B.IA.LEGAL

SCP 0658/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46758-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; así como a los principios de legalidad y favorabilidad; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 63/2022 de 13 de marzo, que dispuso su detención preventiva, dejando sin efecto la concurrencia del art. 235.1 del CPP y manteniendo vigentes la previsión de los arts. 233.1 y 235.2 del citado Código, sin fundamentación ni motivación, basándose en simples suposiciones o conjeturas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar su resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. El principio de congruencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2023-S3 Sucre, 30 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46758-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Chávez Carrillo en representación sin mandato de René Marcelo Michma Machaca contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 15 a 19, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de consorcio entre responsables del servicio de justicia, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 174, 200 y 204 del Código Penal (CP). Se tiene como antecedente el hecho de que su persona en representación de Davis Apulaca Valdia, quien contaba con una condena ejecutoriada por el delito de asesinato, presentó en el “Juzgado de Ejecución correspondiente” un incidente de detención domiciliaria, adjuntando una certificación médica, petición que fue atendida por el “Juez Abraham Aguirre”, concediendo la misma por doce meses. El Ministerio Público cuestionó el certificado médico que se presentó y que dio lugar a la procedencia de esa solicitud, y también en cuanto al “profesional” que lo emitió, alegando que sería probablemente falso. Es así que el 12 de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medida cautelar contra su persona, en la cual el Fiscal de Materia solicitó la aplicación de la detención preventiva, conforme a la previsión del art. 233.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por un lapso de seis meses, argumentando que se cumplirían con los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.1, 2 y 5, del mismo cuerpo legal, demostrando total falta de objetividad y fundamentación en dicha petición; por lo que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante la Resolución 63/2022 de 12 de marzo, determinó la inconcurrencia de la mayoría de los riesgos procesales planteados, dejando vigente el art. 235.1 y 2 del CPP, argumentando en relación al numeral 1 de dicho artículo, que el investigado pueda destruir, ocultar y modificar elementos de prueba, con respecto al mencionado certificado médico; puesto que, se habría realizado la valoración en un “centro médico” y que se cuestionaría que el mismo sea fraguado; asimismo, hizo referencia a un allanamiento realizado donde no se encontró otros antecedentes; empero, que por sentido común existirían otros documentos que podrían modificar esos elementos; por lo que, concurriría dicho riesgo procesal; en cuanto al numeral 2 del referido artículo, se estableció que podría influir negativamente en Abraham Aguirre, Víctor Cesar Villca -médico-, Davis Apulaca Valdivia, Silvia Castro, Damaida Flores, Jesica Choqueticlla, Dayse Bustos, Fabiola Machicado y Gonzalo Calizaya, de manera subjetiva e infundada, concurriendo de tal manera ese riesgo procesal, ordenándose su detención preventiva -del accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En ese sentido, planteó recurso de apelación incidental, conforme a la previsión del art. 251 del CPP, contra la Resolución 63/2022, el cual fue resuelto mediante el Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformada por el Vocal ahora accionado, cuestionando el razonamiento del Juez de la causa en relación al art. 235.1 del citado Código, en cuanto a que el certificado médico forense podría ser destruido, al no tenerse conocimiento en poder de quien se encuentra el mismo, y si ya se realizó un allanamiento en el que no se encontraron otros antecedentes; por lo que, no se puede alegar que persiste ese riesgo de obstaculización, considerando que ese razonamiento es meramente subjetivo, ya que a no existe ese agravio. En relación al referido artículo en su numeral 2, el Vocal ahora accionado, señaló que podría influenciar en las personas que fueron mencionadas en la Resolución 63/2022 -objeto de apelación-, y que según la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, la autoridad jurisdiccional no debe adoptar decisiones en base a presunciones o suposiciones; por lo que, al tenerse en la Resolución 63/2022 objeto de recurso de apelación, se menciona a las personas identificadas con nombre patronímico, entre ellos Abraham Aguirre, Víctor Cesar Villca -médico- y Davis Apulaca Valdivia; es decir que se establece a personas identificadas y no sobre suposiciones y que se podrá influenciar sin mencionar nombres, por lo que, concluyó indicando que sobre el particular se evidenció que no existía agravio. De esa manera se declaró admisible el recurso y procedente en parte los fundamentos expuestos, y revocó en parte la Resolución 63/2022, dejando sin efecto el art. 235.1 y vigente los arts. 233.1 -probabilidad de autoría- y el 235.2, todos del CPP, “…manteniendo la situación jurídica del imputado” (sic) sin fundamentación