Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La solicitante de tutela, en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic denunció la lesión del debido proceso en sus elementos acceso a la justicia e inobservancia del art. 86 del adjetivo penal; debido a que, el Juez demandado, de manera arbitraria, mediante Decreto de 11 de julio de 2022, emitido en atención al recurso de reposición planteado, dispuso no ha lugar a su solicitud de aplicación del art. 86 del CPP dentro del proceso penal seguido contra su hijo; limitándose a alegar que no era parte del proceso, pese a ser su tutora dentro del proceso de declaración de interdicción tramitado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 118 de 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 109 vta. a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada dé curso al trámite de verificación del estado de salud mental del imputado, conforme a la previsión del art. 86 del Código de Procedimiento Penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0656/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52168-2022-105-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 118 de 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 109 vta. a 112 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Janhel Solange Yaksic Laguna en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 55 a 69; y de subsanación el 30 del mismo mes y año (fs. 82 a 84); la accionante en calidad de representante sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra su hijo, Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; la accionante hizo conocer al Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, el estado de salud mental del imputado, y solicitó se tramite conforme al art. 86 del Código de Procedimiento Penal (CPP), valorando los informes médicos, aclarando que era tutora de su hijo; empero mediante Decreto de 11 de julio de 2022, determinó “EN ATENCIÓLN AL MEMORIAL QUE ANTECEDE EN LO PRINCIPAL SE TIENE PRESENTE, NO HA LUGAR LO SOLICITADO TODA VEZ QUE LA IMPETRANTE NO ES PARTE DEL PROCESO” (sic); incurriendo así en vulneración a los derechos y garantías reclamados, al ser una resolución arbitraria.
Entre las pericias que no fueron consideradas, está la de los psicólogos del Instituto de Investigación Forense (IDIF), que determinaron que si bien cognitivamente el imputado se encontraba “temporalmente estable”, esa situación podría cambiar en cualquier momento; ya que, las perturbaciones emocionales y mentales por las que atravesaba al momento de la evaluación, eran por demás significativas; pues, el evaluado mostró alteraciones emocionales y sintomatología relacionada con problemas de ansiedad social, trastorno del estado de ánimo y posibles brotes psicóticos; lo cual, se confirmaba con la información obtenida en el cuaderno de investigaciones, las entrevistas realizadas y la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados. Asimismo, en contraste con los resultados arrojados de las pruebas psicológicas aplicadas, el peritado obtuvo una puntuación extremadamente alta en ideación suicida e índice potencial suicida, lo que refleja que el evaluado tiene una rumiación constante sobre el tema; siendo por ello el suicidio un acontecimiento altamente probable dado el estado emocional que presenta. No obstante que los certificados médicos adjuntos a la acción tutelar, demostraron el delicado estado de salud mental de su hijo, y la verdad material acreditaba que ese estado tan grave, en parte se debe a haber sido víctima de violencia por parte del denunciante (su padre); la autoridad demandada no actuó de oficio ni a solicitud de parte, incumpliendo su obligación de ser Juez contralor de garantías.
La impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso de su hijo, acceso a la justicia e inobservancia del art. 86 del CPP; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 70 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Decreto de 11 de julio de 2022; y, b) La emisión de nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, dándole el trámite a su solicitud en cumplimiento al art. 86 del adjetivo penal.
Conforme al acta de 5 de octubre de 2022, cursante a fs. 86, la audiencia señalada para resolver la acción de amparo constitucional en la fecha, fue suspendida ante la falta de diligencias de notificación a los sujetos procesales; misma que, a su vez fue suspendida por falta de quorum en la Sala Constitucional (fs. 96 y vta.). Celebrada la audiencia virtual el 18 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 103 a 109 vta., presentes la accionante en representación sin mandato de su hijo, acompañada de su abogado; así como, la autoridad demandada y los terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos esgrimidos en su demanda de acción de amparo constitucional; y ampliándolos, sostuvo que: 1) En antecedentes cursa un memorial de 10 de julio de 2022; a través del cual, se hizo conocer al Juez de control jurisdiccional, el estado psiquiátrico de su hijo y se solicitó la aplicación del art. 86 del CPP, fundamentando con la transcripción de las partes principales de cada uno de los informes médicos expedidos a favor del solicitante de tutela; mereciendo el proveído de 13 de julio del mismo año, en el que dispuso no ha lugar a lo solicitado, señalando que la impetrante no era parte del proceso; y, 2) Circunstancia que mereció la interposición del recurso de reposición conforme a la previsión del art. 402 del CPP, dentro del plazo previsto por Ley, pidiendo al Juez reponga el decreto emanado, y advirtiendo que no consideró las pruebas aportadas, entre ellas el acta donde se la designó tutora del imputado; empero, esa prueba no fue valorada, no obstante que demostraba que era la madre del denunciado, quien se encontraba postrado en cama en un hospital psiquiátrico y que no podía firmar ningún tipo de memorial o comparecer ante la autoridad jurisdiccional de manera presencial; la autoridad jurisdiccional tampoco otorgó valor al certificado de nacimiento de su hijo adjunto y el certificado médico actual que determina que se encontraba en un centro psiquiátrico; limitándose a emitir una resolución arbitraria, incongruente, sin pronunciarse sobre los puntos pedidos en la reposición; cuando de oficio debió promover la aplicación del art. 86 del CPP.
Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz, mediante el uso de la palabra, en audiencia de la presente acción de defensa; señaló que: i) A momento de proveer la resolución cuestionada, dio cumplimiento a lo establecido en la norma penal; y contra el decreto evidentemente la madre del imputado interpuso recurso de reposición, quien también impetró la declaración de enajenación mental; sin embargo, se le aclaró que los delitos son personales, y por ello no dio curso a la tramitación de lo establecido en el art. 86 del CPP; ii) En caso de dar curso al trámite para reconocimiento psiquiátrico, que no está siendo solicitado por el imputado, de manera tácita se reconocería que está enajenado mental; iii) El 21 de julio de 2022 se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, en la que se ordenó la detención preventiva del sindicado; y hasta el momento no se dio cumplimiento, en razón a una sentencia dictada en acción de libertad, interpuesta por la defensa del imputado, en la que se determinó se realice una junta médica a efecto de determinar si el imputado tenía la capacidad de poder cumplir la medida impuesta; es decir, que tampoco se tenía reconocido que éste estaba enajenado mental; iv) Desde el momento del hecho, hasta el día de hoy, el imputado se encuentra internado en un Centro psiquiátrico y no es por una orden judicial o fiscal, sino por voluntad propia; v) El art. 86 del citado código, establece la tramitación que debe ser interpuesta por el imputado, para que se realice un reconocimiento psiquiátrico; y será el Juez quien dispondrá si corresponde o no una internación; consecuentemente al realizar la solicitud no de manera directa, sino a través de su madre, pese a ser tutora del imputado, no es menos cierto que éste es una persona mayor de dieciocho años, así que la tutoría no tendría ningún asidero legal para este tipo de proceso; y, vi) No existe vulneración alguno en el procedimiento, debiendo denegar la tutela impetrada.
Néstor Torrez Tapia, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: a) De lo manifestado por la accionante, madre de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, quien establece que por Resolución de 11 de julio de 2022, no se le dio respuesta a su petición; el Juez ha establecido que sí emitió la Resolución, en la que constaba los argumentos por los cuales no dio curso a la pretensión de la impetrante de tutela; y resulta evidente que existe dicha resolución; consecuentemente no se puede argumentar que no se le dio respuesta; b) Dentro del cuadernillo de investigaciones, hay cinco dictámenes periciales, el primero realizado el 2 de agosto de 2021, por el psiquiatra Víctor Zelaya Gonzales; la segunda se hizo a requerimiento del Ministerio Público, elaborado por el psicólogo del IDIF, el 18 de octubre; el tercero de 16 de noviembre de 2021, realizado por Carla Rocha y el cuarto emitido el 7 de diciembre de 2021, elaborado por Liliana de Córdoba Zabala; y de todos ellos, el Ministerio Público hizo una evaluación, llegando a la conclusión que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el cuestionamiento de la defensa era que si Nicolás Ricardo Loayza estaba o no en sus facultades al momento del hecho; es decir el 26 de julio de 2021; c) Coincidentemente en todos los informes se estableció que existía alguna duda que hubiese estado inhibido de alguna facultad mental; pero el dictamen pericial psicológico realizado por el IDIF de 18 de octubre, manifestaba que tenía una evolución favorable; entonces habiendo cinco pericias por una parte y por otra habiendo trámite ante el Juzgado de Familia con la misma finalidad; es decir, declarar que no se puede valer por sus propios medios y ahora intenta por la vía judicial; y, d) Considera que los cinco informes no fueron a gusto de la parte interesada, y por ello tratan de confundir a las autoridades y sacar beneficio de algún lado; consecuentemente corresponde denegar la tutela impetrada.
