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SCP 0656/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56124-2023-113-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso, este último en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Fiscal Departamental -hoy demandado- ratificó la desestimación de la querella penal que presentó contra el Alcalde del GAM de El Torno del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22, la cual: a) Efectuó una interpretación sesgada de los hechos denunciados calificándolos como atípicos, sin explicar de qué forma concurre dicha “atipicidad” en el caso concreto; y asimismo, de manera incongruente, pese a que sostuvo que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, y que concurrían elementos fácticos suficientes para la investigación de los hechos denunciados, decidió ratificar la desestimación de su denuncia; y, b) No consideró que es obligación de toda autoridad investigar denuncias de corrupción y que con su actuar va contra los intereses del Estado. Frente a ello, la autoridad demandada informó que su Resolución cumple con la fundamentación debida, no siendo evidente la lesión denunciada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 vta. a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Dispone, dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, y ordena al actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, emitir una nueva, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, las circunstancias del caso del cual emerge la presente acción tutelar se hubieren modificado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el estándar de fundamentación de la desestimación de la denuncia por atipicidad en etapa inicial prevista en el art. 55.II de la LOMP. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0656/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56124-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 47 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 vta. a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Constancio Mamani Navía contra Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de marzo y 21 de abril de 2023, cursantes de fs. 27 a 35, y 65 a 66, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de mayo de 2022 presentó querella penal ante el Ministerio Público denunciando hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y “daño económico”, cometidos por Hediberto Cuellar Cuva, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Torno del departamento de Santa Cruz -ahora tercero interesado-, emitiéndose Resolución Fiscal de Desestimación de 23 de mayo de 2022, por la Fiscal de Materia. Presentó objeción ante esta arbitraria decisión, la cual sorpresivamente mereció la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, quien ratificó la desestimación asumida obviando su labor imperativa revisora de las actuaciones de los Fiscales de Materia a su cargo, estableciendo que la querella presentada no cumplía con los requisitos de admisibilidad, lo cual no es evidente.

Asimismo, efectuó una interpretación sesgada de los hechos denunciados calificándolos como atípicos; por lo cual, no existe valoración alguna para su investigación, siendo que conforme la Constitución Política del Estado, es obligación de toda autoridad pronunciarse e investigar cualquier hecho de corrupción denunciado, y de manera incongruente con su decisorio -de desestimación de su querella-, señaló que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, evidenciándose así la parcialización y ánimo de favorecer a la autoridad denunciada. En el mismo sentido, en un “considerando” estableció que existían los elementos fácticos suficientes para que el Ministerio Público investigue la comisión de estos delitos; sin embargo, en el siguiente “considerando”, dio una lección doctrinaria escueta de la teoría del delito para poder explicar la supuesta atipicidad de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Finalmente refiere que, la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 indica que la atipicidad se da cuando un hecho atribuido a un sujeto no puede ser objeto de sanción por no encajar dentro de una descripción penal; lo que no ha sido cumplido en el caso, pues los hechos denunciados con abundante prueba de identificación del sujeto en el cual recae la responsabilidad, sí se encuentran descritos en las normas que se encuentran vigentes en nuestro país; por lo que, -la autoridad demandada- está yendo contra los intereses del Estado.

