Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de agosto de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida, a una vida libre de violencia y al debido proceso en su vertiente de celeridad; en virtud a que siendo víctima dentro de un proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de acoso sexual el 26 de abril de 2024, se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección con la permisibilidad del Fiscal asignado respecto a los abusos y malos tratos que los abogados del imputado realizaron sobre la misma, acto en el cual se encontraba el imputado sin el permiso de la autoridad jurisdiccional, siendo que cumple detención domiciliaria, este habría incumplido esta medida; lo cual fue puesto en conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional, solicitando la revocatoria de medidas cautelares y la inmediata detención preventiva del imputado; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, la audiencia no se realizó, existiendo tres suspensiones por falta de notificación al imputado; ante los acontecimientos referidos, es que presentó denuncia ante el Fiscal Departamental, haciendo conocer la negligencia del fiscal de materia asignado a la causa, y pidiendo su cambio; sin embargo, no tiene respuesta al mismo, y siendo que ha evidenciado incumplimiento de deberes presentó denuncia penal ante el Fiscal asignado y el Juez de la causa; sin embargo, las mismas fueron observadas y desestimadas, como la denuncia disciplinaria que interpuso contra Eddy Durán Limachi -Fiscal accionado-, que tampoco fue admitida; a…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 171 a 174, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos en este fallo. 1° En el término de 48 horas de notificado este fallo el Juez accionado debe instalar audiencia de verificación de medidas de protección y revocatoria de medidas cautelares salvo que por el transcurso del tiempo el proceso penal no se encuentre en movimiento.
2° Notificar por Secretaria general del Tribunal Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado para que supervise y tome acciones de ley contra los fiscales y personal del Ministerio Público que corresponda, en su actuación contra la hoy accionante.
3° Exhortar al Fiscal general del Estado, garantice el cumplimiento de la celeridad en la acción penal de forma efectiva bajo responsabilidades.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0655/2024-S3 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 65634-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 171 a 174 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner y Carla María Paola Viveros García en representación sin mandato de Paola Mireya Rivera Flores contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz; William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental; Eddy Durán Limachi, Aldo David Meza López y Salomé Ramos López, Fiscales de Materia; y, Marcelo Retamozo Salas, Autoridad Sumariante del Ministerio Público, todos del mismo departamento. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 3 de julio de 2024, cursantes de fs. 85 a 95, la accionante expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de acoso sexual; el 26 de abril de 2024, se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección; acto en el que Eddy Durán Limachi, Fiscal de materia asignado, no intervino y detuvo los abusos cometidos por el imputado, “Sr. Suárez” (no consigna su nombre completo), y sus abogados, denotaron una conducta ofensiva hacia la víctima -hoy accionante-, estando presente en la audiencia el imputado, pese a encontrarse con arresto domiciliario y sin autorización del Juez. El 7 de mayo de 2024, el Fiscal -hoy accionado-, emite un decreto, a través del cual, establece que no se advirtió el incumplimiento de las medidas de protección, sin valorar toda la prueba presentada por la víctima, procediendo un día después a remitir la resolución ante William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de la causa y también hoy accionado; quien mediante providencia de 9 del igual mes y año, de manera errónea “homologó” las medidas de protección, siendo que estas ya se encontraban homologadas y únicamente debía ratificar, revocar o modificar las mismas, incumpliendo lo previsto en el art. 389 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP), además de disponer la remisión del memorial y el decreto ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, toda vez que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido en apelación incidental en original, no pudiendo la accionante hacer ningún reclamo, ya que se la dejó en completa indefensión, advirtiendo la omisión y negligencia del Juez accionado, en asegurar que las medidas de protección sean efectivas y adecuadas para la víctima, lo cual no ocurrió, ya que no fueron notificadas y por el contrario, fueron remitidas al Tribunal de alzada. Así también se tiene que, la demandante de tutela hizo conocer a la autoridad judicial accionada, que el imputado no tenía permiso de salida el día de la audiencia de verificación de cumplimiento de las medidas de protección, sin embargo, este se encontraba presente pese a