Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de julio de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela mediante su representante, interpone acción de libertad en su modalidad de pronto despacho denunciando la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes celeridad y transparencia; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, se rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, determinación que la impugnó en recurso de apelación incidental en audiencia, sin que hasta la fecha se hubiera remitido el cuaderno procesal al Tribunal de alzada, conforme al plazo establecido en el art. 251 de CPP.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 9 a 11 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0655/2023-S2 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47399-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 9 a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Gonzalo Nina Cotaña en representación sin mandato de David Guido Huanca Ibáñez contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, cursante a fs. 1; y, 3 a 4, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de delito de violación (CUD 201103052100892) iniciado el mes de diciembre de 2021, se dispuso la detención preventiva del prenombrado, a cuyo efecto fue solicitada la cesación de dicha medida, señalándose audiencia para el 27 de abril de 2022 a horas 16:00, empero, por la supuesta carga procesal fue instalada a horas 23:00 aproximadamente, concluyendo el 28 de igual mes y año a horas 12:30, oportunidad en la que el Juez de la causa rechazó su petitorio, solicitando entonces aclaración, enmienda y complementación, debido a que la resolución emitida era contradictoria e incongruente, además faltaba a la verdad, pues uno de los fundamentos del rechazo fue que la defensa técnica no habría presentado prueba, lo que no era evidente, por cuanto ésta fue producida y leída mediante el sistema CISCO WEBEX y enviada al Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz vía WhatsApp. Ante la negativa y rechazo de la aclaración, enmienda y complementación, dedujo recurso de apelación incidental, exigiendo al Juez de la causa la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, si bien concedió el mencionado recurso añadió la aplicación del art. 112 del CPP, que fue reclamado por la defensa, ya que dicha disposición opera para la presentación de memoriales y no en una apelación de medidas cautelares, bajo la alternativa de interponer la acción de defensa constitucional; no obstante ello, su pedido fue rechazado, concluyendo así este actuado, sin que hasta la fecha el recurso de apelación incidental fuera remitido al Tribunal superior en grado, desconociendo así lo previsto en el art. 251 del CPP, así como la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1990/2013 de 4 de noviembre y “0017/2014-S4”, entre otras.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad y transparencia, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) A la autoridad demandada la remisión de antecedentes ante el superior en grado en el día por incumplimiento del plazo previsto en el art. 251 del CPP, al tratarse de un caso con detenido; b) Notifique en el día al Ministerio Público con la resolución de la cesación a la detención preventiva que fue rechazada; y, c) Se habilite día y hora extraordinarios para el cumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental en aplicación de la precitada norma e “identifiquen” a los funcionarios responsables de la conculcación de los derechos denunciados.
Celebrada la audiencia pública el 4 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 8 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo lo siguiente: 1) Le impusieron proporcionar copias, lo que no está previsto en la norma, apercibiéndolo de un proceso disciplinario; 2) Atendiendo a la recarga procesal en ese despacho judicial, esperaron hasta el 3 de mayo de 2022, sin que dicha remisión se efectivizara; por lo que, interpuso acción de libertad en su modalidad de pronto despacho y celeridad para que el Juez demandado cumpla con la norma; y, 3) Argumentaron que debería proporcionar recaudos; sin embargo, hasta la fecha el recurso de apelación incidental no fue remitido.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, remitió informe de 3 de mayo de 2022, cursante a fs. 7, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra David Guido Huanca Ibáñez, con número de registro judicial (NUREJ) 201103052100892, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva el 27 de abril de 2022, el audio llegó recién el 28 del mes y año señalados, enviado por la Oficina Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a partir de lo cual se transcribió dicha Resolución y fue puesta a la vista el 29 de ese mes y año; y toda vez que, en dicho actuado no estuvo presente el Ministerio Público, el 3 de mayo de igual año, se envió para su notificación, computándose los días hábiles y tomando en cuenta el feriado, es así que hasta el momento no devolvieron a