I.1.2. Garantías supuestamente vulneradas

Denunció la lesión de las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso, este último en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto de forma parcial la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22, y se ordene la emisión de una nueva, considerando los fundamentos fácticos y legales esgrimidos y tutelados por la presente acción tutelar, se admita la querella y se inicie una inmediata investigación de los hechos denunciados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 110, previa suspensión de la misma inicialmente señalada para el 11 del mismo mes y año, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando en audiencia, indicó que: a) Dentro de la Resolución cuestionada, el Fiscal Departamental demandado puso un ejemplo de lo “atípico” y lo “típico”, pero nunca motivó ni fundamentó por qué estableció la atipicidad en el caso concreto; b) Los “ahora accionantes”; es decir, el Consejo Municipal, no están denunciando un hecho privado, siendo que en la misma “resolución departamental” -se entiende, la Resolución Fiscal Departamental hoy cuestionada- se especificó que hubo un daño patrimonial al municipio, producto de la negligencia o retardación -del Alcalde denunciado- de efectivizar sus obligaciones como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del municipio, conforme el art. 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009-; c) No se tomó en cuenta que este daño patrimonial asciende a la suma aproximada de $us200 000.- (doscientos mil dólares estadounidenses) conforme el análisis de la “resolución departamental”, afectación que para un municipio pequeño de 70 000 habitantes, es significativo; y, d) Existe una Petición de Informe Escrito (PIE) “291/2022” remitida por el entonces Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, quien el 6 de marzo de 2023 solicitó al Alcalde denunciado informe sobre esta situación, quien después de tres meses no informó nada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 93 a 99 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, alegando que la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 expresó los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión, habiendo realizado la fundamentación legal que sustenta su parte dispositiva, no incurrió en ninguna de las vulneraciones denunciadas a través de esta acción de defensa, remitiéndose a una extensa referencia de doctrina y jurisprudencia de las nociones del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Y en audiencia, a través de Alejandra Ávalos Soliz, Fiscal de Materia, ratificó el referido informe.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Hediberto Cuellar Cuva, Alcalde del GAM de El Torno del departamento de Santa Cruz, en audiencia a través de su abogada, solicitó se deniegue la tutela constitucional, con base en los siguientes argumentos: 1) La parte impetrante de tutela no indicó los motivos en que sustenta su acción de amparo constitucional; 2) Sobre su acudimiento a la Cámara de Senadores, esta es la forma en que han decidido actuar “los accionantes”, utilizando la administración de justicia y el Ministerio Público para amedrentar a autoridades electas democráticamente; 3) La acción penal es de última ratio, y en este caso no se demostraron los daños o el riesgo de los intereses de la comunidad; y, 4) No existe vulneración a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, ya que se le permitió -al peticionante de tutela- formalizar una denuncia, impugnarla y, encontrarse ahora mismo en una acción de amparo constitucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 47 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 vta. a 113 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Fiscal Departamental ahora demandado, sustentó su decisión en los principios de verdad material y objetividad normados por los arts. 180.I de la CPE y 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respectivamente; en sentido de que los actos denunciados por los concejales -del GAM de El Torno del citado departamento- encabezados por el ahora accionante, no constituyen un peligro inminente para la colectividad y deben ser investigados en otra instancia de carácter administrativo, no así en la vía penal que es de última ratio; ii) En ese sentido, no existen los “elementos típicos” de los delitos denunciados para que se pueda continuar con una investigación penal contra los hoy terceros interesados; y, iii) No se le negó la protección jurídica al accionante, porque se le admitió la querella y se la desestimó.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 117 a 119); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Desestimación de 23 de mayo de 2022, emitida por Roxana Gonzáles Antelo, Fiscal de Materia, en atención a la querella penal presentada por Constancio Mamani Navía -ahora accionante-, y otros contra Hediberto Cuellar Cuva, Alcalde del GAM de El Torno del departamento de Santa Cruz -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (fs. 1 a 7).

II.2. Mediante Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, resolvió ratificar la desestimación de denuncia de 23 de mayo del citado año, “…por ser estos hechos ATÍPICOS” (sic [fs. 8 a 26]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso, este último en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Fiscal Departamental -hoy demandado- ratificó la desestimación de la querella penal que presentó contra el Alcalde del GAM de El Torno del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22, la cual: a) Efectuó una interpretación sesgada de los hechos denunciados calificándolos como atípicos, sin explicar de qué forma concurre dicha “atipicidad” en el caso concreto; y asimismo, de manera incongruente, pese a que sostuvo que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, y que concurrían elementos fácticos suficientes para la investigación de los hechos denunciados, decidió ratificar la desestimación de su denuncia; y, b) No consideró que es obligación de toda autoridad investigar denuncias de corrupción y que con su actuar va contra los intereses del Estado. Frente a ello, la autoridad demandada informó que su Resolución cumple con la fundamentación debida, no siendo evidente la lesión denunciada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el estándar de fundamentación de la desestimación de la denuncia por atipicidad en etapa inicial prevista en el art. 55.II de la LOMP. Jurisprudencia reiterada

Respecto al tema, la SCP 0518/2025-S2 de 3 de junio, sostuvo que: “El art. 65 de la LOMP establece que: 'La impugnación al rechazo o sobreseimiento será resuelta por la o el superior jerárquico, valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada, en el plazo que establece la Ley, bajo su responsabilidad'.

Este precepto fue extendido también a los supuestos de desestimación, conforme a la SCP 0092/2014-S3 de 27 de octubre, que reconoce el derecho de la supuesta víctima a impugnar esta clase de resoluciones fiscales. En ese contexto, la motivación y fundamentación de tales decisiones resultan exigencias ineludibles.

