Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos de niñez, adolescencia y juventud (garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente); de las familias; y, tutela judicial efectiva; habida cuenta que, a través de acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social de 4 de julio de 2024, la abogada de la DNA Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -hoy accionada- con base en informes del equipo interdisciplinario que no constituyen circunstancias definitivas, dispuso otorgar la guarda de su hija AA, a su tía y abuela por línea materna, en virtud de una denuncia por violencia física hacia la menor por parte de su actual esposa, además de restringirle el contacto con la niña; no obstante, de no ser quien hubiera ejercido violencia sobre ella ni tener denuncia alguna al respecto; por otra parte, la nombrada accionada no remitió el caso ante la autoridad judicial pertinente a efectos que pueda hacer prevalecer sus derechos a través de los medios legales previstos.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-068/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 132 a 138 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, bajo los mismos términos determinados por el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2024-S3 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 65959-2024-132-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-068/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 132 a 138 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rene Mangudo Fuentes por sí y en representación de su hija menor de edad AA contra Liz Laura Maldonado Rojas, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de julio de 2024, cursante de fs. 36 a 51, el accionante expresó lo siguiente:
De su matrimonio con Carla Lorena Nogales Suaznabar, nació su hija AA, cuando la menor de edad tenía un año y ocho meses, falleció su madre, quedando al cuidado exclusivo de su persona, quien después de dos años contrajo nupcias con María de los Ángeles Meneses Parra con quien procreó una niña. Refirió que, el 4 de julio de 2024, ante la llamada de la Abogada de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se constituyó a esa oficina, donde la nombrada funcionara le informó que se instauraría un proceso penal contra su actual esposa por ejercer violencia familiar a su hija AA en calidad de madrastra; razón por la cual se otorgó la guarda de la menor de edad a familiares maternos, y como restricciones no podía acercarse a su hija ni mucho menos a su colegio, por el solo hecho de ser el esposo de la denunciada. De la documentación que le fue facilitada se tiene un acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social que tiene como base los informes psicológico y social, los cuales son considerados suficientes a criterio de la Abogada de la DNA citada, para determinar que el cuidado y protección de la menor AA pase a familiares maternos, sin realizar un estudio que establezca que su padre teniendo la guarda natural, le concierne tomar acciones para su protección inmediata en razón de los hechos denunciados, puesto que en reiteradas oportunidades dio a conocer a los funcionarios de esa instancia Municipal, que desconocía los hechos de violencia denunciados por Shirley Karen Nogales Suaznabar, por ello, como progenitor es quien tiene que realizar las acciones destinadas a la protección inmediata de su hija; por otra parte, tampoco se consideró que la menor AA, en la entrevista con el equipo multidisciplinario, manifestó su deseo de estar con su padre y su hermana recién nacida, por lo que no existirá ninguna imposibilidad que su progenitor pueda brindarle la asistencia y cuidados requeridos, considerando que él no está denunciado por agresión; pues únicamente la Psicóloga de la DNA señalada, en su informe efectuó una simple recomendación, lo que no constituye una circunstancia definitiva. Añadió que, como progenitor de AA, tiene la guarda natural; no obstante, el trabajo que realiza tiene la finalidad de garantizar el desarrollo integral de la menor de edad, dado que antes de contraer nupcias con su actual esposa, cuido por más de dos años de su hija; sin embargo, el informe social de la DNA, de manera ambigua señaló que la menor de edad se encuentra bajo el cuidado de su familia por línea materna; sin que exista documentación que evidencie que él no estaba a cargo de la niña. Manifestó que, los funcionarios de la DNA, no priorizan el derecho a las familias, pues si bien justifican la entrega de la menor a los familiares maternos, no realizaron ningún acto tendiente a determinar que su padre no pueda o se encuentre inhabilitado de darle la protección necesaria, resguardando el interés superior de ésta, pues los informes evacuados por el equipo interdisciplinario resultan insuficientes y carentes de todo valor probatorio para dar favorabilidad a las denunciantes. Finalmente replicó que, a raíz del de acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social de 4 de julio de 2024, existe una suspensión, perdida, y restricción en relación a la menor AA; puesto que la Abogada accionada, no puso a conocimiento del Juez natural la referida acta, para que pueda proceder con los recursos que la ley le franquea y así, hacer valer sus derechos en la instancia judicial.