ese Despacho, la notificación debidamente diligenciada por parte de la Oficina Gestora de Procesos mencionada; por lo que, no podía causar indefensión al Ministerio Público, debido a que estaba notificado, incumpliendo así los arts. 413 y 404 del CPP; y, ii) Por otra parte, hasta la fecha, la defensa no cumplió con el art. 112 del precitado Código, ya que no podrían enviar el recurso de apelación incidental en original, pues causarían vulneración a la víctima y demás partes del proceso, la parte imputada no se apersonó al Juzgado para sacar las fotocopias correspondientes, incumpliendo también el art. 251 de la citada Norma, actuando así la defensa de manera negligente. Con el uso de la palabra en audiencia, sostuvo: a) No era posible efectuar la remisión al encontrarse pendiente la notificación al Ministerio Público, debido a que no estuvo presente en la audiencia de cesación, misma que se desarrolló el “jueves” prolongándose hasta el “viernes”, y debido al feriado del día “lunes”, el primer día hábil era el “martes” 3 de mayo de 2022, fecha en la que envió a la Oficina Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el cumplimiento de dicha diligencia, de donde aún no ha sido devuelto, debiendo aguardarse además el plazo de setenta y dos horas, con el que cuenta el Ministerio Público, para recién cumplir con la remisión al Tribunal de alzada; y, b) La sanción disciplinaria se debió a la conducta inadecuada del abogado de la defensa, pues en relación a las fotocopias dispuso la observancia del art. 112 del CPP, debido a que como Juzgado no cuenta con los medios para sacar las fotocopias.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 9 a 11 vta., denegó la tutela impetrada; sin perjuicio de ello, dispuso que el Secretario del Juzgado interponga sus buenos oficios para que la Gestora de Procesos “2” del Tribunal de Justicia de ese departamento devuelva la diligencia y de esta manera remitir ante el Tribunal de alzada, recomendando al Juez demandado que, en caso de que la parte apelante no proporcione las copias necesarias, remita los actuados originales realizando un desglose, recomendando igualmente al peticionante de tutela realizar el esfuerzo posible para sacar las fotocopias necesarias. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Del cuaderno jurisdiccional remitido en original se estableció que el impetrante de tutela sería sujeto de proceso penal por el supuesto delito de violación, el cual se encontraría en etapa preparatoria a cargo del control jurisdiccional del Juez demandado; 2) A través de Auto Interlocutorio 46/2022 de 22 de enero, fue dispuesta la detención preventiva del prenombrado, solicitándose posteriormente la cesación de dicha medida, resuelta mediante Auto Interlocutorio 140/2022 de 4 de marzo, rechazando su petitorio, por lo que dedujeron recurso de apelación incidental; sin embargo, el mismo imputado, retiró dicho recurso, solicitando nuevamente la cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia para el 27 de abril de igual año a horas 16:00, bajo la modalidad de audiencia virtual, la misma que se llevó a cabo aproximadamente a media noche; vale decir, a la 1:05 ya del jueves 28 del mes y año indicados, pronunciándose el Auto Interlocutorio 277/2022, rechazando nuevamente su pedido; empero, la referida “Resolución” consignó la fecha de “27 de abril de 2022”, cuando en realidad era 28 de abril de 2022, a cuyo efecto el abogado de la defensa solicitó complementación en el marco del art. 125 del CPP, lo que fue absuelto por el Juez de la causa, pidiendo corrección conforme el art. 168 de igual norma sobre el fondo de los riesgos procesales, en sentido de que el certificado es contradictorio a lo que la autoridad judicial demandada no dio lugar, por lo que la defensa interpuso recurso de apelación incidental, disponiéndose en consecuencia la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal de Justicia del mismo departamento, de acuerdo a sorteo y dispuso la observancia del art. 112 del CPP; es decir, la proporción de fotocopias necesarias bajo el fundamento de que el Juzgado no contaría con los medios para su obtención y por otra parte, debido a las amenazas que sufrió la autoridad por parte del abogado de la defensa, dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados; 3) Del acta de audiencia de “27 de abril de 2022”, concluida el 28 de igual mes y año a horas 1:05, en la que estuvieron presentes la parte imputada y la víctima, no así el representante del Ministerio Público, como advirtió de dicha acta así como de la Resolución 23/2022 de 4 de mayo, de rechazo y de lo informado por la autoridad demandada, en sentido de que el 3 de mayo de ese año remitió la diligencia a la Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la notificación al Ministerio Público; 4) Estableció que sin lugar a dudas la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva se llevó a cabo el 27 de abril de 2022 aproximadamente a media noche, debido a la considerable carga procesal en los juzgados de instrucción penal, emitiéndose