la determinación de su arresto domiciliario; empero la referida autoridad dispuso la remisión del memorial ante el tribunal de alzada donde se tramitaba la apelación, y siendo que el expediente fue devuelvo al Juzgado de origen el 5 de junio, de oficio el Juez de la causa dispuso el señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares, sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad la misma no se realizó, suspendiéndose el 13 y 26 de junio y el 2 de julio en razón a que el Juez accionado dispuso que la víctima deje los recaudos para la notificación del imputado, pese a ser un señalamiento de oficio, por lo que trató de coordinar con la auxiliar y secretaria del juzgado, pero le negaron tal coordinación, lo que denota la negatoria a su acceso a la justicia, aspecto que incluso fue consignado en el libro del litigante existente en el referido Juzgado. Ante la inacción y actitud permisiva del fiscal de materia asignado al caso, debido a su incumplimiento en la protección de la víctima, que conllevó agravar su situación de vulnerabilidad y desprotección, más aún cuando se encuentra en estado de gestación; el 15 de mayo de 2024 mediante memorial, hizo conocer estos aspectos a William Eduard Alave Laura, en su condición de Fiscal Departamental, a fin de que remita de oficio los antecedentes y disponga la apertura de proceso disciplinario en contra de Eddy Duran Limachi; empero, muy por el contrario la máxima autoridad departamental del Ministerio Público, mediante decreto de 23 del mismo mes y año, instruyó al fiscal -hoy accionado- que “…garantice la efectivización de todas las actuaciones procesales e investigativas necesarias para averiguar la verdad materia e histórica del hecho, cumplimiento de plazos procesales y las reglas del debido proceso (…) bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento. Debiendo informar sobre los actos investigativos realizados, los actos investigativos pendientes y el estado del caso en el término de veinte días que se computaran a partir de su notificación” (sic), dejando en total impunidad la actitud de permisibilidad del fiscal frente a los actos acontecidos en la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección, por lo que el 7 de junio de igual año solicitó el cambio del mencionado fiscal, solicitud que de igual manera hasta la interposición de la acción tutelar no dio respuesta, y toda vez que el cuadernillo de investigación en original permanece en la Fiscalía departamental, no pudo obtener los requerimientos solicitados. Con los antecedentes referidos y ante la actitud pasiva del Fiscal departamental, el 9 de mayo de 2024 interpuso denuncia disciplinaria en contra de Eddy Durán Limachi, la misma que inicialmente se tuvo como no presentada; sin embargo, realizado el desglose respectivo se volvió a presentar la denuncia el 26 de junio de igual año, obteniendo como respuesta, decreto de observación, con el que fue notificada el 28 del mismo mes y año a horas 14:44 a efecto de su subsanación en veinticuatro horas, a lo que dio cumplimiento, por lo que Marcelo Retamozo Salas, Autoridad Sumariante del Ministerio Público -hoy accionado- emitió la Resolución 44/2024 de 1 de julio, que determinó como “no presentada” la denuncia interpuesta, bajo el fundamento que, la denunciante no estableció de qué manera la inacción constituye una interferencia; Resolución que denotó una clara incongruencia omisiva, reconociendo que existieron faltas disciplinarias leves. Finalmente, considerando que los hechos cometidos por William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz; y, Eddy Durán Limachi, Fiscal de Materia, constituirían delito de incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia; el 2 de junio de 2024 interpuso denuncia penal en contra de ambos, siendo observada por Salomé Ramos López, en su condición de Fiscal de análisis del Ministerio Público de La Paz, con una evidente retardación de justicia, debido a que su observación fue emitida diecisiete días después de interpuesta la denuncia, la misma que a tiempo de ser subsanada y por disposición de los mismos funcionarios fue ingresada a través del sistema el 18 del mismo mes y año, obteniendo la resolución fiscal de “no presentada”, debido a que la subsanación debía ser ingresada por plataforma y no por sistema, haciendo referencia a la SCP “0645/2022”, que únicamente hace referencia a la presentación física de la objeción al rechazo y a la impugnación al sobreseimiento y no así a la subsanación de una denuncia; por lo que optó por realizar el desglose de la documentación y presentar una nueva denuncia, la misma que fue ingresada el 2 de junio de 2024, ante Aldo David Meza López, Fiscal Analista -accionado- quien hasta la interposición de la acción de libertad no emitió respuesta alguna, dejando a la accionante en una total indefensión ante toda la cadena de hechos denunciados. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Señaló como lesionado sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia y al debido proceso en su vertiente de celeridad; citando al efecto los arts. 15.