Luis Fernando Loayza Alayza, con el uso de la palabra a través de su abogado, en audiencia; indicó que: 1) Evidentemente se solicitó a la autoridad jurisdiccional que se realice un examen psiquiátrico al imputado, a objeto de poder demostrar si se encontraría o no en mal estado de salud mental; y de la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que se dispuso dicha valoración psicológica, dentro del caso de parricidio; sin embargo, el IDIF respondió que no tenía psiquiatras y por ello debía oficiarse a los especialistas; aspecto que, está siendo cumplido por el Ministerio Público y la autoridad judicial, que solicitaron ese extremo; 2) La solicitante de tutela manifestó que es tutora del imputado y por ello señalaron que no era parte del proceso; empero, se rescata la declaración de la existencia de un proceso civil de declaración de interdicto, que se encuentra en La Guardia, y que aún no ha sido resuelto; consecuentemente, al existir un proceso ordinario para declararlo interdicto, deberá primero terminar ese proceso civil, para tener certeza sobre la declaración de interdicto y sea tomado en cuenta como tal dentro del proceso penal; 3) El art. 63 del Código de las Familias y de Proceso Familiar (CFPF), establece qué es la tutoría en materia judicial, señalando que mientras se designe tutor o tutora, la autoridad judicial puede nombrar un tutor interino para poner a la persona el cuidado y conservación de los bienes y en el caso en análisis la mamá del imputado, evidentemente es tutora pero interina; ya que, no fue nombrada judicialmente con una sentencia ejecutoriada, por ello no puede intervenir en el proceso penal cual si fuera la procesada; consecuentemente, la autoridad demandada actuó correctamente, al manifestar que no era parte del proceso; 4) Por otro lado el art. 237 de la misma norma, señala que los incapaces declarados judicialmente solo podrán actuar por medio de su madre o su padre, tutor o tutora, representante legal; circunstancia que significa que Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, a la fecha no fue declarado incapaz judicialmente, y mientras tanto su madre no puede actuar en su representación; 5) En el cuerpo siete del cuaderno de investigaciones, existe un informe muy completo de la bitácora de vida que tiene el imputado dentro del hospital psiquiátrico Monte Sinaí, donde cada día se levanta, desayuna, juega ajedrez, toca guitarra, hace ejercicio, lleva una vida normal; por ello, el hecho de manifestar que se encuentra tirado en cama porque está enfermo mentalmente, demuestra que quieren sorprender a la autoridad; pues, está haciendo su vida normal y se internó de manera voluntaria en el referido nosocomio; y, 6) El informe del IDIF, establece que la valoración psiquiátrica realizada, determinó que el imputado se encontraba consciente y entendía lo que se le estaba diciendo; evidentemente señaló que puede recaer o empeorar, pero al momento de la valoración y a la fecha de todos los informes, se puede evidenciar que se encuentra totalmente sano y estable mentalmente, correspondiendo denegar la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución 118 de 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 109 vta. a 112 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La parte accionante manifestó que el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz, no habría respondido a su recurso de reposición interpuesto contra el decreto de 11 de julio de 2022; en el que, solo le negó el recurso alegando que no era parte del proceso penal, siendo el procesado Nicolás Ricardo Loayza Yaksic; ii) De los datos del proceso y lo manifestado en la acción de amparo constitucional, se evidencia que en la localidad de La Guardia, existe un proceso ordinario, que tiene la finalidad de declarar interdicto al imputado y que se encuentra en trámite pendiente de resolución; iii) La impetrante de tutela señala, que pidió a la autoridad demandada, que aplique el art. 86 del CPP, que dispone la suspensión del proceso cuando el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso; iv) En el caso en análisis, al existir el proceso civil antes señalado, se advierte que el Tribunal de garantías no puede ingresar al fondo de la problemática, en virtud al principio de subsidiariedad; v) Si bien son procesos diferentes, uno civil y otro penal, el Tribunal de garantías no pude actuar de manera invasiva con otras jurisdicciones para establecer y ordenar a la autoridad demandada que considere parte del proceso a un individuo que no es sujeto procesal de acuerdo a los antecedentes, menos tener una declaratoria de interdicción de acuerdo a procedimiento; vi) El proceso penal se encuentra en etapa de determinar mediante una junta médica si tiene o no la calidad de interdicto; entonces la resolución que emita este Tribunal de garantías, tampoco podría ordenar ni establecer que la autoridad jurisdiccional admita la calidad de representante de un tercero que es mayor de edad, a la solicitante de tutela; razón por la