar de forma inmediata al Juez de la causa, tanto la salida de urgencia al hospital como el retorno al recinto, que no se realizó hasta la celebración de la audiencia tutelar conforme se acredita por el Decreto de 14 de marzo de 2023, del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz e informe de 15 del mismo mes y año, del Auxiliar del Juzgado, y lo expresado por éste en audiencia tutelar, a más de su conducta negligente o pasiva al no asumir acciones inmediatas, como las establecidas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, para garantizar un efectivo tratamiento ambulatorio, puso en riesgo inminente la salud y, por consecuencia la vida del accionante; toda vez que, la salud del privado de libertad pudo agravarse; lo cual, configura la vulneración del derecho a la vida y a la salud del peticionante de tutela que requería una protección inmediata; toda vez que, su privación de libertad no impedía a recibir tratamiento y cuidado médico adecuado sin restricciones. Del mismo modo, como se dijo anteriormente, la omisión del demandado de informar al Juez de la causa sobre la salida y el retorno del accionante al centro penitenciario, las condiciones de salud y las prescripciones especializadas requeridas, constituyó un impedimento a que la autoridad jurisdiccional ejerza sus atribuciones, incluso de oficio, respecto a la situación jurídica y de salud del interno; además, impidió que el Juez pudiera ordenar las medidas necesarias reforzadas, como el traslado a un centro de salud adecuado o la modificación de la medida cautelar a detención domiciliaria por razones de salud, autoridad que se constituye en garante de velar por la vigencia de los derechos del accionante, máxime cuando estaba en juego su derecho a la vida y a la salud. Por lo tanto, la inacción del demandado, sumada a la insuficiencia de condiciones del centro penitenciario para la atención médica; y, la necesidad incrementada y adecuada de protección de su salud del accionante que implicaba el estado post ACV, configura una vulneración de los derechos alegados; consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada vía correctiva con la finalidad de evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene al impetrante de tutela.
El Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determina que, el objeto de la acción de libertad correctiva, es corregir las condiciones agravantes de la privación de libertad, buscando la supresión de circunstancias de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho legalmente suprimido es el de la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona, sino, corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad, incluidas, aquellas que lesionan a la integridad personal, que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. En ese contexto, conforme se ha precisado presentemente, el Estado ostenta una posición de garante reforzada respecto de las personas privadas de libertad, condición que le impone no solo la obligación negativa de no atentar contra la integridad física, psíquica y la vida de los internos, sino la obligación positiva de adoptar todas las medidas normativas, administrativas y logísticas necesarias para asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales no restringidos por la condena o la medida cautelar. En ese marco, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, como órgano ejecutor de las políticas y de la administración del sistema penitenciario, se halla obligada a estructurar mecanismos de actuación que impidan que la internación o la detención preventiva se traduzcan en un trato cruel, inhumano o degradante, máxime tratándose de las contingencias médicas de extrema gravedad. De la problemática constatada en el presente caso, este Tribunal Constitucional Plurinacional advierte una falta de estandarización y celeridad en los procedimientos internos para el manejo de altas hospitalarias, retornos y continuidad de tratamientos ambulatorios especializados; esta falencia, no solo genera una desprotección inminente de la salud de las personas bajo custodia del Estado, sino, que entorpece de forma sistemática el control jurisdiccional que le corresponde ejercer al Juez a cargo del control jurisdiccional de la causa. Por todo los fundamentos expresados, a la luz del valor supremo de la dignidad humana, y bajo el enfoque de la función preventiva e integradora de la justicia constitucional, no basta con la concesión de la tutela en el caso concreto; sino, que se hace imperativo emitir un mandato institucional a la instancia administrativa de régimen penitenciario, con la finalidad de instaurar procedimientos operativos estandarizados, claros y expeditos que eviten la reiteración de actos u omisiones que pongan en peligro la vida, la salud y la dignidad de la población penitenciaria. En consecuencia, El Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada; conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Disponer que la autoridad demandada, informe de manera inmediata a la autoridad jurisdiccional del proceso penal, sobre la salida de urgencia como de retorno del accionante al Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro”, así como de las órdenes e historia clínica del Hospital de Clínicas; y, la infraestructura, condiciones, equipamiento y personal calificado, con el que cuenta el centro penitenciario, para la atención y tratamiento prescrito al accionante, siempre y cuando dicho acto procesal no haya sido efectuado, o la situación jurídica del imperante de tutela hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.
3° Notificar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, institución a la que se exhorta para que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4.1., en cumplimiento de su posición de garante respecto a las personas privadas de libertad, se· asegure de que todos los centros penitenciarios cuenten con protocolos internos ágiles y efectivos para garantizar que, ante la existencia de enfermedades graves o crónicas que requieran atención especializada en centros de salud, o ambulatorios, se activen las medidas y acciones ágiles y efectivas para el traslado a un centro de salud adecuado o retorno al recinto penitenciario, y se comunique sin dilación al Juez competente, a fin de evitar el agravamiento de las condiciones de salud y de detención que constituyen trato inhumano o degradante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0658_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc06b31ec6f8fc1f5129d741d8551533db97d2908ada023fd5dc1750e715da1d
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