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SCP 0656/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47489-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, consideró lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiéndose cumplido el plazo de dos meses de detención preventiva en el Centro de Custodia Patacamaya de La Paz, el Juez demandado suspendió la audiencia de consideración de su situación jurídica programada para el 4 de mayo de 2022, ante la falta de notificación a las partes y al referido Centro reprogramándola para el 6 de igual mes y año, determinación realizada sin ningún fundamento habiéndose limitado a llamar la atención a la Secretaria demandada, sin cumplir con lo dispuesto en otra acción de defensa, que dispuso remitir antecedentes a proceso disciplinario. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad y al principio de celeridad, con relación a la resolución de la situación jurídica del accionante respecto al cumplimiento del plazo de su detención preventiva, exhortando al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, cumplir con sus obligaciones y funciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR respecto a Juan Carlos Condori, quien carece de legitimación pasiva, al ser solo pasante en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, y no es personal designado que cumpla funciones de acuerdo al cargo de Auxiliar. 3° Dejar sin efecto la decisión de remisión al Consejo de la Magistratura la Resolución dispuesta por el Tribunal de garantías al ser impertinente a la acción tutelar además, de carecer de fundamento jurídico; y, 4º Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, observar las competencias constitucionales en las acciones de libertad que sean de su conocimiento, diferentes a las competencias ordinarias.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0656/2023-S2 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47489-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Saúl Villarpando Ballesteros en representación sin mandato de Fidel Paco Yapura contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria; y, Juan Carlos Condori, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 8 a 12, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como resultado del Auto Interlocutorio de “4 de febrero” de 2022, se dispuso su detención preventiva por el tiempo de “3” meses a cumplir en el Centro de Custodia Patacamaya de La Paz; circunstancia por la cual, habiéndose cumplido dicho plazo se programó audiencia para el 4 de mayo de igual año, para la consideración de su situación jurídica, actuado procesal que se fijó por efecto del indicado Auto Interlocutorio, pronunciado por el Juez demandado. A tiempo de verificarse la audiencia señalada, la autoridad judicial demandada decidió suspender el acto jurisdiccional debido a que la Secretaria y el Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz, de forma negligente no realizaron la notificación ni remitieron el oficio al citado Centro de Custodia; por lo que, no pudo conectarse a la audiencia virtual. A pesar que, el Juez demandado conocía las acciones que afectan su libertad, sin fundamentación alguna, decidió suspender la audiencia programada, negándose incluso a un cuarto intermedio para que se subsane la negligencia de la Secretaria demandada. Hizo notar que en un caso similar, el actuar de la Secretaria demandada mediante Resolución 016/2022 de 8 de marzo se dispuso que la autoridad judicial demandada, “…DISCIPLINE A LA SECRETARIA POR SU ACTUAR” (sic), lo cual no fue cumplido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Consideró lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia ordenar: a) Se remita a proceso disciplinario a los ahora demandados; y, b) Que la autoridad judicial demandada señale día y hora de audiencia para considerar su situación jurídica y el pago de costas y costos por incumplimiento de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 5 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que todos son iguales ante la ley, citando los arts. 115 y 180 de la CPE; por ello, indicó que deben ser juzgados con celeridad.