ni motivación. De esa manera el Vocal ahora accionado señaló que se mantiene vigente el art. 235.2 del CPP, en razón que el Juez de la causa “‘…menciona personas identificadas con nombre patronímico entre ellos Abrahan Aguirre, el medico Víctor Cesar Vilca el ciudadano David Apulaca y otras personas es decir que se establece a personas identificadas y no sobre suposiciones es decir que podrá influencias sobre determinadas personas’” (sic); sin mencionar un solo indicio o circunstancia objetiva respecto a su persona, que haga presumir que influirá sobre las personas señaladas; por lo tanto, la conclusión es arbitraria, no aporta elementos de convicción; puesto que, no basta señalar sobre quienes se puede influir sino que debe establecerse cómo, cuándo, en qué contexto, bajo qué circunstancias puede influir, no es suficiente decir que existen declaraciones pendientes, debiéndose individualizar las mismas. Así es que el Vocal ahora accionado realizó meras suposiciones o conjeturas que no pueden justificar una detención preventiva, ya que para la concurrencia de ese riesgo procesal debe realizarse una evaluación integral de las circunstancias que establecen la SCP 0276/2018-S2.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; así como a los principios de legalidad y favorabilidad; citando al efecto los arts. 21 inc. 7), 22, 23.I y II, 115.I, 116.I, 117.I, 120.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se “OTORGUE” la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, emitida por el Vocal hoy accionado; b) Se emita nueva resolución conforme a ley; y, c) Se disponga una medida menos grave; es decir, “MEDIDAS SUSTITUTIVAS” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 30 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) El Ministerio Público lo imputó por el delito de uso de instrumento falsificado solamente, debido a la existencia de un certificado médico firmado por un profesional que no estaba inscrito en el “colegio médico”; y, 2) Mediante Auto de Vista 119/2022, emitido por el Vocal ahora accionado, se vulneró su derecho al debido proceso, ya que si bien mencionó nombres de las personas a las cuales podría influenciar, no indicó de qué manera lo haría; es decir, cómo influiría en los mismos; por lo que, lo dejó en indefensión; puesto que, no se le indicó cómo podría desvirtuar ese riesgo procesal.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 30 de marzo de 2022, cursante a fs. 28, señaló que: i) Esa Sala emitió el Auto de Vista 119/“2021” de 15 de marzo, mencionándose ese año por error; puesto que, corresponde a la gestión 2022; ii) El referido Auto de Vista se pronunció conforme a la previsión del art. 398 del CPP; es decir, de acuerdo a los agravios planteados por la defensa, revocando en parte la Resolución 63/2022 de 12 de marzo, lo cual se evidencia en los fundamentos de esa decisión sobre la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos de obstaculización, estando vigente solamente la probabilidad de autoría y el art. 235.2 del CPP, habiéndose enervado el numeral 1 del mismo artículo; en consecuencia, los fundamentos expuestos en la acción de libertad difieren a los planteados en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; y, iii) Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De la compulsa de los antecedentes procesales y los hechos denunciados mediante la acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de consorcio entre responsables del servicio de justicia, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, el Juez de la causa emitió la Resolución 63/2022, por el que dispuso su detención preventiva por concurrir en su conducta lo establecido del art. 235.1 y 2 del CPP; b) La mencionada Resolución fue objeto de recurso de apelación por el accionante, recurso que recayó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 119/2022, mediante el cual declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, revocando en parte la Resolución 63/2022 y dejó vigente únicamente el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; sin embargo, con esa actuación el nombrado considera que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales; por cuanto, el referido Auto de Vista ahora observado, en criterio del accionante, incurrió en falta de fundamentación y respaldo alguno de todos los elementos de prueba que fueron presentados tanto en la audiencia de consideración de medidas cautelares como en la del recurso de apelación incidental; c) La jurisdicción constitucional solo resuelve asuntos de derecho, en los cuáles se alegue vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, no corresponde ingresar a pronunciarse sobre aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria, lo contrario, implicaría desconocer las específicas funciones asignadas por la Norma Suprema y la Ley a los distintos órganos, en tal sentido, en el caso concreto, se desprende que existe una pretensión por parte del accionante, en el sentido de que la jurisdicción constitucional realice un nuevo examen de las Resoluciones que fueron emitidas tanto por el Juez de primera instancia así como por el Tribunal de alzada; empero, no le corresponde a ese Tribunal constituido en Tribunal de garantías, realizar un juicio de valor respecto a la determinación de dichas autoridades jurisdiccionales como si fuera una instancia más de la vía