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993; 2 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW); y, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) A los accionados, proteger y salvaguardar la vida y salud de la víctima y su beber garantizando su integridad física, psicológica y emocional; b) Declare a los accionados como reos de violación de derechos y garantías; c) Que cese cualquier acción que resulte en revictimización y violencia institucional en contra de la víctima; d) Llame severamente la atención a los accionados por incurrir en una clara y evidente retardación de justicia y discriminación por Razón de Género y remita antecedentes para apertura de procesos disciplinarios en contra de los mismos, con excepción del Fiscal Departamental, a quien se le ordene controlar a sus fiscales para que actúen con la debida diligencia; e) Las autoridades accionadas que conozcan la causa, deberán actuar con la debida diligencia de acuerdo a las normas internacionales de protección a la víctima; así mismo peticionó que respecto a William Presvítero Rodríguez Álvarez -Juez-; revoque el decreto de 7 de mayo, disponiendo la remisión de proceso de oficio por el delito de violencia psicológica en contra de Roberto Agustín Blanco Gutiérrez y Ricardo Suárez Moreno; En relación con William Eduard Alave Laura -Fiscal Departamental-; 1) Disponga el cambio inmediato del Fiscal Eddy Durán Limachi y se asigne un nuevo Fiscal; 2) Garantice la celeridad en la entrega de los requerimientos solicitados por la víctima y se asegure el principio de celeridad procesal; y, 3) Asegure la protección efectiva de la víctima; En cuanto a Eddy Durán Limachi -Fiscal-, se ordene dejar sin efecto el decreto de 7 de mayo, se sancione a Roberto Agustín Blanco Gutiérrez y Ricardo Suárez Moreno, por el incumplimiento de las medidas de protección y de oficio se procese a los mismos por el delito de violencia psicológica; respecto a Salomé Ramos López -Fiscal Analista-, se remita a proceso disciplinario por incurrir en retardación de justicia y negación de acceso a la justicia de la víctima; en relación a Aldo David Meza López -Fiscal Analista-, actúe con celeridad en relación con la denuncia penal presentada contra William Presvítero Rodríguez Álvarez y Eddy Durán Limachi, debiendo admitir la misma en el día; y, en cuanto a Marcelo Retamozo Salas -Autoridad Sumariante-, deje sin efecto la Resolución 44/2024 de 1 de julio y admita la denuncia disciplinaria en contra de Eddy Durán Limachi o se inicie la misma de oficio. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 164 a 170, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que, a fin de que no se observe el principio de subsidiariedad, se aclaró que la acción interpuesta está vinculada a la vida, no solo de la accionante, sino también de su hijo en gestación, haciendo referencia a la SC 008/2010-R de 6 de abril, SC 080/2010-R de 3 de mayo y SC 0589/2011-R de 3 de mayo. I.2.2. Informe de las autoridades accionadas William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Décimo Sexto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 134 a 135, solicitó se deniegue la tutela, al efecto expresó que: i) Carece de legitimación pasiva; ii) Al disponer la homologación de las medidas de protección se determinó la “ratificación” de las mismas; iii) Si bien se dispuso la remisión del memorial ante la Sala Penal Primera de la ciudad de La Paz, fue en razón de que el expediente en original fue remitido en grado de apelación ante ese Tribunal, a solicitud de la misma víctima, hoy accionante; iv) Ante un supuesto incumplimiento de medidas de protección, conforme establece el art. 398 del CPP, los sujetos procesales podían haber acudido a su autoridad; sin embargo, no cursa ninguna solicitud al respecto; y, v) Respecto a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, señalo de oficio la misma, sin embargo, han sido suspendidas en virtud a que la víctima no proporcionó las fotocopias de las pruebas que presentó a fin de realizar las notificaciones, extremo que es exigido por la oficina gestora de procesos, teniéndose el último señalamiento de audiencia para el 5 de julio de 2024 a horas 11:30; por lo cual cumplió con las convocatorias a audiencia, no siendo responsabilidad suya las diligencias, sino de los funcionaros de apoyo judicial y de la propia víctima, conforme las modificaciones de la Ley 1173 que determina dichas obligaciones. Por su parte William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 136 y vta., solicitó se deniegue la tutela, informando al respecto lo siguiente: a) Ante la denuncia presentada en contra de Eddy Durán Limachi -Fiscal-, emitió el correspondiente instructivo, a través del cual instruyó a la autoridad fiscal, garantizar la efectivización de las actuaciones procesales e investigativas necesaria en el caso Código Libre de Denuncia CUD 251103052303148; b) Emitió la Resolución Jerárquica 92/2024 de 20 de junio, en respuesta a la solicitud de cambio de Fiscal; y, c) La acción de libertad carece de requisitos mínimos requeridos por la jurisdicción constitucional referente al contenido de la acción, toda vez que la accionante no solo debió hacer alusión al derecho y garantía vulnerado, sino que debió demostrar lo