el Auto Interlocutorio 277/2022, de 28 de abril, debido a que dicho actuado se prolongó hasta horas 01:00 a.m., transcribiéndose la resolución el “viernes 29” del mes y año indicados, con la finalidad de ponerla en conocimiento del Fiscal de Materia; 5) El art. 251 del CPP, otorga a las partes el plazo de setenta y dos horas para la impugnación, plazo que no aplicó para los presentes por cuanto estos son notificados con la resolución en audiencia, conforme prevé el art. 160 del CPP; empero, correspondía cumplir con la notificación con el Auto Interlocutorio 277/2022 al Ministerio Público, compeliendo aguardar el cumplimiento de esta diligencia así como el plazo anotado, así existiera recurso de apelación incidental interpuesto por la defensa; 6) Dejando establecido que si bien el “viernes 29 de abril de 2022”, se transcribió la “resolución”, el sábado y domingo era fin de semana, el lunes se declaró feriado, por el 1 de mayo de igual año, por lo que el día siguiente hábil era el “martes 3 de mayo de 2022”, fecha en la que de acuerdo a lo informado por el Juez de la causa, se remitió la diligencia para la notificación al Ministerio Público, extremo que se justifica en razón a que si bien hay juzgados de turno para resolver causas con aprehendidos dentro de las veinticuatro horas, no existen salas penales en días feriados o fines de semana; toda vez que, en el caso no era posible remitir el recurso de apelación incidental dentro de dicho plazo en razón a que se debía cumplir el procedimiento; 7) Es así que si bien no se cumplió estrictamente con la remisión del citado recurso dentro de las veinticuatro horas, tal como señaló el art. 251 del CPP, existen causas debidamente justificadas y ajustadas a procedimiento, por las cuales concluyó que no se trataría de una dilación indebida, al encontrarse una notificación pendiente, ya que lo contrario devendría en incumplimiento de deberes y en dilación indebida, en franca vulneración del debido proceso, ya que la referida Sala Penal con seguridad devolvería el recurso de apelación incidental para que se cumpla con dicha diligencia; 8) Con relación a la provisión de recaudos, si bien existiría una determinación del Juez de la causa, en sentido de que para la remisión de antecedentes en apelación, el recurrente debió cumplir con el art. 112 del CPP, los juzgados penales reciben del Consejo de la Magistratura entre quinientos hasta mil copias de forma mensual, insuficientes para cubrir las necesidades que alcanza para pocos casos, de ahí que se ven obligados a utilizar dicha normativa, que no es ilegal, sin que ello vulnere el principio de gratuidad, sino que busca remitir el legajo del recurso de apelación incidental a la brevedad posible, en aplicación del principio de celeridad, más aun si se trata de una causa con detenido, que conlleva que el apelante en la medida de lo posible cumpla con los recaudos de sacar las copias pertinentes; salvo que este sea de escasos recursos, corresponderá dar cumplimiento al entendimiento de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre; y, 9) En el caso, se tendría el derecho del apelante de la consideración de su recurso, que posibilite su libertad, de ahí que si este o sus abogados no proveyeron los recaudos, no era motivo para su no remisión ante el superior en grado, lo cual deberá efectuarse con cargo a reintegro; vale decir, que no sería gratuita, dado que se requiere formar el legajo de apelación, independientemente de quien se haga cargo de los gastos del sacado de fotocopias, para su reposición por el apelante y cuando este no tiene los medios necesarios, como señaló el abogado del impetrante de tutela, se buscará otras alternativas que no implique que provengan del bolsillo del juez o personal, pero también evitar se afecte el derecho a la libertad del accionante. En la vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante a través de su representante sostuvo que, si bien no se le concedió la tutela, dispuso que el Secretario interponga sus buenos oficios para cumplir con los plazos de las setenta y dos horas, pidiendo se remitan antecedentes, ya que lo dispuesto en audiencia es de conocimiento del Juez de la causa. Resolviendo la Jueza de garantías lo siguiente: determinó que apenas se devuelva la diligencia y se haya verificado el cumplimiento del plazo de las setenta y dos horas, deberá remitirse en forma inmediata el recurso de apelación incidental, ya que las salas penales necesitan el legajo físico para su consideración, así la defensa hubiera expuesto en Plataforma sus pruebas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 3 de mayo de 2022, por David Hugo Huanca Ibáñez -ahora accionante-, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, indicando que interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio dictado el 28 de abril de 2022, que le negó la cesación a su detención preventiva, solicitando que en el día remitan antecedentes al superior en grado, bajo alternativa de interponerse acción de libertad en su modalidad de pronto despacho (fs. 2).