ordinaria; d) Tampoco se explicó claramente de qué manera la valoración de los elementos de convicción recayó en falta de razonabilidad u omisión en su consideración, ya que se limitó a copiar párrafos o partes del Auto de Vista 119/2022 cuestionado, mediante la acción de libertad objeto de autos; por lo que, no es viable la pretensión del accionante respecto a que la jurisdicción constitucional revise, se pronuncie y dilucide sobre la valoración efectuada por el Vocal hoy accionado para determinar su permanencia de detención preventiva del accionante, conforme lo dispuesto por el art. 235.2 del CPP, siendo facultad exclusiva de las autoridades ordinarias que conocen el proceso; e) Los Tribunales de alzada al pronunciar sus resoluciones lo hacen dentro de sus atribuciones y competencias que la ley les otorga, estructurando las mismas de forma clara y motivada, señalando las normas que sustentan las mismas, basadas en la sana critica; f) Una medida cautelar de detención preventiva no causa estado, debiendo los afectados acudir a lo que prevé el art. 239 del CPP, presentando prueba útil, pertinente y necesaria con la finalidad de desvirtuar el riesgo latente y obtener su libertad; y, g) Tampoco se demostró de manera fehaciente si se estarían vulnerando los derechos a la vida y a la libertad del accionante, o que el Vocal ahora accionado esté restringiendo o limitando su vida; por lo que, la presente situación no se adecua a lo establecido por el art. 125 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 63/2022 de 12 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por el cual dispuso la detención preventiva de René Marcelo Michma Machaca -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de cuatro meses; constando recurso de apelación incidental planteado por el accionante a través de su abogado contra la referida Resolución, conforme a la previsión del art. 251 del CPP (fs. 10 a 11 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, Cesar Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionado-, declaró admisible el recurso planteado por el accionante y procedente en parte de los fundamentos expuestos; en consecuencia, revocó en parte la Resolución 63/2022, dejando sin efecto el art. 235.1 del CPP y vigente el art. 233.1 en cuanto a la probabilidad de autoría y el art. 235.2 del mismo cuerpo legal, manteniendo la situación jurídica del nombrado (fs. 12 a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; así como a los principios de legalidad y favorabilidad; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 63/2022 de 13 de marzo, que dispuso su detención preventiva, dejando sin efecto la concurrencia del art. 235.1 del CPP y manteniendo vigentes la previsión de los arts. 233.1 y 235.2 del citado Código, sin fundamentación ni motivación, basándose en simples suposiciones o conjeturas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar su resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El principio de congruencia

Al respecto la SCP 0775/2020-S3 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita. Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial.

Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo [las negrillas nos pertenecen]).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; así como a los principios de legalidad y favorabilidad; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 119/2022 de 15 de marzo, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 63/2022 de 13 de marzo, que dispuso su detención preventiva, dejando sin efecto la concurrencia del art. 235.1 del CPP y manteniendo vigentes la previsión de los arts. 233.1 y 235.2 del citado Código, sin fundamentación ni motivación, basándose en simples suposiciones o conjeturas. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, cursa Resolución 63/2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por el cual dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de cuatro meses; constando en la misma el recurso de apelación incidental planteado por el accionante a través de su abogado contra la referida Resolución, conforme a la previsión del art. 251 del CPP (Conclusión II.1.); en ese sentido, mediante Auto de Vista 119/“2021” de 15 de marzo -lo correcto es 2022-, el Vocal hoy accionado, declaró admisible el recurso de apelación planteado por el accionante y procedente en parte los fundamentos expuestos; en consecuencia, revocó en parte la Resolución 63/2022, dejando sin efecto el art. 235.1 del CPP y vigente los arts. 233.1 en cuanto a la probabilidad de autoría y el 235.2 del mismo cuerpo legal, manteniendo la situación jurídica del nombrado (Conclusión II.2.). En ese sentido, expuestos como se tienen los antecedentes del caso, conforme a la línea jurisprudencial referida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho, en que basan sus decisiones y, el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada por una simple relación de los documentos o requerimientos. Esa exigencia del debido proceso abarca también a la emisión de una resolución de medida cautelar, en la cual se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva. Esta obligación no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Con relación al presunto acto vulneratorio de los derechos del accionante, el cual r 63/2022, que dispuso su detención preventiva, dejando sin efecto