pretendido. Eddy Durán Limachi, Fiscal de Materia asignado al caso, mediante informe escrito cursante de fs. 130 a 132, y en audiencia a momento de ratificarse en el mismo, solicitó se deniegue la tutela, informando al respecto lo siguiente: 1) Mediante requerimiento Fiscal, el 30 de noviembre de 2023, se dispusieron las medidas de protección a favor de la víctima, las mismas que fueron ampliadas mediante requerimiento de 19 de enero de 2024; y en virtud a que la hoy accionante el 26 de febrero y 4 de marzo del mismo año, hizo conocer el incumplimiento de las referidas medidas, se convocó a audiencia de verificación de medidas de protección, la cual se desarrolló el 26 de abril de igual año; 2) Si bien Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, se hizo presente a la audiencia, no participó de la misma, a efecto de la no revictimización de la víctima, interviniendo únicamente su abogada; 3) Desmintió cualquier omisión por su parte, ya que la audiencia se desarrolló en igualdad de condiciones y bajo el principio de responsabilidad, modulando la intervención de las partes; 4) El 7 de mayo de 2024 emitió su pronunciamiento respecto al incumplimiento denunciado, y al día siguiente se puso en conocimiento del control jurisdiccional a efecto del control de legalidad; 5) La víctima en su memorial de 2 de mayo del mismo año, refirió que, el día de la audiencia indicada, el imputado se encontraba fuera de la fiscalía, a unos pasos de ella; versión distinta que plasma en la demanda tutelar; 6) La accionante denunció el incumplimiento de medidas de protección de la Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas Sociedad Anónima (EMBOL S.A.) y de Ricardo Suárez, quien no es parte del proceso, no así del imputado; y, 7) Finalmente, el 17 de junio de igual año, fue notificado con la solicitud de cambio de fiscal realzado por la víctima; por lo que al día siguiente remitió el cuadernillo de investigación en original ante la Fiscalía Departamental de La Paz a efecto que se resuelva la solicitud, por lo que al encontrarse a la espera de tal resolución, no ha emitido requerimiento ni realizado acto investigativos, que omite mencionar la accionante, y que son de conocimiento también del Juez de la causa. Así también, Salome Ramos López, Fiscal Analista del Ministerio Público de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 133 y vta., solicitó se deniegue la tutela, informando al respecto lo siguiente: La denuncia CUD 201102012404670 en contra de William Presvítero Rodríguez y Eddy Durán Limachi por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y protección a mujer en situación de violencia, fue presentada el 14 de junio de 2024 en plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz, puesta bajo su conocimiento el 17 del mismo mes y año y resuelta bajo requerimiento de observación en el día, siendo notificada la víctima al día siguiente a horas 11:56, y subsanando la observación el 18 de igual mes y año de manera virtual, lo que mereció el proveído de 19 de junio de 2024, a través del cual se determinó “…al no contar con la legitimación activa que le permita ejercer derechos personalísimos de la parte interesada, resulta inadmisible y por lo tanto no ha lugar lo solicitado en el memorial que antecede, teniéndose por no presentada el memorial de subsanación y por no presentada la denuncia por haber vencido el plazo…” (sic), aplicando lo dispuesto en el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, por lo que no vulneró ningún derecho de la denunciante. Aldo David Meza López, Fiscal Analista del Ministerio Público de La Paz; sin presentar informe escrito, en audiencia, solicito se deniegue la tutela peticionada, al efecto informó que: Respecto a los extremos vertidos por la accionante, en la que refiere su actitud de inacción y retardación de justicia, en la denuncia penal interpuesta contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Eddy Durán Limachi y Salomé Ramos López, los dos primeros por incumplimiento de deberes y la última por encubrimiento, refirió que dicha denuncia no fue presentada el 2 de junio del 2024 como indica la accionante, sino el “2 de julio del 2024 a hrs. 14:17”, siendo resuelta al día siguiente a través de la resolución de Desestimación 08/2024, con carga argumentativa en cuanto a lo fáctico u jurídico. Finalmente, Marcelo Retamozo Salas, Autoridad Sumariante del Ministerio Público de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 148 a 151 y vta., solicitó se deniegue la tutela, informando al respecto lo siguiente: i) El 26 de junio de 2024 la accionante interpuso denuncia disciplinaria en contra de Eddy Durán Limachi, por la presunta comisión de las faltas disciplinarias establecidas en los arts. 119.6, 120.5 y 9; y, 121.12 de la Ley 260, en virtud a lo que mediante decreto de 27 de igual mes y año, observo la admisión de la denuncia de acuerdo al art. 47 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público; ii) Conforme a la falta disciplinaria establecida en el art. 119.6, siendo esta una falta leve, estableció que no era competente para su conocimiento, ya que de acuerdo al art. 122.1 de la Ley 260 y 64 de su Reglamento, es