El peticionante de tutela mediante su representante, interpone acción de libertad en su modalidad de pronto despacho denunciando la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes celeridad y transparencia; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, se rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, determinación que la impugnó en recurso de apelación incidental en audiencia, sin que hasta la fecha se hubiera remitido el cuaderno procesal al Tribunal de alzada, conforme al plazo establecido en el art. 251 de CPP.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada
Con relación a este intitulado, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: “Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido).
Más adelante, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional concluye que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro).
Con relación a la tramitación de recurso de apelación, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que: “Artículo 251 (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (énfasis añadido).
Sobre el tema, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, sostuvo que: “…el trámite del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es sumario, pues una vez interpuesto, el cuaderno procesal correspondiente debe ser remitido ante la Sala Penal de turno de la entonces Corte Superior de Justicia en el término perentorio de veinticuatro horas, siendo obligación del Tribunal de alzada, resolver la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; constituyéndose este recurso en un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa previsto por el procedimiento penal que permite a las partes reclamar las lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal ad quem en grado, corrija los errores en los que hubiera incurrido el juez o tribunal a quo y que motivaron el recurso de alzada, obligando dicha norma procesal, que el Juez, remita la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada. En tal sentido, el trámite de concesión, remisión y resolución del recurso de apelación contra las resoluciones que determinen, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, debe ser inmediato y de ninguna manera, ser objeto de dilaciones indebidas que demoren la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, respetarse los plazos perentorios establecidos por la norma adjetiva penal señalada, pues las dilaciones indebidas en que pudieran incurrir los juzgadores o el personal de apoyo jurisdiccional, vulneraría el derecho a la libertad” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, refirió que: “Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” .
De lo expuesto, se establece que la celeridad con la que deben obrar las autoridades jurisdiccionales en casos relacionados con la libertad de las personas privadas de ese derecho fundamental, no solo se circunscribe al señalamiento oportuno de la audiencia de medidas cautelares, sino esta obligación también comprende que ante una eventual interposición del recurso de apelación incidental contra la resolución que lo dilucide, se remitan las actuaciones al Tribunal de alzada dentro el plazo de veinticuatro horas determinado por el Código Adjetivo Penal.
Descritos los fundamentos jurídicos aplicables al caso concreto, se tiene al respecto que conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas en los que se encuentre vinculado el derecho a la libertad del encausado, como lo denunciado a través de esta acción tutelar, relativo a la remisión del recurso de apelación incidental incoado por el accionante. En ese contexto jurisprudencial, ingresando al análisis de la acción de tutelar que nos ocupa, del contenido de la Resolución 23/2022, emitida por la Jueza de garantías, el acceso que tuvo al cuaderno procesal original del causa penal de la que emerge la presente acción de defensa, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de violación; mediante Auto Interlocutorio 277/2022 de 28 de abril, el Juez demandado rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva formulado por el imputado, actuado que concluyó el “28 de abril de 2022”, debido a que se habría prolongado hasta horas 1:05 de esa fecha; oportunidad en la cual la defensa también formuló recurso de apelación incidental de forma oral, impugnando el referido Auto; aclarando que, en la aludida audiencia estuvieron presentes la parte imputada y la víctima, no así el Ministerio Público, realizada ésta de manera virtual bajo el sistema CISCO WEBEX, lo que dio lugar a que el 29 del mes y año señalados se procediera a la elaboración de la indicada Resolución para la notificación al Ministerio Público, a cuyo efecto se remitió a la Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el objeto de la efectivización de dicha diligencia, a partir de lo cual debía esperarse el plazo de setenta y dos