En ese sentido, como señaló la jurisprudencia constitucional, la motivación y fundamentación son elementos esenciales en toda resolución, y su exigencia no implica un desarrollo extenso o formalista. Según la SCP 0191/2018-S4 de 14 de mayo, '…la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino, debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida…'. Ahora bien, con relación a la desestimación -ya sea respecto de una denuncia escrita, una querella o un informe policial de acción directa-, esta constituye una Resolución Fiscal que, para ser válida, debe estar debidamente fundamentada. Su propósito es evitar la activación innecesaria del aparato estatal penal cuando, de manera preliminar, se advierte la falta de elementos mínimos que justifiquen el inicio de una investigación formal. El art. 55.II de la LOMP dispone: 'Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada'. En este marco, la fundamentación que sustente una resolución de desestimación, debe orientarse a la protección del bien jurídico que el derecho penal busca salvaguardar y debe atender a una doble consideración, mientras que el rechazo de una denuncia suele tener lugar luego de una investigación preliminar con ciertos elementos de prueba recabados por el Ministerio Público, la desestimación se emite en una etapa anterior, cuando aún no se han producido actos de investigación formal; por ello, el análisis de tipicidad o juicio de adecuación típica debe efectuarse exclusivamente a partir de los hechos y elementos aportados por la parte denunciante, valorando su correspondencia con la descripción normativa del tipo penal aplicable. De ahí que, la fundamentación en los casos de desestimación deba ser suficientemente clara, especificando de forma concreta cuáles elementos del tipo penal no se configuran, y por qué -en función de los hechos expuestos y las diligencias mínimas realizadas- no resulta procedente continuar con la acción penal. Esta exigencia responde al deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia, que podría verse vulnerado si se emiten resoluciones genéricas o insuficientemente motivadas. Por otra parte, debe considerarse que el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado conforme al principio pro actione, el cual impone que, en caso de duda sobre la relevancia penal de los hechos, se debe optar por permitir una mínima actividad investigativa orientada a verificar o desvirtuar la denuncia. Esta exigencia también está vinculada al deber estatal de investigar con la diligencia mínima exigible” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

En atención a la problemática planteada, de la revisión de los antecedentes del caso y la emisión de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, se tiene que la misma ratifica la Resolución de Desestimación de la denuncia penal formulada por el ahora accionante y otros en su condición de concejales del municipio de El Torno del departamento de Santa Cruz contra el Alcalde y otros dos funcionarios, a saber, el Secretario Municipal Administrativo y Financiero, y el Responsable de Bienes y Servicios, todos del GAM del citado Municipio en general porque dos vehículos siniestrados no habrían sido asegurados de forma que perdieron utilidad, lo que -a su criterio-implicaría la comisión entre otros del delito de incumplimiento de deberes. Así, de la lectura de la Resolución ahora cuestionada, en relación a la denuncia relativa a la falta de fundamentación e incongruencia interna de la misma, se tiene que la misma efectúa una consideración inicial, refiriéndose de manera breve al contenido de la querella presentada por el ahora accionante, la documentación acompañada a la misma, la desestimación pronunciada por la Fiscal de Materia asignada al caso así como la objeción que habilitó el pronunciamiento de la autoridad hoy demandada, expone definiciones conceptuales relativas al “tipo penal”, la “tipicidad”, “atipicidad” y “ausencia de tipo”, seguidas de razonamientos relativos esta vez a la noción de última ratio del derecho penal, enfatizando en que el deber de protección de bienes jurídicos no es exclusivo del derecho penal, y aludiendo el principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la CPE, así como el principio de objetividad previsto en el art. 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), concluyendo que en virtud del principio de legalidad que rige al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, “…la Fiscal hizo una correcta interpretación de los datos cursantes en la denuncia y estricta aplicación del art. 55 párrafo II) de la Ley 260” (sic).

De lo expuesto, se denota la ausencia de fundamentación de por qué en el caso concreto los hechos denunciados resultan atípicos en el marco del análisis de la relación fáctica de la denuncia y los tipos penales analizados en la primera parte considerativa respecto de las definiciones conceptuales expuestas en la segunda parte, donde se abordan los conceptos de tipicidad, atipicidad y ausencia de tipo, de modo que pueda generarse un convencimiento razonable de que la decisión asumida se encontraba justificada en derecho. De ahí que, dado el alcance de la desestimación de la denuncia penal, que cierra toda posibilidad de actuación del Ministerio Público, lo cual ya fue abordado en la SCP 0518/2025-S2 de 3 de junio, glosada en el Fundamento Jurídico precedente, en relación a este cargo, corresponde conceder la tutela solicitada por lesión del deber de fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso vinculado con el acceso a la justicia, resolviendo dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22. Finalmente, en relación a la segunda parte de la problemática planteada a través de esta acción de defensa, el accionante no presentó argumentos suficientes que permitan analizar esta denuncia vinculada con la lesión de algún derecho o garantía fundamental, por lo que no corresponde su análisis. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 vta. a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Dispone, dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, y ordena al actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, emitir una nueva, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, las circunstancias del caso del cual emerge la presente acción tutelar se hubieren modificado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0656_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43c7954aa03de19fdd06620ce4134ed9b48a9822a106e745da1c9108a361f1e9

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