Señaló como lesionados los derechos de niñez, adolescencia y juventud (Garantía del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente); a las familias; y, tutela judicial efectiva; citando al efecto a los arts. 58, 59.I, II y III, 60, 62, 64 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social de 4 de julio de 2024, elaborada por Liz Laura Maldonado Rojas, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y suscrita por Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales; b) La Restitución inmediata de la menor AA con su padre -accionante-; y, c) La calificación de daños y perjuicios y costas derivados de la actuación de la accionada.
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 130 a 131; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Liz Laura Maldonado Rojas, Abogada de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, remitió informe de 22 de julio de 2024, cursante de fs. 57 a 65, mediante el cual solicitó se rechace la acción de amparo constitucional, alegando que: 1) El auto de admisión de la acción tutelar resulta nulo, siendo que concurre la causal de improcedencia prevista en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) por incumplimiento al principio de subsidiariedad; 2) Ante la denuncia formulada por Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales, que su sobrina y nieta respectivamente fue agredida físicamente por su madrastra, y su progenitor encubrió estos hechos, se pidió la valoración del área psicológica y social; en ese sentido, se otorgó un documento de medidas y cuidado y protección a las nombradas, a fin de poner en resguardo a la menor de edad AA, quienes se encuentran al cuidado de éstas; precautelando el interés superior; y, 3) Se asumieron acciones integrales de protección a una niña víctima de agresiones por parte su madrastra, con la finalidad de precautelar su integridad física y psicológica, en virtud del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; por otra parte, solicitó la medida cautelar según lo establecido en el art. 281 del Código de las Familias y el Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, que la menor permanezca bajo el cuidado de las denunciantes, hasta que se defina su situación en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra María de los Ángeles Meneses Parra, por violencia familiar o doméstica, y se realice el seguimiento por el equipo interdisciplinario del municipio donde radica esa causa. Ante la aclaración solicitada por la Sala Constitucional, se señaló que no se remitió la causa ante la autoridad jurisdiccional (Juez de la Niñez y Adolescencia) pero si a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba.
Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales, a través de memorial de 22 de julio de 2024, adjuntaron Certificados de Antecedentes Penales y de No Violencia de sus personas a efectos de acreditar que no cuentan las mismas (fs. 66 a 70); asimismo, en audiencia por intermedio de su abogada, señalaron que, el ahora accionante desde el 4 de ese mes y año, no se apersono al “Juez” para solicitar visitas a su hija, tampoco hizo llamadas telefónicas para saber cómo esta; por lo que, consideran que las medidas asumidas en el acta de compromiso de medidas de cuidado y protección, resultan adecuadas, en aplicación del interés superior de la niña para que no viva en un entorno agresivo; por cuanto el imperante de tutela sigue casado con la denunciada por violencia familiar o doméstica.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-068/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 132 a 138 vta., concedió la tutela impetrada -siendo lo correcto en parte- ordenando a la accionada que en el día remita los antecedentes del caso que emerge esta acción tutelar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia de turno del referido Tribunal en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y normativa legal precisada, a efecto de resguardar el interés superior de la hija del accionante y precautelar los derechos a la tutela judicial efectiva y a las familias por autoridad jurisdiccional respecto al padre; expresando los siguientes fundamentos: i) El ahora impetrante de tutela no fue denunciado por actos de violencia contra su hija; empero, la accionada determinó que la menor sea entregada a la familia materna y conforme el acta de compromiso de medidas de cuidado y protección, estableció la prohibición de acercarse a su hija, al domicilio o efectuar hechos de violencia, sea por sí mismo o terceros; ii) Conforme los arts. 57 y 58 del CNNA, corresponde que mediante Resolución de autoridad jurisdiccional, se disponga la guarda de un menor y la desvinculación familiar; sin embargo, en el presente caso, no se tiene elementos para que la accionada, haya procedido a la desvinculación familiar de AA en relación a su padre, por alguna causal establecida por ley y que diere lugar a la restricción de derechos como progenitor; de los que se percibe la vulneración de los mismos en esta acción de defensa, entre estos la tutela judicial efectiva y las familias; habida cuenta que conforme los antecedentes cursantes que fueron de conocimiento