cual, considera que existen elementos aún a ser analizados por la autoridad jurisdiccional en la vía ordinaria; y, vii) De igual manera, no se tiene demostrada la relevancia constitucional que acredite que pueda existir una decisión diferente de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Conforme al acta de audiencia de posesión de tutor titular, de 14 de abril de 2022, suscrita ante el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso de declaración de interdicción, interpuesta por Pedro Zvonimir Yaksic Feraudy, abuelo de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic; se tomó la posesión en cargo de tutor titular a Yanhel Solange Yaksic Laguna –hoy accionante– (fs. 4). II.2. Mediante memorial de 10 de junio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, la impetrante de tutela hizo conocer el estado de salud psiquiátrico de su hijo Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, procesado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; e impetró la aplicación del art. 86 del CPP; mereciendo el Proveído de 13 del mismo mes y año, que determinó no ha lugar lo solicitado; toda vez que, la impetrante no era parte del proceso (fs. 10 a 23 vta. y 24). II.3. A través del memorial de 8 de julio de 2022, la solicitante de tutela, planteó ante la autoridad demandada, recurso de reposición contra el Proveído de 13 de junio del mismo año (fs. 27 a 37).
II.4. Por Decreto de 11 de julio de 2022, el Juez demandado, dispuso no ha lugar a lo solicitado, señalando que la impetrante no era parte del proceso (fs. 37 vta.).
La solicitante de tutela, en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic denunció la lesión del debido proceso en sus elementos acceso a la justicia e inobservancia del art. 86 del adjetivo penal; debido a que, el Juez demandado, de manera arbitraria, mediante Decreto de 11 de julio de 2022, emitido en atención al recurso de reposición planteado, dispuso no ha lugar a su solicitud de aplicación del art. 86 del CPP dentro del proceso penal seguido contra su hijo; limitándose a alegar que no era parte del proceso, pese a ser su tutora dentro del proceso de declaración de interdicción tramitado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Dentro del sistema de recursos establecido en la estructura procesal penal vigente, el art. 401 del CPP prevé el recurso de reposición que procede solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o Tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique.
El profesor William Herrera Añez, explica que dicho medio de impugnación, procede: “…contra los decretos de mero trámite, donde no se aplica el derecho material o sustantivo ni se decide sobre la estimación o desestimación de la pretensión, sino contra aquéllas providencias que deciden simplemente el desarrollo del proceso (…) el mismo juez o tribunal, cuando corresponde, revoca y deja sin efecto el auto impugnado”.
Ahora bien, considerando que “(…) la naturaleza de este recurso es la protección inmediata de los derechos afectados por una decisión judicial, respondiendo a los principios de economía procesal y celeridad (…) su trámite es sencillo e inmediato porque no tienen sustanciación”, el art. 402 del citado Código, dispone que el Juez o Tribunal debe resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, previendo, además, que no tiene recurso ulterior.
En concordancia con dicha disposición normativa, el art. 403 del procesal penal, que establece expresamente cuáles son las resoluciones susceptibles de apelación incidental, no reconoce a éste mecanismo de defensa apto para impugnar una resolución de reposición; en consecuencia, por la finalidad del recurso de reposición, dirigida únicamente a obtener de la autoridad jurisdiccional la revocatoria o modificación de un acto de carácter netamente procedimental; es decir, que no ataca el fondo de la controversia judicial, no procede el recurso de apelación incidental.
En cuanto a la irrecurribilidad del fallo emergente de un recurso de reposición, la SC 242/2006-RCA de 4 de agosto, a tiempo de resolver el caso concreto, concluyó que: “En la problemática planteada venida en revisión, se acusa de ilegal, arbitraria y vulneratoria de derechos constitucionales, la Resolución de 19 de octubre de 2005 (fs. 16), por la cual el Juez recurrido dispone que la excepción de prejudicialidad propuesta sea resuelta en el juicio oral, ante lo cual interpuso recurso de reposición (…) el cual fue resuelto por la autoridad recurrida el mismo día en la audiencia de conciliación, rechazándose el recurso (fs. 19 a 20), con lo que se consideran agotados los medios impugnativos que el ordenamiento legal prevé, toda vez que la Resolución de 19 de octubre, constituye una providencia de mero trámite, contra la que procede únicamente el recurso de reposición, conforme dispone el art. 401 del CPP, asimismo el art. 402 del CPP, parte in fine determina, que contra la Resolución que resuelva la reposición, no cabe recurso ulterior” (las negrillas nos corresponden).