competencia de la autoridad jerárquica del fiscal denunciado; iii) Respecto a la falta descrita en los arts. 120.5 y 9; y, 121.12 de la Ley 260, no se describió el hecho que se adecue a la falta denunciada, ni de qué manera se subsume a los elementos constitutivos de la misma; iv) La denunciante fue notificada con el decreto de observación el 28 de junio de 2024 a horas 14:44, por lo que tenía el plazo de veinticuatro horas para subsanar las observaciones realizadas; empero, realizando una interpretación propia decide realizar la subsanación el mismo día; se advirtió que la denunciante nuevamente omitió describir los puntos observado, motivo por el que emitió Resolución declarando “TENER POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA”, estableciendo textualmente que la denunciante podía presentar una nueva denuncia, cumpliendo los requisitos de presentación de una denuncia, remitiendo actuados ante el Fiscal Departamental con relación a que los hechos podían constituir falta leve, a efecto de su procesamiento si correspondiera, lo que de ninguna manera podría ser una confirmación de la existencia de la falta. I.2.3. Resolución La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptima del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 40/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 171 a 174, concedió en parte la tutela peticionada, en tal sentido concedió en contra de William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz; y denegó a favor de los demás accionados, con base a los siguientes argumentos, a) El Fiscal Departamental de La Paz, emitió el Instructivo, por el cual instruyó a Eddy Durán Limachi, garantizar la efectivización de las actuaciones procesales e investigativas necesarias; así también emitió la Resolución Jerárquica 92/2024 de 20 de junio, por el que resolvió “RECHAZAR” la solicitud de reemplazo de fiscal, disponiendo que la referida autoridad fiscal prosiga con la persecución de la acción penal bajo los principios de unidad, celeridad, responsabilidad y objetividad; b) Con relación a Salomé Ramos López y Aldo David Meza López, fiscales analistas, la primera dispuso requerimiento de observación de la denuncia presentada y el segundo, emitió Resolución de Desestimación 08/2024 que registra en el sistema de Justicia Libre; c) Así también, evidenció que la autoridad sumariante hizo conocer su competencia en relación con el procesamiento disciplinario de Fiscales Departamentales, Fiscales Superiores, Fiscales de Materia y Fiscales Asistentes, por faltas disciplinarias, leves, graves y muy graves previstas en la Ley 260; el fiscal Departamental conoce procesos por falta leve, en virtud a lo que remitido antecedente de la denuncia realizada; y, d) Respecto a William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez accionado, evidenció que al remitir esta autoridad, los antecedentes del proceso en original en grado de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, como las medidas de protección sin previa notificación a las partes procesales, dejó en indefensión a los mismos, ya que se vieron impedidos de poder presentar algún reclamo, el art. 403 CPP, refiere que la apelación incidental no es en carácter suspensivo, obviando aplicar el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género con la debida diligencia. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; es así que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 45 a 51).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Resolución de 7 de mayo de 2024, emitida por Eddy Durán Limachi, Fiscal de Materia asignado al caso CUD 201103052303148, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paola Mireya Rivera Flores contra Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de Acoso Sexual; resolución por la que determinó que no se evidenció el incumplimiento de las medidas de protección demandadas por la víctima (fs. 15 a 21); y memorial de 8 del mismo mes y año por el que la referida autoridad fiscal, remitió la resolución indicada líneas arriba, ante la autoridad jurisdiccional de la causa para su pronunciamiento (fs. 22). II.2. Providencia de 9 de mayo de 2024, por la cual, William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz, Homologa las medidas de protección, dentro de la causa penal CUD 201103052303148, descritas en la Conclusión que antecede y dispone la remisión del referido memorial ante la Sala Penal Primera del mismo departamento, por encontrarse el expediente original en grado de apelación incidental (fs. 23). II.3. Cursa memorial de “REVOCATORIA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO” (sic), presentado por Paola Mireya Rivera Flores, dentro del proceso CUD 201103052303148, el mes de mayo del 2024 (no consigna fecha y el cargo de plataforma no es visible), mediante el cual la víctima hizo conocer al Juez, que Roberto Agustín Blanco Gutiérrez incumplió su arresto domiciliario ya que se hizo presente, sin la debida autorización, en la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección el 26 de abril del mismo año, por lo que pidió la revocatoria de su libertad y se disponga su detención preventiva (fs. 24 a 25 y vta.).