de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el accionante hubiera contraído nuevo matrimonio después del fallecimiento de la madre de la menor AA, conforme el Informe Social elaborado por esa instancia edil, se tiene claramente la existencia de un vínculo familiar constituido por el padre natural; consiguientemente, aún vigente su autoridad paterna y la tuición o la protección respecto de su hija, por lo que no se observa algún elemento propio remitido por la accionada o decisión judicial que determine la pérdida de la autoridad paterna y menos una desestructuración que pudiera existir entre padre e hija o que devenga de una autoridad judicial competente; y, iii) El actuar de la accionada al haber asumido una competencia que no le corresponde disponiendo que la menor de edad AA, a título de guarda por una parte, y por otra al omitir la remisión inmediata del caso ante una autoridad jurisdiccional competente a efectos que se resguarden los derechos de la niña y a su vez garantizar que su progenitor pueda hacer valer sus derechos ante una autoridad judicial, según establece el Código Niño, Niña y Adolescente; si bien la accionada consideró que obró protegiendo el interés superior de la menor de edad, debió previamente poner en conocimiento de la jurisdicción correspondiente el caso antes de asumir cualquier determinación, como ser la desvinculación familiar entre padre e hija, afectando a la autoridad paterna del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio de 2021, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta informe Psicológico Preliminar de 4 de julio de 2024, elaborado por Milenka Verónica Fernández Torrico, Psicóloga de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a la denuncia efectuada por Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales -terceras interesadas- por violencia física a su sobrina y nieta la menor de edad AA por parte de su madrastra María de los Ángeles Meneses Parra, en el que se recomendó que el área legal realice las acciones que correspondan velando por la integridad de la niña, y como medida de protección se disponga pueda vivir con su abuela y tía de línea materna otorgando el acta de cuidado y protección a las nombradas denunciantes y se continúe con el seguimiento psicosocial en la Defensoría más cercana al domicilio de la niña (fs. 12 a 13); asimismo, mediante informe preliminar de Trabajo Social de la misma fecha, elaborado por Carla Revollo Rodríguez, sobre el caso descrito, recomendó que el área legal realice las acciones correspondientes, se suscriba un documento de cuidado y protección a favor de las denunciantes y se remita el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la vivienda actual de la menor, para que se dé continuidad y seguimiento (fs. 13 vta. a 14 vta.). II.2. Cursa Acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social, de 4 de julio de 2024 (caso JDPTODNA-SID 76/2024 CCBBA - Cercado), elaborada por Liz Laura Maldonado Rojas -hoy accionada- y suscrita por Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales, en la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante la cual se comprometen al cuidado y protección de su sobrina y nieta AA; a su vez, “Se prohíbe al Sr Rene Mangudo Fuentes, acercarse al domicilio y/o Unidad Educativa o efectuar hechos de Violencia ya sea por terceros hacia su hija (…) y cometer hechos que pongan en situación de riesgo y vulnerabilidad a la niña.” (sic. [fs. 16 vta. a 17]). II.3. Por memorial de 5 de julio de 2024, la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de la accionada, presentó denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba, contra María de los Ángeles Meneses Parra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 4 a 7).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos de niñez, adolescencia y juventud (garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente); de las familias; y, tutela judicial efectiva; habida cuenta que, a través de acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social de 4 de julio de 2024, la abogada de la DNA Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -hoy accionada- con base en informes del equipo interdisciplinario que no constituyen circunstancias definitivas, dispuso otorgar la guarda de su hija AA, a su tía y abuela por línea materna, en virtud de una denuncia por violencia física hacia la menor por parte de su actual esposa, además de restringirle el contacto con la niña; no obstante, de no ser quien hubiera ejercido violencia sobre ella ni tener denuncia alguna al respecto; por otra parte, la nombrada accionada no remitió el caso ante la autoridad judicial pertinente a efectos que pueda hacer prevalecer sus derechos a través de los medios legales previstos.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0137/2024-S3 de 2 de mayo, reiterando el razonamiento de la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, señaló que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia; así, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1, reiteró:…`a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’. Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).