la concurrencia del art. 235.1 del CPP y manteniendo vigentes la previsión de los arts. 233.1 y 235.2 del citado Código, sin fundamentación ni motivación, basándose en simples suposiciones o conjeturas. En ese sentido, según lo referido por el accionante, resulta que le causa agravio la determinación emitida por el Vocal ahora accionado, únicamente en mantener vigente la previsión del art. 235.2 del CPP; consecuentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se limitará al análisis de ese extremo; es así que, el Auto de Vista 119/2022, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 12 a 14, el accionante a través de su abogado en audiencia de consideración de recurso de apelación incidental de aplicación de medida cautelar de detención preventiva, al respecto señaló que, en relación al art. 235.2 del CPP, se indicó que podría influenciar a Abraham Aguirre, Víctor Cesar Villca -médico- que emitió el certificado, a Silvia Castro y María Flores, argumento subjetivo; por lo que, al encontrarse enervados esos riesgos, se le debe imponer medidas sustitutivas. En respuesta a esa solicitud, el Vocal hoy accionado señaló que, el art. 235.2 del CPP, en el sentido de que el imputado -accionante-podría influenciar a las personas que se menciona en la Resolución 63/2022 objeto de recurso de apelación incidental, mismos que fueron referidos por el nombrado, se debe tomar en cuenta la SCP 0276/2018-S2, en el sentido de que las autoridades jurisdiccionales no deben adoptar decisiones sobre presunciones o suposiciones; en ese sentido, en la referida Resolución apelada se mencionó personas identificadas con nombre patronímico, entre ellos Abraham Aguirre, Víctor Cesar Villca -médico- y Davis Apulaca Valdivia; por lo que, al tener a personas identificadas, no se tienen suposiciones; es decir, que de no haberse determinado a personas sin especificar ni mencionar nombres, ello sí constituiría un argumento o un razonamiento subjetivo; dichos nombres también fueron mencionados en la probabilidad de autoría; por lo que, no se evidenció agravio al respecto. Precisado lo anterior, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentra que el punto planteado por el apelante -accionante- fue respondido por el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 119/2022, indicando de manera directa y clara que, conforme a la previsión del art. 235.2 del CPP -Peligro de obstaculización-. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente-, el Juez de la causa a tiempo de disponer su concurrencia, estableció que el imputado -accionante- podría influir en las personas que fueron mencionadas en la Resolución 63/2022 apelada, quienes además fueron referidos por el nombrado a tiempo de plantear su agravio. En ese sentido, el Vocal ahora accionado refirió que, tomándose en cuenta la SCP 0276/2018-S2, la cual establece que las autoridades jurisdiccionales no deben adoptar decisiones en base a presunciones o suposiciones, y considerando que en la Resolución 63/2022 objeto de apelación, se identificaron a las personas -se entiende a quienes podría influir-, entre otras personas a Abraham Aguirre, Víctor Cesar Villca -médico- y Davis Apulaca Valdivia; consecuentemente, al tener identificadas a las personas a quienes el accionante estando en libertad podría influir, el Juez de primera instancia no se basó en suposiciones; por lo que, su razonamiento o argumento emitido no es subjetivo; consiguientemente, el Vocal hoy accionado señaló que no se evidenció agravio al respecto. En ese sentido, a partir de lo señalado precedentemente, el Vocal ahora accionado cumplió con su obligación de pronunciar un fallo exponiendo de forma fundamentada la razón de su decisión, emergente de los elementos fácticos vinculados al caso en particular, realizando una compulsa de los antecedentes y con base a los cuales consideró no dar curso a la solicitud de aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sosteniendo que el Juez de primera instancia en la Resolución 63/2022 apelada, no se basó en suposiciones en razón a que identificó a las personas en las cuales el accionante estando en libertad podría influir a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; puesto que, no es otra cosa que determina el art. 235.2 del CPP; por lo que, dicho razonamiento no sería subjetivo, tal como lo establece la SCP 0276/2018-S2, citando de esa manera las normas jurídico legales, así como la jurisprudencia constitucional que sustentan los motivos de su decisión en cuanto a la indicada situación fáctica y dando respuesta a cada uno de los agravios planteados; de esa manera cumplió con los entendimientos jurisprudenciales citados en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por consiguiente, no resulta evidente la vulneración del debido proceso vinculado con el derecho a la libertad del accionante, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto al derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, así como a los principios de legalidad y favorabilidad; alegados como vulnerados por el accionante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno, debido a que el nombrado únicamente se limitó a citarlos sin realizar ninguna fundamentación al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0658_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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