II.4. Nota de constancia de apersonamiento de la defensa de la víctima al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz, de 1 de julio de 2024, en el que establece Carla Vivero Gracia -abogada de la víctima-, que se apersonó el 27, 28 de junio y 1 de junio del mismo año a proporcionar los recaudos económicos para las fotocopias, a efecto de notificar para la audiencia de revocatoria a la detención preventiva, solicitada por la víctima (fs. 30).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida, a una vida libre de violencia y al debido proceso en su vertiente de celeridad; en virtud a que siendo víctima dentro de un proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de acoso sexual el 26 de abril de 2024, se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección con la permisibilidad del Fiscal asignado respecto a los abusos y malos tratos que los abogados del imputado realizaron sobre la misma, acto en el cual se encontraba el imputado sin el permiso de la autoridad jurisdiccional, siendo que cumple detención domiciliaria, este habría incumplido esta medida; lo cual fue puesto en conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional, solicitando la revocatoria de medidas cautelares y la inmediata detención preventiva del imputado; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, la audiencia no se realizó, existiendo tres suspensiones por falta de notificación al imputado; ante los acontecimientos referidos, es que presentó denuncia ante el Fiscal Departamental, haciendo conocer la negligencia del fiscal de materia asignado a la causa, y pidiendo su cambio; sin embargo, no tiene respuesta al mismo, y siendo que ha evidenciado incumplimiento de deberes presentó denuncia penal ante el Fiscal asignado y el Juez de la causa; sin embargo, las mismas fueron observadas y desestimadas, como la denuncia disciplinaria que interpuso contra Eddy Durán Limachi -Fiscal accionado-, que tampoco fue admitida; aspectos que generan que esté sufriendo violencia psicológica y también institucional que ponen el peligro su vida y la de su hijo en gestación de tres meses. En revisión, comprende verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0957/2022 de 29 de julio, siguiendo los entendimientos de la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, que citó a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, estableció que:”’…El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales’.
En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras’.
Por su parte, la SCP 0003/2021-S3 de 20 de enero, a tiempo de aplicar los entendimientos vertidos con relación al derecho a la vida como un elemento también resguardado por la acción de libertad, concluyó que: ‘La precitada jurisprudencia desarrolla entendimientos esencialmente destinados a la tutela del derecho a la libertad personal o de locomoción ante actos u omisiones que generan dilaciones indebidas en la definición de la situación jurídica de una persona; sin embargo, en concordancia con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuyos intelectos jurisprudenciales establecen que la acción de libertad amplió su ámbito de protección al tutelar el derecho a la vida cuando se encuentra comprometida por una acción u omisión que pone la misma en riesgo, sin necesidad de que exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, obliga asumir posturas concretas por parte de los administradores de justicia, de servidores públicos o de particulares, a fin de impedir su afectación; por lo que, cualquier solicitud relacionada con el derecho primario a la vida -dependiendo lógicamente de los elementos y supuestos fácticos inherentes a la situación particular- debe ser resuelta con exhaustividad analítica y de manera célere; en igual sentido, procede su tutela no solo como derecho autónomo, sino con relación a los derechos interdependientes o conexos como la salud e integridad personal; entonces, en esa misma dimensión, todo trámite judicial o administrativo relacionado a la vida o los derechos conexos que engloba, merece gestionarse con la debida celeridad y diligencia, dada la posibilidad de una eventual o permanente afectación’.
Así, el mismo fallo constitucional en el análisis del caso concreto, puntualizó: ‘…el derecho a la vida, al margen de la libertad, merece ser protegido y tutelado mediante esta acción de defensa extraordinaria, cuando la acción u omisión de servidores públicos o particulares afecta de alguna manera el derecho primigenio a la vida a partir de un riesgo a ello, ya sea por su vinculación con un estado de salud que evidencie aquello o por situaciones vinculadas a la integridad física de quien activa esta acción tutelar, así los reiterados intelectos jurisprudenciales emanados por este Tribunal, sustentados en las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, coinciden en garantizar un trato humano a los detenidos preventivos de aquellas condiciones que agravan su estadía en un centro penitenciario emergentes de la restricción de su libertad, vulnerando el derecho a la vida y salud de los mismos; bajo ese parámetro, corresponde aplicar también el principio de celeridad cuando la actuación u omisión del servidor público o particular afecta este primario derecho, sea por dilación en la tramitación de una solicitud o por la falta de una respuesta pronta y oportuna a una pretensión que demuestre la amenaza o puesta en riesgo del derecho a la vida…”’ (las negrillas y subrayado nos corresponden).