Ley 548 de 17 de julio de 2014- La SCP 0129/2012 de 2 de mayo, señaló lo siguiente“…la guarda es una institución destinada a cuidar, proteger, atender y asistir integralmente al menor, regida por los principios de interés superior, de autonomía progresiva, de unidad familiar y de respeto a las opiniones del niño; tiene carácter provisional y se otorga mediante resolución judicial, pronunciada ya sea por el juez de familia o por el juez de la niñez y adolescencia, dependiendo de la clase de guarda que se trate; de ello, se infiere que la resolución que dispuso la guarda de los hijos puede ser modificada cuando el interés superior del niño así lo requiera, entendiéndose que dicha revisión deberá ser realizada necesariamente por la autoridad judicial pertinente, a través de los mecanismos que tanto el Código del Niño Niña y Adolescente como el Código de Familia establecen, sin que pueda asumirse acciones de hecho invocando el principio de interés superior del niño y la supuesta voluntad de los menores, pues estos aspectos deben ser analizados por el juzgador para determinarla (SC 0165/2010-R de 17 de mayo).” (las negrillas nos pertenecen). Dentro nuestra normativa vigente el art. 47 del CNNA, establece que: “I La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. II. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos; así como también a tramitar la asistencia familiar”. El art. 59 de la referida norma determina que, existen dos tipos de guarda primero, a consecuencia de los efectos de la desvinculación familiar, donde el Juez en materia familiar define la situación de los hijos, teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de estos y segundo, la guarda legal que es conferida por el Juez de la Niñez y Adolescencia a una persona que no tiene tuición legal sobre el niño, niña o adolescente, misma que se encuentra sujeta a lo dispuesto por el Código Niño, Niña y Adolescente. Por su parte, el art. 60.I del mismo Código instituye que “La guarda, estará vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la autoridad y las medidas impuestas a la madre, al padre o ambos.
Cuando la niña, niño o adolescente, no tenga ni madre ni padre identificados, o exista conflicto de filiación, la guarda será otorgada a terceras personas”. En ese contexto la citada normativa estable en el art. 63 que:” La guarda será tramitada por los familiares, terceras personas o por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ante la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en cuya jurisdicción se encuentra la niña, niño o adolescente, y será ejercida en el lugar de residencia de la guardadora o guardador designado, dentro del territorio boliviano. En caso de cambio de residencia, la guardadora o guardador deberá comunicar a la Jueza o Juez previo al cambio de domicilio”. Del contexto legal expuesto, se extrae que la guarda ha sido establecida para la protección del menor y regida por el principio de interés superior y es de carácter provisional y se otorga mediante resolución judicial, pronunciada ya sea por el juez de familia o por el juez de la niñez y adolescencia, dependiendo de la clase de guarda que se trate; no obstante, también puede ser modificada cuando el interés superior del niño así lo requiera, sin que se asuma acciones de hecho.
Al respecto la precitada SCP 0137/2024-S3 de 2 de mayo, emitió el siguiente entendimiento: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone ‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior de la niña, niño y adolescente, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando; además, en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que:
‘Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales’. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.
En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (la negrilla nos corresponde).