Con relación a la enajenación mental, en la SCP 0131/2014 de 10 de enero, señala que: “El art. 86 del CPP, indica: “Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará mediante resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su discapacidad.
Está resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los demás coimputados.
El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo.
En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa.
Consecuentemente, del análisis de la presente normativa procesal se extrae que dentro de un proceso penal, en el que se advierta que un imputado padece de una enfermedad mental, previa valoración psiquiátrica, la autoridad jurisdiccional podrá disponer la suspensión del proceso, cuando en el informe psiquiátrico practicado al imputado determine y por ende compruebe que la enfermedad mencionada que padece, le impide comprender los actos del proceso”.
La solicitante de tutela, en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic denunció la lesión del debido proceso en sus elementos acceso a la justicia e inobservancia del art. 86 del adjetivo penal; debido a que, el Juez demandado, de manera arbitraria, mediante Decreto de 11 de julio de 2022, emitido en atención al recurso de reposición planteado, dispuso no ha lugar a su solicitud de aplicación del art. 86 del CPP dentro del proceso penal seguido contra su hijo; limitándose a alegar que no era parte del proceso, pese a ser su tutora dentro del proceso de declaración de interdicción tramitado.
Respecto a la legitimación activa corresponde señalar que si bien la uniforme jurisprudencia constitucional estableció que la misma debe ser entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponer la acción de amparo constitucional y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado; es decir, que quien tiene la capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo, o en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial (SCP 1507/2014 de 16 de julio). Y, en ese mismo sentido, la SC 0626/2002-R de 3 junio, al respecto señaló: ‘...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo… (...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, (…)”.
En el presente caso, Janhel Solange Yaksic Laguna, activa este mecanismo de defensa “en representación sin mandato” de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, quien fuere su hijo mayor de edad, y el titular de los derechos cuya vulneración se denuncia; sin embargo, en virtud de los antecedentes aparejados a la presente acción tutelar; entre ellos, el certificado médico de 16 de agosto de 2022 (fs. 8), se tiene que el agraviado, se encontraría internado en un centro psiquiátrico por una aparente alteración cognitiva y emocional, manteniendo tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico; razón por la cual, al encontrarse en duda su capacidad mental, en el caso en particular no resulta razonable exigírsele que sea él quien firme la solicitud de aplicación de la norma penal reclamada, presente el recurso de reposición y/o plantee la presente acción tutelar; consecuentemente, si bien no existe una correspondencia directa entre el titular del derecho legítimo supuestamente lesionado y la parte que suscribe la acción tutelar, el antecedente citado precedentemente hace que, este Tribunal Constitucional Plurinacional no pueda obviar la denuncia de una posible vulneración de derechos alegados en la presente acción tutelar; por lo que, con el objeto de garantizar el acceso efectivo a la justicia del hijo de la accionante, corresponde en el presente ingresar a resolver el fondo del cuestionamiento planteado.
De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Luis Fernando Loayza Alayza, contra Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; Janhel Solange Yaksic Laguna –ahora impetrante de tutela–, madre del sindicado, mediante memorial presentado el 10 de junio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, hizo conocer el estado de salud psiquiátrico de su hijo y adjuntando el acta por el que se le declaró tutora legal del mismo (dentro de un proceso de declaración de interdicción), impetró la aplicación del art. 86 del CPP; mereciendo el Proveído de 13 del mismo mes y año, que determinó no ha lugar lo solicitado; toda vez que, la impetrante no era parte el proceso (Conclusiones II.1 y II.2). Ante tal circunstancia, mediante memorial de 8 de julio de 2022, la solicitante de tutela, planteó recurso de reposición (Conclusión II.3); el cual, fue resuelto a través del Decreto de 11 de julio de 2022, emitido por el Juez demandado, quien declaró no ha lugar a lo solicitado, reiterando que la impetrante no era parte del proceso, manteniendo en consecuencia firme la resolución impugnada (Conclusión II.4).