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) ´Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Toda vez que la accionante muy aparte de invocar la lesión a su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, invoca la lesión de su derecho a la vida, y a una vida libre de violencia, como la vida de su hijo en gestación, es menester aclarar la inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal, concerniendo el análisis de fondo de la problemática planteada. En tal sentido, y conforme a los extremos vertidos en la demanda tutelar como su ratificación en audiencia de acción de libertad, es de vital importancia el tomar en cuenta que la accionante en su condición de mujer en gestación y víctima dentro de un proceso penal por la presunta comisión del delito de acoso sexual, que sigue el Ministerio Público contra Roberto Agustín Blanco Gutiérrez, ha denunciado mediante diferentes memoriales, que viene sufriendo actos de violencia psicológica y maltrato por parte del imputado y que se materializan a través de otros funcionarios dentro de su fuente laboral a fin de que desista de la denuncia interpuesta por la misma; siendo que principalmente, denuncia en esta acción tutelar, la falta de celeridad en relación con sus peticiones, existiendo dilaciones injustificadas, que están provocando su revictimización y su desprotección por las autoridades judiciales y administrativas, bajo ese contexto, este Tribunal Constitucional Plurinacional analizará si las autoridades accionadas han lesionado los derechos denunciados por la accionante. Respecto a William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto del departamento de La Paz, la demandante de tutela, denuncia que el mismo la dejó en completa indefensión a efecto de poder impugnar su decreto a través del cual “homologo” las medidas de protección, establecidas en el requerimiento de 7 de mayo de 2024 remitido por el Fiscal asignado a su caso, en virtud a que el mismo dispuso su remisión al Tribunal de alzada donde radica el expediente original que fue remitido en grado de apelación incidental, y que habiendo solicitado la revocatoria de medidas cautelares el mes de mayo del mismo año, hasta la interposición de la acción de libertad la misma no fue instalada; en ese sentido conforme se tiene de la conclusión II.2 del presente fallo, se evidencia que el Juez accionado, evidentemente homologó las medidas de protección remitidas por la Autoridad fiscal y dispuso la remisión del memorial a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por encontrarse el expediente original en el referido Tribunal en grado de apelación incidental; aspecto que inicialmente contraviene a lo establecido en el art. 251 del CPP que dispone: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”, de lo que se infiere que únicamente se deben remitir los actuados originales, ante una eventual apelación restringida, por su carácter suspensivo, lo que en el caso concreto no ocurre, por lo que el Juez accionado debió remitir fotocopia legalizada en grado de apelación incidental, a fin de contar con los actuados originales y resolver todos los aspectos concernientes a la causa y no dejar en indefensión a las partes; así también, conforme a la Conclusión II. 3 se evidencia que la víctima el mes de mayo del 2024 (no se establece día) solicitó la revocatoria de las medidas cautelares del imputado, peticionando la inmediata aplicación de su detención preventiva; sin embargo, de los extremos vertidos por la accionante, como del informe emitido por la autoridad judicial accionada, quien admite la no realización de la audiencia, estableciendo que se han suspendido tres audiencias por falta de notificación a las partes, determinando la autoridad de control jurisdiccional, que esto se debe a que la víctima no proporcionó las fotocopias de sus pruebas para notificar al imputado, exigencia que debe cumplirse ante la Oficina Gestora de Procesos, no siendo responsabilidad suya, sino de los funcionarios de apoyo judicial y de la misma víctima; fundamentos que resultan contrarios a los principios que rigen la administración de justicia ordinaria, la misma que conforme al art. 180 de la CPE, se fundamenta en “…los principios de procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”. En ese contexto, el art. 113 del Código Procesal Penal (CPP), modificado por la Ley 1173, respecto a la instalación y realización de las audiencias estableció: “II…. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. (…) En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación (…)”; normativa que fue incumplida por el accionado, ya que por mandato de la ley y siendo la autoridad jurisdiccional responsable de que todo acto se desarrolle con la debida celeridad, cumpliendo los plazos y tomando en cuenta las medidas necesarias para la realización de los mismos, aplicando la debida diligencia; en el caso de autos, no cumplió con tal obligación, permitiendo incluso que sus funcionarios de apoyo judicial, incumplan sus propias órdenes, ya que al tenerse suspensiones de audiencias el 13 y 26 de junio y 2 de julio por la misma causal, no tomó las medidas disciplinarias, para que lo ordenado por su autoridad sea cumplido, no se evidencia que los haya denunciado a Régimen disciplinario conforme a Ley del Órgano Judicial -Ley 025- denotándose una actitud negligente y flagrantemente dilatoria, lo que ha provocado la completa vulneración de los derechos denunciados por la accionante, quien al ser una víctima de violencia en su condición de mujer, y mucho más en su estado delicado de gestación, desde el mes de mayo se encuentra peregrinando porque su solicitud sea atendida, verificándose a través de la Conclusión II. 4, que inclusive su defensa se hizo presente en secretaria del juzgado a efecto de proporcionar los recaudos para el diligenciamiento respectivo a fin de que su audiencia se realice; empero, no existió la atención por parte de los funcionarios de apoyo judicial del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Décimo Sexto del departamento de La Paz.
Conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 del presente fallo puntualizó “…el derecho a la vida, al margen de la libertad, merece ser protegido y tutelado mediante esta acción de defensa extraordinaria, cuando la acción u omisión de servidores públicos o particulares afecta de alguna manera el derecho primigenio a la vida a partir de un riesgo a ello, ya sea por su vinculación con un estado de salud que evidencie aquello o por situaciones vinculadas a la integridad física de quien activa esta acción tutelar, así los reiterados intelectos jurisprudenciales emanados por este Tribunal (…), bajo ese parámetro, corresponde aplicar también el principio de celeridad cuando la actuación u omisión del servidor público o particular afecta este primario derecho, sea por dilación en la tramitación de una solicitud o por la falta de una respuesta pronta y oportuna a una pretensión que demuestre la amenaza o puesta en riesgo del derecho a la vida…”; teniéndose como antecedente que el proceso penal que se investiga es por el delito de acoso sexual, en el que se denuncia el incumplimiento de las medidas cautelares, por las que se pide su revocatoria, como la violencia psicológica que viene sufriendo la víctima, lo que merece una atención prioritaria y célere por parte de las autoridades judiciales que al no ser efectuados ni las medidas de protección para la víctima tampoco accede a una audiencia para la revocatoria de medidas cautelares de su agresor la víctima soporta hostigamiento y burlas por el imputado, configura un sesgo de la víctima por la vida y seguridad física con preferencia de todos los accionados que no se garantizan el cese de ese ambiente hostigador, omitiendo imprimir celeridad en la causa penal por abuso sexual, puesto que el Juez accionado, omitió el desarrollo efectivo y pronta de la audiencia de revocatoria dejándose medidas cautelares; por lo cual, corresponde conceder la tutela en relación al mismo, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad y devenga de dilaciones indebidas, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2 del presente fallo. En relación con las autoridades fiscales también accionadas, teniéndose a; William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental; Eddy Durán Limachi, Aldo David Meza López y Salomé Ramos López, Fiscales de Materia; y, Marcelo Retamozo Salas, Autoridad Sumariante del Ministerio Público, todos del departamento de La Paz; de la lectura integra de la demanda de acción de libertad y su ratificación en audiencia.
Teniéndose presente que la accionante manifestó encontrase en estado de gestación, la misma que goza de la protección otorgada por el art. 45.V de la CPE, señala que: “Las mujeres tienen derecho a una maternidad segura, con una visión y practica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”; así mismo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en su art. 9 estableció que: “…los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”, por lo que debe exhortarse a toda autoridad judicial y administrativa inmersa en el conocimiento de procesos de violencia en razón de género, a actuar con la debida diligencia, precautelando la no revictimización de la víctima y brindando protección a la misma y como en el caso en concreto, más aún al ser en gestación; no se evidencia nexo causal directa en su conducta que evidencie ponga en peligro la vida de la accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 171 a 174, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos en este fallo. 1° En el término de 48 horas de notificado este fallo el Juez accionado debe instalar audiencia de verificación de medidas de protección y revocatoria de medidas cautelares salvo que por el transcurso del tiempo el proceso penal no se encuentre en movimiento.
2° Notificar por Secretaria general del Tribunal Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado para que supervise y tome acciones de ley contra los fiscales y personal del Ministerio Público que corresponda, en su actuación contra la hoy accionante.
3° Exhortar al Fiscal general del Estado, garantice el cumplimiento de la celeridad en la acción penal de forma efectiva bajo responsabilidades. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0655_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): d09ca8eb64a8ddf73fbb178dc2fd517f6b1b82561acb8630d13d412c81f6c001
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