El accionante activa la presente acción de amparo constitucional, alegando la lesión de los derechos de niñez, adolescencia y juventud (garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente); de las familias; y, tutela judicial efectiva, denunciando que la hoy accionada como abogada de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba el 4 de julio de 2024, redacto el acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social, otorgando la guarda de su hija AA a las terceras interesadas, en virtud de una denuncia penal por violencia familiar o doméstica contra su actual esposa por agresión a la menor de edad en su calidad de madrastra; refiriendo que, dicha acta se basa en simples informes del equipo interdisciplinario los cuales emitieron recomendaciones y no constituyen circunstancias definitivas, además de no considerar que como progenitor tiene la guarda natural, y no tiene denuncia alguna por agresión a la niña; sin embargo, se le restringió el contacto con; por otra parte, la accionada hasta la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional no remitió el caso ante la autoridad judicial competente a efectos que pueda hacer prevalecer sus derechos a través de los medios legales previstos en sede jurisdiccional. De manera previa a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario precisar que la presentación directa de esta acción tutelar se puede realizar prescindiendo del principio de subsidiariedad, al tratarse de derechos concernientes a una menor de edad AA, quien es víctima de violencia familiar o doméstica por parte de su madrastra; consiguientemente, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe hacer una flexibilización al principio de subsidiariedad, al tratarse de un caso que merece una atención prioritaria, así como el acceso a una administración de justicia pronta, a fin de precautelar el interés superior.
De los antecedentes que cursan en el expediente y de las conclusiones arribadas, dentro de la denuncia efectuada por Shirley Karen Nogales Suaznabar y Filomena Suaznabar de Nogales por violencia física a su sobrina y nieta la menor AA por parte de su madrastra María de los Ángeles Meneses Parra se tiene tanto al informe Psicológico Preliminar elaborado por Milenka Verónica Fernández Torrico y el informe preliminar de Trabajo Social, realizado por Carla Revollo Rodríguez, ambas funcionarias de la DNA de la Sub Alcaldía Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, los cuales concluyen y recomiendan que el área legal realice las acciones que correspondan velando por la integridad de la niña, y como medida de protección se disponga que viva con su abuela y tía de línea materna (terceras interesadas) debiendo otorgarse el acta de cuidado y protección a las nombradas y se continúe con el seguimiento psicosocial en la Defensoría más cercana al nuevo domicilio de la menor de edad (Conclusión II.1); con base en ello, la hoy accionada elaboró la referida acta de 4 de julio de 2024 (caso JDPTODNA-SID 76/2024 CCBBA -Cercado), disponiendo que las denunciantes, vivan con la menor AA ofreciéndole cuidado y protección; prohibiendo a su vez que el accionante se acerque al domicilio y/o Unidad Educativa, o efectuar actos de violencia ya sea por terceros hacia su hija AA y consumar hechos que pongan en situación de riesgo y vulnerabilidad a la niña (Conclusión II.2); por otra parte, el 5 del mismo mes y año, la citada DNA presentó denuncia formal contra María de los Ángeles Meneses Parra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba (Conclusión II.3). De acuerdo a las circunstancias descritas se advierte que, en el presente caso, la abogada de la DNA, como medidas de protección dispuso que la niña pase a vivir con su abuela y tía en línea materna mediante acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social, mismas que fueron emitidas en mérito a los actos de violencia física que sufrió la menor de edad por parte de su madrastra quien fue denunciada penalmente por esa instancia edil por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Con ese contexto, el peticionante de tutela, alega que, si bien se otorgó el cuidado y la guarda provisional de su hija a su tía Shirley Karen Nogales Suaznabar y su abuela Filomena Suaznabar de Nogales, la accionada no informó ni paso la causa a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, ante el cual pueda acudir y solicitar la restitución de su hija u ordene pueda retomar el contacto con ella, puesto que se encuentra restringido por las medidas asumidas; ante ello, se debe puntualizar que, según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico II.2 de este fallo constitucional, la medida provisional de guarda prevista en el Código Niña, Niño y Adolescente se encuentra establecida para la protección del menor