Ahora bien, establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la parte accionante denunció la vulneración de derecho al debido proceso en sus elementos acceso a la justicia e inobservancia del art. 86 del adjetivo penal; por cuanto, el Juez demandado, emitió el Decreto de 11 de julio de 2022, de forma arbitraria, sin considerar el memorial presentado por la madre del imputado, que pretendía hacer conocer el estado de salud mental de su hijo; incurriendo así en inobservancia del art. 86 del CPP.
En ese marco, corresponde verificar los argumentos expresados en el recurso de reposición formulado por la parte impetrante de tutela, para determinar si los argumentos fueron considerados o no por el Juez demandado a tiempo de emitir su fallo.
Así, conforme al memorial de 8 de julio de 2022, la hoy solicitante de tutela, interpuso recurso de reposición contra el Decreto de 13 de junio del mismo año; denunciando en concreto que: a) La autoridad judicial no consideró las pruebas aportadas en su solicitud, entre las cuales conste el acta donde se le designó como tutora del denunciado; b) Tampoco consideró que era madre del denunciado, quien se encontraba hospitalizado en un Centro psiquiátrico y no podría firmar ningún tipo de memorial, menos comprender lo que estaba ocurriendo; c) No fundamentó en qué norma sustentó su decreto, pues el art. 86 del CPP, le facultaba que aún de oficio resuelva sus solicitud; d) Además presentó el certificado de nacimiento original de su hijo; así como, el certificado médico original que acreditaba que el imputado se encontraba impedido de interponer el recurso de reposición; e) Existen tratados internacionales que hablan sobre la protección reforzada por parte del Estado a los grupos vulnerables y en el caso, bajo ningún concepto podía negarle el acceso a la justicia, aplicando criterios restrictivos, en vez de aplicar el principio pro homine; f) De acuerdo a los diagnósticos médicos expedidos se determinó que el estado de salud de su hijo, era: trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos; estado de enfermedad mental que le colocaba en incapacidad de estar en juicio (Víctor Selaya Gonzales , Médico Psiquiatra Forense, 2 de agosto de 2021); Trastorno por déficit de la atención con predominio de la conducta hiperactiva e impulsiva; trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos (Ronald Fernando Tapia Pijuan, Médico Psiquiatra Forense, 12 de agosto de 2021); muestra alteraciones emocionales y sintomatología relacionada con problemas de ansiedad social, trastorno del estado de ánimo y posibles brotes psicóticos; el suicidio en el peritado es un acontecimiento altamente probable dado el estado emocional que presenta (Marina Velásquez Ojea y Raúl Cartagena Hualampa, Psicólogos Forenses, 4 de octubre de 2021); psicosis delirante, psicosis paranoide ( René Calvimontes, Médico Psiquiatra Forense, 12 de octubre de 2021); Trastorno por déficit de la atención con predominio de la conducta hiperactiva e impulsiva; trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos (Ronald Fernando Tapia Pijuan, Médico Psiquiatra Forense, 15 de octubre de 2021); Presenta conciencia clara, con orientación autosíquica y alpsíquica conservada, con el juicio conservado, euproséxico presentado alteraciones en área afectiva, manifestado sentimiento de tristeza, vacío y culpa con pensamientos paranoides cuando está solo y pensamientos de autolesión. A nivel sensoperceptivo manifiesta alucinosis visuales y auditivas intermitentes, con dificultad para mantener el sueño, con episodios de ansiedad que suelen aparecer al finalizar la tarde (Alcira Shulusseelberg Verazaín, Médico Psiquiatra, 15 de noviembre de 2021); Al momento del hecho, por el estado afectación de su salud mental, no tenía capacidad de comprensión la licitud de su comportamiento, reiterando su capacidad volitiva estaba alterada por el episodio psicótico en cual se encontraba ( Carola Gabriela De La Rocha Riffarch, Médico Psiquiatra Forense, 16 de noviembre de 2021); Se recomienda que Nicolás Ricardo Loayza Yaksic continúe con tratamiento psiquiátrico y terapéutico de forma indefinida ya que por las características de su personalidad corre riesgo de autoagresión y heteroagresión o futuros intentos suicidas ( Liliana Dabne Córdova Zabala, Médico Psiquiatra Forense, 6 de diciembre de 2021); g) El estado de salud mental de su hijo no es una excusa para no someterse a un proceso, sino por el contrario es un cuadro tan delicado que de no suspenderse el proceso, se estaría atentando contra su vida; h) No consideró que conforme al art. 86 del CPP, el Juez o Tribunal podrá ordenar su reconocimiento psiquiátrico y comprobado ese extremo, podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás; caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo; e, i) Pidió que se revoque la resolución impugnada y se admita su solicitud en calidad de madre y tutora de su hijo internado con graves problemas mentales.