horas, antes de su remisión al Tribunal de alzada, envío realizado el 3 mayo del mismo año, como primer día hábil del mes, por cuanto el “lunes” había sido declarado feriado. Es así que, no obstante que la defensa hizo su reclamo ante el Juez de la causa a través de memorial presentado el 3 de mayo de 2022, pidiendo el cumplimiento de lo previsto por el art. 251 del CPP (Conclusión II.1); en la indicada fecha se había realizado el envío a la Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos que proceda a la notificación al Ministerio Público con el Auto Interlocutorio 277/2022, a partir de lo cual debía computarse el plazo de setenta y dos horas y luego de cumplido este recién remitirse el legajo del recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Por otra parte, y de acuerdo a lo informado por el Juez demandado, que corrobora lo advertido por la Jueza de garantías, en sentido de que al no encontrase presente el Ministerio Público en audiencia de 27 de abril de 2022, que se prolongó hasta el 28 del igual mes y año, correspondía notificarse al mismo con la indicada resolución; de ahí que conforme lo previsto el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, que prevé: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; en observancia de dicha norma procesal penal el Juez de la causa dispusiera la notificación previa al Ministerio Público, quien contaba con el plazo de setenta y dos horas para formular el recurso de apelación incidental, cumplido el cual debía enviarse el legajo del citado recurso dentro de las veinticuatro horas; es así que, el 3 de mayo de 2022, envió el caso a la Gestora de Procesos “2” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el cumplimiento de dicha diligencia; vale decir, para la notificación al Ministerio Público, efectuada la cual debían transcurrir las setenta y dos horas estipuladas en la precitada norma, para proceder a la remisión al Tribunal de alzada. Ahora bien, respecto a esta parte de la denuncia efectuada por el impetrante de tutela a través de la presente acción de defensa, se advierte que si bien el legajo del recurso de apelación incidental no fue remitido en alzada dentro de las veinticuatro horas como establece la norma precitada, ello se debió a la observancia también de dicha normativa; toda vez que, que compelía notificarse al Ministerio Público con el Auto Interlocutorio 277/2022, asistiéndole el plazo otorgado por dicha norma, para apelar; vale decir, aguardar el cumplimiento de las setenta y dos horas, para que cumplido el mismo recién se proceda a la remisión del legajo de dicho recurso, encontrándose así plena y legalmente justificada la supuesta demora en la que hubiera incurrido la autoridad demandada; advirtiéndose en consecuencia que dicho trámite se enmarcó dentro de lo previsto por el art. 251 del CPP, el cual respecto al término de veinticuatro para su remisión no fue transgredido, ya que éste operará cuando hayan transcurrido las setenta y dos horas de la notificación al Ministerio Público con el citado Auto, por cuanto no estuvo presente al momento de la emisión de la referida Resolución, a diferencia de la parte imputada, infiriéndose en consecuencia que no hubo la lesión aducida en la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, relativo a la remisión en apelación de medidas cautelares conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En lo que concierne a la provisión de recaudos; vale decir, el sacado de fotocopias de las piezas procesales pertinentes para la elaboración del legajo procesal que será remitido en apelación, denunciado por el peticionante de tutela, en sentido de que ello no estaría establecido en la norma; a través de la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, que al respecto estatuyó que: “…no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares…”; por ello, la falta de provisión de dichos recaudos no puede constituir -como en este caso- un impedimento para remitir el legajo procesal con los actuados pertinentes ante el Tribunal de alzada en los plazos establecidos; es así que, en su momento el Juez demandado obrará conforme lo recomendado y sugerido por la Jueza de garantías; vale decir, que de no proveer los recaudos necesarios la parte recurrente, podrán enviarse los actuados originales y en su caso, elaborarse dicho legajo con cargo a reposición de ésta, no pudiendo ser ello motivo de la demora o no remisión a la Sala Penal de turno, que en el caso se dará una vez vencido el plazo de las setenta y dos horas de notificado que sea el Ministerio Público con el Auto Interlocutorio 277/2022. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 9 a 11 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0655_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5d4c1da91f7dbf60904f8bba84869e3fd04c04cd83defa758c078728ef05ad93
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