I.2.2. Informe de los demandados

René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación, cursantes de fs. 34 a 35. Juan Carlos Condori, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, de acuerdo a la citación generada por la Oficina Gestora de Proceso 4 y conforme al informe presentado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del mismo asiento judicial, señaló que: “…es un pasante no un auxiliar…” (sic); de manera que, no compareció a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 33.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 41 a 42 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) La remisión de la precitada Resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines que corresponda; 2) Estando señalada la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 6 de mayo de ese año, el Juez y Secretaria demandados, deberán velar por el cumplimiento de cuanta medida sea necesaria para el desarrollo de la misma; y, 3) En relación a la calificación de daños y perjuicios, deberá estar a lo que disponga el Tribunal Constitucional Plurinacional en vía de revisión; y, denegó contra Juan Carlos Condori; toda vez que, no es un funcionario judicial, sino un pasante; determinación asumida con los siguientes fundamentos: i) Por Auto Interlocutorio 197/22 de 4 de marzo de 2022, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de dos meses, señalándose en ese mismo fallo audiencia para el 4 de mayo de ese año, para considerar la situación jurídica del imputado; ii) Verificada el acta de audiencia de 4 de mayo de 2022, la Secretaria ahora demandada, informó que no se cumplió con las formalidades de ley, encontrándose ausente el Ministerio Público como el ahora accionante; por lo que, solicitó cuarto intermedio, para que se pueda notificar a los sujetos procesales y se constituyan en la audiencia; iii) La autoridad judicial demandada, se limitó a llamar la atención a la Secretaria demandada, y reprogramó audiencia para el 6 de mayo de mismo año a horas 10:30, notificando a las partes que se encontraban en sala; iv) La defensa técnica interpuso recurso de reposición, pidiendo se reconsidere esa determinación, con el fin que la audiencia se desarrolle en horas de la tarde, siendo rechazada la solicitud; toda vez que, se habría señalado como establece la ley, en el plazo de cuarenta y ocho horas; v) De acuerdo al principio de dirección judicial, el juez está obligado al impulso de oficio del proceso, interpretando los principios constitucionales para evitar la demora o dilación, teniendo incluso el mecanismo disciplinario para hacer cumplir las funciones de sus subalternos; lo cual, guarda relación con el principio de celeridad; es decir, en el caso concreto el Tribunal de garantías verificó que existió dilación innecesaria por parte de los demandados; vi) La situación jurídica del demandante de tutela data de hace más de dos meses, teniendo la Secretaria el tiempo suficiente para elaborar el oficio y realizar las notificaciones al Centro de Custodia Patacamaya de La Paz; vii) El plazo de cuarenta y ocho horas señalado por la autoridad demandada, para que se efectué la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado, está previsto para la cesación de la detención preventiva, y no para considerar la situación jurídica del imputado; y, viii) De ninguna manera la Secretaria y el Auxiliar podrían argumentar o justificar su negligencia en el cumplimiento de sus funciones, más aún cuando de por medio se encuentra una persona privada de libertad, que necesita que su situación jurídica sea resuelta.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de una acción de libertad, con Número de Registro Judicial (NUREJ): 204015705 de 4 de mayo de 2022, presentado por Saúl Villapando Ballesteros en representación sin mandado de Fidel Paco Yapura, ahora accionante, contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria; y, Juan Carlos Condori, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -demandados- (fs. 1). II.2. Cursa Resolución 016/2022 de 8 de marzo, emitida dentro de una acción de libertad, interpuesta por Sergio Rivera Rener y Saúl Villarpando Ballesteros en representación sin mandato de Ivón Soledad Chambi Mamani contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 2 a 6 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, consideró lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiéndose cumplido el plazo de dos meses de detención preventiva en el Centro de Custodia Patacamaya de La Paz, el Juez demandado suspendió la audiencia de consideración de su situación jurídica programada para el 4 de mayo de 2022, ante la falta de notificación a las partes y al referido Centro reprogramándola para el 6 de igual mes y año, determinación realizada sin ningún fundamento habiéndose limitado a llamar la atención a la Secretaria demandada, sin cumplir con lo dispuesto en otra acción de defensa, que dispuso remitir antecedentes a proceso disciplinario. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad

Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, que está instituido como el medio procesal idóneo tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que son objeto de su tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (énfasis añadido). A su vez, el art. 180.I de la Norma Suprema, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aún considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación de la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto.

III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad. Jurisprudencia reiterada

En ese orden, se tiene que la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia, con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ.