y se rige por el principio de interés superior, resaltando que es de carácter provisional y será otorgada mediante resolución judicial por el Juez de la Niñez y Adolescencia, al tratarse de personas que no tienen tuición legal sobre el niño, niña o adolescente, es decir no son progenitores, tal como sucede en el caso analizado, y podrá modificarse cuando el interés superior del niño o niña así lo requiera. Ahora bien, como ya se estableció anteriormente, la accionada en audiencia ante la aclaración solicitada por la Sala Constitucional que conoció la acción tutelar, afirmó que el caso no fue remitido la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia, solamente a la DNA de Sacaba; en ese sentido, incurrió en una omisión al no poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional pertinente todos los antecedentes de la denuncia recepcionada relativa al maltrato de la menor AA y sobretodo el acta en la que se dispuso ponerla bajo cuidado de Karen Nogales Suaznabar y su abuela Filomena Suaznabar de Nogales; puesto que la referida autoridad, tiene la competencia para homologar o modificar la medida provisional de guarda y ordenar a la DNA que corresponda, realizar el seguimiento de la guarda y establecer el lugar del ejercicio de la misma. Al no remitir los antecedentes señalados para que la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia, ejerza control jurisdiccional en relación a las medidas de protección especial a favor de la menor AA hasta la formulación de esta acción de amparo constitucional, la accionada incurrió en una omisión en desmedro del interés superior de la niña, cuando precisamente este, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico II.3 de la presente decisión constitucional, obliga a la nombrada accionada asumir una mayor responsabilidad y cumplir con lo determinado en la normativa legal vigente, siendo que conoció un proceso en el que se encuentra involucrado un sector vulnerable de la sociedad; por tanto, los derechos de los niños son prevalentes y merecen un trato prioritario con la debida celeridad, lesionado así los derechos aludidos en la acción tutelar, tales como ya se dijo el interés superior de la niña, así como el derecho a las familias consagrado en el art. 62 de la CPE que establece: “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva denunciado como vulnerado, éste no solo comprende el derecho a la justicia, sino también incluye el derecho a un pronunciamiento judicial; en tal razón, al haberse omitido poner en conocimiento de la autoridad pertinente el caso antes descrito, implica una lesión a ese derecho, pues se impidió que el Juez en materia de Niñez y Adolescencia, ejerza control jurisdiccional respecto a las medidas de protección dispuestas para la menor de edad AA y que su progenitor hoy accionante pueda efectuar sus pretensiones ante esta autoridad, siendo que la DNA es una instancia promotora que vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implementado políticas de protección social ante situaciones de riesgo que amenace a éstos por el incumplimiento y violación de sus derechos; empero, no tiene competencia alguna para decidir a quién le corresponde la guarda, sino será el Juez de familia o el Juez de la niñez y adolescencia quien defina esta situación. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela de forma parcial bajo los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y ordenar a la accionada que en el día remita los antecedentes del caso del cual emerge esta acción tutelar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia de turno del referido Tribunal. Finalmente, respecto al petitorio de dejar sin efecto el acta de compromiso de medidas de cuidado y protección social de 4 de julio de 2024, y determinar la restitución inmediata de la menor de edad AA con su padre -accionante- , cabe puntualizar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es la instancia competente para resolver la solicitud, existiendo normativa especial y autoridad competente para determinar la situación legal de la menor respecto a la guarda, conforme dispone el Código de Familia y el Código Niña, Niño y Adolescente; como tampoco corresponde la calificación de daños y perjuicios y costas derivados de la actuación de la accionada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder parcialmente la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-068/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 132 a 138 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, bajo los mismos términos determinados por el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0658_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5bc99a8ef549fdeb762cb7f8a958d9da995c4c3e4b69a523a1c3837aa63364d7
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