El Decreto de 13 de junio de 2022, por el que el Juez demandado respondió al recurso de reposición interpuesto por la ahora accionante, estableció: “En atención al memorial que antecede, no ha lugar lo solicitado, toda vez que no es parte del proceso” (sic).
En ese contexto, corresponde señalar que el recurso de reposición previsto en el art. 401 del CPP, señala: “El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique”. Asimismo, el art 402 del mismo cuerpo legal, prevé que el recurso “se interpondrá fundamentalmente, por escrito, dentro de veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias. El Juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior”.
En el caso que se examina, conforme se advierte en la Conclusión III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la accionante, planteó recurso de reposición contra la providencia de 13 de junio de 2022, mediante escrito presentado el 8 de julio del indicado año; toda vez que su memorial de solicitud de aplicación del art. 86 del CPP, fue atendido con la mencionada providencia.
Así, de los agravios expuestos en la problemática planteada por la impetrante de tutela y lo referido en el Decreto cuestionado; se evidencia que, la autoridad demandada de manera escueta, a través de un simple proveído y no de un Auto interlocutorio como correspondía, se limitó a señalar que no se atendería su solicitud, al no ser parte del proceso; consecuentemente no resolvió el recurso de reposición planteado, ni expresó los fundamentos legales por los cuales no correspondía atender la referida solicitud.
Asimismo, sobre la inobservancia del art. 86 del CPP, reclamada por la solicitante de tutela, corresponde señalar que la referida norma prevé que: “Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará mediante resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su discapacidad…”.
De la revisión de obrados se advierte que, en el caso en análisis, el Juez demandado, no considero que la referida norma legal dispone que la comprobación de la enfermedad mental del imputado puede efectuarse inclusive de oficio, prefirió amparar la inobservancia a dicha norma, en meros formalismos, señalando en su proveído que la impetrante no era parte del proceso penal y por ello no atendió los argumentos de la solicitud realizada por la accionante; cuando en su rol de Juez de control jurisdiccional de la investigación, cuyo deber es precisamente garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes durante el desarrollo de la etapa preparatoria, tenía el deber, en su caso, de realizar el trámite de oficio para verificar el estado real y actual del imputado, teniendo en cuenta que del resultado de la averiguación de la existencia o no de la enfermedad mental de éste depende; por una parte, el tratamiento que debe dispensársele al mismo; y/o en su caso por otra, la incidencia de ese hecho en el desarrollo del proceso; es decir que, correspondía que la autoridad judicial demandada dé curso al trámite de la comprobación de la salud mental del imputado, para que, con su resultado determine lo que corresponda (en su caso su internación en un Centro de salud apropiado y correspondiente suspensión de proceso, o el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas y/o la suspensión del proceso).
Consecuentemente, resulta evidente que la autoridad judicial demandada, al no haber atendido la solicitud de aplicación de art. 86 del CPP, que acompañaba el certificado médico psiquiátrico; y al no dar curso al trámite de comprobación de la enfermedad mental del imputado alegada por la impetrante de tutela, madre de éste, manifestando únicamente que no podía darse curso a la solicitud por el hecho de no ser parte del proceso, ha vulnerado el derecho al debido proceso del imputado.
Por lo expuesto corresponde conceder la tutela, aclarando que el alcance de dicha concesión, únicamente abarca a la tramitación del art. 86 del CPP a fin de que la autoridad demandada conforme a dicha norma pueda a través de un reconocimiento psiquiátrico actualizado, establecer el estado real de la persona; toda vez que, los certificados médicos presentados datan de la gestión 2021, ello a fin de que sea ésta autoridad quien disponga si corresponde o no disponer la suspensión del proceso, y en caso de no ser evidente, ordene el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas y prosecución del proceso penal, siempre y cuando la situación jurídica del solicitante de tutela no hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 118 de 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 109 vta. a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada dé curso al trámite de verificación del estado de salud mental del imputado, conforme a la previsión del art. 86 del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0656_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26e797a65955356fa769dfbd9430c8b4207e4b06b55f0adede51f8590c5f5935
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