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona o autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y subrayado son nuestros). Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que, a partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado no puede ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse; sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, por la negligencia de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no se notificó a las partes del proceso -imputado y Ministerio Público-, así como no realizó el oficio al Centro Custodia de Patacamaya del citado departamento para que esté presente virtualmente en audiencia; circunstancia en la cual, el Juez demandado, simplemente suspendió la audiencia señalada para el 4 de mayo de 2022 y reprogramó para el 6 de ese mes y año, sin tomar acciones contra su personal subalterno; es decir, la Secretaria y Auxiliar demandados, ocasionando una dilación indebida para considerar su situación jurídica, habiendo pasado el plazo de dos meses que dispuso su detención preventiva. Previo al análisis de la problemática, es necesario determinar que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible demandar en una acción de libertad al personal subalterno cuando se incumple las funciones establecidas por ley y que ocasionen lesión a derechos y garantías del justiciable; consiguientemente, la Secretaria demandada, por los antecedentes de la acción tutelar y la verificación por el Tribunal de garantías en el cuaderno de control jurisdiccional que fue remitido por los demandados para su revisión, tiene la legitimación pasiva ante el incumplimiento del art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ);en consecuencia, se ingresa al análisis de fondo. En ese contexto, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad de pronto despacho denunciada por dilación indebida este Tribunal Constitucional Plurinacional colige que, al suspenderse la audiencia señalada con dos meses de anticipación por la falta de notificación a las partes y no emitir el oficio correspondiente al Centro de Custodia Patacamaya de La Paz, donde se encontraba con detención preventiva el accionante, por falta de control del Juez demandado a su personal subalterno en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el art. 94 de la LOJ, ocasionaron innecesariamente que se suspenda la audiencia programada para el 4 de mayo de 2022, lo cual no es admisible, toda vez que por Auto Interlocutorio de 4 de marzo de igual año, se dispuso la detención preventiva del imputado teniendo suficiente tiempo la Secretaria y el Auxiliar demandados para generar las notificaciones a las partes y el oficio para el mencionado Centro de Custodia, remitir a la Oficina Gestora de Procesos y se cumplan con la diligencias ordenadas, ocasionando indebidamente la suspensión de la audiencia dispuesta y programada con dos meses de anticipación, no existiendo en el expediente constitucional, ninguna prueba idónea que hubieran remitido los demandados en descargo de la denuncia interpuesta en la acción tutelar; por lo que, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme el principio de presunción de verdad, como lo verificado por el Tribunal de garantías, verificó con el cuaderno de control jurisdiccional, la veracidad de los hechos denunciados omitidos por los demandados. Conforme al acta de audiencia tutelar y lo resuelto por el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, la parte resolutiva guarda coherencia con la lesión de la garantía del principio de celeridad vinculada a la libertad, ya que en la audiencia programada con dos meses de anticipación, tenía que resolverse la situación jurídica del ahora demandante de tutela, que se suspendió por negligencia en la notificación a las partes procesales por la Secretaria demandada que tenía la obligación de generar las notificaciones y el oficio al Centro de Custodia Patacamaya de La Paz, así como la falta de control de la autoridad jurisdiccional demandada, a su personal subalterno, ocasionando una dilación indebida, que lesiona el derecho al debido proceso. Sin embargo, respecto al Auxiliar demandado corresponde denegar la tutela solicitada ya que solo es un pasante y no un funcionario judicial asignado al cargo; también es obligación de la defensa técnica del accionante controlar y revisar el cuaderno de control jurisdiccional de forma permanente, para evitar estas acciones de defensa innecesarias, lo contrario significaría el desconocimiento del proceso y del procedimiento penal, ocasionando perjuicios al justiciable que no tiene conocimientos técnicos, sea sustantivos y adjetivos de materia penal. Por otra parte, respecto al Punto 1 de la parte resolutiva de la Resolución 13/2022 de 5 de mayo, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, referente a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, “para fines de corresponda”, decisión indeterminada, que es contraria a lo dispuesto por el art. 18 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que no se está en ejecución de sentencia, habiendo ese Tribunal de garantías, excedido las funciones y competencias en este punto de su decisión indebida, careciendo además de fundamentación y motivación; por lo que, corresponde llamarle la atención a éste Tribunal, y bajo apercibimiento, observar las competencias constitucionales en una acción de defensa, siendo las mismas diferentes a las competencias ordinarias. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad y al principio de celeridad, con relación a la resolución de la situación jurídica del accionante respecto al cumplimiento del plazo de su detención preventiva, exhortando al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, cumplir con sus obligaciones y funciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR respecto a Juan Carlos Condori, quien carece de legitimación pasiva, al ser solo pasante en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, y no es personal designado que cumpla funciones de acuerdo al cargo de Auxiliar. 3° Dejar sin efecto la decisión de remisión al Consejo de la Magistratura la Resolución dispuesta por el Tribunal de garantías al ser impertinente a la acción tutelar además, de carecer de fundamento jurídico; y, 4º Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, observar las competencias constitucionales en las acciones de libertad que sean de su conocimiento, diferentes a las competencias ordinarias.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0656_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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